Todo es según el color de clase con que se mira

Gilberto López y Rivas

El análisis marxista de una coyuntura socioeconómica y política determinada pasa por no quedarse en lo epidérmico, anecdótico y fenoménico, sino destacar lo esencial y estructural.

Evitar que los personajes y, sobre todo, sus narrativas –impuestas por los grandes medios de comunicación y las redes sociales– prevalezcan frente al peso que tienen la correlación de clases, los sistemas hegemónicos, las formas de acumulación, explotación y dominación capitalistas, imperialistas y neocoloniales, así como los procesos de lucha y resistencia antisistémicos de los pueblos y las clases trabajadoras.

Por ello el reciente viaje de AMLO a Estados Unidos y sus resultados deben observarse a partir de la histórica relación de dependencia estructural de México con respecto a nuestros buenos vecinos, misma que no ha sido superada por el gobierno de la Cuarta Transformación, que, en la reunión bilateral de presidentes, se comprometió a fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, que el Tribunal Permanente de los Pueblos considera –en su histórica Audiencia Final: sentencia, fiscalías y relatorías– como marcado por la profunda desigualdad entre las economías de los países que lo firmaron, y que, como otras instituciones neoliberales, no está diseñado para promover el bien social, y, por el contrario, “son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par de que erosionan el compromiso y las opciones de los estados nacionales para proteger a la ciudadanía (…) La impunidad trasnacional que el TLCAN regula permite afirmar que es un tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción ambiental y cultural de los pueblos– se incorpora de manera trasversal a lo largo de todo el tratado” (Editorial Ítaca, 2016). Esta caracterización contrasta con la perspectiva sobre el TLCAN en el comunicado conjunto, en el cual se sostiene que: “la base de la competitividad de América del Norte es el Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá y reafirmamos nuestro compromiso con su plena implementación en beneficio de las familias trabajadoras […] Al coordinar nuestras políticas económicas, podemos hacer que nuestras cadenas de suministro sean más resilientes y expandir la producción en América del Norte”. En el comunicado conjunto se hacen realidad las pretensiones de Donald Trump de que México debía de pagar el muro, al dar a conocer que México se ha comprometido a invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024.

También es significativo que, en el contexto de una reiterada imposición de megaproyectos en los territorios por el gobierno actual, que recientemente declaró de seguridad nacional las obras del Tren Maya, se afirme en ese comunicado: Enfocaremos nuestros esfuerzos de desarrollo en soluciones climáticas y el desarrollo del sur de México, con su vasto potencial humano e importantes oportunidades para el comercio, la conservación y la energía limpia.

No pasaron desapercibidos otros hechos recientes que dan cuenta de la relación subalterna de México ante Estados Unidos. Uno, por demás polémico, fue el ejercicio militar multinacional del Comando Sur estadunidense, en el mar Caribe mexicano, del 7 al 21 de mayo pasado, denominado Tradewinds, y el otro fue la sexta Reunión de Estados Mayores de la Secretaría de Marina (Semar) y la Marina de Guerra de Estados Unidos, en la cual se alcanzaron 26 acuerdos sobre operaciones, adiestramiento, educación, investigación y desarrollo tecnológico, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, guerra electrónica y tráfico marítimo. La Semar declaró que su relación con el país del norte es prioritaria y estratégica. Ya en enero pasado, Jorge Alejando Medellín anunciaba que el Ejército y la Armada de México estrechaban sus nexos con el Comando Norte de Estados Unidos, con grupos operativos conjuntos del más alto nivel, para afinar mecanismos de cooperación en áreas de seguridad de interés bilateral. Recordamos al respecto la obra pionera de Carlos Fazio, El tercer ­vínculo: de la teoría del caos a la militarización (Joaquín Mortiz-Planeta, 1996), donde se expone cómo México se involucra de manera directa en el proyecto de seguridad hemisférica encabezado por Estados Unidos. Es posible considerar que, con las políticas de militarización del actual gobierno y el visible papel subalterno de las fuerzas armadas con respecto a las estrategias del Pentágono, se ha completado ese tercer vínculo de la dependencia en el ámbito militar, además del económico y el político.

EU, México y la geopolítica del petróleo

Carlos Fazio

 

Al despuntar el siglo XXI, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, el presidente de Estados Unidos George W. Bush y sus consejeros buscaron sostener el declinante poder político global del imperio con base en un potente aparato militar, una economía y diplomacia de guerra permanentes y la perpetuación de un clima de inestabilidad caótica con eje en el miedo. Ya entonces, la caída relativa de la capacidad industrial de EU exhibía la erosión de la hegemonía imperial en el mundo. No obstante, el grupo de neoconservadores que rodeaba a Bush Jr. (Rumsfeld, Wolfowitz, Armitage, Perle et al.) desempolvó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano de 1997 y The NewYork Times Magazine y The Wall Street Journal amplificaron la idea de que cierta dosis de imperialismo y expansionismo estadunidense podía ser la mejor respuesta al terrorismo. Como señaló entonces Michael Ignatieff, la guerra de EU contra el terror era un ejercicio de imperialismo ( Times Magazine). La invasión a Afganistán (2001) fue seguida del golpe de Estado frustrado del Pentágono y la CIA en Venezuela (2002) y la invasión militar a Irak (2003), ambos países productores de hidrocarburos y miembros de la OPEP. Se repetía la vieja historia iniciada por EU en Irán en 1953, con el derrocamiento de Mossadegh, siempre con el señuelo de establecer la democracia.

Más allá de las teorías conspiracionistas (los intereses del clan Bush y el vicepresidente Dick Cheney en la industria petrolera), todo tiene que ver con los afanes geopolíticos y los hidrocarburos. Por esos días, M. Klare dijo en La Jornada que quien controle Oriente Próximo controlará el grifo global del petróleo en el futuro próximo. Ya antes Henry Kissinger había sentenciado: Controlad el petróleo y controlaréis las naciones; controla la comida y controlarás a la gente (la actual agenda de Davos). El petróleo mantiene en movimiento a los ejércitos y la infraestructura industrial del mundo. Para EU el acceso al hidrocarburo era cuestión de seguridad nacional. De allí los intentos por derrocar a Hugo Chávez y Saddam Hussein; por estabilizar o reformar al régimen saudita, y consolidar su posición en Turquía y Uzbekistán para controlar las reservas de petróleo de la cuenca del Caspio. Objetivo: cerrarles el grifo a Europa, Japón y China.

En 2003, la política de EU hacia Irak generó brotes de resistencia de Alemania, Francia, Japón y China, y asomaron los perfiles borrosos del bloque de poder euroasiático que Halford Mackinder había previsto como candidato al dominio geopolítico del orbe, tan temido por Kissinger. De allí que junto a su poder militar (con sus guerras de baja intensidad, sus revoluciones de color y sus operaciones encubiertas), las sanciones (castigos) y los bloqueos económico-financieros y el terrorismo mediático, el imperialismo cultural se convirtió en un arma importante para asentar la hegemonía de EU mediante una combinación variable de consentimiento y coerción (incluidas invasiones y la eliminación de enemigos), a fin de afianzar la dominación y el liderazgo intelectual y moral de Washington.

Dominación que en América Latina se había impuesto en los dos siglos anteriores al amparo de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, mediante una combinación de relaciones comerciales privilegiadas, patronazgo, clientelismo, coerción encubierta y golpes de Estado, y en su último tramo, vía la financiarización de la economía a través del Consenso de Washington (1989), como ejercicio de poder del complejo Wall Street-Departamento del Tesoro-FMI/Banco Mundial/BID, que, a través del Estado neoliberal, impulsó una serie de megaproyectos a escala continental, que profundizó lo que David Harvey ha denominado acumulación por desposesión, remedo contemporáneo de la acumulación primitiva u originaria descrita por Marx en El capital, basada en la violencia, el saqueo, el fraude, la usurpación y el despojo de bienes comunales.

En 1992, con la mira puesta en la privatización de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, EU había logrado negociar con México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: la alianza entre el tiburón y la sardina (que entró en vigor en 1994), al unísono de la contrarreforma energética de Carlos Salinas que abrió el camino a la enajenación de los recursos gaseros, petroleros y mineros del subsuelo.

Durante la presidencia de Vicente Fox (2000-06), y a la par del diseño de nuevos corredores económicos en el mundo (como el acuerdo Rusia-Irán-India para instaurar una ruta comercial euroasiática más corta y barata a través del mar Caspio, en lugar del Canal de Suez), EU lanzó el Plan Puebla-Panamá, como parte de un proyecto de reordenamiento territorial de facto que introdujo a México de manera furtiva en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (2005). La ASPAN incluyó una integración energética transfronteriza (gasoductos y tendidos de redes de electricidad desde EU al Canal de Panamá a través de México) subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumieron los criterios económicos a los de la seguridad de la potencia hegemónica, con una normativa supranacional que hizo a un lado el control legislativo en el socio más débil del eslabón: México. Mientras, se impusieron leyes contrainsurgentes que criminalizaron la protesta y la pobreza y acentuaron el disciplinamiento social.

Con Felipe Calderón (2006-12), el PPP mutó a Proyecto Mesoamericano, incorporando la seguridad democrática del autócrata colombiano Álvaro Uribe en clave de Iniciativa Mérida, que de la mano de la CIA, la DEA y el Pentágono militarizó y paramilitarizó a México, y se convirtió en zonas económicas especiales con Enrique Peña Nieto (2012-18). Hoy, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el viejo anhelo decimonónico del imperialismo estadunidense de controlar el Istmo de Tehuantepec, cobra vida a través de un corredor interoceánico que enlazará Coatzacoalcos, en el Golfo de México (océano Atlántico) con Salina Cruz, Oaxaca (océano Pacífico), interrelacionado de manera dinámica con otros dos megaproyectos: el Tren Maya en la península de Yucatán y la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. Los tres, como nuevos enclaves para la acumulación de capital por despojo.

La tierra en México: tres etapas del mismo proceso expropiatorio

Xicoténcatl

La Colonia.- En el México colonial el desarrollo de las ciudades estuvo estrechamente ligado a la producción minera. El Camino de la Plata (Real del Monte, Zacatecas, San Luis Potosí, Taxco, Santa Fe de Nuevo México) partía del centro hacia el Norte y en esa geografía se iban creando los centros mineros que serán más tarde las futuras ciudades.

Transformación y remodelación del territorio donde se fundan los presidios militares y las Misiones de la Compañía de Jesús a lo largo y ancho del Septentrión de la Nueva España constituyendo una cadena de fortificaciones para proteger el transporte de mercancías, la extracción de plata y las comunicaciones entre el centro y las explotaciones mineras recién descubiertas.

La línea de avance española se protegía con la creación de más presidios dentro de territorio chichimeca (nómadas), en la meseta central y en ambos lados de la Sierra Madre Occidental. Estas eran las directrices de la política para el poblamiento y colonización del Nuevo Reino de León (actual estado de Nuevo León) y de la colonia del Nuevo Santander (actual estado de Tamaulipas, una parte del estado de Nuevo León y una parte del sur de Texas). Misiones y presidios se volvieron polo de atracción de colonos para el establecimiento de nuevas misiones, pueblos, haciendas y villas.

La iglesia católica con sus diferentes Órdenes era la Institución más poderosa en la Nueva España, dueña de grandes propiedades, tenía un gran poder económico por la recaudación de diezmos, obtenciones parroquiales, donaciones piadosas y legados testamentarios; se calcula un capital disponible de 45 millones de pesos, empleados en realizar préstamos a agricultores, mineros y empresarios como hipoteca. Este poder junto con su adoctrinamiento evangelizador, se traducía en control político. Pero la tierra no existía aún como mercancía en sí misma; en el Antiguo Régimen dependía de los vínculos. Estaba vinculada a:

Los mayorazgos; el clero regular, secular y capellanías; las comunidades indígenas y los Ayuntamientos.

Las minas arrebataban la tierra a los pueblos, creando un entorno agrícola para la producción de alimentos. Destrucción del entorno para la creación de una economía monoexportadora y extractivista que, al entrar en crisis (siglo XVIII, hacia 1780), arrastró tras de sì la industria y el comercio de la Nueva España. En el siglo XVIII se volvió cada vez más difícil obtener “repartimientos de indios” y se favoreció el “trabajo libre”; el precio del trabajo aumentó. La extracción minera se realizaba cada vez a mayor profundidad y esto lógicamente encarecía los costos de producción; había un problema adicional: las minas frecuentemente se inundaban de agua. Cuando el movimiento insurgente contra el dominio español paralizó la producción minera (1811) la crisis de la minería mexicana ya arrastraba 30 años de decadencia y explotación extrema.

Perìodo liberal.- Entrado el siglo XIX el capitalismo moderno condiciona y regula las relaciones sociales; los latifundios implican el control de la propiedad, de la gente (ahora con una demografía en ascenso) y los mercados. La Hacienda posee la tierra y los pueblos la mano de obra.

El ideal de aquella generación de liberales (José María Luis Mora, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Gómez Farías…) era crear una clase de pequeños propietarios y emprendedores. En la concepción de aquellos líderes y gobernantes, la situación de miseria en la cual se encontraban los indígenas, se debía a su propia naturaleza, a su falta de espíritu empresarial y a su falta de individualismo. A principios del siglo XIX la tenencia comunal de la tierra denotaba un principio retrógrado, sobrevivencia de la época colonial, en la cual el indígena, segregado del resto de la población, había estado sujeto a una legislación especial. Consideraban que las tierras comunales de los pueblos eran las peor trabajadas y en las que no se aplicaba adelanto alguno ni en maquinaria ni en técnicas de cultivo. Era necesario pues un amplio proceso de privatización de la tierra y terminar así con el “vicio comunal”.

Desde la colonia el gobierno español otorgó a las comunidades indígenas la personalidad jurídica como propietarias y le concedió ciertas extensiones de tierra bajo la condición de ser usadas exclusivamente para el beneficio de sus miembros y no podían ser vendidas ni enajenadas. A pesar de esta protección legal en muchas ocasiones los campesinos perdieron el acceso a la tierra. La escasez de alimentos en épocas de malas cosechas o la necesidad de dinero por cualquier emergencia llevaba al campesino a ceder en arrendamiento su porción de tierra a cualquier cacique de la localidad a cambio de un préstamo que ya nunca le sería posible devolver.

Naturalmente el enemigo principal a tumbar era la Iglesia católica, por su condición de terrateniente y porque financiaba a los conservadores en sus agresivas pugnas contra la política liberal.

Se promulga la Ley Lerdo (1856) que decretaba la venta a particulares de las propiedades rurales de la iglesia católica y de las corporaciones civiles. La idea era fomentar la actividad económica para crear una clase media rural. Además de la iglesia la desamortización también aplicaba para las comunidades indígenas. En definitiva se trataba de una confrontación radical entre pasado y modernidad y de poner las bases para el fomento de una conciencia nacional y un Estado moderno (en el marco de reglas capitalistas). No hay que olvidar que la invasión norteamericana (1846-1848) y la pérdida de más de la mitad del territorio fueron el origen de una toma de conciencia por parte de los liberales en cuanto a la necesidad de transformar y modernizar a México o desaparecer como país.

Los liberales tenían el concepto de la tierra como fundamento de la vida económica y política de la nación y el impulso de sus ideas en la práctica desorganizó la vida de las comunidades y proletarizó a sus miembros favoreciendo el establecimiento de haciendas. La afectación continua por parte de los grupos de poder locales se tradujo en rebeliones de gran calado, como las que se produjeron en el Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Gorda de Querétaro y en la península de Yucatán.

En 1824 se expide la Ley General de Colonización que invitaba a inversores extranjeros a establecerse dentro del territorio nacional, a condición de respetar y acatar las leyes mexicanas. Se autorizó a las Compañías deslindadoras para delimitar y redistribuir la tierra entre quienes carecían de ella o lo solicitaban. El resultado fue al revés. De los 58 millones de hectáreas deslindadas, un tercio quedó en poder de las Compañías deslindadoras como pago por sus trabajos. Los dos tercios restantes fueron adquiridos a bajo precio por las mismas empresas o por individuos vinculados a ellas. Un individuo utilizando los nombres de sus familiares podía concentrar varias fincas de enorme extensión. En Baja California se otorgaron 12 millones de hectáreas a cinco concesionarios y en Chihuahua las Compañías deslindaron 14 millones de hectáreas que se repartieron entre 4 familias. Una fiesta que se prolongó todo el Porfiriato y que terminó en noviembre de 1910.

Extenderme en todo el siglo XX sería exceder los límites de este artículo y alejarme de la idea original, que es anotar algunas semejanzas entre aquella situación histórica que enfrentaron con decisión, pero con resultados contradictorios, los liberales encabezados por Benito Juárez y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en su concepción de desarrollo para México con un enfoque que deja de lado la importancia de recuperar la soberanía alimentaria y apoyar a los ejidos y la producción campesina local. Esto es compatible con la aplicación de modernas técnicas de cultivo, el aprovechamiento racional de los recursos y la defensa de una economía campesina. Pero parece claro que la apuesta del actual gobierno mexicano es por los megaproyectos.

Nomás apuntar la importancia del siglo de las drogas, como le llamó el sociólogo mexicano Luis Astorga al siglo pasado, en la redistribución del uso de la tierra en amplias regiones de México para la siembra de enervantes en perjuicio de la producción de alimentos. La aprobación en 1994 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la reforma al Artículo 27 de la Constitución, que desmontaron agresivamente la economía familiar campesina y provocaron un éxodo masivo de mexicanos en busca de altos salarios a cambio de explotación laboral, racismo y discriminación en los Estados Unidos.

Por último y muy importante, resaltar que la declaración de guerra contra las drogas y su impulso mediante la llamada Iniciativa Mérida aplicados durante el calderonato (2006-2012) y el sexenio siguiente (2012-2018) fueron el equivalente de la guerra contra México lanzada en 1846 por los Estados Unidos. López Obrador se sienta en la silla presidencial de un país destrozado en lo social, saqueado en lo económico por una deuda que compromete las necesidades básicas de varias generaciones y condicionado por presiones internas (el ejército) y externas (renovación del TLC, inversiones condicionadas y corrupción a derecha e izquierda, arriba y abajo).

Tercera etapa del proceso expropiatorio.- El siglo XXI presenta en México un panorama semejante para todos los países de economía dependiente, suministradores de materias primas y condicionados por Tratados de libre Comercio que son los nuevos instrumentos de imposición colonial para impedir el desarrollo de la investigación y la tecnología necesaria para beneficio de sus poblaciones.

Ligado con la exposición inicial sobre la minería en la colonia es necesario conocer el dato: Según cifras oficiales al mes de mayo de 2010 se habían otorgado 26 mil 559 concesiones mineras que abarcaban una superficie aproximada de 21.1 millones de hectáreas equivalentes al 13.8 % del territorio nacional. La Ley de Inversiones Extranjeras permite inversiones foráneas en minería del 100%. Las empresas mineras extranjeras y las nacionales pagan al erario mexicano cantidades simbólicas no en función del mineral extraído sino por hectárea de tierra concesionada (más de la cuarta parte del territorio nacional está concesionado a las mineras. El presidente López Obrador declaró en agosto de 2019 que durante su gobierno no se entregarían más concesiones mineras.

También se ha pronunciado contra el fracking, pero la Alianza Mexicana contra el Fracking confirma que continúan las actividades de perforación hidráulica. Según datos de Cartocrítica, Investigación mapas y datos para la sociedad civil, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta contaminante técnica, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.

En lo que a ganadería se refiere la llamada “revolución ganadera” llegó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), aprovechando las facilidades que se otorgan en México con salarios bajos y poca o ninguna regulación ambiental y acaparamiento de tierras rurales. El crecimiento de la demanda de proteínas animales fue aprovechado por las corporaciones trasnacionales que controlan la producción mundial de ganado. En 2017, 99% de las granjas familiares que producían carne habían desaparecido en favor de las granjas industriales propiedad de grandes corporaciones. La comunidad de Homún (Yucatán) con menos de 8 mil habitantes recién ganó la batalla contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola que no cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales prometida a la gente. Este viernes 6 de noviembre las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en materia del Trabajo y Administrativa de Yucatán, determinaron mantener la suspensión de las operaciones de la mega granja (más de 49 mil cerdos), por los riesgos que su funcionamiento representa para el medio ambiente, la salud y la niñez de las comunidades mayas de la zona.

Conflicto de intereses: la empresa Enerall fundada por Alfonso Romo, hasta hace unos días Jefe de la Oficina de la Presidencia destruyó impunemente un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados y apenas en marzo de este año utilizó la expresión “muertos de hambre” para referirse a los pobladores de Yucatán que no saben ni manejar sus propias tierras y a los que la empresa Enerall, que ahora administra su familia, les llevará el progreso. Para ello además del cenote destruido hubo que deforestar la zona, acabar con la fauna y obtener grandes márgenes de ganancias a costa de pagar sueldos miserables a los trabajadores en el acuífero más importante de México cuya disponibilidad ha disminuido en un 43%.

Los monocultivos de soya transgénica, la producción de cereales con agrotóxicos, la palma aceitera son un capítulo aparte (o integrado) a esa concepción del desarrollo que López Obrador comparte con los liberales del siglo XIX. Sí, López Obrador es pragmático e ideológicamente incoherente tal y como señalan en entrevista publicada en el diario La Jornada el 30 de noviembre pasado, el académico de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de México Enrique Rajchenberg y Nicolás Loza Otero investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso.

TREN MAYA: Un pragmatismo e incoherencia que se concretan en el proyecto estrella denominado TREN MAYA, que cambiará para siempre la fisonomía de una de las últimas selvas de México y de América Latina, impulsará el turismo de masas y utilizará la mano de obra barata con trabajos de baja cualificación a los pobladores de la zona. El proyecto está ligado al gigantesco movimiento de mercancías que, a nivel mundial se conectará con la transformación del Istmo de Tehuantepec para construir modernas vías de comunicación que faciliten las exportaciones e importaciones hacia Asia y América del Norte. Se calcula que el 70% de los ingresos de este mega negocio será por transporte de carga. Participan en esta transformación radical del territorio en el sureste mexicano y de los usos agrícolas del suelo empresas de Carlos Slim, la española FCC Construcción, S.A., la china Communications Construction Company Ltd. y también la Secretaría de la Defensa Nacional a la que se le ha asignado la construcción de los tramos 6 y 7. Pero la mega corporación que destaca como interesada en el proyecto es la banca de gestión de inversiones Blackrock, con sede en Nueva York, y considerada la banca más grande del mundo en gestión de activos. Controla 7.8 billones de dólares, o sea, el equivalente a más de 6 veces el PIB de México. Además de su participación en el Tren Maya, Tiene inversiones en 12 proyectos energéticos en la península de Yucatán.

López Obrador le apunta a una recuperación económica de México y a retomar la función del Estado como agente de desarrollo. Se mueve con las reglas del capitalismo y tiene unos claros límites de acción impuestos por el ejército mexicano y la oligarquía internacional.

El sociólogo de Flacso Loza Otero remata en la entrevista:

“Tiene apego a una economía mixta que se practicó después del cardenismo en México y que implica cierta intervención del Estado, cierta regulación de la actividad de la empresa privada. No tiene realmente una ideología coherente, sólida; puede parecer un señalamiento muy crítico, pero en realidad tampoco deberíamos pensar que la gente anda por la vida con una ideología muy coherente y sólida”.

Fuentes:

• La agricultura en tierras mexicanas desde sus orígenes hasta
  nuestros días. Teresa Rojas y María de los Angeles Romero Frizzi.
  Editorial Grijalbo
• Ana de Ita. Directora del Centro de Estudios para el Campo Mexicano
  (La Jornada 5 de junio 2020)
• Silvia Ribeiro. Investigadora del grupo ETC (La Jornada 5 de
  diciembre 2020)
• Greenpeace.org México. Los costos de una industria muy puerca en
  la península de Yucatán.
• José Luis Ríos Vera. La superexplotación del trabajo en México en
  el corazón de BlackRock. Revista Rebelión.

Lo que esconde el Tren Maya: la “cuarta transformación” de las fronteras mexicanas

Sergio Prieto Diaz*

En realidad, el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente

Los espacios fronterizos son, por su propia definición y construcción, espacios de continuidad y de conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. La conflictividad emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente disputa, entre el país a quien pertenecen, y el resto de poderes con intereses sobre los mismos.

Esto es especialmente representativo de la frontera sur de México, y muy particularmente de la Península de Yucatán: un territorio geoestratégico por su posición, rico en biodiversidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue siendo, pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses (desde colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos y otros múltiples agentes foráneos). En esa disputa histórica, el factor (muchas veces también conflictivo) de la movilidad humana siempre ha estado presente.

Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec (la línea que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca) hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de ahí hacia Centroamérica), se desarrollan una serie de acciones, políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente, y que es necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura, más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la estructura.

Desde mediados de 2018, el Tren Maya es el proyecto icónico de la “cuarta transformación”: desarrollo turístico sin impacto ambiental, beneficios para las comunidades originarias, nuevas comunidades verdes y sostenibles. Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa, y presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han complejizado aquel simple ideario: progresivamente se ha incorporado y destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y combustibles; la reforestación de los árboles que sean dañados, justificado por su hipotético mayor beneficio social; se plantean novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para las comunidades, como los Fibras (Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces); así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más alto nivel (seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de hidrógeno…). A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos.

Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del Tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque.

En primer lugar, porque el proyecto del Tren Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De hecho, es una pequeña parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata de un “proyecto de reordenamiento territorial”, del cual el Tren es, siguiendo esta analogía, tan sólo el medio de transporte. En este proyecto integral (que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– de un Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y Centroamérica), el componente migratorio es axial pues se trata de “evitar la migración, que la gente pueda quedarse en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos; y en estos días más que nunca constatamos su relevancia en la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto (y sólo considero hasta el momento sus alcances “del lado mexicano”) se conformaría, además del Tren Maya, al menos por:

-El Proyecto Sembrando Vida, que ya se extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos que rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia (en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de los recursos de la Selva Lacandona y presionando a las comunidades zapatistas residentes).

-El Corredor Transístmico: para unir los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas de fibra óptica… Esta propuesta es también parte de un viejo sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unifos. Varias veces fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza.

-Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a las  ZEE que existen/existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una especialización productivo/comercial específica), existen indicios que apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus particulares “fronteras” y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente “zona libre” en clara identificación con la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como nueva “zona maquilera global” (sugerentemente bautizada como “zona de prosperidad”).

-La proliferación de proyectos vinculados a la llamada “economía verde”: energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generalización  expansión del acaparamiento de tierras para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y la utilización intensiva de recursos naturales escasos (como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la expansión de las talas clandestinas (llevadas a cabo por personas de origen chino, ruso, portugués…).

Por tanto, y como punto de arranque, resulta fundamental confrontar la “imagen idílica” que plantea el mapa oficial del Tren Maya… con la complejidad subyacente que no se muestra, y hasta cierto punto aún no está (físicamente) pero cuyos efectos y articulaciones pueden empezar a entretejerse…

El trasfondo de esta complejidad, de las contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo que yo considero un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable. Lo que muestran estos proyectos articulados, sus previsibles responsables, las ideas de los discursos oficiales e informales, es que hoy día, en la Península y la Frontera Sur, el “problema” de las migraciones regionales (que es un “problema” tan sólo para Estados Unidos) sirve como justificación y pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente. Que ese proceso de justificación de las políticas públicas, además no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de las personas migrantes, si no más bien crear una infraestructura en la que puedan ocuparse: se trata de hacer un “tapón migratorio” en el Istmo, y una industria para su incorporación y aprovechamiento. En el proceso de concesión y reparto de estos territorios, con cláusulas y arreglos que favorecen cada vez más a los potenciales inversores, si no la propiedad, al menos la gestión de los territorios queda en manos privadas y, en muchos casos, extranjeras.

Por tanto, desde mi punto de vista, más allá del proyecto sin proyecto del Tren Maya, más allá de la justificación sobre las necesidades, bondades o beneficios de esta articulación de megaproyectos, lo importante son las preguntas que hasta ahora no sólo no tienen respuesta, si no que ni siquiera se han planteado. Y sólo adelanto las dos que me parecen más urgentes:

-¿Cómo se relacionan territorios fronterizos, políticas públicas, y migraciones?

-¿Cuántas fronteras existen en el sur de México? ¿Quién está (o estará) a su cargo?

Los muros físicos pueden ser más evidentes, pero las barreras y límites más efectivos, sobre todo en un tema tan crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen ser simbólicas, se erigen sin apenas darnos cuenta, y son las más difíciles de identificar y superar.

 
*Migratólogo especialista en fronteras, territorios, (in)movilidades y megaproyectos; catedrático Conacyt en El Colegio de la Frontera Sur-Campeche

El Tren Maya y su impacto en las comunidades

Judith Amador Tello 

Por más que se ostente como una obra que no depredará el ambiente, se hace necesaria una investigación antropológica a fondo antes de que se inicien los trabajos para construir la ruta del Tren Maya. Y es que para el antropólogo mayista Carlos Navarrete, hay que distinguir con claridad el trabajo de un proyecto arqueológico al de uno turístico, por más que se realicen juntos. Pone como ejemplo de deterioro comunitario a Cobá, que de ser un poblado monolingüe en 1971, habitado por “pobres dignos”, pasó a ser, en el gobierno de Salinas de Gortari –en el que trabajó–, de “miserables indignos”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el arqueólogo, historiador y antropólogo experto en la región maya, Carlos Navarrete Cáceres, advierte de los posibles impactos ecológicos, económicos, sociales, culturales y sobre el patrimonio arqueológico del proyecto Tren Maya.

En entrevista con Proceso, pide que, antes del inicio de los trabajos, se realice una investigación antropológica a fondo sobre las condiciones de vida de los pobladores de la región que resultarán afectados por el proyecto.

Pues aunque se anuncia como “un modelo de desarrollo sostenible”, que creará oportunidades laborales y crecimiento económico, y que brindará servicio de transporte hacia las zonas turísticas, “sin depredar el ambiente” (https://www.tren-maya.mx/), en su opinión es un proyecto “eminentemente turístico” sin una planeación cultural y que impactará de diversas maneras.

Dice que el trabajo de investigación arqueológica está identificado con el aspecto turístico, porque “trabajamos un sitio, lo exploramos, lo restauramos y queda en manos del turismo”, cuando en realidad la arqueología nada tiene que ver con el turismo, “es una ciencia histórico-social que reconstruye, rescata el pasado de los pueblos. Y el turismo es otra cosa, el turismo vende, es una cuestión de carácter económico”.

Formado en la escuela nacionalista de arqueología, “ligada a las escuelas mexicanas nacionalistas”, como la del cine, la música, la danza, el muralismo y la llamada Escuela Mexicana de Pintura –en una época en la cual el pintor Miguel Covarrubias daba clases en las escuelas de antropología y el arqueólogo Alfonso Caso colaboraba en proyectos culturales y artísticos–, el doctor en antropología pone énfasis en que había entonces un compromiso social. Y por ello piensa:

“La arqueología debe revertirse a los pueblos originarios. Ser una fuente pedagógica para los pueblos que no conocen su historia. Yo les digo a mis estudiantes que los arqueólogos tenemos el privilegio de hablar por aquellos que ya no pueden hacerlo, de darles la palabra. Para el turismo, un sitio prehispánico es sólo un objeto para explotar.”

Está previsto que el Tren Maya recorra mil 525 kilómetros y cuente con 15 estaciones, aunque en los diagramas difundidos aparecen más: Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Xpujil, Calakmul, Escárcega, Tenosique y Palenque. Del lado Este se suman Valladolid, Chichén Itzá, Izamal, Mérida, Maxcanú y Campeche.

No sólo atravesará por sitios arqueológicos e históricos, sino por yacimientos con restos prehispánicos poco o nada explorados, comunidades herederas de esas antiguas culturas, así como otras resultado del sincretismo, ricas en tradiciones vivas y que al mismo tiempo padecen diversos problemas socioeconómicos, de salud y desarrollo, entre otros.
Expone el investigador:

“Se dice que el Tren Maya no afectará a las comunidades, pero vea usted el impacto de algunos de los grandes proyectos arqueológicos con intención turística. Le pongo el caso de Cobá, en Quintana Roo. Hacia 1971, Cobá era una comunidad prácticamente monolingüe, de mayas muy sencillos, eran –podríamos decir– pobres dignos.”

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impulsaron 14 proyectos especiales de arqueología con recursos financieros extraordinarios, entre ellos Teotihuacán, Calakmul, Monte Albán, Chichén Itzá, Tajín, Palenque y Cobá. Este último a cargo del fallecido arqueólogo Alejandro Martínez Muriel, en el cual colaboró Navarrete Cáceres.

“Se hizo el proyecto y enseguida llegó el Club Mediterranée, empezaron todos los servicios turísticos para el sitio y ahora se puede decir que es en parte un lugar de miserables indignos. Los grandes beneficios son para los grandes hoteles, los restaurantes de lujo, no para la gente local. La gente del lugar queda igual o peor porque tiene que competir con servicios económicamente muy fuertes. Queramos o no, los arqueólogos estamos muy cerca de esto, porque trabajamos esos sitios arqueológicos.”

Menciona también el caso de Tajín, Veracruz, donde tiempo después de aquella inversión especial, a partir de 2000, se comenzó a realizar el Festival Cumbre Tajín como un ejemplo de un “turismo de explotación, más que cultural o social, como se quiere hacer pasar”:

“Ver cómo llevan a los ancianos a una champa o jacal para que expliquen su historia o les hagan curas y se confunda con conceptos de brujería. No creo que sea el destino de un sitio o una investigación arqueológica. Me pregunto si todo lo invertido en Tajín tiene alguna respuesta en estudios publicados, y no los tiene. De muchos de los grandes sitios que usted ve, donde se ha invertido, no hay publicaciones.

“El Tren Maya pasará por una serie de sitios arqueológicos de primera importancia, como Calakmul, el propio Palenque; tenemos algunos donde se ha trabajado menos, como Pomoná, en Tabasco. Hay, pues, toda una serie de posibilidades que podrían trabajarse en forma normal, lenta, planeada, con un proyecto de investigación serio, no uno hecho a la carrera para cumplir con una presentación, porque de eso se trataría, de hacer la presentación material para que el turismo acuda, pero cada sitio tiene detrás una historia que proyectos de esta naturaleza no logran nunca concluir.”

Nacido en Quetzaltenango, Guatemala, el 29 de enero de 1931, y arraigado en México desde los años cincuenta del siglo pasado, Navarrete aclara que la realización del Tren Maya ciertamente no implica que no se hará arqueología: hay una Dirección de Salvamento Arqueológico, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hará ese trabajo. Sin embargo, ante señalamientos de que se hará acorde con los tiempos de las obras de infraestructura o turísticas, tiene varias razones:

“Porque no hay más remedio, y porque los arqueólogos debemos salvar la información histórica, pero no somos quienes debemos promover una aventura o trabajo como el que se hará con el tren, no nos alegra hacer ese tipo de trabajo.

“El quehacer arqueológico es lento, de mucha delicadeza, necesita tiempo de trabajo de campo, de laboratorio para estudiar los materiales, y estos proyectos por lo general no dejan un presupuesto para que se pueda trabajar. Los proyectos de este tipo, inmiscuidos en el turismo, no tienen publicaciones.”

Evoca también el caso de  Teotihuacán, la zona arqueológica más visitada en el país, que en los años sesenta –cuando se hizo todo un programa de museos, como el Nacional de Antropología– recibió una inversión, pero se hizo “fachadismo”, es decir, se arreglaron los frentes de los edificios de la Calzada de los Muertos para abrirlo al turismo masivo, y hasta la fecha la parte de atrás está prácticamente en ruinas y no se hizo una sola publicación, sólo un folletón.

Estudio, no consulta

Como en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que fue sometido a consulta pública tras la cual se canceló el proyecto, se planteó una consulta para el Tren Maya para los días 24 y 25 de noviembre. La diferencia es que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dejó ver claramente su interés en el proyecto e hizo campaña en favor, incluso a través de un video con su caricatura.

Y desestimó el llamado que académicos, defensores y representantes de pueblos indígenas le hicieron el pasado 20 de noviembre para suspender la consulta. A través de una carta, le expresaron preocupación por el proyecto del Tren Maya y el del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, por tener “características similares a las de otros megaproyectos, como los promovidos dentro del Plan Puebla Panamá, localizados justamente en los frágiles ecosistemas del trópico mesoamericano y mexicano”.

Los intelectuales piden hacer una “consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas locales afectadas”, conforme se establece en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Un día después los especialistas en derechos culturales, José Manuel Hermosillo y Carlos Lara, dirigieron también una carta a López Obrador para señalar la necesidad de un estudio de factibilidad cultural previo, conforme lo establece la Ley de Planeación.

Navarrete cuestiona por qué se convoca a la consulta y al mismo tiempo se anuncia que el proyecto se iniciará el 16 de diciembre, pues no ve “lógica”. Y coincide en que la consulta a las comunidades debe hacerse antes de hacerles ofrecimientos:

“Me ha tocado ver cómo se hacen los compromisos y luego los malos resultados que muchas veces tienen.”

Además de la consulta, considera necesario realizar una investigación con un enfoque antropológico sobre las condiciones de vida de la gente, para conocer sus necesidades económicas, pero también históricas, antes de “meter ahí una vía de esa naturaleza y negar que alterará su vida”.

A pregunta expresa, dice que los arqueólogos y antropólogos, que trabajan de la mano con las comunidades, tampoco han sido consultados, ni tiene conocimiento de que las dependencias oficiales encargadas de la arqueología hayan recibido una invitación para formar parte del proyecto, siendo que “hay una bonita cantidad de sitios mayas que van a intervenirse”.

También advierte sobre los cambios de tipo ambiental. Insiste en el caso Cobá porque lo ha vivido de cerca. Antes de ser uno de los proyectos especiales de arqueología, la carretera llegaba a tres kilómetros de distancia porque atravesaba un antiguo camino maya, y ahí se detuvo su construcción.

Era una pequeña comunidad, con casitas de vara y paja, y cuando finalmente llegó la carretera asfaltada llegó también el turismo masificado, y la comunidad creció, se hicieron restaurantes de lujo, hoteles “–y si pudieran, hasta antros–”, y eso se repite en varias zonas arqueológicas; entonces, dice, “no es verdad que no se vaya a alterar la vida de la gente, se altera su vida económica y cultural sin proveerles de su historia, sin darles un respaldo de lo que son, los vamos a modernizar, eso preocupa”.

–En el proyecto se dice que el tren ayudará a garantizar el derecho de acceso al patrimonio cultural.

–El derecho lo tenemos, podemos ir a cualquier sitio arqueológico, será más bien el derecho de acceso de los grandes capitales que están promoviendo esto. El derecho de acceso a la cultura se cumple estudiándola, investigando el pasado, ya sea a través de un archivo, de una excavación, de las fuentes publicadas, pero no poniendo una venta de souvenirs.

El director del INAH, Diego Prieto, ratificado para el próximo gobierno, ha señalado que se supervisará que las obras del tren no causen daño al patrimonio. Considera que este tipo de proyectos benefician al instituto porque hay trabajos de salvamento, excavación e investigación. Y, como ha dicho frente a otras propuestas, reitera que el INAH no está para detener la inversión económica en el país ni para parar obras.

Navarrete considera, en este sentido, que deben respetarse las instituciones, como el INAH, y darles la fuerza suficiente para oponerse a proyectos de este tipo, cuando causan cambios tan fuertes, “debe tener una política adecuada para estos casos”. Añade que no tiene conocimiento de que en este momento esté trabajando algún grupo de arqueólogos en el Tren Maya, cuando ya deberían estar viendo las necesidades de los sitios arqueológicos para proyectar pedagógica y socialmente al pueblo mexicano.

Se debe recordar que además de los proyectos especiales del sexenio salinista, el gobierno de Felipe Calderón recuperó parte de ese proyecto turístico con el nombre de Mundo Maya. En su momento, los antropólogos Iván y Jorge Franco advirtieron que amén de poner en bandeja de plata las mejores playas y propiedades aledañas a las zonas arqueológicas, se abonaba el terreno para la explotación de riquezas naturales y minerales de la zona. Es, pues, una zona largamente codiciada.

“Indudablemente, no es sólo la cuestión turística –dice a su vez Navarrete–, habrá explotación de recursos naturales pues un tren de esta naturaleza no creo que se sostenga sólo del turismo, aunque ese sea su fin. No es un tren pollero, como les decimos a nuestros viejos trenes a donde se suben a vender tostadas y tacos, es un tren de ‘catego’, como se dice, de categoría.”

Detonará, además de los hoteles, paradores para turistas, caminos secundarios, hotelitos, hostales, comedores de todo tipo y, “por supuesto, la cercanía con los recursos naturales; toda la zona de Escárcega es rica en recursos hidráulicos y humedales, todos los recursos estarán a la vista y a la mano, y me imagino que los ganaderos estarán felices”.

El arqueólogo, quien realiza proyectos de arqueología de bajo presupuesto para recuperar e investigar los antiguos caminos mayas y seguir las rutas de los mecapaleros antiguos y actuales, recuerda que en su natal Guatemala los militares estuvieron metidos en las cuestiones turísticas y quisieron hacer un tren directo de la Alta Verapaz al sitio Mirador, atravesando todo el Petén; participaba también una organización llamada Pacomal, de altos financieros guatemaltecos empeñados en que se privatizara el Museo Nacional de Antropología.

Se compraron tierras y se desalojó a la población indígena para hacer una carretera transversal y “dizque avivar la economía de la zona”. Hubo oposición al proyecto, pues es un “tren fantasma, no hacía paradas intermedias, ¿cómo se sostiene un ferrocarril así, a qué costos de viaje?”.

Teme algo similar, por eso su insistencia en hacer un estudio con las comunidades para no poner en riesgo su identidad y su pasado:

“De pronto desaparece su forma de vida y empiezan a imponerle una forma modernísima, hasta las familias se descomponen, todo; es una descomposición social terrible lo que se viene.”