23.11.17

Peña Nieto, el bullying y los derechos humanos

Carlos Fazio

“Señoras y señores, quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez…” El craso error político-diplomático de Enrique Peña Nieto al recibir al mandatario uruguayo en Palacio Nacional el 14 de noviembre lo pinta de cuerpo entero. Pero tan burdo o más grave, aún, fue calificar, un día después, como rufianes, matones, crueles y déspotas (derivaciones todas de la definición convencional de bully), a quienes critican el accionar de los aparatos de seguridad del Estado.

Más allá de que es materialmente imposible que la sociedad civil haga bullying (es decir, hostigue, intimide, agreda o acose física o sicológicamente) a policías, soldados y marinos que desde hace 11 años son coprotagonistas de una violencia criminal sin límites y de la militarización y paramilitarización de México, el falso victimismo gubernamental exhibe el talante autoritario de quien hacia el final de su desgobierno sabe que una vez que deje el cargo podría ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Empezando por el caso de las torturas físicas, sicológicas y sexuales de agentes policiales a un grupo de mujeres en Atenco y el penal de Santiaguito, en mayo de 2006 −cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México–, cuyos autores materiales e intelectuales permanecen impunes, ventilado la semana pasada en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada la proverbial ineficiencia de la justicia mexicana.

Las mujeres en Atenco forman parte de un paisaje crónico que exhibe un largo rosario de víctimas de la violencia criminal y estatal, que son revictimizadas después al ser tratadas con cinismo, desidia y desprecio por funcionarios y agentes del Estado. Un Estado cuyo nivel de barbarie quedó condensado en el caso Iguala/Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014, que desnudó aún más a ese reino de la impunidad que es el México de hoy −según describió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la sentencia del Capítulo México en noviembre de ese año−, donde hay homicidios sin asesinos, tortura sin torturadores y violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidades en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

Pero la impunidad en México no es sólo ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades de agentes policiales e integrantes de las fuerzas armadas en la práctica de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias extrajudiciales, cometidas como parte de un mecanismo educativo y disciplinador del Estado, que busca imponer un sentido de impotencia a la sociedad mediante un terror paralizante; una violencia estatal y un miedo como parte de una estrategia contrainsurgente de control de población.

Ese mecanismo disciplinador responde a una lógica estructural, consustancial a un esquema de violencia institucional aplicada por el sistema político mexicano para imponer medidas económicas que responden al interés de la plutocracia. Es decir, de los megamillonarios marca Forbes. En general, los medios de difusión masiva silencian o invisibilizan que la actual catástrofe humanitaria en México es responsabilidad de un aparato estatal que actúa en absoluta colusión con los intereses del capital trasnacional, las políticas de Estados Unidos y organizaciones criminales, en lo que fue caracterizado por la fiscalía del TPP como un proceso de desvío de poder.

El desvío de poder es caracterizado como una transformación del aparato estatal que, a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población, utilizando al poder público para la consecución de intereses particulares.

Dicho desvío de poder se realiza en todos los planos del funcionamiento estatal: político-legislativo (verbigracia, el Pacto por México); judicial (siguen impunes las matanzas de Ocosingo, San Cristóbal, Chicomuselo, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ostula, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, etcétera), y económico (contrarreformas neoliberales, en particular la energética como vía para el despojo de tierras y recursos geoestratégicos), en tanto expropiación o secuestro del aparato público que, asaltado en su capacidad de decidir y usurpada su legitimidad, queda vaciado.

Definida como un ilícito atípico, la actitud más anómala de la desviación de poder en tanto mecanismo criminal, consiste en el uso de los gobiernos federal, estatal y municipal, representantes políticos y poderes fácticos, de las capacidades políticas, económicas, culturales y jurídico-institucionales del Estado, con el propósito de satisfacer o beneficiar los intereses de la clase capitalista trasnacional.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México en 2005, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales, exterminio, tortura, desaparición forzada de personas, violación, privación grave de libertad, esclavitud, etcétera), que adquieren dicha condición cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.

En el contexto de una violencia sistemática, generalizada, endémica, de alcance nacional y con masacres de proporciones bélicas −como las señaladas en el informe que disparó la ira controlada de Peña Nieto−, hablar de bullying a las instituciones de seguridad del Estado exhibe el empaque autocrático de quien no admite la crítica de sus gobernados y, a la vez, indicios de que siente que ha entrado en la cuenta regresiva de la pérdida de poder político y teme por los crímenes de lesa humanidad que se le puedan imputar hacia el final de su mandato.

9.11.17

Socialismo y antiimperialismo

Claudio Katz

La relación entre el socialismo y antiimperialismo presentó varias certezas durante el siglo XX. La meta anticapitalista sería alcanzada a través de diversos caminos nacionales en una lucha contra la opresión imperialista. La radicalización de esas batallas determinaría el debut del socialismo en cada país de la periferia. ¿Cómo se procesó esa dinámica? ¿Cuál es su vigencia en el siglo XXI? 
ANTECEDENTES Y CONFIRMACIONES

Los primeros vínculos entre el socialismo y el antiimperialismo fueron establecidos por Marx en sus denuncias de la opresión colonial. Supuso que la transformación socialista se localizaría en Europa y que la periferia jugaría un rol secundario en esa mutación.

Posteriormente el autor de El Capital resaltó el efecto positivo de los grandes levantamientos en las regiones subdesarrolladas y elogió especialmente la sublevación de Irlanda. Destacó que su convergencia con las luchas sociales de Inglaterra favorecía la gestación de una conciencia solidaria en el proletariado.

El internacionalismo cosmopolita inicial de Marx evolucionó hacia un enfoque centrado en el empalme de los movimientos anticoloniales, con las acciones obreras en las metrópolis.

En el escenario de guerras inter-imperialistas de principios del siglo XX, Lenin transformó esa hipótesis en una estrategia integral. Rechazó las ideas socialdemócratas de padrinazgo sobre las colonias, denunció frontalmente al imperialismo y objetó la distinción entre modalidades regresivas y benévolas de esa dominación.

Con esa actitud postuló la retroalimentación de las luchas nacionales y sociales, en el complejo mosaico de Europa Oriental. Subrayó el derecho de los pueblos oprimidos a la auto-determinación y polemizó con los partidarios del internacionalismo puro, que cuestionaban las potencialidades progresivas de ese reclamo. Estas ideas contribuyeron a forjar la corriente comunista que lideró la insurrección bolchevique.

Cuando la expectativa revolucionaria decayó en Europa y se desplazó a Oriente, Lenin precisó su política antiimperialista. Distinguió el nacionalismo conservador de los capitalistas locales del nacionalismo revolucionario de los sectores oprimidos. Propició distintos puentes con esa vertiente para apuntalar desemboques socialistas .

Esta estrategia guió a los marxistas de posguerra durante el esplendor del antiimperialismo. Ese florecimiento acompañó a la descolonización de África y Asia y a los triunfos revolucionarios en China y Vietnam. Estas victorias indujeron, además, a percibir cómo el antiimperialismo contribuía a iniciar transiciones económicas socialistas para erradicar el subdesarrollo.

Para alcanzar esas metas la mayoría de los Partidos Comunistas promovía una etapa inicial de capitalismo nacional, en alianza con la burguesía. Los críticos de izquierda objetaban la viabilidad o conveniencia de ese periodo intermedio.

Esas corrientes postulaban estrategias de revolución permanente o ininterrumpida, enfatizando el protagonismo del Tercer Mundo o la confluencia con la clase obrera de las metrópolis. Todos coincidían en la prioridad de confrontar con el atropello estadounidense a los países que actuaban con independencia.

ÉXITOS Y FRUSTRACIONES

La estrecha conexión entre radicalización antiimperialista y desemboque socialista fue confirmada por la revolución cubana. Esa sublevación respondió a las agresiones yanquis con transformaciones anticapitalistas.

Ese curso demostró que era posible iniciar un proceso socialista a 90 millas de Miami. También aportó argumentos a los críticos de la estrategia de forjar alianzas con la burguesía y reforzó las propuestas de convergencias con el nacionalismo revolucionario.

La revolución cubana intentó una extensión continental a través de la gesta del Che. Postuló que el socialismo debía plasmarse a escala regional, en fuerte contrapunto con la Unión Soviética que apostaba a la coexistencia pacífica con Estados Unidos. Con este espíritu se forjó la OLAS y se convocaron las Conferencias Tricontinentales.

La revolución era el principal presupuesto de esa estrategia. Se esperaba desplazar por esa vía a las clases dominantes del manejo del Estado. Esa convicción sintonizaba con la preeminencia de dictaduras sostenidas por el Pentágono. La vía soviético-insurreccional y el camino guerrillero de guerra popular prolongada eran vistas como las principales opciones para la conquista del poder.

Una transición pacífica al socialismo era poco imaginable en el Tercer Mundo. Esos senderos eran promovidos en Europa Occidental, apostando a un efecto imitativo de los éxitos obtenidos por el bloque socialista.

Como todas las revoluciones irrumpían en la periferia para alcanzar alguna meta nacional, democrática o agraria, la idea de radicalizar esos procesos contaba con gran aceptación.

Ese período de esperanzas en un acelerado avance del proyecto socialista se cerró en América Latina en los años 80 con tres grandes frustraciones. La primera decepción fue la derrota de los movimientos guerrilleros, que generó balances muy críticos de la estrategia foquista.

El fracaso de la Unidad Popular en Chile fue el segundo shock. Como ese país arrastraba una larga tradición de continuidad institucional, algunos pensaban que allí era factible soslayar el eslabón revolucionario.

Salvador Allende intentó ese curso gradual mediante un acuerdo con la oposición. Pero quedó entrampado en la tolerancia suicida al golpe y no supo utilizar el respaldo popular para desbaratar al pinochetismo. Esa trágica experiencia confirmó la necesidad de la revolución en disyuntivas críticas.

La tercera frustración fue lo ocurrido en Nicaragua. El triunfo contra la dictadura y el acoso de bandas financiadas por el Pentágono parecían repetir al principio el camino cubano.

Pero los sandinistas sucumbieron ante el cerco militar, detuvieron las transformaciones sociales y pactaron con sus viejos adversarios. Al perder las elecciones precipitaron un clima de gran pesar en toda la izquierda regional.

Los resultados de esas experiencias no refutaron la centralidad de la radicalización antiimperialista para alcanzar la meta socialista. Más bien indicaron erróneos cursos para desenvolver esa estrategia. Pero la actualidad de esta política debe evaluarse a la luz de las enormes mutaciones de los últimos 30 años.

TRES CAMBIOS SUSTANCIALES

La primera modificación del periodo ha sido la etapa neoliberal, que empezó en los años 80 con la instauración de un modelo capitalista muy alejado del keynesianismo de posguerra.

El neoliberalismo es una práctica reaccionaria, un pensamiento conservador y un sistema de agresión contra trabajadores. Genera deterioro del salario y precarización laboral, mediante el desplazamiento de la industria a Oriente. Utiliza la informática para ampliar el desempleo, acentuar la marginalidad urbana y ensanchar la desigualdad.

Ese esquema opera al servicio de empresas transnacionales que promueven el libre-comercio para bajar aranceles y demoler competidores locales. Aprovechan la revolución digital para incrementar utilidades y facilitar la actividad especulativa de bancos mundiales que operan sin ningún control.

Ese modelo potencia los sufrimientos populares y precipita grandes crisis. Estas convulsiones irrumpen por la contracción de los ingresos populares, la sobreproducción y la expansión de las burbujas financieras.

El capitalismo neoliberal transmite ilusiones en la sabiduría de los mercados, la prosperidad espontánea y el derrame de beneficios. Pero también multiplica el miedo al desempleo y socava la legitimidad de los sistemas políticos. Si la izquierda no logra canalizar el descontento social, ese malestar es capturado por la derecha.

El segundo cambio del periodo derivó de la caída de la Unión Soviética. La relevancia de este acontecimiento fue corroborada por la periodización del siglo XX como una centuria corta (1917-1989), fechada en el surgimiento y desaparición de ese sistema.

El neoliberalismo se consolidó con ese desplome. La existencia de la URSS había aterrorizado a las clases dominantes que otorgaron concesiones sociales inéditas. El estado de bienestar, la gratuidad de ciertos servicios básicos, el objetivo del pleno empleo y el aumento del consumo popular surgieron por temor al comunismo. Con el fin de la URSS los capitalistas retomaron los mecanismos clásicos de la explotación.

Los problemas económicos no determinaron el derrumbe de ese sistema. La URSS superaba a sus equivalentes en PBI per cápita, calidad de vida o niveles de salud y educación.

El desplome del régimen fue consecuencia de un vaciamiento político. Los gobernantes apostaban a su propia conversión en burgueses. Cuando encontraron la oportunidad para consumar ese salto, abandonaron el incómodo maquillaje socialista.

La población toleró ese viraje al cabo de varias décadas de inmovilidad y despolitización. Con la frustración del último gran intento de renovación (Primavera de Praga) se extinguió la oportunidad de rehabilitar el socialismo.

El tercer cambio del período se localiza en la estructura del imperialismo. Ese dispositivo incluye mayor coordinación de las acciones de gendarme, para lidiar con la nueva integración mundial de los capitales.

Estas formas de gestión colectivas prevalecen frente a la extinción de las viejas guerras inter-imperialistas. Nadie vislumbra la repetición de conflictos armados entre Estados Unidos, Alemania o Japón. La ausencia de proporcionalidad entre la supremacía económica y la hegemonía político-militar de las distintas potencias, impide la reaparición de esas conflagraciones.

A pesar de su relativa pérdida de preeminencia económica Estados Unidos mantiene su función protectora del capitalismo. Preserva una preponderancia militar absoluta y una dirección de las operaciones internacionales más riesgosas.

Pero los imperios centrales ya no actúan como únicos protagonistas de la gobernanza mundial. Apéndices integrados a la estructura dominante (Israel, Australia, Canadá) tienen mayor relevancia y formaciones subimperiales autónomas (Turquía, India) son más gravitantes a escala regional. Cumplen un papel tan reaccionario como desestabilizador del orden global.

También los adversarios de largo plazo de Estados Unidos (Rusia, China) son más influyentes. Actúan en forma defensivas frente al imperialismo y de manera ofensiva hacia sus vecinos. Buscan forjar estructuras propias de dominación.

Estos convulsivos roles de las potencias centrales, los apéndices, los subimperios y los imperios en formación se verifican en escenarios de guerra permanente, como Medio Oriente.

¿En este contexto de neoliberalismo, desaparición de la URSS y remodelación de los dispositivos imperiales sigue gravitando el antiimperialismo?

OTRO PERFIL DEL MISMO DATO

Algunos analistas estiman que el antiimperialismo perdió incidencia con la globalización. Estiman que decayó junto al declive de los senderos nacionales, en el nuevo escenario de luchas anti-sistémicas a escala mundial.

Pero no brindan ejemplos de esas resistencias directamente globales. Es evidente que las tradiciones, organizaciones y programas nacionales continúan singularizando las movilizaciones de cada región.

Otros autores afirman el antiimperialismo es obsoleto. Consideran que se extinguió junto a los movimientos de liberación nacional, en un contexto de pocas colonias y muchos países soberanos.

Pero no registran cómo la opresión nacional ha resurgido con nuevas guerras, migraciones y rediseños de fronteras. Tampoco notan hasta qué punto la intervención imperial se ha intensificado con pretextos humanitarios. Basta observar la demolición de Medio Oriente o la desintegración de África para dimensionar las consecuencias de ese atropello.

Hay pensadores que reconocen la gravitación del antiimperialismo, pero lo observan como un dato negativo. Señalan que divide a los trabajadores, generando tensiones artificiales por las costumbres, idiomas o razas de cada grupo nacional.

Este cuestionamiento es ciertamente válido para el nacionalismo reaccionario de Trump o Le Pen. Pero no se aplica a Chávez-Maduro o Evo Morales. Ambas variantes están separadas por el mismo abismo que en el pasado oponía a un Mussolini con un Sandino.

Es absurdo clasificar a esa diversidad de liderazgos dentro de un paquete común de “populistas”. La nueva combinación de neoliberalismo con xenofobia -para restringir inmigración- se ubica en las antípodas del nacionalismo radical de Venezuela, Bolivia o Palestina.

Es también erróneo suponer que el antiimperialismo conduce al abandono de posturas anticapitalistas. La experiencia ha demostrado que las demandas nacionales y sociales no son antagónicas. Constituyen dos formas de reacción frente a la explotación padecida por los asalariados y la sujeción nacional, racial o religiosa sufrida por los oprimidos. Esa adversidad compartida conduce al empalme de resistencias comunes.

El antiimperialismo persiste como un dato central del siglo XXI. Esa gravitación ha sido confirmada por todos los procesos latinoamericanos de las últimas dos décadas.

En esa región se registraron significativos cambios en los levantamientos populares. Las clásicas revoluciones del siglo XX ( México en 1910, Bolivia en 1952, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979) fueron reemplazadas por rebeliones de otro alcance. Ya no irrumpieron formas de poder paralelo, ni organismos desafiantes del estado para coronar desenlaces militares.

Hubo importantes alzamientos populares en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina que superaron el alcance de cualquier revuelta, sin traspasar el umbral de las revoluciones. Esas sublevaciones modificaron los regímenes políticos, pero no demolieron al Estado, ni su ejército o instituciones.

Esos levantamientos mantuvieron un contenido antiimperialista mixturado con demandas contra neoliberalismo. En Bolivia las sucesivas “guerras del agua y del gas” (2000-03) confrontaron con las empresas extranjeras que lucraban con las privatizaciones. En Ecuador (1997-2000) se libraron batallas contra los bancos extranjeros, la entrega del petrolero y la presencia de bases militares estadounidenses.

En Argentina (2001) la lucha de los desocupados y la clase media confrontó con los ajustes del FMI. También en Venezuela (1989) las revueltas apuntaron contra el encarecimiento de la gasolina y las confiscaciones impuestas por el custodio de los bancos internacionales.

En todos los casos la deuda externa operó como un gran detonante. El pago de ese pasivo generó recortes de salarios que precipitaron movilizaciones por la auditoría y la moratoria. La masividad de esa demanda confirmó su centralidad en las economías dependientes. En todos los casos el antiimperialismo continuó operando como un eje articulador de la lucha popular.

VIGENCIA EN DISTINTOS GOBIERNOS

Es también llamativa la permanencia de la problemática antiimperialista en las distintas variantes de gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas.

Esa centralidad se verificó en las administraciones de centroizquierda (Lula-Dilma, Kirchner, Correa), que introdujeron reformas en el sistema político e intentaron modelos económicos neo-desarrollistas. Ensayaron cierta autonomía frente a los Estados Unidos, tomaron distancia de la OEA y trataron de ampliar el margen de UNASUR.

Pero cuando declinaron los proyectos de integración regional abandonaron esas pretensiones. Fueron gobiernos autónomos pero no antiimperialistas y esa carencia explica su total adaptación a la agenda de las clases dominantes.

La segunda variante de mandatarios mantuvo un perfil derechista (México, Perú o Colombia), que se ha expandido con la restauración conservadora perpetrada a través de victorias electorales (Argentina) y golpes institucionales (Brasil, Honduras, Paraguay).

En estos casos se verifica la contracara del antiimperialismo, a través de una descarada asunción de políticas pro-estadounidenses. Como siempre ocurre en América Latina, los gobiernos ultra-liberales son fanáticamente afines a la preeminencia de su viejo tutor.

Todos apuntalan la política exterior de Trump, convalidan la agresión contra México, recomponen la OEA, participan en las conspiraciones propiciadas por la CIA y delegan soberanía en materia de espionaje. Si en los gobiernos de centroizquierda hubo carencia de antiimperialismo, en sus pares de derecha abruma el sometimiento a Washington.

La gravitación de la problemática imperial se verifica finalmente en los gobiernos radicales de Venezuela y Bolivia. Esas administraciones han implementado políticas de redistribución de la renta, en choque con las clases dominantes y el padrino estadounidense.

Venezuela se ha transformado actualmente en el epicentro de esos conflictos. Resiste las pretensiones estadounidenses de recuperar el control de la principal reserva continental de crudo. El Departamento de Estado trata de repetir los operativos de Irak o Libia, busca instaurar el modelo de privatización imperante en México e intenta expulsar a Rusia y China de su patio trasero.

Esos objetivos explican la escalada de violencia que genera la oposición, ensayando variantes golpistas que combinan el sabotaje de la economía con la virulencia callejera.

Esta confrontación definirá el próximo escenario de la región. Un triunfo derechista generalizaría la sensación de impotencia frente al imperio y un resultado inverso permitiría apuntalar la nueva oleada de luchas sociales.

El antiimperialismo continúa definiendo la dinámica política latinoamericana. Su gravitación aumenta frente el proyecto recolonizador de Trump, que complementa la agresión contra Venezuela con el reforzamiento del embargo a Cuba. Esos atropellos reavivan la gran memoria de rechazo al intervencionismo estadounidense.

SINGULARIDADES LATINOAMERICANAS

El caso latinoamericano también ilustra la especificidad regional de la relación entre emancipación nacional y social. En ese terreno no hay recetas comunes para todo el planeta. Sólo existe un enfoque general de objetivos socialistas contrapuestos a la opresión imperial, que se adaptan a las diferentes situaciones de cada lugar.

La singularidad latinoamericana está determinada por la resistencia histórica al imperialismo estadounidense. El Pentágono ya no ejerce su dominación a través de dictaduras e intervenciones abiertas. Pero mantiene una gran primacía geopolítica (que no comparte con las potencias europeas).
Trump intenta utilizar ese poderío para retomar la supremacía total de Estados Unidos, frente a la novedosa presencia de China. Percibe que esa llegada no ha desbordado aún el terreno económico.

La impactante incursión del gigante asiático reviva todos los debates sobre el antiimperialismo. Durante los años de bonanza de las exportaciones latinoamericanas, no se aprovechó la posibilidad de una asociación integral con China para contrapesar la subordinación a Estados Unidos.

En vez de negociar en bloque con la nueva potencia, los gobiernos mantuvieron el bilateralismo. Ahora China tiende a erigirse como un referente del libre-comercio frente a Trump y ambas potencias disputan la apropiación del botín latinoamericano.

Otra peculiaridad del antiimperialismo regional es su estrecha conexión con el anhelo de unidad. Ese objetivo constituye una asignatura histórica pendiente. En la última década hubo algunos esbozos de integración con UNASUR y varias iniciativas solidarias del ALBA, contrapuestas a los tratados neoliberales de libre-comercio y diferenciadas del regionalismo capitalista del MERCOSUR.

Pero la oportunidad para concretar esos proyectos se frustró y los gobiernos de derecha recrean nuevamente la balcanización. Congelan UNASUR y paralizan el MERCOSUR para facilitar los negocios excluyentes de cada burguesía.

Como ese vaciamiento empalma con la crisis del Tratado del Pacífico (que promovían Obama y Clinton) predomina un clima de indefiniciones. Esa incertidumbre facilita el relanzamiento de los planteos antiimperialistas.

CONTRASTES CON MEDIO ORIENTE Y EUROPA

Las singularidades del antiimperialismo se clarifican en los contrastes entre regiones. América Latina comparte con el mundo árabe una batalla común contra el saqueo. Ambas zonas han sido avasalladas y colonizadas por distintos imperios. Pero la reacción frente a esos atropellos transita por carriles diferentes.

En Medio Oriente las demandas antiimperialistas están entremezcladas con agudas tensiones regionales y globales, en escenarios bélicos. Como ya ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en una misma confrontación se combinan choques entre potencias, batallas democráticas y resistencias antiimperialistas.

Las demandas nacionales en el mundo árabe están mixturadas con esos intrincados conflictos geopolíticos. Esa complejidad explica, por ejemplo, que triunfos del movimiento nacional kurdo (y su conquista de zonas autónomas) se logren bajo la coyuntural protección de Estados Unidos. Una sintonía de ese tipo es inconcebible en América Latina.

Otra peculiaridad son los yihadistas, que disputan con el Pentágono mediante acciones totalmente ajenas al antiimperialismo. Operan como movimientos reaccionarios que han sido tan enemigos de la primavera árabe, como las dictaduras de la región. Esta dualidad tampoco tiene parangón en América Latina.

Por distintas razones históricas -como el peso de la teocracia y la sofocación de los procesos de democratización secular- la relación entre emancipación nacional y social presenta en el mundo árabe, complejidades muy superiores a las imperantes en América Latina.

Las diferencias con Europa son también significativas. En el Viejo Continente conviven en un mismo radio geográfico opresores imperiales y naciones dependientes (Alemania con Grecia, Inglaterra con Irlanda). Comparten la misma integración a los organismos de la Unión Europea.

Esa estructura neoliberal afronta manifiestos rechazos populares cada vez que se vota. También suscita un fuerte despertar nacional contra la burocracia de Bruselas, al servicio de las empresas multinacionales. Esta tensión recuerda las resistencias nacionales de principios del siglo XX contra los viejos imperios.

En estos rechazos resurgen contradictorios sentimientos de soberanía y desintegración nacional. La gran variedad de culturas, tradiciones e idiomas que irrumpen en esos conflictos contrasta con la mayor homogeneidad de la configuración latinoamericana. Por esa razón el tipo de problemas creados con la fragmentación de Yugoslavia, la partición de Checoeslovaquia o los impulsos soberanistas de Cataluña y Escocia no se verifica en el Nuevo Mundo.

Sólo el ajuste impuesto por la Troika a Grecia presenta parecidos. Ahí se verifica el mismo catálogo de crueldades que padece América Latina. Alemania comandó la cirugía económica y Estados Unidos reforzó su primacía militar en las bases helenas de la OTAN.

En Grecia se procesó también una gran experiencia de resistencia popular. Esa lucha quedó abortada por el sometimiento a la Troika, generando frustraciones superiores a las experimentadas durante el ciclo progresista latinoamericano.

Los contrastes con el mundo árabe y con Europa ilustran la centralidad y las peculiaridades del antiimperialismo contemporáneo. ¿Pero su vigencia se extiende a la meta socialista?

PERSISTENCIA DE UN PROYECTO

Algunos pensadores retoman las viejas críticas al proyecto igualitario estimando que el socialismo perdió sentido. Señalan que es innecesario en los períodos de estabilidad y peligroso en las coyunturas de crisis.

Pero no explican cómo el capitalismo podría erradicar los sufrimientos populares, las guerras o la destrucción del medio ambiente. Tampoco han podido demostrar de qué manera podría ser reformado o humanizado un régimen que funciona acrecentando esas desgracias.

El neoliberalismo ha confirmado que el capitalismo se asienta en la explotación. También demuestra que la conquista de mayor democracia y logros sociales requiere implantar otro modelo de sociedad.

Es indudable que la caída de la URSS afectó seriamente la batalla por el socialismo, pero no generó la primera derrota sufrida por los oprimidos, ni ha implicado el fin de ese proyecto.

La historia de la humanidad incluye victorias inesperadas y amargas decepciones. La URSS fue un ensayo de socialismo que no logró eliminar la desigualdad. Pero conviene recordar que en otros casos (como la revolución francesa) los ideales de igualdad política se plasmaron en períodos muy posteriores.

Las ideas del socialismo no han perdido vigencia por su identificación con la Unión Soviética. Muchos conceptos sufrieron una deformación semejante y nunca fueron reemplazados. La bandera de la democracia ha sido utilizada para todo tipo de tropelías y esa usurpación no disoció ese concepto de la soberanía popular.

Al igual que otros principios de la acción política, el socialismo no tiene sustituto para batallar por el ideario pos-capitalista. La lucha por esa meta requiere nociones y estrategias que no se sustituyen con vaguedades sobre el pos-capitalismo .

El socialismo del siglo XXI recobra fuerza en su contraposición con el capitalismo, que es actualmente percibido como sinónimo de desempleo, pobreza y exclusión. El ideal comunista no es más utópico que el imaginario neoliberal del mercado, ni más irrealizable que las fantasías heterodoxas de intervención estatal. El socialismo ofrece un horizonte de emancipación real, a los jóvenes indignados que protestan en todo el mundo.

EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS

En cada región el socialismo está asociado con ciertas experiencias. En América Latina está muy identificado con el proceso cubano, que aportó a varias generaciones el mayor ideario de transformación social.

Cuba también demostró cómo un esquema económico-social no capitalista permite evitar el hambre, la delincuencia generalizada y la deserción escolar en una economía con pocos recursos .

La isla ya no está en condiciones de continuar el camino precedente. Debió intentar una renovación luego del colapso de la URSS, mediante la expansión del turismo, la llegada de empresas extranjeras y los mercados de divisas. Este curso generó serios problemas de segmentación social entre los receptores y huérfanos de remesas.

Ahora el país necesita ampliar la gravitación del mercado, ahorrar divisas y reanimar la agricultura, sin consagrar el retorno al capitalismo y evitando la formación de una clase dominante. Ese curso requiere reforzar las cooperativas, superar los ahogos burocráticos, transformar las divisas atesoradas en inversión y facilitar la pequeña propiedad.

Esa estrategia permitiría lograr altas tasas de crecimiento, limitando al mismo tiempo la desigualdad social. Es un curso que exige ejemplaridad de los dirigentes y continuidad de los sistemas educativos y sanitarios públicos.

La epopeya cubana afronta los nuevos desafíos en condiciones regionales adversas. Pero mientras el ideal socialista persista en la isla, esa meta permanecerá abierta también para América Latina.

Es importante registrar el estrecho camino que existe en la actualidad para mantener el proyecto de emancipación. Lo más peligroso para Cuba sería volver al período especial. Las reformas son tan necesarias como impedir la restauración capitalista.

Con la misma óptica hay que evaluar a Venezuela. El proceso bolivariano se desenvolvió junto a un enunciado socialista, que alcanzó gran difusión en las misiones, los hospitales, las empresas y las comunas. También la crítica a la burguesía fue incorporada al lenguaje corriente de amplios sectores populares. Ese giro ideológico empezó con la rehabilitación que hizo Chávez del proyecto comunista.

Todo ese rumbo afronta actualmente una crisis de gran alcance. Pero en lugar de sepultar los logros alcanzados corresponde discutir dónde se localizan las fallas, en un país (que a diferencia de Cuba) no consumó un debut del socialismo.

En Venezuela existe un grave problema económico por la obstrucción que impone la renta a cualquier proyecto de desarrollo igualitario. El socialismo es incompatible con ese escollo.

Bajo el chavismo la renta fue redistribuida a favor de los sectores populares, pero no fue utilizada para gestar una economía productiva. Por eso la industrialización quedó bloqueada y se recreó la convivencia con la burguesía, olvidando que la condición de un proyecto socialista es privar a la clase dominante de su poder económico.

También falló la política económica por una errónea utilización de las divisas, que potenció el desabastecimiento y la inflación. No hubo expansión del empleo productivo y en lugar de apuntalar un esquema combinado de plan, mercado y desarrollo socialista, persistió el consumo irracional y la baja productividad.

Además, se soslayaron ciertas nacionalizaciones claves -como los bancos y el comercio exterior- y se abuso de otras, que se volvieron perniciosas. Estos errores recrearon una larga tradición rentista de ineficiencia, que impide utilizar los ingresos petroleros para el desenvolvimiento industrial. No se pudo (o no se quiso) generar una cultura pos-rentista de producción y responsabilidad .

La corrección de esos desaciertos depende del desenlace de la crisis actual. Si la derecha triunfa el ideal socialista quedara afectado por mucho tiempo. Una victoria del proceso bolivariano permitiría, por el contrario, encarar un programa de erradicación de la boliburguesía y la corrupción. El escenario es difícil, pero los grandes proyectos revolucionarios siempre despegaron en la adversidad.

La experiencia de Bolivia transita por carriles menos dramáticos. En el plano económico hubo un manejo austero de la macroeconomía y en el plano político se recuperó el orgullo nacional y la auto-estima.

El gobierno de Evo logró consolidar una nueva configuración plurinacional del estado para ejercer su autoridad sobre todo el territorio. Las tensiones han sido menores a partir de un piso de subdesarrollo mayor. El Altiplano tampoco afrontó una hostilidad estratégica equiparable a Venezuela por parte del imperialismo estadounidense

VIGENCIA DE UNA ESTRATEGIA

En la última década el socialismo volvió a discutirse en América Latina. Ese proyecto recobró vitalidad a partir de las nuevas experiencias de Cuba, Venezuela, Bolivia y el ALBA.

Resulta necesario debatir con seriedad las luces y sombras de esos procesos sin indulgencia, ni derrotismo. El desenlace de la crisis en Venezuela influirá sobre el alcance de la resistencia social, los procesos electorales y los resultados de la agresión imperial.

En estos turbulentos escenarios la meta socialista continúa tan vigente como la mediación antiimperialista para alcanzarla. La dinámica clásica de radicalización persiste pero con nuevos ritmos y formas. La combinación de lucha nacional y social asume inéditos contornos y transita por inesperados senderos.

18.10.17

"Nos hicimos eco del sufrimiento, pero también de la utopía" *

Adolfo Gilly
 Para Mislova Breach y Javier Valdez
 
La señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí –tal vez esté, a su modo silencioso– contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández, antropólogo, hombre honesto y leal, y junto con él, su Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos, en su tarea de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de Guerrero; y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, en defensa de México, de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir.

En esta tarea, larga y dolorosa, fue precursora Rosario Ibarra de Piedra con su larga lucha por la aparición con vida y por la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra, empresa incansable llevada junto con sus compañeras de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y homenaje.

Abel Barrera fundó Tlachinollan en 1994, veintitrés años ya. Desde entonces ha desarrollado su ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de nuestros derechos en la República Mexicana, y en cualquier lugar del mundo que reciba el nombre y el título de República.

§

En estos días Tlachinollan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria en Guerrero, en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario a los pueblos indígenas en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua. Acaba de lograr una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDH) al gobierno de la entidad en favor de la comunidad El Coyul, en defensa de su derecho de acceso a la educación ante la carencia de maestros.

Le está dando seguimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el caso denominado Inés y Vale, donde está determinado que esas dos mujeres, de 25 y 17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en la Montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en 2002, la Coidh asumió el caso en 2010; Tlachinollan y Abel, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y no cejan.

El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. En la suma de esos casos, grandes y pequeños, Abel Barrera y Tlachinollan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e internacional.

§

La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas. Dijo entonces así Abel Barrera su gratitud: “Nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa Lugar de los Campos Quemados.

Nuestra utopía de Tlachinollan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de respeto y con reconocimiento, como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. La afectividad se construye. Nos hicimos eco del sufrimiento pero también de la utopía.

Y después: La justicia tiene rostro. Es una lucha legítima, canalizada se junta con el movimiento universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos: solidaridad, fraternidad y sobre todo la justicia.

§

En 2010, Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El 27 de mayo de 2011 Amnistía Internacional le concedió su Premio Anual de Derechos Humanos por su lucha con un gran riesgo personal por los derechos indígenas del estado de Guerrero. En esa ocasión estas fueron sus palabras de agradecimiento:

“En México la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha cercado nuestras sierras y avenidas, porque se ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.

“En el sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco por romper los muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. […]

La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de que goza el Ejército Mexicano.

Abel Barrera Hernández recibió el pasado día 12 el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017, en el Palacio de MineríaFoto Yazmín Ortega Cortés

§

Esta mención se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinollan y múltiples organizaciones, en el vasto movimiento por la aparición con vida y en libertad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando además fueron asesinadas otras seis personas, tres de ellas estudiantes de Ayotzinapa.

En su castillo de falsificaciones en torno al caso, el procurador general de la República dijo una sola verdad: El Ejército no se manda solo. En efecto: el Ejército obedece al mando del gobierno federal de la nación, de cuyo gobierno formaba parte destacada el procurador general. Es imposible, entonces, que este funcionario no supiera quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación Ayotzinapa y quiera reducir la controversia a un Ejército que, como él bien dice, obedece solamente órdenes superiores. ¿Y quién dio esas órdenes en el caso de Ayotzinapa?

Su verdad histórica –que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula– fue desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación del caso, con el acuerdo del gobierno federal y de los representantes de las familias de las víctimas. El GIEI trabajó en el país durante dos periodos de seis meses cada uno y publicó dos voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos, sus pruebas y sus conclusiones.

Esa investigación está espléndidamente resumida en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, México y España, editorial Foca, enero 2017, 268 páginas. Nada, salvo repeticiones de la verdad histórica del procurador general de aquel entonces, han podido responder hasta hoy el gobierno federal y sus dependencias.

No diré más aquí de ese caso, histórico por sí mismo. Lo que una vez sucedió se puede ocultar por un tiempo, pero no se puede borrar: Temamos a la historia, decía José María Morelos.

§

En estos nuestros días, después de más de tres años, la lucha de las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos humanos que los apoyan, entre ellas la más cercana, la guerrerense Tlachinollan, continúa sin reposo. Con su tenacidad nos protegen a todos, hasta donde proteger en estos tiempos sea posible.

Así dijo Abel Barrera, en una entrevista reciente con Luis Hernández Navarro: [https://www.youtube.com/watch?v=P5u156nRe3g]

“La Comuna de Ayotzinapa –parte luminosa de los padres y madres–- proviene de la cultura comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz, y tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, Ayotzinapa es también un colegio de estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos, donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación.

La Comuna de Ayotzinapa es la clave de la resistencia, y no por nada sigue siendo la cuna de la resistencia. Es la misma de los padres y madres, que han podido dar lecciones de cómo es preciso acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Sí, regresan a sus casas a ver a sus otros hijos. Pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es la Comuna de Ayotzinapa.

En la persona de Abel Barrera Hernández, también ellos reciben hoy el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud, Tlachinollan. Salud, antropólogo, organizador y compañero Abel Barrera Hernández.

* Leído en ocasión de la entrega del Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al antropólogo Abel Barreda en el Palacio de Minería, Ciudad de México, el 12 octubre.

29.9.17

Cuando las “super élites” no pagan impuestos

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para resarcir la crisis financiera de 2007, los gobiernos aplicaron la misma receta neoliberal: se endeudaron para salvar el sector financiero del colapso y, en lugar de recaudar dinero en el sector privado –sobre todo en las empresas transnacionales–, impusieron medidas de austeridad a sus pueblos, con lo que redujeron sus gastos en sectores clave como la educación o la salud públicas.

A una década de esa crisis, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil deploran que los gobiernos no abordaran de manera coordinada dos puntos clave del sistema financiero internacional: la competencia tributaria entre países y los paraísos fiscales que bancos, empresas transnacionales y personajes multimillonarios siguen utilizando para eludir los impuestos en los países donde sacan sus ganancias.

En su informe anual 2017, publicado el jueves 14, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) realizó un análisis sorprendentemente crítico sobre los impactos de la “hiperglobalización” y de las medidas de austeridad en las sociedades.
El organismo urgió a los gobiernos a asestar un “impulso fiscal concertado” para “reequilibrar las economías y las sociedades”.

A lo largo de sus 200 cuartillas, el reporte denuncia la extrema concentración de la riqueza en el sector financiero –los bancos acaparan 100 billones de dólares–, la privatización generalizada de los sectores de la salud, la educación y las pensiones, así como el surgimiento de “súper élites” internacionales, mejor conocidas en la opinión pública como “el 1%”.

Como resultado, la desigualdad se disparó en el seno de los países, y la riqueza global se concentró en las manos de ese 1%, que amenaza a los gobiernos con desplazar sus centros de producción y capitales hacia otros países en el caso de que incrementen los impuestos. La impotencia de los Estados dejó un terreno fértil a los discursos xenofóbicos y nacionalistas, constata el informe.

México es el más desigual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –los cuatro hombres más ricos del país concentran 9% del PIB– y el que menos impuestos recauda: un 17.4% de su PIB, apenas la mitad del promedio de las naciones del organismo.

También es uno de los países del llamado G24 con la menor tasa de tributación a las empresas: apenas 10.9% de sus ingresos fiscales provienen de las corporaciones.

Entre sus recomendaciones, la UNCTAD llamó a los gobiernos a incrementar sus ingresos fiscales –mediante impuestos a las propiedades y los ingresos del capital, o con el abandono de las condonaciones fiscales, entre otros– y luchar de manera eficiente contra los paraísos fiscales.

El documento subrayó que ningún país puede tomar esta iniciativa por sí sólo, puesto que enfrentaría el riesgo de que los ricos saquen las riquezas y sus capitales, que la moneda colapse o que arranque un ciclo deflacionista.

Y no sólo la UNCTAD: la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la OCDE multiplicaron los llamados a los gobiernos para que colaboren y pongan un “hasta aquí” a los abusos de las empresas transnacionales y del sector financiero.

Segundo plano

En medio de la crisis de derechos humanos que azota a México, el tema fiscal pasa a un segundo plano, lamenta la abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona, exrelatora especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos.

Sepúlveda es integrante de la Comisión Independiente para la Reforma Internacional de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés), la cual aboga a favor de una reforma fiscal internacional que iría más allá de las iniciativas de la OCDE, el “club” de los países occidentales más ricos del planeta.

“Los países recortan sus presupuestos sin buscar nuevos ingresos, dicen que no tienen recursos disponibles para mejorar los servicios de salud”, observa Sepúlveda, en entrevista con Apro.

Enseguida añade: “En América Latina, tenemos una base de impuestos bajísima en relación con la OCDE. No me digan que no tienen el dinero cuando en realidad regalan el dinero a las transnacionales y al sector más rico de la población. No están haciendo lo máximo que pudieran hacer, no me digan que deben tomar medidas de austeridad”.

Junto con los demás integrantes de la ICRICT –entre ellos el Nobel de Economía estadunidense Joseph Stiglitz, consultores y representantes de comunidades religiosas–, Sepúlveda busca mostrar que el tema fiscal es un tema de derechos humanos, que “nos afecta a todos, porque si el 1% de los más ricos no paga, es difícil que los Estados tengan el presupuesto suficiente para una política social”.

La chilena recuerda que las empresas transnacionales suelen negociar al tú por tú con los gobiernos, mediante acuerdos secretos –exenciones de impuestos, agilización de trámites, por ejemplo– y a veces a través de actos de corrupción. Los gobernantes, a su vez, justifican el otorgamiento de ventajas a estas empresas por la creación de empleos.

“Para que la sociedad civil pueda realmente estimar si la creación de estos empleos vale o no la pena, hay que saber cuánto las empresas dejaron de pagar impuestos. El riesgo que se corre es que los trabajos de la industria extractiva son de bajos salarios, y las empresas dejan de pagar muchos impuestos. En ello necesitamos que haya más transparencia, que esto sea público”, opina.

De acuerdo con la experta, “ahora más que nunca” los Estados deben implementar políticas tributarias progresistas que incrementen la base impositiva de los grupos económicos más fuertes y las empresas transnacionales.

“Este tema es donde más queda patente la injusticia: no pagan impuestos donde están generando el dinero, se van adonde tienen un pago de impuestos menor y se crea una competencia fiscal dañina”, deplora.

La experta cita la investigación periodística global Los Papeles de Panamá –en la que participó Proceso–, que exhibió las entrañas del mundo offshore, cuya secrecía y beneficios fiscales son usados tanto por los conglomerados transnacionales para reducir sus impuestos como por grupos criminales para lavar dinero de procedencia ilícita.

“Estos mismos sistemas que están promovidos por abogados, por empresas de contaduría, que facilitan que las empresas no paguen impuestos, también están utilizadas por las mafias”, asevera. Y añade: “Cuando hablamos de la tributación, no hablamos de temas que no le competen a la sociedad civil, porque afectan a la cohesión social de nuestros países”.

Sepúlveda señala algunos avances a nivel internacional. El pasado 16 de noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) criticó por primera vez a Suiza por sus políticas protectoras del secreto bancario y la información tributaria.

En sus observaciones sobre el país helvético, el organismo internacional se “preocupó” de que las políticas suizas favorables a las empresas transnacionales “puedan tener un efecto negativo en la capacidad de otros Estados, particularmente los que tienen escasos ingresos, para movilizar al máximo los recursos disponibles con miras a hacer efectivos los derechos de la mujer”.

Conciencia global

En enero pasado, la OCDE deploró que en México “la evasión y la elusión fiscal reducen los ingresos del gobierno” y, en un informe publicado el pasado miércoles 13, el organismo destacó que México es el país con la menor recaudación de impuestos, así como con la menor tasa de redistribución a través de impuestos y transferencias.

Ello es problemático, pues una baja recaudación fiscal implica una baja redistribución de las riquezas de un país, lo que se traduce en la concentración de los recursos en pocas manos y una baja inversión en los servicios públicos.

De acuerdo con este documento, la administración mexicana recauda impuestos equivalentes a 17.4% del PIB, una tasa mucho menor que en Dinamarca, donde se eleva a 45%.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el ingreso, sólo se reduce en 0.3% después de los impuestos en México. Es decir: el efecto redistributivo de la recaudación de impuestos simplemente no existe en el país, mientras que en Irlanda los impuestos “corrigen” el 41% de la desigualdad medida por el índice de Gini.

En su informe anual, la UNCTAD plantea: “Lo que se requiere es una estrategia de expansión (fiscal) y de incremento del gasto público, coordinada a nivel internacional”.

Enseguida añade que el objetivo de los gobiernos debería consistir en “poner fin a la austeridad y contener el sector financiero para servir la sociedad de nuevo”.

“Con la renuencia de los países desarrollados a realizar un impulso (fiscal) coordinado, la austeridad se convirtió en la política macroeconómica estándar en muchas economías emergentes, que enfrentan desbalances fiscales y altos niveles de deuda”, indicó.

“Desde los principios de la hiperglobalización, el sector financiero tendió a generar inmensas ganancias, absurdamente desproporcionadas con sus beneficios sociales”, observó la UNCTAD. En paralelo, las mayores corporaciones transnacionales acapararon una parte siempre más importante de la economía, a través de las privatizaciones de servicios públicos, por ejemplo.

El informe toma el ejemplo “bien conocido” de la privatización de Telmex durante la administración del expresidente Carlos Salinas.

Recuerda que, al comprar Telmex, el magnate Carlos Slim obtuvo un monopolio en el sector de las telecomunicaciones, desde el cual aplicó tarifas indebidas. De acuerdo con la OCDE, tan sólo entre 2005 y 2009, los mexicanos pagaron 25.8 mil millones de pesos de más cada año a la empresa del magnate, equivalente a 1.8% del PIB del país.

“Ello se presta a apoyar la visión de que la hiperglobalización promueve las ‘ganancias sin prosperidad’, y que el poder asimétrico en los mercados es un factor que contribuye fuertemente al incremento de la desigualdad en el ingreso”, sostiene el reporte.

26.9.17

El sismo, la militarización de la ciudad y la politización de la espontaneidad

Andreas Arroyo

Entre el polvo asfixiante del escombro y la pestilencia de la clase política mexicana y sus cuerpos de “seguridad”, queremos preguntar: ¿Qué deja al descubierto el sismo de 7.1 grados que azotó la Ciudad de México el martes 19 de Septiembre de 2017?

Se hace evidente, ante todo, la militarización a la que fue sometida la población en las zonas en donde ocurrieron los colapsos y derrumbes de los edificios. Pocas horas después del sismo, y ante la organización espontánea de los habitantes para emprender las primeras tareas de rescate en los lugares siniestrados, la SEDENA, SEMAR y PF, así como la policía de la CDMX, implementaron el “Plan MX”, cuyo aparente objetivo es, según Presidencia, “proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos de todas las regiones de nuestro territorio, antes, durante y después de una contingencia.”1

Sin embargo, como hemos podido constatar a lo largo de estos días, el operativo instrumentado por estos cuerpos de seguridad del Estado mexicano tuvo como objetivo el control de la población; en primer lugar, asegurando las zonas siniestradas al crear cordones de seguridad que replegaron e impidieron el paso de la población civil a dicha zonas; en segundo lugar, el control y la manipulación de la información, en donde, desde el guión elaborado por los militares, los principales medios de comunicación sirvieron para dichos fines.2

Se construyó una coartada que fue inhibiendo de manera súbita, y después poco a poco, la respuesta y organización de los civiles. Protección civil, tanto federal como a nivel CDMX, bajo el argumento de estar capacitados y “saber” que-hacer ante el terremoto, desarticuló, malinformó y obstaculizó las labores de rescate emprendidas por la población civil, delegando la tarea a la SEMAR, SEDENA y a sus pequeñas brigadas no capacitadas. En diferentes escenarios se pudo observar la falta de diligencia de dichas instituciones en las tareas de rescate, no así en el aseguramiento de la s zonas, como fue el caso de los edificios ubicados en: calle Álvaro Obregón 286, calle Coquimbo en Lindavista y calle San Luís Potosí esquina con Medellín, por mencionar algunos.

A lo anterior ha de añadirse que en diferentes poblaciones, ya desde el sismo del 7 de Septiembre, la SEMAR tomó el control de la distribución de los víveres y, en algunos casos, se hicieron con el control de la ayuda proveniente de otros lugares para posteriormente resguardarla y entregarla a nombre de sus instituciones y del gobierno federal .3

La respuesta del Estado mexicano, fue, una vez más, siguiendo los manuales de contrainsurgencia4 dictados por USA, la militarización y el control de la población.

Se hace evidente, por otra parte, la red de corrupción tejida entre las inmobiliarias, las constructoras y las autoridades delegacionales. Los permisos de construcción otorgados a las constructoras incumplen las normas de edificación proyectadas para la CDMX; además, se ponen en evidencia los trabajos de los funcionarios responsables de Protección Civil de las delegaciones, los responsables de obra, que por orden de la constructora o debido al desvío de materiales, emplean materiales de baja calidad, incompletos o no se cumplen los procesos y normas en el armado de las estructuras de carga y del concreto.

La mayoría de edificios que colapsaron son edificios construidos después de 1985, algunos, incluso, no tienen ni un año de haberse terminado. Las zonas, casualmente, en donde se derribaron la mayor parte de ellos son zonas en proceso de gentrificación.5

A todo ello debe agregarse el vínculo entre políticos y funcionarios de la CDMX con los empresarios inmobiliarios que hacen del derecho a la ciudad un negocio de cuantiosas ganancias en donde lo que menos importa es la calidad y la seguridad de las viviendas que construyen; así como la indiferencia frente al impacto ambiental que generan dichas construcciones.

Frente a esta tragedia, los partidos políticos enfilan sus estrategias de cara al 2018 y hacen de la desolación su botín político; reciclan propuestas para destinar los fondos de campaña a la reconstrucción de los lugares devastados, condicionan la ayuda proveniente de la sociedad civil a los afiliados a sus partidos, se toman fotos y prometen cosas que jamás han cumplido ni cumplirán; o de manera más descarada, como el caso del gobernador de Morelos, Graco Ramírez y su esposa, la presidenta del DIF, Elena Cepeda 6, retienen , desvían y se apropian de la ayuda enviada para usarla con fines electorales.

La población civil, mayoritariamente compuesta por jóvenes, salió a las calles a prestar ayuda. La solidaridad desplegada por los diferentes sectores de la población de la CDMX muestra que los tejidos comunitarios que creíamos rotos, aún existen. Sin embargo, la articulación que lograron a partir de las necesidades inmediatas frente al sismo es una articulación despolitizada, carente no sólo de referentes, sino carente de perspectivas que puedan derivar en procesos organizativos que posibiliten la impugnación y la transformación de las políticas implementadas en los últimos 30 años que han dejado al país en una crisis estructural en todos los ámbitos.

Es evidente el grado de inconformidad de la sociedad y el enojo ante la clase política que sigue los mandatos de las grandes empresas no sólo de la construcción, sino de las transnacionales que acaparan la producción y distribución de energía, alimentos, productos y servicios. Pero, también es evidente que si continúa la articulación despolitizada de estos sectores, la solidaridad no logrará generar un proceso que reconfigure el escenario de catástrofe que sigue desplegándose ante nuestros ojos como si soplara el viento, esta vez no del progreso, sino de la mera y llana barbarie. Por ello, politizar el enojo y la indignación es una tarea de primer orden.

Quizá vaya siendo hora de romper la unilateralidad de las demandas inmediatas y la esponteneidad, efectiva, pero efímera, y vayamos enfrentando comunitariamente la totalidad de problemas que hoy asoman a partir de un sismo que horadó el concreto, pero también, que abrió una situación posible de peligro, de peligro potencial para el edificio llamado Estado mexicano.
 
Notas:
1Así lo define Presidencia: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/ya-sabes-que-es-el-plan-mx

2Queda al descubierto, también, que existen diferencias operativas y políticas dentro de la SEMAR. Las declaraciones contradictorias entre dos altos mandos de dicha institución, en torno a la inexistente niña Frida Sofía, muestra los conflictos internos que existen.

3Véase el siguiente artículo del semanario Proceso: http://www.proceso.com.mx/503242/ejercito-la-marina-toman-control-entrega-viveres-en-oaxaca-mando-militar-video

4Sobre este tema, puede consultarse el libro de Gilberto López y Rivas, Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos: http://www.rebelion.org/docs/157900.pdf

5Al respecto véase: http://www.sinembargo.mx/22-09-2017/3312598

6Véase el artículo de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2017/09/24/politica/004n1pol

22.9.17

El sismo y el derrumbe de la información

Fernando Buen Abad Domínguez

En una situación de emergencia, de consternación y miedo como la que se produce con un sismo, la información es un aliado o es un enemigo según los intereses de quien la genera o manipula. Lo que debería ser un derecho inalienable y una responsabilidad social obligatoria, pasa a ser una mercancía lábil ahogada en mares de incertidumbre y angustia. Los monopolios mediáticos aprendieron a hacer, de esto, un festín comercial muy peligroso. México, tal cual. Poco es más desesperante que la insoportable levedad de la información mercantilizada. Avasalla conciencias para que reine el desconcierto. Toda información que se distribuya sobre México a partir del sismo debe ser verificada. Respeto por las víctimas y los damnificados.


Saber qué pasa, quiénes son los protagonistas, qué hacen, qué dicen, qué temen y qué necesitan. Objetivamente, concretamente. El maremágnum de acontecimientos es un desafío metodológico si se quiere contribuir a despejar confusiones pero es un caldo de cultivo idóneo si de lo que se trata es de que impere el desorden, el oportunismo y la proverbial manía burguesa de comerciar con las mentiras. En cada víctima del sismo está la sombra de la corrupción con las mafias inmobiliarias y gubernamentales. Ayudar no es sinónimo de cómplices.

Hay muchos presupuestos que deben ser tratados con destreza de quirófano si se quiere ser útil a las víctimas y a la justicia luego de que un fenómeno telúrico (o cualquier otro) hace de las suyas e impone sus consecuencias más duras (o menos) según su tamaño y según mil condiciones. Eso incluye la dialéctica entre la información y la opinión, entre los hechos y sus interpretaciones, entre la realidad y las ideologías. Eso incluye el acuerdo sobre principios universales que deben ser referentes y orientadores para que lo humano no se subordine a los negocios de los mercachifles, a los negociados políticos de sectas burguesas, o al “opio de los pueblos” en cualquiera de sus presentaciones. Son presupuestos teórico-metodológicos inexcusables a sabiendas de que, bajo el capitalismo que es mentiroso por definición, “por el engaño nos han dominado más que por la fuerza”. Por cierto, ¿alguien sabe qué relación hay entre sismos y fracking yanqui? (fractura de placas tectónicas para obtener petróleo). Toneladas de dinamita.

Y resulta que los gobiernos, que se han dedicado a defraudar a los pueblos al servicio de los empresarios, piden confianza en sus destrezas técnicas y administrativas para resolver o paliar las penurias, el duelo y las pérdidas que sufren las personas bajo esas condiciones duras. Piden “unidad” y “solidaridad” a-críticas para postergar debates, reclamaciones o denuncias a cambio de una reconciliación de clase coyuntural, ficticia y muy conveniente para el momento. A cambio de eso promesas, promesas y más promesas. Todo con sus cartas (de industrias inmobiliarias, de la construcción y del crédito) meticulosamente escondidas bajo la manga, para sacar jugo comercial al dolor de la gente. Todo con un decorado fastuoso de cámaras y micrófonos para simular el “derecho a la información” con gran tecnología mientras se distorsiona la semiología. CNN miserable -como es su naturaleza mercantil- comercia con el sismo y juega al “raiting” amarillista. Sus periodistas disléxicos terribles.

Un capítulo especial merece México, ensangrentado por el crimen organizado, golpeado por uno y otro fenómeno de la naturaleza (huracanes, terremotos, plagas…) aniquilado por las hambrunas, el desempleo, la expulsión de mexicanos a USA, el analfabetismo, la inflación, la especulación, la corrupción, los fraudes… ese México, pues, sacudido por el terremoto del neoliberalismo salvaje y que tiene millones y millones de damnificados. Ese México, en suma, que hoy padece en unos cuantos días dos terremotos, ahora vuelve a ser presa de las jugarretas informativas más irritantes y más dolorosas, porque han jugado con la esperanza del pueblo para volver a derrotarlo anímicamente en plena etapa pre-electoral. A esa clase de bajezas juegan los gerentes neoliberales cuando se juega con la información en medio de la tragedia. Son los amigos de Trump, cómplices del Muro. Quiere Peña Nieto un “padrón” de damnificados para “canalizar” la ayuda. ¿Pensará en créditos bancarios de sus cuates “inmobiliarios”? En México, ¿la urgencia de la demolición es urgencia de la contratación de negocios inmobiliarios? ¿Nuevos negocios con oficinas y viviendas? Cuando digan “es mala la calidad de la construcción” están queriendo culpar a los albañiles para esconder funcionarios.

A estas alturas de nuestra experiencia “informativa” global, después de que la bomba de Hiroshima se vendió como salvación de la humanidad; después de las “armas de destrucción masiva”; después de la ofensiva mediática contra Gadafi; después del ataque mediático monstruoso contra Venezuela… después de tanta falacia y tanto engaño, no podemos enfrentar acontecimiento alguno con ingenuidad ni lamentaciones a la hora en que se desnudan las mentiras y nos muestran el “estiércol del diablo” con que han sido fabricadas.

Y con esos antecedentes, con marcos teóricos y metodológicos pertinentes, con imaginación y suspicacia, con experiencia y con principios éticos sabemos que todo episodio será usado como emboscada para arrodillarnos ante los negocios de unos cuantos vivales que secuestraron el poder para extorsionar a los pueblos. Con esos antecedentes ya podemos ratificar que el “Derecho a la Información” es también un territorio de disputa social y que se trata de una disputa entre un pueblo urgido de orientación y claridad, frente a un puñado de comerciantes, para quienes los derechos humanos son sólo pretextos para negocios, para manipular, para extorsionar y para derrotar a los pueblos.

No se usen las imágenes duras para solazar morbos sino para sensibilizar solidaridades. El terremoto no es un “reality show” y nada de construir un muro, lo que nos urge es re-construir a México. Basta de saquear la riqueza del pueblo. Todo el dinero debe ir a las a las víctimas todas. Además de las necesidades que deja un terremoto a la vista, se hace visible también la necesidad del abrazo solidario de los pueblos hermanos. El sismo de 1985 produjo una sacudida nacional de la conciencia. Hoy, la auto-organización del pueblo superó al gobierno miserable. Saldremos de los escombros mediáticos.

19.9.17

Bloque 30 que se subastará en 2018, ambición de petroleras internacionales

Fabio Barbosa
A la licitación de la Ronda 2 –programada para enero de 2018– se incorpora el bloque 30. Codiciado por las grandes petroleras internacionales, el área contaría con un potencial de reservas superior al que actualmente tiene México en todos sus campos. Las trasnacionales lo saben: ellas mismas investigaron la zona


El pasado julio, el secretario Pedro Joaquín Coldwell anunció un “cambio” en el Plan Quinquenal de Licitaciones de la Secretaría de Energía: en la próxima subasta se incluirá un nuevo bloque, el número 30. Se trata de un enorme espacio distante más de 300 kilómetros frente a las costas de Yucatán. Nunca se ha perforado un pozo tan lejano de las regiones productoras de la zona Marina Noreste o de los pozos profundos de Campeche Oriente, como Nab y Tunich, y de la zona “Hux”.

El bloque 30 se ubica a unos 100 kilómetros al Noreste de las islas Pérez, Alacranes y otras que hoy forman parte de las referencias en el trazo de los límites en el Golfo.

El doctor Aldo Flores, subsecretario de Energía, confirmó que efectivamente no estaba contemplado en el Plan Quinquenal de Licitaciones, pero “recientes estudios hacen pensar que se podría incluir en la Cuarta Licitación de la Ronda 2, sobre todo para ver el interés de los inversionistas”.

Sobre esos “recientes estudios”, hay que saber quién los ha realizado, cuándo y especialmente qué resultados arrojan. Como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, constantemente repito a mis alumnos que todos los mexicanos tenemos la obligación y el derecho de conocer nuestros recursos en el subsuelo marino, de la misma manera que debemos conocer nuestros ríos, montañas y toda la riqueza vegetal o mineral en el territorio, algo que ningún gobierno puede anular alegando “confidencialidad” o “información reservada”.

Así que veamos lo que se va a vender. El mapa 1, a continuación, muestra la península de Yucatán y al Norte las islas Pérez y Desterrada, para dar una idea de las distancias, a poco más de 100 kilómetros al Noreste de ellas se encuentra el bloque 30.

Exfuncionario de Pemex revela algunos datos

El doctor Ernesto Marcos Giacomán, quien fue director de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a mediados de la década de 1990 y quien ahora funge como director de la consultora Marcos y Asociados, declaró a un conocido medio:

“Nosotros tenemos un cliente que ayudamos, una empresa noruega que vino a hacer exploración en la plataforma de Yucatán y descubrió una estructura presal muy similar o, incluso, mayor que la de Brasil; entonces si esto se confirma, con lo que van a estar analizando las empresas petroleras que están queriendo participar [en la subasta 2.4], pues eso sería… abrir una nueva frontera” (Sergio Meana, “Hay indicios de mega yacimiento”, El Financiero, 21 de julio de 2017; http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-indicios-de-megayacimiento.html).

La afirmación sobre el “mega yacimiento” había sido planteada, con otras palabras, por el subsecretario Flores, quien, en el evento de presentación de dicha licitación, hizo la sorprendente afirmación de que, con “este tipo de proyectos, se podrá incorporar a la producción no menos de un millón de barriles de crudo proveniente de las aguas profundas”. Es decir, duplicó la última cifra sobre las expectativas de esta zona en medio millón de barriles diarios, cifra que se había presentado por funcionarios mexicanos en Houston, según la reseña de Offshore (Robin Dupre, “Mexico opens up offshore areas for new seismic surveys”, 19 agosto de 2015; http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-75/issue-8/geology-geophysics/mexico-opens-up-offshore-areas-for-new-seismic-surveys.html).

Para tener una referencia comparativa, recordemos que actualmente Estados Unidos están produciendo –en todas sus aguas del Golfo de México, someras y profundas– 1 millón 750 mil barriles diarios; así que según la Sener, de tener éxito, la licitación 2.4 cambiaría el panorama petrolero de México.
De ahí que ésta 2.4 sería la mayor de las realizadas en el actual gobierno, por los 30 bloques que se ofrecen; la superficie de 70 mil 866 kilómetros cuadrados que abarca, y el volumen de reservas prospectivas que según el gobierno ascienden a 4 mil 228 millones de barriles de aceite crudo equivalente (más de la mitad de las actuales reservas probadas).

Mostramos a continuación otro mapa de uno de los grandes estudios realizados por Geological Survey, de Estados Unidos, en la década de 1980, que en su momento desató protestas diplomáticas presentadas por el fallecido senador Fausto Zapata, quien me lo entregó completo (más de 400 páginas) y que he estado obsequiando a alumnos y colegas profesores que me lo solicitan.

Lo que el mapa 2 muestra es que, desde hace décadas, la zona del bloque 30 estaba considerada entre los recursos evaluados en el Golfo de México, los gringos la llamaron Campeche Scarpment. Éste se ubica en el límite de la Plataforma de Yucatán y ahí comienza un pronunciado declive a la “Planicie Abisal” del Golfo de México, indicada por la isobata de 3 mil metros de profundidad.

Trump y la expansión a todo el Golfo de México

Dejaremos por un momento la parte mexicana y pasaremos a examinar lo que está ocurriendo con el Golfo de México, en la Zona Económica Exclusiva de Estados Unidos.

Un punto central en la campaña de Donald Trump, desde que era candidato, fue la propuesta de expandir la exploración y explotación petrolera hacia la zona central y oriental del Golfo. Ahora en la Presidencia, nadie ha expuesto con mayor vehemencia esa política que su secretario del Interior, Ryan Zinke, quien afirmó que el avance a esas áreas es “parte vital de la estrategia” en busca de la independencia energética.

Para incorporarse al gobierno federal, Zinke dejó la gubernatura de Montana, un estado productor en shales en la Cuenca Bakken, apenas rebasando los 50 años de edad. En ocasiones se ha presentado acompañado de indios disfrazados con la vieja vestimenta de los pieles rojas, tal como aparecen en las películas; de éstos presume que son sus “amigos” y que ellos están encantados con el fracking. La última payasada publicada por la prensa gringa fue su espectacular irrupción a la conferencia anual de petróleo marino, la Offshore Technology Conference, en Houston, Texas, este año, a donde llegó acompañado por un numeroso grupo de operarios de plataformas petroleras, vestidos con sus ropas de trabajo. Él mismo portaba un casco de petrolero.

El Golfo de México, parte vital de nuestra estrategia

Por considerarlo relevante para este análisis, transcribo un párrafo de su discurso al anunciar la subasta de bloques número 249, en el Golfo de México:

“Abrir más tierras federales y aguas para perforar en busca de petróleo y gas es un pilar del plan del presidente Trump para lograr la independencia energética de Estados Unidos… El Golfo de México es una parte vital de la estrategia de abrir oportunidades para la industria… Y las comunidades locales para crear trabajos… Y reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero (…‘The Gulf is a vital part of that strategy to spur economic opportunities for industry, states, and local communities, to create jobs and to reduce our dependence on foreign oil’)”.

Esa misma afirmación la había formulado el presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas quien, aplaudiendo la política petrolera de Trump, afirmó que era un “reconocimiento del rol vital de la energía costa afuera en la política energética nacional”.
Se discute si Trump permanecerá los 4 años para los que fue electo, pero lo que es cierto es que mientras permanece en el poder avanza con rapidez aplicando una serie de medidas ya irreversibles.

En estos 6 meses pueden constatarse, por lo menos, tres: 1) la continuación del Key Stone, el oleoducto que transporta el petróleo canadiense y de la cuenca de Dakota del Norte a las refinerías del Golfo de México; 2) levantó la moratoria que estaba vigente en más o menos la mitad del Golfo de México, y 3) ya consumó la licitación 249.

La licitacion 249 de Trump

La “venta de arriendos” que se han venido realizando en Nueva Orleans, primera en el actual gobierno, apenas se consumó el pasado 16 de agosto. Ésta tiene la peculiaridad de ser la más grande en ese país, abarcando la costa de todos los estados ribereños del Golfo en Estados Unidos: Texas, Louisiana, Missisippi, Alabama y Florida. Los litorales de esta última entidad fueron defendidos hasta por uno de los Bush: cuando fue gobernador, no permitió que se perforara pues era atentar contra millones de empleos del turismo, deportes acuáticos y pesca.

Esa subasta 249 parece ser el modelo que copió la Sener para la licitación 2.4 que el gobierno de México realizará en enero de 2018, en la que, al incorporar el bloque 30, cubrirá también los litorales de todos los estados ribereños: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Un detalle que había pasado desapercibido es que, en esta parte al Este del Golfo de México, se encuentra un espacio más allá de las Zonas Económicas de México, Cuba y Estados Unidos, que aún no ha sido delimitado y que se denomina la “Dona Oriental”.

A continuación presentaré otro mapa del Golfo de México, elaborado por la Secretaría de Marina en la década de 1970. Éste muestra sus mediciones de las aguas territoriales de nuestro país, en el conjunto del Golfo de México y destaca los espacios marcados en negro (las donas). Como ya se dijo, la situada al Oeste ya fue objeto de un tratado internacional.

Finalmente, el mapa 4 ilustra las dimensiones de la campaña de exploración petrolera más amplia realizada en la Zona Económica Exclusiva de México en el Golfo de México, cubriendo todas las zonas petrolíferas de México en el Golfo y el detalle muy revelador de que el área de mayor intensidad de líneas sísmicas barre el Norte de la Plataforma de Yucatán, y avanza hacia toda la Dona Oriental, parte de la cual pertenece a Estados Unidos, cuyo gobierno necesariamente tuvo que otorgar las autorizaciones correspondientes. Entonces, estos “recientes estudios” a los que se refería el subsecretario de la Sener ¿fueron resultado de una “colaboración entre ambos gobiernos?

Como veremos unas líneas más adelante, los “estudios” se realizaron mucho antes de que Trump apareciera en el escenario, de manera que el mapa nos muestra que las grandes empresas petroleras internacionales ya habían iniciado el plan de profundizar la investigación sobre las zonas que aún permanecían intocadas, tanto en México como en Estados Unidos.

El mapa muestra que la reforma de Peña ha estado acompañada de una nueva investigación del subsuelo de México con métodos sísmicos. ¿Quién la está realizando? ¿Quién les abrió las puertas? ¿Hay algún contrato? ¿Quién vende la información de los “recientes estudios” a los contratistas que están “ganando” los bloques en las subastas de Enrique Peña?

Los master licence agreement

Intentamos responder a las preguntas ordenando el misterioso asunto en los siguientes puntos:
  1. La toma de información y el procesamiento lo realizan empresas privadas especializadas, con sus barcos y su propio personal; éstas presumen que sus hardwares y softwares están actualizados. Estas compañías recibieron sin pago alguno un permiso del gobierno de Enrique Peña para recorrer las aguas territoriales de México y construir un banco de información sísmica que incluye estructuras y otros indicios que mejoran la información anterior o constituyen los primeros informes en zonas desconocidas. Este permiso se llama Master Licence Agreement. No podemos ser tan ingenuos para omitir que es un plan coordinado con Estados Unidos para permitir que los barcos, con los “modernos” equipos puedan estar cruzando áreas más allá del límite de México, en la frontera marítima México-Estados Unidos.
  2. Desde luego como la empresa privada realiza la exploración con sus herramientas, la información que resulta de la investigación en el subsuelo de México es propiedad de la misma, la que tiene derecho a recuperar sus costos y desde luego buscar ganancias vendiendo los bancos de datos a cualquiera que pueda pagar. Desde luego, los más interesados son los participantes en las subastas de Peña.
  3. Pero si alguna empresa quiere comprar por adelantado, recibe un sustancial descuento. Esta modalidad se llama “preventa”.
  4. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no recibe los bancos de datos, aunque “eventualmente” podría tenerlos dentro de 12 años, que es el periodo que marca ese “permiso” de investigar el subsuelo de México. De ahí que tampoco recibe ingresos.
  5. Creíamos que los contratistas sólo compraban información que la CNH entregaba en “el cuarto de datos”, pero ahora sabemos que también obtienen la que pueden comprar a otras compañías privadas en este servicio llamado de “Adquisición y procesamiento Sísmico Modalidad de Contratación Multicliente”.
Todo lo anterior pasó por ambas cámaras del Congreso sin discusión, porque estaba escondido en la letra chiquita de la legislación secundaria que permitía al gobierno otorgar las llamadas “Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial” (ARES), de las que hemos hecho amplias referencias en nuestro artículo de agosto en esta revista.

Un punto muy importante es ¿cómo y quiénes recibieron el permiso (Master Licence Agreement), largamente planeados para realizar esta investigación?

Cuando se hizo público que Peña Nieto estaba entregando esta posibilidad de conocer, investigar y crear un banco de datos sobre el subsuelo de México y venderlo, algunas empresas solicitaron estos permisos, no se sabe cuales pero la CNH eligió, algunas y rechazó otras, no hubo concurso o algo parecido.
mapa
Entre las que pidieron un ARES, es decir, estaban solicitando materia de trabajo, estuvo la Compañía Mexicana de Exploraciones (COMESA), pero el gobierno sólo les asignó un proyecto (nadie nos ha podido informar dónde).

Podemos concluir que este gobierno ha entregado por adjudicación directa y gratis una gran parte de la exploración del golfo profundo a grandes empresas muy especializadas para que realicen nueva sísmica.

Sobre las empresas beneficiadas la prensa petrolera ha publicado que entre las principales se encuentra Petroleum Geo-Services PGS, que ya antes había trabajado para Pemex. Pueden leerse algunos datos que difundió Gregg Parker, su Presidente Regional, presumiendo que su compañía fue la primera que condujo un proyecto comercial de adquisición de datos sísmicos y que para 2015 ya había acumulado seis permisos (“PGS in Multi-Client 2D Seismic Program Offshore Mexico”, http://subseaworldnews.com/2015/05/18/pgs-in-multi-client-2d-seismic-program-offshore-mexico).

Esta misma, asociada con otra que tiene el curioso nombre de “Spectrum Geo” y con la famosa Slumberger de México fueron autorizados para adquirir entre 80,000 - 100,000 km de datos 2D “modernos” abarcando todas las provincias hidrocarburíferas más importantes del Golfo profundo (Robin Dupre, “Mexico opens up offshore areas for new seismic surveys”, Offshore, 19 agosto de 2015 (http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-75/issue-8/geology-geophysics/mexico-opens-up-offshore-areas-for-new-seismic-surveys.html).

El presidente de “Spectrum Geo”, Richie Miller, reveló a la revista citada que sus barcos especializados “Atlantic Explorer” y el “Sanco Spirit” habían estado “peinando” las aguas territoriales de México durante varios años, esperamos completar un recuento para poder establecer que, en algunos periodos, hasta cinco equipos trabajaron simultáneamente.

Otra importante es la noruega TGS a la que se le otorgó un programa que comprendía, además de la recolección de datos sísmicos, la toma de núcleos (porciones del lecho marino) y análisis Geoquímicos. Estos estudios fueron vendidos por las compañías privadas que recogieron los datos, a otros contratistas privados de la licitación 4 de la Ronda 1, que se celebró en diciembre de 2016.

La investigación específica para el bloque 30

Nuestra búsqueda a la fecha, nos permite concluir que entre algunas de esas grandes empresas se celebran acuerdos puntuales que les permiten distribuir los costos y los riesgos inherentes y que “los recientes estudios” sobre el bloque 30 fue realizado por un acuerdo entre Spectrum y Schlumberger para adquirir y procesar conjuntamente el programa multi-cliente regional Spectrum de México-Campeche-Yucatán 2D.

Este incluye más de 27,340 mi (44,000 km) de datos sísmicos 2D regionales en la zona fronteriza de Campeche /Yucatán. La investigación abarca áreas del Escarpe de Campeche, pusieron énfasis en intentar sinergias con los ganadores de la Ronda 1.

Reforma petrolera de Peña, “interés estratégico” de Estados Unidos

Todo indica que la Licitación 4 de la Ronda 2 anunciada por Pedro Joaquín Codwell, igual que la 1.3, se inscriben en este plan de defensa de los “intereses estratégicos” o del “rol vital” del petróleo del Golfo de México, un plan de la plutocracia petrolera internacional que aprovecha la presidencia de Trump para acelerar sus proyectos, largamente planeados.

Ese bloque 30 mide 4, 400 kilómetros cuadrados, es decir casi 200 veces más que los de Estados Unidos, y, un aspecto muy importante es que fue una “nominación” según ha revelado Aldo Flores Subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, recordemos que esta expresión “nominación” significa, como explicamos en nuestro artículo de agosto 28 en esta revista, que fue un contratista quien solicitó que el bloque se incluyera en la lista de áreas a subastar, en otras palabras, ellas, las grandes petroleras, investigaron, y ellas mismas piden al gobierno que las subaste y como el gobierno transmite el evento final de la entrega por televisión, mostrando unos sobres que se introducen en unas urnas, puede argüir que todo ha sido muy “transparente”.

Notas finales y conclusiones

Prácticamente al día siguiente de que el Ministro Coldwel y el subsecretario Aldo Flores informaron sobre la incorporación del bloque 30 a la licitación de enero de 2018, los pescadores del Puerto Progreso se reunieron en una asamblea y lamentaron que emprender actividades en la zona significaba “la ruina de la pesca, como ya había ocurrido en el puerto de Frontera, Tabasco”, amenazaron con cerrar los puertos e instalaciones portuarias, algunos amigos yucatecos me pidieron una opinión.
mapa
Lo único que pude decirles es que no es tan pronto como sueñan los políticos mexicanos, la sísmica 2D es sólo un primer paso, se requieren nuevos estudios más detallados, las petroleras hoy tienen muchas oportunidades frente a las costas de Guyana, de Africa o del Mediterráneo y, como se ha insistido reiteradamente será la perforación la prueba decisiva que demuestre si hay hidrocarburos y si su volumen es comercial considerando los precios vigentes y la infraestructura más cercana.

Como dijo Richie Miller, de la Compañía Spectrum, refiriendose a la 1.4, pero es aplicable para la 2.4 “sólo el tiempo lo dirá " (only time will tell), los yucatecos saben que sus costas cerca de la desembocadura del río Lagartos están siendo invadidas por el avance de las aguas del Golfo de México, lo mismo que las tierras de Playa Norte de Ciudad del Carmen, Campeche y muchos puntos de las playas de Paraíso y Centla, en Tabasco, hoy mismo los huracanes cada vez más furiosos por nuestro afán de aferrarnos al modelo fósil, ya semi destruyeron Nueva Orleans, y han hecho estragos en Houston la que pregona ser “la capital petrolera de mundo”, aún queda la esperanza de que literalmente con el agua al cuello, antes de que los bloques 30 de diversas partes del mundo sean perforados, se decidan programas, en serio, de reducción del consumo (empezando por suspender el derroche) y caminar, pero otra vez en serio, con una visión de Estado, hacía la transición energética.