26.10.13

El presidente cobarde

Juan Carlos Ortega Prado

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto ha demostrado una deslumbrante inmunidad a la indignación. Ha logrado mantener semblante cerúleo para no escandalizarse ante el más reciente estupro que Estados Unidos está perpetrando con México.

La historia es conocida. Comenzó en junio pasado, cuando el exagente de inteligencia Edward Snowden filtró documentos que demostraban que la Unión Americana espiaba a sus ciudadanos. El escándalo tocó directamente a México un mes después. El 9 de julio, el diario brasileño O Globo publicó que el gobierno de Barack Obama fisgaba las comunicaciones de ciudadanos y funcionarios mexicanos, brasileños y colombianos. En el caso de México no era para prevenirse de ataques terroristas: robaba información del sector energético y particularmente del petrolero.

La respuesta de Peña Nieto fue una oda a Catatonia: no hizo nada. Se calló lo más que pudo y, cuando despertó, el presidente todavía soltó la obviedad de que si el hecho se confirmaba sería grave. Que iban a pedir información a Estados Unidos.

Habrá quien argumente que Peña no podía hacer más. O que no era recomendable. Que los caminos de la diplomacia son inescrutables y que a veces hay que doblarse para no quebrarse.

Pero la reacción de otras naciones ya muestra quiénes tenían razón: Brasil y Colombia manifestaron repudio absoluto. Y lograron que Argentina y Perú los apoyaran.

A la postre, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, canceló una entrevista que tenía con Obama. Porque estaba escandalizada.

El mutismo de Peña, en cambio, devino súbito ataque de reflujo verbal un mes después. Durante una gira en Gran Bretaña, el mandatario dio a conocer que ya iba a presentar su reforma energética. Sólo hasta que volvió a su tierra tuvo a bien informar a los mexicanos de sus planes. En ese momento Andrés Manuel López Obrador acusó que Peña filtraba información petrolera a potencias extranjeras.

Si algo quiso hacer Peña fue dar un carpetazo en lo oscurito y pian pianito. Este viernes 25 se dio a conocer un documento que el gobierno de EU preparó para Janet Napolitano (entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional), previo a una junta con el presidente: “Los mexicanos han señalado que esperan tu reunión con Peña Nieto para ‘poner punto final’ a los asuntos relacionados con las filtraciones de Snowden, que están escalando en la prensa mexicana por separado, se te proveerán puntos clave desde la Casa Blanca para responder a este asunto”.

Todo empeoró el pasado lunes. El prestigioso semanario alemán Der Spiegel (que fue uno de los pocos que no se rindió al encanto de Peña tras su elección: lo llamó “intelectualmente débil”) publicó una nueva tanda de filtraciones de Snowden. Se revelaba que Estados Unidos había espiado, al menos, a 35 países.

Resulta ilustrador ver los comentarios que aparecen en el foro de expertos que el periódico estadunidense The New York Times abrió al respecto: “(También) Obama y su administración son blanco para los servicios de inteligencia de prácticamente todas las naciones del mundo, incluyendo los de aquellas que se quejan”, dice Stewart Baker, exfuncionario del Departamento de Estado de EU. “Los aliados siempre se han espiado unos a otros”, abunda el académico Rhodri Jeffreys-Jones.

Es cierto, pero eso no convalida el espionaje, que sigue siendo uno de los peores delitos que pueden cometerse en el derecho internacional. Sólo un caso: ¿qué hizo Estados Unidos con los cinco cubanos que, en 1998, documentaron que radicales de Miami planeaban atentar contra Cuba —y se lo informaron al FBI, para que tomara providencias—? Detenerlos. EU los aprehendió acusándolos de espionaje. Cuatro siguen presos.

Con este coctel, resultaba previsible que los países aludidos “en la nueva temporada” pusieran el grito en el cielo. La dirigente alemana, Angela Merkel, no se anduvo con rodeos: dijo que el espionaje había roto la confianza, que EU debía respetar las leyes alemanas y que era un abuso inaceptable. Francia se le unió. Y le exigieron a Obama un acuerdo antiespionaje antes de que acabe el año. Brasil e Italia volvieron a quejarse.

Peña, en cambio, siguió flotando entre la nadería. Es cierto que el canciller José Antonio Meade anunció que citaría al embajador Anthony Wayne y habló duro contra el fisgoneo ilegal. Pero se trata de un secretario. No de un presidente. Y obtendrá respuestas de un diplomático, no de un presidente. Esa es la importancia que Peña Nieto le asigna al problema.

El hecho —en sí mismo repudiable— se oscurece más al recordar que uno de los cinco ejes de gobierno de Peña Nieto es que México recobre su protagonismo en el mundo. Y más negro cuando se contrapone a su idea respecto de la protesta en el ámbito nacional: Dentro de México, Peña ha criminalizado la protesta social. Afuera, se somete al agresor.

La pregunta es, entonces, ¿por qué ponerse del lado del violador y no de los escandalizados? La respuesta evidente es el miedo a que EU tome represalias. Sin duda sería alta la probabilidad. Sin embargo, ¿el bloque Alemania-Francia-Brasil obtendrá beneficios de su indignación? Todo indica que sí, y en varios rubros. En términos ajedrecísticos ganan un tiempo en cualesquiera negociaciones que quieran emprender. Pueden obtener ventajas políticas y económicas como compensación. Obtienen protagonismo. Pueden fortalecer sus regímenes jurídicos e, incluso, su percepción ante los votantes. En política, ya se sabe, la forma es fondo.

En contraparte, ¿qué ganará México? Es probable que Peña (no México) obtenga el beneplácito e incluso apoyo de EU para sus reformas. Pero en términos de real politik igual podía haberlo logrado repudiando lo repudiable. Y tampoco es que la posición de México sea la de un indefenso protectorado. Mal que bien sigue siendo la decimocuarta economía del mundo, y muy ciego habría que ser para no observar las bazas con las que México puede presionar: la frontera, las inversiones, la propia apertura en la reforma energética…

El acto de escandalizarse tiene mal cartel. Parece delito en una sociedad que sueña con ser democrática y civilizada. Luce como un verbo de beatas, o cosa de intransigentes y viscerales.

Pero no es así. Es un verbo emparentado con la dignidad, que puede desatar tempestades, desnudar a los poderosos y desanudar mentiras. Significa exclamar: Esto no, o no conmigo.

Por eso. A escandalizarse.

16.10.13

Los siete pecados capitales de la "reforma energética Peña/Videgaray/Aspe"

Alfredo Jalife-Rahme
La neoliberal reforma energética de la triada Peña/Videgaray/Aspe comporta graves defectos estructurales que atentan contra la seguridad nacional y socavan la independencia de México, al que pretenden transformar, pero en el peor sentido, al punto de convertirlo en un país irrelevante como vulgar franquicia del irreductible binomio de la controvertida banca anglosajona y sus petroleras depredadoras.

La reforma de marras y amarres financieristas neoliberales es doblemente entreguista y masoquista cuando los mismos Peña y Videgaray fueron a claudicar a las oficinas del rotativo británico The Financial Times: socio del Grupo Pearson que administra conjuntamente a la polémica revista inglesa The Economist, propiedad de los banqueros Rothschild, controladores de la devastadora trasnacional petrolera BP.

El entreguismo neoliberal alcanzó niveles sicalípticos que rebasan lo grotesco cuando dos de los consejeros profesionales (sic) de Pemex –Fluvio Ruiz, impulsado por el sector antinacional del PRD, y Héctor Moreira Rodríguez, del PAN– regalan lo que no les pertenece e intrigan (literal) para dañar los intereses del México eterno: el primero, en flagrante colusión con el neocolonial Wilson Center, y el segundo fue a humillarse a las oficinas de Bloomberg, una vulgar agencia de noticias financieras de Nueva York.

La reforma, que no tiene nada de modernizadora porque regresa a México a la fase porfirista de finales del siglo 19, constituye más bien una contrarreforma: rema a contracorriente histórica cuando los soberanos países productores de hidrocarburos recuperan sus activos nacionales mediante la restatización y/o la renacionalización.

La contrarreforma de la triada neoliberal Peña/Videgaray/Aspe pretende resolver la gravísima crisis del gas (ver Bajo la Lupa, 6/10/13) que aqueja a México mediante su incrustación a la financierista burbuja estadunidense del shale gas (gas esquisto/lutitas).

Dejo para otra ocasión el análisis de la grave crisis del gas, que se cuece sola y que fue acentuada por la neoliberal kakistocracia (el gobierno de los peores) del PRI y el PAN, en colusión con el sector antinacional del PRD.

Hoy los principales turiferarios de la neoliberal contrarreforma energética son los ex directores de Pemex y los ex secretarios de Energía, quienes abogan sin rubor su obscena desmexicanización y propician los siete pecados capitales que padece la entreguista/masoquista contrarreforma:

1. Ausencia de transferencia de tecnología: en ninguna parte aparece el aprendizaje tecnológico del que México se da deliberadamente de baja, a diferencia de China, allá la tecnología se comparte y han creado la Universidad del Petróleo, de donde provienen los principales recursos humanos del Partido Comunista y su gobierno. La claudicante contrarreforma no construye, sino que aniquila los pocos cuadros que quedan.

2. Desprecio al medio ambiente: se gratifica, en particular, a las depredadoras del Golfo de México: BP, Halliburton y Schlumberger, ya no se diga del mundo (v. gr. Chevron y ExxonMobil). No existen resguardos de seguridad contra su consabida devastación ambiental.

3.- Atentado a la seguridad nacional de México: para Estados Unidos los energéticos son la quintaesencia de su seguridad nacional, según su centro estratégico CSIS, mientras el México neoliberal itamita se hace riesgosamente dependiente de EU.

El neoliberalismo financierista local adopta a cambio de nada –en especial, en materia migratoria– la seguridad energética de Norteamérica (¡supersic!) mediante la cual EU controla(ría) los yacimientos y la producción de hidrocarburos de Canadá y México (pero sin mexicanos) para enfrentar su cruda energética.

4. Nulidad geopolítica desde los energéticos del Golfo de México (que desean rebautizar como Golfo de EU) hasta el mar Mediterráneo (sic) de EU (sic): no toma en cuenta el incipiente nuevo orden multipolar y se aferra al caduco orden unipolar financierista. Las relaciones con EU deben ser óptimas e integrales (no parcelares a la conveniencia trituradora de Washington), pero no al grado de desaparecer a la nación mexicana.

5. Deserción de una banca nacional ex profeso que tome en consideración el inextricable binomio finanzas/hidrocarburos. Dada la coyuntura global y las condiciones regionales/locales, no me disgusta el modelo Petrochina que conjuga a su poderosa banca estatal –inexistente en México, al que urge crear su propia banca desmantelada y donde muy bien pudieran participar las empresas privadas mexicanas en colaboración mixta con lo que queda del Estado nacional.

6. Castración financiera neoliberal: la contrarreforma se rinde y se obnubila con las migajas de 10 mil millones de dólares al año de inversión por las trasnacionales anglosajonas y no explora siquiera la capacidad de financiamiento doméstico (reservas del Banco de México por más de 170 mil millones de dólares y potencial de inversión de nuestros fondos de pensiones –ahorros cautivos de los trabajadores mexicanos– que cuentan con más de 125 mil millones de dólares) y/o lanzamiento de ofertas iniciales públicas al estilo Petrobras y hasta la creación de joint ventures con los megabancos (no sólo con los insolventes 13 bancos de Wall Street, sino también con la banca china y/o los globales fondos soberanos de riqueza) para abrir un abanico de opciones favorables de inversión.

7. Carencia de refinerías: México importa insólitamente gasolina de EU por 50 mil millones de dólares al año, lo cual, por pereza mental, o por otro tipo de tratativas bajo la mesa, daña las finanzas de Pemex en forma anómala.

Cito textualmente un artículo de Sylvia Pfeifer de The Financial Times (14/10/13), el rotativo de cabecera de Peña y Videgaray, sobre la relevancia estratégica –término abolido de la financierista teología entreguista-masoquista local– de la refinación: las refinerías son extensamente invisibles para el público en general, pero son activos estratégicos (¡supersic!) nacionales. Toman el petróleo crudo y lo convierten en gasolina, diésel y combustible de aviación que empodera (sic) el sistema mundial de transporte. Constituyen la materia prima del plástico mundial. ¡Nada más! Por lo visto, esto lo ignora la triada Peña/Videgaray/Aspe secuestrada teológicamente en su financierista Lecho de Procusto.

Cabe recordar el desolador aldeanismo con ínfulas globalizantes del fallido Plan Puebla-Panamá de la dupla Fox-Castañeda Gutman que planteaba construir cinco refinerías en Centroamérica y ninguna en México.

Conclusión: en toda estrategia existe la defensa y el ataque y la contrarreforma Peña/Videgaray/Aspe coloca innecesariamente a México a la defensiva.

Peor que sus obscenos siete pecados capitales, la contrarreforma, debido a su deformación teológica financierista carente de visión holística –un genuino síndrome Estocolmo–, es que no colige los alcances estratégicos de los hidrocarburos y claudica absurdamente antes de empezar a jugar –la humillación al Financial Times al estilo Canossa de Enrique (sic) IV– frente al binomio trasnacional de la banca anglosajona y sus petroleras cuando la verdadera carta triunfal está en manos de México. ¡Increíble!

7.10.13

Luchando contra la legalización de las cuotas, la desaparición de los turnos vespertinos y el fomento de las “escuelas patito”

Nuria Alvarez y Josafat Hernández

¿Por qué continúa la movilización de los maestros de la CNTE? Tras las noticias difundidas por los medios de comunicación el 20 de septiembre acerca de un “arreglo” entre los representantes de la CNTE, SNTE y la Secretaría de Gobernación1, los maestros acampados han continuado su plantón.

El jueves 26 de septiembre pasamos varias horas visitando la zona ocupada por los maestros junto al Monumento a la revolución. En el campamento de maestros había sobre todo integrantes de la sección 22 (la sección del SNTE en Oaxaca, que está afiliada a la corriente disidente CNTE) pero también maestros de la CNTE de Chiapas, Michoacán, Guerrero y otros estados. Durante dos horas y media hablamos con tres profesores de enseñanza secundaria de Oaxaca -una profesora de inglés, un profesor de cómputo y una profesora de ciencias naturales- acampados junto al monumento a la Revolución, que nos compartieron sus preocupaciones sobre la reforma de la enseñanza. Estos son los temas por los que ellos habían mantenido su lucha, pese a las inclemencias del tiempo y el coste de la huelga y la acampada. Para hacernos una idea más clara, hemos cotejado las palabras de los maestros con el texto de la reforma.

La legalización de las “cuotas” que se hace pagar a las familias de los alumnos

Los maestros movilizados afirman que la reforma educativa da pie a una privatización encubierta. Con la reforma aprobada en febrero, nos decían los maestros, se abre la posibilidad de hacer obligatorio para las familias el pago de la comida, la luz, el agua, el personal de intendencia, y hasta el sueldo de los profesores. En efecto, en el texto de la reforma se prevé realizar “adecuaciones al marco jurídico” para “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en las resoluciones de los retos que cada escuela enfrenta.”2

Como ya ha sido señalado por otros, “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas” significa legalizar las “cuotas” que se vienen cobrando a las familias de alumnos, a pesar de que la enseñanza pública es teóricamente gratuita en México3.

Un previsible incremento del coste de las cuotas y fomento de las “escuelas patito”

Los maestros temen que la legalización de las cuotas (o la “autonomía de gestión de las escuelas”) también contribuirá a incrementar su costo. De este modo piensan que los más pobres preferirán más a menudo trasladar a sus hijos a las “escuelas patito”, que serán más fáciles de pagar. La difusión de las “escuelas patito” recuerda el caso de las “escuelas charter” en Estados Unidos, de las que ya se conocen sus pésimos resultados4. ¿Se hará inasequible la enseñanza pública para las familias pobres?

Las familias con menos recursos podrían asimismo verse obligadas a pagar por alimentos que sus hijos reciban en la escuela. Los maestros con los que hablamos se referían a la previsión de introducir el pago de alimentos en las escuelas más pobres por medio de los llamados “esquemas eficientes para el pago de alimentos a los alumnos” (que se contemplan en el artículo quinto transitorio fracción III inciso b)5. A su vez, en el inciso c de esa misma fracción se dice que se buscará “Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”. Con esto se abre la posibilidad de prohibir la oferta de alimentos que “microempresas locales” (mujeres del pueblo principalmente) hacen a los alumnos, con el golpe que esto supondría para la economía de esas familias. En su lugar podrían imponerse empresas multinacionales como Bimbo o Burger King, debido a que según los maestros se hace necesario el pago de una licencia que no es barata para poder ser proveedor de alimentos. Esto excluiría a las mujeres que suelen vender sus productos a los alumnos.

Otra inquietud que nos transmitieron los maestros es que la municipalización que impondrá la reforma educativa (en el artículo 3 fracción 8 y en el artículo 73 fracción XXV)6 incremente las cuotas que se hace pagar a las familias, sobre todo en los municipios con menos recursos. En estos municipios, es posible que se haga recaer sobre las familias el coste que supondrá la escuela para el municipio. La atribución a los municipios de una parte del coste de las escuelas públicas también puede llevar a la desaparición de escuelas en municipios pequeños por “falta de recursos” de las administraciones municipales. Ello obligará a los alumnos a desplazarse a estudiar a otros municipios más grandes que sí puedan financiar una escuela, o a “escuelas patito”. Y también, según los maestros, podría provocar la desescolarización de niños cuyas familias no están dispuestas a enviarlos más lejos a estudiar.

La progresiva eliminación de los turnos vespertinos y nocturnos

Actualmente existen tres turnos en las escuelas: matutino, vespertino y, en algunos casos, nocturno. Los dos últimos están orientados a los alumnos que trabajan, usualmente mayores de los quince años. No obstante, esta reforma prevé la implantación progresiva de un turno de seis a ocho horas, convirtiendo a las escuelas en centros de “tiempo completo”7. Como denuncian los maestros, esto supone suprimir los turnos vespertinos y nocturnos a los cuales suelen acudir los alumnos que trabajan. ¿Qué harán estos alumnos?

Por otro lado, es muy posible que la reducción de turnos suponga una reducción del número de lugares disponibles para una creciente población de alumnos. Aquí vuelven a aparecer las “escuelas patito” que se verán beneficiadas por toda aquella población de jóvenes que no podrán tener acceso a la educación en una escuela pública.

Evaluación sí, pero de otra manera

Los maestros con los que hablamos no están en contra de que se evalúe a los profesores, pero sí de la forma que prevé esta reforma neoliberal8. En primer lugar, señalan que esta será una evaluación opaca y propicia para la corrupción, ya que los maestros no podrán ver los exámenes corregidos en caso de que pidan aclaraciones. Sólo podrán ver los resultados a través de Internet. En segundo lugar, se quejan de que el comité evaluador no estará compuesto por maestros mexicanos, sino por extranjeros que han estudiado ingeniería, política u otras carreras. Tampoco están de acuerdo con que la evaluación se componga únicamente de exámenes -no de una observación de la forma en que imparte clase el profesor, de su planeación docente, etc., y que se exija el mismo contenido a todos los alumnos.

El punto más importante es que la evaluación prevista por la reforma se compone de un examen a los profesores y otro a sus alumnos. Siendo este examen obligatorio para todos los alumnos, no se tiene en cuenta sus especificidades culturales o socioeconómicas, y los alumnos que no asistan ese día contabilizarán en el examen con un cero. El resultado de la evaluación del profesor se obtendrá a partir de una media entre los resultados de su examen y los resultados del examen de sus alumnos. Esto significa que los profesores pueden ser reprobados si sus alumnos obtienen malas calificaciones en el examen y/o no asisten ese día a clase. Por eso los maestros reclaman que la evaluación sea diferente en cada Estado, para que no se evalúe a campesinos indígenas de una comunidad en la montaña de la misma manera que a alumnos de la ciudad. Es decir, que se tenga en cuenta a los pueblos indígenas.

No obstante, los autores de este artículo nos preguntamos si tiene sentido juzgar el buen desempeño de los profesores en función de los resultados de sus alumnos en un examen. Como ya demostró el sociólogo Pierre Bourdieu hace varias décadas, los resultados escolares de los alumnos tienen menos que ver con el esfuerzo de sus maestros que con el capital escolar9 con el que cuentan sus familias: el nivel educativo que alcanzaron sus padres, la cantidad de libros que hay en sus casas, etc. Por ello generalmente obtienen peores resultados escolares los alumnos pertenecientes a familias con pocos estudios y pocos conocimientos académicos. Pretender ignorarlo supone penalizar a los maestros que enseñan a alumnos de bajo nivel socioeconómico o más familiarizados con las culturas indígenas que con la cultura oficial. De este modo, esta reforma generará una gran fluctuación de profesores precisamente allí donde más se necesita una implicación duradera del cuerpo docente que permita realizar planes de mejora a lo largo de varios años.

Precarización de la labor docente y sus efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Lo que ocurrirá a los maestros que reprueben las evaluaciones dependerá de si tienen plaza fija o no. En el primer caso, pasarán a trabajar en la Administración, lo cual puede ocasionar un engrose de la Administración que no está claro que el Gobierno haya contemplado. En el segundo caso, perderán su plaza. La ley no prevé que los maestros con plaza que reprueben deban ser sustituidos en sus puestos de trabajo por otros maestros con plaza, lo cual puede ser un signo de que el Gobierno espera reducir paulatinamente el número de maestros con plaza.

La denuncia de los maestros hacia la precarización de la función docente se basaba en la experiencia del plan piloto en Puebla, donde según nuestros interlocutores "se han estado haciendo contratos temporales que se renuevan cada 3 meses".

Esto es una muestra clara de inestabilidad laboral. Con contratos que se renuevan cada tres meses o una vez al año los profesores no estarán en condiciones para elaborar planes de trabajo a mediano y largo plazo para mejorar sus estrategias docentes, ni para coordinar sus cursos. Como la planta de profesores estará cambiándose constantemente se perderá continuidad en los procesos de enseñanza. Esto afectará a los alumnos porque no tendrán continuidad en sus clases. Tampoco tendrán clases de diferentes asignaturas que estén bien coordinadas entre sí para facilitar el aprendizaje.

En las zonas más pobres o allí donde los conocimientos culturales de los alumnos estén más alejados de lo que se pida en los exámenes estandarizados, la fluctuación de profesores será alta. Perderán su plaza los profesores actuales. Llegarán nuevos profesores de otros lugares sin mucho vínculo con las comunidades –lo que puede perjudicar a su labor docente- y después estos serán evaluados, removidos y así sucesivamente. Mientras tanto, los alumnos sufrirán las consecuencias de no tener una planta docente estable que sea capaz de hacer un plan de trabajo que ayude a mejorar la calidad de la educación en la zona considerando sus especificidades.

Notas:

1 Según el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), este acuerdo suponía el regreso de los docentes a las aulas de Oaxaca el lunes 23 de septiembre, a cambio de varios puntos: el rescate por la coordinadora de los pagos retenidos por el ciclo escolar en curso, la incorporación de mil 500 trabajadores al régimen de contratación del ISSSTE, el mantenimiento a las escuelas Normales de Oaxaca, ajustar la evaluación para los docentes de ese estado a sus circunstancias “particulares” y la valoración del Programa para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), modelo educativo impulsado por los mentores de la coordinadora. Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=354206 El Plan de Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO) planteado por la sección 22 fue bien acogido por el gobierno del Estado de Oaxaca, pero debería ser aprobado por la Secretaría de Gobernación.

2 Véase el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso A de la reforma educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 26/02/2013: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013 .

3 Ver http://zacatecasonline.com.mx/opinion/codigo-politico/27707-educacion-no-gratuita.html

4 Ver http://www.jornada.unam.mx/2013/09/29/edito

5 La reforma educativa, en el artículo quinto transitorio, fracción III inciso b dice que: “En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales”. Véase el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 26/02/2013: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013

6 El Artículo III – fracción 8: dice que “El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan(...)”. Asimismo en el artículo 73 – fracción XXV se prevé dictar leyes “encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público”. Véase el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 26/02/2013: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013

7 Al respecto la reforma, en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso b dice lo siguiente: “Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural”. Véase el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 26/02/2013: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013

8 Véase la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 11/09/2013: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013

9 Utilizamos el término “capital escolar” donde Pierre Bourdieu utiliza “capital cultural” refiriéndose a títulos académicos, presencia de libros en la casa y familiaridad con la “alta cultura” que caracteriza a las élites culturales (por ejemplo, familiaridad con formas de ocio como la ópera o el teatro). Para más información, leer las obras de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron tituladas Los herederos. Los estudiantes y la cultura, Editorial Siglo XXI, México, 2009 y La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Distribuciones Fontamara, Barcelona, 1996.