El papel desestabilizador del “oenegeísmo”

Aram Aharonian


Mediante las ONG financiadas y patrocinadas por los países y organismos centrales del neoliberalismo se ataca al Estado incidiendo ideológicamente. Un editorial del diario mexicano La Jornada – «ONG, vehículos de desinformación»-, puso nuevamente en debate el tema de las organizaciones no gubernamentales, insertadas en el imaginario colectivo por una intensa y agresiva campaña publicitaria por los medios hegemónico, como integrantes del llamado campo popular.

El editorial denuncia que varias ONG publicaron un comunicado conjunto en el cual sostienen que, de ser aprobada, la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el gobierno al Congreso, afectaría los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, además de que se alejaría al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales.

Falsedades, medias verdades destinadas a favorecer a las trasnacionales energéticas son las que muestran  organizaciones locales e internacionales como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca), el Colectivo Ecologista Jalisco, Colima 2030, Conexiones Climáticas, Greenpeace México e Iniciativa Climática de México (ICM).

Estas ONG repiten de manera acrítica y carente de fundamento los alegatos de las grandes corporaciones privadas del sector, los organismos cupulares del empresariado como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la oposición empresarial y política que rechaza el proyecto de reforma.

Con dolo y/o por desinformación, lo que se presenta como discurso ambientalista, de promoción de los derechos humanos y combate al cambio climático termina por servir a los intereses de perpetuación de negocios sucios a costa de los objetivos que dicen defender y en detrimento del patrimonio del país, dice el editorial.

Lo cierto es que las ONG en América Latina no sólo infiltran ideológicamente a los sectores populares (penetración desde abajo y adentro) con los cuales trabajan directamente en proyectos de autoayuda y desarrollo microempresarial, en escuelas, barrios, cooperativas, comunidades marginales, áreas rurales, fábricas etc..

También infiltran ideológicamente a los cuadros de organizaciones y a éstas, potencialmente calificadas para vigorizar al movimiento popular, darle formación político-ideológica y ser promotoras y acompañantes del cambio político-social.

Calma. No todas las ONG son iguales, hay algunas que cumplen con su trabajo y sí se pueden contar dentro del campo popular, pero nadie puede creer que sea humanitaria una organización financiada por George Soros, como Open Society, o por Bill & Melinda Gates, ¿no?

La actividad local, emblema de acción de las ONG, es una trampa ideológica, pues desarticula al movimiento popular mediante paradigmas falsos como el del “no poder” y también mediante la competitividad por recursos financieros.

Y trabaja paralelamente con el proyecto hegemónico, pues les permite a los regímenes neoliberales, las transnacionales y las entidades financieras internacionales dominar la política socioeconómica macro y canalizar la mayoría de los recursos del Estado como subsidios al capital exportador y al pago de la deuda externa. Lo hemos sufrido en toda América Latina (y ahora intentan, en la nueva ofensiva conservadora, que lo volvamos a sufrir): se ajusta el gasto fiscal, menos recursos para salud, educación y viviendas populares y más

Desde los años 1980 las organizaciones no gubernamentales (ONG) se expandieron por todo el mundo abriendo un importante espacio político, cultural y socioeconómico, prácticamente en cada rincón del planeta. Se calcula que actualmente hay más de 10 millones de ONG en el planeta. En la India, por ejemplo, hay una ONG cada 600 personas.

Para lograr esto, los medios de comunicación globalizados destacan día a día su rol en la educación, la lucha contra la pobreza y el analfabetismo, la protección del medio ambiente, la promoción de libertades civiles, protección de los derechos humanos etc., pero ocultan su lado oscuro, señala Vicky Peláez. Hay aproximadamente unas 40.000 ONG subvencionadas por los gobiernos norteamericanos y europeos y que fueron creadas con el fin específico de ser instrumentos de los globalizadores de Washington y Bruselas.

Mediante las ONG financiadas y patrocinadas por los países y organismos centrales del neoliberalismo se ataca al Estado incidiendo ideológicamente sobre los sectores conflictivos que sufren las medidas de choque económico, el paquete de reformas estructurales encomendadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial.

Pero también de  las fundaciones occidentales, los partidos neoliberales y derechistas de Europa y EEUU, los think tanks de la ultraderecha libertaria, los clubes de los millonarios y los medios corporativos, que financian desde abajo a estas ONG.

Con la intervención de las ONG y de sus proyectos diseñados en los países centrales se desvincula al Estado –aún más- de sus compromisos con las mayorías populaes. Las funciones del Estado son ausmidas en forma empresarial por las ONG. La función social se transforma en función privada, ya que sus proyectos son “vendidos”.

Una de las características ideológicas de las ONG es la del voluntarismo privado, que tiene como fin socavar el sentido de lo público. Para destacar, asimismo, el mimetismo travesti de su lenguaje: poder popular, sociedad civil, lucha por al libertad de la opción sexual, libertad de expresiónn, igualdad de género, desarrollo sustentable, liderazgo de base. Todo muy “progre”.

Un poco de historia

La idea de crear organizaciones no gubernamentales que podrían ser utilizadas por los servicios de inteligencia para la creación de las redes sociales en África, Asia y América Latina con el propósito de promover los intereses estaounidenses y trasnacionales surgió a fines de la primera mitad del siglo 20, pero recién fue puesta en marcha en 1961, impulsada por el triunfo de la revolución cubana en 1959, cuando por una orden ejecutiva fue creada la Agencia de EEUU para el Desarrollo (Usaid).

El estadounidense William A. Douglas en Developing Democracy (1972) señalaba que la gente en los países en desarrollo son como unos “niños” que necesitaban “una tutela, reglamentación y el control del gobierno de EEUU”. Para él, el proceso de transformación global no podría ser realizado a través de los gobiernos, se necesitaba crear organizaciones de base en cada lugar del planeta bajo el control de las agencias especializadas estadounidenses.

Estas organizaciones de base tomaron en los años 1980 la forma de las organizaciones no gubernamentales que, bajo el control del Departamento de Estado, tenían que desestabilizar los gobiernos no afines a la política estadounidense a través de un trabajo sutil, encubriendo sus propósitos subversivos con unos programas reales como la lucha contra la pobreza extrema.

A la vez, fue precisamente la Usaid la que envió al famoso especialista norteamericano en tortura Dan Mitrione a Brasil en 1960-1967, a República Dominicana en 1965 y a Uruguay en 1969-1970. La Usaid participó también activamente en todos los golpes de Estado e intentos de golpes que tuvieron lugar en África, Asia y Latinoamérica desde 1961 hasta ahora, en estrecha colaboración con la CIA, el DIA (Servicio de Inteligencia Militar), el FBI, la DEA, la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), etc

Mientras existían la Unión Soviética y el campo socialista, la Usaid junto con otras ONG como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) hicieron todo lo posible para contener la influencia ideológica de la URSS, siendo misioneros ideológicos y operativos del imperio durante la Guerra Fría.

Con los llamados –por ellos–democracias limitadas, no se podía emplear los procedimientos de “choque social” (centros clandestinos de detención y desaparición, torturas, eliminación masiva de oponentes políticos) que se llevaron a cabo durante las dictaduras militares de la década anterior.

Estas organizaciones de “base” debían enarbolar una lucha sin cuartel expresa o enmascarada hacia toda idea de intervención del Estado, al son de las ideas del neoliberalismo, desde los centros y superestructuras hacia las áreas conflictivas, barrios, comunidades, asentamientos urbanos y rurales pobres.

La ideología antiestatista debía ser el motor de intervención dentro de las clases conflictivas, tendiente a producir un colchón social que descomprimiera el descontento de las mayorías populares y desarticulara el movimiento social y popular de clase.

Otro factor histórico ayudaría a la confusión del carácter político de las organizaciones no gubernamentales por parte de muchos sectores del campo popular y antiimperialista: el papel desempeñado por algunas de ellas en defensa de los derechos humanos durante las sangrientas dictaduras del Cono Sur y los años de represión con grado de genocidio y etnocidio en Centroamérica.

En este período, incluso desde la izquierda, eran vistas como parte integrante del campo progresista, pese a que sus denuncias de atentados a los derechos humanos jamás incluían a las violaciones perpetradas por EEUU o países de Europa (en sus invasiones a numerosos países), reafirmando concepciones colonialistas: superioridad moral de centro, primitivismo de la periferia, o se civilización desde el centro (EEUU y Europa) y  barbarie desde la periferia.

Una de las tareas es formar miles de disidentes en los países que no siguen el rumbo trazado en Washington o Bruselas. La cuestión es organizar y financiar a los potenciales descontentos en los países y lavarles el cerebro a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Tres países del grupo BRICS, Rusia, India y China, promulgaron la ley de Registro de Agengtes Extranjeros respecto de las ONG que reciben fondos desde el exterior. Si bien es similar a la que rige en EEUU desde 1938, Washington anunció “el fin de la democracia” en China y Rusia…

Para cumplir con estas tarea de desestabilización –en nombre de su democracia- las cuatro organizaciones de la NED –Free Trade Union Institute, Center for International Affairs, The National Democratic Institute for International Affairs-, como su sobordinada ONG Freedom House, en coordinación con la Usaid, se dedican oficialmente a financiar y canalizar las fuerzas de las principales organizaciones afines de la sociedad civil en casi cien países.

Los profesionales de la solidaridad

Una década atrás, el diario El País de España dedicó una página entera al tema con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupaba ya entonces en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). En el artículo se cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca.

Cada vez son más concurridos los cursos y posgrados de especialización en ONG impartidos por escuelas de negocios, recordaba el diario español. Las ONG capitalistas actúan como un verdadero disolvente de la sociedad civil. Numerosos militantes y organizaciones populares han sido cooptados por las ONG.

Los “expertos” de las conferencias de donantes recomiendan que Haití debería fortalecer más el sector privado (más del 90% de su sistema educativo y sanitario ha caído en manos privadas), la transparencia y el buen gobierno. La ironía es que todo apunta a que las recetas deberían aplicárselas a sí mismas las opacas ONG, reluctantes a rendir cuentas a nadie, incluidos los gobiernos donantes.

Obviamente, durante varias décadas hasta hoy, las ayudas a Haití nunca llegaron a los haitianos: quedaron en manos de las ONG europeas y estadounidenses, y sus contratados, que lucran con el hambre de los caribeños.

Electricidad, la contienda por la nación

Eduardo Nava Hernández

A estas alturas debe haber quedado claro para todos que la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el régimen de generación y distribución de electricidad impuesto por la reforma privatizadora de 2013 es la lucha más importante de este sexenio, al parecer la única, para restablecer el mandato constitucional de un Estado rector de la economía.

Será la segunda ocasión en que este gobierno —si la reforma se consolida— estará afectando intereses económicos muy poderosos, como ya lo hizo con la cancelación del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los inicios del sexenio. Pero, a diferencia de éste, que se resolvió con un decreto del Ejecutivo y el pago de indemnizaciones o el trueque de los contratos de construcción por los de otras obras gubernamentales de inversión, incluida la terminal aérea “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, ahora se trata de una reforma constitucional sumamente compleja.

En su libro 2018: la salida, publicado más de un año antes de la elección que lo llevó a la presidencia, López Obrador exponía en relación con las llamadas reformas estructurales realizadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto:

Admito de entrada que soy partidario de revertirlas; tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo sino que lo perjudican. Pero no responderemos a una imposición con otra imposición; en cambio, se consultará a la gente si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría.

Esto no significa que el nuevo presidente dejará de expresar su postura o no tratará de convencer de que por el bien de la República es indispensable recuperar el sector energético para integrarlo, convertirlo en palanca del desarrollo nacional y manejarlo con eficiencia y honestidad para reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y los productos petroquímicos […]

Hasta ahora, el ofrecimiento de una consulta popular acerca de las reformas peñanietistas no se ha cumplido, y de hecho no se cumplirá, pues el presidente prefirió proponer un plebiscito en relación con muy otro tema (la persecución a los presuntos delitos de los ex presidentes) y, en cambio, enviar de manera directa al Congreso su iniciativa de reforma constitucional en relación con el sector eléctrico. Pero, aunque expresada en términos abstractos, parece claro que la intención plasmada cuatro años atrás es la que anima la propuesta actual de reforma al sector eléctrico.

Sin embargo, la reversión de la desnacionalizadora reforma diseñada y ejecutada por el gobierno anterior enfrentará enormes obstáculos aún por salvar. Desde luego, el más grande, reunir la mayoría legislativa calificada en ambas cámaras del Congreso para realizar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuando la composición actual de aquéllas ya no alcanza para ello a Morena y sus aliados, el PT y el convenenciero PVEM. La reforma constitucional es indispensable porque, como se recordará, el 3 de febrero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo declarando inconstitucional el acuerdo de la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenece) que daba preferencia en el despacho de electricidad a la generada por la Comisión Federal de Electricidad por sobre la de los (muchos) generadores privados: la española Iberdrola, AES Corporación, Enel Green Power, Grupo México, ILIOSS, Acciona, Minera Autlán y Mexichem, entre otros, que han llegado a cubrir el 45 % del abasto de energía que la CFE se ve obligado a distribuir a altos costos a través de sus líneas de transmisión, en aras de la pretendida “libre competencia”.

La apuesta del Ejecutivo para lograr esa cuota parlamentaria es alta: dividir a la oposición emplazando, por una parte, al PRI en lo particular a reasumir su histórico discurso “nacionalista revolucionario” y virtualmente compartiendo el poder (o cooptando) a un sector del priismo al que se entregó en la Cámara de Diputados comisiones de primera importancia como la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la de la Comisión de Gobernación y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. También está dispuesto el presidente a incorporar a su gobierno a ex gobernadores de origen priista como Quirino Ordaz (próximo embajador en España), y quizás Héctor Astudillo que acaba de entregar el gobierno de Guerrero. Más aún: no está excluida la incorporación de panistas al gabinete, como podría ser la de Antonio Echeverría, que también ha terminado poco ha su gestión en Nayarit.

Para el gobierno federal y sus aliados se trata de avanzar en la discursivamente declarada guerra contra el neoliberalismo, que pocas veces se ha concretado en hechos; para los opositores es la aparente defensa de un principio consagrado por el pensamiento liberal, el de la llamada “libre competencia”, pero sobre todo de una red de relaciones, tráfico de influencias y de elevadas ganancias a costa del presupuesto público, obligado por los contratos con los nuevos abastecedores privados a dar preferencia en la distribución y abasto a la energía generada por éstos y a relegar la de la Comisión Federal de Electricidad.

La oposición legislativa ha sacado nuevamente sus argumentos, ya expuestos por los productores privados, el Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Suprema Corte: la libre competencia en la generación de electricidad es lo que puede bajar los costos de producción y las tarifas a consumidores; la iniciativa presidencial favorece las energías “sucias” y no las limpias: eólica, geotérmica, solar. Argumentan también algo que puede ser verdad: “Por la capacidad instalada de CFE, incluyendo el diésel y el combustóleo, no hay espacio para generadores adicionales en el mercado. Ustedes lo aniquilan con el despacho por capricho”, dijo en febrero pasado el priista Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE en el gobierno de Peña Nieto.

Desafortunadamente para los opositores a la iniciativa del Ejecutivo, la realidad los desmiente una y otra vez. El esquema de generación privada y prioridad a ésta en la transmisión y distribución no garantizan por sí mismos el abasto, la reducción de costos ni la baja en las tarifas.

La estructura productiva del sector en el periodo reciente ha hecho dependiente a nuestra industria eléctrica, como se sabe, de las importaciones de gas para las plantas termoeléctricas, de los Estados Unidos y en particular de Texas. Las inesperadas heladas en ese Estado de la Unión Americana el invierno pasado vinieron a desmentir varios de los argumentos de los opositores. Mostraron la inconveniencia de ser dependientes del mercado externo bajo la premisa —típica del monetarismo— de que es más barato comprar el gas en el mercado externo que buscar la autosuficiencia. El corte de exportaciones decretado por el gobernador de Texas en febrero mostró que no existe tal cosa como el “libre mercado”; que los poderes públicos y económicos se imponen en las transacciones, aun por encima de contratos. El gobernador texano Greg Abbott pudo determinar suspender el flujo de exportaciones de gas para priorizar el abasto a la población de su Estado. Y tenía razones políticas y sociales para ello. ¿Pero hay de verdad libre competencia, cuando un gobernador puede decretar repentinamente la suspensión de las exportaciones a las que, desafortunadamente, los anteriores gobiernos mexicanos ataron nuestro futuro energético? Como se recordará, fue la CFE con sus propias instalaciones la que, en muy pocos días logró restablecer el servicio y superar la crisis de abasto en el noreste de nuestro país.

Texas también mostró los límites de la privatización. En un Estado que cuenta con plena liberalización energética (alrededor de 200 productores privados) y la más libre competencia, en medio de las heladas los usuarios vieron cómo sus facturas de consumo se iban hasta cuatro mil dólares, cuando antes pagaban 200 (https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias-texas/2021/02/20/preparese-para-recibos-de-luz-elevados-en-texas-mujer-de-dallas-pagaba-200-por-mes-ahora-debe-3979/).

El otro caso digno de mencionarse es el de la crisis energética que ya vive desde este otoño la Unión Europea, particularmente en España, Rumania, Grecia y la misma Alemania, países en los que en tan sólo pocas semanas, y aun antes de que empiece la estación de fríos extremos, las tarifas pagadas por los usuarios han alcanzado niveles históricos. En España los gobiernos ultraliberales del Partido Popular impusieron, desde luego, la privatización completa del sector vendiendo las empresas públicas y abriendo por completo el mercado de generación y distribución de la energía, y las tarifas se incrementaron hasta en 52 por ciento en tan sólo siete días. Es uno de los países de la UE, junto con Portugal y Alemania, donde hoy es más caro el consumo. España produce tres cuartas partes de su energía con gas natural; las fuentes “limpias” —la ilusión que Iberdrola y otras empresas quieren vendernos en México — están muy lejos ahí de cubrir ni siquiera una parte significativa de la demanda, y más aún con la reanimación de la economía después del 2020 de la pandemia.

Los países de la UE que mejor han logrado salvar esta crisis de abasto y tarifas son, no por casualidad, los Países Bajos y los nórdicos como Suecia y Finlandia, así como Malta y Estonia, en donde se mantuvo una fuerte presencia del sector público y también una red de conexión internacional que les permite abastecerse de las fuentes más competitivas de la región. Pueden verse los datos del viejo continente en https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/precio-electricidad-hogares-union-europea/.

En resumen, la electricidad es y debe ser reconocido como un sector estratégico de la economía que nunca debió colocarse bajo el interés de la inexistente “libre competencia”, en realidad el dominio de los oligopolios sobre el mercado, incapaces de garantizar el abasto suficiente y a bajos costos para el conjunto de la población y las empresas. La recuperación de la rectoría económica del Estado, prevista en el artículo 28 de la Constitución es indispensable para un proyecto viable de nación.