Ya nada es igual

Abel Barrera Hernández*

Toparnos con la cerrazón del Ejército y con las pésimas actuaciones de la Fiscalía General de la República han sido las pruebas más duras que como padres de los 43 normalistas desaparecidos enfrentamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los cuatro años de intensas batallas, Enrique Peña Nieto se empeñó en destruir nuestras vidas con su falsa versión de la verdad histórica. Torturaron a los detenidos para que se autoinculparan y se encargaran de describir las atrocidades que cometieron contra nuestros hijos. Nos taladraron el alma, nos desangraron y nos colocaron al borde de la exasperación. No pudieron vencernos. Nuestro amor inquebrantable y nuestro afán de justicia nos mantienen con gran firmeza y en pie de lucha. La solidaridad de innumerables organizaciones nos reanimó y nos ayudaron a cruzar el pantano de la muerte.

El informe que presentó Alejandro Encinas desenmascaró la urdimbre delincuencial que se teje en los gobiernos federal y estatal. Las autoridades civiles y militares de Guerrero trabajan coordinadamente desde hace décadas, no para proteger la vida de los ciudadanos, sino para destruir a quienes consideran sus enemigos, para afianzar los intereses económicos de caciques y capos delictivos. Los actores armados del estado se han especializado en la guerra sucia. Son expertos en desaparecer a luchadores sociales y a quienes consideran que amenazan al gobierno. Para nosotros no fue una novedad que el informe señalara a militares como responsables de la desaparición de nuestros 43 hijos.

Desde un inicio dijimos que era un crimen de Estado; sin embargo, los políticos guardaron silencio y hasta se unieron para encubrir a los criminales. Enterraron en nuestro corazón la daga de los horrores que cometieron contra nuestros hijos. Nos desquiciaron los actos perversos de los políticos mal nacidos y de los policías asesinos. Quedaron evidenciados los guachos que siempre han estado coludidos con los jefes de las bandas criminales para desaparecer y enterrar a inocentes en fosas clandestinas.

El oro y la droga que se vende en Iguala y se llevan a Chicago, Atlanta y Nueva York es un negocio bien armado entre políticos y delincuentes, que son de la misma calaña. Por décadas, los caciques abrieron rutas nacionales e internacionales, con sus autobuses y camiones de carga para asegurar la droga que se procesa en la sierra. Es una calamidad padecer el flagelo de la delincuencia que controla las policías y las presidencias municipales. José Luis Abarca es el clásico político guerrerense que se encumbra en el poder con la protección y apoyo de caciques, militares y jefes de la delincuencia. En Iguala Guerreros Unidos desplazaron a Los Rojos, para controlar la zona norte hasta Cuernavaca, Morelos. Eso lo lograron con apoyo de los caciques, el Ejército, los policías de varios municipios, los ministeriales y la entonces procuraduría del estado. Hasta hoy las autoridades federales no se atreven a desmantelar estas redes criminales. Continúan las desapariciones, los asesinatos, los periodistas desplazados y privados de la vida. Las mismas empresas mineras se han beneficiado del crimen organizado para pactar con los criminales y asegurar sus meganegocios en los municipios de Cocula, Teloloapan y Eduardo Neri.

No entendemos por qué se sigue protegiendo tanto a los delincuentes como a los que armaron la verdad histórica y están dentro de la fiscalía general. También quisiéramos saber por qué se protege tanto al Ejército. En Guerrero sabemos todo lo que han hecho y ningún gobierno los castigó. Ahora con López Obrador les dieron más poder y más dinero. El mismo general Cresencio se engalló más. Apenas dijo que el Ejército vela por la seguridad nacional y la unión de los mexicanos y que los que defendemos nuestros derechos tenemos intereses y ambiciones personales. Que queremos desprestigiarlos para que la gente ya no confíe en ellos. Dice que el Ejército y la Guardia Nacional tienen como misión respetar los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no quieren que se investigue al ejército? ¿Por qué se niegan a proporcionar toda la información que tienen? y ¿por qué no cumplen con el compromiso que asumieron de colaborar con la comisión de Ayotzinapa brindado toda la información que hay en sus archivos?

Como padres de los 43 vemos que hay enojo del Ejército. Nosotros somos los que estamos ofendidos por todo lo que hicieron con nuestros hijos. No nos pueden impedir que protestemos y que manifestemos nuestro dolor y nuestro coraje. No vamos a permitir que la fiscalía general pisotee nuestros derechos, que ellos mismos se pongan del lado de quienes tienen órdenes de aprehensión. ¿Por qué, ante el reclamo del general Cresencio de que hay personajes interesados en afectar la imagen de las fuerzas armadas, a los tres días se da el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los militares?

¿Queremos saber qué intereses defienden los funcionarios de la fiscalía que pidieron que se cancelaran las órdenes de aprehensión contra 16 militares y contra los ex funcionarios de Guerrero como Iñaki y Lambertina? Con esto vemos que no se quiere avanzar en las investigaciones y mucho menos detener a los militares. ¿Dónde está el compromiso con nuestros derechos humanos?

Ahora el Presidente dice que en nuestro movimiento hay infiltrados, que hay intereses ajenos que pretenden desestabilizar su gobierno. Estamos realmente preocupados, porque más bien vemos que muchos quieren descalificar nuestras protestas, para que no se haga visible nuestro enojo. En verdad estamos muy molestos, porque la fiscalía nos ha pegado con la puerta en la cara al cancelar las órdenes de aprehensión. Ni siquiera se toman la molestia de explicarnos por qué lo hicieron. El fiscal siempre nos ha ignorado. Vemos que hay intereses políticos muy grandes que obligan a los funcionarios de la vieja procuraduría, a maniobrar de manera sucia para que no metan a la cárcel a los militares ni a los funcionarios que tienen órdenes de aprehensión.

Ya nada es igual en nuestras vidas desde que desaparecieron a nuestros 43 hijos. Dejamos a nuestras familias y parcelas, perdimos a tres papás y una mamá. Nos han golpeado los políticos con sus desprecios y traiciones, y las enfermedades nos quieren tumbar. Aunque se inunden nuestras casas con las lluvias y se agrieten nuestras paredes por los temblores no dejaremos de luchar, hasta saber dónde están nuestros amados hijos.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan

Iguala: crimen de lesa humanidad imprescriptible

Carlos Fazio

El informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, vino a ratificar lo que siempre se supo y se quiso ocultar: "Fue un crimen de Estado". Con esas cinco palabras iniciamos el texto publicado en esta sección de La Jornada el 13 de octubre de 2014, a sólo dos semanas de los hechos. Entonces, a partir de la información periodística y testimonios de estudiantes sobrevivientes de los sucesos de Iguala la noche del 26 para el 27 de septiembre hace ocho años, por simple lógica llegamos a esa conclusión elemental. Seis personas fueron asesinadas −tres de ellas estudiantes, uno de los cuáles, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado vivo− y 43 jóvenes de la Normal Raúl Isidro Burgos fueron detenidos de manera tumultuaria y luego desaparecidos en un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad. Escribimos: "No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista (y racista) de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas. Agentes estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes del Estado, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzada". (C. Fazio, "Ayotzinapa, terror clasista", La Jornada, 13 y 27/10/14).

Como tantas veces antes desde 1968, asistíamos a una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte o paramilitares (luego se confirmó la participación del grupo de élite de la policía municipal de Iguala conocido como Los Bélicos), apoyados por sicarios de un cártel de la economía criminal ( Guerreros Unidos), cuya "misión" fue realizar "limpieza social" y/o desaparecer lo disfuncional al régimen de dominación mediante operaciones encubiertas coordinadas por los servicios de inteligencia del Estado.

Como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, la desaparición forzada no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada de manera racional y centralizada, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror. Los intentos iniciales del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (plasmados luego en su mentira "histórica"), de tipificar el caso de los 43 como "secuestro" y "asesinato" a manos de un grupo criminal, buscaba evitar que se le imputara al Estado la perpetración de un delito grave del derecho internacional humanitario: la desaparición forzada, noción que comprende varios crímenes, incluidos la detención ilegal y la negación del debido proceso, lo que por lo general implica la tortura y a menudo también el asesinato (ejecución extrajudicial), y que si se practica de forma "generalizada" o "sistemática" (como en México), es considerado crimen contra la humanidad continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Constatamos también que hubo un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado, e insistimos que había que investigar la cadena de mando de las autoridades que intervinieron en los hechos: las policías federal, estatal/ministerial y municipales (de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco); los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); los oficiales y soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando del coronel José Rodríguez Pérez, subordinado del general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, y del denominado Tercer Batallón, una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Con posterioridad, en su tercer informe sobre Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), confirmaría que desde 2010 la Secretaría de la Defensa Nacional (al igual que el Cisen, las policías Federal y la estatal de Guerrero) realizaba acciones de espionaje, infiltración y seguimiento de normalistas, por militares encubiertos con fachada de estudiantes que realizaban tareas de contrainsurgencia como parte del Órgano de Búsqueda de Información (OBI); se comprobaron al menos tres casos, uno, el del soldado Julio César López Patolzin, adscrito al 50 batallón de Infantería de Chilpancingo, que figura entre los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos. Entre sus funciones estaba detectar nexos de los estudiantes con "grupos subversivos, de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional". A ello se sumaban la ilegal intervención de conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos de los estudiantes, a través de la plataforma ( malware) Pegasus instalada en el Campo Militar 1 y el monitoreo en tiempo real vía el C-4.

Los hechos de Iguala siguieron los cánones de la guerra no convencional (o irregular) plasmados en los manuales del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia −asimilados por la Sedena en cursos de contrainsurgencia de la Escuela de las Américas remozados en el marco de la Iniciativa Mérida−, y pudieron incluir a agentes extranjeros de la CIA y de la DEA que actúan en México de manera clandestina desde la guerra fría.

Encinas señaló la presunta participación del entonces coronel José Rodríguez Pérez (ascendido a general brigadier un año después) y elementos del 27 Batallón de Iguala en el asesinato y desaparición de seis de los 43 estudiantes que todavía permanecían "vivos" el 30 de septiembre de 2014, e involucró en el crimen al general Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo (ascendido luego a general de división y jefe del estado mayor de la Defensa Nacional) y al teniente Francisco Macías, mando inmediato superior del soldado López Patolzin, infiltrado entre los normalistas. A su vez, los almirantes Marco A. Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales y Eduardo Redondo, titular de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, participaron como "enlaces operativos" en la maquinación urdida por Murillo Karam. Como señala el Centro Tlachinollan, "los hilos que [aún] hoy cubren la verdad están en los cuarteles".

Los motivos de Ayotzinapa

Fabrizio Mejía Madrid

El encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que manufacturó una escena de un crimen y una historia de narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país.


Los normalistas iban asustados pero decididos a conseguir los quince autobuses para llegar a una conmemoración más de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968. En Chilpancingo, unas horas antes, la policía los había perseguido y las líneas de transportes se habían negado esta vez. Pero tenían el compromiso. Lo habían adquirido el 19 de septiembre, en la reunión de las 17 normales en la Emiliano Zapata, de Amilcingo, Morelos. Una vez que la normal de Tenería, en el Estado de México, se declaró incapaz de operar la logísitica de la movilización, que incluía comida y estancia por varias noches, Ayotzinapa se obligó a ello. Eran la normal de Genaro Vázquez Rojas, de Lucio Cabañas, de Othón Salazar. No podían quedar mal. Después del revés en Chilpancingo, decidieron mandar a los de primer ingreso a la toma de los camiones en Iguala. La mayoría tenía 16, 17 años y estaban rapados. Sabían que era el territorio de los Casarrubias Salgado, los “Guerreros Unidos” que se dedicaban desde hacía décadas al tráfico tanto de heroína como de metanfetaminas. Los criminales, dueños de autolavados, tenían en un puño a las policías municipales de Guerrero hasta Morelos, pasando por las del Estado de México. Eran las 5 y media de la tarde del 26 de septiembre de 2014 cuando los muchachos salieron de Tixtla.

No había forma de separar a las policías municipales de “Guerreros Unidos”: a “Los Bélicos”, el grupo de élite encargado de la seguridad en Iguala y Cocula; el cartel los uniformaba, dotaba de armas, y salarios. De hecho, los policías eran el brazo armado de los delincuentes, y no al revés. “Guerreros Unidos” se habían hecho del control, entre otras, de las indeminizaciones que les corresponían a los ejidatarios del Carrizalillo y Mezcala, por el uso de sus tierras para la extracción de oro, plata y cobre por parte de varias mineras canadienses. Había muchos negocios con las mineras: desde el pago por derecho de piso, el uso de los transportes y las rutas, hasta la venta de heroína para los mineros que se fracturaban los huesos. Ni policías ni sicarios, sino un cuerpo intermedio entre autoridad legal e ilegal, “los bélicos” llegaron a ser secretarios de seguridad del estado de Guerrero. Nada sorprendente en el país de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Se encargaban de cobrar venta de protección, extorsiones, y levantones para el crimen organizado. El informe de la Comisión sobre Ayotzinapa nos recuerda tan sólo que Víctor Jorge León Maldonado, el coordinador general de la SIEDO de Eduardo Medina Mora como procurador, integró mal la averiguación que permitió la liberación de Salomón Pineda, acusado de atacar a los normalistas. Después, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo invitó a ser el subprocurador del estado. Esos eran los policías como brazo ejecutor del crimen. No hay por qué considerarlos por separado.

El Ejército tenía espiados los movimientos y comunicaciones de los estudiantes de Ayotzinapa desde 2010, mediante el programa Pegasus. Para ellos, eran subversivos y los trataron con planes de contrainsurgencia. Por haber inflitrado a tres estudiantes, entre ellos a Julio López Patolzin, que llevaba dos años dentro del internado normalista, los militares sabían de las movilizaciones, los debates, los apodos, los nombres y procedencias de los demás alumnos y maestros. El teniente de infantería, Francisco Macías Barbosa era a quien reportaban en el 27 Batallón. Éste recibía órdenes directas del Coronel José Rodríguez Pérez. El Comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, el General Alejandro Saavedra, estaba al tanto de todas las comunicaciones en tiempo real. Después de Ayotzinapa, el secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos, pensó en él como su sucesor, y así se lo pidió al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero él se negó.

A las 7 y cuarto de la tarde, los normalistas toman un autobus Costa Line que venía de Acapulco. A las 8 otros negocian con un chofer en la central camionera de Iguala pero se niega a manejar a la Normal. Una hora más tarde, llegan los estudiantes que se habían quedado boteando en la caseta de Iguala y en Rancho de la Cura. Recorren los andenes en busca de otro camión que les de chance. Se les permiten dos autobuses de Costa Line y uno de Estrella Roja. Antes de subirse a los camiones, es la última vez que estarán juntos. A eso de las nueve 25 de la noche salen en cinco autobuses rumbo a su escuela. Pero la policía estatal comienza a seguirlos. Le disparan a uno y se detiene en la carretera Iguala-Chilpancingo. Otro, es detenido debajo del puente con rumbo al Palacio de Justicia. A los otros tres, un operativo policiaco de bloqueos les impide dar vuelta a derecha o izquierda por la Calle Juan N. Álvarez. Cuando los estudiantes pretenden mover una de las patrullas atravesadas, un balazo le da en la cabeza al normalista de 19 años, Aldo Gutiérrez Solano. Es entonces que las policías desatan una balacera indiscriminada contra los autobuses. Algunos tienen 96 impactos. Los estudiantes se comunican con sus compañeros en Tixtla y Chilpancingo para pedir ayuda. Un personaje que el informe identifica como “El Caminante” sirve de enlace entre los policías que disparan y los “halcones” de “Guerreros Unidos”. Es en ese momento que el subdirector de la policía de Cocula, César Nava González, se desplaza hacia el tiroteo en Iguala sin que nadie se lo ordene. También lo hace el director de policía de Huizuco, Javier Nuñez Duarte con sus dos hijos, Celedonio y Ariel, en cinco camionetas con casi la mitad de los policías del municipio, que son 89. Son los que hacen las detonaciones contra un camión del equipo de futbol Avispones y contra unos taxis, y participan en el ataque al autobus de los estudiantes en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Mueren un jugador, el chofer del autobus del equipo de futbol, y una pasajera del taxi. También se apersonan hasta ahí los policías federales. Su jefe, Victor Manuel Colmenares Campos y sus oficiales, Luis Dorantes y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, justo en el puente, cobijados de las cámaras de videovigilancia. “Guerreros Unidos” bloquea las carreteras a Chilpancingo y hacia Teloloapan. Entonces tenemos que se instala un cerco a los autobuses por parte de los policías, desde las 9 y media de la noche hasta casi las once. Dentro de ese sitio se dispara a civiles desarmados. Están heridos, tumbados boca abajo en las calles, esposados. Esa noche hay 6 asesinados por las fuerzas policiaco-sicario. Hay 40 heridos de bala. En la clínica Cristina, un capitán del ejército, José Martínez Crespo, toma nota de los heridos, les pide identificaciones, y se va. Durante todo el episodio homicida, el ejército patrulló vigilando el evento y lo comunicó en tiempo real. El CISEN de la secretaría de Gobernación de Osorio Chong también lo estuaba monitoreando.

La desaparición de los 43 es una orden. Algunos de los normalistas que están detenidos a las once y media de la noche en la barandilla de Iguala, son sacados por los policías de Cocula. Son desaparecidos. Se les va separando en grupos, de diez, de quince, para irlos moviendo en camionetas, con los policías vestidos de civiles. Los normalistas que alcanzan a escapar por un cerro se unen a los maestros de la Coordinadora en Guerrero, la CETEG, y organizan una conferencia de prensa pasada la media noche. Quince minutos dura su aparición porque llegan disparando sicarios de “Guerreros Unidos” y asesinan a dos normalistas que acababan de llegar de Tixtla en apoyo a sus compañeros. Uno corre por la calle Juárez, Julio Cesar Mondragón, a quien después se encontrará sin rostro. Son “Los Bélicos”, el grupo de élite policiaco, el que se encarga de las desapariciones. Son las 3 de la mañana cuando se da esa orden. La da alguien desde la ciudad de México, un “licenciado”, llamado el A1, que promete que todo se va a enfriar rápido. Son asesinados, despedazados, y puestos en bolsas que se dispersarán en las siguientes horas en las inmediaciones de Iguala y, otros, cremados en las dos sedes de funeraria “El Ángel”. Luego, las bolsas se disgregan en pozos de minas, cerros, y dentro de las instalaciones del ejército en Guerrero. A quienes participan en esta monstruosidad, se les prometen cinco mil pesos extras. Un grupo de seis jóvenes que están en un lugar oscuro llamado La Bodega Vieja permanecen con vida todavía hasta el 30 de septiembre. Hay evidencias telefónicas de que muchos de los cuerpos, llamados “paquetes”, son llevados al cuartel del 27 Batallón del ejército. Ahí, el Coronel José Rodríguez Pérez, los resguarda. Los batallones y zonas militares cuentan con crematorios. A pesar de que uno de sus inflitrados, Julio López Patolzin es uno de los desaparecidos, el ejército no hará nada por rescatarlo, como ordena su protocolo y código militares. El secreto es más potente que la institución.

El día siguiente comienza la otra historia de Ayotzinapa: la del encubrimiento de lo que había sucedido. A eso se le llamó “la verdad histórica”. Se trata de hacer pasar a las víctimas como narcotraficantes. Se inventa una versión en la que el encargado de la toma de los autobuses por parte de los estudiantes, Bernardo Flores Alcaraz, a quien apodaban “El Cochiloco” —por la película El infierno—, era parte del cartel enemigo, “Los Rojos”, así como el mismísimo director de la normal “Isidro Burgos”, José Luis Hernández Rivera. Las declaraciones son obtenidas mediante tortura. El 27 de octubre, la Marina graba con un dron cómo el Procurador Jesús Murillo Karam y el Tomás Zerón, el encargado de la investigación criminal en el país, siembra bolsas con restos en un basurero de Cocula, encienden un fuego para, después, dar paso a los forenses que acrediten la escena. Lo que vimos en marzo pasado fue el video de la Marina expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, donde se comprueba que se fabricó una escena del crimen que iba a ser ratificada como real por los miembros de “Guerreros Unidos” bajo tortura física y amenazas. 77 de esos saldrían libres, sin que el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, investigara quién y por qué los había torturado para declarar contra los normalistas desaparecidos y asegurar que los 43 había sido incinerados en un basurero. Otra magistrada, ahora de Guerrero, mandó destruir los videos de vigilancia tomadas por las cámaras callejeras en el Palacio de Justicia la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. A esto se le acompañó de una película, libros, y cientos de columnas y primeras planas en los principales medios de comunicación. 26 testigos de los hechos murieron en el transcurso de estos ocho años, incluyendo al jefe de “Guerreros Unidos”, Mario Casarrubias Salgado. Hasta el jefe de gobierno en la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera participa del encubrimiento: el 20 de noviembre de ese año, ordena que el cuerpo de granaderos embista a una multitud de 220 mil personas que nos manifestábamos en el Zócalo capitalino.

La orden de la desaparición la dio alguien llamado A1. El encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que manufacturó una escena de un crimen y una historia de narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país. En esos días, el gobierno de Peña Nieto celebraba en Guadalajara el Día Mundial del Turismo, enaltecía los discursos del Presidente en Naciones Unidas, el secretario de Hacienda, Luis Vidergaray, era nombrado ministro de finanzas del año por la revista Euromoney. La idea era darle vuelta a la página. El 5 de diciembre del año de la desaparición, Peña Nieto declara: “Superemos esta etapa de dolor y demos un paso adelante”. Un mes después, delante de los rectores de las universidades, insiste: “Este instante de pena, tragedia y dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”.

Esta columna contiene la pregunta por los motivos de Ayotzinapa. El informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, implica que, en el llamado “quinto” camión había una “mercancía” que les importaba a los criminales. Quizás droga, quizás dinero. Se insiste en que, en un retén de sus adversarios en Puebla, unos meses antes, se habían perdido paquetes de heroína por un valor de 30 millones de dólares. El otro motivo que aduce el Informe es que los “Guerreros Unidos” creyeron los autobuses de los normalistas eran de un grupo rival que les disputaba el control de la zona minera recién conquistada. Lo cierto es que, para saber el motivo, hay que recurrir a la historia.

Una mañana del 28 de junio de 1995, cuando a Guerrero lo gobernaba un compadre del Presidente Zedillo, Rubén Figueroa Alcocer, unos campesinos que cultivaban café tomaron unos camiones para ir a Coyuca de Benítez para participar en un mitin que exigía que los apoyos al campo se cumplieran. Un grupo de policías judiciales, les paró el alto, y los bajó de los camiones de carga. Una vez sometidos, los fusiló. Ahí murieron 17 campesinos desarmados de la Organización Campesina Sierra del Sur. Tras matarlos y herir a 40 más, la policía judicial les sembró armas a los cadáveres para que pareciera un enfrentamiento. El motivo fue tan difuso como el de Ayotzinapa: desprecio por los pobres, incredulidad de que su muerte tendrá repercusiones, certeza de que, desde las altas esferas de la autoridad, se puede fabricar y comprar la verdad.

Las desapariciones en Guerrero

Abel Barrera Hernández

“Para atención de la superioridad”, así tituló su reporte en 1974 el general Alberto Sánchez López, jefe del estado mayor de la Defensa Nacional, expresando que conviene dejar asentado que la efervescencia del estado de Guerrero tiene su proyección en situación militar (y que) el Ejército ha tenido que absorber los problemas para garantizar en la medida de sus posibilidades la tranquilidad del sector rural.

En 1960 Guerrero era el estado más pobre del país; más de 60 por ciento de analfabetismo y 74 por ciento de su población se distribuía en pequeños núcleos rurales, en condiciones deplorables y total aislamiento. Sólo Acapulco, Taxco, Zihuatanejo y la capital del estado contaban con carretera pavimentada.

La creación de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) por los maestros Genaro Vázquez Rojas y Darío Vázquez Carmona despertó muchas expectativas entre pobladores del estado, para hacer frente al gobernador Raúl Caballero Aburto, quien reprimía a la oposición política, utilizando a policías y al Ejército. Se focalizó la persecución en maestros disidentes que eran expulsados de las escuelas por impulsar la organización de padres de familia en defensa de la educación gratuita.

Con la revuelta que enarboló la lucha por la autonomía de la universidad de Guerrero, el 30 de diciembre de 1960, el gobernador arremetió contra estudiantes y maestros en Chilpancingo, usando las tropas que asesinaron a 19 personas. Por ello el Senado decretó la desaparición de poderes en el estado. La lucha contra los cacicazgos políticos y los acaparadores de tierras desencadenó un movimiento campesino que puso en jaque al partido oficial. La ACG lanzó sus candidaturas para disputar la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías. Esta acumulación de fuerza social alertó al cacicazgo priísta que pidió al gobierno federal el apoyo del Ejército para que controlara las instituciones e impidiera el triunfo de la oposición. Se intensificó la persecución contra la ACG que representaba una amenaza para el régimen represor.

Ante la cerrazón política y la represión, Genaro Vázquez creó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) como organización armada para declarar la guerra al Ejército Mexicano y los poderes establecidos en Guerrero. Fueron años sangrientos por la implantación de una estrategia de contrainsurgencia del Ejército, que impuso el toque de queda en las regiones convulsas. El secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, aplicó el Plan Telaraña, que se propuso eliminar a la guerrilla. El Ejército tomó el control de las regiones del Centro, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica para reprimir a la población. Los detenidos eran trasladados a sedes militares o cárceles clandestinas para torturarlas y desaparecerlas.

Existen testimonios de que el Campo Militar número uno fue usado de centro de tortura para los guerrilleros y sus familiares. Un informe de la Dirección Federal de Seguridad reporta el traslado de varias personas detenidas a la 27 zona militar, en Atoyac de Álvarez. Perpetraba estas detenciones un grupo clandestino de policías y militares denominado Sangre. Tras ser torturados para arrancarles información sobre la guerrilla de Lucio Cabañas, los detenidos eran forzados a tomar gasolina para posteriormente prenderles fuego. Desfigurados, los cuerpos eran abandonados cerca de Acapulco.

Con el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa la represión se recrudeció con más grupos de gavilleros para enfrentar a la guerrilla y aterrorizar al pueblo. Los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo y el capitán Francisco Javier Barquín formaron grupos de policías judiciales y militares que detenían a sospechosos y los torturaban en los separos del Fraccionamiento de Costa Azul. Los asesinaban y trasladaban a la base aérea militar siete de Pie de la Cuesta.

De acuerdo con Gustavo Tarín, ex miembro de inteligencia de la Policía Militar, de 1974 a 1981 detuvieron a unas mil 500 personas que las interrogaban en las oficinas de policía y tránsito de Acapulco. Desde ahí las personas eran vendadas y atadas para trasladarlas a Pie de la Cuesta, donde se encontraba Acosta Chaparro, acompañado por Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre y otros, quienes disparaban en la nuca a los detenidos con una pistola calibre 380, llamada la espada justiciera. Los ejecutados eran encostalados y trasladados al avión Arava del Ejército, que realizaba tres o cuatro vuelos nocturnos a la costa de Oaxaca.

La guerra sucia en Guerrero dejó más de 850 desaparecidos. Ningún gobierno se ha atrevido a indagar al Ejército; más bien en los últimos sexenios le han asignado la guerra contra el narcotráfico. Con los gobiernos caciquiles establecieron alianzas para impulsar la siembra de enervantes en regiones inhóspitas. Facilitaron el comercio ilegal de armas, pactaron con caciques regionales y grupos criminales para el trasiego internacional de mariguana y amapola. Acapulco devino en el centro de operaciones de los grandes narcos que abrieron rutas por mar y aire a Sudamérica.

El Ejército mantuvo su estrategia contrainsurgente, ocupando comunidades, violando mujeres, desapareciendo a líderes comunitarios y ejecutando a presuntos guerrilleros. En contrapartida, los negocios de la economía criminal se afianzaron en el estado con el apoyo de caciques. La guerra antinarco reposicionó al Ejército y a la Marina, dejando intacta la estructura criminal que opera en las instituciones de seguridad y justicia del Estado. La colusión entre agentes del Estado y crimen organizado ha aumentado la cifra de desaparecidos, en su mayoría jóvenes residentes en las periferias de las ciudades, mujeres jóvenes y estudiantes, madres de familia, pequeños comerciantes, líderes sociales y ecologistas, defensores comunitarios, maestros de la Ceteg y estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Las desapariciones en Guerrero tienen el sello de impunidad, porque no se indaga a autoridades militares ni civiles que forman parte de las redes de la macrocriminalidad que imperan en México.

"Nos hicimos eco del sufrimiento, pero también de la utopía" *

Adolfo Gilly

 Para Mislova Breach y Javier Valdez

 

La señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí –tal vez esté, a su modo silencioso– contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández, antropólogo, hombre honesto y leal, y junto con él, su Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos, en su tarea de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de Guerrero; y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, en defensa de México, de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir.

En esta tarea, larga y dolorosa, fue precursora Rosario Ibarra de Piedra con su larga lucha por la aparición con vida y por la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra, empresa incansable llevada junto con sus compañeras de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y homenaje.

Abel Barrera fundó Tlachinollan en 1994, veintitrés años ya. Desde entonces ha desarrollado su ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de nuestros derechos en la República Mexicana, y en cualquier lugar del mundo que reciba el nombre y el título de República.

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En estos días Tlachinollan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria en Guerrero, en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario a los pueblos indígenas en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua. Acaba de lograr una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDH) al gobierno de la entidad en favor de la comunidad El Coyul, en defensa de su derecho de acceso a la educación ante la carencia de maestros.

Le está dando seguimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el caso denominado Inés y Vale, donde está determinado que esas dos mujeres, de 25 y 17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en la Montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en 2002, la Coidh asumió el caso en 2010; Tlachinollan y Abel, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y no cejan.

El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. En la suma de esos casos, grandes y pequeños, Abel Barrera y Tlachinollan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e internacional.

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La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas. Dijo entonces así Abel Barrera su gratitud: “Nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa Lugar de los Campos Quemados.

Nuestra utopía de Tlachinollan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de respeto y con reconocimiento, como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. La afectividad se construye. Nos hicimos eco del sufrimiento pero también de la utopía.

Y después: La justicia tiene rostro. Es una lucha legítima, canalizada se junta con el movimiento universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos: solidaridad, fraternidad y sobre todo la justicia.

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En 2010, Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El 27 de mayo de 2011 Amnistía Internacional le concedió su Premio Anual de Derechos Humanos por su lucha con un gran riesgo personal por los derechos indígenas del estado de Guerrero. En esa ocasión estas fueron sus palabras de agradecimiento:

“En México la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha cercado nuestras sierras y avenidas, porque se ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.

“En el sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco por romper los muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. […]

La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de que goza el Ejército Mexicano.

Abel Barrera Hernández recibió el pasado día 12 el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017, en el Palacio de MineríaFoto Yazmín Ortega Cortés

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Esta mención se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinollan y múltiples organizaciones, en el vasto movimiento por la aparición con vida y en libertad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando además fueron asesinadas otras seis personas, tres de ellas estudiantes de Ayotzinapa.

En su castillo de falsificaciones en torno al caso, el procurador general de la República dijo una sola verdad: El Ejército no se manda solo. En efecto: el Ejército obedece al mando del gobierno federal de la nación, de cuyo gobierno formaba parte destacada el procurador general. Es imposible, entonces, que este funcionario no supiera quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación Ayotzinapa y quiera reducir la controversia a un Ejército que, como él bien dice, obedece solamente órdenes superiores. ¿Y quién dio esas órdenes en el caso de Ayotzinapa?

Su verdad histórica –que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula– fue desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación del caso, con el acuerdo del gobierno federal y de los representantes de las familias de las víctimas. El GIEI trabajó en el país durante dos periodos de seis meses cada uno y publicó dos voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos, sus pruebas y sus conclusiones.

Esa investigación está espléndidamente resumida en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, México y España, editorial Foca, enero 2017, 268 páginas. Nada, salvo repeticiones de la verdad histórica del procurador general de aquel entonces, han podido responder hasta hoy el gobierno federal y sus dependencias.

No diré más aquí de ese caso, histórico por sí mismo. Lo que una vez sucedió se puede ocultar por un tiempo, pero no se puede borrar: Temamos a la historia, decía José María Morelos.

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En estos nuestros días, después de más de tres años, la lucha de las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos humanos que los apoyan, entre ellas la más cercana, la guerrerense Tlachinollan, continúa sin reposo. Con su tenacidad nos protegen a todos, hasta donde proteger en estos tiempos sea posible.

Así dijo Abel Barrera, en una entrevista reciente con Luis Hernández Navarro: [https://www.youtube.com/watch?v=P5u156nRe3g]

“La Comuna de Ayotzinapa –parte luminosa de los padres y madres–- proviene de la cultura comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz, y tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, Ayotzinapa es también un colegio de estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos, donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación.

La Comuna de Ayotzinapa es la clave de la resistencia, y no por nada sigue siendo la cuna de la resistencia. Es la misma de los padres y madres, que han podido dar lecciones de cómo es preciso acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Sí, regresan a sus casas a ver a sus otros hijos. Pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es la Comuna de Ayotzinapa.

En la persona de Abel Barrera Hernández, también ellos reciben hoy el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud, Tlachinollan. Salud, antropólogo, organizador y compañero Abel Barrera Hernández.

* Leído en ocasión de la entrega del Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al antropólogo Abel Barreda en el Palacio de Minería, Ciudad de México, el 12 octubre.

Ayotzinapa, una investigación opaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa. A continuación se reproduce íntegramente el texto escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith.

El 20 y 21 de abril, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coordinadora del Mecanismo y también Relatora para México, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente de Ayotzinapa. Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.

El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes.

El trabajo del GIEI en México fue esencial para desmentir la “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados en un río aledaño y para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso. El GIEI también logró avanzar en la investigación del caso.

El GIEI descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, el GIEI consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. El GIEI también reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia. Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.

En julio de 2016, la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano y las familias de los estudiantes y sus representantes. Su plan de trabajo establece entre otras cosas los objetivos del Mecanismo y su cronograma de actividades que incluye cuatro visitas oficiales de la CIDH a México.

Un caso emblemático que el gobierno mexicano tiene la obligación de resolver

El gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o pérdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país.

Un año después de la salida del GIEI y dos años y medio después de que los estudiantes desaparecieron, estas son algunas de las respuestas que el gobierno todavía debe a las familias y las víctimas:

El gobierno se niega a abandonar una “verdad histórica” que ya ha sido desmentida

El gobierno mexicano se niega a abandonar su teoría oficial del caso a pesar de las conclusiones del grupo internacional de expertos. En una audiencia del 17 de marzo de 2017 ante la CIDH, el gobierno mexicano declaró que su única hipótesis consolidada sobre el caso es que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de crimen organizado–a pesar de que esta teoría fue desmentida por el GIEI y varios estudios científicos. La CIDH consideró muy grave la defensa del gobierno mexicano de su “verdad histórica” y reiteró que la Comisión ya descartó esta teoría del caso.

En su visita a México, la CIDH expresó su preocupación por las declaraciones públicas de altas autoridades mexicanas que validan esta hipótesis. Tras la audiencia, el gobierno mexicano emitió en un comunicado manifestando que agotará “todas las líneas de investigación posibles” y atenderá las recomendaciones del GIEI. Ahora debe transformar esas declaraciones en acciones concretas.

Obstáculos en la investigación interna

Una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón, es observado en el Río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes—la única identificación positiva en el caso. Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre—un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.

Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

Chávez fue reemplazado por una nueva Visitadora General, Adriana Campos López, quien concluyó oficialmente la investigación interna y entregó su informe oficial en diciembre de 2016. Su informe no cuestiona la versión original del gobierno del caso y solamente indica siete irregularidades menores por parte de autoridades que son infracciones mínimas que podrían conllevar sanciones administrativas.

Evidencias fundamentales fueron ocultadas al GIEI

En noviembre de 2016, trascendió en medios que el actual jefe de la AIC, Omar García Harfuch, podría tener vínculos con la organización criminal de Guerreros Unidos. García fue anteriormente el coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero; se trasladó a la AIC después de la salida de Tomás Zerón, en septiembre de 2016. El diario mexicano Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder de los Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos García Harfuch. Esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.

Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias “El Uruguayo”. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que “El Uruguayo” es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando “compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros.”

Esta evidencia es clave porque, como se comentó anteriormente, durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país.

El gobierno mexicano no había investigado esta hipótesis y tardó varios meses en solicitar información al Departamento de Justicia sobre la investigación en Chicago. Ahora es claro que el gobierno mexicano tenía evidencia previa sobre la práctica de Guerreros Unidos de usar autobuses para traficar drogas a los Estados Unidos. Esta información se omitió deliberadamente del Grupo de Expertos, que en múltiples ocasiones solicitó información sobre casos previos relacionados con el uso de autobuses para traficar drogas.

Avances limitados en la investigación y en la búsqueda de los estudiantes

En los últimos meses, las autoridades mexicanas han logrado algunos avances en la determinación de la participación de diferentes autoridades en los ataques contra los estudiantes. Un rastreo a través de antenas de los teléfonos celulares confirmó la participación de policías de Huitzuco, un pueblo vecino a Iguala, en los ataques. Autoridades siguen analizando los datos telefónicos de los estudiantes desaparecidos y de algunos detenidos. Compañías telefónicas han entregado miles de sábanas de datos de más de mil números telefónicos que están en análisis.

Además autoridades mexicanas han empleado el uso de la tecnología LIDAR para identificar a posibles fosas clandestinas que puedan contener los restos de los estudiantes desaparecidos. En diciembre de 2016 y febrero de 2017 se hicieron nuevas búsquedas en zonas alrededor de Iguala con información derivada del uso de la tecnología LIDAR. Es importante seguir estos esfuerzos pero también las autoridades mexicanas deben organizar de una manera más efectiva su registro de fosas clandestinas y comunes para evitar que se realice una búsqueda en una fosa ya descubierta previamente por las autoridades.

Pasos claves pendientes

Realizar esfuerzos serios para localizar a los estudiantes y sancionar a los responsables de su desaparición forzada: Las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, incluyendo a través del uso de la tecnología LIDAR. En su visita, la CIDH también recomendó que el gobierno mexicano creara “una base de datos de fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas.” Además, los investigadores mexicanos deben culminar la telefonía – tanto para conocer lo que revela sobre el paradero de los estudiantes como para conocer la participación de diferentes autoridades durante la noche de los ataques en contra de los estudiantes.

Sobre todo, el gobierno mexicano debe respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda de los estudiantes.

Asegurar que funcionarios que actuaron en forma irregular o ilegal durante la investigación del caso sean sancionados: Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada.

Indagar plenamente la hipótesis sobre el tráfico de drogas: Dado que se han descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico. La Comisión Interamericana considera como urgente la profundización de esta línea de investigación.

Seguir investigando las responsabilidades de otras autoridades en los hechos: Aunque se ha identificado la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos.

Resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país: El gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas. El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.

En los últimos meses, se han descubierto en México fosas clandestinas y restos humanos no identificados en fosas comunes oficiales lo cual evidencia la necesidad de mejorar las capacidades forenses en México. En un informe especial sobre desapariciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2007 y 2016, se han localizado oficialmente 855 fosas clandestinas en México. De éstas se han inhumado 1.548 cadáveres, de los cuales cerca de la mitad han sido identificados. En marzo de 2017, las autoridades en Veracruz revelaron que se habían descubierto en Veracruz 125 fosas comunes con 14 mil restos óseos desde agosto de 2016. En los esfuerzos por buscar a los estudiantes de Aytozinapa, investigadores han encontrado innumerables fosas comunes en Guerrero.

Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones. El congreso de México tomó un paso positivo en julio de 2015 cuando reformó la Constitución para otorgar a los legisladores la competencia para aprobar la legislación aplicable en todo el país sobre el tema de las desapariciones.

El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos. Los familiares de personas desaparecidas en México han dado un voto de confianza al gobierno mexicano para emitir una ley que de una vez por todas termine con las desapariciones en México. Toca al gobierno mexicano honrar su palabra. Los legisladores mexicanos deben priorizar la aprobación de una ley integral que tenga en cuenta las exigencias de las víctimas y los grupos de la sociedad civil.

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala/ IV

Carlos Fazio

El 1º de junio venció el plazo otorgado a la procuradora general de la República, Arely Gómez, para que separara de su cargo a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La petición para que el funcionario sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia, había sido formulada el 28 de abril por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos/desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Pieza clave en la fabricación de la verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam sobre el caso Iguala, desde su comparecencia pública el 27 de abril −cuando pretendió rebatir algunas revelaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes− Zerón es investigado por la visitaduría general de la Procuraduría General de la República, con el propósito de determinar si incurrió en algún delito, abuso o irregularidad durante la diligencia del 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde presumiblemente fue sembrado un resto óseo que se identificó como perteneciente al estudiante Alexander Mora. En dicha oportunidad Zerón exhibió un video editado que no obra en el expediente, lo que confirma −según el GIEI− que no cumplió con los protocolos que marca la ley en materia de investigación.

Antes de ser prácticamente expulsado del país por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de una campaña de intoxicación mediática instrumentada desde los sótanos del poder, el GIEI dijo que Zerón incurrió en 17 irregularidades y solicitó una investigación independiente −sin que el funcionario se autoinvestigue−, como marcan las normas internacionales e incluso la propia ley orgánica de la PGR.

Según la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Zerón también es investigado por el Órgano Interno de Control de la institución. No obstante, para los familiares de los desaparecidos no se puede confiar en una investigación si Tomás Zerón continúa en su puesto, y han exigido que además de su separación de la AIC, un mecanismo externo revise la imparcialidad de la pesquisa contra el funcionario.

La salida del director de la AIC es una de las condiciones de los padres de los 43 para que opere el mecanismo de se­guimiento de las recomendaciones del GIEI, acordado a finales de mayo con el gobierno federal. El representante de los familiares, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que si Arely Gómez no separa del cargo a Zerón, entenderemos que hay un solapamiento de las irregularidades cometidas por el jefe de la AIC y que ella las asume como propias.
Tomás Zerón se ha convertido en un lastre para el gobierno. Algunos observadores lo señalan como el mejor ejemplo de que su investigación criminal se tergiversó para engañar a la nación. Además, Zerón se encargó de enturbiar y tensar la relación con el GIEI y de empantanar el trabajo de los expertos hasta que abandonaron el país. El GIEI lo acusó de deformar y falsear declaraciones de autoinculpados torturados, y de filtrarlas a los medios de difusión masiva con propósitos diversionistas, así como de fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relacionadas con el caso.

Protegido por el grupo político de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y por un primo de éste, Alfredo Castillo, ex comisionado de Peña Nieto en Michoacán y ex procurador del estado de México cuando el actual mandatario era gobernador, Zerón ha sido señalado como un personaje de mano dura que hace el trabajo sucio del régimen. Ambos padrinos lograron mantener a Zerón en su cargo cuando el equipo de Murillo Karam colapsó.

La misma noche del 26 de septiembre de 2014, a través de su subalterno Vidal Díaz Leal Ochoa, titular de la Policía Federal Ministerial, Zerón desplegó agentes en Iguala y supuestamente operó después para ocultar la participación de la Policía Federal en el ataque y la desaparición de los normalistas.

Una versión indica que Zerón se ufanó ante su ex jefe Murillo Karam y los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y el director del Cisen, de haber resuelto el caso Iguala en 29 días (la trama expuesta por él sería vulgarizada después por Murillo Karam como la verdad histórica). Según testigos, Miguel Ángel Osorio Chong le dijo a Zerón: Se lo tienes que explicar al Presidente. En Los Pinos, el jefe de la AIC le repitió a Enrique Peña Nieto que tenían a los asesinos de los normalistas y sabían el lugar donde los habían matado, incinerado y tirados en bolsas.

No quiero pasar como el presidente que asesinó a los estudiantes, le habría dicho entonces el Presidente a Zerón. Veinte meses después de los crímenes de Iguala, Peña Nieto declaró a La Jornada: Nunca he logrado entender cuándo pasó el gobierno (federal) a ser señalado como implicado, culpable.

La respuesta a esa interrogante es de fácil comprensión; sólo tiene que leer los informes del GIEI. Siete corporaciones de seguridad del Estado (Ejército, Policía Federal, la policía estatal y ministerial de Guerrero y las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco) llevaron a cabo un operativo coordinado centralmente y con un mando que dio órdenes, en aparente cohabitación con un grupo criminal. ¿Saldo? Seis ejecuciones extrajudiciales, un desollamiento y 43 desapariciones forzadas. Fue el Estado. La verdad histórica se construyó después con base en la tortura de presuntos autoinculpados, la manipulación de las escenas de los crímenes y la siembra de evidencias, prácticas a las que han recurrido de manera sistemática las fuerzas armadas y las distintas policías en casos como el de los niños Almanza, los dos estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey, el pelotón de la muerte de Ojinaga, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y un largo etcétera.

El GEIE, Tomás Zerón y la trama de Iguala/III

Carlos Fazio

 

Las graves irregularidades co­­metidas por el jefe de la Agencia de Investigación Cri­minal (AIC), Tomás Zerón, en su casi furtiva presencia en el río San Juan, no fueron las únicas. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo identifica como la fuente original de la quinta versión sobre el destino final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El 7 de septiembre de 2015, al día siguiente del primer informe del GIEI donde los expertos expresaron su convicción de que en las condiciones señaladas por los presuntos inculpados resultaba imposible que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Tomás Zerón afirmó: Nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron quemados un grupo importante, sin poder afirmar, que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes (ver informe final del GIEI, página 252).

La afirmación venía a contradecir lo que el propio Zerón había dicho en enero de ese año, cuando informó públicamente de la detención de Felipe Ro­dríguez Salgado, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros unidos, quien, dijo, habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Dichas declaraciones, aduce el GIEI, supusieron un cambio en la práctica en la versión oficial hasta entonces mantenida y se venía a sumar a otras cuatro ya existentes: a) la referida a Pueblo Viejo; b) la casa de seguridad; c) la versión de Los peques, y d) el basurero de Cocula.

Según el informe del GIEI, a partir del 7 de septiembre de 2015, en distintas reuniones con autoridades de la Procuraduría General de la República, altos funcionarios de la institución comenzaron a decir que nadie había hablado de números. A su vez, esa nueva versión sostenida por Zerón, según la cual un número menor de estudiantes había sido asesinado e incinerado en Cocula, no había sido expresada hasta ese momento en ninguna de las declaraciones rendidas por los presuntos miembros de Guerreros unidos y era inconsistente con lo señalado por los supuestos perpetradores que declararon haber participado en los hechos.

A su vez, la PGR consideraba que los estudiantes incinerados en Cocula eran 43, hasta el punto de encargar una pericia sobre el número de personas que podría transportar la camioneta blanca de tres toneladas que según dos de los inculpados, Jonathan Osorio y Miguel Landa, se había utilizado para trasladar a los estudiantes. Para concluir que sí cabían 43 personas, la PGR ubicó en la camioneta a un número igual de miembros de la Agencia de Investigación Criminal.

El 17 de septiembre de 2015, 11 días después de que el GIEI advirtiera sobre una quinta versión y a 10 de que Zerón modificara la versión de los hechos, fue capturado Gildardo López Astudillo, quien en una primera declaración en presencia de un funcionario del GIEI y un abogado de los familiares de los 43 desaparecidos, no reconoció ninguna participación en Guerreros unidos. Horas después, ya sin la presencia de éstos, el imputado Gil modificó su versión: los estudiantes habían sido separados en dos grupos, unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho de un supuesto líder del grupo criminal donde los cocina y se hacen agua. Nadie le preguntó en qué consistía ese proceso ni dónde estaba el rancho…

Al respecto, señala el GIEI: “Ese hecho muestra un problema que se ha dado a lo largo de la investigación (…) La autoridad parece dar credibilidad a nuevas versiones, sin claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de la investigación y frente a otras declaraciones tomadas hasta entonces. Si esos hechos fueran ciertos, entonces las cinco declaraciones anteriores en las que se basaba la teoría del basurero no tendrían valor. Nuevamente son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas, yendo éstas a avalar dicha versión, dado que en algunos informes periciales se observa un fuerte sesgo confirmatorio” (ver informe, pág. 255).

En una entrevista con miembros del GIEI, Gildardo López indicó que le fue señalado qué declarar y que a cambio podría salir en libertad en un futuro. Agregó que dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había equivocado se volvía a grabar. Si bien el GIEI asienta en su informe que no tiene elementos para dar credibilidad o no a ese relato, consigna que El Gil es una de las personas con indicios de haber sido sometida a torturas.

Según el testimonio entregado a Naciones Unidas por otro imputado (Agustín García), nunca hizo una confesión espontánea de su parte y en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 hubo un montaje orquestado por Tomás Zerón y funcionarios de la PGR. Adujo que en todo momento fue amenazado y coaccionado por los miembros de la Marina que lo detuvieron y torturaron; fue obligado a memorizar datos y nombres para incluirlos después en su confesión, y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir.

Sus dichos contrastan con las declaraciones de Tomás Zerón el 27 de abril de 2016, cuando afirmó que en su diligencia en el río San Juan todo fue legal y conforme a derecho, y que incluso Agustín García los había guiado voluntariamente al lugar donde después, presuntamente, fue sembrada la bolsa con algún resto óseo de Alexander Mora.

Prácticas muy comunes en México, la siembra de evidencias y la tortura a los detenidos fueron dos de los temas rechazados por Zerón ante los señalamientos del GIEI. Un día después de la presentación pública donde el titular de la Agencia de Investigación Criminal negó tales hechos, la PGR dio vista a la visitaduría general para indagar su actuación y la de otros funcionarios. Tomás Zerón debió ser cesado de su cargo de inmediato, pero se dice que cuenta con poderosos padrinos y protectores en Los Pinos, entre ellos el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el propio Enrique Peña Nieto.

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala/II

Carlos Fazio

Profesional, metódico, riguroso y sin utilizar adjetivos; contrastando los testimonios y las contradicciones de los autoinculpados, sometidos a malos tratos y torturas en los que se sustenta la teoría oficial sobre el presunto asesinato e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, y siempre apegado a los hechos incluidos en los expedientes confeccionados por los investigadores de la Procuraduría General de la República para fragmentar y entorpecer el caso Iguala, el demoledor informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a exhibir la catadura moral del sistema político mexicano y desmontó una vez más la verdad histórica del ex fiscal de la Nación Jesús Murillo Karam y de su principal operador y comparsa, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Llegados a México como coadyuvantes en la investigación y tácitamente expulsados del país el 30 de abril, al expirar su segundo mandato, los miembros del GIEI, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, aportaron un elemento clave sobre el trágico hecho criminal: una serie de fotografías y un video grabado por los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez, el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, que vinieron a develar una singular diligencia extraoficial –además de anticonstitucional e ilegal– protagonizada por el jefe de la AIC, el hombre del trabajo sucio y los montajes en la PGR.

En las imágenes captadas por Villa y Jiménez, que los peritos del GIEI confrontaron con las de otros dos periodistas gráficos y con toda la documentación de fotografía y video existente en el expediente de la PGR 001/2015, se muestra que Tomás Zerón tuvo bajo su control la escena del río San Juan. Sin facultades constitucionales para practicar esa diligencia, se ve a Zerón resguardado por un cerco de seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y sin la presencia del Ministerio Público, bajo cuya conducción y mando debió haber actuado.

Zerón estuvo acompañado por funcionarios del área de Servicios Periciales de la PGR y del presunto auto-inculpado Agustín García Reyes, detenido por la Marina y torturado al vapor la tarde-noche del 27 de octubre de 2014, a partir de una llamada supuestamente anónima que la PGR habría recibido el día anterior, donde se advertía que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río.

Después de haber confesado que habían arrojado al lecho del río ocho bolsas con las cenizas y restos humanos de los estudiantes, García Reyes, quien no contó con asistencia legal, en franca violación del debido proceso, guió a Zerón al lugar del hecho. Un día después (29 de octubre de 2014), en el mismo lugar y exactamente en las mismas coordenadas donde se había registrado el traslado y la ilegal reconstrucción de hechos, un buzo de la Semar encontró una bolsa de donde se extrajo –según la verdad histórica de Murillo Karam– el único resto óseo que a la postre, mediante el análisis de ADN nuclear en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck, sirvió para identificar como perteneciente al normalista Alexander Mora. Sin más pruebas, la PGR concluyó que el resto de los desaparecidos corrieron la misma suerte.

En respuesta a los graves señalamientos del GIEI, el 27 de abril, Tomás Zerón declaró ante los medios que su presencia en el lugar fue un acto de investigación policial, que constituye un acto previo de una diligencia ministerial. Si bien la historia oficial señaló que el descubrimiento se hizo el 29 de octubre y que los testigos-inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario, sin que existiera ningún registro de hechos en el expediente de la averiguación previa (ver informe del GIEI, página 285).

La cuestión grave, como consignó Magdalena Gómez en La Jornada, es que en el video exhibido por el GIEI y las imágenes fotográficas publicadas en los medios de difusión el 28 de octubre ya aparecían bolsas con características similares a la hallada hacia las 8:50 de la mañana del día siguiente por un supuesto buzo de la Marina. Una impresión fotográfica captada a las 15:36 del 28 de octubre exhibe a dos individuos (en apariencia un marino y un perito de la PGR) mientras observan dos bolsas depositadas sobre el barro seco a orillas del río San Juan (no en el agua): una negra con restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no pudo verse.

El GIEI nunca afirmó que esas bolsas fueran sembradas. Concluyó que la presencia en el lugar del jefe de la AIC el 28 de octubre de 2014 no se encuentra registrada en la investigación; que no encontraron en el expediente ningún documento que muestre las condiciones legales y el registro de custodia para el traslado del detenido (Agustín García Reyes) al río San Juan; que la toma de evidencias del cauce del río por el subdirector de Servicios Periciales tampoco quedó reportada y no se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida. Sí consigna que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense se negaron a firmar la cadena de custodia el día 29, porque cuando llegaron al lugar los restos ya se hallaban sobre una lona y eran analizados por peritos de la PGR.

Al presentar el informe, un experto del GIEI dijo que les llamó la atención que una organización criminal (Guerreros unidos) que presuntamente había adoptado el sofisticado modus operandi y sin antecedentes de convertir en cenizas a los normalistas, para que no pudieran ser identificados ni siquiera con pruebas de ADN –similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio–, fueran después a arrojar las bolsas al río San Juan… ¡en un área visible desde varias casas del lugar y a plena luz del día!

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala

Carlos Fazio

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a hacer trizas la verdad histórica del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam sobre los hechos de Iguala y exhibió al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, como pieza clave en los intentos por desviar el caso hacia una quinta versión que no está sustentada en el expediente y también en la tácita siembra de una bolsa con restos óseos en el río San Juan, que, a la postre, mediante el análisis del ADN nuclear, se pudieron identificar en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck como pertenecientes a Alexander Mora, el único estudiante reconocido hasta ahora de los 43 detenidos/desaparecidos.

En su Informe Ayotzinapa II, el GIEI volvió a manifestar la certeza de que en los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014, hubo una coordinación operativa central, con una estructura de mando que integró a elementos uniformados y de civil (OBI/inteligencia) del 27 batallón de infantería del Ejército; las policías Federal, federal ministerial, estatal y ministerial de Guerrero, así como las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que actuaron en complicidad y/o colusión con presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros unidos.

Todo ello, afirmó el GIEI, pudo ser monitoreado en tiempo real a través del sistema coordinado de comunicaciones de las agencias de seguridad del Estado, conocido como C-4, que cuatro militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –en dos turnos de 24 horas– manejaron en forma restringida durante lapsos prolongados, cuando tuvieron lugar los hechos más graves, es decir, las ejecuciones sumarias extrajudiciales de cinco personas –dos de ellos normalistas que fueron asesinados a quemarropa–, un sexto caso –de Julio César Mondragón, quien antes de ser desollado fue torturado, cuyo cuerpo exhibía múltiples fracturas y heridas con armas punzocortantes– y la detención y desaparición de los 43 estudiantes. Según el informe, a partir de la declaración de un soldado identificado como RALA, el C-4 estaría integrado por militares encubiertos, que aportan información de lo que acontece en las calles, quienes en el momento en que ocurrieron los hechos habían sido nombrados por el comandante del 27 batallón, coronel José Rodríguez Pérez.

El grupo interdisciplinario –que fue enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la invitación formulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que coadyuvaran en las investigaciones del caso y formularan recomendaciones– reveló que existió un “gran operativo“ o cerco de control contra los normalistas de Ayotzinapa, que no sólo se dio en Iguala, sino que abarcó un radio de acción de 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo (área geográfica mayor que la incluida en el primer informe del GIEI), que abarcó bloqueos y ataques en poblados como Mezcala y Sabana Grande, y que se extendió desde las 21:40 horas del día 26 hasta las 6 horas del 27.

Mientras se llevaban a cabo la serie de ataques masivos, indiscriminados y coordinados contra los normalistas y miembros del equipo de futbol Los Avispones, el denominado quinto autobús, presumiblemente cargado con heroína camuflada en su interior, pudo atravesar sin problemas el cerco oficial/delincuencial. Según los expertos, el vehículo presentado por las autoridades en las indagatorias no es el mismo que salió de la central camionera de Iguala, y el conductor aparentemente fue sustituido (sembrado) con la finalidad de alterar los hechos.

El informe destaca la negativa de la Sedena de brindar ningún tipo de información al GIEI. El grupo señala que en 12 ocasiones solicitó por conducto de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación tener la posibilidad de entrevistar a personal del 27 batallón del Ejército en Iguala por considerarlos testigos claves; conocer las bitácoras, documentos, registros de planes de acción o información realizados por la Sedena; reportes escritos y grabaciones del C-4; reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones y el Manual de procesos de campaña; los convenios entre las diversas policías municipales, federales y el Ejército respecto del sistema de seguridad, así como los informes de los Gises (Grupos de información de zona/inteligencia) y Gafes (grupo de tropas especiales) del 27 batallón. Cita que el propio jefe de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, dijo incluso de manera pública que el GIEI no tenía competencia para realizar dichas entrevistas.

Una de las revelaciones más incriminatorias sobre la manera en que se elaboró la verdad histórica de la PGR tiene que ver con la presencia de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en el río San Juan, acompañado del subdirector de servicios periciales y el presunto autoinculpado, Agustín García Reyes, El Chereje, el 28 de octubre de 2014. Según el informe médico realizado 11 horas antes, el detenido tenía 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que la detención fue pacífica, y un primer informe médico de la Marina, horas antes de ese segundo informe, no revela lesiones. Un día después, un buzo de la Marina encontró la bolsa con restos óseos en el mismo lugar, exactamente en las mismas coordenadas donde había estado presente el testigo-inculpado. En el expediente no existe ningún registro de la presencia de Zerón en ese sitio el día anterior, ni nada que acredite las condiciones legales, registro de custodia y otros elementos para el traslado del detenido el 28 de octubre; tampoco hay registro de la toma de evidencia (la bolsa) del cauce del río, ni se hizo fijación fotográfica de la misma ni se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida.

Borró evidencias una segunda quema en basurero de Cocula: EAAF

Marcela Turati
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dictamen completo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre Cocula arroja que ese basurero fue vuelto a quemar después del primer peritaje, durante el tiempo en que la PGR retiró la vigilancia, acción que hizo que se borraran evidencias.

También revela que los testimonios de los supuestos asesinos no coinciden en cuestiones fundamentales como las horas, la colocación de las víctimas y el número de bolsas en las cuales dispusieron sus restos; además de que ellos mismos confesaron que restos humanos encontrados en el sitio son de personas asesinadas antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Dadas las alteraciones significativas en la continuidad de la custodia del sitio, el tiempo transcurrido desde que se produjo el incidente hasta que se examinó por primera vez el lugar de los hechos, las observaciones colectivas realizadas durante la inspección del 5 de diciembre de 2014 y la información reunida durante la inspección inicial comenzada el 27 de octubre de 2014, no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que habría arrojado como resultado la cremación en masa de los 43 estudiantes desaparecidos”, se destaca en el dictamen como conclusión.

El estudio realizado entre octubre de 2014 y febrero pasado, y en el que participaron 26 peritos internacionales, fue publicado anoche en la página oficial de la prestigiada organización y tiene como conclusión que no existe evidencia científica de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero y tampoco de que el hueso de Alexander Mora Venancio, hallado en el río San Juan, provenga de ese sitio.

El informe de 351 páginas revela información que la PGR intentó ocultar al EAAF, a pesar de ser coadyuvante en el caso y representante de las 43 familias de los normalistas. Además, contrasta con los tres vagos párrafos presentados como conclusión preliminar de los seis expertos en fuego que realizaron un tercer peritaje al basurero, en el que sólo mencionaron que hubo una quema controlada en el basurero de Cocula y que en el lugar se encontraron restos humanos de 17 personas, pero no especifica si esos “hallazgos” están relacionados con la búsqueda de los 43 estudiantes o si se refiere a quemas anteriores en el tiradero.

El informe del EAAF cuestiona duramente las evidencias que presentó en su tiempo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para “demostrar” la calcinación de los estudiantes, y señala que el funcionario pasó por alto que en ese basurero siempre se ha quemado basura, que no pudo existir un “efecto horno” que calcinara a 43 personas y que las evidencias presentadas en conferencia (aluminio, restos de llantas, piedras y huesos) no son muestra de nada relacionado con los estudiantes.

Este equipo también da cuenta de múltiples irregularidades que notaron al trabajar al lado de la PGR, entre ellas las alteraciones que sufrió el tiradero después de haber sido revisado, las inspecciones que hizo por cuenta propia el personal de la dependencia sin avisar al equipo, cómo el sitio quedó sin ser resguardado a pesar de ser considerado la escena del crimen, y el extraño hallazgo de 44 casquillos amontonados en un lugar que antes ya había sido revisado por los especialistas argentinos.

“Cabe destacar que al llegar al lugar de los hechos el 5 de diciembre de 2014, un integrante del EAAF que había estado presente en la inspección iniciada el 27 de octubre de 2014 advirtió que, a lo largo de la base de la ladera, parecía haber cinco áreas de quema bien localizadas que no se habían evidenciado durante la inspección inicial”, se menciona en el reporte.

En el apartado sobre el basurero se menciona: “La mayor parte del follaje no mostraba señal alguna de haber sufrido los efectos del calor; aproximadamente 11 ramas mostraban diversos niveles de daño por calor y fuego. También es importante advertir que, dadas las alteraciones significativas en la continuidad del lugar con evidencias que indicaban que se accedió al basurero en el periodo comprendido entre la inspección inicial del lugar realizada a partir del 27 de octubre de 2014 y la inspección realizada el 5 de diciembre de 2014, se desconoce si la pila de follaje examinada había sido alterada de alguna manera, lo que impide afirmar con absoluta certeza si se inspeccionó todo el follaje desmalezado en la primera inspección para buscar signos de los efectos del calor.”

El retiro de la vigilancia de la zona por parte de la PGR, a pesar de que el basurero era considerado escena del crimen, causó la pérdida de información valiosa, como el uso del combustible, de madera y de neumáticos para la supuesta quema de los estudiantes; también hubo alteraciones en el follaje y la tierra.

En un apartado donde entrelazan las declaraciones de los detenidos con las que Murillo Karam armó la supuesta “verdad histórica”, el EAAF menciona: “Es importante señalar que aquí Cortés (se refiere a Jonathan Osorio Cortés, El Jona) habla de cuatro bolsas, Bahena (se refiere a Miguel Ángel Landa Bahena, o El Cheques) de seis o siete bolsas, mientras que Reyes (se refiere a Agustín Reyes García, El Chereje) menciona ocho bolsas con restos supuestamente de los normalistas que habrían arrojado al río San Juan”.

“Fue interesante advertir que la información derivada de las declaraciones obtenidas (de parte de la PGR de los tres inculpados supuestamente involucrados en la matanza y disposición de los restos) presentó contradicciones significativas. La forma en que se colocaron los restos de las víctimas, los neumáticos, los troncos y el resto del material combustible varía significativamente. También cabe advertir que la información de la persona arrestada e interrogada en último lugar sugirió el método más eficiente de quemar los restos de las víctimas.”

Esto se advierte en el apartado “Análisis en relación al fuego”, firmado por los expertos canadienses en incendios y explosivos Greg Olson y Bryan Fisher, consultores EAAF quienes, según el documento, estuvieron en el basurero de Cocula y analizaron evidencia en la Ciudad de México del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2014; del 2 al 8 de febrero de 2015, y del 18 al 26 de abril de 2015.

Para realizar ese análisis, además de la visita al basurero, la recolección de muestras, la toma y comparación de fotografías satelitales, el estudio de la vegetación y la fauna, se tomaron en cuenta las investigaciones de la PGR con los testimonios de los presuntos asesinos.

Para hacer el dictamen los expertos tomaron como base la “verdad histórica” presentada por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que señalaba lo siguiente: “Esa madrugada (del 27 de septiembre de 2014), los 43 estudiantes desaparecidos fueron llevados a un basurero municipal ubicado en las afueras de Cocula, donde fueron asesinados, sus cuerpos apilados y quemados con gasolina y/o diesel, junto con neumáticos y pedazos de madera. Se presume [en función de las declaraciones de los inculpados]que los restos de los 43 estudiantes fueron cremados durante aproximadamente 15 horas.

“Luego, los inculpados recolectaron parte de los fragmentos óseos quemados de los estudiantes y otros artefactos en ocho bolsas, que transportaron hasta un pequeño río (el San Juan), que corre junto a un camino de grava por el que se accede al basurero desde la ruta principal, justo a la salida de la población de Cocula. En ese momento los inculpados vaciaron en el río los fragmentos de hueso de todas las bolsas menos dos; estas dos bolsas fueron arrojadas con su contenido al río. Cuatro inculpados confesaron haber estado presentes durante el asesinato, la cremación y la disposición final de los cuerpos de los 43 estudiantes, y tres de 11”.

En el documento, el EAAF señala –en coincidencia con el Informe Ayotzinapa del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)– que no coinciden las declaraciones de los inculpados sobre su llegada al basurero y sobre el número de horas que permanecieron en él, así como en la colocación de los cuerpos o el uso de combustibles.

Aunque los peritos del Equipo Argentino encontraron evidencias de que en ese lugar había, por lo menos, restos de 19 personas distintas, en el informe mencionan que los mismos presuntos culpables dijeron a la PGR que en la base de la ladera del basurero ya antes habían asesinado y cremado a otras víctimas que no están relacionados con los 43.

Uno de los restos hallados fue una mandíbula con piezas de porcelana, trabajo odontológico que ninguno de los 43 estudiantes tenía.

Sobre las “evidencias” que en su tiempo presentó Murillo Karam para reforzar que los 43 fueron calcinados en Cocula, el dictamen señala:

“No es evidente, por el momento, ni el número de eventos de fuego ocurridos en el basurero de Cocula ni poder distinguir a cuál de ellos pudieran pertenecer los elementos recolectados entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre del 2014. En este sentido, el cálculo de temperaturas a las que podrían haber sido sometidos elementos biológicos y no biológicos encontrados en el basurero de Cocula, mencionados también en la conferencia del 27 de enero de 2015 por la PGR, puede no ser relevante en esta investigación. Los elementos tomados como diagnóstico –aluminio, vidrio, dientes, etc.– pueden no corresponder a los incidentes del 26 de septiembre del 2014, sino a eventos anteriores”.

Lo que no cuadra…

Varios de los estudios al basurero arrojaron datos por las cuales estos peritos independientes señalan que en el mismo no pudieron ser quemados los 43 estudiantes, entre ellos los siguientes:

*Alteraciones al follaje

“Antes de desmalezar el lugar que rodeaba el área oscurecida de la base de la ladera, se hizo evidente que parte del follaje había sido cortado, arrancado o quitado previamente.

*No había presencia de follaje decolorado o marchito que indicara la existencia de un gran fuego:

Se observó que el resto del follaje que se encontraba alrededor del perímetro del área desmalezada no mostraba signos de haberse decolorado o marchitado. Hubo sólo una excepción. Se observó un área localizada de quema del suelo en el borde occidental del área desmalezada, al sur de la trinchera cavada por el equipo del EAAF y PGR durante la inspección original del lugar.

La mayor parte del follaje no mostraba señal alguna de haber sufrido los efectos del calor; aproximadamente 11 ramas mostraban diversos niveles de daño por calor y fuego. También es importante advertir que, dadas las alteraciones significativas en la continuidad del lugar con evidencias que indicaban que se accedió al basurero en el periodo comprendido entre la inspección inicial del lugar realizada a partir del 27 de octubre de 2014 y la inspección realizada el 5 de diciembre de 2014, se desconoce si la pila de follaje examinada había sido alterada de alguna manera, lo que impide afirmar con absoluta certeza si se inspeccionó todo el follaje desmalezado en la primera inspección para buscar signos de los efectos del calor.”

*Las rocas incineradas pudieron haber sido quemadas antes del 26 de septiembre

“Se puede concluir que las rocas han sufrido exposición al calor, aunque se desconoce cuándo, durante cuánto tiempo, así como la cantidad de episodios de incendio que tuvieron lugar.”

*Los neumáticos pudieron haber sido quemados antes del 26 de septiembre

“También se detectó la presencia de numerosos restos de hilos metálicos trenzados y oxidados a diferentes profundidades. Los hilos metálicos son similares en tamaño a las cuerdas de metal usadas en la fabricación de neumáticos. Esto indicaría que en este lugar se quemaron neumáticos en ocasiones anteriores.”

*Los tocones no se veían afectados por un gran incendio

“La mayoría de los tocones experimentó efectos menores de exposición al calor. Sin embargo, como el calor radiante no se ve afectado por las condiciones climáticas y se extiende desde el foco del incendio en línea recta, un gran incendio provocaría efectos de calor significativos en el área inmediatamente alrededor del incendio, y ese no fue el caso aquí. Estando la gran mayoría de los tocones dentro del área oscurecida y dentro de la retícula demarcada, habrían estado expuestos a un incendio grande y prolongado dentro del área oscurecida donde se informó que 43 víctimas fueron cremadas en masa, pero sólo se observan efectos menores de calor”.

*Los hidrocarburos no pudieron ser estudiados por las alteraciones al sitio

“En otras circunstancias, estos resultados, junto con los de las muestras tomadas por el equipo de la PGR mencionado anteriormente, serían concluyentes; sin embargo, debido a las significativas alteraciones en la continuidad de la escena y a las evidencias de que se ingresó al sitio y que hubo incendios en el periodo comprendido entre la inspección original iniciada el 26 de octubre y la inspección del 5 de diciembre de 2014, nos es imposible arribar a conclusiones basadas en la presencia de estos líquidos inflamables volátiles en relación con los hechos ocurridos el 27 de septiembre.”

*No coinciden testimonios de supuestos culpables con el uso de neumáticos

“Con respecto a los neumáticos mezclados con los restos de víctimas, la información de los inculpados sobre cómo se utilizaron los neumáticos no fue coincidente. Uno de los inculpados informó que las víctimas fueron colocadas sobre los neumáticos puestos en el suelo; otro inculpado informó que los neumáticos fueron colocados arriba de las víctimas. Un inculpado indicó que se usaron entre 10 y 15 neumáticos. Si los neumáticos se hubieran colocado sobre el piso con las víctimas encima, habrían quedado restos parciales de las paredes laterales de los neumáticos junto con los hilos de acero. Como se indicó anteriormente, hubo al menos ocho neumáticos tomados por el equipo de la PGR de México y hubo piezas de lo que se sospecha que es goma encontrada en los indicios recolectados. Si los neumáticos hubieran sido colocados arriba de las víctimas, se habrían consumido por completo y sólo hubieran quedado los hilos de acero. Como se consignó anteriormente, hubo alteraciones significativas en la continuidad de la custodia de la escena, lo que se suma a la evidencia de que hubo quemas subsiguientes, lo que nos impide la posibilidad de enunciar cómo se usaron los neumáticos, si acaso se usaron, ni cómo pudieron haber sido usados.”

*Se borró la pista de cómo se utilizó la madera en la supuesta quema

“Con respecto a la madera (los troncos) que supuestamente se usó, tal como se mencionó en numerosas ocasiones, hubo alteraciones significativas en la continuidad de la custodia que impiden hacer algún comentario sobre hasta qué punto se usó madera como carga de fuego ni sobre cuáles fueron sus dimensiones específicas.”

*No hubo “efecto horno”, como lo anunció Murillo Karam

“Más allá del follaje que rodea esta área, no hay barreras físicas reales que permitirían que el calor radiante se reflejase de manera eficiente hacia las víctimas quemadas, la cantidad de calor radiante reflejado hacia las víctimas quemadas sería mínima. Las características físicas del área tipo cráter no respaldan el argumento específico de que la supuesta quema de los estudiantes desaparecidos en el basurero produjo un proceso de quema similar a ‘cremar las víctimas en un horno’, como fuera alegado por el entonces procurador Murillo Karam en la conferencia de prensa de enero de 2015.

*Notorias contradicciones de los supuestos asesinos

“Fue interesante advertir que la información derivada de las declaraciones obtenidas (de parte de la PGR de los tres inculpados supuestamente involucrados en la matanza y disposición de los restos) presentó contradicciones significativas. La forma en que se colocaron los restos de las víctimas, los neumáticos, los troncos y el resto del material combustible varía significativamente. También cabe advertir que la información de la persona arrestada e interrogada en último lugar, sugirió el método más eficiente de quemar los restos de las víctimas”.