El factor Johnson

Carlos Fazio

22 de diciembre de 2025

Mientras se discute una eventual fusión de los comandos Norte y Sur del Pentágono –que como proyección de poder hemisférico se convertiría en Comando América–, en el campo militar, de seguridad e inteligencia, antes de conocerse, el Corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823 ya había arrojado buenos dividendos en México. Tal como lo reconoció el viernes pasado en Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, la colaboración entre Estados Unidos y México “es la más alta de su historia”. Pero no dio detalles. 

Algunos antecedentes de la alianza militar estratégica hablan por sí solos. Como reveló La Jornada el 4 de febrero de 2002 (C. Fazio, “Planea el Pentágono crear una fuerza militar junto con México y Canadá”), nuestro país quedó integrado de facto al perímetro de seguridad de Estados Unidos bajo control del Comando Norte. A su vez, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o el TLCAN militarizado, 2005), la Iniciativa Mérida (2007) llevaría a una desnacionalización acelerada del sistema de seguridad interna. Entonces, las prioridades de la administración Bush Jr fueron: guerra a las drogas (en el territorio mexicano); guerra al terrorismo (ídem); seguridad fronteriza (en los confines norte y sur de México); control sobre la seguridad pública y las distintas policías de México; penetración de las fuerzas armadas locales (Sedena y Semar); creación de bases militares encubiertas denominadas oficinas bilaterales de inteligencia o centros de fusión; construcción de instituciones y reglas similares a las de Estados Unidos (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa y subordinada de México). Así, sin límites de continuidad, Estados Unidos sería codiseñador de la estrategia de “seguridad nacional” mexicana, lo que, más allá de juegos semánticos y otras simulaciones, significó una cesión de soberanía. 

Desde el comienzo de su segundo mandato en enero pasado, utilizando como caballitos de batalla el tema del fentanilo y la designación de los grupos de la economía criminal mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, Trump aplicó al gobierno de la Cuarta Transformación aspectos del llamado “ciclo OODA”: observar, orientar, decidir, actuar. El aspecto clave de esa estrategia de combate es el ciclo: no se trata de un ejercicio único, sino de una serie de acciones conectadas, cada una de las cuales se alimenta de la otra. Se toma una acción y se observa la reacción del enemigo. Se orienta en la reacción y se decide qué opción es mejor antes de actuar. El enemigo reacciona y el ciclo se repite. Hasta que el enemigo muere. 

Públicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a la presión de Trump con su estrategia de la “cabeza fría”, utilizando siempre como frágil herramienta de combate la Constitución mexicana. Sin embargo, por el carril militar, al más alto nivel, el recurrente lenguaje oficial entre el Pentágono, la Sedena y la Semar siguió siendo el de “la seguridad hemisférica y la prosperidad conjunta”, “la colaboración a largo plazo y el entendimiento mutuo”, “la interoperabilidad en situaciones complejas”. Esa fue la narrativa que primó en junio pasado, cuando los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo P. Morales, estuvieron en la base militar de Colorado Springs, sede del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad). La misma utilizada el 19 de noviembre último, durante la visita a México del jefe del Comando Norte, general Gregory M. Guillot. 

La reunión de Guillot con Trevilla y Morales se dio después del enésimo exabrupto de Trump de que en México “gobiernan los cárteles”, y en el marco del lanzamiento de la Operación Lanza del Sur del Pentágono, que incrementó la escalada aeronaval en el Caribe frente a las costas venezolanas, seguida de actos de piratería y terrorismo internacional, mientras circulaban versiones del sobrevuelo de un avión de reconocimiento P-3B Orion monitoreando comunicaciones y la detección de movimientos en la zona serrana de Sinaloa. 

A comienzos de noviembre, diversos medios señalaron que Estados Unidos utilizaría, en caso de aprobarse, drones para desmantelar laboratorios de droga y asesinar a jefes de las organizaciones criminales mexicanas. Y según la cadena de televisión NBC, se movilizarían unidades pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono. Ergo, bajo la autoridad de la “comunidad de inteligencia” y regulados con “el estatus de Título 50”, que se refiere a operaciones encubiertas fuera del contexto militar tradicional, México sería un escenario de acciones clandestinas contra grupos criminales considerados ahora “terroristas” por Washington. 

Por eso, un factor clave del encuentro entre Guillot, Trevilla y Morales fue la inusual presencia del embajador Ronald Johnson, un coronel retirado cuyos antecedentes como mando de las fuerzas especiales del ejército y miembro de la sección operativa de la Agencia Central de Inteligencia (acciones encubiertas), exhiben que desde el comienzo de la actual administración, México fue considerado un blanco estratégico del ahora Corolario Trump. Como siempre, la narrativa oficial aludió a la cooperación militar para enfrentar al crimen organizado, la migración irregular, el terrorismo y las operaciones de desinformación y ataques cibernéticos, presuntamente, con origen en Rusia y China. Pero omitió, obvio, las operaciones encubiertas de la CIA, a su ejecutor sobre el terreno y sus activos nativos (native assets), por lo que la contrainteligencia de las fuerzas armadas deberá estar atenta más allá del discurso nacionalista de la presidenta Sheinbaum.

Plan Frontera Sur: toda la Fuerza del Estado… contra los migrantes

Zósimo Camacho

Desde 2007 y hasta junio pasado México había detenido a más de 1 millón 400 mil migrantes procedentes de América Central, en específico, de los países del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Les corta el paso rumbo a Estados Unidos. Que no lleguen siquiera a la Frontera Norte a molestar al amo. Sólo entre 2013 y hasta la mitad de este 2018 la cifra, obtenida de la Secretaría de Gobernación, ascendía a 750 mil.

Esta política de Estado, traducida en persecución, encarcelamiento y deportación de cientos de miles, muestra claramente el sometimiento de México a las directrices estadunidenses. El problema es de ellos, pero los mexicanos hacen el trabajo sucio. El gobierno mexicano lo llama Plan Frontera Sur.

¿Cómo detener el paso de los millones que huyen de la miseria, el crimen, la violencia, la persecución política? Lo que las autoridades mexicanas han implantado –con el “consejo”, la asesoría y el beneplácito de los gringos–, es criminalizarlos, acorralarlos y encarecer su trayecto. Que caigan en manos del crimen organizado es responsabilidad también de las autoridades mexicanas, pues obligan a los migrantes a escoger las rutas más peligrosas para no ser detectados por el Instituto Nacional de Migración.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense da cuenta de los “apoyos” que los mexicanos reciben para implantar una política migratoria desarrollada por Estados Unidos.

El reporte Mexico’s Immigration Control Efforts (que podría traducirse como Esfuerzos de México en el control de la inmigración) señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha establecido 12 bases navales en los ríos de la Frontera Sur del país. El estudio no los menciona por sus nombres pero deben tratarse del Suchiate, el Usumacinta y el Río Hondo. Además, México ha establecido tres “cordones de seguridad” que se extienden “por más de 100 millas al norte de las Fronteras México-Guatemala y México-Belice, y un programa de vigilancia de drones”.

Es decir, 160 kilómetros país adentro México ha instalado otras “fronteras” para detectar a los migrantes. Y a este operativo se suma la utilización de drones para interceptarlos.

En el informe se advierte que México no tiene una policía fronteriza y que el Instituto Nacional de Migración es la única agencia con autoridad legal para detener a inmigrantes, aunque ahora tiene “asistencia de la Policía Federal”. Celebra que el Instituto haya mejorado la infraestructura en los pasos fronterizos y haya creado “numerosos puestos de control móviles”.

Esto podría explicar por qué, durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el Instituto, contrario a lo que de él disponen las leyes, se transformó cínicamente en una corporación policiaca (igualmente corrupta y violatoria de derechos humanos). No fue casualidad que los dos titulares que tuvo durante el sexenio peñista –Ardelio Vargas Fosado y Gerardo García Benavente– provengan del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Volviendo al documento, el reporte reconoce, sin embargo, que “muchos grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que el Plan Frontera del Sur haga poco para abordar la corrupción entre la policía y los funcionarios de migración”: la mayoría de los crímenes cometidos contra los migrantes quedan en la impunidad “y los controles internos del Instituto y de las fuerzas de seguridad siguen siendo débiles”.

Además señala que la mayoría de niños migrantes detenidos no son conducidos a refugios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de grupos de la sociedad civil, como lo señala la ley. “Dadas las limitaciones de capacidad”, muchos niños terminan en los centros de detención de inmigrantes. Debido a la vulnerabilidad de los menores y las mujeres, reconoce “preocupaciones humanitarias”.

En el informe preparado para los legisladores estadunidenses se destaca que el Departamento de Estado de ese país ha asignado más de 100 millones de dólares (unos 1 mil 850 millones de pesos) de la Iniciativa Mérida a “apoyar los esfuerzos de la Frontera Sur de México”.

Informa que desde el mes pasado México está recibiendo nuevos “apoyos” por 32 millones de dólares (alrededor de 591 millones de pesos) para el mismo Plan Frontera Sur: “principalmente en forma de equipos de inspección no intrusiva, kioscos móviles, equipos caninos, vehículos y capacitación en la aplicación de la ley de inmigración”.

El objetivo de Estados Unidos es que antes de que Peña Nieto deje el poder se haya construido “una red segura de comunicaciones para las agencias mexicanas en la región fronteriza del sur”. ¿Gratis? Claro que no. Para 2019 los gringos quieren que México recopile “información biométrica” de los migrantes en todas las estaciones migratorias para “interactuar con las bases de datos de Estados Unidos”.

En México la migración no es un delito, me explicó en una entrevista la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. La jurista dijo entonces que ingresar al país sin documentos es, acaso, una falta administrativa: “como conducir sin licencia”.

El Artículo 11 de la Constitución parece no dejar lugar a dudas: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes […]”.

A Sánchez Cordero el encarcelamiento de migrantes le resultaba escandaloso, pues se trata de detenciones llanamente ilegales. “La Constitución es absoluta y totalmente tajante en este sentido. Si nosotros pretendemos volver a la Constitución y que la Constitución se aplique, tenemos que acatarla de forma irrestricta”, concluyó inequívoca, palmaria.

Ahora que será secretaria de Gobernación tendrá la oportunidad de echar abajo esa política impuesta por Estados Unidos. Tiene la oportunidad de honrar sus palabras.

Tillerson, la militarización y el petróleo

Carlos Fazio

En el contexto de una disputa geopolítica con competidores capitalistas extracontinentales (China, Rusia, Unión Europea) que desafían la hegemonía del imperio en su tradicional zona de influencia, la reciente gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica tuvo una clara proyección expansionista con base en dos ejes principales: seguridad y energía.

Como integrante de la clase capitalista trasnacional, Tillerson, ex director ejecutivo de la corporación petrolera privada estadunidense Exxon-Mobil, cuarta compañía del ramo a escala mundial detrás de las estatales Aramco (Arabia Saudita), NIOC (Irán) y CNPC (China), esgrimió un enfoque mercantilista primitivo (Jorge Eduardo Navarrete dixit), tan anacrónico como la Doctrina Monroe en la que basó su discurso en la Universidad de Texas, en Austin, un día antes de su arribo a México.

El modelo Tillerson de relaciones hemisféricas encarna la tradicional diplomacia de guerra de Washington, acentuada ahora debido a la crisis estructural y de legitimidad del sistema capitalista mundial, caracterizada por William I. Robinson como la fusión del poder político reaccionario en el Estado, fuerzas ultraderechistas, autoritarias y neofascistas en la sociedad civil, y el capital corporativo trasnacional. Una triangulación de intereses que, en perspectiva, bajo la administración Trump, va configurando un Estado policiaco global de corte neofascista.

En ese contexto, las fracciones del gran capital más propensas a un fascismo del siglo XXI se sitúan en el sector financiero especulativo, el complejo militar-industrial-securitario-mediático y en las industrias extractivistas, entrelazadas con el capital de alta tecnología/digital.

Dada la magnitud de la crisis del capitalismo, su alcance global, el deterioro social y el grado de degradación ecológica que genera, para contener las protestas y/o rebeliones reales o potenciales, la plutocracia dominante viene impulsando diversos sistemas de control social de masas, represión y guerra (abiertas o clandestinas), que son utilizados, además, como herramientas para obtener ganancias y seguir acumulando capital frente al estancamiento. Lo que Robinson llama acumulación militarizada o por represión.

Tal categorización alude al talón de Aquiles del capitalismo: la sobreacumulación. La creciente brecha entre lo que se produce y lo que el mercado puede absorber. Si los capitalistas no pueden vender sus productos, no obtienen ganancias. Dada la enorme concentración de la riqueza –con sus correlativos niveles de polarización social y desigualdad global sin precedente−, la clase capitalista trasnacional necesita encontrar salidas productivas rentables para descargar enormes cantidades de excedentes acumulados.

De allí que los complejos energéticos y extractivistas recurran a la intensificación y profundización del neoliberalismo vía la privatización de la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, ferrocarrilera, de oleoductos, gasoductos y electricidad (verbigracia, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el caso mexicano); la superexplotación laboral y precarización del trabajo (subcontratación, tercerización), y políticas de desregulación total y mayor subsidio al capital trasnacional.

Dichas políticas de relocalización de capitales, reindustrialización y acumulación por desposesión o despojo de territorios y materias primas en economías dependientes, se ha venido dando en México, Centro y Sudamérica por conducto de golpes suaves, la imposición de facto de un estado de excepción permanente y el establecimiento de estados policiacos, cuyo soporte son la militarización de la sociedad civil y distintas modalidades de guerras tácticas sin fin, camufladas como lucha antidrogas o contra enemigos internos −los mapuches bajo el (des)gobierno de Mauricio Macri−, con armamentos avanzados impulsados por la inteligencia artificial, incluidos sofisticados sistemas de monitoreo, rastreo, seguridad y vigilancia.

En ese contexto cabe resaltar que en su discurso en la Universidad de Texas, Tillerson colocó la energía, en particular los hidrocarburos (petróleo, gas, aceites no convencionales), como punto nodal de la renovada estrategia hemisférica de la administración Trump. Puso como modelo la fuerza energética de América del Norte; la apertura (privatización) de los mercados de energía en México, y el papel de Estados Unidos como proveedor de gas natural para nuevas generadoras de electricidad en la región.

De hecho, México −que desde 2007 con la Iniciativa Mérida encabeza la lista de ayuda encubierta de inteligencia militar del Pentágono y la CIA, después de Afganistán− va camino a ser reconvertido en una plataforma de exportación de petróleo, gas natural y gasolinas producidas en la Cuenca de Permian y Luisiana, hacia el mercado asiático (Japón, China, India, Corea del Sur, Taiwán), vía los puertos de Manzanillo y el eje Coatzacoalcos/Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, que aprovechando la infraestructura instalada de Pemex, dará a las corporaciones de energía ventajas por menor tiempo y bajo costo de transporte, que si lo hicieran mediante el Canal de Panamá.

Dado que los hidrocarburos son un componente central de la estrategia neocolonial militarizada y de seguridad energética de Donald Trump y las corporaciones del sector −en clave de restauración conservadora y de defensa de su hegemonía−, Petróleos de Venezuela (PDVSA, quinta empresa petrolera mundial) fue otro objetivo central de la gira de Tillerson. De allí que instruyera a los gobiernos colaboracionistas cipayos de Enrique Peña Nieto, Mauricio Macri, Pedro Kuczynski y Juan Manuel Santos, las nuevas modalidades que deberán desempeñar de cara a la intensificación del cerco militar, económico y financiero contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, incluido un eventual embargo petrolero como nuevo precipitador de una crisis humanitaria que justifique una intervención militar multilateral.

El huevo de la serpiente

Carlos Fazio

Finalmente, el poder militar terminó por doblegar a su mando civil. Por miedo o cobardía, Enrique Peña Nieto terminó cediendo de manera voluntaria el poder civil al castrense. Volvió legal lo que ningún presidente civil había permitido en el México posrevolucionario por los peligros que entraña. Aunque en rigor, con la imperiosa necesidad manifestada al impulsar una ley que busca amparar la actividad anticonstitucional de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, buscaba protegerse a sí mismo.

La hora es difícil y sombría. Después de dos años de un pertinaz activismo político-deliberativo salpicado de chantajes, mentiras y de una propaganda demagógica a contrapelo de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, los mandos militares impusieron su ley. Seguirán afuera de los cuarteles de manera indefinida, sin contrapesos institucionales y sin transparentar o rendir cuentas a nadie, con lo que se profundizará la estrategia de (in)seguridad militarizada diseñada por el Pentágono en el marco de la Iniciativa Mérida, que ha derivado en una catástrofe humanitaria con su cauda de torturas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y desplazamiento de población.

En lo que podría configurar un virtual golpe de Estado técnico, la aprobación por el Senado de la llamada ley de seguridad interior convertiría lo que hace 11 años Felipe Calderón promovió falsamente como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, en la “petrificación de un statu quo” (Jan Jarab, comisionado de Derechos Humanos de la ONU, dixit) signado por una violencia estatal sin límites. Y así como el régimen anterior vivió bajo una forma de emergencia de lo permanente, ahora, con la nueva ley, la excepción se volverá regla.

Ese es el quid de la cuestión: la ley de seguridad interior busca dar protección jurídica a aquello que los militares han venido haciendo de manera irregular y extralegal. La exigencia de los mandos de regular el uso de la fuerza de unas instituciones armadas preparadas para exterminar al enemigo, busca constitucionalizar esa práctica; sólo que ninguna ley permite torturar, matar o desaparecer personas. Pero además, ahora, bajo presión castrense, la aprobación senatorial de la iniciativa de un Presidente frívolo y pusilánime, darán al Ejército y a la Marina atribuciones que no deberían tener (máxime sin una declaración de guerra): tareas de investigación, persecución de delitos, control social o espionaje sobre la población y represión. Se legalizará, pues, la claudicación de los poderes civiles frente a la casta militar. Mala cosa.

Como en la metáfora del huevo de la serpiente del clásico filme de Bergman, a través de la membrana del actual régimen de dominación cualquiera puede ver el futuro: ante la agudización de la guerra de clases (Warren Buffett dixit) y la actual insurgencia plutocrática (Thomas Bunker) disciplinadora y depredadora; en la antesala de un año electoral y con la intención manifiesta de los poderes fácticos de imponer como sea al débil y dócil tecnoburócrata del bunker neoliberal José Antonio Meade, se incuba en México un bordaberrazo o fujimorazo. Un régimen arbitrario y despótico de corte cívico-militar, como los encarnados por Juan María Bordaberry y Alberto Fujimori en Uruguay y Perú, en décadas pasadas (ambos terminaron en la cárcel), donde la suspensión de garantías individuales podrá ser aplicada de manera discrecional por el presidente de turno con respaldo militar, y en el cual sus guardias pretorianas −al amparo de una renovada doctrina de seguridad nacional que define al enemigo interno− seguirán actuando por razones geopolíticas como un Ejército de ocupación (nativo) de su propio país, en acatamiento y tácita sumisión a las directivas emanadas desde Pentágono vía la Iniciativa Mérida.

Las ambigüedades de la ley, incluidas las imprecisiones conceptuales que surgen de mezclar la seguridad nacional con la seguridad interior, encarnan potenciales riesgos. En el contexto de la seguridad nacional −y con el artificioso truco legal de que sus acciones no serán de seguridad pública, sino de seguridad interior−, la imposición de una reserva de hasta por 20 años sobre la recolección de datos (de inteligencia) que se generen con motivo de la aplicación de la ley (que incluirán la intervención telefónica, de computadoras, correos electrónicos y correspondencia), hará nugatoria cualquier expectativa de transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la ley va contra las víctimas y el acceso a la justicia, y está diseñada para dificultar litigar en instancias internacionales. Argumentando razones de seguridad nacional, la Sedena y la Semar van a negar cualquier información sobre sistemáticas prácticas ilegales (torturas) o despliegues castrenses que involucren violaciones a derechos humanos −con alto índice de letalidad o no−, que no se podrán documentar, perpetuándose así la actual impunidad y la repetición de crímenes de lesa humanidad de factura militar.

Desde 2006, al aplicar las directivas encubiertas de Estados Unidos, el Estado mexicano abandonó y obstaculizó de manera deliberada las tareas de seguridad pública o ciudadana, que en términos del artículo 21 Constitucional corresponden de manera exclusiva a las policías civiles. La militarización de la seguridad y la sociedad mexicana responde a la agenda geopolítica de Washington; no se trató de una estrategia fallida: era previsible que a mayor militarización, mayor violencia; 2017 fue un año trágico. Peña Nieto rompió récords históricos en materia de desapariciones y homicidios dolosos. Pero este año marcó también la mayor asociación clientelar y sumisa de los responsables de las fuerzas armadas locales al Pentágono y la administración Trump.

Un viejo apotegma dice que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Peña Nieto debería saberlo; la manada legislativa también. Gedeón lo sabía: en la violencia prosperan y se consolidan los más fuertes…

Sistemas de seguridad y justicia colapsaron: General Gallardo; México vive “crisis humanitaria”

Juan Luis García Hernández

El General Francisco Gallardo Rodríguez considera que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto será incapaz de cambiar el rumbo de la seguridad del país en el último año de su gestión, “debido a que colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”, por lo que hoy México atraviesa “una crisis humanitaria”.

El crítico militar advierte del peligro de la militarización de los cuerpo de seguridad civil y sostiene que ya es evidente el mismo: “Tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: ‘A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria’, pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado”.

Peña Nieto, quien incluyó concepto México en Paz” en el Plan Nacional de Desarrollo publicado el 20 de mayo del 2013, que entonces rezaba en su primera línea: “A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente”. Hoy a cinco años de su Gobierno, el país presenta las cifras más altas de homicidio doloso, de acuerdo con datos oficiales y las propuestas del Ejecutivo no abandonaron la vía castrense.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto continuó el uso del Ejército en las calles violentando la Constitución, pese a que las tropas están entrenadas para “aniquilar” al enemigo y no para hacer funciones de seguridad pública, reclama el General Francisco Gallardo Rodríguez.

Un timonazo en el último año del sexenio en materia de seguridad será inviable debido a la falta de capacidad del Estado, sostiene el desencantado el General: “Ellos mismos lo colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”.

El pasado miércoles, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong expuso en su comparecencia en el Senado de la República que la Ley de Seguridad es para la seguridad de los ciudadanos, para “regular la actuación de las fuerzas armadas, no es para darles protección”.

La afirmación de Osorio Chong, critica el también doctor en administración por la UNAM, es un intento de evadir su responsabilidad en el tema. “Él es el Secretario de Seguridad Interior, aquí todo el mundo se avienta la pelotita, sin un diagnóstico sólido y claro”.

Los esfuerzos de militarización no han aminorado los problemas de los cárteles de drogas, ni la violencia que sacude al país. En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña se presentaron más de 10 mil 751.

La violencia se agrava. El último mes de octubre continuó la tendencia al alza de homicidios dolosos en el país. Con 2 mil 371 carpetas por homicidio doloso en el fuero común- estados-, el último mes se colocó como el más violento desde que inició el conteo oficial en 1997 y coloca al año más cerca de ser el más violento de las últimas dos décadas.

En una entrevista a este medio, el General Gallardo expone que el Presidente Enrique Peña Nieto abandonó la tarea de dar seguridad a los mexicanos en el último sexenio y critica el manejo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad interna.

***

—¿Piensa que esta administración ya tiró la toalla en el tema de seguridad?

—Por supuesto. Porque está colapsado el sistema de seguridad en México, ellos mismos lo colapsaron, al igual que el sistema de justicia. No puede ser que haya una impunidad del 99 por ciento en los delitos, no puede haber tantas masacres, muertos, todos los días vemos muertos asesinados, fosas que encuentran en todos lados.

—¿Hay base legal para que el Ejército realice tareas de seguridad pública en las calles?

—En primer lugar, si estamos hablando de seguridad, quien debe respetar primero la Ley es la autoridad. Y me refiero a lo que dice la Constitución en su Artículo 129, que el personal militar no puede realizar otras funciones que tengan conexión con la disciplina militar. Entonces, la autoridad inventó una jurisprudencia en colusión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCKN), es lo grave, y llegan a la conclusión de que cuando la autoridad solicita la intervención militar es legal. Pero, sigue siendo inconstitucional. El otro punto que tiene que ver es el artículo 21 que indica que la seguridad pública es una función exclusiva de la autoridad civil.

—Sin embargo, el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos impulsa una Ley de Seguridad Interior…

—El Secretario de la Defensa dice que urge que se hagan los marcos normativos para que el Ejército mexicano tenga límites. Y yo le diría a Cienfuegos, ‘a ver los límites ya están en la Constitución’. Lo que ellos quieren es legalizar su actuación que es un actuación inconstitucional.

—De reglamentarse las operaciones del Ejército. ¿Se perpetuarían su presencia en estos operativos?

—La función presidencial tiene la facultad para utilizar la máxima fuerza del Estado, que es el Ejército en los asuntos del orden interno, lo debe hacer cómo lo marca la Constitución. El artículo 29 previene un estado de excepción, y ahí dice ese artículo que cuando la sociedad está en grave peligro o en una crisis, el Presidente de la República tiene que dictar un estado de excepción. Y en ese estado, a través de la participación de todos los actores sociales de los poderes públicos, llegan a la conclusión de que la única forma es utilizar a las Fuerzas Armadas. Y hay una temporalidad, cuánto tiempo va a durar las Fuerzas Armadas haciendo esa función, y en dónde van a actuar, cuánto se va ejercer del presupuesto y a eso le toca entrometerse a la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva. Ya en el asunto de operación, manejo de tropas, etcétera, ahí interviene el Senado.

—¿Hubo este consenso cuando inició la guerra contra las drogas?

—Absolutamente nada, fue una decisión unilateral de Felipe Calderón Hinojosa, en donde el dijo que le declaraba la guerra al narcotráfico. Y ya con esa orden todo mundo salió. Ese es uno de los puntos por los cuales estamos como estamos. La violación a la Constitución.

—¿Está sobredimensionada la violencia que provocan los cárteles en México?

—Aquí el asunto es el siguiente, estamos hablando de una función del Estado, el tema de seguridad. Por eso se creó el Estado. Pero, si hay una matanza, si hay una ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas, el caso de Ayotzinapa, la autoridad muy cínicamente sale y dice que son ajuste de cuenta entre cárteles.

—Se ha vuelto una justificación dice…

—Aquí te van unas preguntas: ¿Qué hace el Estado?, ¿por qué hay una disputa de cárteles? y, ¿por qué hay cárteles? ¿Por qué hay territorios exclusivos de esos grupos delincuenciales? Pues yo te contesto: Hay vacíos de poder porque la autoridad no tiene la capacidad de respuesta para tutelar a la población civil, y todas las autoridades de procuración de justicia y espacios carcelarios no tienen capacidad. Entonces, lo que sucede es que la activa participación del Ejército hace un rompimiento del tejido institucional del Estado.

—¿En qué lugar queda la responsabilidad de los estados por la seguridad de sus entidades?

—¿Qué es lo que pasa con esta intromisión federal? Tienen todos los recursos del mundo y lo único que pueden es actuar en delitos que están catalogados como federales. De 100 delitos que se cometen a nivel nacional dos o tres son federales, pero le ponen toda la estructura y los recursos a lo federal. Y a lo local lo tienen desprotegido. Están violando el federalismo porque el sistema federal trata sobre una delegación de funciones de lo administrativo como el tema de la seguridad.

—En ese sentido, ¿ve en la propuesta de Mando Único una imposición federal?

—El Mando Único tiene por objeto romper el orden federal del Estado y sacarle a sus municipios la función exclusiva de seguridad. La seguridad debe venir desde la base hacia arriba, no desde la cúpula hacia abajo.

—Además de la salida del Ejército a las calles hay casos en los que las policías están recibiendo una capacitación militarizada.

—Por ejemplo, estuvo el asunto de Ayotzinapa. Dicen que actuó el Ejército, la policía estatal y la municipal. Y yo les digo: a ver, las fuerzas del estado de Guerrero son militares o tienen entrenamiento militar, o tienen los mandos militares. Por lo tanto, tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: ‘A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria’, pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado.

—¿Esto ha provocado una crisis?

Ha provocado una crisis humanitaria. Ahora bien un policía debe tener una preparación, física y de conocimiento de manejo de armas. Yo estoy de acuerdo. Hace como 30 años se retiró el Servicio Militar Nacional. Anteriormente cuando funcionaba el Servicio, todos los jóvenes de 18 años sabían manejar armas, tenían conocimiento de meter las manos y defenderse, hacer trampas, manejos de explosivos, orientación. Temas de carácter castrense.

—Qué disparó que Felipe Calderón lanzará una guerra contra el narco…

—Desde que Felipe Calderón firma la iniciativa Mérida, que trata sobre la ayuda y asistencia militar, lo hacen con la intromisión de las fuerzas armadas en los asuntos internos de los países.

—Es una injerencia de Estados Unidos lo que no permite cambiar la estrategia…

—Aquí esa percepción nosotros la tenemos que cambiar, pero no la podemos cambiar cuando estamos recibiendo adoctrinamiento a través de esas personas en donde se responde a otros intereses. Y los intereses que están subsumidos, debajo de todos estos tratados, son los intereses de Estados Unidos.

—¿Qué se puede hacer ante eso?

—En una reunión antier con un grupo de compañeros de Estados Unidos, que están haciendo un tribunal internacional para revisar este tema de la asistencia militar. Es decir, la política exterior de Estados Unidos en el tema militar. Hay una Ley llamada “Leahy”, que explica cómo una organización civil en cualquier parte del mundo puede increpar hasta el Congreso de Estados Unidos la ayuda y asistencia militar que está dando en México. Nosotros hemos hecho ese pronunciamiento pero les vale. Es vergonzoso que el Congreso mexicano teniendo en cuenta la violaciones de Derechos Humanos que vive México siga ayudando.