31.12.19

Vargas Llosa discípulo de Goebbels

Atilio A. Boron

En su reciente entrevista concedida al diario O Estado de Sao Paulo el escritor volvió a repetir sus fatigosas letanías sobre la política latinoamericana asegurando que “los argentinos van a lamentar enormemente la derrota de Mauricio Macri” [1]. No sólo eso: volvió a calificar como una "tragedia" el triunfo de Alberto Fernández y atribuyó esa –para él infausta- decisión de votar al Frente de Todos a una supuesta vocación suicida de los argentinos. Abundando en el tema afirmó que “esa vocación suicida es algo verdaderamente extraordinario, pues ya se sabe que todos los problemas actuales del país fueron causados por el peronismo".

La verdad es que dudé mucho antes de sentarme a escribir una respuesta a sus dichos. Pero habida cuenta de que estas “ocurrencias” -ese producto semiintelectual que debe diferenciarse de las “ideas”- del narrador adquieren una enorme difusión gracias a la acción concertada de la oligarquía mediática mundial me pareció que valía la pena saltar al ruedo y refutar su discurso. La confusión y el embrutecimiento que promueve en la opinión pública exige prontas respuestas a sus venenosos ataques [2]. Me concentraré en tres temas.

Primero, sería insólito o estúpido que los argentinos nos lamentásemos por la derrota de un Gobierno que sumió en la pobreza al 40,8 % de la población y ha dejado al otro 35 % apenas por encima de la línea de pobreza (LP), cosa que normalmente se soslaya en muchas intervenciones periodísticas y académicas. Como si el 60 % restante “no pobre” estuviera constituido por sólidas clases medias o ricachones de abultada billetera. ¡No! Buena parte de ese conglomerado lo conforman gentes que en cualquier momento se hunden por debajo de la LP. Con cierto optimismo podríamos aventurar que tal vez haya un 25 % que no son pobres ni están en riesgo de serlo. Pero el resto está caminando sobre el filo de la navaja, apelando a diario a mil estrategias para evitar hundirse por debajo de la LP. Un dato adicional ilustra lo que decimos: 6 de cada 10 niños argentinos son pobres. Incurriría en el mal gusto de la reiteración si volviera a exponer aquí los archiconocidos datos sobre la crisis económica y la emergencia nacional en que nos ha dejado el Gobierno de Macri: caída de los salarios reales y los haberes jubilatorios, impresionante número de pymes que cerraron sus puertas, derrumbe del PBI, tarifazos a destajo en los servicios públicos, inflación descontrolada y un fenomenal endeudamiento externo, vehículo para practicar una fuga de capitales sin precedentes que constituye una marca a fuego del carácter corrupto del Gobierno de Cambiemos. La tragedia es la que hemos sufrido estos últimos cuatro años de gobierno de su amigo Mauricio, no la recién inaugurada gestión de Alberto Fernández cuyo signo en el sentir popular es la esperanza. En suma, ¡nada de lo que debamos lamentarnos!

¿Puede un hombre como Vargas Llosa ignorar datos tan elementales como estos? Imposible. Descartemos esa hipótesis. Sus críticas son expresión de la fanática obcecación de un converso o, peor aún, de alguien a quien le confirieron la misión de execrar todo lo que contraríe al paradigma neoliberal, aunque para ello deba mentir y barrer la realidad debajo de la alfombra.

Segundo, hay una afirmación que insulta la inteligencia de sus lectores cuando sentencia que todos los problemas de este país fueron “causados por el peronismo.” ¿Cómo desconocer que la Argentina padeció desde 1930 sucesivos golpes de Estado, todos los cuales tuvieron como signo distintivo la aplicación de los preceptos económicos del liberalismo? La dictadura de los años 30 tuvo esas características, como la de 1955 que abrió de par en par las puertas del país al FMI; la de 1966, pomposamente llamada “Revolución Argentina” promovió las ideas que el autor de Tiempos Recios abraza con singular fervor. A las anteriores hay que sumar la genocida junta del mal llamado “Proceso” que tomó por asalto el poder en 1976, dejó al país económica y socialmente deshecho, desapareció a 30.000 personas, alejó por décadas la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas e hizo del neoliberalismo y su consigna principal: “achicar el Estado es agrandar la nación” el pilar de toda su política económica y social. Como si lo anterior fuera poco un Gobierno peronista travestido, el de Carlos S. Menem, se adhirió a esa nefasta doctrina con fervor. Una estudiosa del tema comprueba que “en los 50 años transcurridos desde el ingreso de nuestro país al organismo (el FMI) en 1956 hasta el pago total por adelantado de la deuda pendiente desde la crisis de la convertibilidad en 2006, la Argentina estuvo bajo acuerdo (con el FMI) durante 38 años” [3]. A estos hay que añadir los dos años más en los cuales la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, se convirtió en la verdadera Ministra de Economía del Gobierno de Macri. Por eso nuestra decadencia económica y social se explica muchísimo más -por no decir en su totalidad- por esos cuarenta años de “cogobierno” entre la Casa Rosada y el FMI que por los errores que, como cualquier otro Gobierno, pudo haber cometido el peronismo en cualquiera de sus cambiantes concreciones históricas, el alfonsinismo de inicios de la reconstrucción democrática e inclusive la nefasta Alianza de finales del siglo pasado.

Tercero y último: alguna lectora o algún lector podrían preguntar qué diantres tiene que ver Joseph Goebbels en todo este asunto. Respuesta: mucho, porque el autor de La tía Julia y el escribidor demuestra conocer muy bien las tácticas comunicacionales del Ministro de Propaganda de Hitler (y doctor en Letras por la Universidad de Heidelberg, ¡ojo con la academia y los “hombres de letras”!). Una de las frases que resume el pensamiento del jerarca nazi dice textualmente que “la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: ‘Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad’”. Eso es precisamente lo que hace Vargas Llosa con la maestría que le otorga su dominio del lenguaje: manejar unas pocas ideas y repetirlas hasta la saciedad “sin fisuras ni dudas”. Como cuadra a todo fanático su discurso está herméticamente sellado y los incómodos datos de la experiencia no hacen mella en la gruesa coraza de su ideología.

Sus mentiras se repiten incansablemente, como aconsejaba Goebbels. La tenacidad militante de Vargas Llosa es admirable, lástima que esté al servicio del mal. Gracias al inmenso poderío de los medios de comunicación hegemónicos esas mentiras se convierten en verdades indiscutibles, o en un “sentido común” difícil de desafiar. Hacerlo es visto como un acto temerario, casi como un sacrilegio. Pese a ello su ensayística es una artificiosa construcción que se derrumba como un castillo de naipes ni bien se la contrasta con el análisis histórico o la elocuencia de las estadísticas. Por algo en los últimos 40 años sólo en contadísimas ocasiones se lo ha visto debatir sus ideas y casi siempre con benévolos interlocutores cuidadosamente seleccionados. Resumiendo: las afirmaciones contenidas en la entrevista que hemos analizado son pura y simple propaganda, imbuidas de un odio y un resentimiento que mucho dicen sobre la naturaleza de los tiempos que corren en donde el hundimiento del neoliberalismo es un dato absolutamente insoslayable que enfurece y ofusca la mente del escritor peruano. Tendrá que acostumbrarse.

Notas:
[1] La nota se publicó en O Estado de Sao Paulo el 22 de diciembre y se reprodujo horas después en lengua castellana en Clarín. Disponible en http://www.clarin.com/politica/mario-vargas-llosa-argentinos-van-lamentar-enormemente-derrota-mauricio-macri-_0_42-G4vHQ.html
[2] Una refutación completa de sus artificios propagandísticos se encuentra en mi El Hechicero de la Tribu (Madrid, Buenos Aires, México: AKAL, 2019)
[3] 1 Noemí BRENTA, Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006 (Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2008)

30.12.19

Auge y caída de García Luna

Carlos Fazio
 
La detención en Dallas, Texas, del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no deja de ser un misterio. Considerado el álter ego del ex presidente Felipe Calderón y súper policía consentido de secretarios de Estado y titulares de la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos (CIA, DEA, FBI, ICE y la ATF), García Luna, residente en Florida, fue acusado por el fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, de haber abusado de sus puestos oficiales para traficar cocaína, corrupción y rendir falso testimonio ante autoridades locales.

Promovido por el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Vicente Fox, el irresistible ascenso de García Luna al mundo de los servicios clandestinos y las acciones encubiertas se dio bajo el calderonismo al amparo de la Iniciativa Mérida y del ex jefe regional de la DEA, Dave Gaddis, periodo en el que como secretario de Seguridad Pública se codeó con la cúpula de la administración Obama, entre otros, con Leo Panetta y David Petraeus, ambos ex jefes de la CIA y del Pentágono; Eric Holder, del Departamento de Justicia; Janet Napolitano, de Seguridad Interna; James Clapper, de Inteligencia Nacional; Michele Leonhardt, directora de la DEA; Ronald Noble, jefe de Interpol, y el zar antidrogas Gil Kerlikowky.

Considerado uno de los artífices de la guerra no convencional (o irregular) de Estados Unidos en México desde la esfera de la seguridad civil, los vínculos orgánicos de García Luna con la DEA y la CIA cristalizaron a finales de 2010, cuando él y otros funcionarios del área de seguridad (Cisen, PGR, Sedena, Semar y SSP) fueron integrados al Grupo Bilateral de Trabajo México-Estados Unidos para Objetivos de Alto Valor (HVTG, por sus siglas en inglés). Según un reporte de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), que depende de la Casa Blanca, el HVTG supervisaba el intercambio de inteligencia sensible sobre los principales grupos criminales mexicanos, y coordinaba o eliminaba conflictos de operaciones tácticas dirigidas a objetivos de alto valor en México.

Asimismo, García Luna tuvo acceso a la identidad de un equipo financiado por Washington: las Unidades de Investigaciones Sensibles (SIUs), integradas por policías mexicanos incorruptibles dedicados a tareas de alta peligrosidad, y participó activamente en los operativos encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) Dejas las Armas Caminar y Rápido y Furioso, que consistieron en traficar armas de Estados Unidos a México con el objetivo de seguirles la pista y capturar a sus compradores.

Un espacio de poder desde donde García Luna compartió información de inteligencia con la CIA y la DEA, era el llamado búnker de Constituyentes, instalado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Construido bajo tierra durante el gobierno de Calderón con tecnología de última generación adquirida en el marco de la Iniciativa Mérida, el búnker era asiento de Plataforma México, una red de interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos, donde operaban alrededor de 600 estaciones de intervención telefónica.

Significativos, también, fueron los vínculos de García Luna −quien inició su carrera de espía en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en enero de 1989 a la edad de 21 años, siendo estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana− con el empresario Mauricio Samuel Weinberg, conectado a compañías de seguridad con base en Israel.

Según el portal de Reporte Índigo, García Luna y Weinberg se asociaron para crear compañías como ICIT Private Security México, propiedad de Weiberg, que operó en todo el país cuando el primero era secretario de Seguridad Pública con permiso que fue renovado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Weinberg había abierto la firma en Miami en 2011 y ofrecía servicios de investigación y análisis de personas, protección ejecutiva, secuestros, seguridad física e industrial, sistemas y bases de datos, instalación de centros de control de confianza, venta de equipos de escucha, seguridad electrónica, localización y rastreo satelital.

Al terminar el calderonismo, García Luna se fue a vivir a Florida, donde fundó la firma GL & Associates Consulting, que requirió un permiso del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos. Reporte Índigo encontró coincidencias entre la compañía ICIT de Weinberg y la consultora de García Luna, entre otras, que tenían los mismossocios estratégicosen seguridad: el ex agente de la CIA José A. Rodríguez Jr.; Carlos Villar, ex agregado legal del FBI en la embajada de Estados Unidos en México cuando García Luna dirigía la AFI; el ex agente colombiano Luis Montenegro Rinco, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la policía política), y al ex agente de la DEA Larry Holifield, enlace entre la DEA y la CIA en Bogotá cuando Montenegro dirigía el DAS.

Con esos vínculos de años y tras ser colmado de medallas y diplomas por autoridades de Estados Unidos, la detención de García Luna en Dallas parece, al menos, contradictoria. A no ser que, como consignó una Rayuela de La Jornada, se estuviera cumpliendo la máxima atribuida al cónsul Escipión: Roma no paga a traidores; también cabe la posibilidad de que García Luna haya dejado de ser productivo en función de los intereses de Washington y ahora era desechable.

23.11.19

García Linera, el segundo hombre de Evo Morales y su formación intelectual en México

Armando Ponce 

Álvaro García Linera (1962) estudió matemáticas en la UNAM antes de convertirse en vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y hoy es exiliado en nuestro país junto con quien hasta hace una semana fuera presidente, Evo Morales. México resultó clave en su trayectoria y en su visión integral, como antropólogo y más tarde como gobernante. En este relato a Proceso de tal periplo, hecho en 2015, inédito, expone que la integración cultural latinoamericana es más profunda de lo que los dirigentes de la región creen.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ávido lector desde su adolescencia, Álvaro García Linera pudo completar buena parte de su formación intelectual gracias a la apertura cultural en México, cuando vino a estudiar matemáticas a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y donde también abonó a su formación política el encuentro con sus compañeros centroamericanos del exilio.

Venía desde su natal Cochabamba (1962) a la máxima casa de estudios mexicana. gracias a una tía que radicaba aquí, pues en Bolivia no existía esa carrera. A su regreso se ligó a los movimientos campesinos, fue encarcelado durante cinco años y desarrolló una fusión que ligó el pensamiento de izquierda a la identidad indígena, dado que su país posee un alto porcentaje de población originaria. Luego habría de formar parte del gobierno de Evo Morales, a quien a todos llama hermanos. Y García Linera ha sido el más cercano de sus hermanos.

Hace cuatro años, en octubre de 2015, regresó a la UNAM para hablar en público en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, de una antología de sus escritos y trabajos antropológicos hecha por Álvaro Zárate, Hacia el Gran Ayllu Universal (coedición Universidad ARCIS y Altepetl Editores). Ahí el sociólogo Armando Bartra a cargo de la presentación, “Los que reinventaron la revolución”, dijo:

“El marxismo indianista de García Linera vincula creativamente nuestras raíces con el pensamiento revolucionario occidental, aproximándose en esto al peruano José Carlos Mariátegui, que desde los años veinte del pasado siglo propugnaba por un socialismo indiano. Por ello Mariátegui fue acusado tanto de europeizante como de peruanista. Y también lo ha sido el Vicepresidente de Bolivia, quien sin embargo considera que apropiarse críticamente del pensamiento occidental sirve para robustecer la propia identidad. Idea de la que los textos de la presente antología son un espléndido ejemplo.

“Termino reiterando una fórmula de Mariátegui que, como García Linera, yo también hago mía: Por caminos universales, ecuménicos, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos.”

Posteriormente, García Linera sostuvo una larga conversación con Proceso, en la cual narró cómo fue construyendo esa poco común simbiosis de un alto dirigente político latinoamericano entre su vida intelectual y su participación como gobernante.

Del texto, resumido, se han omitido las preguntas. Su relato comienza con la memoria del país latinoamericano que más golpes de Estado tuvo en el siglo XX, como México los padeció en el XIX.

*   *   *

Pertenezco a una generación que crece en dictadura. Me acuerdo, cuando estaba en el colegio, de los golpes de Estado. Ya era una rutina, oír la radio, la marcha militar, y entonces inmediatamente comprar la mayor cantidad de pan que se pueda, colocar las frazadas… no, los colchones en las ventanas, para que no entren las balas, dormir en el piso, hasta saber quién es el nuevo presidente, porque había golpe y golpe.

Y había fiesta entre los estudiantes, pues cuando había golpe de Estado entre los meses de junio y julio, se suspendían las clases y uno pasaba automáticamente al siguiente año. Y había fiesta porque ya tenía más vacaciones. Uno crece con eso desde los seis años, siete años, ocho años, o los desfiles. El desfile cívico era en el primero básico, desde los seis años. Y se sabía que iba a haber problemas, todo siempre lleno de militares, en los techos, en los árboles. Está el presidente lejos. Se grita “¡vienen los universitarios!” y todo el mundo comienza a apartarse. Y la madre con los cuatro hijos corriendo a buscar periódico para quemar y que el humo nos ayude a disolver el efecto del gas lacrimógeno.

Como boliviano desde que tengo memoria, está la imagen de conflicto, de los militares. A esa edad no entendía bien lo que era, pensé que era lo normal. Y cuando tengo diez años, el secreto era a voces, se transmitía. Y yo no entendía de qué hablaban, pero el temor en los ojos, oír que en la noche alguien va a recoger a un familiar, que lo mandan a la cárcel o los militares lo han hecho desaparecer. Uno termina cargando temor en el cuerpo, en la transpiración de las personas cuando cuentan esto. Ya adolescente, doce, trece años, en los tiempos en que hay golpe y hay elecciones, hay otro golpe y hay elecciones, me toca un despertar de la izquierda. Partido Socialista Uno (PS-1), el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria); guerrilla, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) con memoria guevarista, y el MNRI, que es un ala izquierda. Y esa politización llega a los colegios. Algún profesor te muestra algún libro de lo que está pasando en América Latina y se comienzan a formar círculos de lectura.

Yo me sumo a esos grupos de lectura. Me había inducido la madre a que leyera novela, y cuando quise participar era el más pequeño. Y comienzo a leer de manera casi obsesiva. A veces uno no podía comprar porque venía el golpe y los libros de izquierda desaparecían. Pero había democracia y traían de nuevo libros. Recuerdo a un peruano, vendía en la universidad en su kioskito. Y la viejita, mi madre, una mujer sola con cuatro hijos, no profesional, que trabajó como secretaria, nunca me dejaba de dar mi platita y yo ahorraba para libros. Toda la colección de Siglo XXI que era un tesoro, la esperaba como si esperara a una novia. Y así comencé a leer, y a los quince años, de loco, me leí los tres tomos de El Capital. Era autodidacta. Y cuando ya tenía dieciséis años, todos militaban y yo estaba en la lectura. Intentamos buscar en partidos políticos de izquierda un espacio donde debatir y militar, pero algunos tomaban en cuenta que era demasiado joven o estaban ocupados más en el activismo de las elecciones que en el debate sobre el socialismo, la economía o Bolivia.

Entonces renuncié a participar en un partido y comencé a tener lecturas de la historia de Bolivia para darle como un contenido más local. A través del profesor que lo hace leer a uno la historia de la Guerra del Chaco, yo conseguía libros para ir formándome más en la historia de Bolivia. Y hay un acontecimiento que va a marcar mi vida. Es el año 79 tengo diecisiete años. Y se da un momento, un respiro democrático, el gobierno de Lidia Gueiler, la presidenta del Senado, la primera mujer en la historia de Bolivia. Ella arma su gabinete y llega a fin de año y se inicia un bloqueo de camino. Eran los campesinos que iban a la ciudad porque ella había fijado precios a los productos agropecuarios. Entonces yo estaba atento a los debates políticos en los periódicos, todos los jóvenes estaban politizados de una u otra manera, incluso para enamorar uno tenía que ir con su libro de Marx, por lo menos de Marta Harnecker, si no la chica no le daba bola a uno. Era parte del humor, del humus colectivo, de la sociedad.

Y ante el bloqueo de caminos, la COB (Central Obrera Boliviana) dice “no, porque está en contra de la presidenta, tan frágil, y se viene el golpe”. La COB tenía la autoridad política y moral impresionante. No le hacen caso a la presidenta los campesinos. Se cierra toda la ciudad, se cerca La Paz. Y en la ciudad comienza a circular el temor, “vienen los indios”, aterrando las clases medias y altas, “vienen a quitarnos nuestras casas, van a entrar de noche, a las empleadas indígenas hay que encerrarlas y que no estén cerca de cuchillos porque nos van a apuñalar”. Eso me impactó. Fue un encuentro brutal con un mundo que había estado siempre ahí, a mi lado. El temor secular de las clases medias y altas bolivianas frente al indio.

Se arman pequeños grupos que cuidan por la noche que no entren por los cerros los indios. Todo eso me impacta demasiado. El temor a los héroes de la película, porque los mineros en la narrativa política eran el ser supremo, el sujeto de la historia. Y les hablan en aymara frente a sus gritos en castellano. Y desde entonces, desde este episodio que me toca vivir en La Paz, la comprensión de la temática indígena se vuelve para mí casi una obsesión. Hasta el día de hoy.

Releo entonces la historia de Alipio Valencia Vega: El rey chiquito. El rey chiquito es un ayudante del líder indígena Túpac Katari, libro que refuerza el acercamiento con el indianismo que recién estaba erigiendo. Y llego a México y descubro Cinco siglos de guerra Qheswa Aymara, editado por Guillermo Bonfil Batalla. Recuerdo aún la tapa negra de la obra que va a ser mi biblia, un recuento de todas las rebeliones, desde 1532 en Bolivia. Sigue el encuentro con el debate de la guerrilla guatemalteca del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que introduce la famosa temática de étnico-nacional en los noventa.

*   *   *

México me ayuda mucho porque encuentro libros y literatura que no podía encontrar allá. Encuentro un debate sobre la revolución indígena. Para mí era una historia reveladora porque en mi izquierda boliviana, los indios eran pequeño-burgueses o no eran indios, eran campesinos y yo era una reminiscencia del siglo XIX. Pero el tema de la identidad no era un tema para nadie. Es la clase obrera y campesina. Indígenas sí, pero “indígenas” es una forma de evaluarlos, son campesinos y como campesinos, pequeño-propietarios, y como pequeño-propietarios, pequeño-burgueses a la larga, sospechosos.

Entonces nunca encontré en mi izquierda boliviana una vereda que sí empiezo a encontrar en el movimiento indianista y en el debate centroamericano muchísimo más avanzado en torno a la identidad. Desde la izquierda.

En ese momento un marxismo en el que me había formado desde los doce, trece años, se articula con una mirada a la identidad, a la historia de los pueblos indios. Y es donde de una manera se forma el sustento y el pensamiento que llevo, esta búsqueda del diálogo entre estas dos narrativas. La narrativa universalista del movimiento obrero y la narrativa indígena. Y entonces yo creo una parte sustancial del conjunto de preocupaciones, del conjunto de esfuerzos intelectuales que he venido haciendo en relación a la Bolivia de entonces, a las temáticas indígenas.

No me involucro en la política mexicana, veo los debates, veo a los jóvenes en la Facultad de Ciencias; pero sí me involucro en esta estructura organizativa de los salvadoreños, los guatemaltecos. Viajamos al Salvador. Y la mejor forma de sintetizar el espíritu que yo siento ese año 83-84, es la canción de Pablo Milanés, “La vida no vale nada”. Y es que estaba como hoy, platicando con usted, con un salvadoreño, y a la semana siguiente se informa que está en la carretera con el estómago abierto y con piedras adentro.

Eso me lleva a actitudes un poco ascéticas. Decía, a los diecinueve años, cómo voy a estar yo aquí dilapidando dinero, comiendo veinte tacos al pastor y mi compañero con el que estuve ayer lo están matando y no tiene para una bala, para defenderse. Y un día me preguntan: “¿Cómo se define usted?”. Como “un bolchevique espartano”, porque comienzo a asumir una lógica de la autodisciplina, del ascetismo. Son cosas que a uno lo van a disciplinar (dormir temprano, no perder el tiempo, asignar los husos horarios para poder moverse en sigilo). Participar en la vida con restricciones y con limitaciones. En Ciencias había muchas fiestas y yo iba, pero tenía una actitud muy distante y me retiraba temprano. Once y media en punto para llegar a las doce y despertar a las cuatro y media. Me decía: “¿Cómo voy a tener una mirada festiva de la vida?” Pero fui cambiando porque lo popular, aun en guerra, nunca pierde su dimensión festiva. Pero en ese momento lo asumí de esa manera.

Y entonces entra un pequeño grupo de bolivianos descontentos, jóvenes todos, de la universidad, más otros mexicanos, vinculados a la experiencia guerrillera centroamericana, nos auto-organizamos, nos disciplinamos, y decidimos volver a comenzar una actividad política desde cero. Regresamos a Bolivia. Teníamos veintidós años.

*   *   *

De vuelta, en poco menos de un año teníamos pequeñas células de activistas y de productores en Cono Sur, en Huanuni, en Calcari, en Colquiri. Y sigue entonces la parte más clandestina de nuestra formación militante. Comenzar a hacer entrenamiento, comprar armas, expandirnos al campo. Todavía no conocíamos a Evo, pero ya el año 88 en Cochabamba comenzamos a tener información de un líder muy carismático y de que compañeras nuestras se enamoraban de él.

Y comenzamos a ir al Chapare y a observarlo. Ya teníamos una célula en el Chapare que nos daba información de los dirigentes. Es un tiempo en que llevamos los videos centroamericanos a proyectar a las comunidades en los viejos videos Beta-Max y llevábamos un televisor, su casetera y un motorcito de electricidad porque no había electricidad. Había que caminar con mochila hasta las comunidades, colocar el video, proyectar y luego comentar y decir “pues miren hay compañeros preparándose en otros sitios, ¿aquí por qué no?”. Y Evo hacía lo mismo, en paralelo y nosotros lo sabíamos.

En el 90 se decide conformar el Ejército Guerrillero Túpac Katari con demandas cada vez más grandes, porque es un tiempo en que viene el cierre de minas, el debilitamiento del mundo minero, muchos mineros van a la ciudad y otros regresan al campo. Regresan con toda su experiencia social y aprovechamos para continuar un trabajo en las comunidades campesinas. Y vamos creciendo en la preparación de un gran levantamiento indígena.

Imaginábamos “si alguna vez habrá lucha armada en Bolivia será una gran sublevación popular, no como una columna guerrillera, pero hay que formar gente preparada para ese momento”. Es 1992 y nos agarran presos. Nos hacen desaparecer cinco días, nos mandan a la cárcel cinco años, y para hacerla en breve, salimos de la cárcel.

Fue duro porque es la derrota. Por mucho que se diga: “No fue la derrota, ahí me formé”, la cárcel es la derrota. La estructura organizativa se cae. Gente abandona la lucha y no te dicen. Y entonces la pelea es contigo mismo. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste contigo? ¿Estratégicamente qué pensaste?

Vi en la cárcel tres tipos de actividades y actitud: la gente que se refugia en la droga, muy común, porque así se elude de alguna manera el entorno perverso; la gente, especialmente del entorno popular que entra a la cárcel a trabajar, para eludir el mundo; y los que nos dedicamos a la lectura, una manera de huir también, de buscar salir en libertad.

Con incertidumbre pues no teníamos juicio. Podríamos estar veinte años o una semana. Salimos a los cinco años. Mucha de la gente que nos había acompañado ya se había dedicado a lo suyo, otros habían perseverado, otros seguían en sus estructuras sindicales y campesinas. El EGTK fue la experiencia más importante de Bolivia en el campo. Es una red de células politizadas y militarizadas que después quedan desconectadas, algunos se retiran pero quedan, y de hecho muchos de esos jóvenes que se forman ahí en los noventa, que se repliegan, son los que luego se convierten en líderes nacionales en los años 2000, y se van a convertir en diputados en los años 2010, etcétera.

*   *   *

Salimos de la cárcel, nos vamos a la universidad, y a comenzar de cero otra vez. Pero con otras herramientas. Ahí conocemos a Evo, ya no como parte de una estructura clandestina sino como académico. Nos invita al Chapare, a un ampliado con los productores de hoja de coca. Ya en el año 2000, en la guerra del agua, Evo sale del Chapare con sus campesinos, productores de hoja de coca, a apoyar a la ciudad que estaba reclamando que una empresa norteamericana se vaya. Y ahí nos encontramos, porque nosotros ya teníamos contacto con fabriles, habíamos movilizado jóvenes de la universidad.

En el 2001, en nuestros esfuerzos por juntar a los líderes indígenas se reencuentran con Evo Morales y Felipe Quispe, con quien yo tenía una relación de años atrás, con Evo reciente, buscando que se unan los liderazgos del Altiplano y del trópico. Porque en Bolivia la víctima es la que gana. “La víctima hoy es el triunfador de mañana”. Evo, de origen aymara, fue el primer diputado indígena. Fue terrible, fue botado del parlamento, no se puede hacer eso a un indio. En la mentalidad de la gente, el humilde, maltratado, es el que va a ganar, el que va a ganar después. Lo botan, sin justificativo, que porque era productor de hoja de coca. Lo acusan de narcotraficante, de asesino. Nunca había pasado algo así en la historia de Bolivia, le quitan su fuero parlamentario y lo sacan del parlamento. La conclusión en el pensamiento popular es: “Ah, ese es el héroe de mañana”.

En las primeras horas no se entendió eso. Evo se deprime mucho. Pero cuando van pasando los días, claro, la figura de Evo, ese dirigente campesino, se convierte en una figura nacional. Va tejiendo alianzas, va tejiendo acuerdos y es carismático. Y la derecha que lo ataca de manera tan brutal es la que potencia su figura y carácter de liderazgo nacional. Claro, fue un ascenso meteórico. Cuatro diputados en el año 2001, y en 2005 gana con el 52% del electorado.

*   *   *

Viendo en perspectiva y en detalle, una experiencia revolucionaria llamada Bolivia, encuentra una infinidad de vasos comunicantes con las experiencias de otros países latinoamericanos. En mi historia sencilla de militante, y ahora mi historia de vicepresidente, se encuentra el flujo de México, el guatemalteco, el salvadoreño.

Es también Evo Morales llevando su video y su motor de electricidad a las comunidades para reunir a miles de personas para proyectar una película del Ecuador llamada Mamallakta. Y es Evo llevando a las comunidades a proyectar el video, lo que hace es gatillar, con una memoria práctica que ayuda a la gente a moverse.

En lo intelectual, en lo político, en lo asociativo, si bien cada país constituye una esfera relativamente autónoma de experiencia y de sedimentación de historia, hay por debajo una infinidad de vasos comunicantes, de acciones, que muestran que es un continente integrado. Más de lo que uno cree.

La construcción cultural de los pueblos tiene varios pisos, varios niveles. La vida cotidiana de Bolivia es distinta a la mexicana y distinta a la paraguaya. Eso es verdad. Hay un nivel de dimensión, de una autonomía relativa. Pero hay otro segundo piso de un flujo interior, que se encuentra cuando un mexicano como usted va a Bolivia y se acerca a unos soldados que le piden que cante “una ranchera”. Eso está en las películas, a través de las telenovelas. Nos hermana en la música. Y a veces nos hermana en el discurso y en el proyecto político.

El gran reto de los gobiernos progresistas latinoamericanos es potenciarlo, reafirmarlo, visibilizarlo, con mayor esfuerzo. Hay más en común, y más influencia común entre los latinoamericanos en lo popular, de lo que los gobernantes creen. Así como usted habla de la música ranchera, la lógica trágica de las telenovelas forma parte de nuestra identidad, está Bolivia muy formada a partir de la telenovela, como un constructor de identidad. Se entrecruzan un conjunto de flujos capilares en nuestras sociedades que le dan una base material a este sueño, a este horizonte, es decir, integración continental. Hay flujos por abajo que están siempre. ¿Cómo reforzarlos, visibilizarlos, institucionalizarlos, darles mayor coherencia?

El neoliberalismo en América Latina ha hecho un doble proceso: de desposesión y de imposición. De desposesión mediante la transferencia de los bienes comunes públicos estatales hacia la inversión extranjera, acumulación por desposesión. No es que acumules plata por lo que produces, sino que acumulas dinero porque le quitas a otro. Y tus bienes se ceden a los norteamericanos y franceses. A los canadienses. Es un proceso de desposesión en toda América Latina y de imposición de una nueva cultura globalizada. Donde “Somos emprendedores, ya no somos obreros, estamos globalizados”. La identidad nacional es un arcaísmo y ahora es el mercado el que define todo. Es una nueva narrativa que se impone. Ya no eres tú y América Latina, es el mundo. El mercado en la globalización, lo nuevo. Desposesión de recursos e imposición de una narrativa supuestamente homogénea, en todo. Pero en América Latina es una experiencia fallida, porque a los que han despojado bajo el argumento de “es la mejor manera de generar más riqueza y de distribuir la riqueza”, han generado más pobres.

La narrativa neoliberal que te impone una supuesta mirada universalista del mundo, era la mirada de los dueños del mercado del mundo la que querían imponer. Y en respuesta hubo un renacimiento de lo identitario, de lo nacional, de lo indígena, de lo popular en los gobiernos y Estados progresistas. La recuperación del papel del Estado, articulación con el mercado mundial de manera selectiva, potenciamiento de mercados internos, diversificación de mercados.

El proceso que vive América Latina está llegando de manera tardía, una especie de neoliberalización tardía. En México, en España, en Portugal, en Irlanda, quieren hacer lo mismo en Grecia. No quiero meterme en asuntos internos de México, ya tendrán su destino, pero puedo adelantarme, el neoliberalismo tiene un mismo destino. Despojar a las sociedades de sus recursos, no generar más riqueza, empobrecer más a la población. Es trágico. Para Bolivia significó un retroceso de veinte años.

Lo que estamos haciendo en estos últimos diez años es rescatar. Mire, con el neoliberalismo la tasa de crecimiento de Bolivia, y privatizando todo (faltó privatizar el aire), fue de 2% de crecimiento promedio anual. Sin neoliberalismo, en un año de crisis mundial, tenemos más del doble, 5%. Bolivia ha encontrado el tipo de articulación y acumulación de riqueza que no se cierra al mundo, no se niega pero sabe incursionar en el mundo de manera selectiva. No se confía en los mercados, aunque utiliza el mercado. Tiene al Estado, pero no un Estado que asfixia. Produce y también regula al privado, y al más pequeñito y al más débil. Distribuye riqueza. Hemos encontrado un tipo de modelo económico que se muestra exitoso aún en tiempos de crisis. Quiere decir que hay alternativas al neoliberalismo, en su versión temprana o en su versión tardía. Hay alternativas viables que pueden resultar.

20.11.19

Desconcertante política fiscal en la 4T


Mientras la economía mexicana permanece en un estado de letargo, el gobierno mantiene una postura pasiva en materia de política macroeconómica. No es lo más conveniente para un gobierno cuyo proyecto es llevar a cabo una transformación de gran calado en la sociedad mexicana. El mejor ejemplo de esta pasividad se encuentra en el terreno de la política fiscal.

En una entrevista poco después de su nombramiento, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le preguntó si habría un estímulo fiscal, dadas las condiciones de estancamiento de la economía mexicana y el negativo entorno internacional. La respuesta del secretario Arturo Herrera fue contundente. Nos lo prohíbe la ley, dijo. Su argumentación fue aceptada sin más. El entrevistador no preguntó de qué ley estaba hablando.

El secretario de Hacienda tiene que haberse referido a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), aprobada en 2006. En síntesis, esta norma establece en su artículo 17 que los montos de ingreso y gasto contenidos en el proyecto del Presupuesto de Egresos deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector público. Ese artículo es anticonstitucional, porque invade la soberanía del Congreso al convertir los requerimientos financieros del sector público en piedra de toque de toda la política fiscal.

Este artículo de la LPRH entroniza la noción de superávit primario como objetivo sagrado de la política fiscal. Esto significa que en el balance primario, que compara ingresos y gastos sin considerar las cargas financieras, debe generarse un superávit para pagar esas cargas financieras. Y como la idea de realizar una reforma hacendaria es tabú para el pensamiento neoliberal, ese superávit primario sólo puede lograrse recortando el gasto, lo que ha conducido al estancamiento en las inversiones en materia de salud, educación y medio ambiente.

Muchos comparan las finanzas del gobierno con las de un hogar cualquiera, y señalan que no se puede vivir por encima de los recursos que se reciben. Esto es una tontería, porque los hogares no tienen la facultad de recaudar impuestos o cobrar por servicios públicos. Pero si seguimos con esa analogía tendríamos el ejemplo de una familia que decide recortar su gasto en salud, alimentación y hasta la escuela de los chicos con tal de dejar un remanente para pagar los intereses de la tarjeta de crédito. No sería un panorama muy saludable.

Pero la misma LPRH establece una excepción importante. En el artículo 17 (párrafo cuarto) señala que en casos excepcionales se puede prever un déficit en el presupuesto, aunque esto quede sujeto a una disciplina consistente en justificar esas razones excepcionales, cuantificar el monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit y el número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para eliminar dicho déficit.

Esta excepción permitió que el balance primario entre 2009 y 2016 arrojara un déficit primario. El estímulo fiscal para enfrentar los efectos de la crisis de 2008 no fue del todo adecuado, pero por lo menos sirve para desmentir al titular de la SHCP cuando señala que la ley prohíbe al gobierno instrumentar un estímulo fiscal.

Si el gobierno actual prefiere seguir jugando la carta del superávit primario, así debería señalarlo. El presupuesto para el año entrante contempla un superávit primario equivalente a 0.7 por ciento del PIB. No sólo no es un presupuesto contracíclico, sino, a final de cuentas, es uno que mantiene los lineamientos de la política de gasto neoliberal.

La política económica del gobierno de AMLO se encuentra en una gran contradicción. El gobierno se aferra a un objetivo estratégico que consiste en una transformación de dimensiones históricas. Pero esto no se ve reflejado en su postura de política macroeconómica. A escala sectorial hay algunas excepciones, pero tampoco se observa un esfuerzo por cambiar la matriz productiva del país.

Todo parece indicar que en el segundo año del sexenio de López Obrador el crecimiento también será muy bajo. Si para el tercer año la economía no repunta, ni los ingresos petroleros ni la recaudación permitirán mantener el ritmo en los programas sociales que hoy constituyen la columna vertebral del proyecto. Los resultados positivos que se puedan alcanzar serán pasajeros. A la postre, la desatención a la política macroeconómica tendrá efectos desastrosos para este sexenio.

Y no hay que engañarse. La reasignación de gasto para cubrir los programas sociales del gobierno son un muy bien recibido paliativo para la gente más castigada por el neoliberalismo. Pero no son, ni de lejos, un estímulo fiscal, ni la forma de romper de manera durable con la trampa de pobreza que hoy mantiene atenazada a la mitad de la población del país.

Este paquete de política económica para el año que viene, el primero del que es totalmente responsable el gobierno de López Obrador, contiene elementos de continuidad asombrosa con la política macroeconómica de los gobiernos neoliberales.

17.11.19

El odio al indio

Álvaro García Linera *

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz, organizan hordas motorizadas 4x4 con garrote en mano para escarmentar a los indios, que los llaman collas y que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que hay que matar collas, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera, la golpean, la amenazan y la conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer la supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargar como si fuera un destacamento de caballería sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de beisbol, cadenas, granadas de gas, algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida, agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla y cuando se dan cuenta que son filmados deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa, en el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y en él a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos arrastran la wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en ella.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe; porque al final todo se diluye ante el abolengo. En el fondo la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20 cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51 por ciento de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas, desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente, pero ya no tenía 60 por ciento del electorado, y entonces estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de elecciones limpias, pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir contra la constitución que señala que si un candidato tiene más de 40 por ciento de los votos y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo es el candidato electo.

Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron cinco de los nueve órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, a quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno, al final hasta el propio domicilio privado del presidente sería saqueado; en otros lugares, las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si es que su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando del lado de las fuerzas populares, vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando eran golpeados y perseguidos por bandas fascistoides; pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostrarían una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media, y supuestamente no tenían capacidad, pero ahora que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, prepotencia y saña represiva fue monumental. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir manifestaciones civiles, ni aún durante el primer golpe de Estado cívico de 2008. Ahora, en plena convulsión y sin que alguien preguntara nada, dijeron que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para hacerse presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante no dudaron en pedir-imponer al presidente Evo su renuncia, rompiendo el orden constitucional; hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe, salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, a asesinar a campesinos. Todo sin decreto presidencial. Claro para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. En cinco días ya hay más de 18 muertos y 120 heridos de bala; por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo llevándola a abrazar un fascismo racializado centrado en el indio como enemigo?, ¿cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y Fuerzas Armadas y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los pasados 14 años de gobierno, los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 a 15 por ciento), ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), indianizacion del Estado (más de 50 por ciento de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres), es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9 mil millones de dólares a 42 mil millones, se amplió el mercado y el ahorro interno, que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral. Pero entonces esto ha dado lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada clase media, medida en ingresos haya pasado de 35 por ciento a 60 por ciento, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material, pero que inevitablemente ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado, reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes; sino que además los arribistas, la nueva clase media de origen popular indígena tiene un conjunto de nuevos capitales ( idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata por tanto de un desplome de lo que era característico de la sociedad colonial, la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media sobre las clases subalternas, porque aquí en Bolivia la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia, porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza; se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida, sino, paradójicamente, también en sociedades poscoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de cerca de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

Pero el odio racial sólo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que detrás de cada mediocre liberal se agazapa un consumado golpista.

*Vicepresidente de Bolivia en el exilio

13.11.19

Cartografía de un golpe de Estado

Katu Arkonada
¿Cómo se ha podido desmoronar el proceso político que más igualdad generó en el país más desigual de América Latina y el Caribe?

Quizás en la misma pregunta está la respuesta.

La derecha nacional e internacional nunca le perdonó a Evo Morales, un indígena aymara, que se tuvo que campesinizar para hacer frente a los estragos del neoliberalismo, que nacionalizara los recursos naturales de Bolivia el 1º de mayo de 2006, tan sólo tres meses después de tomar posesión, y convocara a una Asamblea Constituyente que otorgaba derechos como nunca en la historia a las mayorías sociales, al sujeto indígena originario campesino.

Y por eso le dieron un golpe de Estado en cuanto pudieron. En cuanto se acumularon suficientes errores sobre los que montarse. En cuanto se generó el clima social adecuado para poder consumarlo sin que pudiera ser revertido.

Hoy el golpe de Estado en Bolivia traza una línea que divide no ya a los antimperialistas, sino a los demócratas, de quienes se amparan en cualquier error cometido por el gobierno de Evo Morales para justificar o mirar para otro lado ante el golpe contra la democracia que supone lo sucedido en el país andino-amazónico.

Porque un golpe cívico-policial, con la complicidad de las fuerzas armadas, y empujado por una oleada de violencia sin precedentes que quemaba casas de militantes del MAS-IPSP o secuestraba personas, dirigida por la derecha racista y reaccionaria, es un golpe de Estado se mire por donde se mire, sin eufemismos.

Y si Galeano escribía que la historia de América Latina es la historia del saqueo de sus recursos naturales, parece innecesario subrayar que también es la historia de la injerencia estadunidense sobre su patio trasero. Injerencia mediante golpes de Estado, pero también mediante mecanismos de dominación como la Organización de Estados Americanos (OEA). Una OEA que tiene responsabilidad directa en el golpe no sólo por omisión, sino por acción, manipulando a la opinión pública nacional e internacional sin presentar una sola prueba de fraude, tan sólo las irregularidades propias de cualquier proceso electoral, y que de ninguna manera variaban el resultado final de la misma: la victoria de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo por más de 10 puntos de diferencia sobre Carlos Mesa. También en algún momento habrá que depurar responsabilidades sobre quién al interior del gobierno boliviano empujó para aceptar como vinculante una auditoría de la OEA y Almagro, que es lo mismo que decir del Departamento de Estado estadunidense, ante un escenario de retroceso de la integración política latinoamericana, donde los cipayos locales de EU han destruido la Unasur y vaciado la CELAC.

Porque tampoco cabe ninguna duda del rol jugado por EU en la crisis posterior al triunfo electoral. A pesar de haber sido expulsados de Bolivia el embajador, la DEA y la Agencia para el Desarrollo estadunidenses, la oficina de la CIA al interior de la embajada en La Paz ha seguido operando los últimos años, fragmentando el movimiento social en varias partes del país.

Se hace necesario aquí reconocer la grandeza y liderazgo de Evo Morales, que ha preferido renunciar a un proceso que tanta sangre alteña y boliviana costó en los años anteriores a 2006. No es casualidad que esta crisis política se salde sin un solo muerto por represión gubernamental, en contraste con lo que sucede en Chile, Ecuador, Honduras o Haití, en este caso con el silencio cómplice de la OEA.

Un Evo que ha preferido asilarse en México, cuando podía haberse atrincherado en el Chapare y liderar la contraofensiva ante el vacío de poder que se abre en una Bolivia sin gobierno, sin quorum en la Asamblea Legislativa Plurinacional para nombrar a una presidenta interina (el MAS tiene 2/3 de la Asamblea), sin ningún liderazgo opositor nacional más allá de los liderazgos regionales, y donde la resistencia al golpe continúa creciendo, sobre todo a partir del núcleo irradiador de El Alto. Las contradicciones entre el heterogéneo bloque opositor, el ejército, la policía y las élites económicas no van a tardar en salir a la luz, y será necesario desnudar los intereses detrás del golpe de Estado.

En esta época de posverdad, donde se justifica un golpe de Estado sin que nadie, incluida la propia OEA, haya mostrado una sola prueba de fraude, ya habrá tiempo de analizar los errores cometidos por el gobierno popular de Evo Morales. Pero ahora son tiempos de resistencia. De cuidar a los compañeros y compañeras perseguidas por sus ideas políticas, y de generar un movimiento mundial de solidaridad con el proceso de cambio boliviano y su presidente indígena, antimperialista, anticapitalista y anticolonialista. Tiempos de organizar la resistencia interna, que va a ser de larga duración.

Ya habrá tiempo de reflexionar por qué no pudieron, con una potencia de fuego, político, económico y mediático, diez veces superior, con la revolución bolivariana, donde a pesar de todos los errores se pudo construir no sólo una unidad cívico-militar, sino un pueblo con conciencia crítica y un partido que no fue vaciado por el Estado y fue clave para la movilización popular.

Bolivia no es Venezuela, ni el proceso de cambio la revolución bolivariana. Pero Evo sí es Chávez, es Allende, es Mandela, es todas y cada una de las personas que luchan por un mundo mejor, con justicia social y ambiental.

Evo somos todos y todas.

5.11.19

Agredidos ni agraviados: Las relaciones civiles-militares en México


General Gallardo

A raíz de las declaraciones del divisionario Diplomado de Estado Mayor Carlos Gaytán Ochoa, López Obrador, descartó “intentos de conspiración” en relación a los resultados del operativo de octubre pasado en Culiacán.

En una conferencia mañanera, el mando supremo, respondió a las críticas del militar, lo cual da a entender que “existen discrepancias de parte de militares, por el actuar del Gobierno y su trato hacia las fuerzas armadas.

El entuerto provocó una preocupación de medios, analistas e intelectuales, cierto hay sinsabor no sólo en estos sectores y en la sociedad, sino entre los militares, pero las declaraciones del militar, no pasan de ser una baladronada, de un mando con turbio pasado que auspició la participación activa del Ejército en asuntos que prohíbe la Constitución general y la ley militar.

Queda prohibido a todo militar, desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de ésta… Los militares, de cualquier graduación, no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles… Art. 28, 29 RGDM.

El militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio… Todo militar que se exprese mal de sus superiores en cualquier forma, será severamente castigado… Cuando el militar eleve quejas infundadas, haga públicas falsas imputaciones contra sus superiores o cometa indiscreciones en asuntos del servicio, será castigado con arreglo al Código de Justicia Militar. Art. 12, 16 y 17 LDM.

A falta de valor civil para enfrentar una orden del Presidente, el discurso es convocado y apoyado por el mismo, General Secretario Luis Crescencio Sandoval.

Lo que lleva a concluir que México carece de una relación civil-militar democrática, donde el poder militar esté sometido al poder civil, la no deliberación de los militares en asuntos políticos. Art. 129 c

He seguido atento las “propuestas” relativas a la seguridad para lograr la paz, la estrategia que ella plantea, es equivocada, pues la seguridad pública no tiene que ver con militares, no tiene que ver con el Ejército, no tiene que ver con políticas represivas o cárceles, ni con ocurrencias e improvisaciones.

 Hay que cambiar los parámetros sobre cómo se concibe la seguridad pública: de una visión de control social y de maniobras perversas en contra de la sociedad para sostener un régimen autoritario y depredador, continuado incluso por la 4t, a otro donde se piense la seguridad pública, como una función del Estado, como un bien público, como un derecho humano, que quien el único que lo debe prestar es el Estado.   

 Mas cuando en México históricamente la clase política nacional, les ha adjudicado a los militares, claro con su complacencia y cobros de factura, la seguridad pública, facultad y única responsabilidad constitucional atribuida a las autoridades civiles en el ordenamiento federal (Art. 21), aquí incluiría el sistema de seguridad y justicia de las comunidades indígenas o de los grupos de autodefensas surgidos en Michoacán, ahora con presencia en 11 entidades federativas. Cómo se puede ocultar la legitimidad de un movimiento social, a falta de Gobierno, de justica o por la interrupción de la observancia constitucional. (Informe CNDH/2013)  

Quizá no tenga la facilidad para darme a entender, “No hay que confundir las cosas por muy parecidas que las creamos”. La situación de las relaciones entre civiles y militares ha carecido de estudios serios. La única teoría que tiene amplia aceptación derivada de las premisas del liberalismo americano, es la investigación que realizó sobre el tema Samuel P. Huntington en 1956. (El Soldado y el Estado: Teoría y Política de las relaciones civiles-militares)

Huntington sustenta en su análisis dos hipótesis: La primera, supone que las relaciones civiles-militares, en cualquier sociedad, deben ser estudiadas como un sistema de partes interdependientes.  Define como principales componentes del sistema tres situaciones: A.- La posición formal, estructural, de las instituciones militares en el Gobierno; B.- El papel informal y la influencia de los grupos militares en la política y en la sociedad a la larga; y C.- La naturaleza de las ideologías de los conjuntos militares y no militares.

Como partes de un sistema total, ninguno de estos componentes puede cambiar sin provocar efectos en los demás conjuntos. Cualquier sistema de relaciones civiles-militares involucra así un difícil equilibrio de poder; de un lado, entre la autoridad, influencia e ideología de los militares; y del otro, entre la autoridad, influencia e ideología de los grupos civiles.   En este contexto, el equilibrio puede ser conseguido de varias formas.

La segunda hipótesis señala que, partiendo de ciertas premisas concernientes a la naturaleza y al propósito de las instituciones militares, es posible definir en abstracto ese tipo particular  de equilibrio  -control civil objetivo- que  maximiza  la  seguridad militar.

Utilizando este enfoque, es posible visualizar hasta qué punto el sistema de relaciones civiles-militares tiende a mejorar o a deteriorar la seguridad militar de una sociedad determinada.  Es también posible sugerir los cambios necesarios en las partes componentes del sistema para aproximarlo al punto de equilibrio, es decir, al control civil objetivo.

Así las cosas, Huntington considera que las relaciones civiles-militares son un aspecto de la política de seguridad nacional.  El objetivo de la política de seguridad nacional es mejorar la seguridad de las instituciones sociales, económicas y políticas contra amenazas que provienen de otros Estados independientes o de índole subversivo desde el orden interno.

La política de seguridad nacional puede manifestarse en tres formas:  A.-  La política de seguridad militar: Es un programa de actividades planeado para disminuir o neutralizar los  esfuerzos destinados a debilitar o destruir a la nación, realizados por fuerzas armadas que operan fuera de sus límites territoriales; B.-  La política de seguridad interna: Trata de la amenaza de subversión; es decir, el esfuerzo destinado a debilitar o destruir al Estado, impulsado por fuerzas que operan dentro de sus límites institucionales y territoriales; C.-  La política de seguridad situacional: Concierne a la amenaza de erosión proveniente de cambios a largo plazo en las condiciones sociales, económicas, demográficas y políticas que tienden a reducir el poder relativo del Estado.

Esta visión de la política de seguridad nacional en cada una de sus manifestaciones, militar, interna y situacional, se desarrolla en dos planos, uno institucional y otro operativo. El plano operativo, implica los medios inmediatos a que se apela para afrontar las amenazas a la seguridad.  El plano institucional trata la manera en que la política operativa es concebida, formulada y ejecutada. Las relaciones civiles-militares son el principal componente de la política de seguridad militar.

Los planteos o conclusiones operativas inmediatas de la política militar, involucran normalmente: los planteos o conclusiones cuantitativos de los recursos del Estado dedicados a las necesidades militares; los planteos o conclusiones cualitativos de la organización, composición, equipamiento y empleo de las fuerzas militares; y los resultados dinámicos de la utilización de las fuerzas militares de cuándo y bajo qué circunstancias serán puestas en acción.

La naturaleza de las resoluciones sobre estos asuntos es determinada por el esquema institucional a través del cual se toman esas decisiones. Los temas fundamentales de la política institucional están siempre presentes, son continuamente redefinidos, pero nunca resueltos. El ordenamiento de las relaciones civiles-militares, por consiguiente, es básico para determinar la política de seguridad de la nación.  El objetivo de esta política en el plano institucional es desarrollar un sistema de relaciones civiles-militares, que realcen en grado máximo la seguridad militar con el menor sacrificio de otros valores sociales.  El logro de este objetivo comprende  un intrincado equilibrio de poder y de actitudes entre los grupos civiles y militares.   Las naciones que logran un esquema balanceado en las relaciones entre civiles y militares, poseen una gran ventaja en su búsqueda de la seguridad.  Por otra parte, las naciones que fracasan en desarrollar un sistema cívico-militar [civil-militar] bien balanceado, malgastan sus recursos y se exponen a riesgos incalculables.

Las instituciones militares de cualquier sociedad están conformadas por dos impulsos; por un lado, el imperativo funcional que surge de las amenazas a la seguridad de la sociedad,  y por el otro, el imperativo social proveniente de las fuerzas sociales, ideologías e instituciones dominantes dentro de la sociedad.

Las instituciones militares que reflejan sólo los valores sociales pueden verse incapacitadas para ejercer sus funciones militares eficazmente. Por otra parte, puede ser imposible contener dentro de  una sociedad instituciones militares formadas puramente por imperativos funcionales. La interacción de estos dos impulsos constituye la esencia del conflicto en las relaciones civiles-militares. El grado en que ambos impulsos o fuerzas entran en confrontación depende por una parte, de la intensidad de las necesidades de seguridad, y por la otra, de la naturaleza y fuerza del esquema de valores de la sociedad. El ajuste y equilibrio entre estos componentes de las relaciones civiles-militares no viene solo, algunas sociedades pueden ser inherentemente incapaces de proporcionar las bases adecuadas para su propia seguridad militar. Tales sociedades carecen de valores de supervivencia en una época de continuas amenazas.

Siendo plausible lo hasta aquí asentado, nos preguntamos: ¿Qué esquema de relaciones civiles-militares mantendrá mejor la seguridad de una nación?

Lo primero que tiene que considerarse en las relaciones civiles-militares es el trato que tiene el Estado con el cuadro de oficiales. En este espacio es donde llega al máximo el conflicto entre  las  presiones que surgen del imperativo funcional y las provenientes del imperativo social.

Por una parte, el cuadro de oficiales es el elemento dirigente activo de la estructura militar y es responsable de la seguridad de la comunidad.  Por la otra, el Estado es el elemento dirigente activo de la sociedad, y es el responsable de la distribución de recursos entre los valores sociales, incluyendo la seguridad militar.   En consecuencia, al analizar  las relaciones  civiles-militares, lo primero que hay que definir es la naturaleza del cuadro de oficiales. ¿Qué clase de corporación es el cuadro de oficiales?  ¿Qué ralea de hombre es el oficial militar?

El moderno cuadro de oficiales es un organismo profesional y el actual oficial militar es un hombre profesional.  Una profesión  es un tipo peculiar de grupo funcional de características altamente especializadas. El  profesionalismo  es característico del oficial moderno en la misma forma que se caracteriza el médico o el abogado.

El profesionalismo distingue al oficial militar de hoy en día del guerrero de otras épocas. La existencia del cuadro de oficiales como cuerpo profesional da característica única al problema moderno de las relaciones civiles-militares.

La naturaleza de otras profesiones como profesiones, así como su historia, ha sido ampliamente discutida. Sin embargo, el carácter profesional del moderno cuadro de oficiales ha sido descuidado. En nuestra sociedad, el hombre de negocios puede manejar más dinero, el político más poder, pero el profesional puede manejar más respeto.

Cuando el término profesional ha sido empleado en relación con los militares, casi siempre lo ha sido en el sentido de profesional como opuesto al amateur, más que en el sentido de profesión en contraste con comercio u oficio.  Las frases “ejército profesional” y “soldado profesional” han oscurecido la diferencia entre el “enganchado”, que es  profesional en el sentido de uno que trabaja por ganancias monetarias, y el oficial de carrera, que es profesional en el sentido, muy diferente, del que persigue “un puesto más alto en el servicio de la sociedad”.

La seguridad pública, debe descansas en esta relación civil-militar, donde el poder militar esté sometido, subordinado absolutamente al poder civil del Estado. Cualquier Gobierno por más legítimo que llegue al poder, incluso con el cien por ciento de la votación, si no tiene este cimiento NO PODRÁ GOBERNAR, porque va en contra del orden constitucional, por tanto la gobernación será nula de pleno derecho.

Esta definición llevó a los Estados Unidos a convertirse en el país más poderoso del mundo. La prohibición del uso de las tropas militares en las tareas de seguridad se decretó desde 1854. “Las fuerzas armadas están diseñadas para pelear en la guerra, mientras que las fuerzas policiales están diseñadas para hacer cumplir la ley”.

En las condiciones de abdicación del poder civil, la 4t no está en condición de establecer una relación civil-militar, donde esté sometido el Ejército a los controles institucionales.

27.10.19

El nuevo mundo surge ante nosotros


Thierry Meyssan señala la extrema importancia, no de la retirada estadounidense ‎de Siria sino del derrumbe de los puntos de referencia actuales del mundo. Estima que ‎estamos entrando en un corto periodo de transición en el cual los que hoy controlan los ‎acontecimientos, que son los «capitalistas financieros» –aunque los actores que ‎designa de esa manera no tienen nada que ver con el capitalismo original ni tampoco ‎con la banca original– van a ser apartados en beneficio de las reglas de derecho que ‎Rusia enunció… en 1899‎


Estamos viviendo algo que sólo se ve una o dos veces cada 100 años. Está surgiendo un nuevo ‎orden mundial y todas las referencias anteriores desaparecen. Los que antes fueron ‎increíblemente vilipendiados ahora triunfan mientras que los que solían dictar su voluntad están ‎en pleno descenso al infierno. Es cada vez más evidente que las declaraciones oficiales y las ‎interpretaciones que los periodistas divulgan ya no corresponden a los hechos. ‎Los comentaristas tendrán que cambiar de discurso, rápida y radicalmente, o van verse barridos ‎por el remolino de la Historia. ‎

En febrero de 1943, la victoria soviética ante la invasión nazi cambió el curso de la Segunda Guerra ‎Mundial. A partir de ese hecho, lo que vino después ya era inevitable. Pero todavía hubo que esperar que tuvieran lugar el ‎desembarco anglo-estadounidense en las playas de Normandía –en junio de 1944–, la ‎conferencia de Yalta –en febrero de 1945– y la capitulación del Reich –el 8 de mayo de 1945– ‎para finalmente ver el nacimiento del mundo nuevo. ‎

En un solo año, el Reich nazi había perdido su lugar y se veía reemplazado por nuevas potencias: ‎Estados Unidos y la Unión Soviética. En aquel mundo nuevo, el Reino Unido y Francia, que ‎‎12 años antes aún eran las dos primeras potencias mundiales, quedaban como espectadores del ‎proceso de descolonización de sus respectivos imperios. ‎

Hoy estamos viviendo un momento similar. ‎

Cada periodo histórico tiene su propio sistema económico y construye una superestructura ‎política destinada a proteger ese sistema. Al final de la guerra fría y con el derrumbe de la URSS, ‎el presidente Bush padre desmovilizó un millón de militares estadounidenses y confió la búsqueda ‎de la prosperidad a los dirigentes de las grandes transnacionales. Estos últimos se aliaron al ‎dirigente chino Deng Xiaping y trasladaron grandes cantidades de empleos estadounidenses ‎a China, país que se convirtió así en la gran fábrica del mundo.

Pero, lejos de ofrecer prosperidad a ‎sus conciudadanos, los dirigentes de las transnacionales acapararon sus ganancias, provocando la ‎lenta desaparición de las clases medias en las naciones de Occidente. En 2001, financiaron los ‎atentados del 11 de septiembre para imponer al Pentágono la estrategia Rumsfeld/Cebrowski de ‎destrucción de los Estados [1]. El presidente Bush hijo transformó entonces el «Medio Oriente ampliado», o «Gran ‎Medio Oriente» en campo de batalla de una «guerra sin fin». ‎

La liberación en una semana de una cuarta parte del territorio nacional sirio no es sólo la victoria ‎de Bachar al-Assad, el presidente sirio que desde hace 8 años «tiene que irse». Es también el ‎fracaso de la estrategia militar tendiente a instaurar la supremacía del capitalismo financiero. ‎Ha sucedido lo que parecía inimaginable. El orden mundial se ha modificado y la subsiguiente ‎secuencia de acontecimientos es inevitable. ‎

La fastuosa acogida al presidente ruso Vladimir Putin en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes ‎Unidos es una muestra del espectacular cambio de posición de las potencia del Golfo Arábigo-‎Pérsico, que ahora se pasan al bando ruso. ‎

La también espectacular redistribución de las cartas en Líbano es igualmente muestra del mismo ‎fracaso político del capitalismo financiero. En un país dolarizado donde desde hace un mes ya ‎no se encuentran dólares, donde los bancos cierran sus puertas y se limitan las extracciones de ‎dinero que los clientes pueden realizar, las manifestaciones anticorrupción no podrán detener la ‎caída del orden anterior. ‎

Los estertores del orden agonizante se hacen sentir por todas partes. En Ecuador, el presidente ‎Lenín Moreno atribuye a su predecesor Rafael Correa –quien vive en Bélgica– y a un símbolo de ‎la resistencia frente a la explotación financierista –el presidente venezolano Nicolás Maduro– la ‎responsabilidad de haber organizado lo que en realidad es un levantamiento popular contra las ‎medidas del capitalismo financiero. ‎

El Reino Unido ya retiró de Siria sus fuerzas especiales y ahora está tratando de salir del Estado ‎supranacional que es la Unión Europea. Después de haberse planteado la posibilidad de conservar ‎el Mercado Común (el proyecto de Theresa May), el Reino Unido decide romper con toda la ‎construcción europea, conforme al proyecto de Boris Johnson. Mientras tanto, después de ‎los errores de los ex presidentes Nicolas Sarkozy y Francois Hollande, a los que se agregan ahora ‎los errores del presidente Emmanuel Macron, Francia pierde súbitamente toda credibilidad e ‎influencia. ‎

Por su parte, los Estados Unidos del presidente Donald Trump dejan de ser la «nación ‎indispensable», el «policía del mundo» al servicio del capitalismo financiero para tratar de ‎convertirse nuevamente una gran potencia económica. Así que Estados Unidos retira su arsenal ‎nuclear de Turquía y se dispone a cerrar el CentCom en Qatar mientras que todos reconocen ‎a Rusia como la potencia «pacificadora» que hace prevaler el derecho internacional que ‎ella misma había creado cuando convocó –en 1899– la «Conferencia Internacional por la Paz» ‎de La Haya, cuyos principios los miembros de la OTAN han venido pisoteando. ‎


La Segunda Guerra Mundial puso fin a la Sociedad de las Naciones para dar paso al nacimiento de ‎la ONU. De la misma manera, este mundo nuevo creará probablemente una nueva organización ‎internacional basada en los principios de la Conferencia de 1899, realizada en La Haya por ‎iniciativa del zar Nicolás II y del premio Nobel de la Paz Leon Bourgeois. Para eso, primero habrá ‎que disolver la OTAN, que tratará de sobrevivir extendiéndose al Pacífico, y también la Unión ‎Europea, convertida en refugio del capitalismo financiero. ‎

Tenemos que comprender bien lo que está sucediendo. Estamos entrando en un periodo de ‎transición. Lenin decía, en 1916, que el imperialismo era la fase suprema de la forma de ‎capitalismo que desapareció con las dos Guerras Mundiales y con la crisis bursátil de 1929. ‎El mundo de hoy es el mundo del capitalismo financiero, que arruina una por una las ‎economías nacionales favoreciendo únicamente a unos pocos súper ricos. Su fase suprema ‎suponía dividir el mundo en dos partes, poniendo de un lado los países estables y globalizados y ‎del otro lado vastas regiones del mundo sin Estados, reducidas a servir únicamente como ‎‎“reservas” de materias primas. ‎

Ese modelo, rechazado tanto por el presidente Trump en Estados Unidos, como por los ‎‎«Chalecos Amarillos» en Europa occidental y por Siria en el Levante, es el modelo que hoy ‎agoniza ante nosotros. ‎

[1] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 22 de agosto de ‎‎2017.

24.10.19

¿“Nuevo régimen” con hegemonía oligárquica secular?

José Luis Ríos Vera

I. La fecha de nacimiento del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no data de la insurrección “ciudadana” del 1 de julio de 2018, sino del período de la campaña electoral. La apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada en este período. De la mano de Carlos Urzúa y Alfonso Romo –portavoces del capital financiero, industrial, comercial– quienes subrayaban la postura de “centro-izquierda” del proyecto, el principal dirigente de la 4T (AMLO) autoproclamó en dicho periodo de campaña sus compromisos “a los inversionistas nacionales y extranjeros”, tales como: respeto a contratos y concesiones establecidas; aseguramiento del sistema financiero; independencia de Banco de México; disciplina fiscal; superávit primario; rechazo a la Reforma Hacendaria progresiva; respaldo al TLCAN.

II. Reconociendo las Deudas (corruptas, ilegítimas) del “viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera, la principal expoliadora del país. ¿Es posible un “nuevo régimen” con viejos acreedores y añejas obligaciones? ¿Puede hablarse de un nuevo régimen con hegemonía secular?

III. Con cargo en la reproducción de rezagos sociales y del histórico atropello de las necesidades colectivas y populares (educación, salud, etc.), el “gobierno de la austeridad” consolida el poder del capital financiero (con inéditas transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil millones de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la corrupción” anidada en las “alturas” del aparato estatal, en su desmesura, la “austeridad” se ha hecho “República”, y observamos la acentuación del adelgazamiento de la máquina estatal (una máxima neoliberal). Las principales repercusiones de ello se han orientado contra los derechos laborales de los trabajadores de la función pública (administrativos, médicos, enfermeras, doctores, profesores, etc.). A ello hay que añadir que, en el país de la precariedad y de la informalidad laboral, la disciplina fiscal y el régimen de austeridad defendidos con firmeza por el gobierno de la 4T, mantienen y agravan el atraso, el deterioro y el subdesarrollado estado de los servicios públicos del Estado.

IV. La 4T desperdició la oportunidad de derrumbar (¡en unos cuantos días!) los principales nudos del patrón de acumulación y reproducción del capitalismo mexicano dependiente de la economía estadounidense, esto es, el TLCAN y el yugo financierista. No realizó ningún desafío al sistema financiero internacional a través de un arrojado Presupuesto Público Federal que tuviera como prioridad las necesidades sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No ofreció ninguna respuesta contundente a la amenaza-extorsión de Trump respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes que impidiera la mayor crisis migratoria que día a día crece en el país.

V. Una forma política de régimen no se define por un carácter “honesto” o “corrupto”. En el remoto caso de que en el mundo del capital pudiera ocurrir un “gobierno honesto”, existe una gran distancia entre “eliminar” la corrupción mediante el ejercicio de un gobierno con este carácter y el establecimiento de una nueva forma política de régimen. En consecuencia, barrer a los “corruptos del pasado” –aun en el caso que así pueda serlo– no es suficiente para conformar un “nuevo régimen político”.

Un régimen político se explica a partir de las clases y fuerzas sociales que concentran y ejercen el poder político, así como las formas y medios por los que se construyen los procesos de acumulación, las relaciones de explotación y condiciones de dominación. En stricto sensu éstas fuerzas no se identifican inmediatamente con “los corruptos” (por ejemplo, los hasta ahora investigados o procesados en el país), sino sustancialmente con aquellas clases sociales o fracciones de éstas que detentan la capacidad de imponer sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante –actualmente vigente– de acumulación y reproducción del capital (banqueros, financieros, exportadores, importadores, manufactureros, propietarios del sector de telecomunicaciones, del sector turismo, etc.).

La construcción de un nuevo régimen político implica –entre otros elementos– trastocar la capacidad política de las fuerzas de clase que detentan y ejercen el poder político (fuerzas hegemónicas). En consecuencia, significa poner en marcha la de-construcción de los intereses y políticas económicas que cimientan y conforman la modalidad de acumulación-reproducción del capital predominante impuesta por dichas fuerzas.

La noción acuñada de “mafia del poder” (AMLO) reduce el cuestionamiento del orden económico y político al funcionamiento corrupto y vertical del aparato estatal (y de sus actores) y sus vínculos con los agentes económicos, si bien es indicativa de la tradicional lumpenpolítica practicada en el seno del aparato estatal y grupos empresariales, en rigor resulta desorientadora. También deja de lado el papel del Estado y las relaciones de poder entre las clases sociales en el establecimiento e imposición de la forma dominante de acumulación del capital en el conjunto de la sociedad.

En el límite, la narrativa “anticorrupción” de la 4T lleva a la apología del orden del capital y su modalidad de acumulación. Por medio del genuino discurso y política de “combate a la corrupción” como bandera de justicia social, AMLO hace de la “corrupción” el “principal problema del país”. Sin embargo, con aquél combate otorga legitimidad a un orden que paradójicamente fetichiza las contradicciones históricas de la sociedad: el modo de acumulación-concentración del capital, las transferencias de riqueza al exterior, la subordinación y dependencia del régimen económico-político y los antagonismos sociales y de clase. Para la 4T, la “solución” a ello se presenta con la simple fórmula de un “gobierno honesto”, con lo que se perpetúan dichas contradicciones reales.

VI. Bajo el lema de “separar el poder político del poder económico”, se pretende neutralizar los privilegios y la capacidad política de la oligarquía predominante de imponer sus intereses, y reconstituir a la República sobre la forma de un “pluralismo” político-democrático sustentado en un “Estado de Derecho”. De este modo, se busca la ampliación de espacios para el conjunto de fuerzas u organismos económicos y sociales, así como el establecimiento de “nuevas” condiciones de competencia económica y política.

En este sentido, anteponer la “unidad nacional” y/o el “interés general” al estrecho círculo de una lumpenburguesía oligárquica corrupta (cuasi-monárquica y/o autárquica), supone elevar y aperturar al conjunto general de las clases propietarias a la dominación del capital sobre los explotados y/o desposeídos. Por tanto, la convocatoria a la “unidad nacional” de la 4T –que buena parte de la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza entre “ricos y pobres”, “millonarios y hambrientos”, en condiciones estructurales e institucionales que favorecen permanentemente a los primeros, con lo que dicha “separación” –entre “poder político” y “poder económico”– termina por ser una apariencia, abiertamente manipulatoria.

No obstante, hasta ahora, la pretendida “unidad nacional” (pluriclasista, “sin privilegios”, “democrática”) ni por asomo se ha acercado a remover tanto las relaciones esenciales de la acumulación del capital como la composición de las relaciones de hegemonía en el seno de las fuerzas políticas (de clase) en México. Por lo que se recrea así una “reconciliación nacional” imaginaria, que se constituye bajo la permanente égida de las fuerzas hegemónicas (financieras, exportadoras, y fracciones de clase subordinadas al capital internacional predominantemente estadounidense).

VII. La “abolición” del neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política “reinante” en el aparato estatal, en la imaginación del gobierno y en sus desveladas frases. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias de riqueza al capital financiero, defensa de la liberalización comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento en gasto educativo, salud, caída de inversión productiva, etcétera.

VIII. Las expresiones que sintetizan la apariencia “antineoliberal” de la 4T son el “desarrollo” y el “bienestar”. Orientadas a la construcción de un “nuevo pacto social”, y una de “política social” y de “bienestar”, son un evangelio incapaz de cuestionar al capital y sus relaciones de apropiación del patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y superexplotación del trabajo. Sin embargo, es fundamental resaltar que estas expresiones impactan en la conformación de un Estado despolitizador, el cual es impuesto sobre los explotados por el mundo del capital.

La “redistribución del ingreso” (según AMLO) o “crecimiento inclusivo” (de acuerdo con el FMI), sin ninguna mudanza estructural, apenas levantan el derecho a una “asistencia pública” frágil, acrítica y subordinada al orden clasista de opresión, injusticia social y desigualdad prevaleciente.

IX. Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis fiscal, la 4T estimula y acrecienta el reino de la llamada Iniciativa Privada (el gran capital) en la mayor parte de espacios y circuitos económicos de la esfera social al que el propio Estado (“sin recursos”) ha renunciado. Es el caso, por ejemplo, del sector de la Petroquímica o del “Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con el magnate Carlos Slim al frente) en la infraestructura social y hace retroceder la inversión pública y de “desarrollo” –por cierto, digámoslo fuerte– diseñada y organizada por el empresario neoliberal Alfonso Romo.

La obstinada convocatoria y defensa del nuevo gobierno para recurrir a la inversión extranjera y nacional se explica por esta señalada retracción y renuncia de la participación del Estado como capitalista colectivo –aquí su límite desarrollista–. Lo anterior revela entonces la total ausencia de un programa de ruptura con el orden económico de la mundialización neoliberal y la construcción de una alternativa social real. Esto es así a pesar de las disputas y contradicciones existentes (política energética en Pemex, CFE, gasoductos, etc.) entre el gobierno de la 4T y las clases predominantes locales-extranjeras, quienes defienden sin tregua sus intereses de clase (certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, la reforma laboral “competitiva, T-MEC, las instituciones supuestamente “autónomas”, los llamados farmouts, los amparos judiciales; la “flexibilidad” fiscal, etc.), y forman en la derecha una oposición posesiva y destructiva.

X. El llamado decálogo de la “nueva política industrial” en absoluto intenta construir una nueva capacidad de organización y estructura industrial que supere la subordinación del aparato productivo a los nodos de una economía exportadora. Por el contrario, mantiene el absoluto dominio trasnacional (división internacional del trabajo) y la estructura altamente importadora (en déficit estructural), de baja generación de valor en aquellos sectores de especialización productiva que lograron integrarse a las cadenas mundiales de valor –organizadas por las grandes corporaciones trasnacionales demandantes de las condiciones de superexplotación del trabajo de los países dependientes y periféricos—.

La dinámica de la política industrial y del mercado nacional reafirman y consolidan su supeditación a la demanda externa y al inestable (des) orden económico de la globalización neoliberal, muy próxima de una nueva recesión. Dicha supeditación es evidenciada con la enérgica persistencia de la brutal violencia que se vive bajo la no-correspondencia entre el salario y el costo de la vida y que se refleja en las disminuidas metas de la 4T de incrementar el salario mínimo “por lo menos dos puntos porcentuales” (AMLO) por encima de la inflación, y de lograr una recuperación del poder adquisitivo de “20 por ciento” en el periodo 2019-2024, además de su prácticamente nulo combate a la informalidad y precariedad del trabajo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

XI. Por medio de un proceso de incorporación de la región del Sur-Sureste del país se pretende “superar” los graves problemas de concentración y desigualdad geográfica-territorial, económica y productiva, promovidos por la integración subordinada-segmentada a la economía estadounidense. Ello implica la construcción de nuevos polos productivos en la región (parques manufactureros-maquiladores, Zonas Económicas Especiales) orientados a proveer de bienes a la demanda de las cadenas globales de valor, mismas que contarán con una nueva plataforma de infraestructura (Corredor Transístmico) que daría un inmejorable impulso al mercantilismo capitalista global y a la dependencia exportadora de una economía de cuyas contradicciones le impiden conformar el crecimiento de un mercado interno de masas a razón de que ésta es sustentada en un mundo del trabajo centrado en relaciones de superexplotación.

Otro conjunto de megaproyectos (Tren maya, oleoductos, minería, carreteras, etc.) dominados por grandes capitales completarán esta nueva etapa de incorporación “tardía” de la región sur-sureste a las formas de acumulación de capital e integración subordinada al capital extranjero, para lo que se han venido activando políticas de contrainsurgencia, cooptación y desorganización de la lucha popular en las respectivas poblaciones y territorios. Sin embargo, todos estos proyectos en lugar de procurar romper la subordinación económica al mercado mundial, terminan por incrementarla.

XII. Contario a lo esperado, el gobierno de la Cuarta Transformación reactiva y continúa con las políticas de un Estado de excepción que ahora suponen promover la defensa de la “seguridad nacional” ante “amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.). Despliega su mayor capacidad para coaccionar y desmovilizar la lucha social, e irónicamente, revela su impotencia y aguda incapacidad de poner fin a la violencia social y a la crisis de “seguridad pública”, argumento utilizado para imponer la militarización oficial del país. De este modo, la Guardia Nacional reedita la Ley de Seguridad Interior elaborada por el gobierno anterior como arma de criminalización y militarización de las luchas populares en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el territorio, y el conjunto de los derechos sociales y laborales que los intereses y Megaproyectos del gran capital nacional-internacional destruyen.

XIII. La experiencia “progresista” que elude la lucha de clases en aras de una sentimental “fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico categórico. Han sido demostrados los límites de las recientes experiencias de “Nuestra América”, erguidas en las bases de un Reformismo menor, por lo que la historia muestra la necesidad ineludible de dar el salto cuántico hacia una política de cuestionamiento y ruptura con el orden prevaleciente.

XIV. El significado de la “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside en el fortalecimiento del vacilante sistema de dominación caracterizado por las condiciones de la crisis de la democracia y de representación que en buena parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018. Al no utilizar en su justa dimensión el llamado “bono democrático” del que hasta ahora dispone, la 4T abdica gratuitamente de la capacidad política para implementar reformas estructurales (económicas, políticas, culturales, mediáticas) en beneficio de los vilipendiados y desposeídos. El “nuevo régimen” reproduce el divorcio entre el poder ejecutivo, los centros de poder del aparato estatal y del sistema de decisiones de las clases trabajadoras y populares. Hoy más que nunca se vuelve mucho más efectiva aquella expresión que dice “todo lo que no es abolido, puede ser restaurado”.

XV. La actual política energética del Estado es el epicentro de la disputa entre la oligarquía dependiente y el capital extranjero (principalmente estadounidense) con la nueva clase reinante que controla el cuerpo institucional del aparato de Estado. Los más grandes capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética, pues por medio de las “rondas petroleras”, licitaciones y contratos de exploración y explotación, liberalización del fracking, desmantelamiento de Pemex, etc., la renta petrolera era entregada a capitales locales y principalmente trasnacionales (bancos de inversión, bancos comerciales, petroleras trasnacionales, empresarios privados locales, etc.). De ahí el inflexible rechazo del gran capital al impulso de las refinerías del Estado, la defensa de la soberanía energética, el fortalecimiento de CFE, etc.

La transferencia de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia Petróleos Mexicanos y su capitalización, desdibuja la sonrisa de los acreedores internacionales del Estado, pues ven “en riesgo” las transferencias públicas de riqueza (por el Costo Financiero de la Deuda y Superávit primario) a sus bancos, al tiempo que limita la participación del gran capital en la exploración y extracción de hidrocarburos. El gran capital exige ¡disciplina financiera y apertura energética para los privados! El poder financiero y sus agencias calificadoras amenazan con el “terrorismo económico”. A todas luces incomparable a la llamada “delincuencia organizada”, la amenaza catastrofista de los grandes “cárteles” del poder financiero internacional y grandes capitales asociados son entre otros: degradación en la calificación de deuda (de Pemex, deuda soberana), fuga de capitales, devaluación, inflación, empobrecimiento generalizado.

XVI. El control del aparato de Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado. La 4T debe poner freno a su escalada de subordinación y rendición al orden de acumulación-reproducción del capital predominante, a riesgo de ser avasallada. Construyendo vínculos con los desposeídos bajo el marco del clientelismo electoral e implementando leves modificaciones a dicho orden, la 4T quedará muy lejos de una transformación histórica genuina, y mucho más próximo del periodo de una reforma menor, que administra el aparato estatal y desorganiza y posterga los intereses de los desposeídos y trabajadores.