4.3.24

El genocida Netanyahu y el Ramadán

Carlos Fazio


Cada cual con sus tiempos, sus tácticas y su violencia depredadora, los regímenes genocidas de Benjamin Netanyahu y Joe Biden (este último al menos en grado de complicidad, aunque el Pentágono no ha dejado de suministrar bombas, armamento sofisticado e inteligencia y oficiales de la Fuerza Delta sobre el terreno) siguen asesinando de manera deliberada a niños, mujeres y hombres palestinos en la franja de Gaza, con la aquiescencia de las principales potencias del Occidente colectivo y sus élites globalistas, en particular, Gran Bretaña y Francia, que ocupan un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La cínica apelación al "derecho a la legítima defensa" esgrimida por el régimen colonialista y expansionista de Israel, respaldada con tres vetos de Estados Unidos a un alto al fuego en el Consejo de Seguridad desde que comenzó la carnicería (Lula dixit), el castigo colectivo y el desplazamiento forzoso de palestinos, y otro veto al proyecto de resolución destinado a responsabilizar al ejército de ocupación israelí de la masacre de la calle al-Rashid, en la ciudad de Gaza, contra refugiados indefensos cuando esperaban la llegada de camiones de ayuda humanitaria (con saldo de 112 muertos y 760 heridos), fue desestimada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya en términos del derecho internacional y de la cuarta Convención de Ginebra.

El ente sionista mesiánico y de apartheid israelí es una potencia de ocupación que lleva a cabo una guerra de exterminio en territorio de la Palestina histórica, y como recordó el 22 de febrero el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, durante las audiencias públicas de la CIJ, el pueblo palestino tiene el derecho inalienable a utilizar la lucha armada contra el ejército de ocupación israelí, con fundamento en el derecho internacional. Es decir, en su lucha por la liberación nacional y la autodeterminación, el uso de la resistencia armada por el pueblo palestino es legítimo y no constituye un acto de terrorismo.

Asimismo, en su fallo provisional, la CIJ "observó" (es decir, aceptó como propias) las cifras sobre el genocidio y la limpieza étnica del régimen israelí desde el 7 de octubre de 2023 –en retaliación a la Operación Diluvio de Al-Aqsa de Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos de autodefensa armada de la resistencia palestina−, presentadas por sendas oficinas de la ONU, una de ellas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), razón por la cual Estados Unidos y sus socios de la OTAN/UE (entre ellos Alemania, Reino Unido y Suecia) le suspendieron la entrega de fondos poniéndola al borde del colapso, lo que convierte a esos países en potenciales cómplices de la hambruna provocada como herramienta genocida.

Una forma de desprestigiar el fallo de la CIJ es vilipendiar y destruir la credibilidad de la fuente, aunque, según un informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, publicado por el diario The Guardian de Londres, Israel no aportó evidencias o material probatorio para sustentar sus alegaciones acerca de la participación de 10 empleados de la UNRWA (¡sobre un total de 13 mil!) en la Operación Diluvio de Al-Aqsa. El objetivo estratégico del régimen de Netanyahu, al acusar sin pruebas a una ínfima parte del personal de la UNRWA de haber participado en la operación del 7 de octubre, es relegar la cuestión de las personas refugiadas palestinas e impugnar el derecho al retorno de 6 millones de palestinos, según los registros de esa agencia de la ONU.

Pero es también la manera de hacer olvidar que la base para la creación del Estado (artificial) de Israel por los imperialistas anglosajones en 1948 ha sido la limpieza étnica. Al suprimir la cuestión de los refugiados palestinos, los supremacistas israelíes quieren perpetuar la falacia de "una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra". La UNRWA es la encarnación jurídica del problema de los refugiados, de allí que al intentar abolir a la organización internacional que "recuerda su existencia", Netanyahu, Estados Unidos y sus vasallos de la Unión Europea pretenden que el mundo entero se olvide de que el Estado sionista se autoconstituyó mediante un proceso de limpieza étnica y merced al desplazamiento forzoso de 750 mil palestinos (número que se incrementó cuando el régimen israelí ocupó más territorio de Palestina durante la guerra de 1967). En buen romance, se trata de abolir el "estatuto legal/oficial" de las personas refugiadas palestinas por el cual adquieren el "derecho al retorno" de conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1948.

En ese contexto, la divulgación del plan de Netanyahu, titulado "El día después de Hamas", revela que su objetivo principal es continuar la guerra hasta la completa destrucción de las capacidades militares y la infraestructura gubernamental de Hamas y la Yihad Islámica, reubicando a la población palestina que sobreviva a la limpieza étnica en la franja de Gaza en un bantustán, similar a las reservas tribales que operaron en Sudáfrica y la actual Namibia. Netanyahu insistió que el asalto terrestre a Rafah (el mayor campo de desplazados del mundo) es fundamental para ganar la guerra y, al parecer, cuenta con la colaboración de Egipto (presto a recibir fondos millonarios del FMI e inversiones de la petrolera Chevron) para construir una "zona de seguridad aislada" en el desierto del Sinaí, que servirá como área de amortiguación para los palestinos desplazados.

Como parte de la guerra sicológica que busca presionar a la resistencia palestina en vísperas del mes sagrado musulmán del Ramadán (9 de marzo), y anticipando lo que podría suceder en la Jerusalén ocupada, CNN y las agencias Reuters y France Presse filtraron datos sobre una propuesta de alto el fuego en Gaza, negociada en París por los jefes del Mosad, el Shin Bet y los servicios de inteligencia del ejército israelí Aman con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, que incluiría una tregua temporal de las operaciones militares durante 40 días; la entrada diaria de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros en una proporción de 10 palestinos por un israelí. Hamas exige la retirada de las fuerzas israelíes y el retorno de los desplazados en las zonas sur y norte de la franja de Gaza y el levantamiento del bloqueo, mientras Israel busca ganar tiempo y cargar a Hamas con la responsabilidad de cualquier fracaso posterior en las negociaciones para justificar una operación militar en Rafah.

3.3.24

La "masacre de harina" de hambrientos y sedientos palestinos en Gaza: ¿hasta dónde llegará Netanyahu?

Alfredo Jalife-Rahme


La "masacre de harina" de palestinos hambrientos y sedientos estaba escrita en el muro de Gaza: 115 muertos y más de 700 heridos.

Moon of Alabama vaticinó días antes que "Israel bombardearía" a los palestinos en Gaza: “las fuerzas de ocupación sionistas envían alimentos al norte de la franja de Gaza para asesinar a los palestinos que intenten colectarlos (https://bit.ly/3TnH3JK)”. ¡Los alimentos militarizados como anzuelo!

La trampa de "ayuda (sic)" humanitaria fue "organizada" por el ejército israelí en la que no participó la ONU, que se encontraba angustiada por la suerte de 576 mil palestinos (cuarta parte de su población) al borde de la hambruna.

Tres días después de su vaticinio, a sabiendas de la consustancial malignidad del gobierno de Netanyahu, Moon of Alabama relata que "antes de la masacre de harina", el ejército israelí "había estado disparando indiscriminadamente por semanas a los hambrientos que esperaban la ayuda (sic) en el mismo sitio exacto" donde ocurrió la tragedia: “una hambruna deliberada (…) en el campo de concentración sionista para los palestinos en Gaza convertido en un campo de exterminio (https://bit.ly/3v4s8KRx)”.

Moon of Alabama pregunta: "¿Alguien en la Casa Blanca entiende qué tan destructiva es su posición favorable a Israel para la reputación global (sic) y postura de Estados Unidos?" Y remata en forma implacable: "El poderoso Estados Unidos demuestra que es un gigante desventurado e indefenso incapaz de controlar a su cliente", Israel.

En lugar de autorizar en forma farisea su tardía ayuda alimentaria por mar y aire, después de casi cinco meses, ¿no sería mejor que Biden cese su envío masivo de armas y municiones con las que Israel prosigue su infanticidio/ feminicidio de palestinos en Gaza?

Estados Unidos participa indirectamente (sic) en la "masacre de harina" al bloquear concomitantemente una declaración en el Consejo de Seguridad de la ONU (https://bit.ly/3P6bhhw) para condenar la barbárica conducta de Israel que lleva más de 30 mil civiles palestinos aniquilados.

John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago y uno de los máximos geoestrategas del planeta, expone el “apoyo de Estados Unidos a los horrores en Gaza (https://bit.ly/3v1vYnZ)” que atribuye al omnipotente “Lobby de Israel (https://amzn.to/476u7M8que)”–que controla además del Congreso, al eje Wall Street/ multimedia/ Hollywood/Netflix y la mayoría de las trasnacionales tecnológicas de Silicon Valley.

Antes de la "masacre de harina" en Gaza, el suizo Jean Ziegler había expuesto hace 13 años el "gueto de Gaza" en su libro Destrucción masiva: geopolítica del hambre.

La condena a Israel por la "masacre de harina" ha sido prácticamente unánime a escala universal, desde la Unión Africana (https://bit.ly/3T20OVv), que representa a mil 400 millones, pasando por el canciller Jaishankar de India (el país más poblado del mundo; https://bit.ly/42WVSGh) hasta China (mil 300 millones de habitantes) que exhorta un humanitario cese al fuego y, en forma sorprendente, hasta la indignación de Francia y Alemania (https://on.ft.com/4bW4l0m) ¡Es lamentable que algunos mandatarios de Latinoamérica guarden todavía obsceno silencio!

El analista israelí Amos Harel, del rotativo anti-Netanyahu Haaretz, comenta que las "muertes masivas en Gaza pueden cambiar el curso de la guerra de Israel contra Hamas" cuando "el desastre tendrá ramificaciones de largo alcance en los esfuerzos para negociar un cese al fuego y puede provocar enojo en otros frentes": “de Washington a Riad, nadie sabe a dónde se encamina Netanyahu (https://bit.ly/3P4o0Bm)”.

Una hipótesis versa sobre la deliberada carnicería del primer Netanyahu con el fin de descarrilar el cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes promovidos por Biden.

Por cierto, Biden "confundió" dos veces a Gaza con Ucrania, curiosamente, dos guerras que libra la dupla jázara (https://bit.ly/4bQeMT7): el comediante Zelensky, prácticamente derrotado, y el premier Netanyahu, quien anhela que Estados Unidos borre del mapa a Irán) para que Israel se consolide como la suprema potencia hegemónica en Medio Oriente (https://bit.ly/4c1W2A3).

1.3.24

La ciencia justifica la precaución de México sobre el maíz transgénico

Lucy Sharratt

El propósito de las restricciones del maíz genéticamente modificado en México es salvaguardar la integridad del maíz nativo de la contaminación y proteger la salud humana. Lo que busca la impugnación estadounidense y canadiense es defender los intereses de la industria biotecnológica


CIUDAD DE MÉXICO. -En México, un decreto presidencial ha prohibido el uso de maíz genéticamente modificado (GM) para fines alimenticios, pero los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están utilizando el acuerdo comercial (T-MEC) para impugnar estas acciones.

El propósito de las restricciones del maíz GM en México es salvaguardar la integridad del maíz nativo de la contaminación GM y proteger la salud humana. Lo que busca la impugnación estadounidense y canadiense es defender los intereses de la industria biotecnológica.

Estados Unidos y Canadá quieren obligar a México a abrir su mercado a todos los alimentos y semillas genéticamente modificados. Canadá respalda la impugnación de EE.UU. (como tercero en la controversia) a pesar de que no exporta maíz a México.

México tiene derecho a restringir el uso del maíz GM. Los Estados Unidos argumentan que las acciones de México no tienen fundamento científico, pero el gobierno cuenta con vasta evidencia científica para justificar sus políticas precautorias.  

Nuestra organización, la Canadian Biotechnology Action Network(Red Canadiense de Acción Biotecnológica), es una amplia red de grupos de agricultores y ecologistas que lleva 15 años vigilando los OGM, y apoyamos las restricciones de México. Fuimos uno de los dos grupos canadienses autorizados para enviar comentarios de expertos sobre los riesgos del maíz GM al panel de arbitraje en esta controversia. Sin embargo, en enero, a petición del gobierno de EE.UU. y con apoyo de Canadá, se les retiró la invitación a los grupos canadienses, basándose en la cuestión técnica de que la controversia es sólo entre EE.UU. y México.

Aun así, publicamos nuestro análisis para demostrar que la restricción de México está sustentada científicamente. Las investigaciones siguen encontrando indicios de daños potenciales para los seres humanos por el consumo de maíz GM resistente a los insectos. La ciencia también sigue advirtiendo acerca de los efectos que la exposición al herbicida glifosato, utilizado en la producción de maíz GM, puede tener en la salud.

La mayoría de las plantas de maíz GM están modificadas genéticamente para matar plagas de insectos. Las plantas GM expresan una toxina de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis (Bt), la cual se sabe que daña los intestinos de determinados tipos de insectos, pero no todos. Los agricultores han utilizado Bt en aerosol durante mucho tiempo para matar a las plagas, pero las toxinas Bt en los cultivos GM son diferentes de las Bt naturales en cuanto a estructura, función y efectos biológicos. De hecho, los estudios revisados por pares en la bibliografía científica demuestran que las toxinas Bt utilizadas en las plantas GM pueden dañar especies de insectos que no son sus objetivos previstos.

Prueba tras prueba quedan demostrados los impactos negativos del Bt donde se suponía que no los había. Por ejemplo, los resultados de una prueba publicada en 2023 por investigadores de Brasil y Colombia, apoyados por el gobierno de Brasil, encontraron [LS1] que el Bt había tenido muchos impactos significativos en la salud de las avispas, afectando incluso a la siguiente generación. Investigadores académicos de China y Pakistan también encontró una menor diversidad en el microbioma del intestino de las arañas lobo expuestas al Bt. Esto se suma a otra prueba de laboratorio publicada en 2023, financiada por el gobierno francés, que encontró que una toxina Bt en particular altera el crecimiento y funcionamiento normal de las células intestinales en las moscas de la fruta, lo que plantea la posibilidad de que las toxinas Bt puedan dañar el revestimiento intestinal de los animales, incluidos los humanos.

Además de estos resultados, varios [LS2] ensayos de alimentación en animales de laboratorio también muestran que las toxinas Bt y los cultivos Bt GM pueden tener efectos tóxicos en los mamíferos. Se han observado diversos efectos tóxicos e indicios de toxicidad en sangre, estómago, intestino delgado, hígado, riñón, bazo y páncreas, así como respuestas inmunitarias, aunque el mecanismo no se ha dilucidado a partir de estos estudios. Resulta un tanto grave que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no exijan estudios sobre alimentación animal para demostrar la seguridad de los alimentos genéticamente modificados. De hecho, existen muy pocas pruebas multigeneracionales y a largo plazo en animales en la bibliografía científica.

Pero la toxicidad de las Bt no es el único problema de seguridad. La producción de maíz GM también está vinculada al uso de glifosato y otros herbicidas relacionados con graves problemas de salud, como enfermedades neurológicas y algunos tipos de cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasifica el glifosato como “probable carcinógeno humano” y, como lo demuestran las demandas exitosas contra Bayer/Monsanto, existe amplia evidencia de que la exposición directa a herbicidas a base de glifosato puede derivar en linfoma no Hodgkin en específico. En esencia, la evidencia también señala el peligro de la exposición a residuos en los alimentos, que es la preocupación destacada por México en relación con el maíz GM.

Esta preocupación es particularmente apremiante porque los mexicanos comen más maíz que nadie en el mundo, en gran parte a manera de harina mínimamente procesada para hacer tortillas. Se trata de una forma de comer maíz GM totalmente diferente a la dieta de ingredientes de maíz en alimentos altamente procesados que se acostumbra en EE.UU. y Canadá. La particular exposición dietética de México al maíz GM requiere que este país determine su propio “nivel aceptable de protección” frente a los riesgos.

En su presentación frente al panel del litigio comercial, el gobierno estadounidense sostiene que no se han encontrado efectos adversos para la salud de los consumidores. No obstante, al no haber un seguimiento de los alimentos modificados genéticamente, no existe fundamento científico para hacer esta afirmación. No se han realizado estudios posteriores a la comercialización en poblaciones de seres humanos para determinar si se han presentado efectos adversos para la salud y, sin un seguimiento o etiquetado de los alimentos GM, dichos estudios no son factibles.

EE.UU. y Canadá argumentan esencialmente que, si ellos han decidido que un alimento modificado genéticamente es seguro, entonces México debería estar de acuerdo.

A principios de marzo se publicará la defensa formal de México para la restricción del maíz GM como parte del proceso de litigio comercial. Poco después escucharemos los argumentos de ocho grupos no gubernamentales autorizados para enviar comentarios. Esos documentos deberían explicitar que las restricciones a este tipo de maíz por parte de México están sustentadas por la ciencia y tienen justificación para defender el futuro del maíz y proteger la seguridad alimentaria.

La Unión Europea contra los campesinos

En toda la Unión Europea, los campesinos se levantan contra la Política Agrícola Común (PAC) a pesar de que esa política los subvenciona. Los gobiernos les responden con medidas de ajuste, simplificando los trámites burocráticos y con discursos para animarlos. En realidad, los gobiernos nacionales son impotentes ante una estructura concebida para aplicar una ideología que resulta absurda.

Desesperación y cólera de los campesinos europeos

En toda Europa occidental y central, los campesinos están protagonizando manifestaciones. Primero fue en Países Bajos, en Italia, Suiza y Rumania. Ahora está sucediendo en España, en Francia, Alemania y Polonia. Esta revuelta campesina a escala continental se levanta contra la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea.

En el momento de la firma del Tratado de Roma, que instituyó la Comunidad Económica Europea, en 1957, los 6 Estados fundadores (Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) aceptaron el principio de la libre circulación de las mercancías. Renunciaban así a toda posibilidad de adoptar políticas agrícolas nacionales.

Para garantizar ingresos a los campesinos, los países instauraron entonces una política agrícola común. Según los Estados miembros se asigna una ayuda de la Unión Europea a las regiones, que a su vez reparten esa ayuda entre los agricultores o la entregan directamente a quienes explotan las tierras –como en el caso de Francia. Este es el «Primer Pilar». La Comisión Europea establece además normas de producción para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales y la calidad de lo que producen. Este es el «Segundo Pilar».

El Primer Pilar no aguantó la ampliación de la Unión Europea, ni el paso al libre intercambio global –la Unión Europea se hizo miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995– que se tradujo en un desmesurado aumento de las subvenciones de la UE.

El Segundo Pilar fue pulverizado por el Pacto Verde para Europa (instaurado en 2019) que tiene como objetivo hacer bajar la temperatura del planeta limitando las emisiones de gases de efecto invernadero.

A falta de una PAC global, no hay solución posible para el fracaso del Primer Pilar –el principio anglosajón de libre intercambio global es incompatible con el libre intercambio europeo, compensado este último por la PAC europea. Los precios mínimos de los productos agrícolas, tal y como han sido anunciados por diferentes ejecutivos nacionales, no salvarán a los campesinos. Al contrario, acabarán con ellos en la medida en que se sigan aceptando productos importados mucho más baratos.

En cuanto al Segundo Pilar, su objetivo ya no es político sino ideológico. En efecto, la afirmación según la cual el calentamiento climático no es local sino global no está confirmada por los registros sobre las temperaturas. Y la afirmación según la cual el calentamiento global no proviene de factores astronómicos sino de la actividad humana no resiste al rigor del debate científico.

Es importante recordar que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) no es un grupo de científicos sino un conjunto de altos funcionarios –sólo algunos son científicos, pero figuran en el GIEC como altos funcionarios. De hecho, el GIEC fue creado en 1988 por iniciativa de la jefa del gobierno británico, Margareth Thatcher, para justificar en su pais la transición del carbón al petróleo y, después, el paso a la energía nuclear [1]. Las conclusiones del GIEC, aprobadas por los gobiernos que tienen la posibilidad de pasar a la energía nuclear, fueron enérgicamente rechazadas por importantes círculos científicos, como la prestigiosa Academia de Ciencias de la Federación Rusa [2]. El supuesto «consenso científico» sobre el cambio climático es tan inexistente como la famosa «comunidad internacional» que emite “sanciones” contra Rusia. En todo caso, lo que sí es seguro es que la ciencia no funciona “por consenso” sino a través del conocidísimo sistema que combina la experimentación y el error.

Los intentos de desarrollar un “turismo verde” en las zonas rurales no salvarán a los campesinos. En el mejor de los casos les permitirían atraer algunos turistas para alquilarles habitaciones en sus granjas… durante algunas semanas al año. El problema no es cambiar de actividad sino permitir a los campesinos vivir decentemente y alimentar a las poblaciones de sus países.

Los campesinos del centro y del este de Europa dependen hoy de las subvenciones que reciben de la Unión Europea. No se oponen a la UE, que les permite sobrevivir, pero denuncian las contradicciones de esa entidad que los ahoga. No se trata entonces de abrogar este o aquel reglamento sino de decidir qué tipo de Europa se quiere construir.

Las próximas elecciones europeas están previstas para junio. De esa consulta saldrán los diputados que representarán a los países en el Parlamento Europeo, los únicos cargos que se someten al veredicto de las urnas en la pesada maquinaria europea. En efecto, el Consejo Europeo se compone de los jefes de Estado y/o de gobierno, que no son electos en el marco de una elección europea, y la Comisión Europea ni siquiera se somete a elecciones, sólo representa los intereses de los “padrinos” de la UE.

Los diferentes proyectos de la construcción europea

Para entender este extraño sistema, y eventualmente modificarlo, es importante que nos remontemos a su origen –entre el corto periodo que separó las dos Guerras Mundiales (1918-1939) y el periodo inmediato al fin de la Segunda Guerra Mundial (1945-1957) hubo 6 proyectos diferentes de unión entre países.

1- El primero llegó del brazo de los republicanos radicales y proponía una unión entre Estados administrados por regímenes comparables. Se hablaba entonces de unir países de Europa y de Latinoamérica gobernados como Repúblicas. Las Repúblicas y las Monarquías no se definían en términos de elección y de sucesiones dinásticas (En Francia, el rey Enrique IV (1589-1610) se había descrito a sí mismo como un “republicano” en la medida en que no actuaba según los intereses de la nobleza sino en función del Bien Común). Nuestra definición de Repúblicas y Monarquías data de la aparición de las Democracias (el gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo). Y se focaliza en las reglas que rigen la designación de los dirigentes… en vez de concentrarse en lo que hacen esos dirigentes. Por ejemplo, comúnmente se considera que el Reino Unido contemporáneo es más democrático que Francia y no se tienen en cuenta los increíbles privilegios de la nobleza británica, privilegios que se ejercen en detrimento del pueblo.
En aquel primer proyecto de unión, la Argentina de Hipólito Yrigoyen –Argentina era entonces la principal potencia económica de las Américas– se habría codeado con la Francia de Aristide Briand –cuyo Imperio abarcaba territorios en todos los continentes.
El hecho que se tratara de Repúblicas que ni siquiera estaban en el mismo continente no asustaba a nadie. Al contrario, eso garantizaba que la unión propuesta nunca se transformaría en una estructura supranacional sino que seguiría siendo un órgano de cooperación entre Estados.
Aquel primer proyecto se hundió debido a la crisis económica de 1929 y el subsiguiente ascenso del fascismo, alimentado precisamente por aquella crisis económica.

2- El segundo proyecto buscaba la creación de una unión que garantizaría la paz. El ministro de Finanzas de Francia, Louis Loucheur, aseguraba que Alemania y Francia ya no podrían guerrear entre sí si se unían en un solo complejo militaro-industrial [3].
Aquel proyecto se realizó, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los anglosajones decidieron favorecer el rearme alemán. En 1951, Robert Schumann, quien había sido ministro en el régimen de colaboración con los nazis instaurado en Francia por el mariscal Philippe Petain, creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
La CECA expiró en 2002 y fue integrada, mediante el Tratado de Niza, a la Unión Europea.

3- El tercer proyecto de unión contiene elementos de los dos anteriores. Fue redactado por el conde austrohúngaro Richard de Coudenhove-Kalergi y se trataba de unir todos los Estados del continente europeo –exceptuando el Reino Unido y la URSS– en el seno de una “PanEuropa”. En un primer momento habría sido una federación comparable a Suiza, pero acabaría convirtiéndose en una entidad supranacional, según el modelo de Estados Unidos y de la URSS de los tiempos de Stalin –que defendía las culturas de las minorías étnicas [4].
Ese proyecto llegó más o menos a realizarse con el apoyo de Estados Unidos. Así se creó, en 1949, el Consejo de Europa [no confundir con el Consejo Europeo]. Si escribo que se realizó «más o menos» es porque el Reino Unido es miembro fundador del Consejo de Europa, algo que no estaba previsto inicialmente.
El Consejo de Europa elaboró una Convención de Salvaguardia de los Derechos de los Derechos Humanos y de las Libertados Fundamentales (CSDHLF) y se dotó de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que debía encargarse de velar por la aplicación de la Convención.
Pero, a partir de 2009, numerosos magistrados de ese Tribunal comenzaron a ser “apadrinados” –por no decir sobornados– por el multimillonario estadounidense Georges Soros. Y comenzaron entonces a “interpretar” la Convención de una manera que modifica la jerarquía entre las normas. Por ejemplo, esos magistrados afirman hoy que los tratados internacionales sobre el salvamento marítimo –donde se estipula que los náufragos deben ser trasladados al puerto más cercano– no prevalecen ante el derecho de los migrantes a presentar solicitudes de asilo político en Europa.
Actualmente, ese Tribunal juzga, en ausencia, y condena sistemáticamente a la Federación Rusa, que ya ni siquiera es miembro del Consejo de Europa.

4- El cuarto proyecto de unión, el «Nuevo Orden Europeo», fue el que el III Reich quiso imponer a partir de 1941. Se trataba de unir el continente europeo distribuyendo su población, por regiones, según criterios lingüísticos. Cada lengua regional, como el bretón [5], tendría su propio Estado. Por supuesto, el Estado más importante habría sido el de la lengua alemana, que abarcaría Alemania, Austria, Liechtenstein, Luxemburgo, la Suiza germánica, el Tirol italiano, los Sudetes checoslovacos, los Cárpatos eslovacos, la región rumana de Banat, etc. Además, en aplicación de criterios raciales, ciertas poblaciones –los judíos, los gitanos, y los eslavos– serían “reducidas”, numéricamente hablando, y sus miembros serían utilizados como esclavos.
Este proyecto se negoció inicialmente entre el canciller alemán Adolf Hitler y el Duce Benito Mussolini a través del jurista alemán Walter Hallstein y llegó a realizarse parcialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero se derrumbó con la caída del III Reich.

5- El quinto proyecto fue formulado, en 1946, por el ex primer ministro británico Winston Churchill [6]. Su objetivo era reconciliar a los franceses y los alemanes ir marginar a los soviéticos. Ese proyecto está inscrito en la visión de la Carta Atlántica (1942). Según ese documento, el mundo de la postguerra debía ser gobernado conjuntamente por Estados Unidos y el Imperio británico. Ese proyecto corresponde incluso a la visión que tiene el Reino Unido de su propio predominio sobre el resto de la Commonwealth. En la dirección del Atlántico, Reino Unido desarrolla una relación privilegiada con Estados Unidos. En la dirección continental, ejerce un papel de supervisor sobre Europa, sin considerarse parte de ella.
Winston Churchill inició varias instituciones al mismo tiempo. Y, en definitiva fue ese el proyecto que se concretó primero, en 1957, bajo la denominación de Comunidad Económica Europea (CEE) y después pasó a llamarse Unión Europea (UE). Ese proyecto toma elementos de 3 de los proyectos anteriores, no contiene ningún elemento de la Unión de Repúblicas.
Los anglosajones siempre han controlado la CEE-UE a través de la Comisión Europea. Es por eso que los miembros de la Comisión no se someten a una elección, son designados y nominados. Por cierto, Londres impuso como primer presidente a Walter Hallstein, el ex consejero de adol Hitler para los asuntos europeos.
Por otro lado, la Comisión disponía inicialmente del poder legislativo, que ahora comparte con el Parlamento Europeo, y utiliza ese poder para proponer normas que el Parlamento Europeo puede aprobar o rechazar. Todas esas normas reproducen al pie de la letra las normas de la OTAN, que, a pesar de la creencia generalizada, no se ocupa solamente de la defensa sino de la organización de las sociedades. Las oficinas de la OTAN, inicialmente en Luxemburgo y actualmente en Bruselas, al lado de la sede de la Comisión Europea, transmiten a esta última sus directivas, que van desde el ancho de las carreteras –para permitir el paso de los blindados de la alianza– hasta la composición del chocolate –conforme a las raciones de los soldados.

6- El sexto proyecto fue desarrollado por el presidente francés Charles de Gaulle, en respuesta al proyecto de los británicos. Se planteaba la construcción de una institución, la “Europa de las Naciones”, que no sería federal sino confederal. Charles de Gaulle deploró el Tratado de Roma, pero lo aceptó. En 1963 y 1967 impidió la incorporación del Reino Unido. Precisó que si había que ampliar la unión tendría que ser «de Brest a Vladivostok», o sea sin el Reino Unido pero con la Unión Soviética. Lo más importante es que Charles de Gaulle luchó con el máximo denuedo para lograr que las decisiones que podían influir sobre la seguridad nacional sólo pudiesen adoptarse por unanimidad.
La visión de Charles de Gaulle se fue con él. En 1973, Reino Unido se convirtió en miembro de la Comunidad Económica Europea y en 2020 abandonaron la Unión Europea. Pero Rusia nunca fue invitada a ser miembro de la unión y actualmente la Unión Europea acumula los paquetes de “sanciones” contra ese país. Como colofón, la reforma de los tratados de la UE incluye un cambio fundamental: que los temas de seguridad se aprueben por mayoría calificada.

¿Y cómo quedan los campesinos en todo esto?

Ante el panorama de la Política Agrícola Común que se describe más arriba, nada, en las estructuras de la Unión Europea, anunciaba la actual crisis. La causa de esa crisis es la ideología británica inconfesa de la Unión Europea.

Al convertirse en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión Europea abandonó, pero sin decirlo, la libre circulación europea y pasó a la libre circulación global. Al dar ese paso, inscrito en su ADN, la Unión Europea seguía el objetivo de Winston Churchill. Las ayudas de la Unión Europea nunca podrán compensar la competencia extranjera, que obedece a otras reglas. Poco a poco nos dirigimos hacia una especialización del trabajo a escala global. El espacio de los campesinos europeos en esa especialización del trabajo a escala global será cada vez más reducido y llegará el día en que el comercio internacional se verá interrumpido y en que los europeos se verán obligados a reconstruir su agricultura o morirse de hambre.

Idénticamente, el Pacto Verde para Europa, formulado por la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no es una respuesta al cambio climático sino a la ideología construida alrededor de esa cuestión. Con el Pacto Verde para Europa, la Unión Europea se implica en el programa de la ex jefa de gobierno británica Margaret Thatcher. El objetivo ya no es producir más con una industria y una agricultura fuertes sino con… servicios financieros. En Reino Unido esa política ha traído prosperidad únicamente a la minúscula City of London, pero ha ocasionado el derrumbe económico del Gran Manchester.

Para salvar a los campesinos europeos no basta con oponerse a la deriva supranacional de la Unión Europea. Primero que todo habrá que liberar a la UE de su ideología. Pero esa ideología no proviene de los tratados fundacionales. Es resultado de la historia misma de la Unión.

 
 

[1«1982-1996: La ecología de mercado», por Thierry Meyssan, Оdnako (Rusia), Red Voltaire, 25 de abril de 2010.

[2Voltaire, actualité internationale - N°44 - 9 de junio de 2023

[3Carnets secrets, 1908-1932, Louis Loucheur, Brepols, 1962.

[4Praktischer Idealismus, Richard de Coudenhove-Kalergi, 1925. Se publicó en francés bajo el título Idéalisme Pratique: Le plan Kalergi pour détruire les peuples européens, Omnia Verita, 2018.

[5Se refiere a la lengua regional de la Bretaña francesa. Nota del Traductor.

[6«Discours de Winston Churchill sur les États-Unis d’Europe», por Winston Churchill, Réseau Voltaire, 19 de septiembre de 1946.

Das Navalny-Theater – Eine tragische Komödie

Rainer Rupp


Nach einem aufregenden Leben ist der unverbesserliche Rassist und Rechtsextremist Alexander Navalny weitergezogen ins große Jenseits tragischer, neokonservativer Kriegshelden. Das Schicksal wollte es, dass er die wichtige Rolle nicht erfüllen konnte, die ihm die professionellen US- und EU-Kriegstreiber in ihrem weltverändernden Projekt zur ethnischen Destabilisierung Russland zugedacht hatten. Ethnische Unruhen sollten im Vielvölkerstaat Russland zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen, mit dem Ziel, die Russische Föderation in viele, bis zu 13 und eventuell noch mehr, kleine unabhängige Staaten aufzuspalten. So könnten sie allesamt viel besser vom Westen kontrolliert und ausgebeutet werden.

Aber Navalny endete so, wie viele CIA-Marionetten enden. Denn das US-Imperium findet egal in welchem Land immer wieder Leute, die bereit sind, gegen entsprechende Belohnungen und Versprechungen für das US-Imperium zu arbeiten, selbst wenn es zum Nachteil des eigenen Volkes ist. Und irgendwann kommt dann dieses Arrangement zum kreischenden, endgültigen Stopp, wie das jetzt für Nawalny.

Wie während seines Lebens, so wurde Navalny auch noch im Tode für die Propaganda seiner westlichen Puppenspieler ausgenutzt: Ganz klar, der Putin hat ihn getötet. Das braucht man gar nicht erst zu beweisen, schließlich weiß das jedes Kind. Und Ihr alle im freiheitlich-demokratischen Westen, hört her! Nawalny ist solch eine ungeheuerliche Geschichte, dass Ihr Euch empören müsst. Wenn nicht, dann seid Ihr keine anständigen Demokraten und liebäugelt womöglich mit dem Autokraten Putin.

Und bitte, angesichts der russischen Ungeheuerlichkeit mit Navalny solltet Ihr erstmal all Eure anderen Problemchen vergessen. Im Vergleich zu Putins Verbrechen sind das Kinkerlitzchen. Konzentriert Euch also auf das Wesentliche, auf Navalny und vergesst die wachsende Kriminalität zu Hause, die Empfehlung von deutschen Schuldirektoren an Eltern, ihre Mädchen nur noch in Gruppen zu Schule zu schicken, vergesst die zunehmenden Gewalttaten, unkontrolliert eingewanderter Messerfachkräfte, vergesst die Abwanderung wichtiger Wirtschaftsbranchen mit gutbezahlten Jobs, vergesst die explosive Entwicklung der Insolvenzen klein und mittelständiger Betriebe.

Vergesst die galoppierende Inflation bei Lebensmitteln, vergesst die Wohnungsnot und die unbezahlbaren Mieten, vergesst die irrsinnige „Klimarettungspolitik“, die unsere Landwirte und unsere Ernährungssicherheit kaputt macht, vergesst die miserable Situation an unseren Schulen, vergesst das wachsende Probleme der Arbeitslosigkeit, vergesst die wachsende Zahl von Menschen mit Jobs, deren Bezahlung nicht ausreicht, um Mieten und andere Rechnungen zu bezahlen. Vergesst all das, denn in unserem „besten Deutschland aller Zeiten“ sind das nur Nebensächlichkeiten, mit denen wir uns angesichts der russischen Bedrohung in der Ukraine am besten gar nicht beschäftigen sollten.

Halten Sie Ihren Geist und Verstand frei, für das wirklich Wichtige: nämlich NAVALNY’s Ermordung durch Putin. Schaut alle hierher, schaut, was in Russland passiert, schaut, was Putin tut, Sie alle sollten besorgt sein, sehr besorgt, lautet die Botschaft der Chaos-Truppe der Ampelregierung und deren transatlantischen, loyalen Opposition aus CDU/CSU und die Linke.

Allerdings sollten Sie, liebe Leser und Hörer, nicht vergessen, dass die herrschenden Eliten wohlhabende Menschen sind. Sie leben gut. Die Probleme, die das Volk umtreibt, kennen sie nicht. Erinnern Sie sich noch, als Kanzler Scholz im Fernsehen beim Thema „explodierender Benzinkosten“ nach dem ungefähren Preis pro Liter gefragt wurde. Er musste passen und er erklärte seine Unwissenheit damit, dass sein Chauffeur das Auto immer auftankt.

Die herrschenden Eliten machen sich Sorgen über ganz andere Dinge als Sie, liebe Leser, z.B. wie sie das Imperium für sich selbst und für die Superreichen, für die sie die Regierung stellen, am Laufen halten. Sie sind damit beschäftigt, dass ihre imperialen Projekte auf der ganzen Welt erfolgreich sind, damit sie die Macht behalten, dass sie demnächst die ganze Welt regieren und dieser ihre „Regel basierte, internationale Ordnung“ aufzwingen können.

Die neoliberalen „Eliten“ in der herrschenden Klasse scheinen uns, das Volk, für ausgemachte Trottel zu halten, wenn sie glauben, sie könnten uns mit dieser billigen Tour von den wirklichen Problemen in unserer Gesellschaft ablenken. Laut Narrativ der westlichen Lügenmäuler und Scheinheiligen in Politik und Medien war Navalny „ein politischer Gegner Putins“, vor dem das russische Regime Angst gehabt habe. Aber das Ergebnis aller Umfragen, auch westlicher Telefonumfragen in Russland, hat gezeigt, dass Navalny nur in der westlichen Propaganda als relevanter politischer Faktor in Russland existierte. Für 99 Prozent der Russen war er entweder irrelevant oder sogar verhasst wegen seines gewaltverherrlichenden Rassismus gegen russische Bürger aus mehrheitlich muslimischen Teilrepubliken des Vielvölkerstaats Russische Föderation. Warum gibt es dann auch in Deutschland diesen riesigen medialen und politischen Medien Navalny-Auftrieb?

Wenn ich mich richtig erinnere, dann war Alexander Navalny kein deutscher Staatsbürger, auch kein amerikanischer. Wenn in deutschen oder vor allem in amerikanischen Knästen ein Regimegegner stirbt, was ja öfters vorkommen soll, kräht weder in Deutschland, Europa noch in den USA ein Hahn danach. Kein russischer Diplomat beschuldigt den Bundeskanzler oder den US-Präsidenten persönlich einen Mord in Auftrag gegeben zu haben.

Fakt ist auch, dass der Westen, ohne auch nur das Geringste über die Umstände von Navalnys Tod zu wissen, sofort genau wusste, dass es Mord war und dass es Putin war. Da hätte nur noch gefehlt, dass Putins Pass in Navalnys Zelle gefunden worden wäre.

Wie würden unsere Eliten reagieren, wenn ein armer Teufel, z.B. ein des Umsturzversuchs angeklagter „Reichbürger“ in einem deutschen Knast aus unbekannten Gründen aus dem Leben scheiden würde und daraufhin die gesamte russische Diplomatie, angeführt von Sergeij Lawrow, rund um die Welt gegen die deutsche Justiz hetzten und Kanzler Scholz beschuldigen würde, den Mord-Auftrag persönlich gegeben zu haben.

Tatsächlich haben westliche Diplomaten weltweit versucht, im „Mordfall Navalny“ eine Verurteilung Russlands zu erreichen; allerdings ohne Erfolg. Auch Indien hat den Westen diesbezüglich abblitzen lassen und der Außenminister des Landes hat stattdessen betont, dass man immer gute Beziehungen zu Russland gehabt habe, diese auch weiterhin hat und auch in Zukunft haben werde!

Vor wenigen Wochen ist der Journalist Gonzalo Lira mit chilenischer und amerikanischer Staatsangehörigkeit in einem Gefängnis des ukrainischen Geheimdienstes SBU unter nicht gänzlich aufgeklärten Umständen am 11. Januar dieses Jahres zu Tode gekommen. Von der ukrainischen Stadt Charkow aus hatte er in alternativen westlichen Foren über die Plattformen Twitter und youtube die zunehmend autoritäre Politik Zelenskijs kritisiert, weshalb er schließlich vor etwas weniger als einem Jahr vom SBU verhaftet und Medienberichten zufolge wiederholt gefoltert wurde. Alle Versuche seines Vaters, die US-Botschaft in Kiew zu bewegen, sich für den US-Staatsbürger Gonzalo Lira für bessere Haftbedingungen und seine Freilassung einzusetzen, blieben von US-Seite ignoriert. Wie ganz anders hätte die Reaktion Washingtons ausgesehen, wenn Gonzalo Lira in einem russischen Gefängnis gesessen hätte.

Können sie sich übrigens erinnern, wie deutsche oder EU-Politiker und Medien auf die dokumentierte systematische Folter, inklusive Todesfälle, im CIA-Gefängnis im irakischen Abu-Guraib reagiert haben? Waren sie wenigsten halbwegs so empört, wie sie das jetzt im Fall Navalny vorspielen?

Und da wären auch noch viel Empörung und Aufregung angesichts der vielen politischen Gegner des US-Regimes angebracht, die unter fadenscheinigen Anklagen, basierend auf falschen Aussagen erpresster oder bezahlter Zeugen zum Tode verurteilt wurden. In den besser bekannten Fällen, wie dem von Mumia Abu-Jamal, ehemaliger Black Panther und Journalist, oder Leonard Peltier, ein Mitglied der American Indian Movement (AIM), oder Sundiata Acoli, ein ehemaliges Mitglied der Black Liberation Army, wurden die Todesstrafen in lebenslange Haft umgewandelt. In den USA bedeutet das allerdings, dass sie bis zum Lebensende in amerikanischen Gefängnissen dahinvegetieren müssen. Dies sind nur einige Beispiele, und es gibt viele weitere politische Gefangene, die in US-amerikanischen Gefängnissen schmachten.

Nur in Deutschland braucht man sich darüber keine Sorgen zu machen, denn hier gibt es keine politischen Gefangenen, sondern nur ganz gemeine Kriminelle. Der Begriff „politischer Gefangener“ wurde von der Bundesdeutschen Justiz einfach wegdefiniert.

Im zweiten und letzten Teil dieser Tagesdosis werden wir uns Auszüge aus einem meiner früheren Artikel über Navalny ansehen, den ich im Jahr 2021 bei KenFM veröffentlicht hatte. Denn Nawalny hat seiner dubiosen “Karriere” als Rechtsradikaler und als Gewalt predigender Rassist bis zuletzt nicht abgeschworen. Unter anderem hatte er noch 2021 gegenüber einer britischen Zeitung, „The Guardian“, offen seine krankhafte Ideologie verteidigt. Bei den westlichen Huldigungen des toten “russische Freiheitshelden” blieben diese Fakten bequemerweise unerwähnt.

Teil 2

Von einem Sitz in der Staatsduma konnte Nawalny nur träumen. Dabei war Nawalny in Russland nicht unbekannt. Für seinen Bekanntheitsgrad hatten schon die Westmedien gesorgt, die sich nach Nawalnys Rückkehr aus den USA urplötzlich wie wild für ihn interessierten. Das führt uns zurück ins Jahr 2010, als der vielversprechende junge Russe durch Vermittlung der amerikanischen Botschaft in Moskau ein Stipendium für einen exklusiven Kurs am Maurice R. Greenberg World Fellows Program  bekam, das der US-Prestige-Universität Yale angegliedert ist. Diese angebliche Bildungsstätte für internationale Studenten ist inzwischen als ein Rekrutierungsinstitut der CIA einwandfrei identifiziert worden.

Nach seiner Rückkehr aus den USA nach Moskau, betätigte sich Nawalny nicht mehr öffentlich als rassistischer Hetzer, sondern als Saubermann, der mithilfe von großzügigen Spenden eine Organisation zur Bekämpfung von Korruption gründete. Wahrscheinlich hatten ihm seine US-Unterstützer und Mentoren klargemacht, dass man ihn im Westen bei seinem Kampf gegen die Korruption als Held aufbauen kann, er aber als ausdrücklicher Rassist keine Chance hätte.

Die Rechnung ging auf und Nawalny wurde in den Westmedien zum unerschrockenen Widersacher des Systems Putin und dessen Korruption hochstilisiert. Dann, im Jahr 2021, kam die seltsame Episode der angeblichen Vergiftung des Helden durch Putin, seine Heilung in einem deutschen Krankenhaus und seine heldenhafte Rückkehr nach Russland, gefolgt von seiner Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe wegen einer ganzen Reihe von kriminellen Straftaten.

Das war, abgesehen von dem aktuellen Rummel, das letzte Mal, dass Nawalny für eine gigantische antirussische Polit- und Medienkampagne herhalten musste. Und ausgerechnet in dieser Situation, in der alle, aber auch wirklich alle aufgefordert wurden, wegen Nawalny gegen die bösen Russen zu demonstrieren, hatte Amnesty International den “gewaltlosen, politischen Gefangenen” entzaubert und ihm die Gutmenschen-Maske vom Gesicht gerissen. Darunter kam ein gewaltbereiter, rassistischer Hetzer hervor.

Es begann damit, dass “Amnesty International” Mitte Februar 2021 dem armen angeblichen “Opfer” Nawalny den Status einen “Prisoner of Conscience” also eines “gewaltlosen, politischen Gefangenen” wieder aberkannte. Diesen Status hatte die Organisation dem russischen Polit-Rabauken und bekennenden Rassisten Nawalny anderthalb Monate zuvor zugesprochen, weil Amnesty die wilde Nawalny-Räuberpistole mit der Vergiftung etc., die von der westlichen Regierungspropaganda als reine Wahrheit verbreitet wurde, anfangs für bare Münze genommen hatte.

Dieser unerwartete Schritt zur Entzauberung Nawalnys ging interessanterweise vom Amnesty-Regionalbüro für Europa und Zentralasien aus. Denn vor allem im Kaukasus und in Zentralasien ist Nawalny als gemeingefährlicher, rassistischer Hetzer bekannt. Seine Gewaltvideos und sein irrationaler Rassenhass richten sich insbesondere gegen dunkelhäutige Russen aus dem Kaukasus und Menschen aus den islamischen ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, die er als Ungeziefer bezeichnete. In diesen Ländern weiß man, welcher faschistische Geist aus Nawalny spricht.

Wenn Amnesty im Kaukasus und Zentralasien eine Spur von Glaubwürdigkeit behalten wollte, konnte die Organisation Nawalnys Status als “gewaltloser, politischer Gefangener” nicht länger aufrechterhalten. Denis Kriwoschiw, damals Amnestys stellvertretender Direktor für Europa und Zentralasien, erklärte dazu, dass die Organisation ihre “Entscheidung … im Hinblick auf die in der Vergangenheit von Nawalny gemachten Kommentare” getroffen habe.

Weiter führte Kriwoschiw aus, dass Nawalnys frühere Kommentare und sein “Eintreten für Gewalt und Diskriminierung” der Hassrede gleichkämen. Vor allem habe sich Nawalny von diesen Kommentaren nie distanziert, womit ein Widerspruch zu Amnestys Definition eines gewaltlosen politischen Gefangenen entstanden sei, der nur aus Gewissensgründen inhaftiert sei. Als nächster bestätigte dann Alexander Artemijew, Amnesty-Medienmanager für Russland und Eurasien, gegenüber Mediasona die Entscheidung seiner Organisation gegen Nawalny und verwies auf dessen rassistische Aktivitäten, von denen er sich bis heute nicht distanziert habe.

Um den “Widerspruch” zwischen dem noblen Charakter, den westliche Politiker und Medien dem “Freiheitshelden” Nawalny andichten, und der hässlichen Wirklichkeit des Rechtsextremisten Nawalny deutlich zu machen, folgt hier die Beschreibung und der Link zu einem bekannten Nawalny-Video aus dem Jahr 2007, indem er Muslime als Ungeziefer bezeichnet, die wie Kakerlaken getötet werden müssten.

In seinem Video steht Nawalny in schwarzem T-Shirt vor einem Tisch. Auf diesem liegen ein Pantoffel, eine Fliegenklatsche und eine Pistole. Nawalny blickt in die Kamera. Links von ihm ist ein Bildschirm zu sehen. Auf dem läuft ein Film ab, mit Bildern von Käfern, Kakerlaken und sonstigem Ungeziefer.

Dann sagt Nawalny in die Kamera, dass gegen “Fliegen und Kakerlaken nur Pantoffeln und Fliegenklatschen” helfen. Anschließend fragt er: “Aber was soll man machen, wenn etwas Größeres ins Haus kommt? Zum Beispiel eine Riesen-Kakerlake?” – In diesem Moment erscheint eine riesige “Kakerlake”. Es ist eine mit schwarzem Umhang als Kakerlake verkleidete Person. Die Person tritt mit dem Rücken zur Kamera ins Bild und geht auf Nawalny zu. Jetzt wird das Video plötzlich stockdunkel: Man kann nichts erkennen, dann knallen Schüsse, Lichtblitze sind zu sehen.

Dann wird es wieder hell. Die menschliche “Kakerlake”, jetzt als muslimische Frau zu erkennen, mit teilweise verhülltem Gesicht, liegt erschossen über dem Tisch und Nawalny steht daneben und zeigt mit der Pistole in der Hand auf die Tote und sagt: “Da hilft nur die Pistole. Schusswaffen müssen erlaubt werden.” Seit 2021 kursiert Nawalnys “Kakerlaken”-Video auch im Westen.

Dieses und andere Videos dieser Art hat Nawalny auch 2017 in einem Interview mit dem britischen Guardian nicht bedauert, sondern weiterhin als richtig verteidigt. Dieser Tatbestand fehlender Reue scheint denn auch bei der Entscheidung von Amnesty ausschlaggebend gewesen zu sein. Denn eine Verteidigung Nawalnys mit in solchen Fällen üblichen Argumenten wie: “Das ist alles schon lange her, Jugendsünden, aber jetzt ist er erwachsen und ‘geläutert’, ein anständiges Mitglied der Gesellschaft”, all das wird durch Nawalnys Festhalten an seiner wahren faschistischen Gesinnung unmöglich.

In den westlichen “Qualitätsmedien” herrschte über die Aberkennung von Nawalnys Status als “gewaltloser, politischer Gefangener” durch Amnesty eisiges Schweigen. Auch jetzt wird dem unbelehrbaren Rassisten und Gewaltextremisten in den Nachrufen immer noch als der edle “Prisoner of Conscience”, als Märtyrer der neoliberalen Weltordnung gehuldigt.

Die Experten der NATO- und EU-Abteilungen für psychologische Kriegsführung hatten 2021 große Probleme, einen Ausweg zu finden. Die Sache mit dem Rassismus totzuschweigen und im Gedächtnisloch zu entsorgen, schien damals die beste Option. Denn Versuche im Internet, die russischen Medien für die Nawalny-Demontage durch Amnesty International verantwortlich zu machen, kamen zu hohl daher. Zudem wollte man in der Öffentlichkeit nicht noch mehr Interesse an dem Fall erregen. Und damit hatten die USA/NATO/EU offensichtlich Erfolg, sonst wäre der politische und mediale Rummel seit über einer Woche um den unverbesserlichen Rassisten und rechtsradikalen Gewaltextremisten undenkbar.

Anmerkungen und Quellen

[i] https://worldfellows.yale.edu/the-program/program-details/
[ii] https://zona.media/news/2021/02/23/navalhate
[iii] https://www.youtube.com/watch?v=oVNJiO10SWw

Ultracapitalista Atlas Network, detrás de granjas de bots contra AMLO y Sheinbaum




El ultracapitalista think tank Atlas Network –ligado a las asociaciones México Evalúa, IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad, financiado por el Consejo Mexicano de Negocios), Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa y la Cátedra Vargas Llosa– sería el principal orquestador de la guerra sucia en redes sociales contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, denunció el partido Movimiento Regeneración Nacional.

En conferencia de prensa, Mario Delgado –líder de Morena– acusó que Atlas Network (encabezada por Roberto Salinas León en su capítulo América Latina) estaría detrás de las granjas de bots que intoxican la conversación en la plataforma X, antes Twitter, y que promueven tendencias como la de “#narcopresidente AMLO” y “#narcocandidata”.

Delgado fue más allá, y señaló que agencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos y trasnacionales petroleras, farmacéuticas y tabacaleras  son las que financian al Atlas Network. De este último, insistió que claramente tiene como objetivo  la desestabilización de gobiernos progresistas y de izquierda.

“Son empresas internacionales que tienen intereses específicos en los países. No es que sean altruistas: tienen un interés específico. Petroleras, farmacéuticas, empresas cigarreras: Shell, Exxon Mobil, Pfizer y Phillip Morris financian a Atlas Network. También sabemos, hay indicios, de que algunas agencias de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, están vinculadas a Atlas Network. Atlas se vuelve el eje de estas campañas y se relaciona con distintas organizaciones, fundaciones: México Evalúa, el IMCO.”

Mario Delgado advirtió que se trata de “una estrategia internacional de muchos millones de dólares –esto cuesta, no es gratis– vía Atlas Network, para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país, usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata”.

Asimismo, señaló que la aspirante por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, está asociada a la guerra sucia mediática, debido a que, en su reciente gira por Madrid, España, se reunió con la Fundación Internacional para la Libertad, vinculada a Atlas Network.

De este think tank ultracapitalista, detalló que también mantiene nexos financieros con las asociaciones México Evalúa, cuya directora Mariana Campos ha marcado una línea a favor del Poder Judicial Federal, bajo la bandera de que la Corte no se toca; el IMCO, con una agenda que cuestiona los proyectos de soberanía energética nacional y que se encuentra bajo la dirección de Jesús Salvador Carrillo Castillo; y Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, una asociación de ultraderecha que promueve diálogos interreligiosos de la mano de su director, Cristian Badillo Gutiérrez.

Igualmente, identificó a la fundación Cátedra Vargas Llosa –cuyo líder es el argentino de pensamiento ultraderechista, Agustín Antonetti–es otro de los detonadores de la guerra sucia que será investigado por las autoridades correspondientes, debido a que esta campaña desestabiliza los procesos democráticos al influir de manera negativa y falaz en la opinión pública.

“¿Qué denunciamos? Varias cosas el día de hoy. Una estrategia internacional de muchos millones de dólares, esto cuesta, no es gratis, vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país usando la red social X y otras, para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra calidad.”

En ese sentido, Mario Delgado acusó el intervencionismo extranjero, lo que incluye el activismo político de trasnacionales, las cuales con estos mecanismos tratan de influir en el resultado de las elecciones del 2 de junio. Ello, porque la candidata de la oposición  Gálvez ha emitido múltiples declaraciones en contra de la soberanía energética, de la autosuficiencia alimentaria y de la autodeterminación del gobierno mexicano, lo cual se traduce en un escenario favorable para la privatización –como sucedía en el pasado– de ciertos recursos y generar ganancias acorde a los intereses de empresas extranjeras.

“Están obviamente en contra de un estado fuerte, responsable y ellos buscan el lucro y la ventaja a toda costa. El entreguismo también en esta estrategia internacional por parte del PRI, del PAN y del PRD y de cómo están utilizando a su candidata como una pieza nada más de esta gran estrategia para facilitar que esta oligarquía global pase sobre el bienestar que ha logrado la cuarta transformación en favor del pueblo de México.”

Igualmente, el dirigente de Morena expresó su gratitud hacia la investigación del experto de redes sociales, Julián Macías, por lograr identificar la cascada de bots a través de la detección de ciertos errores ortográficos que se repiten en cientos de miles de hashtags, los cuales no corresponden a equivocaciones naturales.

Más allá de las granjas de bots, Mario Delgado acusó intereses políticos y económicos internacionales. “Lo hemos visto en otros países y todo está orquestado a través de Atlas Network, que permite financiamiento de empresas globales, de agencias de los Estados Unidos y la participación de supuestas fundaciones, opinólogos y medios de comunicación en nuestro país”.

Por ello, adelantó que se presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) mientras que los abogados se encuentran estudiando el caso para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable.

De acuerdo con el libro Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso (coordinado por los investigadores John M Ackerman, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Adrián Escamilla Trejo, e Israel Jurado Zapata), el think tank Atlas Network “se presenta como una organización ‘que conecta una red mundial de más de 475 organizaciones de libre mercado en más de 90 países con las ideas y los recursos necesarios para avanzar en la causa de la libertad. La Red Atlas ofrece a su red orientación, oportunidades de subvenciones y premios competitivos, y ocasiones para celebrar los éxitos de gran impacto. Atlas Network fue fundado por un discípulo de Friedrich von Hayek, con sede en Washington desde 1981, para defender posiciones ultraliberales” (páginas 173-174).

El torrente de la política mexicana

Xicoténcatl

Arrastrando toda clase de flujos de detritos, y a gran velocidad, baja el torrente sucio, muy sucio de la política mexicana, donde  aún  pueden verse flotando las últimas acciones de injerencismo made in USA  que a través de la DEA y con ayuda del premiado periodismo mercenario,  han reabierto el caso cerrado en 2006 que pretendía crear nexos de  AMLO y el cártel de Sinaloa vía financiamiento electoral.  El día 30  de enero, a cuatro meses de las elecciones del 2 de junio y en menos  de 48 horas, tres reportajes publicados apareciendo en tres medios  simultáneamente, despliegan una agresiva cobertura mediática que  vuelve a reabrir el caso con la intención de penetrar en el colectivo  social mexicano la idea de que López Obrador fue apoyado por el crimen  organizado y lo será en 2024 la opción que representa la continuidad  de la línea política planteada en la 4T.

Estos son los brazos mediáticos que se prestaron  al golpeteo lanzado  desde Washington:

Steve Dudley,  director del portal Insight Crime;  Tim Golden,  (excorresponsal del New York Times) de la Agencia de noticias  “independiente” ProPública, con sede en Manhattan, Nueva York;  Anabel  Hernández, periodista mexicana que actualmente trabaja para Deutsche  Welle.

Durante todo 2018 la inquietud de los poderes fácticos aumentaba a  medida que era evidente el apoyo popular y crecimiento en todos los  sondeos de opinión del entonces candidato del Movimiento de  Regeneración Nacional, MORENA.  Y la política mexicana incursionó en  avenidas torrenciales donde urgía reunirse, platicar, difundir  mentiras mediáticas y accionar. Roberto Hernández, dueño de BANAMEX  llegó a ofrecer 5 millones de dólares para contener (sobornos,  propaganda…) al que ellos definían como “un peligro para México”.  Claudio X González de Kimberlay Clark México, Carlos Slim, dueño de  Telmex y Grupo Carso, Eugenio Garza Herrera, fundador del Tecnológico  de Monterrey, Daniel Servitje del Grupo BIMBO, Germán Larrea, magnate  de la minería mexicana (Grupo México) entre otros más tuvieron varias  reuniones en aquel 2018 y luego siguieron muy activos durante toda la  presidencia de López Obrador y hasta la fecha.

También con la decidida apuesta por desbordar los ríos e inundar la  llanura aluvial, el Poder judicial continúa fluyendo a favor de  intereses oligárquicos y saboteando los trabajos de limpieza y drenaje  que pretenden aumentar ingresos  económicos sustanciales para  encauzarlos hacia los programas sociales en beneficio de las mayorías  populares. Así fue como el 22 de noviembre de 2022,  9 de los 11  Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvieron  que no se puede sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados  por delitos fiscales como contrabando, defraudación y uso de facturas  falsas, pues éstos no constituyen una conducta de delincuencia  organizada.  Las aguas del torrente mexicano se precipitan en riada  color  sangre cuando es preferencia de los jueces liberar  narcotraficantes que ya habían sido procesados por delitos contra la  salud y delincuencia organizada. Como caso destacado cabe señalar que  el 17 de mayo del 2023, un juez ordenó la liberación en el plazo de  tres horas del narcotraficante Héctor “el güero” Palma Salazar, fundador del grupo criminal conocido como “cártel de Sinaloa” y  recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, estado de  México. En noviembre del 2022 se dieron otros cuatro casos de jueces  que dejaron libres a narcotraficantes.

A causa de esta evidente colusión con la delincuencia organizada, el  presidente López Obrador considera de carácter prioritario reformar el  Poder Judicial para que la ciudadanía pueda elegir a los próximos  ministros de la SCJN. Desde 2023 el presidente de México recomendó  realizar foros para analizar el tema y ha señalado que el Poder  Judicial de la Federación es faccioso y está completamente  distorsionado.

Como aguas salvajes que discurren sin aparente rumbo fijo provenientes  de provocadas precipitaciones, las aguas continentales del narco que  golpean a México lo hacen de manera coordinada para afectar a Ecuador,  Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela. En éste último  país ha quedado al descubierto un plan de la DEA para armar causas por  narcotráfico contra el gobierno presidido por Nicolás Maduro. “Es  necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin  notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando de 15  páginas de 2018 acerca de la Operación Tejón del Dinero. El informe  fue obtenido por The Associated Press y detalla una operación  encubierta de la DEA durante varios años.

En México el alcalde de la colonial ciudad de Taxco (Guerrero) se dio  una vuelta por Madrid para promocionar en España del 24 al 28 de  enero, un lugar turístico asolado por el crimen y la violencia. Con  una certera percepción de los hechos sobre el terreno, la embajada de  los Estados Unidos en México, emitió el viernes 26 de enero una alerta  de viaje a sus ciudadanos para el pueblo mágico  de Taxco,  debido a  la crisis de violencia que vive ese municipio que quedó sin transporte  público durante seis días, además de la suspensión de clases por  amenazas del crimen políticamente organizado, luego de que asesinaran  al conductor de una camioneta turística.

En el mismo sentido de la corriente pero en cauce chiapaneco,  transportistas de Chiapas denunciaron que en carreteras de la frontera  con Guatemala, la sierra y el norte del estado, no hay condiciones de  seguridad para trabajar debido a los asaltos y al cobro de piso por  parte del crimen políticamente organizado. También denunciaron que en  los dos años recientes han desaparecido o han sido asesinados unos 30  choferes.

Agencias de viajes locales mantienen suspendidos sus recorridos por la  selva Lacandona porque la situación es crítica desde mediados de  diciembre del 2023. También por la zona de los Altos de Chiapas desde  donde se teclean estas líneas informativas la situación es delicada  sobre todo en Pantelhó, a 90 minutos de San Cristóbal, donde en estas  horas de la noche del 9 al 10 de febrero el grupo de Autodefensas El  Machete (ex bases del EZLN) se enfrenta con intensos tiroteos contra  los caciques de apellido Herrera, quienes durante años dominaron la  escena política municipal de ese municipio y que fueron expulsados en  julio del 2021.

Dos mil trescientos desplazados en Chiapas por el accionar coordinado  del crimen políticamente organizado en una escenografía prediseñada  que enfrenta al cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva  Generación, mismos  que se encargan del reclutamiento forzoso de  cientos de jóvenes en el sureste y a nivel nacional desde el 4 de  junio de 2023 a la fecha, el asesinato de 33 personas directamente  relacionadas con el proceso electoral del próximo 2 de junio  (aspirantes, precandidatos, encuestadores, colaboradores de partidos).

El negocio de la guerra contra el narco comandado por las agencias  de inteligencia imperiales será protagónico en el proceso electoral  que se avecina en México, y ya ha alcanzado niveles muy sofisticados  de agresión como el uso de drones para atacar comunidades rurales en el estado de Guerrero donde los pueblos marcan la pauta de resistencia  armada contra el crimen políticamente organizado, pertrechado este con  equipos de comunicación y armamento de guerra que le permite  enfrentarse al ejército mexicano, realizar emboscadas y colocar minas  terrestres en caminos de terracería como las que explotaron al paso de  un convoy militar a mediados de enero en la localidad de Zipoco,  municipio de Santa María del Oro, estado de Jalisco. La primera  explosión se produjo debajo de un camión militar. Seis efectivos del  17° Batallón de Infantería resultaron heridos de gravedad. La segunda  detonación ocurrió cuando se prestaba atención a los heridos: un  soldado resultó muerto y otro quedó gravemente herido.

Volviendo a nuestro caudal metafórico, cuanto más somero es el  gradiente, más finos son los materiales del lecho fluvial. Allí las  aguas bancarias son de otro color, porque han sido desviadas del cauce  general para lucir ganancias por el cobro de intereses por un total de  un billón (billón) 465 mil 983 millones de pesos (datos de la Comisión  Nacional Bancaria y de Valores). Eso en un registro que va de enero a  noviembre de 2023, un 32.7% más que en el mismo periodo de 2022. En el relajado fluir del  Instituto Tecnológico Autónomo de México,   ITAM, habló Carlos Slim, de manera distendida, con el agua por debajo  de la rodilla y a temperatura ambiente, sobre el desarrollo  insatisfactorio de México;  habló de unidad política y de otras  ocurrencias del magnate de fortuna privilegiada por la etapa de  gobierno salinista. Para  conceptos como igualdad este personaje  utiliza categorías conceptuales de alta simplicidad como  “tontería”.  La distribución de la riqueza también consideró Carlos Slim que es una  tontería. Todo esto en el  Seminario de perspectivas económicas 2024  en el ITAM…  una confrontación con la realidad social mexicana desde  esa institución académica, territorio de bastardos.

Las aguas culturales

El Imperio en decadencia acelera su descomposición y promete  arrastrar a multitudes desprevenidas y norteadas que observan la  superficie pero no calculan bien la fuerza de arrastre del fenómeno a  pocos metros de la misma.

Los corridos tumbados.-  Playas de Rosarito, Tijuana, miles de jóvenes  aguardaron hasta seis horas la llegada de Natael Cano, representante  destacado de ese reciente fenómeno musical conocido como corridos  tumbados. A partir de las 11 y media de la noche unas 10 mil personas  aplauden y corean los temas que hacen apología del billete fácil e  historias del narco; también algunos temas de contenido amoroso. El  maestro del Colegio de la Frontera Norte, José Valenzuela, señaló  durante una entrevista con motivo del Premio Nacional de Artes y  Literatura 2023, que  “hay que tratar de entender cuáles son los  entramados culturales, qué hay detrás de los corridos tumbados, sus  autores exaltan el consumo al extremo y llevan al límite los códigos  de la sociedad que estamos viviendo,  cerrar los ojos no resuelve  absolutamente nada. Tenemos que colocar el acento en resolver el  problema”.  Y ahí es donde topamos con pared de hormigón denso, porque el problema está ligado a los asuntos con los que inicia este breve  relato: corrupción, golpes de estado, fraudes electorales, violencia,  tráfico de armas y de personas, desplazamiento de poblaciones enteras,  acumulación por desposesión…

El fenómeno (inducido) Peso Pluma.  En menos de un año el cantante de  corridos tumbados Peso Pluma pasó de dar entrevistas en programas  locales dedicados al género musical a protagonizar anuncios de  Netflix. Pero en 2023 el grupo criminal “cártel Jalisco Nueva Generación”  publicó amenazas de muerte contra Hassan Emilio Kabande  Laija, alias Peso Pluma e impidieron su actuación en el estadio  Caliente, el más grande de Tijuana, “por irrespetuoso y lengua larga”.

De esta forma quedó claro que el éxito de este fenómeno musical no  puede explicarse sin observar detenidamente las heridas de un país  sometido por el crimen políticamente organizado y vecino de un Imperio  que lleva 40 años de diseño y acción criminal contra los pueblos de  América Latina, con una política sostenida de golpes de Estado y  descomposición social llamada “guerra contra el narco”.  Como bien  señala el sociólogo y catedrático de la Universidad de Guadalajara,  Jorge Ramírez los corridos tumbados son una exhibición pública del  poderío entre cárteles…  maneras de posicionarse culturalmente,  simbólicamente, de mostrar su poder. Peso Pluma dedica varios de sus  temas al cártel de Sinaloa y afirmó en una entrevista que son corridos  de encargo… “nos dedicamos a escribir corridos y entregar nuestro  trabajo… un corrido que te manden hacer”. El catedrático Jorge Ramírez observa que el éxito de los corridos  tumbados va de la mano de una estrategia de marketing cimentada en Tik  Tok, “es una especie de sabiduría mercadológica que ellos dominan muy  bien”.

El 17 de marzo de 2023 fue el lanzamiento oficial de “Ella baila  sola”,  canción de Peso Pluma y Eslabón Armado. El video acumula más  de 411 millones de visitas en You Tube y la pista tiene más de 956  millones de reproducciones, en Spofity, plataforma a la que llegó al  número 1 a nivel mundial. El 28 de abril Peso Pluma debutó en la  televisión estadounidense en The tonight show starring Jimmy Fallon,  uno de los programas de mayor audiencia gringa. Desde entonces el  joven Hassan Emilio, de ascendencia libanesa ha sido reconocido  “estrella revelación de México en un perfil del diario New York Time,  recibió 21 nominaciones en los premios Billboard 2023 y apareció en la  lista anual de los 100 líderes emergentes de la revista Time, y apenas  este 5 de febrero se anunció que Peso Pluma había ganado su primer  premio Grammy con “Génesis” como el m e j o r  d i s c o (¿¡?!!) de   música mexicana…  ¿así o más burdo?

Penetración en Chile.  Las aguas culturales también se conectan con el  torrente continental y así como las bandas delictivas que pusieron a  Ecuador en estado de emergencia forman parte de una estructura más  amplia ligada a las bandas políticamente organizadas de México (cártel  de Sinaloa y CJNG), la política imperial intervencionista contempla  las aguas culturales anegando espacios como el Festival Viña del Mar  en Chile. Anunciado desde octubre de 2023 y pese a la controversia que  suscitó en diferentes medios chilenos, los organizadores del Festival  confirmaron a fines del mes de enero que “se mantiene la participación  del artista mexicano Peso Pluma” en Viña del Mar el día 1 de marzo en  la Quinta Vergara. El promotor mexicano de la cultura narco (asesinatos, prostitución y lujos) cuenta con el patrocinio de la  República de Chile, ya que el festival es organizado por el municipio  chileno de Viña del Mar y los canales TVN (la televisión pública de  Chile)  y Canal 13. René Lues, concejal de Viña del Mar declaró que no  es adecuado utilizar canales, recursos y espacios públicos para  promover este género de música y las canciones ligadas al narco…  El  narcotráfico es la mayor tragedia que tenemos en Chile y en Viña del  Mar, generador de todas las formas de delincuencia que hoy agobia a  nuestro país y a nuestra ciudad. La polémica escaló hasta el  ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile cuyo titular,  Carolina Tohar, expresó que a las autoridades les preocupa  el  seguimiento masivo que se hace a las canciones que promueven la  cultura narco.

En la llamada cuenca de recepción la fuerza de las aguas producen  desmoronamiento de barrancas, arrastran vegetación, grandes trozos de  roca y cuerpos destrozados de todo aquel que se oponga con firmeza a  la fuerte corriente intervencionista que golpea gobiernos y penetra  instituciones y grupos sociales en todo lo que llevamos recorrido de  este muy agitado siglo XXI.

Ciento doce días para llegar al 2 de junio es una eternidad para el  conjunto de la sociedad mexicana y no hay que descartar acciones que  apunten a una desestabilización pura y dura. Por el momento se da una  feroz lucha de poderes (poder judicial contra poder ejecutivo), así  como una exacerbación de la violencia criminal que busca inclinar la  balanza del voto a favor del conservadurismo político, representado  por una derecha desesperada porque no consigue acortar la enorme  distancia que separa a las dos candidatas, Claudia Sheinbaum por parte  de MORENA y Xóchitl Gálvez apoyada por PRI, PAN y los deshilachados  restos del PRD.

Por eso las aguas bajan  muy sucias en el actual torrente mexicano y  su capacidad erosiva es muy intensa. Tiene la capacidad de  arrastrar  materiales hasta donde el agua del torrente se divide en varios brazos  para acabar en el cono de deyección donde puede haber riesgo de riadas  que destrocen el incipiente trazado popular de la autodenominada  Cuarta Transformación.

FUENTES:

La Jornada;   Gatopardo “Peso Pluma entre la fama y el  narco” (Inés García Ramos);
El Financiero  (12 de enero);  Russia Today:  Ataque con minas del CJNG (11 de febrero)
Sobre datos de las reuniones de empresarios  mexicanos para frenar el ascenso de López Obrador en campaña de 2018, sacados del  nuevo libro “Gracias” Editorial Planeta,  escrito por el presidente.

8.2.24

Pacificación de México: de la eclosión a la asunción como tarea estratégica

Jorge Retana Yarto

 

En el bienio 20172018, la violencia criminal llegó a niveles históricos los años con más “homicidios dolosos” en el país. Las elecciones federales de entonces registraron el mayor nivel de asesinatos de candidatos contabilizados. Por la violencia que aún padece México, podría parecer inacabado el tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la pacificación del país, como lo anunció o prometió al principio de su mandato, pues faltan ocho meses para su conclusión legal-constitucional. En sentido estricto, es complejo que tal objetivo pueda concretarse.

Hoy podemos valorar dicho proceso. En términos evaluativos, este planteamiento fue una de las grandes apuestas del actual gobierno de la 4T-4Rcuarta transformación para la cuarta República–. En ésta, se pusieron en juego distintos conceptos, principios, que podemos encontrar en discursos y alocuciones hacia la sociedad. Además de instrumentos que aterrizaron en programas y políticas públicas, los cuales arrojan ciertos resultados al día de hoy. Estos mismos nos proponemos valorar políticamente.

Al respecto, tenemos cuatro hipótesis centrales y una valoración conclusiva:

1.La pacificación no es un objetivo estratégico para el desarrollo de México en la clase política nacional, sólo en el Poder Ejecutivo federal y en los estados gobernados por el partido en el poder[Morena], aunque sus actividades son en general, limitadas, casi formales.

2.La pacificación no es aún un objetivo estratégico en las instituciones armadas. Esto, dado que sus intervenciones institucionales, políticas y sociales se han dilatado sin un correlato de compromiso a fondo con dicho objetivo: hacen lo necesario por mandato presidencial. Sin embargo, en procesos de justicia transicional gravita más en muchos integrantes su espíritu de cuerpo, su defensa, frente a cualquier revisión o ajuste con hechos del pasado, sin anteponer que es parte de la pacificación. No existe ésta sin ajuste con el pasado.

3.La pacificación es un proceso que obstruye las metas de lucha electoral entre fuerzas políticas, cuya visión e interés predominan sobre cualquier otra consideración. Son rehenes de la visión de corto plazo.

4.Se ha intentado implementar de manera incompleta y heterogénea, sin una concepción precisa de la misma y de sus procesos ajustados a las condiciones de México. Hay avances que, no por carecer de espectacularidad, debemos dejar de apreciar su valor. Significa que se puede avanzar mucho más.

Consecuencia de este postulado valorativo producto de las hipótesis que desarrollamos en este ensayo, el curso de la pacificación se encuentra en una etapa embrionaria con resultados de avance en algunos aspectos. En otros, mejores; sin embargo, insuficientes en algunos más. Además de retrocesos que no permiten sostener con datos duros que la pacificación avanza con paso firme y que puede entrar a un proceso de consolidación y expansión.

No ha superado la etapa embrionaria, de eclosión, pero camina. Cuenta con las determinantes socio-políticas e institucionales para dar un salto positivo en el futuro.

Un señalamiento que nos parece de importancia: las polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus ruedas de prensa sobre estos temas tienen un eje sustantivo: para él, la reducción y tendencias de descenso –ejemplificadas con datos duros, reales– durante su gobierno en los indicadores de incidencia delictiva prueban lo acertado de la concepción y la estrategia puesta en marcha.

Otros, reconocemos lo primero y los avances logrados, pero consideramos que con ajustes en la estrategia –no en la filosofía política general que la misma contiene– es posible acelerar los tiempos de la caída de los indicadores y obtener mayores éxitos. La severidad de los eventos –como lo ocurrido a fin de año– y la imperiosa necesidad de intensificar el desarrollo obligan a buscar dicha aceleración.

Hemos señalado en qué puede consistir dicho ajuste en la estrategia. No seré repetitivo. Nadie miente en esto. Algunos critican sin reconocer nada, sólo por deslegitimar el enfoque y la estrategia; no tienen propuesta. Otros apoyamos y reconocemos, pero valoramos distinto el poder actual de la estrategia hasta hoy seguida. Enero de 2019 no es enero de 2024.

Cualquier estrategia puede ser ajustada. No son rígidas e inamovibles en cuanto las circunstancias y el correr del tiempo. Los cambios son dictados por la necesidad. Hoy, las organizaciones trasnacionales del crimen se han transformado; no son las mismas que en 2019.

Estado de necesidad de un nuevo paradigma

En primer lugar, debemos considerar que el propósito y objetivo político –enunciado desde la campaña para la elección presidencial de 2018– no los consideramos propagandísticos, y menos demagógicos. Tampoco son utópicos –hay diferentes experiencias históricas de logros en tal sentido–, sino sinceros y dictados por el estado de necesidad en el país.

El crimen trasnacional organizado se había empoderado a lo largo y ancho de nuestro territorio. Conformaba una multiamenaza para la seguridad nacional en su vertiente de seguridad interior. En cuanto a ello, todos lo entendía así –como de urgente necesidad–. Ante esto, se habían esbozado cinco propuestas generales distintas:

Intensificar y ampliar la praxis de la estrategia punitiva-represiva centrada en la ofensiva de los cuerpos armados del Estado –aún no sabíamos, aunque muchos sospechaban, las trapacerías criminales de Genaro García Luna y las colaboraciones del gobierno de Peña Nieto con él– al costo que fuera necesario.

Asimismo, ampliar las facilidades a organismos como la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés), luego también nos enterarnos de distintas complicidades de dicho organismo, para derrotar por las armas a los ya poderosos cárteles mexicanos.

Por otro lado, la legalización de las drogas para modificar el ambiente socio-político, económico y de mercado respecto al tráfico internacional de estupefacientes ilícitos desde México.

Esta propuesta fue esgrimida por el grupo internacional de personalidades que encabezaba el exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, en el cual participaba el expresidente Ernesto Zedillo.

Dentro de esta opción, como variante acotada de la misma, se planteaba “la regulación de algunas drogas como el cannabis” y su despenalización, como primer paso hacia el objetivo más amplio.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –entonces–, se llegó a perfilar una normatividad legal para abordar en esos términos la problemática. La gradualidad era el eje conceptual. El entonces senador Joe Biden planteó la necesidad –como variante de la estrategia punitiva-represiva– de la integración de un ejército multinacional para la región de América. Se encargaría de perseguir y aniquilar a los líderes y sus organizaciones criminales.

La negociación directa, abierta o encubierta con las organizaciones del crimen trasnacional en México fue disimulada, por tanto, ilegal. Fue una opción que estaba sobre la mesa en distintos países.

En Colombia, primero fue encubierta y luego abierta y legal con Pablo Escobar. Y, en Italia, encubierta con la organización criminal “la Camorra” Napolitana, por ejemplo.

En el tema del blanqueo de capitales, se establecieron los Acuerdos de Basilea III. Plantearon incrementar los candados en las operaciones bancarias y en las transacciones internacionales de dinero –normas de cumplimiento para los oficiales bancarios y los ROS (reportes sobre operaciones sospechosas, en español). Éstas son las prácticas de mayor identificación de los clientes-inversionistas en bancos y mercados de valores (dinero y documentos transables).

Así como la legislación en cada país –sobre extinción de dominio–, en cuanto a la utilización de distintos inmuebles para narcomenudeo y dinero de procedencia ilícita. Eran susceptibles de ser expropiados si esto se comprobaba –lo que fue un sonado fracaso, los juicios eran perdidos por la autoridad en distintos casos–. Además de rematar con más candados –normas severas– en las leyes de investigación de recursos de procedencia ilícita que ampliaban las posibilidades de este tipo de operaciones al sector joyero, al inmobiliario, turístico, de arte. Además, reducían el monto de las operaciones en efectivo y en dólares estadunidense.

Y ulteriormente, amplían la legislación nacional, a través de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) por conducto del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Incluían el sector bancario-financiero entre países.

Se reforzó dicha política, igual que con la cooperación de carácter judicial; es decir, la persecución en las fronteras, la ampliación de las causales de extradición, la interposición de rogatorias internacionales, etcétera.

Todo ha sido, si no inútil, insuficiente para neutralizar o erradicar las amenazas del blanqueo de capital a nivel mundial y nacional. Siempre hay resquicios legales, administrativos, o por corrupción en asociaciones criminales de distinto tipo –de cuello blanco– que lo permiten de manera masiva y continua.

En suma: parecía que nos encontrábamos en un “callejón sin salida”, con una estrategia de política criminal punitiva-represiva nacida de un paradigma lanzado desde el gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Richard Nixon.

Tal como fue “la guerra contra las drogas”, paradigma fallido, agotado, cuestionado en México por los críticos y opositores políticos. Sin embargo, incluso en el gobierno de Peña Nieto, se intentaron algunas líneas de cambio en ese sentido.

Hacia el final del sexenio, en la ONU, Miguel Ángel Osorio Chong declaró que México estaba dispuesto a ir a una legalización parcial de drogas prohibidas, aunque Peña Nieto lo negó en la Casa Blanca, durante una reunión con el presidente Barack Obama.

Su carácter fallido también fue aceptado por el Senado de Estados Unidos en varias ocasiones e internacionalmente en América Latina, pero especialmente en Europa, en donde se adoptó el “paradigma preventivo”. Se puso a un lado el modelo represivo-punitivo.

Por tanto, los planteamientos en campaña de Andrés Manuel López Obrador durante 2017-18 de abordar esta inmensa problemática –cambiando los parámetros teórico-conceptuales y los instrumentos legales represivos-punitivos, como cuando anunció una ley de amnistía, imposible en el tema del crimen transnacional organizado– y entrar a un “proceso de pacificación” constituyeron un severo factor disruptivo.

La frase concreta era “vamos a serenar y pacificar a México”, dentro de lo cual, surgió la frase de “abrazos no balazos”, pésimamente entendida y también interpretada de muy mala fe.

Se ha hecho escarnio de una de las frases –pudo haber sido otra mejor acuñada–. Han pretendido resumir el más caro anhelo de cualquier sociedad nacional: vivir en paz, en armonía social, con instituciones sólidas, las cuales diriman los conflictos y choques de intereses –incluso los más complejos, como los originados por el crimen transnacional organizado–. En particular, después de lo que veníamos viviendo desde hacía 35 o 40 años.

En consecuencia, se trató de crear e implantar “una filosofía de la paz que sustituyera la filosofía de la guerra” –no eliminar la lucha desde las instituciones públicas–.

Luego se “dio por terminada la guerra contra el crimen organizado”. También, se plantearon los instrumentos de política pública al efecto: la política social, la lucha a fondo contra la corrupción y la creación de la Guardia Nacional –subsumiendo lo que fuera posible de la Policía Federal–.

Igualmente, se cambió el organismo de inteligencia civil llamado Cisen por el Centro Nacional de Inteligencia. Se pretende centralizar allí la inteligencia civil y policial esparcida en 11 o 13 organismos distintos–. Además de crear una Fiscalía General autónoma, reducir sueldos y salarios, establecer la “austeridad republicana” –para liberar recursos extraordinarios–, elevar los salarios mínimos, reforzar los programas sociales, etcétera.

Todo orientado a generar un ambiente nacional propicio al inicio de un proceso de pacificación gradual para México. Un auténtico cambio de filosofía política, de gobierno. Es decir, un cambio de paradigma difícil de comprender y poco explicitado desde el poder público. Pareció que no había ideólogos que se encargaran de ello. Reinó la confusión y la interpretación banal.

La pacificación, parte del nuevo paradigma

Abrir “un proceso de pacificación” es parte del nuevo paradigma para enfrentar la violencia criminal, la organización y operación del crimen trasnacional. De esta manera, consumar la derrota socio-política y cultural del mismo y reducir sus fortalezas financieras –que son poderosas–.

La pacificación es parte integral de la lucha contra la criminalidad transnacional desde los lineamientos e instrumentos, las políticas inherentes al nuevo paradigma.

Sin embargo, surge una duda fundamental: ¿la lucha contra la criminalidad bajo los términos mencionados es simultánea al proceso de pacificación o son procesos secuenciales?

Depende de cómo entendamos “la pacificación”: como la reconquista de la paz –“la estabilidad” del autoritarismo presidencialista anterior–, la instauración de la armonía social democrática bajo el orden constitucional renovado, o la caída progresiva de los indicadores de violencia social-criminal y los avances en contra de la criminalidad transnacional, susceptibles de medición, que procesan organismos internacionales de especialistas en el tema, mediante indicadores estadísticos diversos, los cuales atañen a la incidencia delictiva.

Salvo volver a la estabilidad del autoritarismo presidencial anterior en México, incapaz de contener la expansión criminal, las demás rutas no son antagónicas entre sí. La complejidad histórica las entremezcla.

Para responder mejor, tenemos que acudir a la teoría, a la experiencia de procesos históricos de pacificación consumados y al tratamiento técnico metodológico que hacen los organismos internacionales abocados a estudiar e informar sobre estos fenómenos y procesos, ante un estado de violencia criminal desbordado y agudizado.

Los abordaremos en argumentaciones breves. Por cierto, tales organismos no recopilan datos ni analizan lo que en la sociología política latinoamericana denominamos “violencia estructural” –derivada de los mecanismos de exclusión y marginalidad social, inducidos por modelos económicos desarrollistas y oligárquicos, los cuales poblaron América Latina y el Caribe–. Ameritarían otro ensayo.

La teoría: los procesos de pacificación no son ni pueden ser sólo la “ausencia de violencia criminal desbordada”.

Tienen que incluirla, pero antes que nada son una expresión del derecho humano a vivir en paz, un derecho inalienable e imprescriptible, el cual estánobligados a respetar y a luchar por su vigencia los gobiernos nacionales que se precien de entender y respetar la seguridad humana.

Mucho menos es “la paz de los muertos, de los cementerios”, ni el predominio de las complicidades criminales con y desde el poder público; es decir, un entorno de simulación socio-política e institucional impuesto por las “mafias de Estado”, en la conceptualización de Jürgen Roth.

Ahora bien: la Carta de las Naciones Unidas establece dos preceptos universales fundamentales. En el artículo 1, numeral 1, sustenta que es propósito fundamental de la Organización mantener la paz y la seguridad internacional mediante el arreglo o ajuste de controversias o situaciones susceptibles de llevar a quebrantamientos de la paz. Esto a través de medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional.

Además, dicho cuerpo legal desarrolla el contenido de este principio en el capítulo VI (artículos 33 a 36). En el artículo 33, párrafo 1, se hace la referencia a que los Estados miembros tienen la obligación de resolver sus controversias utilizando medios pacíficos.

De manera adicional, el mismo documento contempla la solución pacífica de controversias o de los conflictos. Es presentado como un derecho y un deber, ambos constituyen un principio unitario, indivisible.

A la vez, la solución pacífica de conflictos constituye la negación a la posibilidad de tratar los conflictos mediante el uso de la fuerza. La solución pacífica de controversias fue consagrada como un principio de las Naciones Unidas en el artículo 2, numeral 3.

Esta dualidad derecho-deber es propia de los ordenamientos supremos de carácter interno de los Estados nacionales; es decir, de los Estados constitucionales. Se tiene la obligación de solucionar pacíficamente los conflictos de toda naturaleza, pero también de proporcionar seguridad a la sociedad, a la nación, al Estado.

Hay adhesión en las constituciones a los principios internacionales consagrados en el derecho público internacional, y también apego y respeto absoluto al texto y la praxis política interior en la materia. No son solamente asuntos de política exterior.

El derecho a la paz es consustancial a la solución pacífica de los conflictos –sin lo segundo no puede haber lo primero–, los cuales, en su desbordamiento institucional, conducen a la violencia armada cualquiera que sea su naturaleza social, aún la tipo criminal trasnacional. Esto no significa que el Estado no pueda hacer uso jamás del “monopolio de la violencia legítima”.

No, sino que la orientación fundamental de las acciones públicas tiene, como contenidos, los instrumentos y medios pacíficos para contener y luego revertir el conflicto.

Así, darle una solución pacífica mediante acuerdos y justicia transicional avalados por la sociedad, por las mayorías sociales, por el Estado y por sus órganos constitucionales.

En consecuencia, el derecho a la paz significa en su sentido primero y último la potestad social de oponerse a todo tipo de actos de violencia, directa e indirecta, desde la propia sociedad o desde el gobierno, o desde ambos.

Por tanto, la implantación de mecanismos institucionalizados para la solución pacífica de conflictos, ameritan especial atención –en las Mesas de Pacificación, las legislaciones de justicia transicional para crear las Comisiones de la Verdad o comisiones especiales sobre hechos concretos como el crimen en Ayotzinapa.

Son los medios que facilitarán que la paz –en sus dimensiones tradicional o negativa, como ausencia de violencia, y positiva, como promoción de los derechos humanos, la paz acompañada de la justicia y la equidad– se haga realidad.

Es dable afirmar que las acciones tendientes a dar solución pacífica a los conflictos son expresión del ejercicio de un derecho inalienable: el derecho a la paz.

La experiencia histórica: hay una cuestión fundamental que debe entenderse con sus implicaciones y consecuencias: los procesos de pacificación que se conocen – los principales por lo menos– constituyen, un pacto, un arreglo, una reconciliación, un acuerdo, con el o los que consideramos “enemigos”, con quienes hemos visto como tales, a quienes se ha combatido de muy distintas formas, quienes nos han afectado.

No puede haber duda en esto. Es lo que se hace dentro de un proceso político-social y cultural e institucional, en paralelo a la marcha normal de las instituciones públicas, incluyendo al poder judicial; es decir, un proceso de mediano y largo plazo, de negociaciones que en su complejidad no parecen tener fin. Se pacta con el enemigo.

De aquellos procesos, hemos estudiado varios –Irlanda, Pueblos Vascos en España, Sudáfrica, Colombia. Centroamérica–. Son distintos entre sí, pero, no obstante, tienen con parámetros comunes que abordamos en donde lo fundamental.

Comprenden un principio axial: la búsqueda y logro de consensos, o bien el principio de quid pro quocomo en cualquier proceso de negociación, una concesión por otra. Entonces los factores fundamentales a todo proceso pacificador son:

Integrar una voluntad política unificada bajo el liderazgo del líder político principal –unidad de mando– que descienda desde el poder público hacia la sociedad. Luego, ascendería fortalecida y convertida en voluntad política mayoritaria. Así, ir al encuentro de un proceso de pacificación con todo lo que éste implica.

El uso de mecanismos de justicia transicional. Son entendidos como un espacio público legal distinto al ya instituido y de revisión de los hechos más violentos y sangrientos del pasado, con el fin de conocer la verdad sobre ellos y actuar en consecuencia, con justicia penal, compensación y/o y reparación de daños a las víctimas. Para ello, se crean los ordenamientos legales respectivos ad hoc.

Para decirlo con propiedad, el uso de los medios o procedimientos no jurisdiccionales se caracterizan porque la solución se logra con el acuerdo de las partes.

Los medios jurisdiccionales se caracterizan porque la decisión tiene carácter obligatorio. Es dictada por un tercero independiente quien tiene, o a quien se le otorga funciones jurisdiccionales temporales. Ello es indispensable en los procesos pacificadores.

Cuando el conflicto es armado, se busca lograr un acuerdo de “reducción de la violencia” letal, un alto al fuego pactado, un alto al fuego unilateral, restricción de las acciones de combate voluntarias, un cambio de las posiciones de los combatientes en el terreno del conflicto –retirada de ciertas zonas geográficas, o establecimiento de un territorio neutral u otros–, una legislación especial iniciada por el Poder Ejecutivo o una Comisión Especial plural del Congreso, u otras variantes, para autorizar e iniciar las conversaciones sobre la ley de paz y justicia, acompañada de otra ley de reconciliación nacional; o una sola que incluya ambas.

Apertura de una mesa de conversaciones para crear un espacio de conocimiento entre los encargados del proceso, confianza mutua y buena voluntad, de expresión política del deseo de pacificación entre contendientes.

Aplicación de una legislación judicial especialmente considerada con los responsables de actos criminales con reducción de condenas o la extinción de expedientes criminales, otorgando la posibilidad de una reinserción social posterior en sus comunidades originarias, u opciones de capacitación adiestramiento o trabajo, los cuales modifiquen los términos posteriores esperados de su comportamiento social, pero siempre cumpliendo una condena dictada por una fiscalía especial, creada ex profeso y que conoce de estos casos y dicta sentencia.

La provisión de recursos financieros públicos en partidas especiales, con el objetivo de financiar el conjunto de medidas de reparación a víctimas que van surgiendo como obligación pública durante los años que resulten necesarios.

La intervención de organismos internacionales con los buenos oficios y la mediación y la investigación internacional de hechos de alto impacto. Pueden incluir organismos internacionales con cierta jurisdicción reconocida; la cooperación judicial internacional o el arreglo judicial internacional; una rogatoria internacional; acuerdos entre las partes en conflicto con garantía internacional, o algunos otros medios e instrumentos de esta naturaleza.

Por todo lo anterior, debe entenderse con absoluta claridad que la construcción de la paz supone la transformación del sistema jurídico, el cual regía la convivencia social, en cuyo seno se generó y expandió el conflicto. Por múltiples razones, no fue capaz de contener y solucionar.

El sistema jurídico será expresión de los cambios que se acordaron en los procesos de pacificación. Por ello, los acuerdos de pacificación logrados son la pauta y la clave para entender los alcances de cada proceso y las nuevas realidades.

Nunca han existido procesos lineales. Siempre son accidentados, plagados de desacuerdos, denuncias ynuevos enfrentamientos armados, para luego volver al diálogo y a los acuerdos.

Pasan por distintos momentos y pueden llegar a la victoria o al fracaso. Nada está asegurado de antemano. Por ello, un proceso de pacificación es a menudo frágil, incierto, sumamente complicado y conflictivo, irregular, pero a la vez, esperanzador.

Lo anterior, puede ser útil cuando se producen consensos diversos al respecto de su uso y ejecución. Esto conforme a los alcances, la dimensión y características que tenga un acuerdo de pacificación y finalmente la firma de un acta de paz o de conciliación nacional y reparación del daño avíctimas. Deben incluir la restitución de bienes privados perdidos, derechos anulados, reparación por vidas segadas, etcétera.

Es decir, todo lo que se denomina “restitución a víctimas y familiares y reparación de daños”. Estos acuerdos son vinculantes para quienes los suscriben.

Los organismos internacionales recopilan datos y emiten valoraciones. Hay varios y de diverso origen, algunos privados, otros públicos. Algunos son más como organizaciones sin fines de lucro. En su mayoría, construyen indicadores integrados por distintas variables.

Las más representativas –a las cuales les asignan un valor ponderado conforme a la realidad de la violencia armada, asesinatos atentados, etcétera, en cada país– no logran aprehender la complejidad de las realidades de extrema violencia de un grave conflicto interno o de las guerras entre Estados –en su caso– por amplios que puedan, o no puedan ser.

Por lo tanto, debemos considerar sus indicadores o índices como “valores representativos y aproximados”. En alguna proporción, expresan lo que ocurre en determinado país respecto de sus conflictos armados de diverso tipo, conforme a la metodología de procesamiento de los datos, en lo cuantitativo y cualitativo. Son muy concretos.

En suma: no pasan revista al conjunto amplio de variables que van influyendo en los procesos iniciales, avanzados o de construcción de la paz.

Por lo tanto, tales variables no tienen expresión en los indicadores construidos. Sin indicadores ponderados, se miden los hechos más relevantes a su parecer. Debemos tener esto presente al leer los informes que emiten –regularmente cada año– y formarnos una idea del proceso mismo, de su estado de situación.

De acuerdo con lo antes establecido y analizado, tenemos claro que se requieren un conjunto de prerrequisitos para iniciar y desarrollar después, un proceso de pacificación. ¿Están presentes y en desarrollo en nuestro país?

Valoración de la pacificación en México

El nuevo gobierno 2019-2024 postuló la pacificación como objetivo primordial para ser lograda a lo largo de su sexenio. Su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana –doctor Alfonso Durazo– dijo que en dos años se verían resultados tangibles del nuevo enfoque e instrumentos aplicables en la Seguridad. Se mencionó la entrada en funcionamiento de un nuevo paradigma que consideramos ha tenido tres ejes centrales:

Primero, las políticas de bienestar social transversales en los programas de gobierno y sus políticas públicas. Segundo, una lucha a fondo contra la corrupción de Estado. Dentro de ésta, ha sido central la autonomía de la nueva FGR y los cambios constitucionales asociados al fuero constitucional de los altos servidores públicos.

Y tercero, la creación y expansión de la Guardia Nacional. De inicio, tiene una concepción de colaboración y mando militar para combatir la delincuencia organizada y la criminalidad del fuero común. Es seguridad interior y seguridad pública desde un sólo cuerpo armado. Esto expresa una heterodoxia muy grande en los marcos teórico-conceptuales e institucionales.

De esta ecuación resulta, sale una concepción de la seguridad –principalmente entendida como Seguridad Pública– y lucha contra la criminalidad, asociada al bienestar y a la lucha contra la corrupción –incluyendo la de “cuello blanco”–.

En particular, aquella asociada a las organizaciones transnacionales, así como la innovación política e institucional en los cuerpos armados del Estado (GN). Esto, con una nueva visión que incluye el respeto efectivo a los derechos humanos.

Las acciones y operaciones de pacificación son medidas destinadas a poner fin a una crisis o un conflicto armado, instaurando una vía institucional de solución pacífica y definitiva para las causas que lo originaron.

La Estrategia Nacional de Seguridad considera como eje de la misma la coordinación del Gabinete de Seguridad con las Mesas de Construcción de Paz estatales y regionales, así como el funcionamiento de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Mandata la capacitación y certificación de policías estatales y municipales, además del respeto a los derechos humanos; la atención especial a los casos de violencia contra las mujeres, y el combate de delitos transfronterizos.

En México, la pacificación pretende avanzar, a través de las Mesas de Pacificación y Seguridad y las acciones y operativos de la GN apoyados por la Marina y el Ejército.

Han integrado los gobiernos de los Estados, mediante una composición plural de funcionarios con distintas áreas de responsabilidad, en las cuales se planifican las actividades a desarrollar en los ámbitos de cada Estado. En total, hay 32 Mesas Estatales; 266 son regionales de construcción de paz y seguridad, más el Gabinete de Seguridad.

Hacia finales del año de 2022, desde dicha instancia de coordinación federal, se establecieron los resultados: reducción de los delitos del fuero federal en 27.3 por ciento de octubre de 2018 a octubre de 2022 y una caída en 92.2 por ciento del robo de combustible, que representa un ahorro de 236 mil millones de pesos entre 2020-2022.

Además, se evitó la toma de casetas en caminos federales. Esto canceló posibles pérdidas por 39 mil 820 millones de pesos. Se disminuyó en 18 por ciento el robo en sus distintas modalidades entre diciembre de 2018 y octubre de 2022. En el mismo periodo de tiempo, cayó en 40.1 por ciento el robo de vehículos; en 2.8 por ciento, los feminicidios, y 68.1 por ciento, el secuestro (https://seguridad.sspc.gob.mx/contenido/).

Observemos cómo dentro del reporte se ofrecen resultados para distintos tipos de incidencias delictivas: propias del crimen organizado, delitos de género y del fuero ordinario. Se engloban en el mismo rubro: “avances de pacificación”. Aquí tenemos un problema conceptual y metodológico. Sin embargo, no es el momento.

Y luego en tareas de prevención, se incluyen cuatro conceptos: Desarme Voluntario, Programa de Prevención de Adicciones y Violencia, Tianguis de Bienestar y Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera (Boletín No. 233).

Nuevamente, un concepto y una clasificación conceptual discutible dentro de la problemática que estamos tratando. Parece que su forzada inclusión se hace con la idea de reforzar el indicador de los resultados. O hay una desviación conceptual.

Sinceramente, como apuntamos, nos parece que hay mucha imprecisión, una falta de una correcta conceptualización transmitida a la sociedad, además de un programa claro y puntual del proceso que se ha emprendido.

Bajo esas condiciones, la evaluación desde el gobierno es compleja de procesar porque se incurre en confusiones. Para el público, se entremezclan las temáticas y los conceptos.

Por ejemplo, sobre lo que sería la tarea cotidiana en seguridad pública de la autoridad, como es el combate al robo –a transeúntes, a casas habitación, en transporte público, o la introducción ilegal de un automóvil desde el extranjero–, con los parámetros propios de un proceso pacificador respecto de un adversario interno, como el crimen trasnacional organizado –robo de combustible, narcomenudeo, etcétera–, a partir de una conflictiva agudizada llevada al terreno de la lucha armada entre aquél y las fuerzas coercitivas del Estado no son equiparables.

Esta problemática tiene dos factores de origen conforme a nuestro análisis: el estatuto legal – funciones– aprobado por el Senado de la República para la Guardia Nacional, en el cual la responsabilizan de las tareas de combate al crimen transnacional organizado, y del combate al crimen ordinario –como explicamos arriba–, apoyadas por las Fuerzas Armadas –validado por la SCJN– cuando la Constitución de la República separa las tareas de la seguridad interior y la seguridad pública, los marcos jurídicos de cada una y los cuerpos armados usados para el combate y preservación: la policía preventiva y las fuerzas federales; unas con mando civil, y otras, con mando militar.

A la Guardia Nacional, se le asignó un rol organizativo, funcional y jurídico híbrido: un cuerpo intermedio militarizado, con mando civil y operación militar. Una gravísima contradicción. Por ello, a la GN la llevan de una secretaría a otra. Primero, la subsumieron en la institución militar, y luego la SCJN la regresó a la SSPC.

Además, el ejército tiene un mandato finito para continuar coadyuvando en tareas de seguridad pública. ¿Se prorrogará indefinidamente? Veremos que dice la SCJN. Se debe solucionar la antinomia, no prolongarla indefinidamente.

El segundo factor originario es una clasificación o tipología penal confusa, en cuanto a cuáles delitos entender y combatir como propios de la criminalidad transnacional organizada, y cuáles son propios de la delincuencia ordinaria, aun cuando ambos tipos son ejecutados por la misma organización criminal: trasiego de drogas ilícitas, robo de combustible, robo simple o extorsión.

Hoy, no importa, quién sea el delincuente, sino cuál es el delito. Entonces, el resultado es que más del 90 por ciento de la incidencia delictiva está comprendida dentro de la Seguridad Pública.

Las estructuras delictivas transnacionales operan las fronteras en 52 países, con más de 20 mil integrantes en el extranjero. A pesar de ello, nuestra problemática fundamental se concibe como “tema de la Seguridad Pública” (sic). La distorsión es mayúscula.

Por ello, nadie ha vuelto a hablar del gran vacío que significa la ausencia de una Ley de Seguridad Interior. Después de su derogación, hemos caminado en la confusión completa con la anuencia de los responsables, dentro y fuera del gobierno –me refiero a los otros poderes–. Saben de este vacío y de que es una importante ausencia. Nadie plantea nada para subsanarla.

Recordemos que la ley propuesta y aprobada para este efecto en el congreso mexicano por el expresidente Enrique Peña Nieto y los mandos de las Fuerzas Armadas –con quién él consensuó la propuesta–, la derogó la SCJN.

Bien hecho por las tropelías constitucionales que los especialistas y organismos internacionales asentaron que tenía. Sin embargo, el vacío se llenó con una normatividad sustitutiva confusa, como la vinculada a la Guardia Nacional, la supletoriedad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y la controversia sobre la adscripción de la propia GN.

Este galimatías poco tardará en hacer crisis severa. Ese momento puede llegar si la SCJN no acepta una prórroga en su rol especial del ejército y la marina de México.

¿Con este aparato teórico conceptual, jurídico constitucional y reglamentario es posible evaluar objetiva y adecuadamente el anunciado proceso de pacificación en México? Consideramos que no con la suficiente precisión, porque ya vimos cómo ello se expresa en los informes y evaluaciones para la sociedad.

Que detengan a los asaltantes no puedo aceptar que sea un avance en la pacificación. Hay otros casos mencionables. La confusión es clara: la pacificación se entiende como anulación de un acto de violencia criminal, como paz negativa. Tiene que ver con la seguridad interior, variante de la seguridad nacional, no con la seguridad pública.

Como hemos visto con cierto detalle, el marco teórico-conceptual, jurídico e histórico nacional e internacional se subsume en otras categorías analíticas, normas jurídicas y variables para denotar un proceso de pacificación, a partir de un enemigo interno identificado.

Esto ha sumido en la violencia extrema criminal a la sociedad y las instituciones del Estado. Debería existir un “Índice compuesto”, un Índice de Paz y quizás también un “Índice de Prevención” dentro de México –no sólo las estadísticas con tendencias– que pudieran contrastarse con los de organismos internacionales, con plena claridad en la metodología empleada, encargado a un organismo independiente. Ganaríamos mucho en precisión y objetividad.

Las cifras aisladas no tienen contextualización: por ejemplo, ¿qué sucedió entre los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón para que los índices de incidencia delictiva fueran disparados? Los datos sueltos no ofrecen una percepción precisa de lo que se muestra. Dice el presidente López Obrador que “no hay texto sin contexto”, tampoco existen “datos sin contexto”.

Sus indicadores comparan dos o más fechas distintas, entre periodos sexenales, por ejemplo, pero falta la contextualización. Pueden aportarlos especialistas del gobierno, o también periodistas de investigación y académicos.

Aún con ello, veamos lo que dicen los organismos internacionales. Hacen abstracción de esta puntualidad contextual y abordan el tema con base en las variables de alto impacto. Recordemos que los índices que usan son “índices compuestos”. Uno de los más serios es el siguiente:

El Institute for Economics & Peace (IEP), un tanque de pensamiento independiente y apartidista sin fines de lucro, ofrece un estudio interesante. Vincula las variables criminológicas con las económicas para determinar interrelaciones y resultados.

Estableció el Índice de Paz México (IPM) que es parte del “Índice de Paz Global”. El IPM está compuesto por cinco indicadores, digamos, cinco variables.

Se cuantifican e interrelacionan, a través de los indicadores de cada uno. Determinan el comportamiento general del índice principal, el IPM. Éstos son: homicidios dolosos; delitos con armas de fuego; cárcel sin sentencia; delito con violencia, y crímenes de la delincuencia organizada.

Dentro de cada categoría analítica hay “subindicadores” –por eso se le llama “índice compuesto”–, por ejemplo, de la última mencionada, narcomenudeo, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros.

De su valoración cruzada surge el indicador de cada categoría. Integrados resultan en IPM. No es esta metodología ni las técnicas estadísticas lo que nos ofrece en sus datos el gobierno.

Desde 2019, el IEP proporciona informes a través del IPM con ejes sustantivos: i) “una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007”; ii) “también realiza una estimación del impacto económico de la violencia sobre la economía mexicana, y hace hincapié en la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal” y, “aporta evidencia cuantitativa para ayudar al desarrollo de políticas públicas orientadas a crear una sociedad más pacífica”. Es muy claro.

Los datos “en 2018, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9 por ciento; el nivel de paz mejoró en 10 estados, y en 22 se deterioró. La razón principal de ese deterioro fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó 14 por ciento. En 2018, esta tasa alcanzó en México niveles históricamente altos: 27 muertes por cada 100 mil habitantes, o más de 34 mil víctimas. Este grado de violencia supera el punto álgido que hubo en 2011. El incremento en la tasa de homicidios en 2018 se acompañó de un aumento considerable en la tasa de violencia con armas de fuego, que creció 16 por ciento y provocó que 24 de los 32 estados reportaran crecientes tasas de delitos cometidos con ese tipo de armas”.

La recomendación de invertir más en el sistema judicial es importante. El informe consigna que “ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere”.

Aunque es difícil derivar de allí como hace el informe que el resultado es “la impunidad de 97 por ciento”, que hay en la impartición de justicia, sin tomar en cuenta la corrupción estructural.

Por ello, resulta muy importante este punto. No se trata sólo de estigmatizar los sueldos de privilegio del sistema judicial, sino también, hacerse cargo de las necesidades.

Una reforma tendrá que contemplar todo. Requiere un acuerdo con alto espíritu republicano, no un “juego de vencidas” como quisieran algunos insensatos en la derecha y la izquierda del país.

“Baja California se ubicó como el estado menos pacífico de México por primera vez en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Los cinco estados menos pacíficos. […] La mayor mejora correspondió a Baja California Sur, que subió siete lugares en la clasificación, de la posición 32 en 2017 a la 25 en 2018. Este estado ha reducido su tasa de homicidios en 76 por ciento, de 105 a 26 por cada 100 mil habitantes. […] Baja California Sur fue el único estado del país en lograr ser más pacífico en todos los indicadores. […] Los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora—, los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Todos esos programas incorporaron a organismos intergubernamentales, con la participación de empresas y sociedad civil”. Es decir, la seguridad es un problema de todos, no del gobierno. Sin embargo, es éste el que debe concertar voluntades y directivas.

El valor económico de la inseguridad: “El impacto económico de la violencia en México ascendió a 5.16 billones de pesos (268 mil millones de dólares) en 2018. Esta cifra equivale al 24 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto] del país y representa un aumento de 10 por ciento en relación con 2017. El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia fue el de homicidio, con 51 por ciento  del total o 2.63 billones de pesos en 2018, es decir un aumento de 15 por ciento en comparación con 2017. México gasta 0.81 por ciento de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial”.

Cuándo nos preguntemos por la necesidad de una tasa mayor de crecimiento del PIB, no podemos olvidar estos datos o subestimarlos. Es fundamental controlar el fenómeno delictivo para crecer más y distribuir mejor, sobre todo en los Estados más pobres: Guerrero, Oaxaca, Chiapas. De otra manera, no habrá políticas de bienestar, cuyos recursos alcancen para compensarlo. Esto debe quedar claro para no incurrir en sobreestimaciones.

La impartición de justicia: “México tiene 3.2 jueces por cada 100 mil habitantes, en comparación con la media mundial de 16.2. Este déficit limita la capacidad del sistema judicial. El gasto gubernamental federal en contención de la violencia aumentó 3 por ciento en 2018, un aumento mucho menor que el incremento de 12 por ciento del gasto presupuestario general. El impacto económico de la violencia fue 10 veces mayor que la inversión pública en salud y ocho veces mayor que la inversión en educación en 2018”. Ratificamos que no habrá recursos federales que alcancen. Esto pasa por un ajuste en la estrategia de seguridad, no en la concepción.

En costo para el nivel de vida,un descenso de 1 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale a la inversión total del gobierno federal en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en 2018. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. El costo económico per cápita varía mucho de un estado a otro, de 10 mil 808 pesos en Yucatán a 83 mil 167 pesos en Colima. Si la violencia y su respectivo impacto económico se redujeron al nivel registrado en los cinco estados más pacíficos de México, el dividendo de paz resultante ascendería a 10 billones de pesos durante un periodo de cuatro años”. Impresionantes reflexiones de especialistas.

Ahora bien, así estábamos al inicio del actual gobierno: ¿Cómo estamos hacia el final de 2023 –con los datos de 2022– a reserva de esperar los subsiguientes informes del IEP? Veamos lo que reporta la misma importante organización.

En su Informe 2023 –el último publicado–, recopiló y procesó los datos de 2022. Tenemos lo siguiente: nos indica la marcha del proceso a pesar de sus fallas. En sí, el enunciado del mismo ya resulta alentador: “México registra una mejora en paz por tercer año consecutivo impulsado por una reducción en homicidios” (IPM). Sin embargo, encontramos líneas más bajo una precisión sustantiva:

“A pesar de las mejoras en los últimos tres años, México fue sustancialmente menos pacífico en 2022 que en 2015. Durante ese periodo, la paz en México se ha deteriorado un 14.8 por ciento, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que ocho años antes. La tasa de homicidios, por ejemplo, fue 62.6 por ciento más alta en 2022 que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego fue 68.3 por ciento más alta. El desglose del informe resulta interesante: entre 2021-2022, la paz mejoró en 1.1 por ciento para el bienio.

Parece poco, pero no lo menospreciemos porque económicamente equivale la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) del gobierno nacional, tal como indican los especialistas de IEPen el informe del año anterior; es decir, 0.22 del PIB, una cifra cercana a 5 millones de pesos Argentina en el mimo año tiene casi el doble, según Fundar.

Otros datos son: la paz en México mejoró un 0.9 por ciento en 2022. Este fue el tercer año consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro. Diecisiete estados mejoraron, mientras que 15 se deterioraron. El año pasado estuvo marcado por cambios continuos en el panorama de la delincuencia organizada en México. El mercado de la marihuana ilícita en Estados Unidos siguió cayendo, lo que llevó a una dependencia cada vez mayor de otras formas de delincuencia organizada, como la extorsión, el narcomenudeo, y la fabricación y el tráfico del opioide sintético fentanilo. En este contexto, ha habido una mayor competencia en los últimos años entre los grupos de la delincuencia organizada. Este es especialmente el caso de los dos cárteles más poderosos del país”.

Tan sólo el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa provocó 4 mil 890 muertes en 2021, según Uppsala Conflict Data Program, citado en este informe. Hubo aproximadamente 35 mil asesinatos en total ese año, según Inegi.

“En 2022, tres de los cinco indicadores del IPMmejoraron. Lo más notable es que los homicidios experimentaron su mayor mejora en los últimos ocho años, con una caída en la tasa del 7.9 por ciento. […] La tasa de homicidios cayó a 24.5 muertes por cada 100 mil habitantes en 2022, su nivel más bajo desde 2017. Esta caída marca el tercer año consecutivo de mejora para los homicidios tras fuertes aumentos entre 2015 y 2019. A pesar de ello, los homicidios siguen estando generalizados en México, con más de 30 mil víctimas cada año desde 2018. […] Los indicadores de delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia mejoraron. La tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha estado disminuyendo anualmente desde que alcanzó su punto máximo en 2019. En 2022, la tasa disminuyó un 5.5 por ciento […] la calificación de cárcel sin sentencia mejoró ligeramente, en un 2.8 por ciento. En 2022, hubo alrededor de 78 mil detenidos sin sentencia, en comparación con aproximadamente 79 mil en 2021”.

Los otros dos indicadores del IPM, “delitos con violencia” y “delitos del crimen organizado”: “En 2022, la tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado, con 167 delitos por cada 100 mil habitantes. Los deterioros fueron impulsados por aumentos en las tasas de extorsión y delitos de narcomenudeo, que aumentaron 14.9 y 4.1 por ciento, respectivamente. La tasa de secuestro y trata de personas también registró un ligero aumento del 2.2 por ciento en 2022, después de haberse reducido a menos de la mitad entre 2015 y 2021. En contraste, la tasa de delitos mayores de la delincuencia organizada, que incluyen violaciones federales de tráfico de drogas, se redujo en un 15.3 por ciento”.

Este último dato es significativo porque constituye un avance en la seguridad interior.

“En 2022, los estados con las tasas de homicidios más altas fueron Colima, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Morelos y Sonora. En Colima, el epicentro de la violencia se desplazó de la ciudad portuaria de Manzanillo a la capital, la ciudad de Colima. El recrudecimiento de la violencia en la capital se produjo tras la disolución de una alianza entre dos grupos criminales”.

En los índices de criminalidad por Estados, hay dos cambios importantes: Sonora deteriora sus indicadores de paz y parece dentro de los cinco Estados peor evaluados en este desempeño. Mientras que Baja California y Colima confirman su estatus dentro de los peores Estados en criminalidad.

Aparecen en esta lista Zacatecas y Morelos. Hay cambios geográficos relevantes, desplazamientos que tienen que ver con luchas internas criminales, luchas por rutas de tráfico de drogas y emergencia de nuevos grupos criminales asociados con los más grandes en centros urbanos.

Los Estados más pacíficos fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit. Estamos hablando de 2022. Durante 2023, la situación estatal no cambió: Zacatecas, “Colima y Baja California, Morelos y Chihuahua son los que más violencia criminal acusan respecto de 2022.

Los casos de detenidos sin sentencia en el país en 2022 sumaron 77 mil 500. Descendieron respecto de los 79 mil casos en 2021.

“A pesar de que el número de detenidos disminuyó sólo ligeramente en 2022, la calificación de cárcel sin sentencia, que representa la proporción de detenidos sin condena con relación a los niveles de homicidio y delitos con violencia en el país, mejoró en un 2.8 por ciento. Por lo tanto, el aumento de delitos con violencia en 2022 contribuyó a una mayor mejora general en la calificación de cárcel sin sentencia que la disminución de los detenidos sin sentencia por sí sola”. En este rubro, los avances son relativos.

Valor económico: “El impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (230 mil millones de dólares) en 2022, lo que equivale al 18.3 por ciento del PIB nacional. Por tercer año consecutivo, el impacto económico de la violencia mejoró, disminuyendo en un 5.5 por ciento o 271 mil millones de pesos respecto al año anterior”.

Tenemos aquí ya un hallazgo interesante: el impacto económico disminuyó, lo que es un dato magnífico. Representa -5.2 por ciento, sin embargo, aún es insuficiente para las necesidades de la sociedad y el gobierno.

Además, “en 2022, los homicidios representaron el 44.7 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a dos billones de pesos (103 mil millones de dólares). […] El gasto en contención de la violencia en México representa aproximadamente el 11 por ciento del gasto total del gobierno, casi tanto como el 13 por ciento gastado en salud o el 14 por ciento gastado en educación”.

Valor económico por habitante: el impacto económico de la violencia fue de 35 mil 705 pesos por persona en 2022, más del doble del salario mensual promedio en México y cinco veces el salario mínimo actual en el centro del país. El impacto económico varió entre los Estados, desde 11 mil 377 pesos en Yucatán –el más pacífico– hasta 102 mil 659 pesos en Colima –el más violento–.

Esperaremos los datos del año 2023. Sería importante observar si hubo cambios relevantes respecto de los anteriores en el informe del IEP. Al momento nos quedan claro cinco cuestiones fundamentales.

Existe una relación estructural, orgánica entre el desarrollo del fenómeno criminal y una tendencia de costos sociales y económicos que crecen y reducen los recursos disponibles para el desarrollo nacional. Es un fabuloso gravamen.

La criminalidad exacerbada deteriora el nivel de vida de la población al imponer costos, también elevados, que pudieran negar a los individuos y familias de menores recursos como oportunidades de salud, educación y vivienda, o para su canasta básica.

La severa desigualdad entre los indicadores de criminalidad en cada uno de los estados de la República impacta en aquellos con menos capacidad de impulsar políticas de paz o de tener éxito cuando se las proponen.

Por ello, las sociedades estatales acusan distintos niveles de vida. Colima y Yucatán son los dos grandes extremos, sin embargo, en medio de ambos polos existe una docena de Estados con menores lánguidos avances en pacificación, aunque mantienen cierta capacidad local para mayores logros con apoyos determinados de la federación.

Es evidente que el tema de la procuración de justicia no puede sólo enfocarse desde la perspectiva de los privilegios y la corrupción de los encargados de impartirla. Existen obstáculos formidables al establecimiento y desarrollo de un sistema de justicia moderno y eficiente, con una doctrina republicana fortalecida.

Es necesario hacerse cargo de las importantes necesidades de aumentar la infraestructura de la justicia, los recursos humanos especializados, el aumento de jueces y tribunales por número de habitantes, junto con la práctica de auditorías sobre el uso de recursos.

En suma: se necesitan un ministerio público federal y un poder judicial que luchen a fondo contra la corrupción de Estado; la criminalidad trasnacional ligada al tráfico de drogas ilegales en el mundo; las oligarquías corruptas de cuello blanco, y las mafias de Estado. Hará una gran contribución a una nueva era de pacificación de México.

Lo anterior es fundamental si queremos expandir las bases del nuevo paradigma sobre seguridad, cuyos ejes sean las políticas de bienestar y la lucha a fondo contra la corrupción de Estado.

La exacerbada criminalidad en sus altos costos sociales y financieros actúa en contra del desarrollo del país, el nivel de vida, el bienestar social, y la efectiva liberación de recursos para distintos rubros pendientes, los cuales requieren ingentes cantidades de financiamiento, no sólo mediante ahorros públicos contra los privilegios. 

La paz es un tema estratégico y de seguridad nacional para nuestro desarrollo. El binomio seguridad-paz se articula con otro: desarrollo-bienestar social. El eje fundamental de la seguridad nacional, entendida como la ausencia de amenazas externa ligadas a ataques desde el exterior o de un tipo similar, está en la construcción de la paz. Consideramos los términos aproximados que hemos comentado a lo largo de este trabajo.

En donde no hay justicia, no hay paz; tiene razón el presidente. Sin embargo, tampoco hay un estado de bienestar y democracia avanzados. Las capacidades nacionales para resguardar la soberanía y la Auto determinación pueden quedar comprometidas en una etapa de la historia mundial, en donde los poderes con capacidad hegemónica luchan por establecer pautas nacionales en el tránsito hacia un nuevo orden global pluricéntrico.

Nuestra tarea estratégica es la pacificación. De ella, dependen y se condensan las variables fundamentales para nuestra historia. Los planes y programas de la próxima administración sexenal serán determinantes.

A pesar de que no ha terminado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los datos consultados son hasta 2022, sólo año y medio después de la pandemia global.

Podemos hacer un corte al tiempo con los datos que el Inegi aporta y que ofrece el gobierno, además de las cifras de un organismo internacional serio. De igual manera, expone otros datos construidos mediante un procesamiento muy especializado, y llega a conclusiones aceptables, plausibles como las expuestas.

Hay mucho por hacer, pero la expectativa puede ser positiva si damos, como sociedad y gobierno, los pasos necesarios.

Jorge Retana Yarto*

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social.