29.9.12

Historia de México y amnesias neoliberales[1].

Gilberto López y Rivas[2]

Hace algunos años, el Colegio Mexicano de Antropólogos A. C. y nuestro aguerrido sindicato de académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), --que hasta el día de hoy, y a contracorriente de los saldos negativos de las organizaciones gremiales con la imposición del neoliberalismo, defiende el patrimonio tangible e intangible de los mexicanos--, organizaron un debate sobre los libros de texto gratuito de historia de México para Cuarto, Quinto y Sexto grados de educación primaria, cuyos resultados fueron presentados en un pequeño libro con el pertinente titulo de Secuestro de la memoria, lamentablemente con un tiraje y distribución restringidos.

En ese debate, los estudiosos de la cultura y la historia ya advertíamos sobre la intención gubernamental de revisar a fondo la historia nacional, en nombre de una supuesta enseñanza “moderna y desmitificadora”,  y con el fin de legitimar su proyecto de país, firmemente arraigado dentro de la lógica neoliberal. Me correspondió en esa ocasión, tocar un tema trascendente para la forja de la identidad nacional: los libros de historia frente a Estados Unidos, sosteniendo la hipótesis de trabajo de que los cambios a los referidos libros de texto obedecen a una amnesia conveniente que expresa la capitulación de la clase dominante mexicana frente a la ocupación integral neoliberal y frente a las estrategias imperiales de dominación de nuestro país.

En la lectura crítica de los textos de historia referidos encontré, además, un enfoque clasista y un lamentable tratamiento de la cuestión indígena, ya que según sus redactores, la nación parece ser obra de criollos, intelectuales, poetas y literatos, sin que los sectores populares dejen una impronta importante en el proceso de construcción nacional. A los pueblos indios contemporáneos se les dedican once escuetas líneas; se afirma que su población es de cinco millones, actuando en complicidad con lo que Guillermo Bonfil llamó el etnocidio estadístico; se continúan propalando versiones hispanistas de la historia, tales como recordar la derrota de Hernán Cortes, en Tenochtitlán, el 30 de junio de 1520, como la “noche triste”, y se utilizan eufemismos eurocéntricos como “encuentro” para referirse a lo que fue invasión, conquista, etnocidio y genocidio.

A lo largo de los libros  de texto de historia, se insiste en presentar al indígena como objeto-víctima y nunca como sujeto-protagonista de la historia nacional: ¿Dónde están los indígenas que participaron en todas las gestan libertarias de este país, desde la independencia, las resistencias contra los invasores extranjeros, la revolución, los años postrevolucionarios y las luchas actuales? ¿Dónde están las organizaciones independientes de los pueblos indios que han desarrollado un importante movimiento encaminado a establecer una nación pluriétnica que realmente reconozca sus derechos a la autonomía y la libre determinación?

También, la población negra y sus aportaciones a nuestra historia parecen no recibir el sitio que les corresponde; así, la mentalidad criollista de los redactores lleva a afirmar lo siguiente en la página 34 del libro de Cuarto Grado: “Debido a la mortandad que sufrieron los indios, y a que se prohibió la esclavitud indígena, los españoles trajeron a miles de esclavos negros”; esto es, no es que en el continente africano millones de hombres y mujeres hayan sido cazados, capturados y esclavizados por los europeos, sino que ya de por sí, su condición  “natural” era ser esclavos, y los españoles lo único que hicieron fue “traerlos” a América… ciertamente muy pedagógico. Nada sobre las aportaciones de los pueblos negros a la cultura de América y, en particular, de México, y ni que mencionar de la problemática de la discriminación y el racismo contra esos pueblos, que se expresa incluso en negar su existencia.

En la página 37 del libro de Cuarto Grado y en la 65 del de Sexto, los redactores se toman otra licencia esta vez jurídica, al afirmar que “en la Colonia se impuso el español, idioma oficial del país, que hablamos la mayoría de los mexicanos”. Esto constituye una falsedad más a la larga lista que contienen los libros de historia ya que en ninguna parte de la Constitución se establece el castellano como idioma oficial del país.

En el tema de “nuestros buenos vecinos”, hay una clara intención por parte de los redactores de los libros de historia de minimizar toda mención de Estados Unidos que pudiera ser considerada ofensiva o formadora de una consciencia, no digamos antimperialista, sino simplemente nacionalista. Para ello, se recurre a la omisión descarada de hechos y procesos que han tenido una considerable importancia en la historia de nuestro país a lo largo de toda la vida independiente. Atrás quedaron las interpretaciones y análisis de autores como Gastón García Cantú, Agustín Cue Cánovas, José Fuentes Mares, Mario Gil, Ramiro Guerra, entre otros; o los testimonios de José María Tornel (quien acuñara el término nada grato de “los barbaros del Norte”), Guillermo Prieto, Manuel Payno, José María Roa Bárcenas, y tantos otros autores, y protagonistas de hechos históricos algunos de ellos, que destacaron el papel fundamental que jugó en la formación nacional de nuestro país el proceso expansionista temprano de Estados Unidos,  desde el principio del siglo XIX, y su permanente política de agresiones militares, económicas y diplomáticas.

Para los redactores de los libros de texto, toda esa realidad histórica queda en la conveniente amnesia que se quiere transmitir a las jóvenes generaciones para no agraviar en sus mentes la imagen propagada por Hollywood y los ideólogos pro yanquis de los supuestos “luchadores por la democracia y la libertad del mundo”. Así, Texas se pierde por “el desorden y la debilidad de nuestro país”; se afirma que los territorios obtenidos por Estados Unidos --a través de una “guerra de agresión”, la cual nunca es calificado en su carácter de guerra de conquista--, “tenían muy pocos habitantes”, lo cual es absolutamente falso: los comisionados a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo calcularon en 108 mil personas el número de habitantes de las provincias conquistadas; en 1846, se calculaba que vivían 60 mil personas en Nuevo México, unas cinco mil en Texas, siete mil quinientos en California y cerca de mil en Arizona, aunque estas cifras no incluyen a los indígenas de estos territorios, muchos de ellos identificados en lengua y cultura con los considerados oficialmente “mexicanos”.

Paradójicamente, en las Provincias Norteñas supuestamente despobladas, tienen lugar dos insurrecciones contra el poder establecido por las tropas de Estados Unidos, una en Nuevo México y otra en California, ambas en 1846, siendo Los Ángeles, la única población recuperada  por las fuerzas mexicanas que elaboran un  Plan o Manifiesto, en el que se juraba lealtad a la Nación Mexicana, después de una victoria militar sobre la soldadesca invasora. En ese Manifiesto se asienta en su parte medular lo siguiente:

“1.- Nosotros, todos los habitantes del departamento de California, como miembros de la gran nación mexicana, declaramos que es y ha sido nuestro deseo pertenecer únicamente a ella, libre e independiente. 2.- Por consiguiente, las autoridades intrusas maniobradas por las fuerzas invasoras de los Estados Unidos son consideradas inválidas e ilegitimas. 3.- Juramos no dar descanso a nuestras armas hasta que los norteamericanos, enemigos de México, sean expulsados de tierra mexicana. 4.- Todo ciudadano mexicano de los 15 a los 60 años de edad que no tome las armas para apoyar este Plan será declarado traidor, bajo pena de muerte. 5.- Todo mexicano o extranjero que ayude directa o indirectamente a los enemigos de México será castigado de la misma manera. 6.- Toda propiedad de residentes de residentes norteamericanos que haya tomado parte o ayudado a los enemigos de México será confiscada y usada para los gastos de la guerra y sus personas enviadas al interior de la República. 7.- Todo el que se oponga al presente Plan será pasado por las armas. 8.- Todos los habitantes de Santa Bárbara y el Distrito Norte serán invitados inmediatamente a participar en este Plan. Campo cerca de Los Ángeles, a 24 de septiembre de 1846”.[3]

En todo caso, los factores de relativa despoblación de un territorio, o la debilidad y desorden imperante en un país, no pueden ser causas para “explicar” y mucho menos justificar un despojo como el que llevó a cabo Estados Unidos en contra de México. Los redactores de los libros de texto retoman, casi textualmente, muchos de los argumentos de la historiografía estadounidense (la más conservadora, claro), para exculpar a la clase dominante de su país de una guerra anunciada y preparada con anticipación, sublimada por ideologías  que proyectan la idea de “un pueblo escogido” para llevar misiones civilizatorias como la del “Destino Manifiesto, la cual, obviamente, no es mencionada en los textos.

También son omitidos por nuestros censores históricos todos los hechos que se derivan de la guerra de conquista de 1846 a 1848, entre ellos, de los más importantes, el destino de discriminación e injusticias de los mexicanos que quedaron en los territorios conquistados, el robo de sus propiedades, la persecución permanente de los pobladores de origen mexicano, sus frecuentes linchamientos, la segregación residencial, las repatriaciones forzadas en los años treinta del siglo XX, todo ello, en violación del espíritu y la letra del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Nada se conoce en México, sobre el fenómeno de bandolerismo social en California, durante las tres décadas que siguen a la anexión de los territorios que incluso llega a ser tema de la literatura con el celebre Joaquín Murrieta, inmortalizado por Pablo Neruda, que es trastocado por la industria cinematográfica estadounidense en el diluido y aristocrático personaje de El Zorro. En Nuevo México, Sostenes L’ Archevêque, de madre mexicana, en venganza por la muerte de su padre, acumula 23 marcas de gringos en su escopeta, dos más de las encontradas en la escopeta de Billy “the Kid”. También, lamentablemente, los niños de primaria no están al tanto de quien fue Juan Nepomuceno Cortina, quien se levantó en armas contra las autoridades estadounidenses en 1859, enarbola la bandera mexicana, toma Brownsville y se mantiene en rebeldía hasta diciembre de ese año, cuando es derrotado por tropas regulares y Rangers, cruza el Rio Bravo, se une al ejército de Juárez, alcanza el grado de general y llega a ser gobernador de Tamaulipas.

Fueron convenientemente “olvidadas”, asimismo, las agresiones constantes a nuestra soberanía a través de incursiones filibusteras, estimuladas y solapadas por las autoridades de Estados Unidos; las invasiones por fuerzas militares y policiales federales y estatales de ese país a lo largo de toda la frontera; el abigeato y el contrabando que llegaron a ser un factor fundamental en la formación de los grandes ranchos ganaderos del sur de Texas, como el King Ranch,  los ofrecimientos para la “compra” de más territorios, las exigencias y demandas de concesiones, entre ellas, la virtual posesión del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo.

En los textos tampoco se menciona el control estadounidense de nuestra economía durante la dictadura de Porfirio Díaz, en particular, sobre tierras, minas, inversiones y trasporte; ni es motivo de atención la injerencia de Estados Unidos durante todo el proceso revolucionario, desde el apoyo de la embajada de ese país al golpe de estado de Victoriano Huerta, hasta el ataque y ocupación del puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1914, y la invasión armada al norte de nuestro país en 1916 por tropas al mando del general John J. Pershing, en persecución del también general revolucionario Francisco Villa.

Todo esto y más queda convenientemente olvidado en los libros de historia, de tal manera que con gran sorpresa llegamos a la página 73 del libro de Cuarto Grado para enterarnos que “durante la guerra (se refieren a la Segunda Guerra Mundial) mejoraron las relaciones con Estados Unidos, ya que fuimos sus aliados”. ¿Cómo pretenden los revisionistas de la historia que los niños de primaria comprendan que unas relaciones “mejoran” cuando desde la guerra del 1846- 1848 no se señala el carácter que éstas tuvieron a lo largo de casi un siglo, ni se les proporciona la más mínima información al respecto. ¿Podrán los infantes educados con estos libros entender los dramáticos momentos que vivió el país durante la expropiación del petróleo en 1938; sin conocer las amenazas y agresiones del gobierno y de las compañías estadounidenses y británicas en contra de la acción soberana del gobierno del general Lázaro Cárdenas? ¿Quedarán en el olvido los acuerdos de Bucareli? ¿Nada se sabrá del problema de salinidad y contaminación de nuestros ríos fronterizos y de los desechos de todo tipo en nuestro territorio por parte de acciones cuyo origen está del otro lado de la frontera? ¿Y qué de las islas en las costas de California que son propiedad mexicana y que están actualmente ocupadas por Estados Unidos? ¿En qué contextos históricos se podrán explicar las violaciones actuales a nuestra soberanía por agentes de la CIA, la DEA y otras agencias de espionaje de Estados Unidos; la entrega de nuestra soberanía en aeropuertos, y el control de inteligencia de toda la telefonía fija y móvil, licitada abiertamente en una página del gobierno estadounidense; la injerencia creciente en las fuerzas armadas, ahora socios de una entelequia política llamada América del Norte? Estas y otras preguntas son respondidas con el silencio como opción política; silencio sólo explicable a la luz de la traición nacional de los gobiernos priistas y panistas, de los intelectuales a su servicio (que ahora refieren que la batalla del 5 de mayo fue una escaramuza sin importancia ni trascendencia histórica), de los medios de comunicación masiva, de los grupos oligárquicos que en contubernio con los poderes facticos, incluso delincuenciales, han entregado la patria a las corporaciones y a las estrategias del gobierno de Estados Unidos.

Se pretende borrar de la memoria de nuestro pueblo, la historia de las resistencias frente a las invasiones extranjeras y frente a tiranos y dictadores. Esa historia es parte esencial de la vida misma de la nación, constantemente agredida  por poderes extranjeros y por quienes siendo nacidos en este país, los representan sin dignidad ni decoro. Destacar este hecho no lleva necesariamente al revanchismo y al nacionalismo agresivo: conocer los problemas reales y permanentes entre las dos naciones es el único camino para llegar al establecimiento de relaciones pacificas, armoniosas y de beneficio mutuo con Estados Unidos, basadas, sobre todo, en el respeto al derecho irrenunciable a la independencia y la autodeterminación, y con plena consciencia y conocimiento de nuestra historia.


[1] Ponencia para Mesa Redonda en la Universidad Obrera, 12 de septiembre de 2012.
[2] Doctor en Antropología. Profesor Investigador del INAH en Morelos. Articulista de La Jornada.
[3] H. H. Bancroft. History of California, Vol. 1, p. 310, en: Gilberto López y Rivas. La Guerra del 47 y la resistencia popular la ocupación. Cuarta edición, Ocean Sur, 2010.

22.9.12

Ocho mentiras del plan laboral de Calderón

Arturo Alcalde Justiniani
La exposición de motivos y la propaganda que se hace en favor de la iniciativa de reforma laboral presentada por Felipe Calderón contrastan severamente con la realidad y mienten a la ciudadanía. Ocho falsedades destacan por su importancia:

Se trata de una reforma estructural. La iniciativa mantiene los vicios y limitaciones del modelo vigente de relaciones de trabajo. No modifica el sistema de justicia sustentado en órganos tripartitos parciales e ineficientes, como son las juntas de Conciliación y Arbitraje. No toca el control corporativo; en todo caso, lo desplaza más al sector empresarial; no crea condiciones para mejorar el salario y fortalece las prácticas de simulación vigentes.

Favorece el crecimiento del empleo y la competitividad. No hay indicios que acrediten que la iniciativa favorezca estos fines; se oculta la evidencia de que son factores de orden económico los que influyen en la creación de empleo, como la inversión y el crecimiento económico. Las voces más especializadas en materia económica han demostrado que las afirmaciones relacionadas con este fin no tienen sustento, por el contrario, se advierte que en general la experiencia internacional de propuestas sustentadas en promover la precariedad sólo generan más pobreza, desigualdad y encono social.

Beneficia a los trabajadores. Es evidente que una subcontratación salvaje, sin factores de equilibrio, una nueva figura de contrato por hora sujeta a la discrecionalidad del patrón, un mayor control empresarial de los trabajadores y la reducción del carácter protector de la ley jamás podrán entenderse como favorables a los hombres y mujeres que trabajan.

Favorece la justicia laboral. Todo lo contrario; con la propuesta se carga sobre los hombros de los trabajadores la lentitud de los juicios por despido injustificado, incrementando la tardanza; los trabajadores quedarán en estado de indefensión al verse obligados a aceptar pagos indemnizatorios reducidos, ante el escenario de esperar seis o siete años para tener derecho a recibir, en el mejor de los casos, tan sólo un año de salarios. A pesar de que en todos los foros y espacios, incluyendo la consulta nacional convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transitar hacia una reforma judicial integral, se ha venido planteando la urgencia de transformar estos órganos para contar con jueces imparciales y eficaces que, sin estar sometidos al Poder Ejecutivo, resuelvan en periodos cortos las controversias de trabajo, el Ejecutivo federal optó por soslayar esta exigencia y castiga a los trabajadores con una responsabilidad que es aplicable al Estado.

Regula la subcontratación para evitar abusos. Los términos planteados por la iniciativa legalizan los vicios existentes, convirtiendo el trabajo en mercancía desechable, privada de derechos superiores a los mínimos e imposibilita ejercer derechos colectivos que permitan negociar las condiciones de trabajo. De una manera tramposa, omite que únicamente se garantizan los derechos básicos, y al impedir su regulación, provoca que esta forma excepcional de contratación, sólo justificada para actividades complementarias o especializadas, se convierta en la regla general. También se engaña con figuras tales como la responsabilidad solidaria o una supuesta vigilancia sobre el subcontratista, ocultando que el beneficiario es el patrón, que en caso de simulación debe responder y que la vigilancia debe incluir un registro especial de subcontratistas y la participación explícita de la inspección laboral por parte del Estado.

Promueve la democracia sindical. Si bien la iniciativa hace referencia al voto secreto y a la obligación de rendir cuentas por parte de los sindicatos, es evidente que se trata de una propuesta de orden táctico para ser intercambiada por los temas que son prioritarios para el sector empresarial, como la subcontratación sin cortapisas, limitar los salarios caídos y una contratación por horas que permita omitir el pago de prestaciones y suprimir la antigüedad y la estabilidad laboral.

Resuelve la problemática de los contratos colectivos de protección patronal. Para solucionar este vicio, que abarca la inmensa mayoría de los centros de trabajo del país, que consiste en que el patrón escoge el sindicato que debe representar a sus trabajadores al firmar el contrato colectivo, el Ejecutivo federal debió proponer que los trabajadores sean consultados antes de que se firme en su nombre el instrumento que regulará las relaciones colectivas de trabajo. La iniciativa, contrario a lo señalado en la exposición de motivos, blinda y consolida los contratos de protección patronal al impedir de manera permanente que los trabajadores puedan optar por un sindicato distinto al que les señaló el patrón. Los absurdos requisitos contenidos en el artículo 899 A, imposibles de superar, representan un obstáculo insalvable, ya que además de obligarlos a delatar previamente a los trabajadores inconformes, exige que el patrón y el líder sindical hegemónico en la zona, quienes representan el voto mayoritario en la Junta de Conciliación y Arbitraje, autoricen previamente la procedencia para iniciar el juicio de titularidad contractual. Esta restricción lesionará también al sector empresarial, pues al cancelarse las vías legales para el ejercicio de la libertad de asociación, los trabajadores no tendrán más camino que la acción clandestina, contrario a las relaciones abiertas, informadas y responsables que operan en los países altamente productivos. Obstáculos similares se oponen al ejercicio del derecho de huelga, figura casi inexistente en el México actual.

Es compatible con la norma constitucional y los convenios internacionales. Varias disposiciones son claramente violatorias de estos instrumentos jurídicos de jerarquía mayor, por lo que de ser aprobadas, se provocará una fuerte batalla de orden jurídico y un crecimiento de las denuncias internacionales que en los últimos años se han promovido por las organizaciones más representativas de México y de todo el mundo, acusando al país de ser un contumaz violador de la libertad sindical y del derecho a la contratación colectiva auténtica.

17.9.12

15 de septiembre de 2012



Y el descontento, el hartazgo, la inconformidad, va...

La razón, el poder y la fuerza

Carlos Fazio

El poder es inseparable de la existencia humana. Su manifestación se da como deseo de sometimiento o dominación. Según Hannah Arendt, la violencia aparece como prerrequisito del poder, del poder como simple fachada: el guante de terciopelo que oculta la mano de hierro. En Poder y desaparición, Pilar Calveiro afirma que el poder, a la vez individualizante y totalitario [...] es, antes que nada, un multifacético mecanismo de represión. No hay poder sin represión, pero, más que eso, la represión es el alma del poder. A su vez, Foucault plantea que frente al poder siempre habrá resistencia, entendida como oposición a las formas y prácticas autoritarias; al poder autocrático.

En sus 20 tesis de política, Enrique Dussel señala que la corrupción o el fetichismo del poder se aplica a quienes lo ejercen desde su autoridad auto-referida (referida a sí mismos). La voluntad del representante (el gobernante) se absolutiza, deja de responder, de fundarse, de articularse a la voluntad general de la comunidad política (o el pueblo) y se desnaturaliza como dominación; ya no responde al poder delegado por la comunidad. Aunque en apariencia se haya hecho elegir con procedimientos electorales por unas masas obnubiladas por los mecanismos fetichistas de la mediocracia, la representación se corrompe. Se elige a los dominadores y el poder funciona desde arriba sobre el pueblo. Se corrompe el ejercicio del poder. La política se invierte, se fetichiza y la corrupción es doble: del gobernante que se cree sede soberana del poder y de la comunidad que se lo permite y lo consiente, que se torna servil en vez de ser actora de la construcción de lo político.

El representante corrompido se siente un pequeño dios y puede usar su poder para ejercer su voluntad como prepotencia despótica sobre ciudadanos disciplinados, obedientes (los no obedientes son objeto de la represión policial); como pulsión sádica ante sus enemigos; para amenazar con la represión burocrática-administrativa; para criminalizar y/o judicializar una protesta; como apropiación indebida de bienes y riquezas de la comunidad; para favorecer a un familiar (nepotismo). Toda lucha por un interés propio, de un individuo, una clase, una élite, una tribu, es corrupción política. Y ya escribía lord Acton que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente.

Para poder ejercer el poder auto-referido es necesario antes y de manera continua debilitar el poder político originario de la comunidad. El déspota desune al pueblo, impide el consenso desde abajo, crea conflictos. Divide para reinar. Esencialmente antidemocrático, el poder tiránico sólo puede gobernar si destruye el poder originario y normativo de la comunidad. El pueblo deviene en servidor y surgen élites, clases políticas y burocracias auto-referenciales que no responden más a la comunidad política.

A veces es necesario llegar a acuerdos por la vía del razonamiento y los argumentos. Cuando el ciudadano participa simétricamente se puede llegar a consensos. Pero ese consenso no puede ser fruto de un acto de dominación, violencia o imposición de quien ostenta el poder fetichizado. En un conflicto estudiantil universitario, por ejemplo, no se puede dialogar con una pistola en la cabeza o bajo la amenaza del uso de la fuerza policial por rectoría. Tampoco bajo la presión de actas administrativas. El consenso debe ser un acuerdo de todos los participantes como sujetos, libres, autónomos, racionales, con igualdad de intervención retórica. (Dussel, Tesis 2).

A menudo se ignora que el poder lo tiene siempre y solamente el pueblo. Lo tiene siempre aunque sea debilitado, acosado, intimidado, de manera que no pueda expresarse. El que ostenta la pura fuerza, la violencia, el ejercicio del dominio despótico o aparentemente legítimo, es un poder fetichizado, desnaturalizado, espurio, que aunque se llame poder consiste por el contrario en una violencia destructora de lo político como tal. El totalitarismo es un tipo de ejercicio de la fuerza por medios no políticos, policiacos o cuasimilitares (el uso cínico de la fuerza como violencia o represión), que no puede despertar en los ciudadanos la adhesión consensual.

Foucault define la técnica disciplinaria como tecnología individualizante del poder, basada en escrutar en los individuos sus comportamientos y su cuerpo con el fin de anatomizarlos. Es decir, producir cuerpos dóciles y fragmentados. El disciplinamiento como instrumento de control del cuerpo social. Como encarnación del poder auto-referido, despótico, la autoridad suele usar retórica o demagógicamente el peso de la institución (una mediación) para exigir disciplina, incurriendo en un ejercicio fetichizado del poder al negar, de facto, el ejercicio delegado del poder por la comunidad. Dussel habla del poder obedencial (Tesis 4).
Según la enseñanza del EZLN, los que mandan deben mandar obedeciendo. Cuando el representante (que actúa por delegación, como un servicio, en nombre de otro) se vuelve sobre sí y se autoafirma como la última instancia del poder, al desobedecer el mandato de la comunidad se ha fetichizado. Simplemente, manda mandando como si fuera un patrón o un tirano. Manda a obedientes (como masa pasiva que recibe órdenes del poder).

La crítica radical, como expresión de libertad y fundamento político de una nueva subjetividad de la resistencia de los oprimidos, puede detener al poder injusto y opresor, poniéndole límites y evitando sus excesos. La crítica como contrapoder podrá desenmascarar la dominación autoritaria, depredadora, soberbia, frívola. Y ya le decía el Viejo Antonio al sup Marcos: Si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria, pero en la lucha toda sólo la razón vence. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón.

15.9.12

Reforma laboral panista: dos impactos sobre la seguridad social

Gustavo Leal F.
 
Esta iniciativa preferente no puede ser aprobada sin un ajuste de raíz. Regular el mundo del trabajo en la globalización es urgente, pero no con esos elementos ni de la manera como se la tramita. Su alma, visión de lo laboral, materia de trabajo, bilateralidad, productividad, salario infinitesimal, polivalencia, bonos y despido, entre otros, postula un abaratamiento inadmisible de la mano de obra que afecta a muchos y beneficia a pocos.

Incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados. No puede ser aprobada porque su contenido anima una propuesta de salida única que renuncia a ubicarse en la realidad laboral del siglo XXI.

Sus impactos sobre la salud y la seguridad social son directos y negativos:

1) El cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud no podrán ser financiadas adecuadamente. El nivel de la cuota obrero-patronal resultante de la iniciativa, potenciará el efecto de insuficiencia para cubrirlas, que ya se aprecia en las tendencias en curso del IMSS-Issste después de las reformas Zedillo (1995)-Calderón (2007).

Ello seguirá desbrozando el terreno para imponer también un sistema de seguridad social universal a la Peña Nieto, compuesto exclusivamente de cuatro prestaciones mínimas: seguro de salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro de invalidez, financiado con IVA incrementado a todos los consumos sin excepción.

Simultáneamente, se aguarda implantar nichos privados con afán de lucro en el mercado de la salud fomentando la competencia para ganar calidad. Ya privatizadas, las pensiones no garantizarán más que 37 por ciento del último salario devengado.

2) Al legalizar el contratismo de terceristas se promueve que los patrones eludan sus compromisos laborales y lo hagan por ellos los contratistas. Se materializan fraudes legales contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Se reduce el costo de la fuerza de trabajo y se permite que en una misma empresa coexistan trabajadores con las mismas funciones pero con salarios y prestaciones diferentes. El impacto recae en el nivel de cotización: la elusión y evasión sobre la cuota obrero-patronal seguirá presionando sobre las finanzas del IMSS-Issste.

Se estima que la evasión al IMSS por outsourcing suma 40 millones de pesos diarios. Y cada vez son más Pymes las que recurren a él. Hasta 86 por ciento de los trabajadores contratados pertenecen a firmas que incumplen leyes fiscales y laborales. La Cámara de Diputados ubicó en 525 mil millones de pesos el desfalco fiscal ocasionado por la tercerización (outsourcing) durante 2005-primer trimestre de 2010.

Tanto el Inegi como la Secretaría del Trabajo ubican a México en el lugar 19 mundial en recurrencia al outsourcing, sumando 2.4 millones de trabajadores. Si estos millones dispusieran de contratos tradicionales, hubieran generado obligaciones por casi 302 mil millones de pesos. Pero, por la subcontratación sólo generaron 23 mil millones de pesos. La facturación empresarial ha generado un IVA por 140 mil millones de pesos, no necesariamente enterado.

Y al perjuicio inmediato para los trabajadores se agrega la afectación directa de su pensión, al reducirse la contribución al fondo a una base de 1.5 salarios mínimos. Sólo en los recientes cinco años, uno de cada siete trabajadores ha sido contratado vía outsourcing. Más de la mitad de ellos se ubican en el DF. Su presencia se duplicó, minando los derechos laborales y reduciendo las aportaciones a la seguridad social y al fisco.

Para decirlo con las palabras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH): Hoy no existe regulación y se carece de datos para atacar el problema. No existen estadísticas de cómo está el sector de terciarización en México. Fuera de la AMECH no sabemos cómo están los demás. No lo sabemos porque no hay datos y no hay datos porque no hay regulación.

Sobra reiterar que la calidad de los empleos es completamente precaria, en el mejor de los casos.

Pero la iniciativa, en vez de restringirlo y fiscalizarlo a través de la inspección del trabajo, tal y como hoy se hace en Argentina y Chile, opta por la subcontratación como un sector dinámico, generador de empleos y de ingresos adecuadamente regulados por la ley.

Una vez divulgada la iniciativa, hasta el sindicalismo corporativo manifestó que la reforma está corta, porque hay que definir la figura patronal, que es donde se da la evasión. Es decir: qué tipo de patrón, cuántos patrones hay y qué se requiere para que otro sea solidario del que contrata.

Mientras, la propia AMECH ha debido reconocer que es insuficiente para detener a las empresas ilegales que hoy evaden sus obligaciones obrero patronales.

Un gran tema pendiente es el de los otros impactos de la iniciativa sobre las leyes del Seguro Social, Issste, contrato colectivo de trabajo del IMSS y las condiciones generales de trabajo del Issste. Por ejemplo: el articulado de la iniciativa podría traducirse en pérdida de derecho a las prestaciones en especie: seguro de enfermedades y maternidad, y a las en dinero: incapacidades, de la Ley del Seguro Social.

La iniciativa no construye una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se requiere. Dinamita el arreglo del siglo XX, pero no está en el XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad social de los mexicanos.

9.9.12

#YoSoy132: lo que está en juego


Nahúm Monroy


  1. Un breve recuento
E xisten ocasiones en que la necesidad hace uso del accidente para expresarse, y el 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana, eso fue lo que precisamente ocurrió. En un país que ha desarticulado su sistema productivo durante las últimas tres décadas, cuyas instituciones se encuentran en abierta descomposición y que está siendo asolado por la violencia y la crisis capitalista, fueron los estudiantes los que dieron una respuesta formidable a quienes los creían sumidos en la indiferencia. En realidad nadie esperaba que fuera así. Durante casi tres años el discurso dominante en radio, prensa y televisión consistió en anunciar el regreso inevitable de un “PRI renovado”, “el PRI de las instituciones”, el partido que había traído a México “setenta años paz, estabilidad y progreso.” ¡Y de que otra manera podía ser!, si para el 1 de julio ya habrían quedado en el olvido las movilizaciones multitudinarias contra el fraude electoral de 2006, el levantamiento popular de Oaxaca (APPO), las huelgas mineras de 2009 y la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Cualquiera que de una hojeada superficial a las columnas de opinión de los principales diarios del país durante el último semestre de 2011 podrá advertir esta proyección: el PRI parecía avanzar irrefrenablemente y la actuación de las masas ni siquiera figuraba como un factor de relevancia para los acontecimientos políticos que estaban por venir. ¡Y de qué otra forma podía ser!, si para los analistas burgueses las masas son apenas rebaños ignorantes que pueden ser manipulados una y otra vez por los consorcios de la comunicación.

Para chasco de estas damas y caballeros el movimiento estudiantil, en un momento en el que la victoria priísta parecía indiscutible, les hizo reconsiderar sus palabras. La escalada masiva que el 23 de mayo vivió #YoSoy132 en la Estela de Luz, demostró palmariamente que los jóvenes estaban atentos de los acontecimientos políticos y que hacía falta sólo un detonante para que todo ese descontento se volcara a las calles. Ahora bien, el malestar no brotó de manera artificial, por la iniciativa ingeniosa de algún grupo o individuo. El movimiento surgió de manera espontánea y pudo replicarse con rapidez inusitada, porque las condiciones que habían alimentado el descontento entre los jóvenes ya se habían gestado desde varios años atrás. ¿Qué condiciones? Que los jóvenes mexicanos, que representan el 20 por ciento de los habitantes del país y que según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) seguirán dominando la pirámide demográfica durante las próximas dos décadas, son el sector más agredido en la actual crisis político social del país. En México 50 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 25 años son desempleados y 40 por ciento de los que laboran no tienen ninguna prestación social; a estas cifras se suman los 8 millones que no tienen posibilidad de estudiar ni trabajar y los 150 mil rechazados de las universidades públicas cada año. El capitalismo está deteriorando las condiciones de vida de este sector a marchas forzadas, les está cancelando sus posibilidades de desarrollo educativo, les está exprimiendo hasta la última gota de sudor por medio de la subcontratación y les está eliminando toda posibilidad de recreación y esparcimiento: basta mencionar que la mayor parte de los muertos de la guerra contra el narcotráfico de Calderón (casi 80 por ciento) han sido jóvenes. ¡Estas son las causas que han motivado el surgimiento del movimiento #YoSoy132 y los motivos que han nutrido su programa de lucha!

Ahora bien, #Yo soy 132 tampoco es una expresión social completamente nueva y sin antecedentes históricos. En realidad este movimiento se nutre de las experiencias de lucha estudiantil pasadas, que en México, a diferencia de otros países, han tenido una incidencia de primer orden en la consecución de derechos democráticos y en la preservación de conquistas heredadas por la Revolución. La misma construcción de la identidad colectiva de #YoSoy132 se ha dado como consecuencia de una tensión entre las enormes tradiciones de lucha que tienen los estudiantes mexicanos y las más recientes movilizaciones a nivel internacional: por una parte, los referentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH) de 1968, del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1986, de la Coordinadora Estudiantil Politécnica (CEP) de 1987, y el Consejo General de Huelga (CGH) de 1999-2000; y por otra parte, las revoluciones en el Mundo Árabe, el movimiento estudiantil chileno, la protesta de los indignados en España, la revuelta social en Grecia y el Occupy Wall Street en Estados Unidos. Pero existe otra característica que hace diferente a este movimiento de otros del pasado: se trata de un fenómeno de magnitudes nacionales, que se surge a la par de la descomposición del régimen político y que no se restringe a demandas educativas. Es precisamente por ello que las altas esferas gubernamentales, los analistas de régimen y los empresarios lo miran con tanto pavor.

  1. Un estallido social en ciernes
Se conoce cómo empieza un movimiento estudiantil , pero nunca se sabe cómo terminará". Con estas palabras perspicaces, advertía hace unas semanas el periodista Miguel Ángel Rivera que la actual movilización juvenil estaba lejos de terminar, y que de hecho, podría experimentar una escalada durante los próximos meses. ¿Pero cuáles son las características que hacen que el movimiento #YoSoy132, a diferencia de otras expresiones, inquiete tanto a las esferas gubernamentales? Hay un factor fundamental: en México los estudiantes han sido históricamente el sector más reacio al control corporativo del Estado; y una vez que un movimiento suyo se despliega, se hace muy difícil controlarlo políticamente. Referentes, como hemos dicho antes, sobran; pero existe uno en particular cuya sola remembranza hace poner con los pelos de punta a toda la clase política: la huelga de 1999 de la UNAM. La experiencia de 1999 sacó a relucir que tratándose de un movimiento de masas, la conciencia de los estudiantes puede variar muy rápidamente. Un movimiento que hoy es de miles, mañana puede verse replicado en decenas y cientos de miles; un movimiento que hoy inicia basado en los cauces institucionales y en la confianza en la democracia burguesa, mañana puede avanzar hacia un perfil antiestatal y con conciencia clase; etcétera.

Los movimientos estudiantiles son acontecimientos excepcionales y por generalidad trasladan el conflicto juvenil de las universidades a la arena política nacional. Más que lo que ha sido hasta ahora el #YoSoy132, lo que le preocupa al gobierno federal y a la cúpula priísta es en lo que puede convertirse dado el contexto social imperante y debido a que su capital político se encuentra en las principales universidades del país. Al respecto, la ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, Maria Elena Morera, señalaba recientemente: “A diferencia del 2006, estos jóvenes no se parecen a quienes ocuparon Reforma. A ellos no los van a controlar de una forma fácil y pacifica, así que será bueno que quienes pretenden usarlos también midan las consecuencias.” (http://www.animalpolitico.com/el-palenque/2012/07/23/que-rol-va-a-jugar-el-movimiento-yosoy132-en-el-proceso-postelectoral/).

De cuantos movimientos sociales existen, no hay uno que se distinga tanto por su heroicidad, desinterés y autosacrificio, como el movimiento estudiantil. Y en efecto, la historia de las grandes revoluciones estaría incompleta si no se mencionasen las enormes contribuciones que los estudiantes han hecho para la causa de los oprimidos, aún a costa de sufrir la represión y enormes privaciones. Pero a decir verdad existe otro motivo: el dinamismo, la creatividad y la capacidad que tienen los estudiantes para arrastrar a la lucha a sectores sociales que se han mantenido inmovilizados por años. Al hablar de sus experiencias frente a los movimientos universitarios de los ochentas, el ex procurador general de la república, Jorge Madrazo, relató en una entrevista a Imanol Ordorika: “Ha habido temor a la movilización externa de la Universidad y a que esa agitación contamine a otros sectores. Cuando los universitarios empiezan a establecer contacto con otros grupos y sectores del país, la preocupación se vuelve enorme y se actualizan los temores del hito que fue 1968.” (Imanol Ordorika, La batalla por el campus, p. 232).

En efecto, el fermento político en las universidades y las movilizaciones masivas efectuadas en periodo vacacional han sido apenas el inicio de un movimiento que esta lejos de terminar. El gobierno federal está consciente de ello y durante tres meses se ha dedicado a movilizar a toda su maquinaria propagandística para calumniar al movimiento con una sincronía inusual: “#Yo Soy 132 ha perdido legitimidad”; “#Yo Soy 132 ha sido infiltrado por MORENA”; “Han surgido nuevas divisiones en su interior”; “#Yo Soy 132 ha perdido fuerza”. Centenares de articulistas a sueldo, instituciones y medios impresos llevan tres meses vaticinando el fin del movimiento; sin embargo, por alguna razón, la realidad no termina de corresponderles.

En un intento desesperado por dividir al movimiento, decenas de columnistas se han dedicado a magnificar las diferencias existentes en #YoSoy132 y a presentar corrientes políticas y liderazgos que no existen. En realidad esta es una vieja estrategia que el Estado ha utilizado históricamente para dividir a los movimientos estudiantiles. A estos respetables caballeros les irrita como un movimiento de estudiantes puede mantenerse unificado pese a su heterogeneidad. Pero a todo esto viene a colación una pregunta: si Peña Nieto ha ganado con legitimidad las elecciones ¿por qué prestar atención aun movimiento que ya ha perdido fuerza y credibilidad? Después de todo, basándonos en esta premisa, sus días estarían contados. Lo que en realidad se encuentra detrás de todos estos embustes, es que las cúpulas empresariales y el gobierno no encuentran la manera de ocultar el obsceno fraude que cometieron, mucho menos, de sembrar la discordia y la desmoralización en las filas del movimiento. Aun cuando su candidato no ha tomado posesión, los prisitas ya sienten que el poder se le va de las manos.

La línea que separa el estado actual de cosas con un eventual estallido social es en realidad muy delgada. Cualquier acto de represión desmedida o imprudencia política del gobierno, podría derivar en un estallido social sin precedentes la historia reciente del país. Ahora bien, es verdad que por el momento, #YoSoy132 ha entrado en un reflujo: la asistencia a las asambleas locales se ha reducido, aparecen síntomas de desgaste en los sectores más activos y parece no existir claridad en los objetivos que se persiguen; ¿pero es que acaso tiene sustento la afirmación de que el movimiento ha llegado a su fin? A la hora de hacer un balance sobrio es imprescindible evitar que un árbol impida ver el bosque en su conjunto, en este caso: el estado de ánimo y desgaste del movimiento en su conjunto. Los movimientos de masas no marchan siempre en un ascenso ininterrumpido, sino de forma contradictoria. Antes de su declive definitivo, se producen alzas y bajas en las que se reconfiguran las fuerzas y las bases reflexionan y rectifican una y otra vez el rumbo. En este caso, el reflujo natural por el que atraviesa la lucha sólo es una etapa transitoria. Las decenas de miles de jóvenes que salieron a movilizarse durante sus vacaciones aún no han sufrido una derrota decisiva, ni están desanimados. Aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya dado ya un veredicto, el horizonte del movimiento se extenderá hasta el 1 de diciembre.

Al interior del movimiento, no han faltado tampoco los balances hipercríticos que recriminan al movimiento haber desperdiciado mucho tiempo en marchas, haber planteado mal su programa de lucha, haber manejado mal su política de alianzas, su modelo de organización, etcétera. ¡Pero si todo lo que #YoSoy132 ha hecho, lo ha conseguido en apenas tres meses de lucha y luego de décadas de que no se producía un sólo movimiento interuniversitario en el país! ¡Todo ello pese a que los estudiantes mexicanos no cuentan, como en Europa o Suramérica, con organizaciones permanentes y federaciones nacionales! En tales circunstancias, la creación de la Asamblea General Interuniversitaria (AGI) ha representado una verdadera proeza del sector más politizado de los estudiantes, un reto que refleja el enorme hartazgo con la situación que viven a diario y sus enormes ganas de construir, escucharse entre sí y luchar. El movimiento ha tenido por supuesto deficiencias importantes, como la escasa discusión política para planificar acciones y el no superar del todo una lógica coyuntural y pragmática; pero no pueden borrarse de plumazo las lagunas producidas por la ausencia de una organización nacional permanente en décadas, ni por el hecho de que cada nueva generación estudiantil tiene que politizarse empezando desde cero.
  1. Autonomía y política de alianzas
Una de las discusiones que ha cobrado mayor relevancia al interior de #YoSoy132 ha sido la necesidad de preservar el carácter apartidista del movimiento y su autonomía. En este debate ha salido a relucir el tema de la vinculación con las organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, destacando el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Es innegable que el movimiento debe mantener su independencia respecto de cualquier partido u organización política. Todo movimiento estudiantil puede mantenerse vivo en tanto es una expresión heterogénea en la que convergen fuerzas, corrientes y actores de distinta índole, lo que implica que la política y las acciones que adopta tengan que ser discutidas democráticamente por todos sus integrantes. Por otra parte, el movimiento #YoSoy132 ha surgido también como una respuesta a la inoperancia, burocratismo y alejamiento que han tenido los partidos de izquierda de los problemas de los jóvenes y del pueblo en su conjunto. Durante la última década ha sido cada vez más evidente como el PRD, que en sus inicios fue producto de una gran movilización social, ha entrado en un proceso de descomposición ideológica, alejándose por completo de las demandas de la población trabajadora e integrando sin ningún problema a tecnócratas emanados del PRI y el PAN: desde salinistas de la talla de Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, hasta asesinos y represores del pueblo como Arturo Nuñez y Manuel Barttlet. ¿Por qué el movimiento #YoSoy132 habría de adherirse a la agenda de un partido que ha asimilado a la perfección la forma de hacer política del viejo PRI, si precisamente ha surgido como una expresión de rechazo a la política que este y otros partidos han consentido hacia los jóvenes?

Todo esto es verdad de principio a fin, pero la cuestión no se agota ahí. Durante el último sexenio el movimiento civil de mayor relevancia en el país ha estado agrupado en torno al MORENA (antes Convención Nacional Democrática), cuya base social se integra por cientos de miles de trabajadores del campo y la ciudad. El observador superficial en materia política argumentará que éste no es más que otro movimiento de corte electoral y sin trascendencia en las luchas sociales del pueblo, pero esta afirmación es falsa. Quienes han conformado al MORENA o lo que comúnmente se ha denominado “la base social del obradorismo” han sido miles de personas con pasado en luchas sindicales, barriales, estudiantiles y de derechos civiles. Son miles de hombres y mujeres que han tenido también injerencia en procesos históricos como las luchas por la vivienda que sucedieron a los sismos de 1985; el fraude electoral de 1988; el movimiento civil contra la intervención del ejército en Chiapas, de 1994; la lucha contra la extinción de Ruta 100; la luchas magisteriales del Distrito Federal, y otras tantas más. Cabe decir además, que son millones de personas asentadas en los barrios y las colonias más populares de la zona metropolitana del país, que a su vez tienen profundas tradiciones de organización y lucha comunitaria. Ahora bien, el hecho de que el proyecto de país que Obrador plantea no sea revolucionario y plantee ilusiones en el capitalismo, no desacredita a las masas que lo siguen, ni implica que éstas sean incapaces de pensar por su propia cuenta o cuestionar lo que su dirigente dice.

Durante los ya casi cuatro meses de vida que lleva el movimiento #YoSy132, los ataques del gobierno y las televisoras han consistido en una infatigable campaña de intrigas entre las que se incluye que “#YoSoy132 está infiltrado por integrantes de MORENA”. Este como todos los embustes mediáticos, se basa en la propagación de verdades a medias y mentiras descaradas. Analicemos con detenimiento la lógica de esta acusación: en una ciudad que ha sido tradicionalmente de izquierda, donde el PRD ha ganado con un 60 por ciento de los votos las elecciones pasadas, y que a diferencia de otras capitales, preserva importantes libertades democráticas, es inevitable que las preferencias políticas existentes en toda la población se expresen de forma similar en las universidades. De hecho, antes del surgimiento de #YoSoy132, el referente más amplio de organización de miles de jóvenes había sido el Movimiento de Regeneración Nacional de Jóvenes y Estudiantes (MORENAJE) fundado el 14 de octubre de 2011 en asambleas masivas por todo el país. Pero para cerrar paso a las dudas, quizá sea más conveniente remitirnos a cifras concretas.

En el simulacro electoral celebrado el 17 de mayo en decenas de universidades de la zona metropolitana, los resultados reflejaron que López Obrador era el candidato mayor respaldo entre los estudiantes. En la UNAM, de un total de 17 mil 124 sufragios efectivos, los resultados fueron los siguientes: 85.1 por ciento en favor de López Obrador, 5.5 por ciento para Enrique Peña Nieto, y 4.6 para Josefina Vázquez Mota del PAN, y el mismo porcentaje para Gabriel Quadri de Nueva Alianza. En el Politécnico los resultados no fueron mejores para el PRIAN: en la unidad Zacatenco, Obrador arrasó con 83 por ciento de los sufragios; en el Casco de Santo Tomás, 84 por ciento por Obrador y en UPIICSA 76.6 por ciento. Y aún más, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 81 por ciento; en la UAM Xochimilco 85.4%; en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 89.1%, etcétera. (http://www.proceso.com.mx/?p=307859). ¿Esperaban acaso los analistas de régimen que los estudiantes estuvieran identificados en su mayoría con las juventudes blanquiazules y el Comité Pro Vida? Teniendo en cuenta estas cifras, la afirmación de que #YoSoy132 ha sido infiltrado por integrantes de MORENA, es una acusación que sólo puede sorprender a los retrasados. ¡Inevitablemente un sector de las masas que han participado en #YoSoy132 han sido a su vez partidarios de Obrador o votaron por él en las urnas! En uno y otro caso, lo que ha hecho a los jóvenes involucrarse en estos movimientos no son causas distintas, sino un profundo deseo de transformar al país y acabar con la miseria, la violencia, la corrupción y la opresión imperantes en México. Que mejor ejemplo de ello que la reciente toma del palacio municipal de Xalapa, donde miembros de MORENA y #YoSoy132 se apoderaron conjuntamente de las instalaciones de gobierno para repudiar la farsa electoral del 1 de julio.

Desafortunadamente, las intrigas recurrentes han llevado a algunos sectores del movimiento a afirmar que en aras de respetar el principio de apartidismo y la autonomía, #YoSoy132 no debería entablar ninguna clase de relación con MORENA. La fórmula así planteada es errónea y sólo puede alejar a los estudiantes del sector social que puede luchar de la manera más efectiva para impedir la llegada de Peña Nieto al poder. Cierto es que #YoSoy132 debe preservar su autonomía con relación a cualquier partido, movimiento u organización social, pero en lo que se refiere a su política de alianzas está facultado para entablar relaciones con aquellas organizaciones que comparten puntos en común con su programa de lucha; más concretamente, un frente único (como la Convención que se llevará a cabo en Oaxaca) en el que cada movimiento marche con banderas separadas, pero se movilice por un mismo objetivo.

¿O es que existe alguien que en verdad piense que en el país puede lograrse un cambio sustancial, sin las bases de MORENA? Los ultraizquierdistas menosprecian la capacidad de comprensión que las bases de este movimiento tienen y lo tildan frecuentemente de “corporativo”, como si las multitudinarias movilizaciones contra el fraude de 2006 hubieran estado compuestas por millones de acarreados y no por sujetos guiados por su propia experiencia y conciencia política. En ningún modo pretendemos omitir que este movimiento es poco democrático y tiene rasgos de verticalidad muy acentuados, pero nos guste o no se trata expresión social más grande de la izquierda en nuestro país, con una composición de clase muy definida. ¿Se han puesto a pensar acaso los sectarios porque los integrantes del SME votaron en su mayoría por Obrador?, ¿se han puesto a pensar los radicales de aula, porque los familiares de los presos políticos de Atenco solicitaron apoyo a las bases del movimiento obradorista para exigir la liberación de los suyos? ¡Ah, seguramente porque MORENA “es un movimiento corporativo” y no una expresión de cientos de miles de personas que anhelan una transformación social de fondo.

Durante el Encuentro Nacional Estudiantil (ENE) celebrado en Huexca, Morelos, no fueron pocas las intervenciones de estudiantes que criticaron la mentalidad sectaria y citadina de algunos participantes por suponer que en provincia se gozan de las mismas libertades que en el Distrito Federal. Un estudiante de Culiacán explicó: “Sinaloa es de mayoría pirísta. Los que nos mantenemos en la movilización constante somos algunos núcleos de la Universidad [Universidad Autónoma de Sinaloa] y comités de base del MORENA. No entiendo como se puede satanizar a los morenistas, si es la gente que en provincia da más la cara y la que está sufriendo las consecuencias de la militarización y la violación de derechos humanos”. Los sectarios suelen quejarse de la “inmadurez” de las masas porque “siguen luchando en el plano electoral” y porque se respete el derecho que tienen a elegir al gobierno que mejor les parece. Estos señoritos se llenan la boca de revolución y no saben en absoluto en lo que consiste una. Las revoluciones las hacen en realidad hombres y mujeres comunes y corrientes, personas que la mayoría de las veces (si no todas) inician su participación política teniendo ilusiones en la democracia y las instituciones burguesas. A diferencia de los estudiantes, que cuentan con tiempo libre para el estudio y son mantenidos por sus padres, los trabajadores aprenden de su experiencia cotidiana y sólo los grandes acontecimientos los hacen desengañarse del embuste que significa para los oprimidos la democracia liberal. Una política auténticamente revolucionaria no es aquella que crea un muro infranqueable entre las masas que participan en las elecciones y el marxismo, sino la que explica pacientemente las limitaciones de la democracia burguesa y se apoya en cada ejemplo relevante para ayudar a las masas a extraer conclusiones revolucionarias.

Los revolucionarios de aula suponen indigno involucrarse en una lucha por defensa del voto y claman porque #YoSoy132 tome distancia de estos asuntos. ¡Como si el fraude electoral hubiera sido perpetrado contra López Obrador en particular, y no contra millones de hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, que vieron visto burladas sus expectativas de cambio! ¡Como si la lucha electoral estuviera disociada de la lucha de clases y de las aspiraciones antagónicas que los trabajadores y la burguesía tienen! El temor de los grandes empresarios en realidad no se dirige contra un candidato que ha dado sobradas muestras de rehuir a toda confrontación con la oligarquía, sino contra las masas que lo siguen. A estas masas son las que la burguesía mexicana les tiene pavor, porque saben que una vez en movimiento, difícilmente se detendrán. ¿Significa eso que en aras de una lucha unificada el movimiento #YoSoy132 debe plegarse a la política y a la agenda de MORENA? ¡De ningún modo! El movimiento estudiantil debe preservar su autonomía con relación a Obrador y a la política claudicante que ha venido sosteniendo, pero sería un enorme error separarse de su base social, porque que sin este sector organizado, el movimiento estudiantil no podrá asestar un golpe decisivo a quienes quieren imponer a Peña Nieto.

¿O es que acaso alguien cree seriamente que la base social del PAN va a movilizarse para promover la justicia social, apoyar a los movimientos sindicales e impedir la imposición priísta? De ningún modo. El nivel de vida de las clases sociales que tradicionalmente respaldan a este partido, estará perfectamente asegurado con el gobierno de Peña Nieto. Este es el motivo de porque el PAN ha sido el primero en reconocer el fallo del TRIFE ante la elección presidencial, luego de que se inconformara hipócritamente por la compra masiva de votos. ¿Cuándo aquellos que claman vehementemente por la independencia política en abstracto han visto a los sectores de base del PRI o PAN apoyar al movimiento estudiantil mexicano? No existe en la historia contemporánea un solo ejemplo que valga la pena.

Los sectores sociales que respaldan al PAN se encuentran en los estratos altos de la clase media, de los pequeños y los grandes empresarios, así como sectores extremadamente pauperizados en donde la religión y el atraso cultural forman un gran dique que obstaculiza la toma de conciencia. Situación similar puede afirmarse del PRI que esta conformado por sectores corporativizados de la población, por sectores atrasados del proletariado y lumpenizados que se suman a sus filas por razones clientelares, admitiendo vender de su voto a cambio de alguna prebenda. Las bases sociales del PRI han cobrado forma a lo largo de treinta años de desmantelamiento del aparato productivo y son en esencia masas despolitizadas que no se organizan, no se manifiestan y son resistentes al cambio social.

A una semana de que el Poder Judicial haya validado el fraude electoral, la presión mediática para que Obrador no llame a la movilización se ha empezado a incrementar. Desde Pedro Joaquín Coldwell hasta el rector de la UNAM, José Narro, están exigiendo públicamente que AMLO acepte los resultados y llame a sus bases a resignarse. El temor que estos señores tienen es a que la rabia acumulada por décadas de cinismo, explotación y pauperización de las condiciones de vida de la población, se transformen finalmente en un estallido que sean incapaces de contener. Para evitar este escenario, saben que es urgente no sólo maniatar a los dirigentes de MORENA, sino evitar a toda costa que el movimiento social que en estos momentos tiene aún la capacidad de llamar a paralizar el país, no lo haga; esto es: el movimiento #YoSoy132. El movimiento estudiantil tiene la obligación de dirigirse a estos sectores de una forma compañera y de llenar el vacío que AMLO esta empujando con su política desmovilizadora. #YoSoy132 debe vincularse con los sindicatos, las organizaciones populares, con MORENA y el pueblo trabajador de forma abierta a través de su programa de lucha, generando frentes y espacios comunes para impedir que Peña Nieto llegue al poder. Un espacio donde se respete la autonomía de cada una de las expresiones sociales sin sectarismo, ni oportunismo.
  1. El movimiento #Yo soy 132 debe convocar al paro nacional de 24 horas

Nos encontramos en momentos decisivos. Los opulentos magistrados del TEPJF finalmente han validado la elección, cosa previsible en un Estado que se encuentra en abierta descomposición y en un país donde el narcotráfico se ha convertido en una de las principales palancas de la economía. De consumarse la imposición del PRI el 1 de diciembre, la correlación de fuerzas entre las clases sociales empezará a cambiar bruscamente. Una vez con el poder en sus manos, los priístas intentarán desarticular la capacidad de resistencia de los estudiantes y el pueblo trabajador en general, criminalizando con mayor energía la protesta social. Elementos como este ya empiezan a hacerse presentes de manera alarmante. Apenas este jueves 30 de agosto, elementos del Ejército Mexicano y policías federales, rompieron una huelga minera en Bermejillo, Durango, para forzar a los trabajadores a regresar a laborar en la empresa Excellon Resources.

Este último no es un hecho aislado. Bajo el manto de la lucha contra el crimen organizado el gran capital está encabezando una ofensiva contra los derechos de manifestación y huelga de los trabajadores. La crisis capitalista está orillando al Estado a adoptar rasgos cada vez más autoritarios, a la vez que la burguesía exige con mayor vehemencia la privatización del sector energético, la contrarreforma laboral y el aumento del IVA en alimentos y medicinas. La entrada del general colombiano Óscar Naranjo al equipo de colaboradores de Peña Nieto es ya una grave señal que anuncia lo que el PRI y el gobierno norteamericano están pensando para México: un Estado policiaco en donde las libertades democráticas queden en segundo plano para poder acabar con las conquistas sociales que aún se preservan en la Constitución.

Es momento de que #YoSoy132 convoque a un paro nacional de 24 horas del 2 de octubre. Es momento de salir a las calles, de hacer bloqueos de vialidades, de paralizar las fábricas y las instituciones públicas, de poner de manifiesto qué clase social tiene el control de la sociedad. Es necesario llamar a los sindicatos y a las organizaciones sociales a movilizarse basándose en el programa de lucha que ha aprobado el movimiento. La AGI debe hacer un llamado unitario a todas las organizaciones sociales y movimientos para golpear juntos a una misma hora y bajo un mismo fin: impedir la llegada de Peña Nieto. Todos y cada uno de los integrantes del movimiento deben ser conscientes de que aún tenemos el capital político y la influencia mediática para hacerlo, pero también que esta condición no se sostendrá indefinidamente.

Un viejo proverbio dice que la debilidad invita a la agresión. Y efectivamente, aquel que crea que la mejor alternativa para el movimiento #YoSoy132 es desmovilizarse para no entrar en conflicto con el régimen, al mismo tiempo es cómplice de la ofensiva empresarial que se esta preparando desde ahora y que será implementada sin consideraciones a partir del 1 de diciembre. A unos días de que se haya reconocido el fraude, Peña Nieto ya ha entrado en conversaciones con Calderón para acelerar la aprobación de la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), dejando entrever el inicio de lo que será su gobierno. Cada vacilación del movimiento estudiantil, cada titubeo por explotar el recurso de la movilización ahora, será pagado por el movimiento social con altos costos en el futuro. Las universidades públicas no están exentas de este riesgo. La reconfiguración política del aparato gubernamental el 1 de diciembre, determinará a su vez el cambio de las relaciones de poder entre los distintos sectores de las elites y la burocracia, así como la promoción de políticas que durante la década pasada se habían debilitado: el porrismo, el incremento de colegiaturas, las restricciones a los límites de permanencia de los estudiantes de escasos recursos, etcétera.

No se puede conciliar ni dialogar con quienes han pisoteado las leyes, han masacrado al pueblo y pretenden entregar los bienes de la nación a los grandes capitalistas. Las consecuencias de haber aceptado un fraude electoral en 2006 se tradujeron en una absurda guerra que le costaron casi 100 mil muertos al país. Aceptar un nuevo atropello sin siquiera llamar a movilizarnos y a resistir de forma decidida, implicará enfrentar un escenario de desastre para los próximos 6 años, en los que las posibilidades de realizar una transformación pacífica del país serán cada vez más difíciles. ¡Aún estamos a tiempo de revertir esta situación! ¡Pongamos todo nuestro empeño y combatividad para impedir que Peña Nieto asuma el poder! ¡Hagamos que #YoSoy132 pase a la historia como un ejemplo entereza, valor y resistencia frente a quienes pretendían hacer retroceder los derechos y las condiciones de vida de la población mexicana a la época colonial!

1.9.12

Contrainforme #YoSoy132


Seis años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión, seis años de mentiras y promesas falsas, de simulación, corrupción, complicidad y de un Estado de excepción que nos han impuesto. Seis años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía mientras nosotros, la sociedad ponemos los muertos, los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades. Seis años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades, seis años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales . Seis años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a una educación crítica para una vida digna. Seis años, de nuevo, en que los políticos no dialogan con la sociedad pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. Seis años en que han querido que veamos un México que sólo existe como versión oficial, seis años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes sirven.

Nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos la clase política, y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por esto es que el movimiento #YoSoy132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Esté análisis parte de la lectura critica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también lo que nutre nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad a la que convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna.

  1. Democratización de los medios de comunicación, información y difusión
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en lo que tiene que ver con medios de información es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance, en telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas voraces empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico propiedad de los mexicanos. Se persiguió y violentó  a ciudadanos que buscan crear sus propios medios a través de radios comunitarias; y se caracterizó por las persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas.

En México, los medios de comunicación cuentan con un marco jurídico anacrónico y discrecional. Felipe Calderón no sólo asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer valer el orden jurídico vigente para desplegar acciones autoritarias y favorecer al duopolio televisivo. La única acción legislativa que impulsó en la materia fue su aval al Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y a la libre expresión. Felipe Calderón Hinojosa lucró políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado relativa a medios de comunicación.

Una situación simular podemos observar en el ámbito de las telecomunicaciones. Tres casos son muestra de la política de discrecionalidad del actual gobierno: la licitación 21 donde favorece a Televisa y Nextel; la fusión Televisa-Iusacell nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas; y el “rescate” de la banda de 2.5 Ghz debido a la presión ejercida por Grupo Televisa. El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación para beneficiar a los consorcios mediáticos lesionando con ello a las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al mercado de la telefonía. Televisa y TV Azteca como socios concentran el 88 por ciento de las concesiones de televisión abierta, teniendo 94.4 por ciento de la audiencia televisiva, lo cual les favorece con un 58 por ciento del total de la inversión publicitaria, recibiendo 30 por ciento del gasto de comunicación social federal según los mismos datos de la COFETEL.

Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió en varias ocasiones a abolir la brecha digital así como fomentar la competencia de aquellos que ofrecen el servicio de interconexión. Sin embargo, el escaso acceso a Internet, debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructura de telecomunicaciones, impide el despliegue de las redes. Al mismo tiempo, la alfabetización digital es todavía deficiente. A lo anterior podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de internet, un tema recurrente en este sexenio. Ejemplo de ello es el intento de la aprobación deliberada y tramposa de ACTA. A estas alturas del sexenio de los 112 millones que habitamos el territorio nacional apenas 9 millones tenemos computadora en casa, de los cuales sólo 6.9 millones tienen acceso a Internet, lo que nos deja con un promedio de penetración estimada del 30.7% colocándonos a  2.7 puntos porcentuales debajo de la media mundial y de -8.8 puntos del 39.5% que es de la media Latinoamericana.

Mientras a los grandes consorcios mediáticos el gobierno federalconcedió licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos ciudadanos por crear sus propios medios los persigue y agrede. La labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que las comunidades puedan ejercer ampliamente su derecho a la información y  libre expresión. Estas son algunas de las Radios Comunitarias que han sido violentadas durante este sexenio: Radio Diversidad Veracruz; Radio Tierra y Libertad Nuevo León; Radio Uekakua Michoacán; Radio Eiampiti; Radio Ñomndaa Guerrero. Las cuales han sido agredidas y persguidas por el gobierno federal.

En el mismo tenor, a lo largo de este sexenio, México vivió una inédita crisis de seguridad pública cuyo costo humano se calcula ya en más de 95 mil muertos; dicha crisis se vio, por consecuencia, reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión registrándose un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72 periodistas o comunicadores asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan sólo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, que van de amenazas, a asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque cibernético,  y acciones legales. (Article 19, 2011: 9-21).

Destacamos que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la violencia contra la prensa cambió sus características, a lo largo de estos seis años al problema de la censura, se agregó el escenario de los periodistas rehenes y ataques a directos a las instalaciones de los medios de comunicación. En torno a la censura, durante este gobierno, destacó que “el ataque sobre el gremio de periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos rebasó el 53 por ciento de los casos, mientras que los atribuibles al crimen organizado se encuentran sobre el 13 por ciento” (Castro, 2012), los casos de Lydia Cacho y el de Carmen Aristegui, resultan en este sentido paradigmáticos. Es así como queda desmentido el discurso oficial de que el responsable de la violentar la libertad de expresión en el país es el crimen organizado.

Un Estado como el mexicano que no puede garantizar la integridad física y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar tampoco nuestro derecho a la información.

Adicionalmente las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios. El gobierno federal ha creado lazos de complicidad con la industria cultural, lo que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada nacional y transnacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio cultural, obra de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios simbólicos sean construidos por los sistemas jerárquicos del poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución en los diversos medios: radio, televisión, museos, teatros, editoriales, entre otros.

En virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de comunicaciones en México hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria, la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial; y donde las políticas públicas de comunicación son contrarias a los intereses de los ciudadanos mexicanos.

Por la democratización de los medios de comunicación en México ¡ #YoSoy132!


  1. Cambio al modelo educativo, científico y tecnológico
La política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte presentada en el sexenio de Felipe Calderón antepone los intereses del sector empresarial nacional y global sobre  las necesidades sociales. En el caso de educación, los modelos y planes educativos se adecuan a un mercado laboral inequitativo.

Esto lo confirma ahora la reciente Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS), en la que se constata que el modelo pedagógico por competencias y habilidades, implementado desde el nivel básico, elimina paulatinamente disciplinas pertenecientes a las Humanidades y a las Ciencias (como es el caso de la filosofía y de la historia), y deja en su lugar asignaturas mixtas que abordan el conocimiento de forma sesgada y confusa; lo que cumple con el único objetivo de simplificar el conocimiento para formar obreros certificados, y no sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes universitarios; y que, en no más de una década, eliminará generaciones de científicos y humanistas mexicanos y hará depender al país en su totalidad  de la tecnología y la ciencia producida en otros lados.

Tanto la RIEB como la RIEMS recorren el camino de la masificación de habilidades básicas y deja el conocimiento especializado a los países desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las élites; hecho que condenaría al país al rezago y el nulo crecimiento en todos los ámbitos.

En este contexto, la desaparición de los modelos educativos como los del Colegio de Bachilleres y la Preparatoria Abierta como los conocemos, gracias a la homologación de la currícula y la eliminación de materias, es un claro ejemplo de esta reforma. Aunado a esto, la SEP pretende maquillar las cifras de deserción al proponer un certificado parcial; su próximo argumento será: no tenemos desertores sino  numerosos certificados parciales.

El ingresó a una educación media y superior de alto nivel académico, UNAM, UAM e IPN, es cada vez más difícil para los jóvenes, debido a que el crecimiento de las instituciones públicas no corresponde  con  la demanda educativa en nuestro país. Las autoridades  educativas sostienen que los mejores estudiantes ingresan a la universidad, sin embargo, este argumento se cae cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la UNAM, por ejemplo: a nivel licenciatura fueron rechazados aspirantes a la carrera de medicina, cuando obtuvieron cien aciertos de un examen de ciento veintiocho; es decir, la excelencia en el examen de admisión no es suficiente para ingresar a una educación universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos movimientos de rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades educativas atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes, cuando son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones educativas de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la educación pública  con el fuerte apoyo a universidades privadas.

Ciencia y Tecnología.
El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento social y económico de un país; le otorga a la sociedad herramientas esenciales para resolver problemáticas y necesidades diversas. A pesar de ello, en México, la situación del ámbito científico es relegada por el Estado.

Con relación al financiamiento, la ley de Ciencia y Tecnología (emitida durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe Calderón) estipula que el  presupuesto para CyT no debe ser menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, la inversión en este sector es menor al 0.5%. Aunado al precario presupuesto existente, es mal administrado y poco transparentado. La gestión de políticas públicas eficientes y prácticas es esencial para sacar a México del rezago en CyT en el que se encuentran, no obstante, los actores involucrados en la revisión y aplicación de las leyes no cuentan con el nivel educativo necesario en ciencia y tecnología.

Otro problema crucial es el estímulo y empleo de los recursos humanos. Son muy pocos los profesionales en CyT que encuentran cabida en el sector productivo mexicano, lo que fomenta la “fuga de cerebros” y una ausencia de renovación generacional. La ciencia y la tecnología limitan su labor y crecimiento debido a los siguientes factores: bajo número de plazas disponibles en instituciones de investigación, pocas opciones de inclusión en los campos laborales afines, escaso y lento desarrollo regional, centralización de recursos; y una inadecuada legislación. Como consecuencia, la producción de profesionales de la CyT en México es baja en comparación a otros países de Latinoamérica. Además, en términos de proyección, México aporta solamente el 0.65% del conocimiento científico mundial.

El desarrollo en México debe generar las condiciones de autonomía científica y tecnológica. Sin embargo, debido a que la inversión en desarrollo e innovación es baja, México importa más del 95% de la tecnología utilizada por los sectores productivos. Bajo este contexto, la solicitud de patentes por ciudadanos, empresas o instituciones mexicanas es pobre. Es urgente definir e impulsar las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica con el fin de generar y fortalecer los recursos humanos que puedan atender las diversas necesidades de la sociedad.

Respecto al uso de los Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos, estos pueden tener un impacto positivo para la población, pero en ciertos casos su uso es nocivo, por ejemplo: el maíz no regulado es un peligro para la seguridad alimentaria y biológica del país.

Arte y patrimonio
El ámbito artístico es uno de los más abandonados en la gestión  calderonista, tanto en recurso como en la protección del patrimonio nacional. Debido a la visión empresarial del gobierno, el arte es considerado una mercancía más; es decir, si no produce bienes entonces no es digno de cuidado ni protección. Bajo este contexto, se reduce el papel del patrimonio nacional al turismo, que muchas veces no respeta las condiciones de protección a la arquitectura o a la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas: recorte en el presupuesto destinado a este sector; escasos empleos para los artistas y gestores; y abandono de espacios arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se pude documentar en el incumplimiento de las siguientes leyes: “Ley General de Bienes Nacionales”, “Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas” y “Artísticas e Históricas”.

  1. Cambio al modelo económico neoliberal
La crisis de la deuda externa presente en México y en América Latina a inicios de la década de los años ochenta, dio pauta a que la banca acreedora internacional, conjuntamente con los organismos financieros multilaterales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, impulsaran un plan encaminado a continuar con el pago del servicio de la deuda externa, para lo cual se redujo el consumo, la inversión y el gasto gubernamental. Junto a las políticas de ajuste restrictivas, se procedió  al “cambio y ajuste estructural”, que consistió en la apertura de la economía mexicana a los flujos financieros y mercantiles internacionales y en su inserción forzada a la globalización capitaneada por los Estados Unidos.

La agenda de restructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin interrupciones desde entonces, no obstante, el capital financiero internacional ha empujado las llamadas “reformas estructurales de tercera generación.” Entre ellas destacan: 1) la privatización de los servicios de seguridad social como el caso de las pensiones para el retiro; 2) la apertura al capital privado de sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía; 3) la construcción de grandes obras públicas por medio de las llamadas “asociaciones público privadas”; 4) una reforma fiscal que disminuya, aún más, el impuesto sobre la renta (ISR), y, en su lugar, aumente los impuestos al consumo, como el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos; y 5) la total desregulación del mercado.

La política económica seguida por el Estado está  concentrada en la estabilidad macroeconómica beneficiando a los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la utilización del tipo de cambio como posible palanca para impulsar a la industria mexicana; asimismo, la política fiscal, que mantiene el equilibrio presupuestario, se subordina al objetivo de la política monetaria. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de política industrial han impedido la generación suficiente de empleos.  Asimismo, el alza de los precios de los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias: todo esto se traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el sexenio calderonista.

Hablar de desempleo es también abarcar la precarización del trabajo, los datos  muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a casi 14 millones; de ellos, 4.2 millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos; 6.4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, y otros 10.8 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos. Según cifras del INEGI ha aumentado el desempleo, la ocupación parcial y la desocupación con estos porcentajes: en 2006 la tasa de desocupación era del 3.6% mientras que en 2011 ascendió al 5.4%; en 2006 la de subocupación era del 6.9% mientras que en 2011 ya ascendía al 8.2. %   Tal como lo muestran estos datos, entre las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como son: el desempleo, trabajos en condiciones laborales precarias (sin ingresos o con muy bajos ingresos), la informalidad y la subocupación, da como resultado que más de 12 millones de jóvenes enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente.

Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los trabajadores, para ello se implementan diversas medidas que evitan que estos se organicen y defiendan sus derechos, durante el sexenio de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la desaparición de Luz y Fuerza, algunos “charrazos” en el magisterio, como en Chiapas, Baja California y Sección IX D.F.. No se ha dado solución a la situación con Elba Esther Gordillo y el SNTE, símbolo del charrismo sindical, el conflicto con la CNTE, la situación con los mineros desde 2006 en Cananea, Sicarsa, Taxco y Sombrerete, los trabajadores de tierra en aviación, los de la vidriera en San Luis Potosí y los petroleros independientes, entre otros.

Este modelo económico no sólo reduce las condiciones de vida de la mayoría de la población en beneficio de unos cuantos sino que también se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales del país. El modelo económico depredador, tanto en su ámbito productivista en el sector rural, en el desarrollo de infraestructura turística por y para extranjeros, así como en su dimensión extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado por pérdida de hábitats y biodiversidad, aceleración de los procesos de desertificación, pérdida y degradación de suelos, incapacidad de captación de agua, menoscabo de reservas de agua fósil, intrusión de agua contaminada en las costas, deterioro o desaparición de lagunas costeras; en resumen, la salud y funcionalidad de los ecosistemas, y con ello la degradación de los recursos ambientales, básicos para la supervivencia humana y de la vida misma.

En conclusión, el sexenio de Calderón sólo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población, en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y donde el objetivo principal es la ganancia de los grandes capitales nacionales e internacionales. El movimiento #Yo soy 132 está consciente que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta,  es por eso que el movimiento #YoSoy132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz.

  1. Cambio al modelo de seguridad nacional y justicia
En el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo sustancial fue la movilización social en el estado de Oaxaca del movimiento magisterial. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo gobierno, éste emprendió  una Guerra contra el crimen organizado que se transformó discursivamente en una Guerra contra el narcotráfico.

Esta guerra, como señalan los análisis de autores como Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio y Laura Carlsen, consultados por el Movimiento #YoSoy132, fue emprendida por el Gobierno Federal como parte de la estrategia de legitimación de un gobierno emanando de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN por sus siglas en inglés) y el Plan Mérida.

Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de 1,400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda (según datos del Colegio de México) al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual se ha emprendido ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes de mayo del 2012, que impulsará la “Guerra contra el narcotráfico” y la militarización de Centroamérica y el Caribe.

Revistas de investigación como Proceso Contralínea han dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México:  la presencia de autoridades y efectivos de la DEA, CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el Operativo Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de 2,000 armas y municiones en territorio nacional. A la par, el adiestramiento en “contrainsurgencia” de mandos militares mexicanos por el Comando Norte ha sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la IV Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, el cual permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos, México y toda América Latina.

En este mismo contexto, según José Luis Piñeyro de la revista Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011, 320 mil millones de pesos del erario público en materia de seguridad el 2.5% del PIB, el triple de lo que destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos destilables a este rubro por año, lo que ubica a México en el onceavo país con más gasto en materia de seguridad en todo el mundo según estudios del World Military Expenses. Con estos recursos el gobierno Calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista animal político, ha llevado a más de 45,000 militares y un número indeterminado de marinos, a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico de ha manifestado.

Esta estrategia de militarización del país en la guerra contra el narcotráfico, no ha demostrado ser efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta guerra ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en los se da dicha violencia. La guerra, esta guerra que los ciudadanos no pedimos ha causado una verdadera catástrofe social:

80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.

Estas cifras, que no sólo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio que el gobierno de Calderon muestra hacia las víctimas de esta guerra.

Somos víctimas, no somos "daños colaterales", no aceptamos esa condición porque ésta exonera de responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en este estado de excepción, a quienes han sido cómplices por cerrar los ojos y suprimirnos, por desconocernos, por matarnos, secuestrarnos, y desplazarnos una y otra vez con su política de muerte. (Mauro, Victima, San Fernando, Tamaulipas)

Por lo anterior, reconocemos que tal como dice Conflict Barometer, el fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los balances y e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización civil Human Right Watch que mencionan que esta guerra a construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna como: la llamadas narcofosas donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010 y más de 150 cadáveres en Durango, los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o Policías Federales, el asesinato de jóvenes en masa como en Villas de Salvarcar en 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo.

Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de la luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas: el asesinato de Josefina Reyes Salazar, y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, Julio César Reyes Reyes y Rubén Reyes Salazar; la persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Marisela Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade; los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarce y Rocío González; el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leyva y José Trinidad, el asesinato de Luis K. Fong, el asesinato del activista de la FfyL Carlos Sinuhé Cuevas Mejía; los luchadores del MPJD Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón y Marcial Baustista; los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Jorge Alexis y Edgar David Espíritu; la periodista Regina Martínez de la revistaProceso; todas estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres colman nuestra tierra.

Estamos hasta la madre, hoy decimos basta, no más sangre.

  1. Transformación política y vinculación con los movimientos sociales
Informamos que el gobierno de Felipe Calderón no impulsó una democratización del Estado, sino que por el contrario profundizó  sus aspectos más autoritarios.

Las reformas electorales preservaron un sistema en el que la política es monopolizada por los partidos, cada vez más alejados de la sociedad y subordinados a los grupos de poder y a las grandes televisoras, bloqueando el acceso a una verdadera participación social.

El corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que el gobierno se relaciona con la sociedad. El gobierno prefirió aliarse con las cúpulas de los sindicatos corporativos y atacar a los trabajadores organizados de manera independiente y democrática. Además, la flexibilización laboral ha implicado un ataque a cualquier forma de organización en este sector.

Así mismo, los crímenes de odio hacia las mujeres se presentaron sistemáticamente en todo el territorio nacional, haciendo evidente la necesidad de una reforma a la ley que reconozca y penalice estos delitos. El Estado de México  que presenta el mayor número de casos de feminicidios no reconocidos por el gobierno quien además se opone a la alerta de una perspectiva de género que reclama la sociedad civil.

La gestión de Felipe Calderón  mantuvo una posición autoritaria y violenta ante  la movilización social organizada. La Reforma Penal Constitucional del 2008, así como la Ley contra la delincuencia Organizada se han convertido en una forma de control y criminalización de los movimientos sociales, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y sobre todo el derecho a la protesta social.

La paramilitarización del país ha permitido al Estado imponer de manera violenta las políticas neoliberales de despojo, desplazamiento y sobrexplotación. El resultado de dichas políticas de Estado se reflejan en:

1.- Presos políticos; aumento sistemático en las detenciones a los luchadores sociales.

2.  La desaparición Forzada, La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, ha reportado 26 casos documentados de los cuales 15 siguen desaparecidos y 7 son ejecuciones extrajudiciales. En el último año de gestión hay más desapariciones forzadas que en el periodo que abarca del 2005 al 2010 siendo la mayor parte de los casos registrados en Michoacán.

3. Ataque a defensores de Derechos Humanos. Con un registro de 256 casos de Violaciones de Derechos Humanos (VDH) documentadas en contra de personas defensoras, ocurridos de enero de 2011 a marzo de 2012, en todo el país, el 72% ha sido contra coordinadores, líderes o fundadores de las organizaciones. El Estado busca que la represión tenga un alcance a largo plazo, es decir, que logre un impacto transgeneracional, lo cual denota la lógica selectiva y de mayor intensidad con que opera.

4. Ejecuciones extrajudiciales. Es uno de los fenómenos de represión a los movimientos sociales de mayor impacto y violencia dada su naturaleza de vulneración del derecho a la vida por parte de quienes deberían garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Durante el último sexenio se ha documentado un aumento paulatino en las cifras de ejecuciones extrajudiciales, mientras que en 2008 se registraron 6 casos,  en el periodo que va de enero a mayo del 2012 se han documentado 29 casos, la mayor parte en Guerrero y Oaxaca.

En un contexto donde las políticas violatorias de los Derechos Humanos han afectado a los distintos sectores en resistencia, el pueblo de México debe saber de la arrogancia y la prepotencia con que el actual gobierno federal trata  a los movimientos sociales. Ejemplo de ello son:

El Sector Laboral. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En sus  casi 100 años de  histórica lucha, los electricistas han visto afectados por todo el aparato estatal. Javier Lozano al mando de la Secretaría del Trabajo, negó la toma de nota al secretario general de este sindicato, además de intentar una y otra vez, generar división interna. Más tarde, el Ejército y la Policía Federal tomaron por asalto las instalaciones de la compañía de Luz y fuerza que continuaron tomadas y saqueadas aún meses después. Fue así como el “presidente del empleo”, resolvió echar a la calle a 44 mil trabajadores en activo y dejar en la incertidumbre a 22 mil jubilados. Calderón no ha dado ninguna prueba de sus acusaciones contra los trabajadores y las tarifas y el servicio eléctrico no han mejorado.

Otro de los casos paradigmáticos,  es el de los 76 mineros sepultados en la mina de pasta de conchos, en Coahuila. El gobierno tampoco ha hecho justicia a sus familiares quienes exigen la entrega de los cuerpos de las víctimas; por el contrario, el grupo minero México sigue operando impunemente en nuestro país, manteniendo en las peores condiciones a los trabajadores.

En el caso del asesinato de 49 niños en la guardería ABC, en Hermosillo Sonora; tampoco ha habido deslinde de responsabilidades, ya que ni Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, ni Juan Molinar Horcasitas, ex director general del IMSS, han pisado la cárcel. Aquí tampoco ha habido justicia.

Siguen sin cumplirse los Acuerdos de San Andrés y nuevamente se atenta contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Prueba de ello es la impunidad ante los asesinatos y desapariciones de los comuneros de Cherán quienes luchan por su autonomía, así como el hostigamiento a la policía comunitaria de Guerrero que ejerce sus formas de justicia y autogobierno.

  1. Cambio al modelo de salud
Nuestra lucha es a favor de la salud, la justicia, la libertad y la democracia. Ello, porque estamos seguros de que son el único camino para brindarle una vida digna a todos los habitantes de nuestro país. Con base en lo anterior, es nuestra responsabilidad denunciar lo que ha sucedido en el sexenio del presidente ilegítimo Calderón, lapso de tiempo en el cual consideramos que el mal gobierno ha demostrado un desprecio rotundo por la vida de nuestros conciudadanos.

El actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar el derecho a la Salud, consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna y el correspondiente al artículo 123 que establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. La salud, entonces, no es un área que deba ser dejada a la deriva o la suerte, cuidarla, es el mandato supremo de nuestra sociedad y no admite ninguna excepción.

Bajo la ideología neoliberal que ha demostrado ineptitud al ser una de las principales causas de la crisis del 2009, le brinda continuidad al proceso de privatización del sistema de salud mexicano, y es por ello que junto con Zedillo y Fox, Calderón permitió  y fomentó el desmantelamiento y desfinanciamiento del IMSS e ISSSTE.

También, se ha cimentado el camino de la privatización de la salud, con el fortalecimiento del llamado Seguro Popular, no siendo otra cosa que un paquete de servicios básicos, debido a que no cubre de forma real las demandas de salud de nuestra población porque debido a que no cuenta con la infraestructura suficiente para ello, abriendo la puerta a los prestadores privados. Ya establecido este paquete básico de servicios, el siguiente paso es la “universalización”, que busca reducir las prestaciones que hoy gozan los derechohabientes de la seguridad social, entendiéndose como una universalización de la precariedad.

Así, señalar los principales problemas que aquejan a nuestra nación, nos servirá para mostrar el estado de cosas que impera bajo el gobierno de la derecha. Como puntos de importancia se hallan la obesidad y las enfermedades conjuntas tales como la diabetes, la hipertensión arterial sistémica y sus complicaciones, las muertes por violencia que tanto han dañado a nuestra población desde la “guerra contra el narco”. De igual manera la desnutrición y los problemas que le acompañan principalmente en los niños y las poblaciones indígenas.

Otro punto es el de la mortalidad materna durante el embarazo que está lejos de alcanzar las metas del milenio que propone la ONU. Por otra parte, tenemos el caso de la subrogación y la concesión de servicios a particulares con efectos negativos como fue el el caso de la guardería ABC, donde perecieron 49 niños y 101 resultaron lesionados sin que hasta la fecha haya responsables.

La destrucción de nuestros entornos naturales acarrea serios problemas de salud que tienen que ver con la disposición y acceso al agua potable, la desnutrición, males respiratorios por la pésima calidad del aire y existe, también, un descuido en la seguridad alimentaria del país como lo demuestra la reciente importación de maíz de África, y de huevo de varias partes del mundo (con su crisis actual), el sometimiento a la industria alimenticia y la nula regulación en los medios masivos de comunicación en materia de alimentos chatarra.

Señalamos que los médicos, residentes, pasantes e internos en este sexenio son ejemplos de las nuevas formas de organización del trabajo a quienes se les impone una amplia flexibilidad en los horarios, largas jornadas laborales, cargas intensas de trabajo, polivalencia y con responsabilidades que en la vía de los hechos deben asumir por la falta de médicos de base. Son la fuerza laboral en que se funda la atención médica en los 3 niveles de atención tanto en el campo como en la ciudad.

De ésta manera, la imposición de Enrique Peña Nieto busca culminar la obra que iniciaron las administraciones panistas, beneficiando a la iniciativa privada a través de fondos públicos en detrimento del bienestar de la población en lugar de fortalecer las instituciones de salud que ya se tienen..

Finalmente, nos manifestamos por un sistema de salud de acceso a toda la población sin limitación alguna, que contemple todas las enfermedades, que sea de calidad, efectivo, basado en la prevención y promoción de la salud. Un sistema sanitario que verdaderamente atienda las enfermedades crónico-degenerativas y no las convierta en motivo de lucro.

Estos son los saldos de estos seis años:

Ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos seis años de decisiones tomadas a espalas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más y sabemos que con Enrique Peña Nieto este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la sociedad pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer un país diferente.

Por eso convocamos a todos, a la sociedad en general a que participe de este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación de México.

Construyamos el camino que florece en nuestras manos.
Por una democracia autentica
#YoSoy132