El doctor Fauci, sociópata al servicio de las farmacéuticas: Robert F. Kennedy Jr

Carlos Fazio

En un devastador libro documentado con rigor, valiente y políticamente significativo, el humanista Robert Francis Kennedy Jr exhibe al encargado de manejar la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, como un charlatán interesado en millonarios negocios personales, que ha servido de bisagra entre un espinoso entramado de militarización global planificada y la monetarización de la medicina; un proceso de demolición controlada de la democracia constitucional estadunidense, que conduce a un totalitarismo tecnocrático-digital y es llevado a cabo por la Big Pharma, el sector financiero, los gigantes tecnológicos oligopólicos de Silicon Valley y el complejo militar-industrial, incluyendo los servicios de inteligencia. En una alianza ideológica-intelectual con grandes conglomerados mediáticos, considerados algunos independientes y/o progresistas.

Según Kennedy, el doctor Fauci −el médico más poderoso y despótico de la humanidad−, en lugar de salvaguardar la salud pública de EU, convirtió los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) en una incubadora de productos médicos y es el principal arquitecto de la captura institucional ( institutional capture) de las agencias de gobierno, incluidas las de salud pública, por las corporaciones oligárquicas de la industria farmacéutica.

Lo acusa, asimismo, de que asociado con el megamillonario Bill Gates participó en la creación de la fiebre del oro de las vacunas con estrategias antiéticas, utilizando simulacros de pandemia en colaboración estrecha con el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Foro Económico Mundial de Davos y las principales corporaciones farmacéuticas y mediáticas.

El autor de El verdadero Anthony Fauci. Bill Gates, las grandes farmacéuticas y la guerra global contra la democracia y la salud pública (Skyhorse Publishing y Children’s Health Defense) es sobrino del ex presidente John F. Kennedy –asesinado en Dallas, Texas, en 1963– y pertenece al establishment más privilegiado de EU. Abogado y miembro del Partido Demócrata, lleva cuatro décadas litigando en defensa de las instituciones del viejo New Deal de Roosevelt y la Carta de Derechos ( Bill of Rights) de la Constitución, que intentan ser capturadas por intereses oligárquicos-corporativos a través de lo que él llama títeres de calcetín (“ sock puppets”).

Robert Kennedy Jr conoce a la perfección las entrañas del sistema. Como él mismo asevera y describe, su padre, el ex fiscal general de EU y luego senador Robert F. Kennedy, también fue asesinado. Éste en Los Ángeles, California, en 1968, por quien ese día le cuidaba la espalda: un hombre que trabajaba para la CIA, Eugene Cesar, quien le disparó cuatro veces a quemarropa. La investigación quedó a cargo de agentes de la CIA que operaban en América Latina, y antes del juicio fueron destruidas 2 mil 800 fotos recolectadas por la policía.

Según Kennedy, durante más de cuatro décadas Fauci ha sido un agente de la Big Pharma, cuyo entramado financiero involucra a grandes compañías fabricantes de fármacos y medicamentos con organismos estatales como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) −del cual el propio Fauci es director desde 1984−, que se ha transformado en una subsidiaria sin fisuras de la industria farmacéutica.

Sus señalamientos sobre el poder acumulado por Fauci están apoyados en datos duros: el director del NIAID es el funcionario federal mejor pagado de EU, con un salario de 417 mil 608 dólares anuales (el presidente gana 400 mil); maneja un presupuesto anual de 6 mil 100 millones y obtiene otros mil 600 millones del Ejército para realizar investigaciones sobre armas biológicas; controla 57 por ciento de la financiación biomédica mundial directa e indirecta a través de los NIH, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Wellcome Trust, y por lo tanto controla a los científicos que buscan financiamiento para sus investigaciones; posee 57 patentes de vacunas. Además, Fauci y otros funcionarios reciben hasta 150 mil dólares anuales en pagos de regalías por productos que ayudan a desarrollar y por la ejecución del proyecto de aprobación.

En su documentada investigación, Kennedy acusa al principal propagandista y vendedor ambulante de vacunas Covid-19 del Deep State, de haber seguido estrategias antiéticas desde el comienzo de la llamada pandemia corona, desde la obstrucción de tratamientos tempranos hasta la promoción de dos remedios mortales: los ventiladores y el remdesivir de los laboratorios Gilead, a medida que las ganancias farmacéuticas y los poderes burocráticos crecían y la salud pública decaía. El remdesivir, con un perfil de seguridad catastrófico, y donde la Fundación Bill y Melinda Gates tiene una gran participación, cuesta 3 mil dólares por tratamiento.

De manera conjunta con su socio Bill Gates −y para acorralar a los estadunidenses hacia la inyección para Covid como solución única−, Fauci no invirtió un dólar para estudiar o promover el tratamiento temprano con combinaciones de medicamentos que podrían reducir drásticamente las muertes y hospitalizaciones, suprimiendo, saboteando y haciendo la guerra a profilácticos más baratos y no tóxicos de la competencia, como, entre otros, la hidroxicloroquina, la ivermectina, el zinc y las vitaminas D y C intravenosa, disponibles en el mercado.

Simultáneamente, en un asalto a la garantía de la libertad de expresión de la Primera Enmienda de EU, Fauci y las corporaciones mediáticas aliadas censuraron las críticas a sus políticas en las principales redes sociales y colaboraron para silenciar cualquier información médica sobre terapias y tratamientos que podrían poner fin a la pandemia y competir con inyecciones y vacunas (Ver: Tratamiento Zelenko; Association of American Physicians and Surgeons; FLCCC Alliance, etcétera).

Como refiere en su obra Kennedy, en 2000, Fauci se reunió con Gates, quien le pidió asociarse con los Institutos Nacionales de Salud para inocular al mundo con una batería de nuevas vacunas. En 2009, ese acuerdo se rebautizó como La Década de las Vacunas, cuyo objetivo era implantar la vacunación obligatoria de todos los niños y adultos del planeta para el año 2020. Y desde 2016, eso iba de la mano con la Alianza ID2020 para una identificación digital universal, patrocinada por la alianza global para vacunación GAVI (Fundación Gates), Microsoft y Accenture, en asociación con la ONU.

En su libro, Kennedy afirma que el llamado capitalismo filantrópico de Bill Gates es utilizado por el magnate para acumular dinero: tiene una fundación en la que escondió 50 mil millones de dólares libres de impuestos, dinero que utiliza para controlar a las agencias de salud pública en EU y a la Organización Mundial de la Salud, lo que le permite establecer las políticas médica, farmacéutica y de salud pública mundial, maximizando los beneficios de su participación en grandes compañías del ramo.

Letales experimentos con niños

Sin embargo, Gates no atrajo a Fauci al lado oscuro de esta historia. Éste ya había pasado décadas jugando con la vida de las personas y sacrificando la salud pública por el beneficio. En particular, Kennedy expone el papel de Fauci en la epidemia de VIH en los años 80 del siglo pasado; construyó el NIAID en torno a un medicamento contra el sida llamado azidotimidina (AZT), un fármaco de quimioterapia tan tóxico que mataba a las ratas. El inventor consideró que no era seguro para uso humano y no lo patentó. Pero Fauci se asoció con él y aceleró su regulación haciendo trampa en los ensayos clínicos.

Según la revista SPIN, el AZT era peor que la enfermedad y mataba más rápido que la progresión natural del sida si no se trata. El AZT había sido un medicamento contra el cáncer descartado debido a su toxicidad fatal, resucitado con los pacientes con sida con el pretexto de que de todos modos se iban a morir. Fauci saboteó tratamientos alternativos y el AZT fue el medicamento más caro de la historia: 10 mil dólares por un suministro de un año (su fabricación costaba 5 dólares por dosis); mató a unas 330 mil personas.

Kennedy también exhibe los experimentos del tecnócrata Fauci con medicamentos tóxicos contra el sida en niños adoptivos negros e hispanos del Incarnation Children’s Center de Nueva York. Al menos 85 murieron, pero el número podría llegar a mil. Escribe Kennedy: “¿Qué oscura tendencia se encuentra en el Dr. Fauci que permitió supervisar y luego encubrir las atrocidades en el Incarnation Children’s Center? ¿Acaso supone que el sufrimiento y la muerte de niños son daños colaterales aceptables en su ‘noble’ búsqueda de innovaciones en salud pública? En el peor de los casos, es un sociópata que ha llevado a la ciencia a la escala del sadismo”.

Kennedy establece comparaciones con la recomendación de Fauci de usar remdesivir para tratar el Covid-19. Dice que éste copió la estrategia para obtener la autorización del uso de emergencia que usó en el caso del sida y que repitió a lo largo de su carrera para obtener aprobaciones de medicamentos ineficaces y letales, y aunque ganó mucho dinero con el AZT, no se puede comparar con las ganancias de Pfizer con su inyección anti-Covid: 35 mil millones de dólares en 2021. Y a diferencia del AZT, Pfizer está absolutamente libre de riesgos y nunca podrá ser demandada por lesiones o muertes.

Fauci −asevera Kennedy−, ha sido una figura clave en la planificación de pandemias, y no precisamente en cómo prevenir una sino en cómo crearla. Añade: “Las pandemias se han dramatizado y resultaron ser un completo fraude (…), Fauci y Gates tomaron las lecciones de otras pandemias falsas y la trasladaron al coronavirus. Quiero dejar claro que no estoy diciendo que el coronavirus no sea una pandemia o que no mate a mucha gente. Lo hace. Pero todos hemos sido manipulados por la exageración de los casos, las muertes y el oscurantismo de los datos”. En el capítulo 12, Kennedy documenta casi dos docenas de simulacros pandémicos de bioseguirdad, siendo la más reciente el Event 201 del 19 de octubre de 2019; todos con participación de las agencias de inteligencia. Todos planteaban cómo instaurar estados de excepción como remedio para afrontar la simulada amenaza.

Según Kennedy, la única métrica de Fauci es: ¿Cuántas vacunas hemos puesto? ¿Cuántos fármacos hemos vendido? ¿Cuántas comisiones estamos recibiendo? Como explica en el libro, el NIAID se ha convertido en una incubadora para la industria farmacéutica. Afirma, también, que “entre 70 y 90 por ciento de las muertes y hospitalizaciones por Covid podrían haberse evitado y hay estudios que lo avalan. Sin embargo, prohíbe que la gente lo haga. Es un sociópata…”

Las desapariciones en Guerrero

Abel Barrera Hernández

“Para atención de la superioridad”, así tituló su reporte en 1974 el general Alberto Sánchez López, jefe del estado mayor de la Defensa Nacional, expresando que conviene dejar asentado que la efervescencia del estado de Guerrero tiene su proyección en situación militar (y que) el Ejército ha tenido que absorber los problemas para garantizar en la medida de sus posibilidades la tranquilidad del sector rural.

En 1960 Guerrero era el estado más pobre del país; más de 60 por ciento de analfabetismo y 74 por ciento de su población se distribuía en pequeños núcleos rurales, en condiciones deplorables y total aislamiento. Sólo Acapulco, Taxco, Zihuatanejo y la capital del estado contaban con carretera pavimentada.

La creación de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) por los maestros Genaro Vázquez Rojas y Darío Vázquez Carmona despertó muchas expectativas entre pobladores del estado, para hacer frente al gobernador Raúl Caballero Aburto, quien reprimía a la oposición política, utilizando a policías y al Ejército. Se focalizó la persecución en maestros disidentes que eran expulsados de las escuelas por impulsar la organización de padres de familia en defensa de la educación gratuita.

Con la revuelta que enarboló la lucha por la autonomía de la universidad de Guerrero, el 30 de diciembre de 1960, el gobernador arremetió contra estudiantes y maestros en Chilpancingo, usando las tropas que asesinaron a 19 personas. Por ello el Senado decretó la desaparición de poderes en el estado. La lucha contra los cacicazgos políticos y los acaparadores de tierras desencadenó un movimiento campesino que puso en jaque al partido oficial. La ACG lanzó sus candidaturas para disputar la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías. Esta acumulación de fuerza social alertó al cacicazgo priísta que pidió al gobierno federal el apoyo del Ejército para que controlara las instituciones e impidiera el triunfo de la oposición. Se intensificó la persecución contra la ACG que representaba una amenaza para el régimen represor.

Ante la cerrazón política y la represión, Genaro Vázquez creó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) como organización armada para declarar la guerra al Ejército Mexicano y los poderes establecidos en Guerrero. Fueron años sangrientos por la implantación de una estrategia de contrainsurgencia del Ejército, que impuso el toque de queda en las regiones convulsas. El secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, aplicó el Plan Telaraña, que se propuso eliminar a la guerrilla. El Ejército tomó el control de las regiones del Centro, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica para reprimir a la población. Los detenidos eran trasladados a sedes militares o cárceles clandestinas para torturarlas y desaparecerlas.

Existen testimonios de que el Campo Militar número uno fue usado de centro de tortura para los guerrilleros y sus familiares. Un informe de la Dirección Federal de Seguridad reporta el traslado de varias personas detenidas a la 27 zona militar, en Atoyac de Álvarez. Perpetraba estas detenciones un grupo clandestino de policías y militares denominado Sangre. Tras ser torturados para arrancarles información sobre la guerrilla de Lucio Cabañas, los detenidos eran forzados a tomar gasolina para posteriormente prenderles fuego. Desfigurados, los cuerpos eran abandonados cerca de Acapulco.

Con el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa la represión se recrudeció con más grupos de gavilleros para enfrentar a la guerrilla y aterrorizar al pueblo. Los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo y el capitán Francisco Javier Barquín formaron grupos de policías judiciales y militares que detenían a sospechosos y los torturaban en los separos del Fraccionamiento de Costa Azul. Los asesinaban y trasladaban a la base aérea militar siete de Pie de la Cuesta.

De acuerdo con Gustavo Tarín, ex miembro de inteligencia de la Policía Militar, de 1974 a 1981 detuvieron a unas mil 500 personas que las interrogaban en las oficinas de policía y tránsito de Acapulco. Desde ahí las personas eran vendadas y atadas para trasladarlas a Pie de la Cuesta, donde se encontraba Acosta Chaparro, acompañado por Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre y otros, quienes disparaban en la nuca a los detenidos con una pistola calibre 380, llamada la espada justiciera. Los ejecutados eran encostalados y trasladados al avión Arava del Ejército, que realizaba tres o cuatro vuelos nocturnos a la costa de Oaxaca.

La guerra sucia en Guerrero dejó más de 850 desaparecidos. Ningún gobierno se ha atrevido a indagar al Ejército; más bien en los últimos sexenios le han asignado la guerra contra el narcotráfico. Con los gobiernos caciquiles establecieron alianzas para impulsar la siembra de enervantes en regiones inhóspitas. Facilitaron el comercio ilegal de armas, pactaron con caciques regionales y grupos criminales para el trasiego internacional de mariguana y amapola. Acapulco devino en el centro de operaciones de los grandes narcos que abrieron rutas por mar y aire a Sudamérica.

El Ejército mantuvo su estrategia contrainsurgente, ocupando comunidades, violando mujeres, desapareciendo a líderes comunitarios y ejecutando a presuntos guerrilleros. En contrapartida, los negocios de la economía criminal se afianzaron en el estado con el apoyo de caciques. La guerra antinarco reposicionó al Ejército y a la Marina, dejando intacta la estructura criminal que opera en las instituciones de seguridad y justicia del Estado. La colusión entre agentes del Estado y crimen organizado ha aumentado la cifra de desaparecidos, en su mayoría jóvenes residentes en las periferias de las ciudades, mujeres jóvenes y estudiantes, madres de familia, pequeños comerciantes, líderes sociales y ecologistas, defensores comunitarios, maestros de la Ceteg y estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Las desapariciones en Guerrero tienen el sello de impunidad, porque no se indaga a autoridades militares ni civiles que forman parte de las redes de la macrocriminalidad que imperan en México.

El papel desestabilizador del “oenegeísmo”

Aram Aharonian


Mediante las ONG financiadas y patrocinadas por los países y organismos centrales del neoliberalismo se ataca al Estado incidiendo ideológicamente. Un editorial del diario mexicano La Jornada – «ONG, vehículos de desinformación»-, puso nuevamente en debate el tema de las organizaciones no gubernamentales, insertadas en el imaginario colectivo por una intensa y agresiva campaña publicitaria por los medios hegemónico, como integrantes del llamado campo popular.

El editorial denuncia que varias ONG publicaron un comunicado conjunto en el cual sostienen que, de ser aprobada, la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el gobierno al Congreso, afectaría los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, además de que se alejaría al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales.

Falsedades, medias verdades destinadas a favorecer a las trasnacionales energéticas son las que muestran  organizaciones locales e internacionales como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca), el Colectivo Ecologista Jalisco, Colima 2030, Conexiones Climáticas, Greenpeace México e Iniciativa Climática de México (ICM).

Estas ONG repiten de manera acrítica y carente de fundamento los alegatos de las grandes corporaciones privadas del sector, los organismos cupulares del empresariado como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la oposición empresarial y política que rechaza el proyecto de reforma.

Con dolo y/o por desinformación, lo que se presenta como discurso ambientalista, de promoción de los derechos humanos y combate al cambio climático termina por servir a los intereses de perpetuación de negocios sucios a costa de los objetivos que dicen defender y en detrimento del patrimonio del país, dice el editorial.

Lo cierto es que las ONG en América Latina no sólo infiltran ideológicamente a los sectores populares (penetración desde abajo y adentro) con los cuales trabajan directamente en proyectos de autoayuda y desarrollo microempresarial, en escuelas, barrios, cooperativas, comunidades marginales, áreas rurales, fábricas etc..

También infiltran ideológicamente a los cuadros de organizaciones y a éstas, potencialmente calificadas para vigorizar al movimiento popular, darle formación político-ideológica y ser promotoras y acompañantes del cambio político-social.

Calma. No todas las ONG son iguales, hay algunas que cumplen con su trabajo y sí se pueden contar dentro del campo popular, pero nadie puede creer que sea humanitaria una organización financiada por George Soros, como Open Society, o por Bill & Melinda Gates, ¿no?

La actividad local, emblema de acción de las ONG, es una trampa ideológica, pues desarticula al movimiento popular mediante paradigmas falsos como el del “no poder” y también mediante la competitividad por recursos financieros.

Y trabaja paralelamente con el proyecto hegemónico, pues les permite a los regímenes neoliberales, las transnacionales y las entidades financieras internacionales dominar la política socioeconómica macro y canalizar la mayoría de los recursos del Estado como subsidios al capital exportador y al pago de la deuda externa. Lo hemos sufrido en toda América Latina (y ahora intentan, en la nueva ofensiva conservadora, que lo volvamos a sufrir): se ajusta el gasto fiscal, menos recursos para salud, educación y viviendas populares y más

Desde los años 1980 las organizaciones no gubernamentales (ONG) se expandieron por todo el mundo abriendo un importante espacio político, cultural y socioeconómico, prácticamente en cada rincón del planeta. Se calcula que actualmente hay más de 10 millones de ONG en el planeta. En la India, por ejemplo, hay una ONG cada 600 personas.

Para lograr esto, los medios de comunicación globalizados destacan día a día su rol en la educación, la lucha contra la pobreza y el analfabetismo, la protección del medio ambiente, la promoción de libertades civiles, protección de los derechos humanos etc., pero ocultan su lado oscuro, señala Vicky Peláez. Hay aproximadamente unas 40.000 ONG subvencionadas por los gobiernos norteamericanos y europeos y que fueron creadas con el fin específico de ser instrumentos de los globalizadores de Washington y Bruselas.

Mediante las ONG financiadas y patrocinadas por los países y organismos centrales del neoliberalismo se ataca al Estado incidiendo ideológicamente sobre los sectores conflictivos que sufren las medidas de choque económico, el paquete de reformas estructurales encomendadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial.

Pero también de  las fundaciones occidentales, los partidos neoliberales y derechistas de Europa y EEUU, los think tanks de la ultraderecha libertaria, los clubes de los millonarios y los medios corporativos, que financian desde abajo a estas ONG.

Con la intervención de las ONG y de sus proyectos diseñados en los países centrales se desvincula al Estado –aún más- de sus compromisos con las mayorías populaes. Las funciones del Estado son ausmidas en forma empresarial por las ONG. La función social se transforma en función privada, ya que sus proyectos son “vendidos”.

Una de las características ideológicas de las ONG es la del voluntarismo privado, que tiene como fin socavar el sentido de lo público. Para destacar, asimismo, el mimetismo travesti de su lenguaje: poder popular, sociedad civil, lucha por al libertad de la opción sexual, libertad de expresiónn, igualdad de género, desarrollo sustentable, liderazgo de base. Todo muy “progre”.

Un poco de historia

La idea de crear organizaciones no gubernamentales que podrían ser utilizadas por los servicios de inteligencia para la creación de las redes sociales en África, Asia y América Latina con el propósito de promover los intereses estaounidenses y trasnacionales surgió a fines de la primera mitad del siglo 20, pero recién fue puesta en marcha en 1961, impulsada por el triunfo de la revolución cubana en 1959, cuando por una orden ejecutiva fue creada la Agencia de EEUU para el Desarrollo (Usaid).

El estadounidense William A. Douglas en Developing Democracy (1972) señalaba que la gente en los países en desarrollo son como unos “niños” que necesitaban “una tutela, reglamentación y el control del gobierno de EEUU”. Para él, el proceso de transformación global no podría ser realizado a través de los gobiernos, se necesitaba crear organizaciones de base en cada lugar del planeta bajo el control de las agencias especializadas estadounidenses.

Estas organizaciones de base tomaron en los años 1980 la forma de las organizaciones no gubernamentales que, bajo el control del Departamento de Estado, tenían que desestabilizar los gobiernos no afines a la política estadounidense a través de un trabajo sutil, encubriendo sus propósitos subversivos con unos programas reales como la lucha contra la pobreza extrema.

A la vez, fue precisamente la Usaid la que envió al famoso especialista norteamericano en tortura Dan Mitrione a Brasil en 1960-1967, a República Dominicana en 1965 y a Uruguay en 1969-1970. La Usaid participó también activamente en todos los golpes de Estado e intentos de golpes que tuvieron lugar en África, Asia y Latinoamérica desde 1961 hasta ahora, en estrecha colaboración con la CIA, el DIA (Servicio de Inteligencia Militar), el FBI, la DEA, la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), etc

Mientras existían la Unión Soviética y el campo socialista, la Usaid junto con otras ONG como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) hicieron todo lo posible para contener la influencia ideológica de la URSS, siendo misioneros ideológicos y operativos del imperio durante la Guerra Fría.

Con los llamados –por ellos–democracias limitadas, no se podía emplear los procedimientos de “choque social” (centros clandestinos de detención y desaparición, torturas, eliminación masiva de oponentes políticos) que se llevaron a cabo durante las dictaduras militares de la década anterior.

Estas organizaciones de “base” debían enarbolar una lucha sin cuartel expresa o enmascarada hacia toda idea de intervención del Estado, al son de las ideas del neoliberalismo, desde los centros y superestructuras hacia las áreas conflictivas, barrios, comunidades, asentamientos urbanos y rurales pobres.

La ideología antiestatista debía ser el motor de intervención dentro de las clases conflictivas, tendiente a producir un colchón social que descomprimiera el descontento de las mayorías populares y desarticulara el movimiento social y popular de clase.

Otro factor histórico ayudaría a la confusión del carácter político de las organizaciones no gubernamentales por parte de muchos sectores del campo popular y antiimperialista: el papel desempeñado por algunas de ellas en defensa de los derechos humanos durante las sangrientas dictaduras del Cono Sur y los años de represión con grado de genocidio y etnocidio en Centroamérica.

En este período, incluso desde la izquierda, eran vistas como parte integrante del campo progresista, pese a que sus denuncias de atentados a los derechos humanos jamás incluían a las violaciones perpetradas por EEUU o países de Europa (en sus invasiones a numerosos países), reafirmando concepciones colonialistas: superioridad moral de centro, primitivismo de la periferia, o se civilización desde el centro (EEUU y Europa) y  barbarie desde la periferia.

Una de las tareas es formar miles de disidentes en los países que no siguen el rumbo trazado en Washington o Bruselas. La cuestión es organizar y financiar a los potenciales descontentos en los países y lavarles el cerebro a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Tres países del grupo BRICS, Rusia, India y China, promulgaron la ley de Registro de Agengtes Extranjeros respecto de las ONG que reciben fondos desde el exterior. Si bien es similar a la que rige en EEUU desde 1938, Washington anunció “el fin de la democracia” en China y Rusia…

Para cumplir con estas tarea de desestabilización –en nombre de su democracia- las cuatro organizaciones de la NED –Free Trade Union Institute, Center for International Affairs, The National Democratic Institute for International Affairs-, como su sobordinada ONG Freedom House, en coordinación con la Usaid, se dedican oficialmente a financiar y canalizar las fuerzas de las principales organizaciones afines de la sociedad civil en casi cien países.

Los profesionales de la solidaridad

Una década atrás, el diario El País de España dedicó una página entera al tema con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupaba ya entonces en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). En el artículo se cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca.

Cada vez son más concurridos los cursos y posgrados de especialización en ONG impartidos por escuelas de negocios, recordaba el diario español. Las ONG capitalistas actúan como un verdadero disolvente de la sociedad civil. Numerosos militantes y organizaciones populares han sido cooptados por las ONG.

Los “expertos” de las conferencias de donantes recomiendan que Haití debería fortalecer más el sector privado (más del 90% de su sistema educativo y sanitario ha caído en manos privadas), la transparencia y el buen gobierno. La ironía es que todo apunta a que las recetas deberían aplicárselas a sí mismas las opacas ONG, reluctantes a rendir cuentas a nadie, incluidos los gobiernos donantes.

Obviamente, durante varias décadas hasta hoy, las ayudas a Haití nunca llegaron a los haitianos: quedaron en manos de las ONG europeas y estadounidenses, y sus contratados, que lucran con el hambre de los caribeños.

Electricidad, la contienda por la nación

Eduardo Nava Hernández

A estas alturas debe haber quedado claro para todos que la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el régimen de generación y distribución de electricidad impuesto por la reforma privatizadora de 2013 es la lucha más importante de este sexenio, al parecer la única, para restablecer el mandato constitucional de un Estado rector de la economía.

Será la segunda ocasión en que este gobierno —si la reforma se consolida— estará afectando intereses económicos muy poderosos, como ya lo hizo con la cancelación del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los inicios del sexenio. Pero, a diferencia de éste, que se resolvió con un decreto del Ejecutivo y el pago de indemnizaciones o el trueque de los contratos de construcción por los de otras obras gubernamentales de inversión, incluida la terminal aérea “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, ahora se trata de una reforma constitucional sumamente compleja.

En su libro 2018: la salida, publicado más de un año antes de la elección que lo llevó a la presidencia, López Obrador exponía en relación con las llamadas reformas estructurales realizadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto:

Admito de entrada que soy partidario de revertirlas; tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo sino que lo perjudican. Pero no responderemos a una imposición con otra imposición; en cambio, se consultará a la gente si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría.

Esto no significa que el nuevo presidente dejará de expresar su postura o no tratará de convencer de que por el bien de la República es indispensable recuperar el sector energético para integrarlo, convertirlo en palanca del desarrollo nacional y manejarlo con eficiencia y honestidad para reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y los productos petroquímicos […]

Hasta ahora, el ofrecimiento de una consulta popular acerca de las reformas peñanietistas no se ha cumplido, y de hecho no se cumplirá, pues el presidente prefirió proponer un plebiscito en relación con muy otro tema (la persecución a los presuntos delitos de los ex presidentes) y, en cambio, enviar de manera directa al Congreso su iniciativa de reforma constitucional en relación con el sector eléctrico. Pero, aunque expresada en términos abstractos, parece claro que la intención plasmada cuatro años atrás es la que anima la propuesta actual de reforma al sector eléctrico.

Sin embargo, la reversión de la desnacionalizadora reforma diseñada y ejecutada por el gobierno anterior enfrentará enormes obstáculos aún por salvar. Desde luego, el más grande, reunir la mayoría legislativa calificada en ambas cámaras del Congreso para realizar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuando la composición actual de aquéllas ya no alcanza para ello a Morena y sus aliados, el PT y el convenenciero PVEM. La reforma constitucional es indispensable porque, como se recordará, el 3 de febrero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo declarando inconstitucional el acuerdo de la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenece) que daba preferencia en el despacho de electricidad a la generada por la Comisión Federal de Electricidad por sobre la de los (muchos) generadores privados: la española Iberdrola, AES Corporación, Enel Green Power, Grupo México, ILIOSS, Acciona, Minera Autlán y Mexichem, entre otros, que han llegado a cubrir el 45 % del abasto de energía que la CFE se ve obligado a distribuir a altos costos a través de sus líneas de transmisión, en aras de la pretendida “libre competencia”.

La apuesta del Ejecutivo para lograr esa cuota parlamentaria es alta: dividir a la oposición emplazando, por una parte, al PRI en lo particular a reasumir su histórico discurso “nacionalista revolucionario” y virtualmente compartiendo el poder (o cooptando) a un sector del priismo al que se entregó en la Cámara de Diputados comisiones de primera importancia como la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la de la Comisión de Gobernación y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. También está dispuesto el presidente a incorporar a su gobierno a ex gobernadores de origen priista como Quirino Ordaz (próximo embajador en España), y quizás Héctor Astudillo que acaba de entregar el gobierno de Guerrero. Más aún: no está excluida la incorporación de panistas al gabinete, como podría ser la de Antonio Echeverría, que también ha terminado poco ha su gestión en Nayarit.

Para el gobierno federal y sus aliados se trata de avanzar en la discursivamente declarada guerra contra el neoliberalismo, que pocas veces se ha concretado en hechos; para los opositores es la aparente defensa de un principio consagrado por el pensamiento liberal, el de la llamada “libre competencia”, pero sobre todo de una red de relaciones, tráfico de influencias y de elevadas ganancias a costa del presupuesto público, obligado por los contratos con los nuevos abastecedores privados a dar preferencia en la distribución y abasto a la energía generada por éstos y a relegar la de la Comisión Federal de Electricidad.

La oposición legislativa ha sacado nuevamente sus argumentos, ya expuestos por los productores privados, el Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Suprema Corte: la libre competencia en la generación de electricidad es lo que puede bajar los costos de producción y las tarifas a consumidores; la iniciativa presidencial favorece las energías “sucias” y no las limpias: eólica, geotérmica, solar. Argumentan también algo que puede ser verdad: “Por la capacidad instalada de CFE, incluyendo el diésel y el combustóleo, no hay espacio para generadores adicionales en el mercado. Ustedes lo aniquilan con el despacho por capricho”, dijo en febrero pasado el priista Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE en el gobierno de Peña Nieto.

Desafortunadamente para los opositores a la iniciativa del Ejecutivo, la realidad los desmiente una y otra vez. El esquema de generación privada y prioridad a ésta en la transmisión y distribución no garantizan por sí mismos el abasto, la reducción de costos ni la baja en las tarifas.

La estructura productiva del sector en el periodo reciente ha hecho dependiente a nuestra industria eléctrica, como se sabe, de las importaciones de gas para las plantas termoeléctricas, de los Estados Unidos y en particular de Texas. Las inesperadas heladas en ese Estado de la Unión Americana el invierno pasado vinieron a desmentir varios de los argumentos de los opositores. Mostraron la inconveniencia de ser dependientes del mercado externo bajo la premisa —típica del monetarismo— de que es más barato comprar el gas en el mercado externo que buscar la autosuficiencia. El corte de exportaciones decretado por el gobernador de Texas en febrero mostró que no existe tal cosa como el “libre mercado”; que los poderes públicos y económicos se imponen en las transacciones, aun por encima de contratos. El gobernador texano Greg Abbott pudo determinar suspender el flujo de exportaciones de gas para priorizar el abasto a la población de su Estado. Y tenía razones políticas y sociales para ello. ¿Pero hay de verdad libre competencia, cuando un gobernador puede decretar repentinamente la suspensión de las exportaciones a las que, desafortunadamente, los anteriores gobiernos mexicanos ataron nuestro futuro energético? Como se recordará, fue la CFE con sus propias instalaciones la que, en muy pocos días logró restablecer el servicio y superar la crisis de abasto en el noreste de nuestro país.

Texas también mostró los límites de la privatización. En un Estado que cuenta con plena liberalización energética (alrededor de 200 productores privados) y la más libre competencia, en medio de las heladas los usuarios vieron cómo sus facturas de consumo se iban hasta cuatro mil dólares, cuando antes pagaban 200 (https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias-texas/2021/02/20/preparese-para-recibos-de-luz-elevados-en-texas-mujer-de-dallas-pagaba-200-por-mes-ahora-debe-3979/).

El otro caso digno de mencionarse es el de la crisis energética que ya vive desde este otoño la Unión Europea, particularmente en España, Rumania, Grecia y la misma Alemania, países en los que en tan sólo pocas semanas, y aun antes de que empiece la estación de fríos extremos, las tarifas pagadas por los usuarios han alcanzado niveles históricos. En España los gobiernos ultraliberales del Partido Popular impusieron, desde luego, la privatización completa del sector vendiendo las empresas públicas y abriendo por completo el mercado de generación y distribución de la energía, y las tarifas se incrementaron hasta en 52 por ciento en tan sólo siete días. Es uno de los países de la UE, junto con Portugal y Alemania, donde hoy es más caro el consumo. España produce tres cuartas partes de su energía con gas natural; las fuentes “limpias” —la ilusión que Iberdrola y otras empresas quieren vendernos en México — están muy lejos ahí de cubrir ni siquiera una parte significativa de la demanda, y más aún con la reanimación de la economía después del 2020 de la pandemia.

Los países de la UE que mejor han logrado salvar esta crisis de abasto y tarifas son, no por casualidad, los Países Bajos y los nórdicos como Suecia y Finlandia, así como Malta y Estonia, en donde se mantuvo una fuerte presencia del sector público y también una red de conexión internacional que les permite abastecerse de las fuentes más competitivas de la región. Pueden verse los datos del viejo continente en https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/precio-electricidad-hogares-union-europea/.

En resumen, la electricidad es y debe ser reconocido como un sector estratégico de la economía que nunca debió colocarse bajo el interés de la inexistente “libre competencia”, en realidad el dominio de los oligopolios sobre el mercado, incapaces de garantizar el abasto suficiente y a bajos costos para el conjunto de la población y las empresas. La recuperación de la rectoría económica del Estado, prevista en el artículo 28 de la Constitución es indispensable para un proyecto viable de nación.

 

La derecha y su relato: vivir del olvido y la mentira

Marcos Roitman Rosenman

El pasado nos interroga, nos asalta. Forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero a la pregunta ¿qué es el pasado?, la respuesta no es tan clara. Sólo podemos decir que son hechos, una verdad de facto. Cosa diferente es su interpretación, orden y explicación. Cuando recordamos, la memoria trae a la mano hechos. Tomar el autobús para ir al trabajo, por ejemplo, es un hecho, su realización conlleva activarla para recordar hechos. ¿Dónde está la parada?, ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el precio del ticket?, etcétera. También, se puede ir en Metro, taxi, caminando o en bicicleta. Todas las opciones se entrecruzan. Le damos sentido de acuerdo con el fin de la acción: ir al trabajo, pero no aclara quién lo hace: ¿una trabajadora?, ¿un empresario? El hecho, es el mismo, pero según quien lo lleve a cabo, su interpretación difiere. Llegar tarde, para un trabajador puede provocar el despido, si es el empresario, su retraso constituye una anécdota.

La historia la escriben los vencedores. Howard Zinn enfrentó tal afirmación al cuestionar la interpretación que ha dado lugar a la historia oficial de EU. Escribió La otra historia de Estados Unidos. En ella, desenmascara la versión oficial, recupera hechos del olvido y rescata la memoria colectiva de los oprimidos. Sin embargo, para el establishment, Zinn cometió una herejía. Cuestionó el poder y sus fuentes de legitimación. En esta dirección, Hannah Arendt, se enfrentó al mismo problema. Su obra Eichmann en Jerusalén cuestionó la explicación del sionismo al papel jugado por Eichmann en el Holocausto. Por ello, fue acusada de traicionar al pueblo judío. Su pecado, señalar que los hechos imputados a Eich­mann, tras escuchar sus alegaciones, no respondían a un antisemita; concluyó que eran el resultado de una lógica perversa, sus crímenes se fundaban en lo que denominó la banalidad del mal. Posteriormente, Arendt, con motivo de la guerra de Vietnam, propuso diferenciar la verdad de facto de la opinión. “Lo que parece más inquietante –dirá– es que las verdades factuales incómodas (…) son a menudo transformadas, de forma consciente o inconsciente, en opiniones –como si el apoyo de Alemania a Hitler, la caída de Francia ante el ejército alemán en 1940 o la política del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial no fueran hechos históricos sino un asunto de opinión”. Los hechos pueden suscitar repulsa, pero no pueden ser cuestionados, son historia. Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión. Sino la falsedad deliberada o la mentira.

En América Latina hay hechos que marcan la historia de los últimos 500 años: I) la conquista y colonización, II) la independencia política, III) la revolución mexicana, IV) la revolución cubana, V) los golpes de Estado, VI) la resistencia de los pueblos originarios y las luchas feministas. Hay más, pero esta propuesta es ya una construcción histórica. Sin embargo, son los juicios políticos sobre tales hechos los que han de ser analizados. La conquista y colonización es una verdad fáctica. Pero su interpretación se construye a posteriori. De esta manera el pasado se modela. No es unidireccional. La única verdad es que se produjo la conquista y se colonizó, pero la explicación propuesta por los vencedores manipuló los hechos de acuerdo con sus valores y creencias. Es la batalla por apropiarse de la realidad lo que da sentido al relato histórico de los hechos y lo que está en disputa.

En tiempos de la guerra fría, la derecha y las fuerzas armadas recurrieron a una supuesta invasión de la URSS, para justificar los golpes de Estado. En su relato, los hijos serían arrancados de sus madres y llevados a Cuba. La libertad religiosa sería eliminada y las iglesias quemadas. Los opositores eliminados, el himno nacional pasaría a ser la internacional comunista, y los niños sufrirían un adoctrinamiento ideológico para separarlos de sus padres. Ninguna de tales afirmaciones han tenido lugar, no son hechos ni verdades factuales.

Pero la derecha sí ha producido hechos. Ahí están los golpes de Estado de la doctrina de la seguridad nacional, los detenidos desaparecidos, la tortura y la represión. En América Latina, ningún gobierno de izquierda o progresista envió a los niños a Cuba, quemó iglesias, asesinó, o torturó opositores. Sin embargo, el discurso de la mentira, se mantiene. Los hechos, van en sentido contrario, demuestran que las plutocracias reprimen, criminalizan, torturan, cierran universidades e imponen regímenes de muerte. Eliminan la democracia, limitan la libertad de expresión, reunión, prensa y asociación. Esa es la verdad fáctica. Han construido un castillo de mentiras. Pero su tiempo se agota, sus mentiras serán desenmascaradas, transformando a sus falsos héroes en lo que son: criminales de lesa humanidad, llámense Hernán Cortés, Pizarro, Francisco Franco, Porfirio Díaz, Stroessner, Videla, Pinochet, Uribe, Iván Duque o Sebastián Piñera. La derecha lo sabe, por ello se refugian en la mentira para seguir asesinando a sus pueblos.

Vacunas transgénicas: experimento masivo en favor de trasnacionales

Silvia Ribeiro

La vacunación contra el SARS-CoV-2, causante del Covid-19, alcanzó en septiembre de 2021 un promedio de 44 por ciento de la población mundial. En realidad sólo una veintena de países ha vacunado de 60 a 80 por ciento de su población, mientras en África no llega a 3 por ciento. Un apartheid de vacunas, le llaman organizaciones sociales y gobiernos. Refleja una situación de desigualdad sistémica, ya que las trasnacionales farmacéuticas, con el apoyo de sus gobiernos sede, principalmente en Europa y Estados Unidos, han causado la escasez de vacunas para mantener mercado, altos precios y poder de negociación (https://tinyurl.com/3pcdz88k).

Hay otros aspectos también muy preocupantes. La mayoría de las vacunas aplicadas son transgénicas, con procesos de elaboración nóveles, que nunca se habían usado en seres humanos. Por ejemplo las que usan ARN modificado (Pfizer-BioNTech y Moderna) o ADN vectorizado por adenovirus modificados (AstraZeneca, Janssen, Sputnik V y CanSino).

Otras vacunas aplicadas en América Latina son Sinovac y Sinopharm (chinas, públicas). Esas usan métodos convencionales probados por décadas. Son nuevas para Covid y tienen algunos efectos secundarios, pero no conllevan los altos riesgos e incertidumbres de las vacunas transgénicas. Las vacunas producidas en Cuba (en instituciones públicas) usan métodos biotecnológicos, pero no son transgénicas, sino basadas en métodos probados por más de 15 años.

Desde el principio de la pandemia, las trasnancionales farmacéuticas afirmaron que sus nuevas vacunas genéticas serían más efectivas y estarían disponibles mucho más rápido que otras. Sin embargo, a medida que avanzó el experimento sin precedente de inocular a cientos de millones de personas con vacunas corporativas transgénicas, varias empresas, ya con su mercado establecido, reconocieron que sus porcentajes de efectividad son menores que los alegados. Incluso algunas vacunas transgénicas podrían tener menor nivel de efectividad que las convencionales.

Por otro lado, la gran diferencia de tiempo para disponer de vacunas convencionales, que en diciembre 2020 se argumentó esencial para iniciar la vacunación prometiendo a la gente que sería el boleto de salida de la pandemia, apenas fue de un par de meses. Resumiendo, no existió ninguna razón objetiva, salvo afirmaciones vacuas e intereses comerciales, para exponer a millones de personas a los riesgos e incertidumbres de vacunas transgénicas: se podrían haber desarrollado vacunas con métodos convencionales, tanto públicas como privadas. Algo que habría facilitado que muchos más países e instituciones nacionales pudieran producir y distribuir vacunas más ágilmente.

Sobre los riesgos de las vacunas transgénicas, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) acaba de publicar un pronunciamiento y un extenso artículo científico de revisión bibliográfica que plantea elementos que se deben tener en cuenta para la evaluación de riesgos de las nuevas vacunas de ARN modificado y/o adenovirus recombinantes contra SARS-CoV-2 (https://tinyurl.com/3b5xcsym).

Entre otros aspectos, el artículo plantea los impactos potenciales a corto y largo plazos de las vacunas transgénicas. Se basa en un centenar de artículos científicos y en el análisis de los efectos adversos a vacunas reportados en Estados Unidos y otros países. Uno de los efectos graves con vacunas de ADN vectorizadas son coagulopatías y trombosis, a los que se ha agregado el síndrome de Guillain-Barré (parálisis) y el aumento del riesgo de contraer VIH. Las vacunas de ARN se han asociado, entre otros, a riesgos de efectos inflamatorios multisistémicos y miocarditis. En el caso de la Pfizer, puede haber también reacciones posteriores causadas por el uso de nanolípidos como vectores, que al ser nanopartículas, no son reconocidas por el sistema inmunológico y se pueden acumular en diferentes órganos. Estudios científicos han mostrado en ratones de laboratorio la presencia de ARN modificado en múltiples órganos y no sólo en el lugar de inoculación. Los reportes de efectos adversos, incluyen varios miles de muertes que podrían estar relacionadas a vacunas transgénicas, cuya vinculación causa-efecto es difícil de establecer, aunque se considera probable si ocurre dentro de los 3 días posteriores a la vacunación y en relación a los efectos antes mencionados.

Si bien es cierto que el porcentaje de efectos adversos graves reportados es un porcentaje mínimo en relación con cientos de millones de personas vacunadas, existiendo alternativas vacunales y otros tratamientos posibles, no se debería haber expuesto a nadie, mucho menos a miles de personas, a esos riesgos. Las estadísticas indican que la vacunación ha reducido la mortalidad y hospitalización, pero también las vacunas con metodologías convencionales.

Tampoco está claro cuánto dura la inmunidad con las vacunas, por lo que de todos modos es un enfoque limitado, que se ha impuesto a despecho de considerar seriamente tratamientos más integrales y fuera del control de las empresas. A dos años de la debacle múltiple que ha provocado esta pandemia, es hora de un debate mucho más amplio sobre todos sus aspectos, incluso sus causas y qué ciencia y otros enfoques necesitamos para fortalecer nuestros sistemas inmunológicos personales, como comunidades y sociedades.

Proceso: Las transiciones fallidas

Ricardo Ravelo


Leí con sentimiento la carta del periodista Alejandro Caballero tras despedirse de la revista Proceso, a la que dedicó más de 21 años de su vida como reportero, primero, y responsable de la página web, después.

Con lujo de detalles, denuncia una larga cadena de abusos, injusticias, excesos, yerros y desatinos que, dice, postraron a la revista en una crisis financiera pero, sobre todo, editorial tras el arribo de Jorge Carrasco a la dirección del semanario.

Para quienes fuimos parte del semanario quizá nada de lo que expone Caballero sea desconocido. Estos graves problemas en el trato laboral y humano se empezaron a notar tras la muerte de Don Julio Scherer García, en el año 2015. Antes de su deceso, él siempre estuvo atento a que ninguna injusticia se cometiera, aunque el caso de Francisco Ortiz Pinchetti, despedido injustamente en el año 2000, fue una excepción bastante cuestionable. Don Julio, quien siempre dijo admirar a Ortiz por su trabajo excepcional, lo abandonó a su suerte. Luego sobrevinieron las venganzas, inevitables tras el pleito que causó su despido.

En el año de 1996, fiel a un acuerdo establecido, dejaron la revista Julio Scherer, Vicente Leñero y Enrique Maza, los fundadores; ahí empezó a tejerse la desgracia que hoy enfrenta la revista. Scherer no quiso nombrar, de inmediato, un director que lo sustituyera. Dejó que brotara la crisis.

No se sabe si algún resorte emocional inconsciente hizo sentir a Scherer insustituible en la dirección de Proceso, pero en vez de nombrar a un director optó por crear un equipo editorial integrado por Carlos Puig, Gerardo Galarza, Salvador Corro y Francisco Ortiz que operaba en coordinación con Rodríguez Castañeda. Siempre llamó la atención que Scherer no hubiera nombrado un director editorial, preparado con anticipación.

El ensayo no funcionó. Pronto empezaron a notarse las deficiencias, no obstante la calidad periodística de sus miembros. El resultado: Bajó la calidad informativa, algunas portadas no se sostenían con la fuerza periodística necesaria y surgieron diferencias; el relajamiento en la cobertura de fuentes empezó a ser evidente y Rodríguez Castañeda, con frecuencia, se quejaba respecto de problemas para cerrar una edición contundente con una portada excepcional. Había un declive. Los lectores notaron este “bajón” en Proceso, aunque adentro de Proceso –como es costumbre –nunca se reconoció.

Esto tenía una explicación: Las piezas centrales de la revista ocupaban la mayor parte del tiempo en “grillar” para llegar a la dirección. Marín y Castañeda, enfrascados en esa pelea de poder, se dedicaban a buscar aliados en la redacción y a presionar a Scherer para que tomara una decisión para nombrar un director. En medio del trabajo editorial hubo decenas de reuniones para debatir la necesidad urgente de que el presidente del Consejo de Administración nombrara a su sustituto.

Cuando caminaba por la redacción y se le preguntaba cómo estaban las cosas, Rodríguez Castañeda siempre decía –y no estaba equivocado– que Proceso necesitaba un mínimo de dirección, ya que –decía– la revista no podía seguir en el desorden. La lucha por el poder fue desgastante en más de un sentido. La redacción se dividió. Unos reporteros estaban con Carlos Marín, otros con Rodríguez Castañeda. La pugna crecía cada vez más y una atmósfera de incertidumbre invadía a todos los reporteros, el barco a la deriva.

En marzo de 1999 –dos años y cuatro meses después de que Scherer se había “retirado” de Proceso– las cosas empezaron a definirse, después de una crisis que él mismo dejó crecer. Rafael Rodríguez Castañeda fue nombrado director, pero sobrevino el rompimiento: Carlos Marín renunció a su cargo, lo secundó Froylán López Narváez, quien, dolido por la decisión, dijo: “Yo renuncio y denuncio”. No dijo nada. Sólo fue amenaza. Ambos cobraron una liquidación cuantiosa, dejando a Proceso en crisis. Con Marín se fueron algunos reporteros aliados suyos que luego tuvieron cabida en Milenio, por suerte.

Todavía recuerdo la cara de felicidad de Rodríguez Castañeda y su frase minutos después de su nombramiento: “Será para bien”, dijo, mientras se paseaba por la redacción de la revista saludando y abrazando a los reporteros.

En estricto sentido, Julio Scherer nunca se retiró de la revista. Nombró a Rodríguez Castañeda pero se volvió una sombra para él. Frecuentemente visitaba las instalaciones de Proceso, saludaba a los reporteros y se reunía con Rodríguez Castañeda para delinear temas, hablar del país, sugerir enfoques, asuntos, entre otras cosas. Esto quizá incomodaba al nuevo director, pero también ayudaba en la buena marcha de la revista. Era una autoridad moral y se le veía como el padre de una familia que, él mismo, asumía porque, ante cualquier riesgo, acudíamos a Scherer.

Todas las portadas eran cuestionadas por Don Julio, implacable en la crítica, punzante en la crítica. Scherer hablaba con los reporteros, les preguntaba cómo se sentían, qué estaban haciendo, en qué asuntos estaban trabajando, en fin, nunca edificó murallas de silencio, jamás se negó a hablar con los reporteros que buscaban para aclarar dudas o comentar chismes con él. Fue un hombre abierto para todos.

Tras la muerte de Don Julio –que todos lamentamos todavía– las cosas empezaron a cambiar, pero para mal. Comenzaron las injusticias laborales, el mal trato en algunos casos, algunos despidos fueron calificados como injustos y, paulatinamente, la parte editorial empezó a mermar. El rigor se había relajado. La revista se sostenía sólo en los anclajes de su historia, pero ese recurso se agotó. El archivo –por cierto muy rico– también lo agotaron en publicaciones de números especiales y libros. Todo se ceñía a una historia de gloria, pero hacia adelante no había nuevos temas. La pasión estaba agotada, muerta la cabeza de una dirección sin ímpetu. Ya no se podía vivir del pasado.

Como director, Rafael Rodríguez Castañeda no aprendió de su pasado y repitió el error de Scherer. Él mismo sabe que cuando fue nombrado director la revista recobró el rumbo perdido en aquel 1999. Cuando tomó la dirección se dijo que las finanzas estaban en números rojos. Y salió adelante porque tuvo un acierto: se hizo de un equipo. Tenía a su alrededor a Antonio Jáquez Enríquez, un extraordinario periodista lagunero como asesor; luego nombró a Salvador Corro, leal en todo momento; contaba con grupo de reporteros que siempre le salvaban la portada de cada semana. Había uno que otro consentido y becados que le daban más dolores de cabeza que satisfacciones. Pero en lo general siempre tuvo la lluvia de ideas y las propuestas informativas necesarias para sacar adelante la edición semanal, algo indispensable para un director.

Luego vino la siguiente transición en medio de una crisis económica y editorial. Rodríguez Castañeda seguía al frente de Proceso. Más de una voz le insistió en que era tiempo de retirarse, a punto de cumplir dos décadas en la dirección. Desoyó la sugerencia. En algún momento había pensado en irse dejando finanzas sanas y un semanario firme en lo editorial, pero se tardó demasiado, a mi ver. Sería injusto decir que toda la culpa de este debacle es suya. Hay otras razones: Una serie de factores –nuevos medios digitales mejor dotados de recursos, el anclaje de Proceso a un romanticismo periodístico insostenible e inexistente, la resistencia a dar el paso a lo digital, entre otros– sumieron a la revista en la crisis editorial que actualmente padece.

Tengo la certeza de que Jorge Carrasco, el actual director de Proceso, no era la carta fuerte de Rodríguez Castañeda para suplirlo. A pesar de la situación crítica, se negó, en más de una ocasión, a dejar la dirección pese a que su posición ya era insostenible. Quizá también, como Scherer, se sintió insustituible.

Presionado por las circunstancias y por la familia Scherer, finalmente dejó la dirección y le pasaron la estafeta a Carrasco que, se asegura, había sido recomendado por Don Julio Scherer antes de morir. La familia quiso respetar esa decisión del fundador de Proceso, se ignoran las razones. ¿Se equivocó Don Julio Scherer como lo hizo en Excélsior con Regino Díaz Redondo? Ya veremos. ¿A quién hubiera nombrado Rodríguez Castañeda? A uno de sus exalumnos para él continuar al frente?

Lo que actualmente está ocurriendo en el semanario, con el respeto que en lo personal me merece la carta de Alejandro Caballero, no es culpa de Jorge Carrasco: es consecuencia de una larga cadena de yerros y desatinos que, actualmente, desembocan en una crisis muy grave.

Con respecto a ti, Caballero, gran periodista y la carta, opino: Coincido en buena parte con tu misiva. Admiro tu decisión de decirlo. Lo aplaudo. Ese fue el ejemplo del maestro Don Julio Scherer. Con esa libertad te digo: Las injusticias privan en todos los medios de comunicación. Hay luchas de poder, muertos y heridos. Pero cuando el reportero sabe lo que es ningún agravio daña. Lo que duele es el ego. Lo más profundo jamás duele. Se lastima la imagen que hemos construido, lo falso, lo que creemos que somos, nunca lo que somos.

Ahora, sí es muy cuestionable la posición de Jorge Carrasco, sobre todo cuando dijo que iba a honrar la historia de Proceso y a seguir el ejemplo de Julio Scherer. Creo que se equivoca. En esa historia de gloria hay cosas rescatables, pero no se pueden repetir los errores, que no fueron pocos.

El actual Proceso jamás podrá volver a ser lo que fue con Scherer ni con Rodríguez Castañeda, en su etapa previa a la muerte de Scherer. No se puede seguir viviendo del pasado. Aquello ya fue. Lo que continúa jamás se renueva. Algo debe morir para volver a surgir. Y este es el proceso que debe seguir Proceso: morir para ser otra cosa.

Lo que surja de esos escombros o lo que quede estará en la justa medida de lo que son sus actuales directivos en lo moral, ético y profesional. Es otra generación, otra visión de las cosas. Lo otro ha muerto. Ojalá lo entiendan algún día. No es posible ser el pasado y el presente al mismo tiempo.

En esta nueva etapa de Proceso seguramente se sumarán más errores. Los aprendizajes son dolorosos y cuestan muy caro. Carrasco y su equipo se tendrán que seguir equivocando una y otra vez para construirse. No hay otro camino. Es el costo histórico de no haber preparado a un director para tamaño reto. Y aquí los responsables son Julio Scherer y Rafael Rodríguez Castañeda. La soberbia está cobrando la factura y hay que pagarla. A Carrasco le entregaron una revista en crisis financiera y editorial, a la que se suma lo ético y moral. En esto hay que recomponer el camino. La apuesta es dejar de mirar al pasado –eso está muerto– y seguir adelante con lo que se disponga y hasta donde tope.

Siempre se dijo que Scherer se llevaría a Proceso a la tumba. Eso es retórica. Scherer está muerto. Ya fue. Proceso, pese a todo, tiene vida.

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Carta íntegra de la renuncia de Alejandro Caballero

Mi adiós a Proceso

Este día recibí mi finiquito conforme a la ley. Ni un centavo más ni un centavo menos. Termina así mi relación laboral con la revista Proceso a la que ingresé el uno de enero de 1995 en una primera y breve estancia de un año y siete meses y a la que regresé el uno de enero del 2000 para prolongar mi estadía en esta querida casa editorial por 21 años y 8 meses.

De mi paso por Proceso me llevo en el corazón el afecto y la confianza que desde el primer día que lo conocí depositó en mi don Julio Scherer García, así como las inolvidables e incontables lecciones profesionales y de vida que tuvo a bien compartir conmigo. Le correspondí, queriéndolo siempre, hasta donde mis capacidades dieron. Cómo se le extraña. Cómo hace falta.

Agradezco a Rafael Rodríguez Castañeda el apoyo que me brindó sin regateo alguno en todas las encomiendas laborales en las que sintió que mis conocimientos y experiencia podían ser útiles a la empresa. Fue mi maestro en tareas de edición y definición de portadas, al fin periodista cabal de los que no abundan.

Me voy, sin embargo, alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita Proceso desde que en enero del 2020 se definieron nuevos mandos. Un acelerado desprestigio, una derechización de su línea editorial y una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, tienen a Proceso en quizá la más delicada situación desde que se fundó en 1976.

La orientación periodística e ideológica impuesta por los actuales mandos al semanario y que se refleja también en la página web, ya tiene sus consecuencias: una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital.

Alerté a tiempo, a quienes tomaron la decisión de nombrar a Jorge Carrasco como el nuevo director, de los riesgos que implicaría esa designación. Un reportero gris, conservador, apenas conocido en las fuentes castrences y judiciales, sin mayor experiencia en tareas de dirección, en definición de portadas, cabeceo y línea editorial, ha logrado en apenas unos meses que a Proceso se le haya perdido el respeto y se le considere una especie de encarte dominical del periódico Reforma.

Su más reciente desatino: asociarse en defensa de la “libertad de expresión” y del gremio periodístico, entre otros, con medios tan desprestigiados como El Universal de Juan Francisco Healy Ortiz, los Soles y Grupo Imagen, propiedad de miembros de la familia Vázquez Raña, y el portal politico.mx, ligado a Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto tiene demandado a Proceso.

Debo reconocer que el desastre que avizoré con el arribo de Carrasco a la dirección se quedó corto. No sólo se ha derechizado la línea editorial del semanario y su página web, sino que se ha perseguido y hostigado a quienes hemos criticado su arribo a la dirección. El actual es un Proceso opuesto al que nos legaron Don Julio y Rafael, pero a tono con el tamaño de sus nuevos mandos: hacia adentro maltrato laboral y hacia fuera alianza con medios que lo último que hacen es respetar a sus trabajadores.

Pero el error en la designación de Carrasco no ha sido el único. El autonombramiento de Santiago Igartúa como jefe de la página digital es igual de grave. Su historial laboral es un insulto para la revista. Ingresó a Proceso desplazando sin pudor alguno a quien cumplía las labores de corresponsal en Argentina y de ahí paso a la redacción nacional del semanario con el puesto de reportero, en donde se distinguió, no por sus textos, sino por cobrar sin trabajar. Con estos antecedentes, Igartúa se autoascendió a labores de mando en la página web de donde con el mayor de los desaseos e incluso de manera cobarde, mientras me encontraba de vacaciones, sin aviso alguno, se me desplazó de mis funciones.

La página que llegó a estar por meses en el top ten de Comscore, no ha podido recuperar la visibilidad que tuvo. Aún en tiempos de pandemia en que los ciudadanos se volcaron a los medios digitales, la página de Proceso no pudo repuntar. Por si fuera poco los números recientes de visitas señalan un declive preocupante.

Tanto el portal como la revista han perdido credibilidad y en el caso del primero hasta seriedad y no se diga oportunidad noticiosa, todo ello, responsabilidad única de quien opera bajo el autonombramiento de jefe. Con el caso de Santiago Igartúa se confirma que la honestidad y el talento no se heredan.

Los agravios que recibí desde la cúpula y que incluyeron marginarme de cualquier toma de decisiones y en el absurdo cambiar mi escritorio por uno más pequeño y borrarme del directorio por más de un año, lamentablemente no han sido los únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones humanas, factor que lo distinguía de cualquier otra empresa periodística, se esfumó con la llegada de Carrasco e Igartúa.

Me refiero, por ejemplo, a como sin consideración alguna se despidió a corresponsales en el extranjero y a colaboradores de la sección de análisis.

Imperdonable también fue el maltrato, incluso hasta horas antes de su muerte, que tuvieron para con Marco Antonio Cruz, en su calidad de coordinador de fotografía. Sólo doy dos datos, podría ofrecer más. Sin consultarlo, Carrasco contrató a la agencia  Cuartoscuro para nutrir de fotografías a Proceso, algo a lo que siempre se opuso don Julio; Igartúa, también sin consultarlo, designó a un integrante del cuerpo de fotógrafos para tareas en la página digital.

Tengo la certeza de que los nuevos mandos se enteraron de la estatura profesional del querido Marco cuando leyeron los entrañables textos póstumos que amigos y compañeros le dedicaron en Proceso. Desde los puestos de dirección, en vida se le ofendió, a su muerte se le elogió.

Carrasco también fue incapaz de retener a periodistas talentosos como Álvaro Delgado o al monero Hernández, quien junto con Helguera, había recuperado para Proceso el atractivo de su última página.

Las malhadadas decisiones en la empresa continuaron nombrando a José Gil Olmos como jefe de información. Lo peor que le puede pasar a un trabajador es que designen como su jefe a un inepto. Incapaz de argumentar una orden de trabajo, negado para idear un reportaje, torpe para redactar un párrafo sin incurrir en problemas de sintaxis y faltas de ortografía, se le dio una autoridad que, por obvias razones, no se respeta.

En las manos de este trío sin luces está el indigno presente y el nebuloso futuro del querido Proceso. Desprestigiado, inmerso en una crisis editorial y financiera, no se vislumbra mejora. Cómo estarán de podridas las aguas entre los nuevos mandos que las apuestas que corren es sobre cuánto tardará Igartúa en deshacerse de Carrasco.

Proceso, cuyas principales hazañas las dio desnudando corruptelas y enfrentando a gobiernos y empresarios censores, hoy se hunde por los desatinos de un trio que no se sabe la música.

Amigos y compañeros procesianos, cuando regresé a Fresas 13 en el año 2000 pensé que esta entrañable casa editorial sería mi última morada. Me despido con el aprecio y reconocimiento a su trabajo. Sin ustedes Proceso difícilmente sobrevivirá, con los actuales mandos el Proceso que edificó don Julio se evapora semana tras semana.

Ojalá estas líneas fueran producto de un arrebato, el guion de un mal sueño, las notas de una fallida melodía…

Los abrazo

3 años de AMLO: Estado regresa a su función social

Zósimo Camacho

A mitad de su sexenio, AMLO ha regresado su función social al Estado mexicano, pero la transformación avanza de manera desigual. Mejor distribución del ingreso, combate a la corrupción y más soberanía frente a Estados Unidos; pero límites en la independencia económica, titubeos en la reforma fiscal y postergación de la justicia política para los pueblos indígenas. Especialistas advierten una segunda mitad con récords en crecimiento de la economía pero mayor confrontación: la oposición de derecha buscará golpear desde tres frentes: el Poder Judicial, el sector financiero y organismos extranjeros o internacionales

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a la mitad de su periodo y ya puede presumir un nuevo rostro del Estado mexicano. Incompleta la transformación aún y con largo trecho por recorrer, pero las bases de su proyecto se han asentado. Especialistas en ciencia política, economía y geopolítica consultados por Contralínea coinciden en que el logro más visible es haberle devuelto al Estado mexicano su “función social”.

Por separado, señalan que ahora el Estado mexicano tutela una mejor distribución del ingreso, la justicia económica y social y la procuración –para toda la población– de derechos básicos, como la alimentación, la salud y la educación. Pero reconocen que el neoliberalismo sigue vigente y los grupos de interés no han sido desplazados totalmente de las estructuras del sistema político mexicano.

Para algunos, es un asunto de tiempo, pues 3 años no pueden sustituir casi 40 años de neoliberalismo. Para otros, se trata de una imposibilidad ante la sujeción económica que ejerce Estados Unidos y a que el obradorismo tampoco tiene como propósito emprender una trasformación más radical, a semejanza de la impulsada por gobiernos de América del Sur a principios de siglo.

Todos señalan, sin embargo, que con la continuidad de las actuales políticas México podrá crecer a tasas del 6.6 por ciento en los próximos años, similares a las del periodo llamado Milagro Mexicano (1940-1970), y muy por encima del raquítico 2 por ciento del periodo formalmente neoliberal (1982-2018).

A mitad del sexenio, el gobierno de López Obrador consumó 55 reformas constitucionales, a leyes federales y a leyes secundarias. En número son inferiores a las concretadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus respectivas primeras mitades de periodo, pero son de otro calado, explican. Otorgan más derechos económicos, políticos y sociales y ordenan una planificación estratégica de la economía.

Otras resultan polémicas, como la de creación de la Guardia Nacional como nueva Fuerza Armada y las que otorgan más facultades en seguridad pública y en aspectos económicos a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Y otras han quedado pendientes, entre ellas de carácter fiscal, financiero y económico que deberían consolidar una mejor distribución del ingreso, que paguen más impuestos los que más riqueza concentran y se regulen, entre otros, los servicios de la banca privada. Una más ha quedado rezagada y, al parecer, en confrontación con la “cuarta transformación”, o 4T, del país: la de derechos y cultura indígenas, que recuperaría los Acuerdos de San Andrés y reconocería la autonomía de los pueblos, tribus y naciones originarias para decidir sobre sus territorios y recursos.

La apuesta por el Estado de bienestar

La primera mitad del sexenio de López Obrador estuvo atravesada por varios procesos, observa Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Dos de ellos de carácter internacional: la pandemia de Covid-19 y la crisis internacional del capitalismo que viene profundizándose desde 2008.

En la parte nacional, López Obrador goza de legitimidad social. Según las encuestas, cuenta una aprobación superior al 60 por ciento, algo que a la mitad de los sexenios anteriores ningún presidente había tenido, observa el académico. Sí hay un desgaste, como ha reconocido el propio presidente, pero sigue contando con legitimidad social.

Adscrito al Observatorio Lawfare del Celag, García Fernández señala que son evidentes los cambios con respecto de las administraciones anteriores. Se han concretado reformas de carácter social que intentan darle otro cariz y otra perspectiva al Estado mexicano: en materia de hidrocarburos, electricidad, para el combate a la corrupción, para transformar la Fiscalía General de la República (FGR) y leyes secundarias para favorecer la democracia participativa, con figuras como la consulta ciudadana y la revocación del mandato.

Además, en materia de contención de la violencia, se creó la Guardia Nacional y está desplegándose en el territorio nacional con sus propios cuarteles. “Pero no basta para detener esta espiral de violencia que viene desde [Felipe] Calderón [2006-2012]”. Se avanza pero falta todavía bastante. Se ha criticado el proceso de militarización, “pero no se puede eliminar de un plumazo que los militares se encarguen de la seguridad pública en tanto no haya una policía preparada y con capacidad de despliegue nacional”.

Georgette Ramírez Kuri, investigadora invitada en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), señala que el gobierno de López Obrador, a 3 años de iniciado, regresó la función social al Estado mexicano. Considera que, en términos generales, es esa la gran diferencia con los anteriores gobiernos neoliberales “que robaron a las clases trabajadoras”.

Tal despojo se ejecutó en los sexenios pasados a través de una sistemática reducción de los salarios y el recorte al gasto público. Todo, en detrimento del acceso de la mayoría de la sociedad mexicana a la vivienda, salud, educación.

Maestra y doctorante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ramírez Kuri observa que el Estado comienza a hacerse cargo de nueva cuenta de la economía y de la redistribución de la riqueza.

El doctor en economía y maestro en ciencias económicas Ernesto Bravo Benítez está de acuerdo en que lo que más ha caracterizado al gobierno de López Obrador ha sido “la parte social”. Señala que “los programas de atención a los grupos marginados han sido el eje rector en unión con principios de austeridad fiscal”.

A este respecto, celebra los esfuerzos en la redistribución del ingreso pero recomienda ser “más proactivos en la parte económica más allá de los grandes proyectos de inversión que este gobierno está impulsando”. Por ello, en la segunda mitad del sexenio se debe aprovechar la oportunidad “de apuntalar económicamente a sectores que históricamente han estado desatendidos” y en los que se debe invertir no sólo con programas sociales sino con infraestructura.

“Es necesario redoblar el esfuerzo, más allá de los programas; también es necesario crear puertos, infraestructura carretera y aeroportuaria; y no concentrar todo el esfuerzo en los estados del sur y del sureste, pues se debe atender también la parte centro y la parte noroeste del país, que también falta equiparla de manera importante”.

El investigador en estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM advierte que el neoliberalismo en México no ha terminado, pues se impuso durante una etapa de casi 4 décadas. Esta forma de concebir el proceso económico se institucionalizó y, por ello, es complejo cambiarlo en una sola administración. El gobierno de López Obrador ya ha impulsado cambios importantes, pero sigue incrustado en áreas del quehacer económico, señala.

“La nueva administración va a medio camino y se va a llevar todavía lo que resta del sexenio para modificar inercias institucionales y pasar a una etapa post-neoliberal de impulso al desarrollo económico del país.”

Algunos cambios, inmediatos; pero el proyecto es a largo plazo

La determinación política de transformar al Estado se observa con claridad en los sectores estratégicos de México, como el energético y el de infraestructura, considera Ramírez Kuri.

Con estudios de geografía crítica en la Universidad de Sao Paulo y de geopolítica en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (de Brasil ambas instituciones),  señala que el gobierno actual ha dado giros claros con respecto de lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Ejemplifica con los esfuerzos por fortalecer las empresas estatales que, reconoce, son muy pocas luego de casi 4 décadas de neoliberalismo.

La reforma energética y la política aplicada por el obradorismo en 3 años son diametralmente opuestas a las seguidas entre 1982 y 2018. Mientras que en los sexenios pasados estaba encaminada a desmantelar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE),  ahora se trata de fortalecerlas.

Explica que el petróleo y la electricidad son dos rubros estratégicos para cualquier economía del mundo y observa que el gobierno de la 4T “sí ha implementado una serie de decisiones políticas encaminadas a que estas empresas tengan un mejor posicionamiento dentro del mercado y puedan tener mayor competencia en el mercado internacional, por ejemplo”.

Claro, señala, faltan muchas reformas y cambios “y sería deseable que se profundizaran algunos de los que se empezaron ya a trazar. En 3 años de gobierno no puedes tirar 3 décadas de avance neoliberal.”

Considera que, en sentido contrario a lo que dice la oposición sobre que este gobierno improvisa, “yo veo todo lo contrario”. Explica que bajo el neoliberalismo no se planificaba, “más bien se dejaba pasar”. El gobierno era de lo más laxo con tal de no afectar los intereses de los grandes capitalistas. Ahora hay una serie de estrategias en las que basa sus acciones y sus decisiones de política en los diferentes ámbitos: político, geopolítico, económico y social.

“Sí veo que se están tratando de articular estas dimensiones lo mejor posible; hay muchísimos especialistas que están ocupando cargos. Contrario a lo que dice la oposición, la cuarta transformación no está centralizada en una figura. Sí hay gente muy capaz que está puesta estratégicamente en cada una de las secretarías, en cada uno de los niveles de gobierno.”

Reconoce, sin embargo, que sigue habiendo muchos errores al interior del gobierno. Hay personas que provienen de otros partidos políticos y, por lo tanto, mantienen otras prácticas, otras formas de hacer política. “Pero eso me parece que está cambiando y tiene que seguir cambiando”.

La planeación estratégica también se refleja “en la complejidad de los proyectos de infraestructura para la integración territorial, en los programas para fortalecer las empresas estatales, en la reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas. Se puede ver que al menos hay un cambio en la intención y objetivos. Que esos proyectos logren concretarse, ese es otro problema”.

Georgette Ramírez Kuri agrega que uno de los grandes esfuerzos es la captación de ingresos fiscales; por ello ha logrado una recuperación millonaria que regresa al erario y que se redistribuye entre la sociedad mexicana.

También hay esfuerzos muy importantes para regularizar los salarios, observa. Es una política integral que busca incrementar de manera sostenida el salario mínimo por encima de la inflación y regularizar la subcontratación u outsourcing. Al mismo tiempo, hay esfuerzos por regularizar los empleos y por incrementarlos para dinamizar el mercado interno.

Lo anterior va de la mano con la promoción de los derechos laborales y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, como el derecho a la vivienda. Ramírez Kuri ejemplifica con los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que, con bajas tasas de interés, se busca que nuevamente el acceso a las viviendas por parte de las clases trabajadoras sea mayor.

Por su parte, el experto en economía financiera Ernesto Bravo Benítez destaca que en materia económica “hay cambios importantes” en 3 años de gobierno. Explica que alcanzan no sólo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de Economía, sino al propio Banco de México (Banxico) a pesar de ser un organismo autónomo de la administración pública federal. Cita como ejemplo que el actual gobernador, Alejandro Díaz de León, haya estado de acuerdo en utilizar el recurso del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el manejo de la deuda. “Esta actitud de quién gobierna un ente autónomo tan importante como el Banco de México no se hubiera entendido en un contexto anterior.”

A esto se suman medidas como la de la autonomía para la FGR, la transparencia que en la administración pública federal y una firme política tributaria desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la SHCP para captar recursos de los grandes contribuyentes que durante muchos años fueron consentidos fiscalmente. Además, la incorporación ˝eficiente” de las Fuerzas Armadas no sólo a labores de seguridad sino aquellas que tienen un impacto económico.

Multilateralismo y tensiones con EU

Especialista en geopolítica latinoamericana, Gerogette Ramírez observa que la diplomacia mexicana dejó de ser un medio de los funcionarios para seguir enriqueciéndose. Hoy se ve más claramente apegada a la Doctrina Estrada y dejó de favorecer intereses extranjeros en México o intereses de determinados mexicanos en el extranjero.

El papel que está desempeñando ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es “muy relevante” en varios sentidos. Primero, porque retoma el multilateralismo. Es decir, “a pesar de nuestra vecindad con Estados Unidos, a pesar de tener un 80 por ciento de actividad comercial con ese país y del problema que existe en las fronteras norte y sur por el flujo migratorio desde Centroamérica, sí se ha podido marcar una serie de límites a Estados Unidos”.

Observa “una fuerte intención” por parte del gobierno mexicano de acordar una agenda bilateral en común. México ahora está poniendo sobre la mesa cuáles son sus intereses y a partir de ellos negociar con Estados Unidos. “Y ver cuáles son los intereses que tienen en común ambos países para, entonces, acordar una agenda”.

La nueva relación se construye también con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), pues México pugnó siempre por el aspecto laboral, es decir, “defender los derechos laborales de los trabajadores mexicanos; ése había sido un tema ríspido en esas negociaciones”.

Otro aspecto a destacarse de la negociación económica México-Estados Unidos es el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel. Tal instrumento había estado suspendido algunos años y nada se hacía para equilibrar en la relación las asimetrías y la desigualdad que existe entre países como México, Estados Unidos y Canadá.

Ramírez Kuri explica que el nuevo papel de México es benéfico para los tres países en su conjunto. “Me parece que se reconfigura en sí misma la región de América del Norte porque México se reposiciona. Ya no va a ser una relación a partir de una desigualdad salarial, en cuanto a políticas o en cuanto a subsidios. México está buscando un tratado que sea mucho más equitativo en ese sentido”.

Este reposicionamiento político y económico de México en el concierto internacional se vio reflejado en la adquisición de las vacunas contra la Covid-19. La pandemia vino a mostrar claramente la multilateralidad que México ha impulsado en su política de relaciones exteriores. Por ello ha logrado tener un portafolio de vacunas extenso.

“Existen ahora nueve vacunas autorizadas para aplicarse en el país, y el origen de estas vacunas es diverso, es decir, son de origen chino, ruso, de la India, de Reino Unido y también de Estados Unidos”, destaca Ramírez Kuri. Explica que el programa de la vacuna transfronteriza es también resultado de la política social que está llevando a cabo el gobierno de México actualmente.

Sin embargo, México camina en zona minada, advierte Aníbal García Fernández. Estados Unidos cuenta con muchos mecanismos para presionar a México en el momento en que considere que ha rebasado la “independencia” que puede tolerar.

Experto en relaciones de Estados Unidos con América Latina, García Fernández observa que es una realidad que México hace funciones de contención de los migrantes. Es una medida que se tuvo que aceptar precisamente por las presiones de Estados Unidos.

En este rubro, señala, hay una política de continuidad con los gobiernos anteriores de parar a los migrantes. Sigue este proceso de ser, para Estados Unidos, una especie de primer filtro de migrantes de varias partes del mundo. “Esto va seguir y puede hacer crisis a nivel nacional y bilateral con Estados Unidos”.

Otro aspecto de tensión con Estados Unidos es la política energética que ha desarrollado el actual gobierno mexicano. Varios think tanks y cabilderos de petroleras estadunidenses protestan por la política mexicana de fortalecimiento de Pemex y la CFE. Pero el gobierno de López Obrador busca reducir la dependencia que tiene el país de las gasolinas extranjeras, explica García Fernández. Por ello la construcción de la refinería de Dos Bocas y el fortalecimiento de las seis refinerías que ya tiene el país y el impulso de la petroquímica.

Las batallas que vienen

El doctor Ernesto Bravo, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que el neoliberalismo seguirá dominando amplios márgenes de la economía mientras no haya controles al sector financiero. Explica que este sector sigue teniendo injerencia en decisiones económicas importantes. Por ejemplo, señala el investigador, “siguen siendo muy altas las tasas de interés y los gastos administrativos que a los cuentahabientes o deudores cargan”. Falta aún una regulación a este sector que sigue obteniendo beneficios que en ninguna otra parte obtiene. Es un sector altamente oligopolizado”.

Además, propone bajar la banca de desarrollo al primer piso, junto con la posibilidad de, una vez tomada esta decisión, hacer uso de al menos una tercera parte de las reservas internacionales para financiamiento de proyectos productivos. Asimismo, considera necesario establecer tanto el impuesto Tobin como el impuesto Buffet.

El primero, para gravar la entrada, salida o ambas, de inversión de cartera. “Ésta es una forma de controlar la balanza de capitales por la parte fiscal”. El segundo, un impuesto especial para el 1 por ciento más rico de la población. “No es posible que los más ricos de este país paguen una tasa de ISR [Impuesto Sobre la Renta] personal de máximo el 35 por ciento, cuando un trabajador con ingresos de 30 a 40 mil pesos ya está cercano a esta tasa”.

Además, señala Bravo Benítez, México tiene dejar de concentrarse casi exclusiva en el Tmec, en el contexto externo, y replantear el federalismo fiscal, en el interno. Se debe “convocar en serio a los estados y los municipios, hacer un esfuerzo”, para que no dependan sus ingresos en el 90 por ciento de la federación, en el caso de los estados, y del 75 por ciento en el de los municipios. “Que sean autónomos desde el punto de vista tributario les da más libertad para que con más información puedan ellos impulsar sus propios programas de desarrollo, más allá de lo que la federación pueda dictarles”.

El maestro Aníbal García Fernández coincide en que vienen 3 años de retos importantes para la 4T. En materia de reformas, falta la de la Guardia Nacional. Si bien se aprobó la que le dio origen a esta nueva Fuerza Armada, ahora va por la consolidación de su carácter militar. El otro reto es el de la reforma fiscal. Va a generar mucha oposición, advierte García Fernández, sobre todo de los grupos económicos que van a estar pugnando por la defensa de sus intereses. Estos grupos están enquistados en las estructuras del Estado porque constitucionalizaron sus intereses económicos. La reforma fiscal permitiría sustentar las bases de un proceso de transformación.

Observa que la realización de esta reforma va a depender de la correlación de fuerzas que haya y del apoyo social que mantenga el gobierno federal. Si no tiene apoyo social, no podrá hacerlo.

Explica que si no hay apoyo social, el gobierno difícilmente se va a radicalizar. “Y no estamos hablando de una radicalización como la de gobiernos progresistas de América del Sur. Hablamos de por lo menos hacer que las grandes empresas paguen impuestos; hacer que las pequeñas y medianas tengan más oportunidades de crecer ante grupos oligopólicos y monopólicos nacionales y trasnacionales. En el fondo, es sentar las bases que permitan al país un desarrollo endógeno, que es algo que perdió México desde 1982”.

Georgette Ramírez Kuri considera que la 4T ya hizo su mayor número de reformas del sexenio. El mejor escenario para las reformas era el de la primera mitad, los primeros 3 años, cuando contaba con mejores condiciones y una ventaja más amplia en el Poder Legislativo. Estas reformas se hicieron en los sectores que más preocupan al proyecto encabezado por López Obrador.

Advierte un periodo más conflictivo que la primera mitad. Y, considera, hace falta una “autocrítica” del actual gobierno ante la pérdida de espacios en el Poder Legislativo.

Los riesgos que observa para la segunda mitad están encabezados por la relación con Estados Unidos, sobre todo en el tema comercial. Hasta ahora ambos gobiernos han sido cautelosos y han podido hacer prevalecer las coincidencias. Pero “en muchas cuestiones no van a coincidir; por más que estén tratando de negociar una agenda en común, bilateral, cada país tiene sus propios intereses y, por ejemplo, en la cuestión energética son intereses contrarios”.

Otra probable fuente de conflictos en la segunda mitad del gobierno es el sistema judicial, advierte Ramírez Kuri. Lo anterior, porque es una instancia a la que está recurriendo la oposición como su campo de acción, al que no tener más incidencia de la que quisieran en el Ejecutivo y el Legislativo. “Justo el poder Judicial es un poder que no es elegido por voto popular, lo cual hace que no tenga transparencia, que la rendición de cuentas sea muy difícil”. Y los intereses creados últimamente están defendiendo su autonomía, pero a conveniencia de ellos mismos.

“La oposición no tiene una base social de la cual el actual gobierno deba preocuparse, pero sí llama mucho la atención que no hayan aceptado una sesión extraordinaria para discutir la revocación de mandato. Es paradójico porque la oposición sí quiere la salida de López Obrador, pero no legal, pareciera que no quieren una salida que sea legítima o que sea votada por la gente y, sobre todo, el precedente que deja la revocación de mandato. Parece que la oposición se inclina por vías golpistas, a lo mejor no un golpe militar, pero sí un golpe judicial”.

En la agenda bilateral con Estados Unidos hay dos temas que coinciden en las preocupaciones de los dos países: la migración y el narcotráfico. México ha propuesto un cambio en el combate a estos dos problemas y Estados Unidos ha tenido que ceder. Inclusive ahora el gobierno de Biden presenta como propia la propuesta de México de enfrentar las causas de la migración y no sólo llenar las fronteras de militares. Con ello, y aunque no lo hace abiertamente, Estados Unidos, ha tenido que aceptar parte de su responsabilidad para solucionar estos problemas.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano descentraliza el narcotráfico como problema, observa Georgette Ramírez. Porque no sólo es el tráfico de drogas, es todo lo que implica: tráfico de armas, de personas, de vehículos, de combustibles robados, es decir, el problema se tiene que abordar como toda una economía que se ha generado por el narcotráfico.

“Una propuesta como la de aplicar el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro sí es justo darle la vuelta” a soluciones que privilegiaban el uso de la fuerza y que tenían escasos resultados. “Ahora se trata de solucionar problemas por la vía pacífica y ya no por la vía militar”.

“En la parte positiva veo que va a ser un periodo en el que se concreten muchos proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura, y sí se va a notar ese cambio en cosas materiales.”

Conflictos con la izquierda social

México vive conflictos eco y socioterritoriales de larga data, señala el latinoamericanista Aníbal García Fernández. Hay una continuidad, respecto de algunos proyectos, que están generando conflictos sociales. En primer lugar, el del Tren Transístmico que buscaron construir los presidentes Carlos Salinas, Vicente  Fox y Enrique Peña Nieto. Muchos grupos se han opuesto porque implica partir el país a la mitad, observa. Lo que no se debe perder de vista es el carácter geopolítico del proyecto. “Ese interés lo tiene Estados Unidos desde, por lo menos, el Siglo XIX”.

Tiene una connotación geopolítica y económica, explica. Estados Unidos y sus grandes refinerías están tratando de pasar por ahí una gran cantidad de refinados y productos petroquímicos. El otro aspecto es la migración, pues implica interponer una frontera que no es física, pero que es de la acumulación de riqueza que sirva para la contención migratoria.

El otro asunto, a decir de García Fernández, es el del Tren Maya. Es más conflictivo porque se enfrenta a otra configuración histórica y territorial del país. Desde 1994, luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se construyeron “numerosos y grandes procesos organizativos”, como los Caracoles. “Le va a explotar este tema al presidente; no creo que sea algo tan sencillo como aplicar ese tipo de consultas que fueron criticadas” por no respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo signado por México. “Va ser algo que va a tener que enfrentar”.

Para López Obrador, explica, el Tren Maya es una manera de buscar el desarrollo de esa región del país que tiene los índices de pobreza más altos. Advierte que el proyecto de Andrés Manuel no es anticapitalista. Sí es distinto al neoliberal y plantea cortar este proceso de desgarre forzado del país.

Señala que los gobiernos neoliberales implantaron tres patrones territoriales de organización económica distinta: el del Norte, el del Bajío y la parte Centro y el del Sur. Este último, totalmente desligado de la economía nacional en algunos aspectos como el de la agricultura y el del sector manufacturero.

A este respecto, “no hay que perder de vista que México está profundamente ligado a Estados Unidos. Entonces cada decisión debe tener en cuenta que va a haber repercusiones” en la relación bilateral y en cada uno de los países.

“Y el proyecto del Tren Transístmico y el Tren Maya son parte de esto. El margen de acción que tiene el presidente se reduce bastante. El actual gobierno mexicano está costantemente probando la posibilidad de poder conducirse por fuera de los márgenes del neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio, pero no hay mucho margen.”

Agrega el Tmec, antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es una camisa de fuerza para el gobierno de López Obrador. En términos generales no puede salirse de ese margen de acción porque sería ponerse contra los intereses imperialistas de Estados Unidos y tampoco es estratégico hacerlo. Hay que tener en mente que este tipo de temas no están por fuera de la lógica de la política estadunidense.

Amanecer económico

El segundo trienio será de crecimiento económico, luego de la crisis mundial generada por la pandemia de Covid-19, asegura el maestro en ciencias económicas y doctor en economía Ernesto Bravo Benítez. “Ya maduran en el corto plazo grandes proyectos de producción y de inversión” que consolidará a México como una plataforma logística de exportaciones atractiva para los cuatro puntos cardinales.

“México está llamado a ser un centro logístico internacional; la Ruta de la Seda también va a pasar por México en la parte marítima y es algo que ya está más que visualizado, de tal manera que si la actual administración es capaz, sobre todo con estos cambios que se hicieron en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, de articular la política monetaria, fiscal y cambiaria en una dirección de fortalecimiento productivo, el país se va a recuperar.”

Confía en que la recuperación de la economía mexicana será muy por encima de la registrada durante los 38 años de neoliberalismo. No sería “para nada suficiente” si el crecimiento fuera del 2 por ciento, como en todo ese periodo. “La apuesta, tratando de leer directamente tanto los documentos básicos que guían la política económica del gobierno como entrelíneas, apunta a una recuperación de tasas de crecimiento de entre 4 o 4.5 puntos porcentuales del PIB”.

Advierte que tales tasas promedio anual pasan por fortalecer el Estado de derecho, en donde la certidumbre de las inversiones sea mayor. En ese sentido, podría llegar a recuperar las tasas históricas previas al neoliberalismo, “en dónde por más de 50 años fue del 6.5 por ciento el crecimiento real. Estamos haciendo referencia a lo que sirvió este en este país durante el famoso Milagro Económico; lo podemos recuperar sin lugar a dudas”.

Señala que durante todo el periodo neoliberal el crecimiento económico del 2 por ciento no sólo es raquítico. Explica que si se considerara la expulsión de 12 millones de connacionales al exterior, incluso no se habría registrado crecimiento alguno. “Si ellos se hubieran quedado en el país, con esta tasa de crecimiento el PIB per cápita hubiera sido 0.0. Esa válvula de escape finalmente significó para algunas familias mexicanas poder salir adelante”.

Considera que lo que viene para México “es una etapa muy interesante” en donde se están generando las condiciones que se le negaron al país por mucho tiempo. “México ya empieza a ser reconocido. Las condiciones están puestas para que, haciendo bien las cosas, México se consolide. Necesitamos por supuesto invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación. Esa es la piedra angular, junto con las medidas que comentábamos, que va a catapultar a este país”.

La oposición de derecha

En el ámbito de la política interna, observa Aníbal García Fernández, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) van a seguir en su alianza que han sustendado desde 2012. Ahora su campo de acción intentan extenderlo a organismos internacionales. Al menos llevan seis visitas al extranjero con este fin. La última vez fueron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero también se reunieron con el Wilson Center.

“Este think tank no es menor. Es de los que han hecho cabildeo importante para aprobar todas las reformas constitucionales de Peña Nieto y anteriores. Panistas, priístas y perredistas están buscando la forma de generar alianzas y encontrar espacios en el centro de poder de Estados Unidos, que saben que podrían ponerle un alto a Andrés Manuel. Si hay algo que recorra la historia de México es el fantasma de Estados Unidos.”

García Fernández considera que estos grupos políticos están buscando en Estados Unidos la legitimidad que no tienen en México. Pero tampoco cuentan liderazgo, cohesión, bases ni organización. Lo único que les queda es el golpeteo económico y mediático y la búsqueda de aliados en organismos internacionales.

Pero que no tengan legitmidad no significa que no tengan poder, aclara. “El pocer económico no está por fuera del poder político. Van juntos. Se van determinando [estos grupos] unos a otros. Sí han sido medianamente desplazados del Estado y no encuentran facilidades en el gobierno actual como las tuvieron antes”.