Ante Trump “hay que dar la pelea”

Judith Amador Tello y Armando Ponce

Para el investigador interdisciplinario John Saxe-Fernández, México está atrapado entre su gobierno, que responde a los “country managers” del capital internacional, y las fuertes presiones económicas y políticas que implica la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, un machista xenófobo. En entrevista, el académico explica las relaciones perversas de poderes que propician cambios legales y políticas idóneas para dejar a las naciones inermes ante el saqueo. Sin embargo, el estudioso enfatiza que existen salidas políticas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la historia en la mano, el contexto presente, la ley de seguridad interna en puerta y la vista puesta en la transición política de 2018, John Saxe-Fernández, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, plantea los escenarios a los que se enfrentará México con la llegada Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el viernes 20.

Los liga inexorablemente al gasolinazo y la explosión social de los días posteriores a su anuncio, porque a decir del intelectual, autor de La compraventa de México, Terror e imperio y La energía en México: situación y alternativas, todo forma parte de un programa impuesto hace más de tres décadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que representan los intereses del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Premio Nacional de Periodismo 2008, Saxe-Fernández recuerda las definiciones que tanto Bernie Sanders como Tony Schwartz dieron recientemente sobre Trump. El primero dijo que es “un mentiroso patológico”, en tanto su escritor fantasma, quien aparece como coautor con el magnate del libro El arte de la negociación, considera que es un sociópata.

Añade su machismo, su xenofobia, y establece, tras seguir todo el proceso electoral de Estados Unidos –en el cual fue eliminando “uno a uno” a 17 contrincantes con el discurso de que chinos y mexicanos les roban el trabajo a los estadunidenses y están siendo invadidos por los musulmanes– que Trump logró tocar “fibras importantes” porque hay un malestar en la clase trabajadora blanca, a la cual “le han quitado el sueño americano” porque sus salarios no han subido en décadas.

Nunca, remarca el profesor, se desvió de esa línea de “guerra de clases, siendo un multimillonario, y logar ganar”. Lo hace en un contexto en el cual el mundo ya no es bipolar, tras la caída de la Unión Soviética, pero tampoco (como han dicho otros especialistas) hay un control monopolar de Estados Unidos, sino una “creciente multipolarización”, y así se manifiesta en el Brexit y en la presencia, para el caso de México, de empresas como Volkswagen, Toyota, inversiones farmacéuticas, bancos europeos, japoneses, chinos.

“Pero nos agarra a nosotros con una clase gubernamental que ya tiene 36 años siguiendo diseños precocidos por el FMI a nivel macroeconómico, por el BM por rama, y por el BID, pero hay que entender que estos no son organismos económicos internacionales, esa es una verdad a medias: son instrumentos del Estado estadunidense, montados en Bretton Woods. ¡El Tesoro de Estados Unidos es dueño del 51% de las acciones del BM!”

Recuerda que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, hizo una “leve crítica” a los programas de globalización, siendo el economista en jefe del BM. Ello causó que en 1999 el entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, ordenara su despido y no se le permitiera jubilarse. Así lo reveló el propio Stiglitz al periodista Greg Palast, colaborador del London Observer y Newsnight de la BBC de Londres, en octubre de 2001.

El reportero cuenta que el extecnócrata les ayudó además a traducir del idioma “burocratés” un documento clasificado como confidencial del BM titulado “Estrategia de asistencia de país”. En él se describen los cuatro pasos que los organismos antes mencionados imponen a los países a los cuales otorgan créditos.
Esos antecedentes son, a decir de Saxe-Fernández, “tremendamente importantes para pensar lo que viene en la relación de México con Estados Unidos con alguien como Trump, que está realizando acciones de agresión económica desde Twitter, con mil 600 millones (de dólares de inversión originalmente destinada a México) que niega la Ford, por ejemplo”.

Considera que todo ello forma parte del contexto de la sucesión presidencial y de lo que está pasando aquí, “en función de algo tan grave para México como es el gasolinazo”. Para muestra menciona el hecho de que el magnate de bienes inmobiliarios eligiera a Rex Tillerson, ejecutivo de Exxon Mobil –“¡nada menos!”– como secretario de Estado.

Luego inscribe las reformas estructurales y el gasolinazo en el marco de los programas de asistencia a los países y desglosa los cuatro pasos en que consiste, relatados por Stiglitz a Palast:
“El primer paso se llama privatización de los bienes nacionales, pero Stiglitz dice que prefiere llamarla ‘sobornización’ porque los funcionarios involucrados, del presidente a los ministros o secretarios de Estado, reciben 10% en depósito en una cuenta suiza ¡y es legal!”

Recuerda Saxe-Fernández que la “gran subasta de bienes nacionales se dio en la Unión Soviética en 1985 con Boris Yeltsin, pero acá con Salinas (de Gortari) también”.

El paso dos es la desregulación del mercado de capitales, que permite que las inversiones entren y salgan, y que los especuladores incidan en la moneda. Stiglitz lo llama “dinero caliente”, que entra y especula con bienes raíces (el negocio de Trump). Los precios de las propiedades pueden bajar por los suelos, explica el estudioso, porque las tasas de interés se elevan, la producción industrial se hace pedazos y las reservas del país pueden vaciarse en cuestión de días o hasta horas.

Viene en el tercer orden la regulación de los precios de los productos por el mercado, se eliminan todo tipo de subsidios, con lo cual suben desde la comida, el agua, el gas y demás. Todo ello irrita a la población, que quizá participe en movilizaciones sociales que Stiglitz denomina “disturbios del FMI”. Ahí el BM recomienda simplemente enfrentar las protestas “con firmeza política”.

El cuarto paso, a decir del economista, es una estrategia de reducción de la pobreza porque –ironiza– el FMI y el BM “no son tan desalmados”.

Peor que improvisados

Saxe-Fernández retoma “la narrativa” de la Coparmex hace unos días al negarse a firmar el llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, propuesto por Enrique Peña Nieto, por considerar que era “improvisado”.

El investigador considera que en realidad el gasolinazo y sus consecuencias no se hicieron de última hora, y seguramente hubo quienes sabían lo que venía y lo que viene –que seguramente será peor–; a ello atribuye la insólita renuncia de Agustín Carstens al Banco de México:

“La Coparmex dijo que es un gobierno de improvisados. Y yo me temo que no, es muy difícil que no pensaran, por ejemplo, en que podían haber avisado a la población: ‘Habrá un gasolinazo, pero va a haber una línea de subsidio al transporte para ir deteniendo una explosión social, o vamos a subsidiar lo fundamental de la canasta básica para que no los afecte la subida de precios’.”

Por el contrario, añade, la población fue afectada “brutalmente” y al gobierno no le importó, con todo y que vienen elecciones, acción “sumamente inadmisible”.

Informa que la entrevista de Palast a Stiglitz es de 2001, para señalar que no se debe perder de vista lo que llama “disturbios del FMI”, porque es crucial para entender la situación actual del país:

“Dije que es muy generosa la percepción de la Coparmex de un gobierno improvisado. (Cabe mencionar que al cierre de la edición este organismo empresarial retomó el diálogo con el gobierno.) ¡No! Puede que aún peor, en el sentido de que es un gobierno que quiere aprobar una ley de seguridad interior, planteada mucho antes de este gasolinazo, contra la cual hay oposición y el senador Manuel Bartlett llegó a decir que sería un golpe de Estado (Proceso 2094). Ciertamente constitucionaliza el estado de excepción.”

De aprobarse, advierte, se hará constitucional el hecho de privar al país de la función de defensa nacional, puesto que los altos cargos de la Marina y el Ejército, especialmente el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, han declarado que “la función de defensa nacional se deterioraba con las funciones policiales casi de Ministerio Público, que además son inconstitucionales”.

Tanto la Constitución mexicana como la Convención de Palermo, dice Saxe-Fernández, señalan que los militares no deben participar en la lucha contra el crimen organizado, sino las fuerzas policiales, pero lo primero que hizo Felipe Calderón fue usar militares y el resultado fue un “sexenio atroz, y el que le siguió, también”.

Explica que de esa forma “se genera una hecatombe humanitaria. Lo que tenemos entonces es un gasolinazo que está sacando a la gente a las calles, ocasionando saqueos, hay provocadores, gente que se aprovecha o que es pagada para hacer eso, que puede ser de dentro o de fuera, pero es viejísima esta historia.”

Lo que sigue es que salen los organismos financieros, en voz de los country managers –como llamaba su amigo el expresidente de Costa Rica Rodrigo Carazo a los altos funcionarios sometidos a los programas de préstamo del FMI y BM–, a justificar la necesidad de que los precios se rijan por las fuerzas del mercado:

“Tenemos entonces una nación que se va desmantelando, hay fuga de capitales, baja la moneda nacional y se van sobre el tesoro de la nación, sobre la reserva, empiezan a venderla hasta que se queda sin ella. Es decir, se está abriendo un curso de enorme conflictividad que calza al dedillo, porque lo fundamental es pasar esa ley de seguridad interior, y tratan de convencer a sectores importantes de la sociedad de que se requiere esta ley.”

Señala el “efecto brutal” que dicha ley podría tener en el próximo proceso de transición de un gobierno a otro, y cuestiona por qué se lanzó el gasolinazo justamente en este momento, cuando se pudieron tomar otras medidas, como han señalado varios economistas.

Se pregunta: “¿Por qué incendiar al país ahora?” Y añade: “El incendio viene de una acción gubernamental. Ya las precondiciones estaban: la caída de los salarios, la privatización, todo ese desgaste que hemos vivido ya casi 36 años, son seis sexenios acumulando todo esto, en 250 mil muertos, 28 mil desaparecidos, torturas a lo largo y ancho del país, con mecanismos de una represión brutal, de terrorismo de Estado que hace desaparecer a 43 estudiantes…”

Defensa ante Trump

El analista afirma que si realmente se quiere reconstruir al país de cara al próximo gobierno de Estados Unidos, tendrá que haber un programa de sustitución de importaciones, comenzando por las agrícolas, pues la política de las últimas décadas ha sido quitar todo: semillas, fertilizantes, apoyo a la infraestructura, para poner a los campesinos a competir con los farmers estadunidenses, lo que ha significado sacarlos por millones del campo. Subraya que ello “es de una violencia de ese nivel”.

El país requiere seguridad alimentaria, menos dependencia de la gasolina y los gobiernos han promovido una destrucción interna de Petróleos Mexicanos. Le parece grave que se estén importando gasolina, maíz y alimentos en general. Ante el poderío de Estados Unidos y las agresiones de Trump, el gobierno debe optar por modernizar al campo, invertir en él y lograr que el país sea autosuficiente.

Añade que parte de la salida, que “es inmensa”, está en sustituir importaciones, producir aquí los 400 mil millones de dólares anuales que se gastan en ellas, con lo cual ese monto sería un colchón. Se pregunta si lo hará el gobierno actual, y no requiere meditar más de un segundo para responderse:

“No. Se necesita un gobierno que articule el interés público nacional de México. Eso no lo tenemos. Y es un requisito fundamental, es ahí donde veo que la ley de seguridad tiene como dirección frenar a Andrés Manuel López Obrador, mantener la masacre de los mexicanos y constitucionalizar el estado de excepción. Y el gasolinazo les viene muy bien, es el escenario donde se va dando la sucesión de Estados Unidos, con un señor que está activando los instrumentos de guerra comercial con el mundo.”

Y lo que hace México ante esa guerra comercial, siendo que tiene varias canchas donde defenderse, es la “insensatez” de colocar a Luis Videgaray Caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, “cuando pudo haber sido perfectamente un emisario privado para manejar bien la relación con Trump”.

En su opinión se necesitaba a alguien con el perfil del fallecido embajador Gustavo Iruegas, “un hombre de Estado, con unos 30 o 40 años de experiencia diplomática, que sabe con quién está tratando, y no el que dice que viene a aprender. No hay sensatez en esa decisión, es precipitada, (Peña Nieto) no está pensando en el país, lo deja vulnerable”.

Cuando lo que se necesita es ir poniendo “la casa en orden”, dice, se incendia el país, pues en ese contexto la corrupción, los robos de los gobernadores, los bonos de los funcionarios parecen una provocación mayor; todo articulado de la manera descrita por Stiglitz a Greg Palast y por los documentos clasificados, donde sale toda la idea de la provocación para poner al país de rodillas y sacar raja en el contexto de desestabilización, para seguir comprando los bienes nacionales.

“No hay ninguna lógica nacional, por eso digo que se necesita un gobierno que articule el interés público de México.”

Expresa que es buena idea desmantelar el TLCAN y el Tratado Transpacífico, renegociarlos. La pregunta es: si se tienen country managers en lugar de gobernantes y secretarios de Estado, ¿se negociaría en los mismos términos que cuando se acordaron?

Advierte: “Estamos a tiempo para tener un gobierno nacional, creo yo. No hay nada inexorable, son situaciones e instituciones hechas por el ser humano y consecuentemente pueden ser modificadas, ahí es donde tenemos aperturas interesantes como ésta”.

Recuerda que cuando se firmó el TLCAN el empresario y político estadunidense Ross Perot se pronunció en contra, y Al Gore, entonces vicepresidente de Bill Clinton, lo encaró al decir que cómo se atrevía a oponerse si es tan importante para Estados Unidos como la compra de Luisiana en 1803 o de Alaska en 1827.

El gasolinazo: la punta del iceberg de la privatización petrolera en México

Edgar A. Valenzuela

En “El antiminotauro: el mito de una sociología libre de valores”, Alvin Gouldner cimbró al mundo académico al rechazar una de las máximas weberianas que se consideraban prácticamente un dogma en las ciencias sociales: la posibilidad de realizar un estudio sociológico libre de valores. El autor afirma, por el contrario, que el ambiente y los juicios que el científico social realiza influyen más de lo que se acepta en los resultados de las investigaciones, incluyendo la decisión misma del problema a estudiar.

Yo no sólo coincido plenamente con Gouldner sino que entiendo y trato de jugar el papel que me corresponde al analizar mi entorno: priorizar el interés del pueblo mexicano del que formo parte. Así, el presente artículo si bien puede considerarse del género opinión, recoge evidencias históricas, políticas y económicas para brindar una explicación a la más reciente agresión de clase que hemos sufrido la mayoría de los mexicanos mediante el aumento al precio de los combustibles, comúnmente denominado “gasolinazo”.

El gasolinazo neoliberal. Todos desde De la Madrid han contribuido

En principio de cuentas es importante destacar que el aumento súbito de en promedio 20% al precio de las gasolinas y diésel es producto directo de la política energética que ha seguido el país desde 1983, apegada estrictamente a los dictados impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cuyo pináculo fue la contrarreforma energética de 2013. A lo largo de estos 34 años de neoliberalismo en México que podrían resumirse como “la demolición controlada del Estado Mexicano”, el sector energético ha sido el más agredido y codiciado por el alto capital norteamericano y la oligarquía local, misma que participa en el despojo como socio menor.

Los pasos dados por los neoliberales mexicanos para traspasar el sector de manos públicas nacionales a privadas mayoritariamente extranjeras no han sido al azar. Por el contrario, se han diseñado desde los más selectos círculos del poder económico, financiero y académico norteamericano con plena consciencia del profundo significado que tienen Pemex y el petróleo en la memoria histórica del pueblo mexicano. Al respecto, John Saxe afirma que la hoja de ruta para lograr la privatización de la paraestatal habría sido trazada por la Heritage Foundation en un documento fechado en 1992 y titulado Petróleo y prosperidad: la reforma del monopolio petrolero de México que propone cinco pasos para lograr ese fin: 1. Permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero; 2. Permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica; 3. Dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia; 4. Permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex; 5. Privatizar Pemex.[1] (Si bien es cierto que al día de hoy ni siquiera se ha insinuado la posibilidad de privatizar Pemex, de seguir por el camino actual en un máximo de 5 años estará en el piso de remates. Esto porque el precio de las petroleras está determinado por el tamaño de sus reservas, su nivel de producción y el precio de su materia prima, y como ha sido despojada intencionalmente de sus principales activos, desfinanciada y sobresaturada de pasivos, a la brevedad surgirán voces que propongan tal medida al considerarla un lastre financiero para la Nación).

Con este antecedente es posible destacar que todas las administraciones federales de corte neoliberal han contribuido a la consecución de ese objetivo, iniciando por De la Madrid que canceló todos los proyectos de inversión proyectados durante los gobiernos que le antecedieron e inició la desfinanciación de Pemex; Carlos Salinas atentó contra la integración vertical[2] de la paraestatal al dividirla en 4 organismos descentralizados, abrió a la participación privada la petroquímica “secundaria”, elevó su carga fiscal hasta dejarla únicamente con los recursos suficientes para mantener su plataforma de producción de crudo y descapitalizó al Instituto Mexicano del Petróleo; Ernesto Zedillo terminó de abrir el sector petroquímico y creó la figura de los contratos de riesgo, Pidiregas; Vicente Fox, sobreexplotó las reservas y aumentó colosalmente su deuda mediante los Pidiregas; Felipe Calderón entregó a EU la mayor reserva del país ubicada en el Golfo de México; y Enrique Peña que finalizó la apertura total del sector en 2013.

Para finalizar este punto resulta relevante subrayar que en todo este camino se ha puesto especial énfasis en especializar a Pemex en la producción, cuyo dato más pasmoso es que no se ha construido una sola refinería en el país desde hace más de tres décadas pese a que se han sumado casi 50 millones de habitantes en ese lapso de tiempo. La razón, según argumentaban los voceros y plumas al servicio del régimen durante la discusión de la contrarreforma energética de 2013, se debe a que la entonces paraestatal registraba enormes ganancias en producción y exploración, mientras en la petroquímica se perdían cuantiosos recursos. Y si bien es cierto que por venta de crudo el país obtuvo ingresos récord en 2011 por 125 mmdd, lo que ocultaban cínicamente es que esa actividad no es ni de cerca la que mayores ganancias genera. Según un estudio hecho por Rafael Decelis en 1996 que usó como base los precios de diciembre de 1994, por cada barril de crudo se obtenían 13 dólares, 26 si se transformaba en gasolina, 59 (promedio) en petroquímicos, 300 en plásticos y 780 en producto terminado; y en lo que respecta a la generación de plazas laborales, cada barril producía 0.01 empleos en Pemex Exploración y Producción, 0.104 en Pemex Petroquímica, 0.672 en Petroquímica Secundaria y 22.7 en industrias de transformación ligadas al hidrocarburo (producción de hilos, telas, botellas, bolsas, plásticos, etc.).[3]

Todo ello sin contar un elemento clave: la seguridad y soberanía de la Nación.

En el sector energético la apuesta es argentinizar a México

Contrario a los dichos del Gobierno Federal y la súper cretina cúpula panista que en 2014 pujó para que se adelantara dos años la liberalización del mercado de combustibles inicialmente prevista para 2019[4], el alza en los combustibles sí es una consecuencia directa de la reforma energética de 2013, y más específicamente de sus leyes secundarias aprobadas en 2014. En dicho ordenamiento jurídico se estableció que a partir de 2017 el mercado mexicano de combustibles se abriría a la participación de nuevos actores y un año después se permitiría su libre importación para crear un mercado completamente abierto. Ello significa que México transitaría de un modelo en el que los precios eran fijados por la Secretaría de Hacienda según variables económicas, sociales y políticas, a otro en el que serían determinados por entes privados según “las leyes de la oferta y la demanda” y criterios estrictamente económicos y financieros; lo que implica de facto la privatización de uno de los aspectos fundamentales de todo negocio: la determinación de su precio al público.

Lo más absurdo es que la administración de Peña Nieto pretende esconder los vínculos con la reforma energética pero sí reconoce en su campaña mediática que el aumento es uno de los pasos iniciales de la liberalización, misma que avanzará durante el año en curso hasta que los precios locales estén a la par de los del mercado internacional.[5] ¡El colmo de la desvergüenza!

Pero la anterior no es la única mentira vil de la estrategia de comunicación gubernamental en marcha. Se desempolvan, por ejemplo, los dichos del criminal David Penchyna que al defender la liberalización del mercado en 2014 aseguraba “el subsidio a las gasolinas en realidad beneficiaba a quienes más recursos y autos tienen”.[6] Lo que nunca mencionó es que la mayor parte de los combustibles se destinan para el transporte de alimentos y productos de primera necesidad desde las regiones de producción hasta los centros de consumo, impactando en su costo y haciendo que las familias de menores ingresos que destinan hasta el 90% de su salario a la adquisición de comida sean las que más recientan la medida.[7]

La propaganda también asegura que la liberalización del ultrasensible mercado de los combustibles provocará que los precios locales disminuyan producto de un mayor número de actores, además de generar más empleos, crecimiento e inversión. Lo llamativo del caso no es que utilicen los mismos argumentos de siempre para justificar las contrarreformas neoliberales que siguen sin traer a los mexicanos el paraíso prometido, sino que dan por sentado que las empresas que entren al país lo harán con los ánimos de desatar una guerra de precios que los impulse a la baja, estrechando con ello sus márgenes de ganancia. Esta suposición resulta absurda e ilógica porque difícilmente se encontrarán datos empíricos que comprueben fehacientemente que las grandes petroleras se comportan así al entrar a mercados desregulados. Por el contrario, abundan los ejemplos en el que su actuar fue diametralmente distinto y aportaron más perjuicios que beneficios a los países receptores. En Brasil, por ejemplo, Ildo Luis Sauer, director de Petrobras entre 2003 y 2007, afirma que “la apertura no fue benéfica para Brasil y tiene más lecciones negativas que aprender que positivas”. Respecto a las petroleras transnacionales, aseguró que “una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los congresos y en los palacios”.[8]

Pero el caso tipo que los mexicanos deberíamos tener en mente para pensar nuestro futuro cercano es el de Argentina. Como lo analicé en conjunto con el Dr. Norberto Emmerich en marzo de 2015,[9] la liberalización en Argentina se inició en la década de 1970 y dos décadas más tarde se privatizó la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Además, se cedió a la iniciativa privada la explotación de las principales reservas de petróleo y gas, la capacidad de determinar los precios locales del petróleo y sus derivados y la participación en todos los eslabones de la industria petroquímica. Como era de esperarse, las petroleras que dominaron rápidamente el mercado argentino se enfocaron en maximizar la explotación de los campos en detrimento de su vida útil, así como su exportación sobre el abastecimiento del mercado interno. Las diferencias con las autoridades argentinas se ahondaron con la pesificación de 2002 y el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, deviniendo un año después en una crisis energética caracterizada por el desabastecimiento crónico de petróleo, gas y sus derivados en el mercado local, constantes apagones y alzas unilaterales en los precios de las gasolinas y el diésel. El gobierno denunció que los problemas se debían a una insuficiente inversión en la exploración, producción, transporte y refinación, y exigió una disminución de los costos al público. Por su parte, las petroleras afirmaron que los precios demandados por el gobierno argentino eran poco competitivos y les acarrearían grandes pérdidas, por lo que congelaron sus suministros al mercado local y continuaron su exportación como medida de presión para obtener mejores tarifas. Uno de los datos más icónicos de la situación data de 2007, cuando Argentina importó 988.379 toneladas de combustible y exportó 1.657.532 toneladas, situación absurda e innecesaria pero acorde a los intereses de Repsol YPF, Esso y Shell.

Algunas reflexiones a manera de cierre.

1. Gracias a la profunda reprimarización económica que ha traído la política neoliberal, un país petrolero de primer orden como México comenzó a comprar petroquímicos en el exterior desde 1987 y hoy se ha convertido en el segundo mayor importador del mundo. El negocio calculado en alrededor de 50 mmdd anuales por Alfredo Jalife[10] sólo tiene dos ganadores claros: EU, nación que vende el 81% de las gasolinas que importa México; y el entramado de funcionarios y empresarios que compran el combustible en el extranjero para luego revendérselo a Pemex.

2. En días recientes han pululado las voces que piden aumentar las importaciones de petroquímicos desde EU donde en la actualidad son más baratos, entre ellas las de los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua. Esta medida si bien podría significar un efímero alivio, en realidad contribuirá al fortalecimiento del círculo vicioso que nos tiene atrapados en la dependencia. Una propuesta viable y ad hoc con el abandono del neoliberalismo que impulsa Trump al norte del Bravo sería utilizar el dinero de las reservas para adquirir refinerías, en lugar de dilapidarlo en la “intervención diaria de Banxico para estabilizar el tipo de cambio”.

3. Sabiendo que México se ha convertido en un país ultra dependiente de las gasolinas estadounidenses, ¿qué pasaría si mañana Donald Trump decide cortar su suministro o aplicarle un impuesto especial a fin de financiar el muro fronterizo? ¿La oligarquía mexicana seguiría diciendo que soberanía no es sinónimo de autosuficiencia sino de capacidad de compra? ¿Cómo recibiría el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera tan terrible humillación?

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[1] Saxe Fernández, John. La compra-venta de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. Ed. Plaza Janés, México D.F. 2002. Pág. 269.

[2] Se denomina integración vertical a la capacidad de una empresa para controlar por sí misma las actividades que van desde la producción de la materia prima hasta la comercialización de los productos terminados. En el caso de las petroleras, éstas serían: exploración, perforación, almacenamiento, refinación, distribución y comercialización.

[3] Op. Cit. Pág. 295.

[4] Eliminar subsidios a gasolinas, gas y luz, entre cambios a leyes energéticas. Diario La Jornada, 15 de julio de 2014. Consultado en línea en: https://goo.gl/BvrgK0

[5] Video disponible en: https://youtu.be/83ClzkpSZ50

[6] Bajarán precios del gas y electricidad, pero no de las gasolinas: Penchyna. Diario La Jornada, 13 de mayo de 2014. Consultado en línea en: https://goo.gl/qluYx9

[7] Aplicar IVA a medicinas y alimentos afectará a los más pobres: Morena. Diario La Jornada, 6 de marzo de 2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/krwu2V

[8] Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado. Diario La Jornada, 13 de septiembre de 2013. Consultado en línea en: http://shar.es/VdT7T.

[9] Emmerich, Norberto. y Valenzuela, Edgar. Reforma energética, geopolítica y criminalidad. La matriz mexicana para crear riqueza. Rebelión, 21 de marzo de 2015. Consultado en línea en: https://goo.gl/o0LY5S

[10] Jalife-Rahme, Alfredo. Los siete pecados capitales de la reforma energética Peña / Videgaray / Aspe. Diario La Jornada, 16 de octubre de 2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/x24H2k

El fracaso del Banco de México

Marcos Chávez

Anuncia Carstens su salida entre loas por su supuesta eficiencia. Quienes lo extrañarán son los especuladores, pues lograron grandes ganancias mediante el alza de las tasas de interés. No cumplió con lo que dispone la Constitución: salvaguardar la estabilidad y el valor de la moneda. Dejará la inflación por encima del 4 por ciento y una devaluación del peso de más del 60 por ciento

Agustín Carstens hizo votos porque sea “terso, ordenado y sin sobresaltos” el “largo periodo [de] transición de un gobernador [del Banco de México] al siguiente que será designado en su oportunidad por el presidente de la República”. Ese proceso que se inició el 1 de diciembre, cuando presentó su renuncia a dicho puesto en el banco central de México y que ocupará hasta el 1 de julio de 2017, cuando hará efectiva su decisión y empezará a empacar sus trebejos para irse a administrar el Banco de Pagos Internacionales.

Lo anterior y otras cosas se leen en la carta enviada por Agustín Carstens a sus súbditos del banco central y en un comunicado emitido a la opinión pública por el mismo organismo sobre el mismo tema, ambos datados el 1 de diciembre. Además de formalizarse su separación, Carstens se deshizo en agradecimientos a Felipe Calderón, quien lo encaramó en el puesto citado en 2010, y a Enrique Peña Nieto, quien lo ratificó para un segundo periodo, el cual terminaría el 31 de diciembre de 2021; anunció que dimitía prematuramente porque prefería la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales; y, orondo, se elogió a sí mismo por haber sido elegido  para regentar  al banco central de los bancos centrales del mundo, distinción que, sin disfrazada inmodestia, hizo extensiva al país y los parias subdesarrollados. “Es un gran honor para mí, el Banco de México y el país” rubricó Carstens, porque por “primera vez un banquero central de una economía emergente” ocupará un selecto puesto de tan “alta responsabilidad integrado por los gobernadores de los siete principales bancos centrales del mundo”.

Fue curioso el método epistolar empleado a posteriori para oficializar la salida de un funcionario y cuya noticia ya había sido publicitada por las vías informales de las redes sociales de internet.

Desde luego, la buena nueva no fue un acto de deferencia social. Sólo fue un recurso sui géneris para tratar de contrarrestar la incertidumbre y el pánico que provocó la renuncia entre los especuladores. El costo fue una pequeña burbuja especulativa: un nuevo desplome de la paridad cambiaria, el 1 de diciembre (1.1 por ciento o 23 centavos, al pasar de 20.52 a 20.75 pesos por dólar estadunidense) y del mercado bursátil (1.61 por ciento en dos días).

Pero como le gusta decir a Carstens: simplemente fue un intrascendente “bache momentáneo, pasajero” que, de nueva cuenta, entreveró las consecuencias de la irracionalidad de los especuladores, la libertad especulativa, el desinterés del banco central y las autoridades hacendarias para controlar sus ímpetus, en aras de no alterar las reglas del juego neoliberal impuestas externamente y aceptadas localmente, en una especie de servidumbre voluntaria.

Desde luego no es lo mismo ser un banquero central pueblerino, en un país cada vez más violento, que un directivo de un organismo internacional ubicado en la tranquila y tediosa ciudad de Basilea, Suiza, aunque sea como un empleado más. No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. Pero es difícil aceptar que la renuncia de Carstens haya sido desconocida por el Ejecutivo y, por tanto, fuera un acto de deslealtad. 

Lo que quizá pasó fue un problema de formas.

La irracionalidad de los especuladores se debe a que una renuncia era irrelevante, toda vez la sabia cabeza que sustituya a Carstens, cualquiera de los subgobernadores, garantiza la continuidad de la mismas políticas monetarias ortodoxas, porque todos los subgobernadores del banco central, los actuales y los próximos, están cortados y formados en el mismo credo neoliberal. Son un grupo homogéneo y compacto.

 Hasta que alguien decida expulsarlos del templo.

En todo caso, si se considera los resultados arrojados por el Banco de México en la era Carstens, el balance de su mandato puede decirse que fue un fracaso, de acuerdo con la ley orgánica del organismo y cuyo objetivo prioritario es salvaguardar la estabilidad y el valor de la moneda. Ese único objetivo implica controlar el nivel de la inflación, al margen de que los instrumentos que empleen sacrifiquen el crecimiento, los salarios reales y el bienestar social, tal y como ha sucedió desde 1983 a la fecha.

La subordinación del aumento de los salarios nominales y del crecimiento, así como la austeridad fiscal y la astringencia monetaria corresponden a la estrategia de la inflación primermundista con un crecimiento y bienestar tercermundista.

Es cierto que desde enero de 2015 la inflación se ha ubicado en el rango de la meta: 3 por ciento, más menos un punto porcentual, aunque probablemente al cierre de 2016 y en 2017 se ubique por encima de 4 por ciento.

La tendencia de los precios de importación, los del productor y la inflación no subyacente indica mayores presiones inflacionarias. Ello explica el endurecimiento de la política monetaria, es decir, la inducción de las tasas de  interés impuesto por el banco central.

Sin embargo, el comportamiento del tipo de cambio evidencia el fracaso de Carstens y del banco central en su tarea prioritaria. Anualmente, durante el peñismo, la variación del tipo de cambio, se planeó que fuera similar a la tasa de variación de la inflación, e incluso se proponía un atraso o revaluación, sin importar que abaratara artificial y deslealmente el precio de las importaciones, en detrimento de la producción local, el crecimiento y el empleo.

En lo que va del peñismo la paridad pasó de 13.08 pesos por dólar a 20-21 pesos por dólar, lo que equivale a una macrodevaluación cercana a 60 por ciento.

En ese sentido, Carstens y el banco central han fracasado en su encomienda constitucional.

En esa misma lógica, la población y los inversionistas deberían agradecer la decisión de Carstens de abandonar el banco central, aunque el panorama no cambia nada si se considera que lo sustituirá un personaje clonado.

Sólo los especuladores pueden sentirse satisfechos. El Carstens actual y los Carstens futuros les  darán lo que quieren: mayores ganancias financieras, por la vía de la elevación de las tasas de interés.

A los únicos que les resulta indiferente su desaparición del escenario político-financiero del país son las mayorías.

Recuérdese que Carstens, primero, se rasgó las vestiduras y se opuso rotundamente a la propuesta de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de programar una gradual recuperación del poder de compra de los salarios mínimos, porque supuestamente elevaría la inflación, sin ofrecer pruebas al respecto; y, después, festejó la “flexibilización” laboral porque abarataría los costos y los tiempos del despido de los trabajadores.

El nuevo banquero central pensará lo mismo.

El único que realmente es feliz es el propio Carstens. Se irá con una pensión generosa que ya cobra desde hace tiempo, y abandonará el barco antes que se hunda.

La militarización del "muro Trump", al estilo israelí

Alfredo Jalife-Rahme

Abunda la flagrante desinformación sobre la construcción del muro Trump, sobre todo del lado más afectado, el mexicano, que jugó al avestruz durante un cuarto de siglo, hasta que el destino lo alcanzó.

El portal texano-israelí Stratfor (https://goo.gl/CoCifG), que se ostenta como la CIA de los empresarios, rememora el cuarto de siglo (sic) del inicio de la construcción del muro por varias administraciones de Estados Unidos (EU) ante la pusilanimidad de cinco presidentes mexicanos en turno, quienes impulsaron la vulgar mercantilización en detrimento de la seguridad nacional:

1. A inicios de la década de 1990: se empezó a construir en áreas urbanas, con tapetes metálicos y material de la guerra de Vietnam.

2. En 1995: Sandia National Laboratories creó una barrera de tres capas de profundidad con vigilancia tecnológica: cámaras, imágenes termales y sensores.

3. En 2006: Secure Fence Act extendió los muros (sic) existentes (el “muro Baby Bush”) a un costo de 3 mil 400 millones de dólares, pagado por Seguridad del Hogar, que completó mil 30 kilómetros de los programados mil 50 km.

Baby Bush construyó la tercera parte del muro, con apoyo de la senadora de Nueva York, Hillary Clinton, ante las narices de los panistas Fox y Calderón, quienes no protestaron en absoluto, como ahora en forma cacofónica, quizá por sus fuertes vínculos con George Soros.

4. 2016/2017: Proyecto de terminar la construcción de sus 2/3 partes (el muro Trump), con excepción de 322 km al sur de Texas, a un costo entre 7 mil millones y 10 mil millones de dólares, por la empresa israelí Magal Security Systems (https://goo.gl/Diia5V).

Trump seleccionó al general retirado John Kelly como jefe de la Seguridad del Hogar, quien estará a cargo de terminar el muro (https://goo.gl/f4oxvf).

Kelly jefaturó el Comando Sur –que se traslapa con el Comando Norte en referencia al desahuciado y desaseado “México neoliberal itamita”–, y ha sido feroz crítico de la amenaza de terroristas y el contrabando de los narcotraficantes en la transfrontera con México.

Sin contar al flamante director de la CIA, Mike Pompeo, quien se formó en la Academia Militar de West Point, el gabinete Trump profundiza su militarización, con tres militares seleccionados (http://goo.gl/QFXdZc).

A quien hay que seguir en forma estrecha sobre el devenir del muro Trump es a Michael McCaul, representante texano (sic) del Partido Republicano y jefe del Comité Camaral de la Seguridad del Hogar, quien ha externado la securitización de la transfrontera y la confrontación de la emigración ilegal, y ha prometido colocar a México en un plan de pagos (sic) para financiar la terminación del muro.

Mientras el Congreso de EU trabaja su plan de emergencia (sic) para obliterar la transfrontera, el frívolo Senado mexicano, después de haber exhibido en forma degradante sus camisetas pro Hillary, ahora en un acto de exorcismo folclórico golpea una piñata con la efigie de Trump (http://goo.gl/D3lK1S). ¡No, bueno!

McCaul expone la militarización del muro (http://goo.gl/sOM6uz), que profundizó en The Heritage Foundation (http://goo.gl/mEVjyr): “Es más que un muro. Hablamos de un sistema histórico (sic) de defensa (¡supersic!) de varias capas (sic) para que los cárteles de la droga y los terroristas (sic) no puedan insinuarse a través de sus grietas”, lo cual significa más agentes de patrulla fronteriza (nota: quienes, como los maltratados Veteranos, votaron en forma masiva a favor de Trump), nuevas autoridades, vigilancia aérea, sensores y otras tecnologías para sellar nuestro territorio de los ilegales.

El abordaje será de tipo militar otorgando a las agencias de inmigración y de la frontera el real comando y control.

No sólo el Congreso de EU participará en el esfuerzo de financiamiento, sino también los vecinos (sic) quienes han fracasado en contener la crisis dentro de sus propios países, por lo que se ha colocado a México en un plan de pagos, a lo que aporta varias ideas razonables: nuevas tarifas de inmigración, cuotas de peaje de seguridad en la transfrontera, “captura y congelamiento de los activos de los cárteles de la droga”.

¿Se le ocurrirá al texano McCaul pagos a varios años sin intereses, ventas nocturnas con descuentos o un consumista Buen Fin?

Toda la securitización y matriculación de la transfrontera no será limitada a México y tendrá en la mira a otros países en Latinoamérica (¡supersic!) que han contribuido a la crisis y fracasado en frenar el caos, por lo que deben también pagar para arreglar la situación. Algo así como dime de dónde provienes y te diré cuánto debes pagar.

Hay que prepararse para el modelo mural israelí, impuesto en Gaza y Cisjordania, que sería implementado en las dos fronteras del fallido “México neoliberal itamita”: en el próspero norte y en el miserable sur.

¿Se contempla otro muro entre Chiapas y Guatemala y/o entre Chetumal y Belice, con supervisión israelí-estadunidense?

A McCaul se le olvida que él mismo es producto de la migración europea a EU y sentencia que el gabinete Trump tomará acciones inmediatas para buscar (¡supersic!) y deportar a todos los extranjeros criminales y asegurarse que sus gobiernos los reciban (sic).

Las medidas serán extremas, de corte persecutorio, y con una severa investigación de los antecedentes con el fin de detener a los yihadistas que exploten el sistema inmigratorio para entrar a EU como turistas, inmigrantes y refugiados.

¿Tiene contemplado la novicia secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz, entronizada en el peor momento imaginable como Reina del guacamole, dónde colocar a millones de ilegales mexicanos?

Más que a la terminación del muro, el consenso en el Congreso se encamina a una trifecta: una combinación de tecnología, vigilancia policiaca y construcción física, como aduce el presbiteriano Dennis Ross, representante republicano de Florida (sic) y miembro del equipo de transición, para quien el término muro es una metáfora, cuando en realidad se refiere a seguridad y puede ser también una valla (http://goo.gl/4YoTTn).

Si el muro Trump representó un exitoso ingrediente mercadotécnico –79 por ciento de quienes lo apoyaron insisten en frenar la inmigración–, su implementación por el Congreso no será automática, ya que en el Senado requiere de 60 votos para su aprobación cuando los republicanos sólo controlan 52.

¿Quién protegerá a los dreamers: 800 mil jóvenes indocumentados que han sido abrigados en forma temporal de la deportación, gracias a una orden ejecutiva de Obama en 2012?

Increíble: su protección no provendrá aquende el río Bravo, sino allende, donde se prepara una legislación bipartidista al respecto (http://goo.gl/Z1rLgB).

Sin que yo ampare el híper-complejo crimen transfronterizo, McCaul soslaya que la gran mayoría de migrantes de México/Centroamérica son refugiados económicos quienes, debido al neoliberalismo global que impuso el decálogo del Consenso de Washington por la unilateralidad geoestratégica de EU, huyen de sus países plutocráticos, donde no encuentran libertad económica para laborar y quienes, por efecto de ósmosis demográfica, se refugian en los países de mayor prosperidad.

Incertidumbres en la relación con Estados Unidos

Olga Pellicer

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pasada la estupefacción con que fue recibido el resultado electoral en Estados Unidos, la incertidumbre se convirtió en un sentimiento generalizado. El discurso de Donald Trump carente de precisión, sus cambios de estilo después de la elección y su conocida falta de experiencia en la administración pública han sembrado dudas sobre las formas y tiempos con que planea gobernar. Tales sentimientos están muy presentes en México, el país que ocupó un lugar tan central en una campaña caracterizada por los ataques a la relación que hoy existe entre los dos países, entre otras, en materia de migración y comercio.

En la etapa de transición entre presidente electo y toma de posesión la necesidad de tener mayor claridad sobre sus propósitos se hace urgente. ¿Cuáles son, a dos semanas de su elección, las incertidumbres y certezas que están presentes?¿Cómo evalúan la relación con Estados Unidos las voces tan diversas que se están expresando en México?

La primera certeza que se ha obtenido, atendiendo a los nombramientos que ya han sido decididos por Trump, es que se mantienen sin lugar a dudas los sentimientos antiinmigrantes. La designación como procurador general de Sessions, conocido por sus ataques raciales, es suficiente para reafirmar la preferencia por una política de mano dura contra los migrantes, así como de una clara complacencia con la exaltación de una “Gran América” encabezada por blancos.

Ahora bien, paralelamente a esa certeza también hay dudas e incertidumbres sobre el grado en que los pesos y contrapesos que siempre han operado en el sistema político de Estados Unidos permitirán cumplir prontamente con tales propósitos. La decisión según la cual durante los cien primeros días se expulsarán de dos a tres millones de inmigrantes indocumentados que han cometido algún delito puede decretarse, exclusivamente, por el Ejecutivo. No obstante, su implementación requiere de la colaboración de autoridades locales. En un país con un federalismo tan fuerte como el existente en Estados Unidos, la posición de gobernadores, tribunales locales, alcaldes, defensores de derechos humanos, no puede pasarse por alto. Numerosas declaraciones aparecidas en la prensa permiten ver el grado de resistencia que pueden encontrar las deportaciones a nivel estatal.

Lo anterior no significa que va a desaparecer la voluntad de tomar medidas contra los inmigrantes, tampoco que se pueda controlar el discurso de odio contra los mexicanos en Estados Unidos que quizá estaba latente y Trump lo desencadenó. Lo importante es destacar que hay fuerzas encontradas en ese país y ello es fundamental para determinar las acciones que tomen gobierno y sociedad mexicanos para la protección de los connacionales en Estados Unidos durante la era de Trump.

Desde la perspectiva económica, la incertidumbre más notoria se da respecto a los efectos que la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos tendrá sobre la economía mexicana. Existe ya la certeza de que a corto plazo ha sido muy negativa. La caída en el tipo de cambio, las nuevas previsiones sobre los niveles de crecimiento del PIB el próximo año dadas a conocer por el Banco de México, la parálisis en la toma de decisiones sobre nuevas inversiones extranjeras no dejan lugar a dudas. Sin embargo, el punto decisivo es el destino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el contexto proteccionista que domina los ánimos del actual presidente estadunidense y en numerosas partes del mundo.

Las posiciones en México sobre el tema del TLCAN y cómo defenderlo, o dejarlo a su suerte, no son homogéneas. Por lo contrario, se advierten dos grandes tendencias que, a su vez, pueden ser decisivas para el diseño de la posición de México en la economía internacional durante el presente siglo. De una parte, los defensores sin matices del libre comercio –ubicados desde hace más de dos décadas en las filas gubernamentales– consideran indispensable tomar posiciones firmes para proteger el texto vigente y “modernizarlo” a través de protocolos adicionales que podrían inspirarse, por ejemplo, en algunos de los textos negociados para el Tratado de Asociación Transpacífica. Es muy incierto el futuro de semejante propuesta la cual requiere, de una parte, el firme apoyo de Canadá y, por la otra, la aceptación de los negociadores del nuevo equipo de Trump.

En otro extremo se encuentra un buen número de economistas mexicanos cuyo punto de vista es muy crítico del texto actual del TLCAN y contemplan, en consecuencia, la pertinencia de “modernizarlo” pero desde una perspectiva distinta a las de las voces gubernamentales. Por ejemplo, sería el momento de diseñar un protocolo que contemple la movilidad laboral como un elemento del TLCAN. Aunque parezca paradójico, sería quizá el mejor camino para un acuerdo en materia de migración que sustituye a los trabajadores indocumentados, tan golpeados, por trabajadores temporales cuya presencia sería regulada por visas temporales.

No existe todavía, ni en la academia ni en las filas gubernamentales, un punto de vista articulado sobre la mejor manera de posicionar a México en este mundo en transformación donde la elección de Trump es, quizá, sólo una de las manifestaciones más visibles. El tema no ha preocupado demasiado a las élites políticas mexicanas, tradicionalmente desinformadas sobre el acontecer internacional e indiferentes a las reflexiones geopolíticas. Algunos piensan que la fuerza del imán que representa la gran potencia americana no deja muchas opciones. Cierto que se podría diversificar, pero no mucho. Por lo demás, tal diversificación depende de cómo se muevan las fichas del ajedrez internacional en este comienzo de época inaugurada por la llegada de Trump.

Finalmente, la incertidumbre está presente respecto a la manera en que la nueva relación con Estados Unidos se reflejará en la lucha electoral que se avecina. A diferencia de otras campañas para la sucesión presidencial en México, en las cuales las relaciones exteriores han tenido un lugar secundario, esta vez será ineludible tomar posición sobre la relación con Estados Unidos. Es posible que esta se limite a frases tan irrelevantes como: la voluntad de trabajar juntos para el bien de los dos países. Pero también es posible que las circunstancias inviten a una reflexión más profunda sobre como eludir confrontaciones estériles al mismo tiempo que se acorta la vulnerabilidad mexicana que hoy se resiente de una manera tan brutal.

Presidencia sitiada de Trump: ambiente de guerra civil

Alfredo Jalife-Rahme

El choque tectónico del triunfo de Trump ha sacudido las entrañas del epicentro de EU y provocado reverberaciones telúricas a sus dos fronteras, México y Canadá, y a los cuatro rincones del planeta donde, en medio del caos doméstico/global que lega la sectaria presidencia de Obama, permanecen como fractales dos superpotencias, Rusia (a escala geoestratégico nuclear) y China (a escala geoeconómica); mientras, en Medio Oriente se consolida como el gran vencedor Israel, en la etapa de Estado Apartheid/racista/paria del primer Netanyahu y, en cierta medida, con las victorias relativas de Turquía y Egipto, que gozan de óptimas relaciones con Trump.

Ya había advertido los prolegómenos de “guerra civil larvada (https://goo.gl/2JHxaK)” y el “fracking doméstico” de la revuelta del trumpismo, con o sin Trump: supremacismo/populismo/nacionalismo blanco (https://goo.gl/i86rDg).

Los multimedia rusos culpan a George Soros de organizar una guerra civil: una revolución de color púrpura para el cambio de régimen en EU.

Dos manifestaciones multitudinarias anti Trump de los grupos que maneja Soros serán celebradas, una el 20 de enero, día de la toma de posesión, y otra el 21 con la marcha del millón de mujeres pro Hillary, las cuales en forma ominosa colisionarán con la avalancha de 2 millones de supremacistas/populistas/nacionalistas WASP que viven fervientemente, a mi juicio, el cuarto despertar de los fundadores nativistas/puritanos de EU (https://goo.gl/RMSQvT).

Pese a que dejen mucho que desear (https://goo.gl/y687jO), una reciente encuesta Gallup expone que 77 por ciento de los estadunidenses perciben a su país muy dividido en los valores más importantes.

Siguen las manifestaciones en las universidades, calles y en varias ciudades, a favor y en contra de Trump.

A mi juicio, similares manifestaciones multitudinarias de los WASP hubieran sucedido en caso del triunfo de Hillary, quien también hubiera tenido su presidencia sitiada.

Soros, supremo perdedor que financió a Hillary con Goldman Sachs y los Rothschild, versó ahora 10 millones de dólares para combatir las fuerzas oscuras de Trump (https://goo.gl/eNaJ4Z).

El grupo global de Soros maneja en forma incontinente el término odio, de acuerdo con la técnica Hasbara, que significa odio ajeno cuando no provenga de Israel.

Es irónico que Soros, desde su malignidad, que encubre de filantropía, evoque una inmanente y demente superioridad moral de la que carece cuando ha sembrado el caos por doquier, con el fin de obtener exorbitantes ganancias bursátiles (https://goo.gl/8M7b0s).

Entre los escollos centrífugas que enfrenta Trump, antes de su toma de posesión, que desestabilizarán aún más a EU, se encuentra la súbita cuan extraña resurrección de Jill Stein, del Partido Verde, con uno por ciento del voto popular (https://goo.gl/KwpStz), que pagó 5 millones de dólares por un recuento de votos en Wisconsin (10 votos electorales; diferencial de 27 mil 257 sufragios entre Trump y Hillary), dejando bajo la espada de Damocles a Michigan (16 votos electorales; diferencial de 11 mil 612 votos) y Pensilvania (20 sufragios electorales; diferencial de 68 mil 236 votos) que en teoría podrían revertir el resultado y poner en tela de juicio la legitimidad del Colegio Electoral que emitirá su sufragio el 19 de diciembre (https://goo.gl/FQHBkT).

Detrás del insólito recuento desestabilizador en Wisconsin se encuentra Soros (https://goo.gl/jXRvTG).

En plena transición suena inverosímil que Obama coadyuve una permuta presidencial.

Lawrence Lessig, jurista de Harvard (pro Hillary), incita al Colegio Electoral a pronunciarse por Clinton, mientras no faltan quienes alegan que existió ciberfraude (https://goo.gl/g7XP6s). ¿Un INE mexicano en EU?

California busca(ba) su secesión antes de Trump –Calexit: plebiscito para su independencia en 2019–, y hoy menos que nunca querrá ser gobernada por un presidente que abomina.

Muchos estados de la Unión buscan la secesión: desde Oregon hasta Texas.

Los alcaldes demócratas de Chicago, el israelí-estadunidense Rahm Emanuel (ex jefe de gabinete de Obama), y de Nueva York, Bill de Blasio, han declarado a ambas ciudades santuarios ante la inminente deportación masiva de 3 millones de ilegales.

No es para menos la sicosis colectiva que ha provocado el choque tectónico de Trump: desde México –donde un accionista de Televisa exigió en forma sicótica el magnicidio de Trump en un twitt que luego borró (https://goo.gl/BBwhKP)– hasta Fred Hiatt, editor del Washington Post, rotativo del establishment , quien aboga la lucha para defender la democracia, como si, guste o disguste, los 306 votos electorales de Trump –36 más del mínimo de 270 y 74 más que Hillary– fueran anti-democráticos (https://goo.gl/sFTKST). ¡No, bueno!

El grave problema, aún para mentes brillantes, en esta fase de descomposición de EU –y quizá de su balcanización– es que sucumben a sus soliloquios onanistas que niegan la nueva realidad nacionalista/populista que no asimilan en su gueto mental.

El incendiario Pat Buchanan, ultraconservador católico y ex jefe de prensa de Nixon/Ford/Reagan, marginado por los multimedia controlados por Wall Street, diagnostica que EU se encuentra dividido sin esperanza (sic) en temas culturales, morales y políticos, y cada vez más en los ámbitos raciales y étnicos, por lo que la presidencia de Trump “estará sitiada (https://goo.gl/iluT41)”.

A mí nunca me preocupó tanto Trump como el trumpismo per se, cuyas tendencias detecté con bastante antelación e, incluso, 12 horas antes de la elección, como consta en mi ponencia auspiciada por Casa Lamm/ La Jornada (https://goo.gl/9ZlC9h).

EU sufre poderosas fuerzas centrífugas que carcomen su Unión, en sincronía de fuerzas centrípetas nacionalistas anti EU en el mundo, mientras que, en forma paradójica como reflejo del caos global, el dólar escala los niveles más altos de los pasados 13 años y sus bolsas superan récords históricos.

Hace ocho años señalé que el decano diplomático ruso y especialista en ciberguerras, Igor Panarin (IP), había vaticinado 10 años atrás, la protobalcanización de EU en seis pedazos y su debacle económica (https://goo.gl/IWwY6n): 1. La República de California; 2. La República de Texas; 3. La República Centro/Norte; 4. EU del Atlántico, que a mi juicio se uniría al Brexit; 5. Alaska, y 6. Hawaii (https://goo.gl/9x7SjN).

En forma impactante, tres de los seis pedazos balcanizados de EU por IP (https://goo.gl/Vjgcs9) prevalecieron: el voto costero occidental del eje California/Oregón/Washington se volcó por Hillary, frente al voto pro Trump en el cinturón industrial (rust belt), dominado por el eje Pensilvania/Michigan/Ohio, y el cinturón bíblico (bible belt), encabezado por la República de Texas.

Sea el escenario que fuere en EU, lo real es que su destino etno-teo-geopolítico alcanzó también a sus dos vecinos: Canadá y México, que no disponen de muchos anticuerpos geopolíticos ni geofinancieros.

Lo peor que puede suceder, como en forma insensata operó el frívolo Senado del México neoliberal itamita, es tomar partido en una guerra civil ajena porque se corre el grave riesgo de sufrir las consecuencias colaterales. México debe serenarse.

Después de Ayotzinapa, el terror interminable

Arturo Rodríguez García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún no ocurrían los operativos policiacos contra maestros disidentes en Oaxaca y Chiapas (en junio), ni su extensión a los pobladores que los apoyaban en la sangrienta jornada de Nochixtlán, pero la estadística dejaba ver que las violaciones a los derechos humanos de quienes se dedican a defenderlos se mantenían como parte de una espiral represiva iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, aunque nunca tan radical y dispuesta a asumir los costos políticos como ocurrió a partir del 1 de diciembre de 2012.

Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, emiten el único informe que documenta –con nombre, fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

En su edición 2016, dicho informe fue intitulado “Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política”, y sus conclusiones parten de interpretar los datos obtenidos mediante el registro de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, prisión política, así como de las diferentes modalidades de agresiones cometidas contra defensores de derechos humanos.

Desde sus primeras páginas el documento da cuenta de las diferencias entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto: con el primero se llamaba la atención sobre una guerra contra el narco que servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la violencia ya normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en quienes se oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas, centrando el discurso político en los beneficios que habrá con la implementación.

Es decir, después de Calderón el proceso represivo entró a un segundo momento: “Lo que estamos viendo no es sólo un aumento en las estrategias represivas y una mayor selectividad, sino que estamos presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está dispuesto a pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos represivos”.

Desaparecer la disidencia

Cuando cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, Claudia Ivonne Vera García se sumó a la búsqueda. Desde 2011, cuando su sobrina de seis años desapareció en esa entidad, reclamaba al gobierno su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas de localización, algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo ella misma desapareció.

Veracruz es uno de los estados con mayor registro de agresiones contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales desde que Javier Duarte asumió el poder, y en su último año de gobierno la entidad ascendió al primer lugar en desapariciones de personas activas en el movimiento social.

Además de Claudia Ivonne, también desaparecieron el académico René Hernández Luis (en agosto de 2015) y el activista Naviel Pérez Pérez (el 3 de enero), aunque sólo en ese caso se le localizó sin vida 10 días después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de las siete desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo pasado.

Los otros estados donde ocurrieron hechos con el mismo tinte son: Tamaulipas, donde en julio de 2015 desapareció Enrique López Gutiérrez; Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en octubre siguiente; Ciudad de México, donde la Policía Federal desapareció a Julio Emmanuel Marcel de Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas, entidad en la que Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado.

La edición anterior del informe mencionaba que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo de 2015, 81 personas defensoras de los derechos humanos o dirigentes sociales habían sido víctimas de desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de 2015 fueron 52, es decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han contabilizado.

Este año hay una diferencia, pues entre junio de 2015 y mayo de 2016 desaparecieron sólo siete personas (el informe anterior incluía a los 43 estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una disminución significativa respecto del período anterior. Pero en suma se trata de 89 víctimas en lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición, 17 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron liberadas y siete quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo una incógnita.

La desaparición de dirigentes sociales en la última década se observa en 15 estados de la República, pero son Guerrero (69), Michoacán (16), Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete), los que encabezan la lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa grave violación a los derechos humanos.

Adiós al refugio

Rubén Espinosa era un fotorreportero cercano al movimiento social veracruzano y su trabajo se había vuelto incómodo al gobierno de Javier Duarte, así que, amenazado, decidió trasladarse a la Ciudad de México, el refugio de los periodistas que en el resto del país se encuentran en riesgo.

Semanas después se reunió con Nadia Vera, una joven que acompañaba diferentes movimientos sociales, y en especial el universitario veracruzano, que mediante los cauces regulares de la protesta social confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la Ciudad de México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las acciones violentas contra estudiantes se radicalizaron.

El 31 de julio de 2015, Rubén y Nadia aparecieron muertos junto con tres mujeres, dos que compartían la renta con Nadia y la empleada doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el multihomicidio continúa impune.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales registran un incremento notable en la administración de Peña Nieto:

En 2007, apenas se registraron tres casos; entre 2008 y 2010, hubo en total 21. Pero a partir de 2011, la incidencia creció hasta sumar 20 casos, y la tendencia se mantiene, pues en 2012 hubo 21 ejecuciones extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en 2015, y en los primeros cinco meses de 2016 ya sumaban nueve.

Al comparar por sexenio, con Calderón fueron asesinadas 67 personas. En lo que iba del gobierno peñanietista, hasta mayo pasado sumaban 66, una cifra que se incrementó en los meses siguientes.

Sólo con los casos de mayor cobertura, de junio a la fecha –que no son contemplados aun por el Informe–, el incremento es claro en 2016, pues a los nueve casos mencionados se suman los ocho muertos en Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más murieron en junio.

Para mayo pasado, el informe había documentado siete casos en Oaxaca, la entidad con más ejecuciones extrajudiciales; cuatro en Chiapas; tres en Guerrero, y dos casos más en la Ciudad de México.

Redadas y prisión

Durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron por el desarrollo comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron embestidos por un operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales 25 fueron consignadas y siguen presas.

El FPR es una de las organizaciones sociales que más ha padecido de represiones en el país, y en Oaxaca suele ser objeto de las distintas formas de represión. En el caso de los 25 presos de aquella jornada electoral, el proceso no avanzó porque el juez tercero de distrito, Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y zapoteco, lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron a penales de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia.

Por ser una detención masiva y haber sucedido en Oaxaca, el caso es emblemático. Y es que al aspecto de la masificación enfatizado por el informe, se suma el hecho de que se trata de una de las entidades con mayor registro de defensores de derechos humanos o miembros de movimientos sociales presos.

Junto con Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Chiapas son los estados donde el uso de las detenciones arbitrarias y la prisión por motivos políticos es mayor. Pero en el último año el encarcelamiento de dirigentes se amplió a los estados de Michoacán, Jalisco y Morelos.

En el informe anterior, Guerrero tuvo el primer lugar en detenciones arbitrarias, todas relacionadas con el movimiento magisterial, precisamente el que en el último año sumó más de cien casos, sólo en Oaxaca y Michoacán.

En el rubro no sólo se contabilizan los casos de quienes son sujetos a proceso penal, sino de aquellos que aun siendo detenidos por unas horas, lo son a consecuencia de su participación en el movimiento social. No obstante, los redactores del informe previenen que muchas de las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre es posible documentarlos y la estadística podría ser superior.

Hasta el pasado mayo sumaban 497 casos de detenciones arbitrarias ocurridas en los 12 meses previos, por lo que la cifra aumentó, dado que en 2015 se documentaron 459 casos.

Respecto de quienes están sometidos a proceso penal o fueron sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015 estaban presas 224 personas por motivos políticos en México, y actualmente, hasta el 31 de mayo de 2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que están detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21 años en prisión.

El incremento en las detenciones y prisión para dirigentes sociales es notorio en la estadística. Los informes de represión abarcan cada año de junio a mayo siguiente, y por lo que respecta al período 2012-2013, se registraron sólo 50 casos, para 2014 sumaron 175, en 2015 la cifra ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta mayo, se acumularon 277 casos.

En el tiempo que lleva Peña Nieto, el número de detenciones arbitrarias aumentó casi al doble respecto del sexenio anterior, pues en tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones arbitrarias, lo que por otra parte representa 62% del total de detenciones arbitrarias realizadas desde 2006.

Un dato adicional es que alrededor del 70% de los detenidos están libres sin cargo alguno, es decir, no existió ningún elemento para mantenerlos en prisión y ese simple hecho convierte en arbitraria una detención. De acuerdo con los redactores del informe, constata el hecho de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las manifestaciones organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al derecho humano a la protesta.

Hasta el cierre de este informe, el número de personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que se encuentran en prisión asciende a 81; además, 67 personas que están libres bajo caución o con reservas de ley.

Finalmente, a diferencia del informe anterior, donde la mayoría de las personas fueron detenidas bajo delitos del fuero común –lo que señalaba que eran ejecutadas por las autoridades y policías de los estados–, actualmente hay un porcentaje similar entre aquellos a los que les fueron imputados delitos del fuero común y aquellos imputados por delitos del fuero federal.

Ataques, amenazas, hostigamiento…

A unos cien metros del caserío, en la villa de Cloete, en Coahuila, los caciques de la región intentan extraer carbón. Sin embargo, un grupo de deudos de mineros muertos en los socavones y la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han opuesto por la vía judicial.

Los priistas Antonio Nerio, padre e hijo homónimo, cuando no son alcaldes son diputados. Ambos controlan parte del transporte carbonero y también tienen minas irregulares, una de las cuales exhibió Auerbach. La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también priista, en el municipio de Sabinas.

Además de las amenazas, demandas, vigilancias y difamaciones en medios de comunicación, Auerbach Benavides también fue víctima –el pasado 30 de marzo– del allanamiento de las oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo clientelar del PRI regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que documenta el informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a defensores de derechos humanos en todo el país.

Se trata de 136 eventos que contienen 446 ataques que afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades. En 2015 se habían documentado 330 ataques que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.

La aparente disminución en los eventos y los actos registrados del informe de 2015 al de 2016, muestra que los ataques fueron masivos.
Sobre los estados en los que ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán (48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).

El informe expresa su convicción de que la alta concentración de casos en Guerrero es una respuesta del Estado a la efervescencia del movimiento social motivada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también explica que sean los estados con movimiento magisterial los que registraron más ataques.

Por su tipología, se observa una intensificación de la violencia represiva, pues a diferencia del año pasado, cuando el hostigamiento fue el tipo de ataque más utilizado, actualmente son las agresiones las que se presentan como el acto más usado con 261 casos (58.5% del total), seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%); criminalización, con 61 (13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios (9.6%).

Para las organizaciones que emitieron el informe, la estadística en general no es sólo un recuento o exposición de datos. Se trata, en síntesis, de un gobierno que intenta imponer las reformas estructurales y sus políticas y programas derivados, mediante una estrategia de control social que con militarización, paramilitarismo y la construcción de un enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias que deben vencerse”– perfeccionó un modelo represivo que pretende normalizar.

El día después: Trumpismo con o sin Trump

Alfredo Jalife-Rahme

La elección pasó y se queda el trumpismo: movimiento estructural del supremacismo/nacionalismo blanco WASP de los desempleados red necks y cuellos azules.

A un día de los sufragios, ¿habrá impactadola enésima voltereta del director de la FBI, JamesComey, vilipendiado por tirios y troyanos, quien por segunda vez exoneró a Hillary de sus polémicos correos (https://goo.gl/pLfCts)?

La primera víctima de la post elección ha sido la institucionalidad de la FBI, la policía orwelliana de EU, también fracturada, como todos los elementos de la sociedad que pasa por una alarmante fase centrífuga.

Newton Gingrich, anterior líder camaral del Partido Republicano, acusó al director de la FBI de encapsularse y advirtió que EU puede encontrarse en turbulencias durante una década (sic), independientemente de quien gane la Casa Blanca (https://goo.gl/lsM1nZ).

A juicio del británico Edward Luce (EL), del Financial Times –que se pronunció, como TheEconomist, a favor de Hillary–, quien conoce como pocos el sistema,“la democracia (sic) estadunidense se encuentra ante su más grave prueba (https://goo.gl/5Dr34R)”: el sistema se tambalea, independientemente del resultado de la elección cuando EU se está volviendo cada vez más difícil de gobernar. ¡Cómo no, si la desigualdad del modelo neoliberal ha carcomido sus entrañas en forma ininterrumpida!

En otro artículo, La Era del Vitriolo, EL diagnostica que es improbable que el vitriolo se evapore, ya que “son reales (sic) las fuerzas inconexas que han apoyado a Trump (https://goo.gl/8MRBDW)”.

El trumpismo sufre de alienación demográfica y sicológica cuando todavía los blancos no latinos ostentan 64% de la población, en franco declive, frente al ascenso irresistible de los latinos, a cuya cabeza se encuentran los mexicanos y, más que nadie, de los asiáticos que cambiarán la estructura racial de EU en 2050 (https://goo.gl/ozZCKn).

El trumpismo, con o sin Trump, representa el canto de cisne del supremacismo/nacionalismo blanco que se subsume en los WASP (https://goo.gl/dvrlr2).

La polarización de EU es real y Haviv Rettig Gur, de The Times of Israel –pro Hillary– analiza correctamente que la furia detrás de Trump es sólo el principio, cuando “el desprecio y el vitriolo de la carrera de 2016 no fueron causados por un solo fanfarrón provocador, sino por angustias arraigadas por las extensas fracturas (sic) que no desaparecerán rápidamente, independientemente de la decisión de los votantes (https://goo.gl/vOg247)”.

Cuando una superpotencia como EU se encuentra en decadencia exhibe serias contradicciones domésticas, regionales y globales.

Ya había formulado que tanto Samuel Huntington en sus dos libros –el Choque de civilizaciones (https://goo.gl/zPEKFl), eminentemente islamófobo, y ¿Quiénes somos? (https://goo.gl/QhrGCY), eminentemente mexicanófobo– como Trump abrevan de las mismas raíces evangelistas puritanas de los padres fundadores y sus previos 4 despertares de corte religioso,racista y sociopolítico (https://goo.gl/gmEHuO).

Huntington fue un trumpiano avant la lettre de la política exterior de EU y su nefario Choque de civilizaciones, cuyo último libro es la quintaescencia del trumpismo doméstico.

Lo contradictorio ahora de EU, como reflejo de su caos en su notable crisis declinante, así como de la ruptura de su previa identidad nacional, subyace en que Trump expresa el supremacismo de los blancos WASP, mientras la política exterior de Hillary –basada en gran medida en el pugnaz Choque de Civilizaciones de Huntington– respalda el Supremacismo bélico anglosajón, con o sin latinos –usados como carne de cañón–, donde predomina la anglósfera y convergen tanto la dinastía bananera de los republicanos Bush como de los neoconservadores straussianos encabezados por el republicano Paul Wolfowitz, cuando ambos sectores del establishment anti-Trump se volcaron por Hillary.

Si fue un grave error mayúsculo haber recibido en forma oficial al candidato Trump en Los Pinos con toda la pompa presidencial, fue mucho peor que los senadores, la panista Mariana Gómez del Campo –prima exhibicionista de la esposa de Calderón– y Zoe Robledo –cuyo padre es íntimo de Carlos Menem en Argentina, para decir lo menos (y la perredista Dolores Padierna),– se hayan expuesto en forma impúdica con camisetas a favor de Hillary, delante del letrero “La Patria es Primero (https://goo.gl/IQCgg4)”. Estos dos (tres) senadores entreguistas, colaboradores del letal Pacto por México –que desmanteló la última seguridad soberana del México profundo–, amén de haber actuado con frivolidad, han puesto en riesgo a nuestros hermanos mexicanos en EU, donde pueden cundir represalias del supremacismo/nacionalismo de la furia blanca de los desempleados WASP.

¿Cómo puede apoyar un verdadero patriota mexicano a Hillary cuando fue quien primero aprobó la construcción de la tercera parte del ignominioso muro en nuestra frontera (https://goo.gl/TJLDgD) ante las narices de los panistas fariseos Fox y Calderón, y segundo, cuandofue coautora de la captura del petróleo de México: nuestro último resguardo geopolítico que nos quedaba (https://goo.gl/y1Q8Rx)?

La infatuada Mariana Gómez del Campo y el soez Robledo han de confundir a patriotas mexicanos con el equipo de futbol los Patriotas de Nueva Inglaterra.

A los disfuncionales cuan ignaros senadores mexicanos se les pasa por alto que los supremacistas blancos –avalados por la Segunda Enmienda y la poderosa Asociación Nacional del Rifle– son los más armados del planeta, a diferencia de nuestros despojados hermanos mexicanos que no tienen esa cultura balística.

Les recuerdo a los desinformados senadores que Hillary desprecia a los mexicanos, a quienes calificó de antiestadunidenses, y también a los católicos –ella pertenece a la denominación protestante metodista–, a quienes insultó de bastardos. Parece que los senadores mexicanos sufren patente masoquismo y vocación de ser esclavos maltratados.

Los aventureros poderes Ejecutivo y Legislativo del México neoliberal itamita cometieron graves errores infantiles en política exterior y lo peor es haber personalizado y/o satanizado a Trump cuando no entienden que se trata de una real dislocación estructural del sistema estadunidense que epitomiza el trumpismo.

Los clones del indefendible trumpismo empiezan a pulular desde Europa hasta Israel, donde Haaretz –pro Hillary– señala que el premier Bibi Netanyahu es una versión astuta de Trump (https://goo.gl/i3P1d9).

El feroz portal Zero Hedge fustiga que la “élite estadunidense no tiene la menor idea de que la sociedad se encuentra cerca de su punto de quiebre (https://goo.gl/r2yygE)”.

En una visión de ondas largas del eminente historiador galo Fernand Braudel, el Brexit anglosajón de Gran Bretaña se rencuentra casi 400 años después con el trumpismo y su línea de continuidad que proviene desde el Mayflower y sus primeros evangelistas fundamentalistas puritanos.

La grave crisis de EU y su fracking doméstico reflejan la decadencia del modelo financierista israelí-anglosajón que aniquiló la democracia y a la política.

La emboscada, el desgaste militar y los derechos humanos

Carlos Fazio

A 23 días de los hechos de Culiacán, Sinaloa, en los que según la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un convoy militar fue emboscado por un grupo armado con saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos, no existen datos periciales, de balística ni criminológicos de una autoridad competente que permitan saber qué ocurrió y cómo, ni quiénes fueron los atacantes y cuál fue el móvil.

Si bien el pasado 22 de octubre, en presencia del comandante de la novena Zona Militar, general Rogelio Terán, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (Seido), Gustavo Salas Chávez, aseveró que se tiene claramente establecido el móvil, la cadena de decisiones y acciones ilícitas que motivaron la emboscada, así como el número de delincuentes que participaron y a qué organización pertenecen, se reservó nombres y motivos. Asimismo, dijo que hay varias personas detenidas, pero no especificó cuántas ni quiénes son. Por lo que desde el punto de vista informativo no aportó ningún dato nuevo y todo queda sujeto a la especulación.

No obstante, a partir de un video filtrado a un medio televisivo por mandos castrenses, sobre un evento anterior en el poblado de Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde se observa a dos soldados que asisten a una persona herida (que en el relato de la Sedena y la PGR es identificada como Julio Óscar Ortiz Vega, presunto delincuente), se construyó y desencadenó toda una trama, que, con base en un encendido discurso del titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos −quien definió el ataque como alevoso y cobarde y a los ejecutores de la emboscada como enfermos, insanos, bestias criminales−, llevó a un grupo de columnistas de Estado a impulsar una campaña de intoxicación mediática con una matriz de opinión que puso el acento en el hartazgo y el fastidio castrense, la sordera civil y el supuesto abandono en que se tiene al Ejército. Lo que sumado al desgaste del instituto armado, descrito en un discurso posterior del jefe de la Sedena, puso en la agenda político-parlamentaria la necesidad de regular ya la intervención militar en tareas de seguridad pública.

La sucesión de hechos en apariencia inconexos: la emboscada, el malestar castrense, el renovado patriotismo de los formadores de opinión pública y la consecuente necesidad de una nueva legislación sobre seguridad interior, el estado de excepción (o de emergencia) con suspensión de derechos humanos y garantías, y la prolongación de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (o policiales) que lleva ya 10 años, tiene en su origen algunos puntos oscuros.

El evento de Badiraguato, la construcción narrativa sobre el enigmático y elusivo “alias Kevin” (Julio Óscar Ortiz Vega, supuestamente rescatado por las bestias criminales), quien vestía un uniforme similar al de los dos soldados que presuntamente le salvan la vida en el video y con quienes sostiene un diálogo inusual (por humanitario) entre un delincuente y elementos del Ejército tras un enfrentamiento −mismos que además después murieron en una emboscada de precisión militar que rompe la tendencia y el modus operandi−, con todo y su dramatismo real o ficticio, puede ser una cortina de humo (la fabricación de una noticia que cause el impacto esperado desplazando a la anterior) para pasar a una nueva fase de militarización del país, en momentos en que más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil demandan al gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con las 14 recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, y se adopte un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.

La emboscada que profundizó el desgaste del Ejército (general Cienfuegos dixit) y reactivó en los círculos parlamentarios la discusión sobre la ley de seguridad interior, en particular sobre la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, podría resultar muy peligrosamente tentadora para la imposición de un régimen autoritario de nuevo tipo.

Cabe consignar que, en su origen, la intervención militar en el combate a las drogas, se dio en el contexto de una doctrina de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos desde los años 90 del siglo pasado. Desde entonces, la tendencia hacia una militarización y trasnacionalización de la guerra a las drogas contribuyó al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y de cuerpos policiales militarizados, estrategia diseñada por Washington en detrimento de las tendencias regionales hacia la democratización de sus sociedades, la desmilitarización y una mayor protección de los derechos humanos.

Desde entonces, también, el estado de derecho en países como México se fue transformando en un cascarón vacío, donde las funciones y las instituciones garantes de un sistema democrático siguieron existiendo como estructura, pero en lugar de cumplir con sus mandatos constitucionales, se pusieron al servicio de los intereses de la plutocracia y sus administradores civiles, borrando cualquier garantía constitucional, erigiendo la impunidad a regla de convivencia civil, en un proceso de contaminación y resquebrajamiento que se ha venido profundizando hasta nuestros días.

A todas luces México no es un Estado democrático de derecho. Durante el sexenio de Peña Nieto la descomposición del principio de legalidad y la vulneración flagrante de los derechos humanos se han profundizado. Así lo revela el más reciente estudio del World Justice Project 2015, de Washington, DC, que ubica a México en el lugar 79 de 102 países estudiados, reprobado con una calificación de 0.47, debajo de Burkina Faso, Tanzania, China y Túnez.

En ese contexto, el actual dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, cuyo contenido forma parte de las garantías individuales, es una pieza jurídica propia de un Estado autoritario.

La emboscada

Carlos Fazio

La agresión armada contra un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, sigue generando contradicciones. Como pocas veces antes, la narrativa de los mandos castrenses parece ajustarse a la verdad de los hechos: tanto el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la tercera región militar en Mazatlán, como el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, señalaron que hacia las 3:30 horas del 30 de septiembre, una ambulancia de la Cruz Roja y dos vehículos Humvee del Ejército fueron emboscados en la carretera México 15 en el acceso norte a Culiacán, con saldo de cinco soldados muertos, 10 lesionados y dos ilesos. Los soldados fueron agredidos con armas de gran volumen y potencia de fuego (granadas de fragmentación y fusiles Barret .50, AR-15 y AK-47), por un grupo de la delincuencia organizada que los estaba esperando, dijo Duarte.

Más allá de la retórica adjetivada de dos profesionales de la violencia como son los divisionarios Cienfuegos y Duarte, quienes calificaron el ataque de alevoso y cobarde, propio de enfermos, insanos, bestias criminales −seguido de amenazas de retaliación o represalia que se retrotraen incluso a la ley del talión del siglo XVIII aC−, cabe consignar que la emboscada es una de las técnicas guerreras más eficaces para hostigar, aniquilar, destruir, obtener e incautar material y equipo al enemigo, y que por definición es un ataque violento, sorpresivo y engañoso breve, contra un blanco u objetivo en movimiento o detenido de manera temporal, que incluye una retirada rápida y segura sobre una ruta prestablecida.

Las bases esenciales de una emboscada son buena información, una cuidadosa planificación y la elección inteligente del lugar. Pero en el caso de marras, más que un plan detallado a partir de información previa que permitiera conocer cómo opera el enemigo y la hora en que pasaría por cierto punto o área, parece tratarse de una acción improvisada o inmediata contra un blanco de oportunidad, montada y ejecutada a partir de la intervención (o escucha) de las frecuencias de radio utilizadas por soldados de la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en San Ignacio, desde que un par de horas antes incursionaron en Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde tras un supuesto enfrentamiento resultó herido el presunto delincuente Julio Óscar Ortiz Vega, ataviado con ropa militar.

El aparente objetivo de la emboscada fue rescatar a Ortiz Vega, quien era trasladado en la ambulancia. En la operación, los agresores habrían utilizado algún tipo de aditamento explosivo para incendiar las dos unidades donde se transportaban los militares, dos de los cuales fueron consumidos por las llamas. Según la narrativa oficial, en la emboscada participaron alrededor de 40 sicarios que habrían utilizado unas 15 camionetas blindadas.

Una cronología de hechos elaborada por la policía ministerial de Sinaloa señala que a partir de una llamada anónima denunciando disparos en la avenida Salvador Dalí, frente al número 3059 del fraccionamiento Espacios Bar­celona, a las 3:26:21 una operadora del Centro de Emergencias y Respuestas Inmediatas de Sinaloa (CERI) avisó, por radio, del incidente a las autoridades federales, estatales y municipales del estado, incluida la Sedena, que dio acuse de recibido. Doce minutos después llegó al lugar un policía ministerial y en seguida varias patrullas municipales y el coordinador de Seguridad Pública de Sinaloa, general retirado Moisés Melo. El Ejército arribó una hora después.

A juzgar por los datos descritos, la emboscada se ejecutó en un lapso breve (10 minutos) y con una precisión y fuerza militar inusuales en los grupos de la economía criminal. Dado que desde 2007 está vigente la Operación Sinaloa y en septiembre último se instaló en la entidad un grupo especial de reacción inmediata integrado por elementos del Ejército, la Marina y de las policías Federal, estatal y municipal, no queda claro qué falló, por qué y quiénes son los responsables en la cadena de mando.

¿Cómo fue posible que a esa hora de la madrugada una concentración de 15 vehículos con al menos 40 hombres haya pasado desapercibida ante las cámaras de videovigilancia del sistema de monitoreo C-4? ¿A qué obedecieron las declaraciones y filtraciones de fuentes militares y de inteligencia a columnistas de Estado, que de manera indistinta atribuyeron la autoría del hecho a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán (Alfredo e Iván); a las llamadas Fuerzas Especiales, de Dámaso López Núñez, El Licenciado (integradas presuntamente por desertores del Ejército, la Marina y la Policía Federal), y al cártel Jalisco nueva generación, de Nemesio El Mencho Oceguera, en una eventual alianza con Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, de los Beltrán Leyva? ¿Se trató de enturbiar el caso?

¿Pudo ejecutar la emboscada un comando militar de otro tipo? Y si fuera así, ¿con qué objetivo? ¿Para llevar la guerra no convencional, asimétrica y de contrainsurgencia por territorios y recursos al llamado Triángulo Dorado formado por los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango bajo la pantalla de la guerra al crimen organizado?

¿A qué obedeció la operación de saturación e intoxicación mediática −chan­tajista y manipuladora− impulsada por el ciudadano-general Cienfuegos con el aparente aval de su comandante en jefe, el autista Enrique Peña Nieto, coreografiada en el Zócalo el 7 de octubre? ¿Fue para apaciguar el enojo castrense en momentos que se rompen pactos y cunden las deslealtades? ¿Se fracturó la hegemonía del sistema político y asistimos a un acelerado proceso de descomposición del régimen?

La agresión contra los soldados en Culiacán constituye un delito que debe ser investigado por las autoridades competentes de manera pronta, objetiva e integral, y sus responsables sancionados. A 10 días del hecho no hay detenidos. Ante el fracaso de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y el desbloqueo de los fondos de la Iniciativa Mérida, ¿se prepara la llegada formal de soldados y contratistas de Estados Unidos?

Consecuencias del alza de la tasa de interés

Arturo Huerta González*

El Banco de México (BdeM) decidió el jueves 29 de septiembre aumentar la tasa de interés interbancaria de 4.25 a 4.75 por ciento con la finalidad de frenar las presiones inflacionarias derivadas de la devaluación del peso. Señala que es crucial reforzar las políticas orientadas a fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país y que ello coadyuvará a una mayor estabilidad financiera.

El problema es que con la contracción del gasto público que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el alza de la tasa de interés del BdeM, no se fortalecen los fundamentos macroeconómicos ni se logra la estabilidad financiera. El alza de la tasa de interés aumenta la carga del servicio de la deuda pública, lo que presiona las finanzas públicas. La contracción del gasto público dirigida a disminuir el déficit fiscal, como el monto de la deuda pública, y la actividad económica para reducir el crecimiento de importaciones y las presiones sobre el sector externo, tampoco logra dichos propósitos. La contracción de la actividad económica derivada del alza de la tasa de interés, como del menor gasto público, disminuye el ingreso nacional y con ello la recaudación tributaria, que depende del ingreso nacional, por lo que siguen las presiones sobre las finanzas públicas. Asimismo, la menor actividad productiva, lleva a que las importaciones sigan creciendo para satisfacer la demanda interna, por lo que siguen las presiones sobre el déficit de comercio exterior.

El alza de la tasa de interés va orientada a promover entrada de capitales y a frenar su salida del país para evitar mayor déficit en la balanza de pagos y mayor devaluación, pero es difícil que el alza de la tasa de interés promueva entrada de capitales y frene su salida, dado que con la devaluación (que va en 20 por ciento en el año) pierden más que el rendimiento que les da la tasa de interés. Al encarecerse el costo del crédito y al restringirse el gasto público, la inversión crece menos, así como la productividad y la capacidad productiva, por lo que seguirán las presiones de oferta sobre la balanza de comercio exterior, no alcanzándose la fortaleza buscada en el sector externo.

Con el alza de la tasa de interés y la contracción del gasto público, el costo de la deuda tiende a crecer más que el ingreso nacional, es decir, que el ingreso de empresas, individuos y del gobierno, por lo que se restringe la capacidad de pago de la deuda. Ello aumenta la cartera vencida que llevará nuevamente a otra crisis bancaria, por lo que tales políticas no coadyuvan a una mayor estabilidad financiera como el BdeM ha declarado.

El BdeM no puede seguir con su política monetaria restrictiva en la supuesta defensa de la baja inflación. El problema del país no es la inflación, sino la falta de crecimiento. Ellos mismos reconocen que en el segundo semestre de 2016 se registró una contracción económica, y el alza de la tasa de interés y el recorte del gasto público que ellos consideran correcto, nos lleva a menor crecimiento, a agravar los problemas económicos, políticos y sociales del país.

Con tales políticas ellos tratan de seguir viabilizando lo que por décadas se ha evidenciando que es inviable. Sus políticas se orientan a crear condiciones de confianza al gran capital, de que se ‘mantendrá’ la estabilidad macroeconómica del país y la libre movilidad de mercancías y capitales, pero la economía nacional no tiene condiciones para ello ni tampoco se logra contrayendo la actividad económica ni aumentando la pobreza y extranjerización del país. El contexto de recesión económica y de presiones permanentes sobre las finanzas públicas y el sector externo y los crecientes niveles de endeudamiento, llevan a que el riesgo país aumente, por lo que el capital seguirá saliendo del país y no vendrá, lo que compromete el financiamiento de los desequilibrios macroeconómicos que se enfrentan (déficit fiscal y del sector externo), acentuando la crisis económica nacional.

Estamos viviendo la crónica de una crisis anunciada. Cada día la economía nacional se adentra a un colapso que nos lleva a la recesión, a mayor desempleo y subempleo, mayor pobreza y desigualdad, que retroalimenta el clima de violencia e inseguridad que se vive.

No se puede seguir insistiendo en un modelo económico que no responde a los intereses nacionales, sino a los propósitos de los dueños del dinero. Ello es inviable económica y políticamente. Con los crecientes problemas que afrontamos, irá cambiando la correlación de fuerzas, que demandarán cambio de rumbo, a fin de evitar crisis de mayores proporciones, de la que ya enfrenamos.

*División de Estudios de Posgrado. Facultad de Economía, UNAM