13.2.18

La lucha contra las Zonas Económicas Especiales apenas comienza


Alberto Colin Huizar

De vestimenta impecable, reloj de lujo, traje de importación y corbata azul finamente planchada, Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño titular de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se dispuso a conversar en televisión (canal once) con Ezra Shabot [1] sobre su vida empresarial, las reformas y el futuro del capital privado en México. No es la primera vez que lo hace. Acostumbrado a emitir mensajes en video, se propuso mostrar la potencia de los empresarios a la hora de construir políticas. Como si fuera parte del 1% del arriba que lo domina todo, planteó su gran proyecto de ZEE como el “ejemplo del desarrollo”. En su imagen idílica del país como tablero de apuestas y jugando a ser dios, intenta imponer su idea de que los campesinos e indígenas son como sujetos del videojuego de estrategia Age of Empires y se les puede dar la orden de trabajar o morir en el momento que se requiera. Este es el ideal de los empresarios, los cuales ven en las ZEE la mayor apuesta del sexenio.

En un texto anterior [2], señalé algunas ideas clave para entender qué son y cómo están operando los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE en el sur de México. Ahora me propongo examinar algunos artículos fundamentales contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y mostrar el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios aprovechando el desastre social provocado por los fenómenos naturales (en el caso de Oaxaca) y la violencia totalitaria (en el caso de Veracruz).

Legislar para el despojo

Considero que al menos cuatro artículos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales son fundamentales para entender la estrategia de despojo de la tierra y el territorio. El artículo 3ro explica cada procedimiento y etapa del proceso de implementación de las ZEE, desde las tareas del administrador integral hasta la definición de la zona. De manera ambigua, expone un plan de desarrollo con carácter ilimitado, lo cual permite la proliferación de megaproyectos que acompañen la creación de la ZEE aprovechando la infraestructura para movilizar recursos energéticos, como el agua o la electricidad para la operación de proyectos mineros o de hidrocarburos. Además, no se señala una delimitación geográfica para la zona, por lo que los polígonos territoriales que componen las ZEE, pueden modificarse de su plan inicial y tener afectaciones sobre otros pueblos más alejados de la zona de influencia, con lo que peligra el territorio de otros pueblos que no se hayan considerado afectados por la implementación de las ZEE y los cuales también corren el riesgo de perder su autonomía y modos de organización y distribución de la tierra, factor principal que está en juego.

El artículo 30 menciona que el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de una ZEE, se considerará causa de utilidad pública, lo cual permitiría la aplicación de medidas previstas en la Ley de Expropiación para proveer de bienes y servicios utilizados para las actividades económicas relacionadas con las ZEE. Esto quiere decir que bajo el eufemismo de utilidad pública, se planea la obtención de tierras bajo la expropiación, ya que la mayoría de los terrenos donde se planea posicionar las ZEE son municipios establecidos bajo criterios de propiedad privada, por lo que el Estado tiene que adquirir esos terrenos de alguna forma (comprando o expropiando). Por esta razón, las leyes instruyen una planeación que permita obtener las dimensiones de territorio que necesita para la implementación sin que le cueste dinero, con lo que cierran jurídicamente las posibilidades de los pueblos para ampararse ante políticas de aprovechamiento de la tierra tan intensas como las del proyecto de ZEE.

En concordancia con lo anterior, el articulo 32 plantea que las tierras o inmuebles requeridos por las ZEE se pagarán de acuerdo a lo que dictaminen las “instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o especialistas en materia de evaluación con cédula profesional expedida por autoridad competente”. Esto quiere decir que el mismo aparato estatal en contubernio con los empresarios del sector privado, definirán el precio de las tierras a partir de criterios propios, elaborados por estudios financieros encargados a modo. Esto permite poner precios muy bajos a las tierras, en casos donde no pueda aplicarse la expropiación. Sin duda, los inversionistas recurrirán a este método institucional para despojar a los campesinos de numerosas hectáreas de tierra pagando una miseria por grandes extensiones de tierra utilizadas para el ramo de la agroindustria.

Y para aumentar nuestra preocupación, el artículo 33, en su inciso once, habla literalmente sobre el control y reordenamiento territorial, que a la letra dice: “operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes”. Este apartado es de los más peligrosos, porque pone al descubierto el control policiaco-militar alrededor de las ZEE, lo que permitiría a los cuerpos de vigilancia (que pueden ser empresas privadas de un tipo similar al Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México –Cusaem-) controlar el territorio, evitar la entrada de ciertas personas (violando derechos elementales), reprimir a los que intenten protestar o hacer bloqueos y sobre todo, militarizar las zonas de conflicto donde el Estado ha podido mapear movimientos de resistencia a los proyectos de muerte (como les llaman los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena). Este apartado de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se articula con la iniciativa militar conocida como Ley de Seguridad Interior, actualmente en discusión ante las cámaras de diputados y senadores, luego de pasar 3 meses en la congeladora legislativa debido a las numerosas críticas.

Oaxaca ante el asedio empresarial

En el estado de Oaxaca las cosas no van a mejorar para los pueblos luego del sismo. En el contexto del pos-terremoto, el empresario Candiani, en compañía de toda una camada de cleptobarones, como les llamo Carlos Fazio [3], declaró que urgía “acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas” para “hacer algo extraordinario para el sur sureste de México” [4]. En Oaxaca por ejemplo, el terremoto “afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas- de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable, de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada” [5]. Aprovechando la destrucción de la infraestructura básica de miles de familias, los cleptobarones se pusieron el saco de la solidaridad y la humildad, escondiendo sus reales intenciones de hacer negocio con la desgracia de los pueblos.

En este contexto, la autoridad federal aseguró que “no hay nada que detenga la instalación de las Zonas Económicas Especiales en Salina Cruz”, y agrego que “antes de que concluya el año” se emitirá el decreto de instalación del megaproyecto [6] acompañada de la plaza comercial más grande la región: “plaza metropolitana”, con una inversión de 420 millones de pesos en una área de 15 mil metros. Los empresarios calcularon que a finales de diciembre quedará establecida la ZEE en Oaxaca y explicaron que el retraso tuvo su origen en la “donación” de la tierra, ya que la realizada en un primer momento “no contaba con la vocación” de uso industrial ni era lo suficientemente amplia. Por esta razón, las comunidades afectadas que necesitan reorganizar su vida de manera autónoma tras el sismo, quedaron en segundo plano. Mejor dicho, se convirtieron en el pretexto para renegociar la tierra y, aprovechando el caos, los empresarios gestionaron la “donación” de terrenos para proyectos del ramo energético, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más dañadas por el terremoto.

La buena noticia es que el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios está bien consciente de lo que representa este avance voraz del capital, por lo que están dispuestos a defender la vida tejidos a la Madre Tierra [7]. Por su parte, las mujeres zapotecas organizadas en el municipio de Ixtepec, también son conscientes de los ataques que vienen, pues su lucha “no es por una hectárea, ni diez y tampoco cien, son 8 mil 150 hectáreas que el gobierno federal de Felipe Calderón concesionó a las empresas mineras Plata Real -filial de la estadounidense Sunshine Mining and Refining-; y a la japonesa Dowa, como parte del corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)” [8]. Dicho corredor también afectaría a los municipios de Lachiguiri, Laollaga, Tapanatepec, Zanatepec y San Miguel Chimalapa. La resistencia se va construyendo poco a poco en frentes comunes por la dignidad y la vida.

En Veracruz continúa el terror

Para el caso de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, es innegable el rol que está jugando la violencia a partir del terror infundido por grupos delincuenciales al servicio del Estado que legitiman políticas de militarización. Actualmente la región petroquímica padece una economía a la baja, con una tasa de desempleo del 40% y sumergida en “un problema de inseguridad muy grande”, como aceptó el alcalde Joaquín Caballero [9]. En ese contexto, a finales de septiembre, el presidente Peña Nieto decretó la ZEE de Coatzacoalcos con una extensión de más ocho mil hectáreas. Luego de este evento, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, se reunió en la Ciudad de México con Gutiérrez Candiani, mandos policiaco-militares y representantes de las 50 empresas globales con más inversión en México. Ahí les invitó a invertir en materia de seguridad como un punto principal. Inversiones en seguridad que radican en la compra de equipamiento para los cuerpos policiacos (patrullas, armas, chalecos), tecnología de espionaje, cámaras de video-vigilancia y reforzamiento del C-4 en Veracruz-Boca del río [10].

La ZEE de Coatzacoalcos se compone de un polígono de producción enfocado a las actividades petroquímicas, petroleras, procesamiento de plásticos y agroindustrias. Son estas áreas las que han atraído a los inversionistas chinos, quienes acudieron en octubre pasado para firmar convenios para la creación de una empresa productora de juguetes de plástico que ofrecería alrededor de 5 mil empleos. También los empresarios mexicanos integrados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se vieron interesados en invertir en la zona costera, con un plan de producción en base a maquilas y una serie de empresas enfocadas en la proveeduría para la distribución de múltiples mercancías en el traslado global [11].

A pesar de tan sonadas promesas de seguridad y empleo, la población de esta sureña región, se mantiene con muchas reservas en cuanto a los beneficios del proyecto de ZEE. Las ejecuciones, los secuestros y los feminicidios no dejan de resonar en los periódicos locales, quienes se enfocan en tomar nota de los muertos de los que nadie más se ocupa. Autoridades locales, pequeños empresarios, trabajadores, amas de casa, estudiantes, nadie se salva. Los Zetas, grupo criminal que opera en la zona, ha impuesto toques de queda implícitos ante el amparo de las instituciones locales. La presión de los sicarios es tan fuerte que no hay señales de acción colectiva por parte de los vecinos. Esta condición de opresión le sirve al ensamble capital-Estado.

En otros municipios de la entidad se han organizado algunas acciones de protesta para exigir el cese a la violencia, como por ejemplo en el puerto de Veracruz, donde en octubre pasado fue torturado y ejecutado el neurocirujano David Casanova, crimen que causó la indignación a nivel estatal, provocando que los médicos y vecinos realizarán una movilización por las calles del puerto hasta el zócalo municipal con la exigencia de justicia [12]. Sin embargo, en Coatzacoalcos la violencia no ha detonado grandes acciones colectivas. En este escenario podemos observar que la violencia del narco desbarata las relaciones interpersonales, fragmenta la colectividad y sitúa en la desconfianza a los sujetos. En ese complejo terreno es fundamental restablecer el tejido social, vernos los rostros, platicar nuestras preocupaciones y encontrar rutas probables para la defensa colectiva.

Combatir un proyecto global

Las ZEE, también llamadas zonas francas o zonas libres no son procesos económicos aislados. Desde hace tiempo se vienen replicando como proyectos del capital global instalados en países concretos con el apoyo del imperialismo estadounidense y el Banco Mundial. La experiencia de varios países como Mauritania en el continente Africano, Honduras en Centroamérica, Blangladesh en Asia e Irlanda en el norte de Europa, demuestran la potencia del proyecto para posicionarse en todo el planeta de manera estratégica [13]. Aunque la información al respecto es escasa, en el caso de Honduras la experiencia fue desastrosa, militarizando pueblos y llevando a la gente a una explotación sin precedentes. En esta experiencia, los ganadores en inversión fueron Canadá (ocupando el 28% de la inversión total) y Estados Unidos (con el 48%).

La resaca de las ZEE en Centroamérica dejó un desgaste económico referente a la mano de obra de los hondureños, generando una masiva fuga de capital, lo que provocó sueldos muy pobres que no significaron una opción de vida para los habitantes de la zona de influencia. De ahí que se profundizará el éxodo de migración hacia los Estados Unidos. Además, se aceleraron distintos megaproyectos que atentaban contra bosques y ríos, los cuales eran usados como fuentes de producción para el sector energético, lo que desató una serie de conflictos socioambientales teniendo como principales actores de oposición a las organizaciones indígenas. En este caso, la articulación de los megaproyectos se acompañó de una fuerte militarización y proliferación de grupos paramilitares en los territorios, lo que impulsó la criminalización contra los movimientos opositores al “progreso”, convirtiendo a Honduras en el país más peligroso del mundo para lxs defensores ambientales, según el informe del observatorio internacional Global Witness [14].

Resistir frente al despojo

Derivado de este escenario, hace varios años que Pablo González Casanova ha venido afirmando en textos y discursos públicos, que hoy vivimos una recolonización de los pueblos mediante los megaproyectos extractivos que operan ”a través de la ocupación integral  de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, y a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad” [15], las cuales están generando nuevos procesos de dominación global. En el fondo de estos procesos, el plan es imponer “una guerra sin precedentes que renueve el crecimiento y simultáneamente elimine los excedentes de capital y trabajo mientras se apropia de recursos y territorios escasos. Producción, consumo y exterminio simultáneos” [16], como bien señala el activista colombiano Manuel Rozental.

La salida a estos proyectos extractivos no la podemos encontrar en el cambio de gobierno del próximo 2018, ni aunque se disfrace de gatopardismo. Los empresarios han aprendido que para que sus negocios surtan efecto, tienen que pensar transexenalmente, legislar con alevosía y ventaja y construir el andamiaje institucional que les permita imponer sus proyectos de muerte. Desde este análisis, es posible entender por qué una iniciativa de ley, como la Ley de Seguridad Interior se encuentre en vías de aprobación en los espacios de poder político. Los mandos militares, al servicio de intereses globales, están dispuestos a iniciar un Estado de excepción permanente (con el respaldo de la Iniciativa Mérida), donde el ejército ocupe las calles y realice labores de seguridad pública con la misión concreta de abatir a todo aquel grupo social que atente contra la “seguridad interior”, en una clara violación a los derechos elementales como seres humanos. Para ser claros, no es coincidencia que las ZEE se acompañen de leyes en materia de seguridad. El despojo encuentra en la violencia y el sometimiento físico su mejor método para doblegar al enemigo.

Necesitamos ser muy astutos desde abajo, para poder entender que planean los de arriba. El primer paso es aceptar que vivimos en guerra, estudiar las estrategias de los poderosos y desde ahí pensar/actuar para construir nuestras acciones colectivas con las cuales podamos enfrentarnos a la hidra. Como suele decir Marichuy, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno: hay que organizarnos para enfrentar la guerra todxs juntxs.

Referencias:
[1] Línea directa. Entrevista de Ezra Shabot con Gerardo Gutiérrez Candiani. Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=siDFjLjIYhk
[2]Véase mi artículo previo, “El extractivismo de las Zonas Económicas Especiales”, en Regeneración Radio. Disponible en: http://regeneracionradio.org/index.php/represion/despojo/item/4822-extractivismo-zonas-economicas-especiales
[3] Fazio, Carlos (2017), “El reality show para jodidos y los cleptobarones depredadores I”, en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/09/opinion/023a1pol
[4] “Tras sismo urge acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas: Gutiérrez”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/70504/tras-sismo-urge-acelerar-el-paso-en-las-zee-en-oaxaca-y-chiapas-gutierrez
[5] “Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca”, en Avispa Midia. Disponible en: http://avispa.org/mexico-se-aplica-doctrina-del-shock-tras-terremoto-en-oaxaca/
[6] “Salina Cruz será ZEE antes de que concluya el año: Gutiérrez Candiani”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/74732/salina-cruz-sera-zee-antes-de-que-termine-el-ano-gutierrez-candiani
[7] Véase el comunicado completo en: http://avispa.org/19412/
[8] “Por el derecho a la vida, mujeres zapotecas resisten frente a las Zonas Económicas Especiales”, en Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). Disponible en: https://www.ocmal.org/por-el-derecho-a-la-vida-mujeres-zapotecas-resisten-frente-a-las-zonas-economicas-especiales/
[9] “Roba Peña Nieto reflectores a Yunes; decreto de ZEE se hará en Chiapas”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170928_073540_763
[10] “Interesa a empresarios invertir en Zona Económica Especial de Veracruz”, en Am de Querétaro. Disponible en: http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2017/09/27/interesa-a-empresarios-invertir-en-zona-economica-especial-de-veracruz
[11] “Empresarios visitan la región sur por interés en ZEE; habría 5 mil empleos”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171030_085016_630
[12] “Asesinato de neurocirujano causa indignación en Veracruz; médicos exigen justicia”, en Revista Proceso. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/509160/asesinato-neurocirujano-causa-indignacion-en-veracruz-medicos-exigen-justicia
[13] “Zonas Económicas Especiales en México” (2016), Documento de trabajo Núm. 224, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de diputados. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-224-Zonas-Economicas-Especiales-en-Mexico
[14] “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta” (2017), en Informe Global Witness. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/
[15] López y Rivas, Gilberto (2013), “La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal”, en el Volcán Insurgente. Corriente crítica de los trabajadores de la cultura. Disponible en: http://www.enelvolcan.com/jun2013/262-la-recolonizacion-de-los-territorios-en-la-globalizacion-neoliberal
[16] Rozental, Manuel (2017), “Prefacio. ¿Cómo dejamos de hacer su historia con nuestras rebeldías? El desafío que nos reitera Vilma Almendra”, en Almendra, Vilma, Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos desde la lucha Nasa en Colombia, México, Pueblos en Camino, Grietas Editores, Pensaré Cartoneras, En cortito que´s pa´largo. Disponible en: http://pueblosencamino.org/?p=4495

12.2.18

Tillerson, la militarización y el petróleo

Carlos Fazio

En el contexto de una disputa geopolítica con competidores capitalistas extracontinentales (China, Rusia, Unión Europea) que desafían la hegemonía del imperio en su tradicional zona de influencia, la reciente gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica tuvo una clara proyección expansionista con base en dos ejes principales: seguridad y energía.

Como integrante de la clase capitalista trasnacional, Tillerson, ex director ejecutivo de la corporación petrolera privada estadunidense Exxon-Mobil, cuarta compañía del ramo a escala mundial detrás de las estatales Aramco (Arabia Saudita), NIOC (Irán) y CNPC (China), esgrimió un enfoque mercantilista primitivo (Jorge Eduardo Navarrete dixit), tan anacrónico como la Doctrina Monroe en la que basó su discurso en la Universidad de Texas, en Austin, un día antes de su arribo a México.

El modelo Tillerson de relaciones hemisféricas encarna la tradicional diplomacia de guerra de Washington, acentuada ahora debido a la crisis estructural y de legitimidad del sistema capitalista mundial, caracterizada por William I. Robinson como la fusión del poder político reaccionario en el Estado, fuerzas ultraderechistas, autoritarias y neofascistas en la sociedad civil, y el capital corporativo trasnacional. Una triangulación de intereses que, en perspectiva, bajo la administración Trump, va configurando un Estado policiaco global de corte neofascista.

En ese contexto, las fracciones del gran capital más propensas a un fascismo del siglo XXI se sitúan en el sector financiero especulativo, el complejo militar-industrial-securitario-mediático y en las industrias extractivistas, entrelazadas con el capital de alta tecnología/digital.

Dada la magnitud de la crisis del capitalismo, su alcance global, el deterioro social y el grado de degradación ecológica que genera, para contener las protestas y/o rebeliones reales o potenciales, la plutocracia dominante viene impulsando diversos sistemas de control social de masas, represión y guerra (abiertas o clandestinas), que son utilizados, además, como herramientas para obtener ganancias y seguir acumulando capital frente al estancamiento. Lo que Robinson llama acumulación militarizada o por represión.

Tal categorización alude al talón de Aquiles del capitalismo: la sobreacumulación. La creciente brecha entre lo que se produce y lo que el mercado puede absorber. Si los capitalistas no pueden vender sus productos, no obtienen ganancias. Dada la enorme concentración de la riqueza –con sus correlativos niveles de polarización social y desigualdad global sin precedente−, la clase capitalista trasnacional necesita encontrar salidas productivas rentables para descargar enormes cantidades de excedentes acumulados.

De allí que los complejos energéticos y extractivistas recurran a la intensificación y profundización del neoliberalismo vía la privatización de la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, ferrocarrilera, de oleoductos, gasoductos y electricidad (verbigracia, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el caso mexicano); la superexplotación laboral y precarización del trabajo (subcontratación, tercerización), y políticas de desregulación total y mayor subsidio al capital trasnacional.

Dichas políticas de relocalización de capitales, reindustrialización y acumulación por desposesión o despojo de territorios y materias primas en economías dependientes, se ha venido dando en México, Centro y Sudamérica por conducto de golpes suaves, la imposición de facto de un estado de excepción permanente y el establecimiento de estados policiacos, cuyo soporte son la militarización de la sociedad civil y distintas modalidades de guerras tácticas sin fin, camufladas como lucha antidrogas o contra enemigos internos −los mapuches bajo el (des)gobierno de Mauricio Macri−, con armamentos avanzados impulsados por la inteligencia artificial, incluidos sofisticados sistemas de monitoreo, rastreo, seguridad y vigilancia.

En ese contexto cabe resaltar que en su discurso en la Universidad de Texas, Tillerson colocó la energía, en particular los hidrocarburos (petróleo, gas, aceites no convencionales), como punto nodal de la renovada estrategia hemisférica de la administración Trump. Puso como modelo la fuerza energética de América del Norte; la apertura (privatización) de los mercados de energía en México, y el papel de Estados Unidos como proveedor de gas natural para nuevas generadoras de electricidad en la región.

De hecho, México −que desde 2007 con la Iniciativa Mérida encabeza la lista de ayuda encubierta de inteligencia militar del Pentágono y la CIA, después de Afganistán− va camino a ser reconvertido en una plataforma de exportación de petróleo, gas natural y gasolinas producidas en la Cuenca de Permian y Luisiana, hacia el mercado asiático (Japón, China, India, Corea del Sur, Taiwán), vía los puertos de Manzanillo y el eje Coatzacoalcos/Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, que aprovechando la infraestructura instalada de Pemex, dará a las corporaciones de energía ventajas por menor tiempo y bajo costo de transporte, que si lo hicieran mediante el Canal de Panamá.

Dado que los hidrocarburos son un componente central de la estrategia neocolonial militarizada y de seguridad energética de Donald Trump y las corporaciones del sector −en clave de restauración conservadora y de defensa de su hegemonía−, Petróleos de Venezuela (PDVSA, quinta empresa petrolera mundial) fue otro objetivo central de la gira de Tillerson. De allí que instruyera a los gobiernos colaboracionistas cipayos de Enrique Peña Nieto, Mauricio Macri, Pedro Kuczynski y Juan Manuel Santos, las nuevas modalidades que deberán desempeñar de cara a la intensificación del cerco militar, económico y financiero contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, incluido un eventual embargo petrolero como nuevo precipitador de una crisis humanitaria que justifique una intervención militar multilateral.

2.2.18

De las reformas de EPN, la peor es la energética: cifras revelan que dañó a Pemex, al país y al de a pie

Daniela Barragán

A cuatro años de la aprobación de la Reforma Energética, las cifras, la percepción y la realidad no coinciden con lo que se prometió en 2013. Ni para Pemex ni para los hogares mexicanos.

El investigador de la UNAM, Fabio Barbosa Cano, ha seguido de cerca varios de los procesos de la petrolera y ya rumbo al fin de la administración de Enrique Peña Nieto ve dos cosas seguras: la política energética fue un desastre y el costo de implementarla se ve reflejada en los golpes a los bolsillos de las familias mexicanas.

“La política energética de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los fracasos más estruendosos. En ninguna de las reformas el fracaso es tan latente como en esta. Peña Nieto termina su gobierno dejando un sector petrolero en ruinas”, advierte el especialista en el ámbito del sector petrolero en México.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El fracaso de la Reforma Energética se puede ejemplificar claramente en el bloque Amatitlán. A grosso modo, esta es la historia de un yacimiento ubicado al norte del estado de Veracruz que, en 2012, fue perforado 650 veces por Petróleos Mexicanos (Pemex); es una zona muy atractiva por la cantidad de petróleo que hay ahí.
Enrique Peña Nieto llegó ese año a la Presidencia de México con una política energética muy clara. A pesar de que en 2008 hubo una Reforma Energética, él llegó con una nueva propuesta como prioridad.

La Reforma Energética del Presidente Peña fue aprobada en 2013 y ese año, en el bloque Amatitlán se registraron 100 perforaciones de Pemex. En 2014, año en que se desplomaron los precios del petróleo a nivel mundial, se perforaron 40 pozos. Para 2016, apenas se perforaron ocho pozos, y esa cifra quedó estancada y fue la misma en 2017.

Sin embargo, actualmente esa bloque de hidrocarburos está en manos de Rusia y Canadá, con las empresas Lukoil y Renaissance Oil, respectivamente, que ya empezaron a perforar por su cuenta, gracias a las concesiones de la Reforma Energética aprobada en el Congreso por los legisladores del partido del Gobierno federal, el Revolucionario Institucional (PRI), además de los del Partido Acción Nacional (PAN), y los aliados del tricolor: los del Verde Ecologista de México (PVEM) y lo del Partido Nueva Alianza (Panal).
Este caso, documentado por el ingeniero e investigador económico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fabio Barbosa Cano refleja lo que fue la política energética por la que optó estos años.
“La política energética de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los fracasos más estruendosos. En ninguna de las reformas el fracaso es tan latente como en ésta. Peña Nieto termina su Gobierno dejando un sector petrolero en ruinas”, comentó Barbosa en entrevista con SinEmbargo.
En 2017, según el último reporte de Pemex, el 71.58 por ciento de la gasolina utilizada por los mexicanos fue importada. Hubo un total de 570.6 miles de barriles diarios traídos del extranjero, especialmente de Estados Unidos. La cifra es histórica: es un aumento de 12.96 por ciento respecto a 2016 y es la más alta desde que se tiene registro (2006).

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) el costo de las gasolinas en México de 2012 hasta el 29 de noviembre de este año se ha incrementado en un 60 por ciento.
México es el país con los mayores precios de energéticos de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una variación anual de 16.2 por ciento, casi el triple del promedio que fue de 5.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte “Precios al consumidor” del mes de octubre, México no sólo estuvo por arriba del promedio de la OCDE, también del bloque que compone la Unión Europea, que fue de 2.9 por ciento y de Chile, el otro país latinoamericano que integra la organización, cuyos precios en los energéticos tuvieron una inflación de 4.1 por ciento.
Con la liberación de los precios, a inicios de este año, el precio de las gasolinas aumentó entre 40 y 70 centavos por litro y el costo promedio de Magna se situó en 17.10 pesos, la Premium alcanzó los 18.93 pesos y el diésel los 17.92 pesos.

Respecto al gas natural, las ventas totales durante 2017 sumaron 2 mil 623 millones de pies cúbicos diarios, mientras que las importaciones fueron de mil 766 millones de pies cúbicos diarios, es decir, el 67 por ciento de este hidrocarburo comercializado en México se trajo del extranjero.

Y en contraparte, la producción de gasolinas en las refinerías de Pemex: en 2017 tuvieron su nivel más bajo con un total de 5 mil 068 millones de pies cúbicos diarios.

Mientras que el precio el Gas LP creció un 40 por ciento, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Banxico. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde la segunda quincena de diciembre de 2016 – la última previa a que se liberalizara el precio- a la primera de 2018 el costo del gas LP aumentó 49.5 por ciento. Un golpe al bolsillo de los mexicanos, pues el 75 por ciento de los hogares lo usan.
“Tenemos una situación de dependencia, de vulnerabilidad, que augura incrementos al precio de los transportes, de la gasolina, del diésel marino del que depende la pesca, del que se utiliza para los motores pesados que transportan los artículos de la agricultura. Ese es el gran riesgo. Esos son los resultados de la reforma energética. El inflacionario era un factor que no estaba presente antes de la reforma pero golpea directamente los ingresos de toda la población, el huevo, la fruta, la leche, las tortillas, el maíz, el fijo. Todo. Todo está aumentando como resultado de eso”, agregó Barbosa Cano, quien forma parte del listado de Historiadores y Científicos Sociales de la historia del petróleo de El Colegio de México (Colmex).
Respecto a eso, a un año de que el mercado de las gasolinas se abrió a la libre competencia y, se dijo, para bajar el costo, la mejoría no se ha visto.

Hay 33 empresas, nacionales y extranjeras, como BP, Shell, Exxon-Mobil, Total, Gulf, Hidrosina y Oxxo Gas, con cerca de 2 mil 200 estaciones de servicio. Le quitaron a Pemex cerca del 20 por ciento del mercado de estaciones de servicio.

De regreso al Bloque Amatitlán, Barbosa Cano explicó que lo que hay en esa área de perforación es un material valioso y encuentra lógico el recorte presupuestal drástico si se enmarca dentro de la política privatizadora del Presidente Peña, ya que el planteamiento que subyace en esa decisión es el de retirar a la antigua empresa estatal de la actividad petrolera y dejarlas en manos de la iniciativa privada.
“Me parece que no era correcto continuar con el proyecto en la medida en que los precios vigentes en el mercado internacional no permitían recuperar ni siquiera los costos, esa es la razón de porqué muchas empresas se retiraron de estas formaciones difíciles, por los costos tan elevados. Pero el asunto era reanudar cuando los precios mejoraran y ahora están las condiciones”, agregó.
De acuerdo con sus investigaciones, se ha demostrado que en esa zona no solamente se encuentra aceite escaso y difícil en la zona tradicional de los hidrocarburos. Esa área ha sido revalorada y ahora no solamente se espera encontrar aceite, es decir, petróleo en un nivel somero, a un promedio de 2 mil metros de profundidad, sino que en formaciones más profundas –a unos 4 mil metros– se encuentra también aceite y las rocas madres.

La gran novedad, como él le llama, es que en 2017, una empresa canadiense llamada Renaissance Oil anunció su alianza con la empresa rusa Lukoil, que ya tenían los derechos adquiridos para el bloque Amatitlán, por lo que los canadienses pagaron 1 millón 750 mil dólares para poder adquirir la condición de socios y anunciaron que en ese año 2017 iniciarían actividades.

“Durante todo 2017 he viajado constantemente hacia esa región, en las laderas de la Sierra Madre. Es una zona bastante incomunicada, es complicado trasladarse, es peor en época de lluvia al grado de que la población en esa temporada queda aislada por semanas. Veíamos difícil que se iniciaran actividades ahí, sin embargo, el 4 de diciembre de 2017, los canadienses instalaron un equipo directamente para perforar. Previamente habían realizado otro ensayo y en este momento se han reanudado las actividades de capital privado en el norte del estado de Veracruz”, relató Barbosa.

Y lo que viene es el tema del agua, la estocada final.
“En este momento, en el panorama internacional los precios de los hidrocarburos, especialmente del aceite, vienen presentando una mejoría. Eso ha alentado a las empresas petroleras a orientar las inversiones hacia las áreas que no se podían desarrollar por la situación de los precios. En el caso de México, no solamente las empresas empiezan a mostrar interés, sino también el gobierno mexicano está creando una serie de facilidades para atraer las inversiones y crear un clima atractivo. Entre estas condiciones está el agua, que es vital”, explicó Barbosa y agregó en México, el agua a las empresas que están ya fracturando, el agua se la están regalando.
Para las comunidades del norte de Veracruz, señaló, hay riesgo y ha encontrado en sus trabajos de documentación, mucha preocupación, ya que se trata de comunidades ejidales, de campesinos, los habitantes de las regiones están seriamente preocupados y alerta ante el temor de que el método de explotación de este tipo de hidrocarburos dañe sus aguas y con ello, perjudiquen no solo el agua que se utiliza para el consumo humano, sino también para el cultivo y el ganado.

31.1.18

Guerra climática, Programa HAARP y desastres en México

Jorge Retana Yarto*

El Proyecto HAARP podría estar detrás del terremoto que sacudió el Sureste mexicano el 8 de septiembre de 2017. El programa, desarrollado por la milicia estadunidense, es un arma de guerra climatológica incertado en el llamado “bio-terrorismo de Estado. “Forma parte de un sistema integrado de armamentos de consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras”

Podemos entender laa guerra climática como un conflicto bélico que utiliza los cambios severos en las condiciones climáticas que generan modificaciones radicales en las condiciones de vida de ciertas sociedades, restringiendo el acceso a los recursos naturales (agua, energía, alimentos). Lo que provoca alteraciones en los equilibrios sociales, ambientales, poblacionales, fronterizos, incluso limpiezas étnicas, todo ello, ocasionado mediante instrumentos explícitos, procesados, con fines militares, de ofensiva contra un adversario.

El objetivo sustancial es generar un colapso o catástrofe social, temporal o permanente, lo cual también puede no ser definitivo. En las civilizaciones antiguas, incluso en las mesoamericanas prehispánicas, los colapsos sociales de origen climático, pero espontáneos, se ubican como causas de extinción y migraciones masivas o declinación civilizatoria. La gran diferencia hoy es que estos mega procesos pueden ser inducidos militarmente.

Hay procesos en la actualidad, que rayan en los límites de la ciencia ficción. Es el caso del Proyecto HAARP y su influencia en los sismos, terremotos, maremotos y huracanes y otros (https://www.youtube.com/watch?v=Y3YFJZBdB1U) que han azotado distintas regiones y países del planeta. Particularmente, el caso del subcontinente suramericano (vastas inundaciones, dada la alteración de los flujos fluviales en distintos países) y, recientemente, Centroamérica y México (huracanes y sismos) llaman la atención, porque coinciden con una actividad redobladamente intensa de las antenas instaladas por el Programa HAARP (180, en un radio de 14 km2), un programa militar del Ejército de Estados Unidos, que emite rayos electromagnéticos de alta frecuencia hacia la ionósfera con el objeto de modificar el ambiente climático, empleado como arma militar.

Si no estuvieran involucrados en su investigación y testimonios, análisis escritos y experimentos, científicos de renombre e instituciones y gobiernos de países muy serios, debiéramos considerarlo un tema de la macro-ficción. Después de todo, la Guerra de las galaxias, cuando se anunció como proyecto para iniciar casi de inmediato, no era más que una mega ficción político-militar y bélica (en aqurl momento, era tecnológica y financieramente inviable, imposible). Se usó la técnica de “engañar al enemigo” (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) con movimientos e iniciativas ficticias. Hoy es distinto: contemporáneamente, el HAARP forma parte de aquella obsesiva y posible guerra en y desde el espacio sideral para derrotar a un gran enemigo.

Conocimos de este proyecto el 20 de noviembre de 1994 en un periódico de Alaska, el Anchorage Daily News. Se aludía a peligrosas investigaciones militares  en el transcurso de las cuales se habrían estado enviando haces de partículas desde la superficie de la Tierra hacia la ionosfera. Se trataba del High-frequency Active Aural Research Program (Programa de Investigación de la Aurora Activa de Alta Frecuencia), parte de la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), que nunca desapareció.

La explicación ofrecida por el Centro Nacional de Investigación en Ciencias de Bolivia es la siguiente: “se trata de un proyecto de ‘investigación’ creado en 1990 para monitorear las variaciones de ondas dentro de esa sección de la atmósfera llamada ionosfera, que absorbe los rayos ultravioletas del sol transformándolos en iones y electrones, transmisores de ondas radiales y telúricas, que pueden modificarse artificialmente con descargas electromagnéticas para compactar y re-direccionar esas ondas con fines diversos” (https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_weatherwar30.htm).

Pero otros científicos e investigadores especializados y de alto nivel (en geofísica y geoingeniería) lo ubican con toda precisión en la línea de otros programas militares existentes y puestos en marcha por el gobierno y el Ejército de Estados Unidos, aunque ambos lo nieguen públicamente y en forma reiterada.

Su objetivo, entonces, es modificar las condiciones de la ionosfera (parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la radiación solar) introduciendo cambios químicos en su composición (lo que llevaría consigo un cambio climático), que pudiera conducir  a lograr el bloqueo de las comunicaciones mundiales, también llamado “cegar al enemigo”, inutilizando sus dispositivos informáticos, digitales, satelitales, comunicacionales, etcétera, y poder derrotarlo sin disparar una sola arma de ningún tipo.

Es la victoria de ensueño para cualquier ejército muy poderoso ante uno o unos enemigos igualmente poderosos. El libro Angels don’t play this harp (Los ángeles no tocan esta arpa), del científico Nick Begich y la periodista Jeanne Manning, arrojó diversas conclusiones: las dos más relevantes fueron que el envío de haces de partículas electromagnéticas hacia la ionosfera modificaría la situación de ella y producirá calentamiento en la misma; y que el proyecto no es más que la explotación o manipulación de la ionosfera con fines estrictamente militares.

Existen otros “calentadores  ionosféricos” que funcionan en Puerto Rico (también de Estados Unidos), Noruega (de la Unión Europea) y Rusia. La parte más directamente bélica del programa se constata dado que la cooperación entre el Ejército estadunidense y la Universidad de Alaska debe llevar la obtención de un “escudo anti-misiles” defensivo, muy barato (he aquí una razón central del proyecto), mediante la manipulación geofísica, aprovechando también las grandes reservas de gas natural en aquel estado de la Unión Americana (Alaska).

El programa (en una de sus derivaciones) está vinculado a las disputas energéticas con Rusia en la zona del Ártico, en donde ambos ejércitos han desarrollado emplazamientos militares pesados. La doctora Rosalie Bertell (científica en epidemiología, de gran prestigio que ya falleció) dijo que el HAARP “forma parte de un sistema integrado de armamentos, de consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras” (su conferencia en Cambridge, 4 de junio de 2015, se puede escuchar en Youtube).

En suma, estamos ante un arma de guerra climatológica, una de las formas postmodernas de la guerra entre grandes potencias mediante la geoingeniería, el más descomunal “bio-terrorismo de Estado”.

Y agregó: “HAARP es parte integral de una larga historia de investigación y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las implicaciones militares de la combinación de estos proyectos son alarmantes… La capacidad de la combinación HAARP/Spacelab/cohete espacial de producir cantidades muy grandes de energía, comparable a una bomba atómica, en cualquier parte de la tierra por medio de haces de láser y partículas, es aterradora.

“HAARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad, podría también afectar a los cerebros humanos, y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos. En forma más general, HAARP tiene la capacidad de modificar el campo electromagnético de la Tierra. Es parte de un arsenal de ‘armas electrónicas’ que los investigadores militares de Estados Unidos consideran una ‘guerra más suave y bondadosa’”, estimó. (https://liberacionahora.wordpress.com/informacion-alternativa-y-nuevos-paradigmas/proyecto-haarp/)

En paralelo, en torno a este tema, se ha desarrollado una guerra informativa como en otros casos similares (por ejemplo, en cuanto a los experimentos reales y casos de aplicación para la inoculación del cáncer), una disputa por “la verdad” entre una cierta comunidad científica y el poder de un gran Estado, todo su dinero, su Ejército y sus aparatos de comunicación para dominar a la opinión pública, desmintiendo a algunos  prestigiosos científicos.

Allí encontramos otro de los grandes ensueños del poder: el control social lo más severo y amplio posible. Pero la clave que conecta este programa militar con sus efectos en fenómenos naturales desastrosos, se menciona y resume en lo siguiente: desde una perspectiva científica, los potenciales y reales efectos en movimientos telúricos ocurridos recientemente, son posibilidad efectiva.

Otro científico de renombre mundial, Michio Kakú, afirmó recientemente que el programa HAARP es el responsable de la oleada de desastres naturales (“huracanes artificiales”, que otro científico de la NASA, de apellido Rodie, llamó “creados por el hombre”), debido al rociamiento de los cielos con nano-partículas, cuyo efecto central es la modificación climática.

Según Rodie, mediante el estudio de los más recientes huracanes, descubrió “pautas sospechosas en la trayectoria de los huracanes” como “aspectos brumosos y patrones de ola, habituales en las estelas”, propios de “agentes químicos pulverizados”, lo que pone de manifiesto “la existencia de materiales de geo-ingeniería” emplazados en dicho espacio (https://www.youtube.com/watch?v=viMH3K2xmpI).

En otras palabras, el HAARP es un “calentador ionosférico” que se utiliza para experimentar la modificación focalizada de la turbulencia del plasma (gas de baja densidad en condiciones normales) contenida en la ionosfera, con el objetivo de aumentar la densidad de dicho gas iónico. Cuando la densidad de ese gas aumenta, surgen turbulencias y nubes de plasma multicolores que se conocen como auroras.

Es decir, el HAARP es capaz de fabricar auroras artificiales bajo la forma de nubes de plasma con mayor densidad, en cualquier punto del planeta que se le ocurra al Pentágono. Y por tanto puede también modificar el clima, a partir de considerar a la ionosfera un activo estratégico de orden militar para las  nuevas guerras climáticas (https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_weatherwar30.htm).

Entonces, la hiperactividad electromagnética en las antenas emplazadas del HAARP en Gakona, Alaska, coinciden con la presencia de emisión de señales (bombardeo de nano-partículas) hacia la ionosfera, antes de la ocurrencia de movimientos sísmicos.

En Bolivia, el Observatorio de Tarija registró manchas solares (nubes luminiscentes o auroras boreales) antes del desastre natural causado por grandes inundaciones, que devastó áreas agrícolas ante el colapso sin precedentes de las cuencas fluviales, con decenas de fallecidos y unos 200 mil damnificados. Los inusuales desbordes se extendieron a algunas zonas rurales de Brasil y Paraguay, región en donde desaparecieron 40 mil cabezas de ganado, precipitando una crisis alimentaria más o menos acotada.

Por las mismas fechas, un devastador huracán destrozó los cultivos de café en Colombia; y en Ecuador, las autoridades reportaron, con asombro y temor, la también inusual actividad del volcán Tungurahua (150 kilómetros al Sur de Quito), dentro de un rango de tiempo que comprende los días 12, 18 y 20 de enero de 2014. El propio Observatorio de Tarija, estableció certeza sobre los “efectos asociados a la complejidad del campo magnético en la superficie solar que interactúa con el magnetismo terrestre”, como son:
  • “Interrupción en comunicaciones telefónicas,
  • apagones de plantas generadoras de electricidad,
  • daños a las instalaciones de sistemas de comunicaciones,
  • mal funcionamiento de satélites,
  • alteración en los GPS,
  • aumento de la actividad geomagnética que produce fabulosas auroras boreales (fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que aparece en el cielo nocturno) alrededor del círculo polar ártico, e incluso auroras australes.”

Y de allí que, recientemente, otras fuentes han afirmado que el HAARP es responsable del terremoto ocurrido en México de magnitud 8.2 (del 7 de septiembre de 2017, para concentrarnos sólo en este, sin explicar con toda suficiencia la aseveración). Ello porque en el estado de Texas, Estados Unidos, se produjo la “siembra de nubes antes del huracán” (se hizo el 24 de agosto de 2017, y se ha hecho ya desde 2011), lo que provocó que se amplificara su impacto devastando regiones de ese estado, propiciando también grandes tormentas, experimento calificado como “un gran éxito”, porque la tormenta se prolongó más de lo normal y con mayor fuerza que la natural. Puede ser también una vía para provocar inundaciones, tormentas eléctricas poderosas, sequías y hambrunas (http://conlaorejaroja.com/haarp-el-arma-todopoderosa).

Entre los días 4 y 6 de septiembre, previos al primer terremoto en México en el Sur-Sureste mexicano, se produjo la más grande tormenta solar (fulguraciones, les llaman también) de los últimos 10 años (justo como sucedió cuando se produjo el huracán Katrina, en 2005, uno de los cinco más devastadores en la historia de Estados Unidos).

El huracán Irma –previo al primer terremoto en México– se desarrolló el 30 de agosto en Cabo Verde; dadas las condiciones favorables, se intensificó rápidamente y en 24 horas se convirtió en categoría 2 y luego, en un huracán mayor cuya intensidad fluctuó, pero el 4 de septiembre (sólo 3 días antes del primer terremoto en México) subió a categoría 5 con vientos de 295 km/h (The Washington Post, 6 de septiembre de 2017). Agreguemos que en este contexto, la actividad del volcán Popocatépetl en México y el volcán de Fuego en Guatemala fue reiterada durante 2017: fuertes fumarolas e incluso lava, en el segundo.

Se aprecia, entonces, en la superficie, un primer patrón de tres piezas: intensas fulguraciones solares/presencia progresivamente fortalecida de huracanes/y sismos de alta intensidad/con actividad volcánica, antes y después, en donde el trayecto es variable, porque el huracán que sigue a la tormenta solar puede iniciar en una zona geográfica y desplazarse a otra, en donde alcanza su mayor fuerza, y en un territorio nacional cercano puede sobrevenir el movimiento telúrico. ¿Será así? o ¿fue coincidencia la sucesión de etapas? Ojalá que los más capacitados nos hicieran luz sobre esto, para no dejar de lado el tema de fondo.

Volviendo al HAARP y sus experimentaciones, es posible, como sucede desde hace decenas de años, que en un momento dado, el macro-experimento pueda salirse de control o superar las previsiones y cálculos (no se hace con ratas o conejos, sino en una región) en sus impactos, magnitudes, intensidad, por lo menos en forma parcial. Es probable también, que –opinan algunos especialistas la guerra climatológica haya comenzado (como lo sostiene el profesor Michel Chossudovsky en Global Reserch, 20 de diciembre de 2007) o que esté en preparativos de intensificación experimental (de allí los fenómenos presenciados en distintas zonas geográficas).

Otros autores hablan de “declararle la guerra al cambio climático” (no en sentido militar) como medida defensiva de la humanidad (caso del famoso ecologista estadunidense Bill McKibben), y no hay que olvidar que Donald Trump retiró en junio de 2017 a Estados Unidos del acuerdo contra el Cambio Climático de París, evidentemente para actuar con mayor libertad en el tema, y una vez visto que las tensiones con otras potencias en distintas regiones se han recrudecido a partir del presente gobierno de Estados Unidos. Obviamente, son todos datos o piezas de un gran rompecabezas.

El caso del fuerte temblor en el sureste mexicano y en Guatemala (el primero) que hizo que se girara una Alerta de Tsunami, llamó también la atención por los múltiples  destellos en el cielo emanados del Sol, debido a mega explosiones solares (“tormentas geomagnéticas”). Aquí, el punto está, en dilucidar si tales explosiones solares son efecto de las manipulaciones geofísicas en la ionósfera, parte de la atmósfera en donde actúa la radiación solar, o no lo son. Porque a tales inducciones o manipulaciones, habría que agregar la pre-existencia de la “falla tectónica de San Andrés”, otra “falla tectónica” que involucra la “Placa de Cocos” y que pasa por una parte importante del territorio nacional, causante de movimientos telúricos relativamente recurrentes, todo ello, anterior al programa HAARP.Y luego, está también el llamado “cinturón de fuego” (zona de alta actividad sísmica y volcánica) en el cinturón que bordea el Océano Pacífico (https://www.youtube.com/watch?v=o_qKuKFvlAY).

Son, así, un conjunto de factores geológicos y tectónicos difícilmente resumibles en un solo factor causante: HAARP. Pero No es lo que afirmamos, sino que, hablamos de poderosos factores inductivos desde los procesos desarrollados por dicho programa. Si nada de esto fuera posible, la propia guerra climática sería una ficción.

La gran pregunta es entonces: ¿cómo influye el HAARP en los movimientos tectónicos? ¿o no influye en realidad? Una opinión más o menos consensual, es que los movimientos telúricos recientes están más relacionados con la actividad del Sol, con las tormentas electromagnéticas que impactan y modifican el campo electromagnético de la Tierra, y derivan en su capacidad de inducir  movimientos tectónicos, posiblemente: a) si la secuencia que antes anotamos fuera válida, con una probada relación de causalidad entre sí; y b) si como opinan algunos especialistas, las fulguraciones solares, al modificar el campo electromagnético y llegar a la Tierra, activan el movimiento volcánico y tectónico, ya que las “tormentas solares”.

Y estos son: “(liberación súbita de radiación electromagnética) y fuertes eyecciones de masa coronal (onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del Sol)  (…) La primera fulguración tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, cuando (…) se observaron perturbaciones magnéticas (…) durante la noche del 6 al 7 de septiembre. Sin embargo, el 6 de septiembre, poco antes de las 12:00 horas GMT, se produjo una fulguración que ha sido la más intensa de los últimos 10 años, y que emitió partículas de alta energía (…),en el sol se produjo el equivalente a un terremoto, con una onda expansiva importante (…) Había una eyección de masa coronal muy rápida, a bastante más de 1 mil km/segundo y teníamos claro que llegaba a la Tierra (…) Desde ese día, el sol ha seguido explotando” (http://www.prensalibre.com/internacional/detectan-la-llamarada-solar-mas-potente-del-ultimo-decenio).

La realidad de todo esto está en una declaración oficial del Parlamento ruso (la famosa Duma) en agosto de 2002, que considera el programa HAARP como parte de una carrera armamentista de Estados Unidos, al crear “nuevas armas integrales de carácter geofísico que puede influir en la tropósfera [capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra] con onda de radio de baja frecuencia”, lo que constituye un “salto cualitativo comparable al de las armas convencionales hacia las armas atómicas”.

Y agregaron: “la radiación es transmitida en una frecuencia que excita a la resonancia ciclotrónica (se refiere al proceso de aceleración ionosférica, JRY) de electrones para calentar y acelerar las partículas cargadas. Este incremento en la energía puede causar ionización de partículas neutras, las cuales son entonces absorbidas como parte de la región, de este modo se va incrementando la densidad de las partículas cargadas de la región”. Además, acusaron  al programa iónico del Pentágono de ser causante de la ola de calor con más de 40 grados que Rusia padeció en el 2010 con muchas muertes (https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_weatherwar30.htm).

En este tema muchas puertas quedan abiertas, pero no perdamos de vista que la lógica de los grandes poderes en la historia de la humanidad, es implacable, y el criterio rector es siempre el logro de la supremacía in-contrastada. Dicen los abogados que “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Sobre ello nos ilustra el profesor canadiense Michel Chosudovsky en la fuente antes citada: “la modificación del clima, según el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. AF 2025 Informe Final, ‘ofrece al combatiente en la guerra una amplia gama de posibles opciones para derrotar o coercer a un adversario’; sus capacidades, dice, se extienden a la provocación de inundaciones, huracanes, sequías y terremotos: la modificación del clima se convertirá en parte de la seguridad interior e internacional y podría ser realizada unilateralmente”.

No se requieren más comentarios. Suficiente.

*Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

30.1.18

El de Marco Antonio, un caso de desaparición forzada



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, policías de la Ciudad de México desaparecieron a un joven de 17 años, #MarcoAntonioSánchezFlores, tal como se desprende del testimonio del amigo que le acompañaba ese día.

Además de la indignación que nos ha causado el caso de Marco Antonio, es preciso subrayar varias cuestiones importantes alrededor de éste. Primero, destaca que su desaparición ocurrió dentro de una de las entidades que presume tener uno de los cuerpos policiales mejor capacitados del país. Segundo, hubo una movilización vital por parte de la sociedad civil para exigir a las autoridades su aparición. Tercero, la reiterada negativa (una vez más) por parte de estas últimas de investigar este hecho como una posible desaparición forzada.

A pesar de que la determinación de responsabilidades por este delito requiere de una serie de pruebas que no pueden ser tomadas a la ligera, preocupa que el gobierno de la Ciudad de México descarte esta posibilidad de manera tan sencilla. Por esta razón, aquí se comparten algunos elementos y omisiones por las cuales podría existir un castigo por esta grave violación a derechos humanos.

Los elementos de la conducta

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares dentro del artículo 27 define que:

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Es decir, para que exista una desaparición forzada se tienen que comprobar dos elementos en la conducta por parte del o los perpetradores, las cuales son: una privación ilegal de la libertad, y la negativa a reconocer dicha privación o proporcionar información sobre ésta, o el paradero de la persona.

En el caso de Marco Antonio Sánchez existió una detención (el primer elemento) ocurrida el 23 de enero de 2018 por parte de cuatro policías de la @SSP_CDMX, a petición de un ciudadano que nunca fue identificado.

Más adelante se dio a conocer que, luego de la detención, los agentes no trasladaron al joven al Ministerio Público 40, en Azcapotzalco. Tras identificar a los policías involucrados, éstos no proporcionaron en un inicio información sobre el paradero de Marco Antonio, en su lugar alegaron que “lo bajaron” de la patrulla en la que se lo llevaron sin dar más detalle de su ubicación (el segundo elemento).

Además, los familiares defendían que los testimonios de los cuatro policías no eran consistentes con la evidencia que les fue proporcionada en el Centro de Monitoreo C-5 de la Ciudad de México. No sólo esto, sino que las autoridades encargadas de la investigación tampoco proporcionaron información que ayudara a los familiares a conocer con mayor detalle el hecho (abona al segundo elemento).

Esto sin dejar de lado que se tipificó lo ocurrido como un “secuestro”, a pesar de que nunca existió una solicitud por parte de los presuntos responsables por obtener algún tipo de beneficio después de ocurrida la privación de la libertad.

Tampoco podemos pasar por alto que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señalaron necesario investigar la desaparición de Marco Antonio como una desaparición forzada.

“La desaparición forzada no depende del tiempo que dure para clasificarla como delito”
La noche del domingo 28 de enero, @hiramalmeidae, titular de la @SSP_CDMX, señaló en rueda de prensa que “se establecerían, en su caso, las sanciones correspondientes” a los presuntos responsables de la desaparición de Marco Antonio Sánchez por el “no seguimiento de algunos protocolos” posteriores a la detención. Sin embargo, agregó que “lo importante hoy es que se acredita que no existió una desaparición forzada” por parte de los elementos de la policía.

La justificación detrás de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para no calificar el actuar de los cuatro agentes como desaparición forzada estaba en que éstos acudieron de manera voluntaria para dar a conocer todos los hechos ocurridos. A pesar de esto, existen dos razones por las que no se debería descartar una investigación para determinar responsabilidades por desaparición forzada.

La primera está en que el delito de desaparición forzada “no depende del tiempo que una persona permanezca detenida sin que se sepa dónde está”.

Lo anterior fue establecido por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) dentro del dictamen respecto a la comunicación núm. 1/2013, correspondiente al caso del argentino Roberto Agustín Yrusta.

Eso significa que hay una desaparición forzada si se comprueban los elementos de la conducta señalados en la sección anterior (privación ilegal de la libertad + negativa a reconocer dicha privación), independientemente de si la persona estuvo desaparecida sólo por algunos días, o si permanece desaparecido/a. Quizá los implicados participaron de manera voluntaria en brindar información para ayudar en las investigaciones; sin embargo, eso no elimina la responsabilidad por la acción cometida.

El hecho se ve agravado –aunque haya sido sólo por algunos días– puesto que la persona que es desaparecida se ve vulnerada en una serie de derechos, los cuales van desde el derecho a la libertad personal; derecho a la integridad personal; derecho a la integridad personal de niños y niñas; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la vida (para algunos casos), entre otros.

La segunda razón es que hasta el momento en que el titular de la @SSP_CDMX estableció que no existieron elementos para determinar una desaparición forzada, en realidad aún no conocíamos el paradero de Marco Antonio Sánchez. Recordemos que tuvimos que esperar determinado tiempo para que @ManceraMiguelMX comunicara a medios que un joven con características similares se encontró deambulando en el fraccionamiento Los Álamos, en el municipio de Melchor Ocampo. Tiempo después se confirmó –afortunadamente– que Marco Antonio había sido localizado con vida.

Otros elementos a considerar

A pesar de que fue encontrado con vida, el caso de Marco Antonio Sánchez arroja aún muchas dudas: ¿por qué lo detuvieron?; ¿cómo es que fue localizado en un municipio del Estado de México, a pesar de haber sido detenido en la Ciudad de México?; ¿qué sucedió en la ubicación previa en la que policías de Tlalnepantla lo observaron para posteriormente dejarlo marcharse?; ¿quién más supo de la desaparición, además de los cuatro elementos de la policía señalados como presuntos responsables?, entre otras.

Independientemente de esto, no se puede negar que puede haber otras responsabilidades en la actuación de las autoridades. Por ejemplo, las autoridades del Ministerio Público mencionaron a los familiares del joven que tenían que pasar 48 horas para poder levantar una denuncia por desaparición.

Sin embargo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares establece dentro del artículo 7 que se establecerá una búsqueda inmediata y diferenciada en personas menores de 18 años, al momento de presentar una denuncia. Recordemos que las primeras horas después de ocurrida la desaparición son fundamentales para conocer el paradero de la persona desaparecida.

Tampoco podemos olvidar que, en caso de comprobarse una desaparición forzada, el artículo 32, fracción II de la Ley General, señala que la sanción incrementará en caso de que la persona sea niño/a, adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.

Por último, no podemos olvidar que durante los últimos 11 años o más, ha habido un intento de las autoridades en distintos niveles por no querer reconocer casos que cumplen con los elementos de la desaparición forzada como tal. Por el contrario, se han mantenido tipificados como “secuestros” o alguna otra forma de privación ilegal de la libertad, disminuyendo la responsabilidad del hecho.

Tampoco podemos dejar de lado el uso de eufemismos como persona “extraviada” o “no localizada” que continúan revictimizando a estas personas, así como a sus familiares. La realidad es que el caso de Marco Antonio nos recuerda que hay más de 30 mil personas desaparecidas en el país, por los cuales seguimos exigiendo su presentación con vida.

*Integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

26.1.18

Seguridad: dos sexenios de ineptitud, improvisaciones y muerte*

Jorge Carrillo Olea

Peña Nieto entregará un país peor que el que recibió. Hoy la violencia es generalizada y con tres frentes: criminal, oficial y social. Desde Calderón, la violencia gubernamental –descontrolada e improvisada– sólo vino a profundizar la disputa salvaje en los campos de la alta política, el gran empresariado y el sector social. El próximo relevo del gobierno federal debe propiciar un cambio radical en la manera en que se enfrenta la inseguridad. Indispensable, integrar un enfoque sociopolítico


México tiene en riesgo su gran acuerdo para existir y progresar. Vive una crisis no vista desde los tiempos posrevolucionarios. En 2 décadas, la garantía de la paz pública como uno de los más firmes derechos del hombre, y su expresión operativa, la seguridad, ha evolucionado de ser un problema del gobierno, que en un tiempo fue ordinario, manejable y sin mayor exigencia social, a ser el fenómeno de violencia generalizada que hoy, principios de 2018, es la dificultad más aguda que enfrenta la nación, no sólo el gobierno.

La amenaza de caer en una situación de ingobernabilidad es evidente. Hoy el gobierno ejerce sus funciones desde un rincón y no quiere dar valor público a los tantos datos de turbación política y social que existen. En este sentido, es también una tarea cuya solución no puede ser, una vez más, sólo paliativa y así, con esa actitud propiciar una metástasis. Se demanda algo transformador, determinante y en ello, la sociedad organizada debe asumir una responsabilidad trascendente. Esa es la razón de este ensayo, colaborar al menos con ideas a que la comunidad nacional, pero más aquellos que tienen alguna forma de poder o convocatoria, se decida a expresar su irritación por el medio que le sea propio con vistas a ayudar a salir de este atolladero.

Hasta hace poco, el derecho general a la paz pública se satisfacía con la sola y relativa ausencia de violencia inquietante: existieron guerrillas, grupos sociales exaltados, fenómenos naturales, homicidios, robos y asaltos rutinarios, presentes en toda sociedad, pero nunca generaron el ambiente de miedo que hoy nos embarga. Ahora para garantizar ese derecho a la paz, se necesita que se eviten las tres formas de violencia: La violencia criminal, la violencia oficial que genera el gobierno con sus operaciones y la social, producida por elementos de la sociedad que han aceptado delinquir como una actividad legítima para satisfacer sus necesidades, una especie de sustituto racional del trabajo. Los tres factores son causa y origen de la violencia, manifestación mayúscula de la inseguridad pública, que es cualquier acción que perturbe al estado de comodidad en las formas de vida al que la población tiene pleno derecho.

La situación en México ha evolucionado rápidamente en sólo 20 años. De padecer un estatus de inseguridad sólo desconfortante, habitual, costumbrista, hemos pasado a una agudización de ella y a un estado de creciente violencia que se inició como actos criminales, primordialmente precipitados por el narcotráfico; empeoró con la introducción descontrolada de la violencia oficial en aquella memorable invasión de Michoacán de enero de 2006, la guerra de Calderón, y ha llegado a grado extremo actualmente con las improvisaciones, desaciertos y vaciedad de Peña Nieto. Hoy lamentamos la creciente marea delictiva de la violencia social: su explicación es que la sociedad ha aprendido a delinquir como medio que cree legítimo para satisfacer sus privaciones y reclamos. La situación al finalizar el gobierno de Enrique Peña es peor de como la que recibió y, por inercia, seguirá empeorando si no se busca la solución radical.

En México no se está garantizando, ni en lo poco, el primordial derecho a la tranquilidad que da lugar al esfuerzo generalizado y hacia al progreso. Un altísimo índice de la población no se siente seguro y tampoco mejora su percepción de que pronto tendrá segura la paz como derecho. De ser evidente ese derecho significaría sentir una garantía para su vida, vivir sin tener temor a perderla ni a ella, ni a su integridad personal, ni a su patrimonio. Ese es el sentir social sobre su cotidianeidad y su futuro. Tiene todo el derecho a pensar así.

El Estado está obligado a generar condiciones óptimas para que las personas se sientan seguras, que haya situaciones para que no viva con temor, a que se desarrolle en un ambiente tranquilo, donde se le respete su derecho a transitar libremente y a no ser oprimido, sabiendo que nadie lo debe lastimar, que, de darse un hecho lamentable, un Estado democrático estará presto para su auxilio. Si esto ocurriera, la nación se volcaría en su auxilio. De todo esto trata este planteamiento. Tenemos derecho a vivir en un ambiente confortable, de eso se trata, de disponernos a exigirlo y trabajar por ello.

De cara a los procesos electorales, estamos empezando a oír las más diversas propuestas sobre cómo atender el gravísimo problema de la seguridad pública, las más de ellas honestas, pero de alcances genéricos, reducidos, ante un daño que es mayor. En ese largo plazo, veremos hechos y dichos sorprendentes por parte de reales y supuestos expertos y especialistas. El debate electoral por naturaleza es retórico, grandilocuente y puede ser estéril a menos que exista una enérgica decisión por el cambio.

En un mundo pugnaz, en una campaña acometedora como la presente, son condiciones difíciles para un candidato el ser objetivo y veraz a menos que se declare por anunciar un cambio realista y fundamental. Formular propuestas transformadoras de mil vicios le implicaría asumir costos políticos, sociales y presupuestales y que, en principio, con una salvedad, sólo ofrecerían frutos confiables a plazos medios y largos, aunque como es justo, entendiendo el carácter político del proceso electoral, se ofrezca simultáneamente paliativos transitorios en breve plazo. Ese discurso que llama al esfuerzo compartido, por honesto sería muy bien recibido, más si ofrecen ciertos alivios prontos. La otra gran premisa es que la sociedad que justamente exige un cambio, consecuentemente, debe disponerse a comprometerse en el esfuerzo.

Al mismo tiempo surge otra determinante: El cambio radical es ahora o nunca. El relevo del gobierno federal es propiciatorio. O el próximo gobierno enfrenta decididamente ahora el problema o el futuro nacional se verá muy comprometido. Mucho de la situación actual se deriva de que en 20 años sólo se han aplicado medidas parciales de resultados supuestamente inmediatos. Es la hora de aceptar que a todo le llega la exigencia de remirar y reiniciar tareas, así es el vivir de una sociedad. Es hora de cambiar. Si esta aseveración fuera atendible, habría que buscar caminos para convocar a la nación a encarar lo grave de la situación, sus complejos requerimientos y lo difícil que será alcanzar pronto logros indispensables. Sólo la sociedad organizada y debidamente conducida tiene la libertad de opinión, la sensibilidad sobre el problema y la entereza de plantearlo como justa exigencia a los gobiernos entrantes.

Un factor relevante es que han empezado a darse encuentros de organismos sociales en busca de interlocutores políticos con miras a hacerse oír en las campañas. Ese camino, legítimo y comprensible es posible que no sea el mejor si sus interlocutores políticos no desean escuchar, si, como ha sucedido, ellos creen saberlo todo, pero esa legítima expresión de hartazgo ya está ya en curso, nada la detendrá, salvo cierta certidumbre de que vamos en el camino del cambio. La contaminación electoral es un peligro a evitar. Es apremiante que la sociedad se organizara de múltiples maneras, en un esfuerzo de la dimensión requerida por un problema nunca enfrentado suficientemente por ella al margen de las campañas, y atendiendo a la oportunidad de un gobierno a renovarse.

Un segundo factor que obra sobre esta ardua tarea y es de gran calibre, es la arraigada costumbre del poder político de despreciar las propuestas de la sociedad en términos que fueran reales y comprometidos. En estos mismos tiempos somos testigos como organizaciones sociales de gran solvencia moral, técnica y experiencia y aún voces de organismos internacionales han sido ignorados por el gobierno federal. Hoy como nunca el poder político está obligado a reconocer las grandes fallas y escuchar al pueblo.

Como paso inicial es necesario que una constante en cualquier proposición, sea la oferta del ineludible cambio. El problema que ya no es sólo criminal, ha entrado con gran fuerza a los campos netos de la alta política, de los líderes sociales y económicos y despertado la exigencia desesperada de la comunidad nacional. El enfoque meramente criminal, como el que se ha dado en ya largos años, ha demostrado ya que, si nunca fue correcto, hoy está absolutamente rebasado. La sociedad nacional está justamente alarmada y puede ya dar signos de impaciencia que suelen ser incontrolables.

Un encauce nuevo es indispensable: el sociopolítico, el que debería cumplir tres exigencias:
  1. Enfoque preventivo oficial y social,
  2. Participación popular y
  3. Reestructurar el actual procedimiento de pretender ofrecer seguridad.
Esto lo convertiría en un proyecto diferente, de naturaleza interdisciplinaria, de sociología política y no solamente de control político/policial.

Naturalmente, cada rubro mencionado está compuesto por mil partes que habrá que desagregar una vez enriquecido y aprobado este ensayo. Eso equivale en parte a una autopsia que resultará desagradable para la presente administración, muy comprometedora para su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y resulta ser un filón de oro para los partidos de oposición. Ambas características son una base de partida. Habría que partir de la propia Constitución con sus vacíos, indefiniciones y parcelaciones sobre el tema; considerar todo tratado o convenio internacional, dictar leyes secundarias y fijar políticas públicas, todo ello debidamente consolidado en programas de gran participación social. Estas razones abundan en lo necesario que es preservar esas reflexiones nacionales de toda contaminación.

El primer gran reto y el primer gran requisito es aceptar que estamos ante un problema sociopolítico de pronósticos alarmantes. Es importante hacer relevante que una situación como la que actualmente se vive puede evolucionar del tipo de conflicto presente a otro a perfilarse según los hechos que ocurran en un momento dado. Hay datos ya presentes de numerosas señas de descomposición social. Ella se victima a sí misma y crece la expansión criminal. ¿Queremos más? Por la brevedad deseable para un ensayo de este orden no se hace un diagnóstico más. Hay ya numerosos, oficiales y privados muy confiables y existe el más justo, objetivo y delicado: la sensibilidad social que califica con la mayor autoridad la gravedad de la situación.

Las ideas propositivas están muy decantadas por largos años de observación constante y metódica, participativa y responsable, posiblemente son de considerarse. Cada una se abrirá en 1 mil. La situación es sumamente delicada, inédita y demandante de un esfuerzo intenso y continuado por un plazo que seguramente rebasa a las costumbres de hacerlo todo con la perspectiva sexenal. Es un reto mayúsculo y sui géneris, así debe ser la respuesta. La claridad y honestidad serán muy acertadas por novedosas. Siempre nos han engañado.

El presente ensayo es un esfuerzo por trasladar ideas, experiencias, información, resultado de logros y fracasos acumulados, intenta ser un trabajo culminante por la acumulación de vivencias de décadas. Lo sustenta un ánimo de contribución. No tiene pretensiones personalistas, aspiraciones o adhesiones políticas, ni purismos académicos. Es un ensayo libre, honesto, simple, llano sobre la casi inasible materia de seguridad pública. Por los efectos de descomposición de la seguridad como deber constitucional, la paz pública se ha desbordado, devenido en un grave problema político y social que rebasando sus propias fronteras es ya un asunto de violencia generalizada que es una amenaza al futuro del país y una desgracia nacional. Así, el fin de este trabajo es ofrecer la expresión, sólo la expresión de ideas que, de desagregarse, ordenarse y hacerse ejecutivas, posiblemente fueran útiles a un esfuerzo mayúsculo que deben titularizar gobierno y sociedad.

Anteriormente en este mismo prólogo se planteó la necesidad nacional de examinar de manera honesta y profunda ideas sobre el candente asunto de la seguridad pública que cada día se complica más. No es previsible que sin amplísima honestidad y libertad se evite el riesgo que enfrenta el país de perder su gran acuerdo para existir y progresar. Tal como vivimos no nos permite prever un destino como el deseado. Deseamos vivir en paz y dignamente, debemos hacer ruido.

El momento electoral ofrece dos condiciones contrastantes:
  1. El riesgo de la natural politización que todo discurso electoral tendría y,
  2. La coyuntura de la próxima renovación de los poderes federales.
Como nunca, hoy la solución está básicamente en manos de la creatividad pública y su capacidad de exigencia que, venturosamente cada día es más vigorosa: La comunidad hoy sometida, está decidida a someter al poder. Está en marcha para proponer y exigir sin necesidad de interlocutores políticos. El severo descrédito de las organizaciones políticas ha abierto un enorme hueco que está siendo llenado por la sociedad.

En pasos subsecuentes, como se dijo, se intenta ofrecer ocho ideas de valor propositivo para iniciar la exploración de soluciones sensatas:
  1. Unificación de Criterios Doctrinales,
  2. Desarrollo de la Prevención Oficial y Social.
  3. Reestructuración del Sistema de Seguridad Pública que incluye sus bases legales.
  4. Profesionalización en toda especialidad y nivel vinculados.
  5. Recomposición del Sistema Penitenciario.
  6. Abatimiento de la Corrupción Policial.
  7. Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales.
  8. Programación y Presupuesto.
*El texto es el prólogo del libro Prospectiva de la seguridad pública en México. Buscando la aguja en el pajar, de próxima aparición.
 
Jorge Carrillo Olea**
**Director fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen: febrero de 1989-octubre de 1990); general del Ejército Mexicano en situación de retiro

25.1.18

El verdadero decálogo de la corrupción que Meade ignora

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aspirante presidencial del PRI, Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, anunció este 24 de enero una iniciativa de ley para enfrentar “el inaceptable flagelo de la corrupción”. Lo hace en el momento más difícil de su precampaña: los escándalos de peculado, transferencia ilegal de recursos y lavado de dinero que se incrementan y se orientan, sobre todo, a los exgobernadores del partido que lo postula.

De los 19 gobernadores priistas que acompañaron a Enrique Peña Nieto en su toma de posesión, en diciembre de 2012, 11 se enfrentan a cargos por corrupción. Tan sólo en el caso de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación ha calculado irregularidades en 36 mil millones de pesos del presupuesto.

En Chihuahua, el exmandatario prófugo César Duarte dejó al menos mil 200 millones de pesos de desvío de fondos. Y el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es acusado por un presunto quebranto que asciende a 900 millones de pesos, sólo por la compra-venta ilegal de terrenos, sin incorporar los 2 mil 700 millones de pesos de desvíos de recursos que documentó el Congreso.

El mismo día que Meade presentó sus medidas anticorrupción, el fiscal general de Nayarit anunció que abrieron 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra el exgobernador priista Roberto Sandoval, mientras que en Estados Unidos continúan las demandas de extradición en contra de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos detenidos.

Según la propuesta de Meade, para combatir la corrupción se requieren tres elementos centrales: recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los acusados de corrupción para canalizarlos a un fondo nacional para becas para niños, niñas y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos, y hacer obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores.

Según Meade, su iniciativa no tiene precedentes, y para dar una muestra clara de que habla en serio, dijo, “no voy a esperar a que termine la elección para trabajar en una iniciativa formal que acabe de una vez por todas con la corrupción; en vez de prometer hay que ponernos a trabajar, eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos”.

El texto de la iniciativa aún no se conoce a detalle, pero el contexto de su iniciativa anticorrupción es muy claro: Meade está en el ojo del huracán de una cleptocracia que hará todo lo posible para aferrarse al poder y encubrir unos a otros.

Meade propone, pero no problematiza. Promete, pero no actúa. Enuncia, pero no concreta. Al contrario, su iniciativa parece un gran acto escapista frente a al menos 10 problemas candentes relacionados con la corrupción y ante los que no se ha pronunciado:

1. En primer lugar, el escándalo Odebrecht que involucra, al menos, a las dos últimas administraciones para las que trabajó: la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto.

2. El papel de la Secretaría de Hacienda –de la que fue titular en los dos sexenios- en el desvío de fondos públicos para las campañas electorales del PRI en varios estados. La investigación del gobierno de Javier Corral sobre la “Operación Zafiro” en Chihuahua involucra a no menos de cuatro gobiernos estatales y a la propia dependencia que heredó de Luis Videgaray.

3. El principal problema de la corrupción desde 2000 a la fecha radica en el encarecimiento de los procesos electorales y las estrategias de los partidos políticos y funcionarios para desviar recursos públicos en la compra del voto, en la inhibición del sufragio y en pagar a través de monederos electrónicos. De esto no dice nada la iniciativa de Meade.

4. Nada menciona tampoco de la llamada Estafa Maestra, un escándalo de triangulación de recursos públicos que involucra a la Sedesol –que encabezó también Meade– y a varias universidades públicas estatales. Por el contario, el vocero del aspirante priista envió mensajes intimidatorios a portales informativos como Animal Político que han seguido con esta investigación.

5. Nada menciona Meade del papel de la iniciativa privada y de las grandes empresas que se han prestado a los enjuagues de corrupción, sobreprecios en licitaciones y contratos de obra pública para desviar recursos. Ahí están los escándalos de OHL o de Grupo HIGA, por mencionar los más conocidos.

6. Para Meade es inexistente el Sistema Nacional Anticorrupción creado en este sexenio y que ha quedado incompleto ante la ausencia de un fiscal anticorrupción y el desastre del modelo de Fiscalía General.

7. El presidente Enrique Peña Nieto anunció hace más de dos años, al calor del escándalo de la Casa Blanca, un decálogo de corrupción, pero Meade ni lo menciona ni lo valora, como si todo surgiera de la nada.

8. Durante todo un sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda prácticamente ignoró los grandes casos de lavado de dinero. Su extitular Alberto Bazbaz ahora dirige el CISEN, y bajo las órdenes de Meade prácticamente no hizo nada.

9. En Bansefi, institución dirigida por su amigo Virgilio Andrade, clonaron tarjetas electrónicas con los recursos destinados para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Al menos 68 millones de pesos han “desaparecido”. De esto no ha dicho nada Meade.

10. Si existiera un mínimo de compromiso para enfrentar la corrupción, el aspirante priista podría anunciar que su coalición renunciará al reparto de tarjetas electrónicas que en los comicios estatales del Estado de México y de Coahuila demostraron ser la pista más grave del fraude y la corrupción.

Este decálogo elemental, Meade lo ignoró. Quizá porque está más enredado por una cleptocracia de lo que él mismo está dispuesto a aceptar.