17.5.17

El Narcoestado

 

A todos los reporteros asesinados. In memoriam.


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde hace tres décadas, a partir del salinismo para ser más preciso, en México comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como el Narcoestado o el Estadonarco.

En esta forma de gobierno, el crimen organizado y las autoridades se han fusionado hasta ser uno mismo con las consecuencias fatales que ahora sufrimos: periodistas ejecutados, miles de muertes y desapariciones, violencia galopante, gobernadores delincuentes, partidos encubridores, sociedad participante, impunidad y una presidencia de la República cómplice por omisión o por participación directa.

Parto del hecho de que, desde el gobierno de Salinas, comenzó a gestarse esta forma de cogobierno por el caso de su hermano Raúl Salinas quien fue acusado, precisamente, de usar las redes de la Conasupo para la distribución de la droga, aunque en la cárcel estuvo por otros delitos.


Pero antes de este gobierno ya se habían presentado algunos síntomas de la imbricación entre autoridades y narcotráfico, como fue la increíble existencia del rancho “El Búfalo” en Chihuahua. Sin embargo, en el salinismo se expresaron las primeras señales del Narcoestado.

En tres décadas la descomposición de la clase política y la corrupción se han enquistado hasta los más altos niveles, lo cual ha llevado a 30 gobernadores de diferentes partidos a ser acusados de tener vínculos con el crimen organizado, incurrir en actos de corrupción, crear y encubrir redes delincuenciales, hacer negocios ilícitos, desviar recursos y recibir dinero sucio para sus campañas proveniente de distintas organizaciones criminales.

Casos como el de los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas, Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, Fausto Vallejo en Michoacán, el perredista Ángel Aguirre Rivero en Guerrero y el panista Sergio Estrada Cajigal de Morelos, son algunos ejemplos claros de cómo el Narcoestado ya es una realidad.

En ese Narcoestado el crimen organizado es el que gobierna y controla el territorio. Nada de lo que ocurra ahí escapa de su poder, incluido el ejercicio de la libertad de expresión. Ocho periodistas han sido asesinados en lo que va del año, entre ellos Javier Valdez. Y no es casual que en estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua sean donde se registre los casos más recurrentes de asesinatos, amenazas y persecución a reporteros.

Todas las autoridades están involucradas con los grupos criminales donde cogobierna el crimen organizado. Las fuerzas armadas no se escapan de este poder corruptor que compra voluntades con enormes cantidades de dinero para que los dejen tranquilos en el trasiego, distribución y venta de enervantes, así como en el negocio del secuestro, extorsión, tráfico de personas y de armas.

Pero en el Narco Estado también la sociedad participa directa o indirectamente. Muchas de las veces amplios sectores de la sociedad son cómplices y forman parte de las redes o de la comunidad de base de apoyo que se gestan por necesidad, a la fuerza o por interés alrededor de los distintos grupos criminales como ocurre de manera clara en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.

En otras ocasiones, la propia sociedad ha normalizado la presencia y la actuación violenta de estos grupos ante la imposibilidad de protestar o de hacer una denuncia. ¿Cómo acudir ante una autoridad que está corrompida o que es parte del grupo criminal que gobierna el municipio o el estado?

Esta situación será la prioridad para quien quiera ser el presidente en el 2018. La expansión de zonas controladas por el crimen organizado crece todos los días, la población adicta en México rebasa los seis millones, según la última estadística oficial del 2011; el número de periodistas muertos o desaparecidos aumenta día con día, se disparó a 600% el número de asesinatos en este sexenio y hay más de 350 mil personas desplazadas por la violencia.

A pesar de la gravedad de la situación, el tema no está en la agenda de ninguno de los aspirantes a la presidencia. Ni uno de ellos habla del crimen organizado y, menos, del Narcoestado y sus consecuencias. Es un tópico espinoso que evaden pero que cualquiera que gane tendrá que afrontar.

9.5.17

La “mafia itamita” ahora va por la candidatura independiente



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el control del aparato de gobierno desde la década pasada en las administraciones del PRI y el PAN, la familia del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) busca ahora hacerse de la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

El precursor de las candidaturas independientes en México, el excanciller Jorge G. Castañeda, declinó en su aspiración y respaldó las intenciones del senador “independiente” Armando Ríos Piter, un economista del ITAM que forma parte del grupo de control político y administrativo que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Parroquiana como es la mayoría de la clase política mexicana y carente de imaginación para buscar soluciones propias, cualquier acontecimiento político importante en el mundo lo toma de manera oportunista para justificar sus limitaciones o esconder sus propósitos.

Pasó hace tres décadas cuando en Chile la multifraccionada izquierda y la centro derecha de la Democracia Cristiana crearon la Concertación de Partidos por la Democracia para sacar al dictador Augusto Pinochet del poder por la vía pacífica.

De inmediato, hasta representantes del mismo PRI fueron a Chile para replicar lo que devino en lo que Porfirio Muñoz Ledo definió como una “concertacesión” entre el PRI y el PAN, como ha ocurrido desde el gobierno de Ernesto Zedillo y en la que el ITAM comenzó como un surtidor de cuadros hasta llegar a tener casi todo el control en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ahora es el caso con la candidatura que le quieren construir a Ríos Piter, un político de 44 años que lo mismo ha trabajado para el PRI, el PAN y el PRD, y que ahora comparan con el recién electo presidente de Francia, Emmanuel Macron, de 39 años.

El próximo presidente francés es un economista que después de renunciar al gobierno de Francois Hollande creó el grupo En Marche!, una organización política que rebasó a los partidos políticos tradicionales de ese país y cuyo discurso fue precisamente en contra de la partidocracia.

Ríos Piter, por el contrario, ha sido parte de esa ya vieja “concertacesión”. Fue asesor del secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, ahora secretario general de la OCDE, y alter ego de Peña Nieto. Luego, el itamita pasó a ser subsecretario de la Reforma Agraria con Vicente Fox.

Después saltó a secretario de Desarrollo Rural de Zeferino Torreblanca en su natal Guerrero, bajo las siglas del PRD, el mismo partido que lo hizo diputado y actual senador. Pero en febrero pasado se declaró “independiente”, después de que el mismo partido lo hizo constituyente para la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Es egresado de la maestría en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown, en Washington, aunque nunca se ha desempeñado en ese tema, pues siempre ha trabajado para las áreas de la tecnocracia.

Como legislador, están los registros de sus votos a favor de las reformas energética y fiscal de Peña Nieto; es decir, de Luis Videgaray. También cuando apoyó la homologación del IVA en las fronteras.

Ríos Piter se ausentó de la votación en el Senado cuando la oposición buscaba sumar fuerzas para impedir la designación, impulsada por Peña Nieto, de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quien es otro que lo mismo ha servido al PAN que al PRI.

El Jaguar, como se hace llamar a sí mismo y a su movimiento, será utilizado ahora para construir la idea de una candidatura de izquierda moderada, modernizada e internacionalista, en contraposición clara a la de Andrés Manuel López Obrador.

Además de sus propios errores, todo suma para bajar al tabasqueño.

1.5.17

Deceit, Betrayal and the Left: The ‘Traitor of the Year Award’


James Petras


Introduction: While the Right faithfully supports the policies and interests of its ruling class supporters, the Left has systematically betrayed their political platform promises and deceived its working class, salaried employees, small business and regional supporters.

Historic reversals have happened in rapid succession by Leftist leaders, including greater oligarch control over the economy, more dictatorial political domination by imperial powers (US,EU), increasing inequalities and poverty, and ‘Leftist’ support for imperial wars.

In some cases leftist leaders have gone beyond their rightist opponents by passing even more extreme reactionary policies upon assuming power.

In this essay, we will identify some of the turncoat leftists: The ‘Champions of Betrayal’.

Secondly we will review their policy reversals and the consequences for their working class and rural supporters.

Thirdly, we will present a case study of the world’s worst ‘Left’ traitor today: Alexis Tsipras, Prime Minister of Greece.

In the final section, we will discuss some of the possible explanations for the trend of political reversals by left leaders.

Turncoat ‘Leftists’ of the Early 21st Century

There are numerous examples of former guerrilla movements, leftist regimes and political leaders who gained mass popular support on the promise of radical structural transformations and who turn around to embrace the interests of their oligarchical and imperial adversaries.

An entire generation of radicals from the 1960’s and ’70’s started on the left and, by the ’80’s and 90’s ended up in ‘centrist’ and rightwing regimes - even becoming collaborators with the extreme right and the CIA.

Former guerrilla fighters, who turned centrist and rightwing, became Cabinet Ministers or Presidents in Uruguay, Brazil, Peru, Ecuador and Chile.

El Salvadoran guerrilla commander, Joaquin Villalobos, later collaborated with the CIA and provided ‘advice’ to the ‘death squad’ President of Colombia.

The list of late 20th century traitors is long and dismal. Their policy betrayals have caused great hardship for their mass supporters who suffered socio-economic losses, political repression, arrests, torture, death and a profound distrust toward ‘left’ intellectuals, political leaders and their ‘promises’.

The 21st Century: Starting on the Left and Ending on the Right

The first decade of the 21st century witnessed a revival of left regimes and political parties in Europe and Latin America.

The Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), led by the great peasant leader Manual Marulanda, had 20,000 fighters and millions of supporters. In 1999, it had advanced to the outskirts of the Capital, Bogota. The reality today is a dramatic reversal.

In France, the Socialist Party adopted a left program and elected Francois Hollande as President in 2012. He promised to raise taxes on the rich to 75% in order to finance a massive jobs program. He promised to extend progressive labor legislation and to defend national industries. Today his credibility is near zero.

Throughout Latin America, Leftists were elected to head governments, including Brazil, Argentina, Peru, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador and El Salvador. With the possible exception of Bolivia and Ecuador, they have been ousted by their rightwing partners or opponents.

In Spain, Portugal and Greece, new radical leftist parties emerged with promises to end the brutal European Union-imposed austerity programs, and launch profound, class-based, structural transformations. Here history is repeating itself with another series of betrayals.

The Revolutionary Armed of Forces of Colombia (FARC): From Revolution to Surrender

By June 2017, the FARC leadership had disarmed its fighters, abandoning millions of peasant supporters in regions formerly under their control. The FARC’s signing of the Peace Pact with the Santos regime led to neither peace nor a real pact. Dozens of activists are already being murdered and hundreds of leftists and peasants are fleeing for their lives from death squads connected to the Santos regime. Assassinations occurred throughout the negotiation process and afterwards. Guerrilla fighters, who turned in their arms, now face kangaroo trials, while peasants who apply for agrarian reform are driven from their farms. Rank and file FARC fighters and militants are abandoned with their families in the jungle without homes, jobs and security from the death squads. US military bases and advisers remain. The entire socio-economic system is unchanged. Only the Cuba-based guerrilla ‘leaders’ are guaranteed security, two comfortable seats in Parliament– which has been denied– and the praise of the US government!

FARC leaders and chief negotiators, Ivan Marquez and Timoleon Jimenez, are clear contenders for the ‘Traitor of the Year Award’.

France’s President Hollande: An Imperial Collaborator Flushed down the Toilet

President Francois Hollande’s tenure was not far behind the FARC’s betrayal. Elected President of France in 2012 under the Socialist Party, he promised to ‘tax the rich’ by 75%, extend and deepen workers’ rights, reduce unemployment, revive bankrupt industries, prevent capitalist flight and end France’s military intervention in Third World countries.

After a brief flirtation with his campaign rhetoric, President Hollande went on a pro-business and militarist rampage against his voters:

First, he deregulated business relations with labor, making it easier and quicker to fire workers.
Second, he reduced business taxes by $40 billion Euros.

Third, he imposed and then extended a draconian state of emergency following a terrorist incident.

This included the banning of strikes by workers protesting his anti-labor legislation and the double-digit unemployment rate.

Fourth, Hollande launched or promoted a series of imperial wars in the Middle East and North and Central Africa.

France under Francois Hollande initiated the NATO bombing of Libya, the murder of President Gadhafi, the total destruction of that nation and the uprooting of millions of Libyans and sub-Saharan African workers. This led to a massive flood of terrified refugees across the Mediterranean and into Europe with tens of thousands drowning in the process.

President Holland’s neo-colonial project oversaw the expansion of French troops into Mali (destabilized by the destruction of Libya) and the Central African Republic.

A clear promoter of genocide, Hollande sold arms and sent ‘advisers’ to support Saudi Arabia’s grotesque war against impoverished Yemen.

President Hollande joined the US mercenary invasion of Syria, allowing some of France’s finest nascent jihadis to join in the slaughter. His colonial ambitions have resulted in the flight of millions of refugees into Europe and other regions.

By the end of his term of office in 2017, Holland’s popularity had declined to 4%, the lowest level of electoral approval of any President in French history! The only rational move he undertook in his entire regime was to not seek re-election.

Greek Prime Minister Alexis Tsipras: ‘Traitor of the Year’

Despite the stiff competition from other infamous leftist traitors around the world, Greek Prime Minister Alexis Tsipras wins the ‘Global Traitor of the Year’ award.

Tsipras deserves the label of ‘Global Traitor’ because:

1) He made the quickest and most brutal turn from left to right than any of his venal competitors.

2) He supported Greece’s subjugation to the dictates of the Brussels oligarchs privatization demands, agreeing to sell its entire national patrimony, including its infrastructure, islands, mines, beaches, museums, ports and transports etc.

3) He decreed the sharpest reduction of pensions, salaries and minimum wages in European history, while drastically increasing the cost of health care, hospitalization and drugs. He increased VAT, (consumer taxes) and tax on island imports and farm income while ‘looking the other way’ with rich tax evaders.

4) Tsipras is the only elected leader to convoke a referendum on harsh EU conditions, receive a massive mandate to reject the EU plan and then turn around and betray the Greek voters in less than a week. He even accepted more severe conditions than the original EU demands!

5) Tsipras reversed his promises to oppose EU sanctions against Russia and withdrew Greece’s historic support for the Palestinians. He signed a billion-dollar oil and gas deal with Israel which grabbed oil fields off the Gaza and Lebanon coast. Tsipras refused to oppose the US -EU bombing of Syria, and Libya - both former allies of Greece.

Tsipras, as the leader of the supposedly ‘radical left’ SYRIZA Party, leaped from left to right in the wink of an eye.

The first and most revealing indication of his turn to the right was Tsipras’ support for Greece’s continued membership in the European Union (EU) and NATO during the formation of SYRIZA (2004).

SYRIZA’s ‘left’ mouthed the usual platitudes accompanying EU membership, raising vacuous ‘questions’ and ‘challenges’ while talking of ’struggles’. None of these ‘half pregnant’ phrases made sense to any observer who understood the power of the German-led oligarchs in Brussels and their strict adherence to ruling-class imposed austerity.

Secondly, SYRIZA had played a minor role, a best, in the numerous trade union general strikes and worker and student led direct action in the run-up to its electoral victory in 2015.

SYRIZA is an electoral party of the lower middle and middle class, led by upwardly mobile politicos who had few if any ties to shop-floor factory and agrarian struggles. Their biggest struggles seemed to revolve around internal factional wars over seats in Parliament!
SYRIZA was a loose collection of squabbling groups and factions, including, ‘ecology movements’, Marxist sects and traditional politicos who had floated over from the moribund, and corrupt PanHellenic Socialist Party (PASOK). SYRIZA expanded as a party at the beginning of the 2008 financial crisis when the Greek economy collapsed. From 2004 to 2007 SYRIZA increased its presence in Parliament from 3.5% to only 5%. Its lack of participation in the mass struggles and its internal squabbles led to a decline in the 2009 legislative elections to 4.6% of seats.

Tsipras ensured that SYRIZA would remain in the EU, even as its self-styled ‘left wing’, the Left Platform, led by ‘Marxist academic’ Panagiotis Lafazanis, promised to “keep an open door to leaving the EU”. Alexis Tsipras was first elected to the Athens city council, where he publicly attacked corrupt and demagogic rightwing colleagues while taking private lessons in power from the oligarchy.

In 2010, the rightwing PASOK and far right New Democracy agreed to an EU dictated debt bail-out leading to massive job losses and the slashing of wages and pensions. SYRIZA, while outside of power, denounced the austerity program and gave lip-service to the massive protests. This posturing allowed SYRIZA to quadruple its representation in parliament to 16% in the 2012 election.

Tsipras welcomed corrupt ex-PASOK members and financial advisers into SYRIZA, including Yanis Varoufakis, who spent more time motorcycling to upscale bars then supporting the unemployed workers in the streets.

EU ‘memorandums’ dictated the privatization of the economy, as well as deeper cuts in education and health. These measures were implemented in shock waves from 2010 through 2013. As an opposition party, SYRIZA increased its seats 27% in 2013 … a scant 3% behind the ruling rightwing New Democracy. In September 2014, SYRIZA approved the Thessalonika Program promising to reverse austerity, rebuild and extend the welfare state, restart the economy, defend public enterprises, promote tax justice, uphold democracy (direct democracy no less!) and implement a ‘national plan’ to increase employment.

The entire debate and all the resolutions turned out to be a theatrical farce! Once in power, Tsipras never implemented a single reform promised in the Program. To consolidate his power as head of SYRIZA, Tsipras dissolved all factions and tendencies in the name of a ‘unified party’ - hardly a step toward greater democracy!

Under ‘Dear Uncle Alexis’ control, SYRIZA became an authoritarian electoral machine despite its left posturing. Tsipras insisted that Greece would remain within the EU and approved a ‘balanced budget’ contradicting all his phony campaign promises of public investments to ‘extend the welfare state’!

A new EU bailout was followed by a jump in unemployment to over 50% among youth and 30% of the entire labor force. SYRIZA won the January 25, 2015 parliamentary elections with 36.3% of the electorate. Lacking a single vote to secure a majority in parliament, SYRIZA formed an alliance with the far-right ANEL party, to which Tsipras gave the Defense Ministry.

Immediately upon taking office, Prime Minister, Alexis Tsipras announced his plans to renegotiate Greece’s bailout and ‘austerity program’ with the EU oligarchy and the IMF. This phony posturing could not hide his impotence: Since SYRIZA was committed to staying in the EU, austerity would continue and another onerous ‘bailout’ would follow. During ‘internal meetings’, members of SYRIZA’s ‘Left Platform’ in the Cabinet called for leaving the EU, reneging the debt and forging closer ties with Russia. Despite being totally ignored and isolated, they stayed on as impotent ‘token leftist’ Cabinet Ministers.

With Tsipras now free to impose neo-liberal market policies, billions of Euros flowed out of Greece and its own banks and businesses remained in crisis. Both Tsipras and the ‘Left Platform’ refused to mobilize SYRIZA’s mass base, which had voted for action and demanded an end to austerity. The media’s gadfly, Finance Minister Varoufakis, put on a sideshow with grand theatrical gestures of disapproval. These were openly dismissed by the EU-IMF oligarchy as the antics of an impotent Mediterranean clown.

Superficial as ever, the Canadian, US, European left-wing academics were largely unaware of SYRIZA’s political history, its opportunist composition, electoral demagogy and total absence from real class struggle. They continued to blather about SYRIZA as Greece’s ‘radical left’ government and attended its PR functions. When SYRIZA flagrantly embraced the EU’s most savage cutbacks against Greek workers and their living standards affecting everyday life, the highly paid, distinguished professors finally spoke of SYRIZA’s ‘mistakes’ and ladled the ‘radical left’ from this stew of opportunists! Their grand speaking tours to Greece were over and they flitted off to support other ’struggles’.

As the summer of 2015 approached, Prime Minister Tsipras moved ever closer to the entire EU austerity agenda. ‘Dear Alexis’ dumped Finance Minister Varoufakis, whose histrionics had irked Germany’s Finance Minister. Euclid Tsakalotos , another ‘radical’ leftist, took over as Finance Minister, but turned out to be a malleable lieutenant for Tsipras, willing to implement any and all EU-imposed austerity measures without the antics.

By July 2015, Tsipras and SYRIZA accepted a harsh austerity program dictated by the EU. This rejected SYRIZA’s entire Thessalonika Program proclaimed a year earlier. The entire population, and SYRIZA’s rank and file members grew angrier, demanding an end to austerity. While approving a ‘belt tightening’ austerity program for his electoral mass base throughout the summer of 2015, Tsipras and his family lived in luxury in a villa generously loaned by a Greek plutocrat, far from the soup lines and hovels of the unemployed and destitute.

Prime Minister Alexis Tsipras implemented policies earning him the ‘Traitor of the Year Award’. His was a duplicitous strategy: On July 5, 2015, he convoked a referendum on whether to accept the EU’s bailout conditions. Thinking his ‘pro-EU’ supporters would vote ‘Yes’, he intended to use the referendum as a mandate to impose new austerity measures. Tsipras misjudged the people: Their vote was an overwhelming repudiation of the harsh austerity program dictated by the oligarchs in Brussels.

Over 61% of the Greek people voted ‘no’ while merely 38%voted in favor of the bailout conditions. This was not limited to Athens: A majority in every region of the country rejected the EU dictates - an unprecedented outcome! Over 3.56 million Greeks demanded an end to austerity. Tsipras was ‘admittedly surprised’ . . . and disappointed! He secretly and stupidly thought the referendum would give him a free hand to impose austerity. He put on his usual grin as the voting results were announced.

Less than a week later, on July 13, Tsipras renounced the results of his own referendum and announced his government’s support for the EU bailout. Perhaps to punish the Greek voters, Tsipras backed an even harsher austerity scheme than the one rejected in his referendum! He drastically slashed public pensions, imposed massive regressive tax hikes and cut public services by $12 billion euros. Tsipras agreed to the infamous ‘Judas memorandum’ of July 2015, which increased the regressive general consumer tax (VAT) to 23%, a 13% food tax, a sharp increase in medical and pharmaceutical costs and tuition fees, and postponed the retirement age by five years to 67.

Tsipras continued on his ‘historic’ rampage over the suffering Greek people throughout 2016 and 2017. His regime privatized over 71,500 public properties, including the historic patrimony. Only the Acropolis was spared the auction block…. for now! The resulting unemployment drove over 300,000 skilled and educated Greeks to migrate. Pensions slashed to 400 Euros led to malnutrition and a three-fold rise in suicides.

Despite these grotesque social consequences the German bankers and the regime of Angela Merkel refused to reduce the debt payments. Prime Minister Tsipras’ groveling had no effect.
Sharp tax hikes on farm fuels and transport to tourist islands led to constant marches and strikes in cities, factories, fields and highways.

By January 2017 Tsipras had lost half of his electorate. He responded with repression: gassing and beating elderly Greeks protesting their poverty pensions. Three-dozen trade unionists, already acquitted by the courts, were re-tried by Tsipras’ prosecutors in a vicious ’show trial’. Tsipras supported the US-NATO attacks on Syria, the sanctions against Russia and the billion-dollar energy and military agreements with Israel.

Short of the Nazi occupation (1941-44) and Anglo-Greek civil war of (1945-49), the Greek people had not experienced such a precipitous decline of their living standards since the Ottomans. This catastrophe occurred under the Tsipras regime, vassal to the Brussels oligarchy.

European, Canadian and US leftist academic tourists had ‘advised’ SYRIZA to remain in the EU.
When the disastrous consequences of their ‘policy advice’ became clear… they merely turned to advising other ’struggles’ with their phony ’socialist forums’.

Conclusions

The betrayals by ‘Leftist’ and ‘radical leftist’ leaders are partly due to their common practices as politicians making pragmatic deals in parliament. In other cases, former extra-parliamentary and guerrilla leaders were faced with isolation and pressure from neighboring ‘left’ regimes to submit to imperial ‘peace accords’, as in the case of the FARC. Confronting the massive build-up of the US supplied and advised armies of the oligarchs, they folded and betrayed their mass supporters.

The electoral framework within the EU encouraged leftist collaboration with class enemies - especially German bankers, NATO powers, the US military and the IMF.

From its origins SYRIZA refused to break with the EU and its authoritarian structure. From its first day of government, it accepted even the most demonstrably illegal private and public debts accumulated by the corrupt right-wing PASOK and New Democracy regimes. As a result SYRIZA was reduced to begging.

Early on SYRIZA could have declared its independence, saved its public resources, rejected its predecessors’ illegal debts, invested its savings in new jobs programs, redefined its trade relations, established a national currency and devalued the drachma to make Greece more flexible and competitive. In order to break the chains of vassalage and foreign oligarch imposed austerity, Greece would need to exit the EU, renounce its debt and launch a productive socialist economy based on self-managed co-operatives.

Despite his electoral mandate, the Greek Prime Minister Tsipras followed the destructive path of Soviet leader Michel Gorbachev, betraying his people in order to continue down the blind ally of submission and decay.

While several leaders offer stiff competition for the ‘Traitor of the Year Award’, Alexis Tsipras’ betrayal has been longer, more profound and continues to this day. He broke more promises and reversed more popular mandates (elections and referendums) more quickly than any other traitor. Moreover nothing short of a generation will allow the Greeks to recover left politics. The left has been devastated by the monstrous lies and complicity of Tsipras’ former ‘left critics’.

Greece’s accumulated debt obligations will require at least a century to play out - if the country can even survive. Without question, Alexis Tsipras is the ‘Traitor of the Year’ by unanimous vote!!!

22.4.17

Ayotzinapa, una investigación opaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa. A continuación se reproduce íntegramente el texto escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith.

El 20 y 21 de abril, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coordinadora del Mecanismo y también Relatora para México, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente de Ayotzinapa. Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.

El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes.

El trabajo del GIEI en México fue esencial para desmentir la “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados en un río aledaño y para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso. El GIEI también logró avanzar en la investigación del caso.


El GIEI descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, el GIEI consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. El GIEI también reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia. Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.

En julio de 2016, la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano y las familias de los estudiantes y sus representantes. Su plan de trabajo establece entre otras cosas los objetivos del Mecanismo y su cronograma de actividades que incluye cuatro visitas oficiales de la CIDH a México.

Un caso emblemático que el gobierno mexicano tiene la obligación de resolver

El gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o pérdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país.

Un año después de la salida del GIEI y dos años y medio después de que los estudiantes desaparecieron, estas son algunas de las respuestas que el gobierno todavía debe a las familias y las víctimas:

El gobierno se niega a abandonar una “verdad histórica” que ya ha sido desmentida

El gobierno mexicano se niega a abandonar su teoría oficial del caso a pesar de las conclusiones del grupo internacional de expertos. En una audiencia del 17 de marzo de 2017 ante la CIDH, el gobierno mexicano declaró que su única hipótesis consolidada sobre el caso es que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de crimen organizado–a pesar de que esta teoría fue desmentida por el GIEI y varios estudios científicos. La CIDH consideró muy grave la defensa del gobierno mexicano de su “verdad histórica” y reiteró que la Comisión ya descartó esta teoría del caso.

En su visita a México, la CIDH expresó su preocupación por las declaraciones públicas de altas autoridades mexicanas que validan esta hipótesis. Tras la audiencia, el gobierno mexicano emitió en un comunicado manifestando que agotará “todas las líneas de investigación posibles” y atenderá las recomendaciones del GIEI. Ahora debe transformar esas declaraciones en acciones concretas.

Obstáculos en la investigación interna

Una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón, es observado en el Río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes—la única identificación positiva en el caso. Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre—un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.

Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

Chávez fue reemplazado por una nueva Visitadora General, Adriana Campos López, quien concluyó oficialmente la investigación interna y entregó su informe oficial en diciembre de 2016. Su informe no cuestiona la versión original del gobierno del caso y solamente indica siete irregularidades menores por parte de autoridades que son infracciones mínimas que podrían conllevar sanciones administrativas.

Evidencias fundamentales fueron ocultadas al GIEI

En noviembre de 2016, trascendió en medios que el actual jefe de la AIC, Omar García Harfuch, podría tener vínculos con la organización criminal de Guerreros Unidos. García fue anteriormente el coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero; se trasladó a la AIC después de la salida de Tomás Zerón, en septiembre de 2016. El diario mexicano Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder de los Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos García Harfuch. Esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.

Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias “El Uruguayo”. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que “El Uruguayo” es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando “compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros.”

Esta evidencia es clave porque, como se comentó anteriormente, durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país.

El gobierno mexicano no había investigado esta hipótesis y tardó varios meses en solicitar información al Departamento de Justicia sobre la investigación en Chicago. Ahora es claro que el gobierno mexicano tenía evidencia previa sobre la práctica de Guerreros Unidos de usar autobuses para traficar drogas a los Estados Unidos. Esta información se omitió deliberadamente del Grupo de Expertos, que en múltiples ocasiones solicitó información sobre casos previos relacionados con el uso de autobuses para traficar drogas.

Avances limitados en la investigación y en la búsqueda de los estudiantes

En los últimos meses, las autoridades mexicanas han logrado algunos avances en la determinación de la participación de diferentes autoridades en los ataques contra los estudiantes. Un rastreo a través de antenas de los teléfonos celulares confirmó la participación de policías de Huitzuco, un pueblo vecino a Iguala, en los ataques. Autoridades siguen analizando los datos telefónicos de los estudiantes desaparecidos y de algunos detenidos. Compañías telefónicas han entregado miles de sábanas de datos de más de mil números telefónicos que están en análisis.

Además autoridades mexicanas han empleado el uso de la tecnología LIDAR para identificar a posibles fosas clandestinas que puedan contener los restos de los estudiantes desaparecidos. En diciembre de 2016 y febrero de 2017 se hicieron nuevas búsquedas en zonas alrededor de Iguala con información derivada del uso de la tecnología LIDAR. Es importante seguir estos esfuerzos pero también las autoridades mexicanas deben organizar de una manera más efectiva su registro de fosas clandestinas y comunes para evitar que se realice una búsqueda en una fosa ya descubierta previamente por las autoridades.

Pasos claves pendientes

Realizar esfuerzos serios para localizar a los estudiantes y sancionar a los responsables de su desaparición forzada: Las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, incluyendo a través del uso de la tecnología LIDAR. En su visita, la CIDH también recomendó que el gobierno mexicano creara “una base de datos de fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas.” Además, los investigadores mexicanos deben culminar la telefonía – tanto para conocer lo que revela sobre el paradero de los estudiantes como para conocer la participación de diferentes autoridades durante la noche de los ataques en contra de los estudiantes.

Sobre todo, el gobierno mexicano debe respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda de los estudiantes.

Asegurar que funcionarios que actuaron en forma irregular o ilegal durante la investigación del caso sean sancionados: Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada.

Indagar plenamente la hipótesis sobre el tráfico de drogas: Dado que se han descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico. La Comisión Interamericana considera como urgente la profundización de esta línea de investigación.

Seguir investigando las responsabilidades de otras autoridades en los hechos: Aunque se ha identificado la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos.

Resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país: El gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas. El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.

En los últimos meses, se han descubierto en México fosas clandestinas y restos humanos no identificados en fosas comunes oficiales lo cual evidencia la necesidad de mejorar las capacidades forenses en México. En un informe especial sobre desapariciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2007 y 2016, se han localizado oficialmente 855 fosas clandestinas en México. De éstas se han inhumado 1.548 cadáveres, de los cuales cerca de la mitad han sido identificados. En marzo de 2017, las autoridades en Veracruz revelaron que se habían descubierto en Veracruz 125 fosas comunes con 14 mil restos óseos desde agosto de 2016. En los esfuerzos por buscar a los estudiantes de Aytozinapa, investigadores han encontrado innumerables fosas comunes en Guerrero.

Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones. El congreso de México tomó un paso positivo en julio de 2015 cuando reformó la Constitución para otorgar a los legisladores la competencia para aprobar la legislación aplicable en todo el país sobre el tema de las desapariciones.

El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos. Los familiares de personas desaparecidas en México han dado un voto de confianza al gobierno mexicano para emitir una ley que de una vez por todas termine con las desapariciones en México. Toca al gobierno mexicano honrar su palabra. Los legisladores mexicanos deben priorizar la aprobación de una ley integral que tenga en cuenta las exigencias de las víctimas y los grupos de la sociedad civil.

27.3.17

Desmilitarizar la seguridad pública

Carlos Fazio

Bajo una fuerte y sostenida presión política y deliberativa mediática del alto mando castrense, el Congreso mexicano discute sendas iniciativas que buscan dotar de un marco jurídico ad hoc la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, funciones que la Constitución define como propias de las policías. Entre ellas, la prevención e investigación del delito; la detención de infractores de la ley; el aseguramiento de la escena del crimen y la evidencia; recoger testimonios; realizar peritajes penales, e instalar retenes para inspeccionar bienes y personas.

Los amanuenses promotores legislativos de esas iniciativas anticonstitucionales plantean, también, autorizar a los militares hacer uso de cualquier método de recolección de información, lo que potenciaría las acciones de inteligencia (espionaje de teléfonos móviles y fijos, vigilancia cibernética, etcétera) sobre toda la ciudadanía y legalizaría la práctica común de los apremios ilegales y la tortura.

En virtud de la amplia autonomía que les brinda su especialización y el monopolio de jure y de facto del máximo poder coercitivo del Estado (el control de los medios de fuego), y del empoderamiento político alcanzado por las corporaciones militares desde el gobierno de Vicente Fox, el cabildeo de los titulares de las secretarías de Defensa y Marina ha logrado imponer como eje de la discusión el concepto de seguridad interior, una categoría difusa nunca antes regulada e introducida bajo una lógica de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos al calor de la guerra a las drogas (una misión de estricta naturaleza policial), que define al enemigo interno (el narcotráfico como sustituto de la subversión comunista), y que al amparo de gobiernos entreguistas ha venido acotando los mandatos constitucionales sobre la misión clásica de defensa exterior de la Federación: la defensa nacional y la preservación de la soberanía e integridad territorial.

La iniciativa del diputado priísta César Camacho define las acciones de orden interno como aquellas orientadas a prevenir amenazas a la seguridad interior en una zona geográfica del país, e incluye la instalación de puestos de vigilancia y de reconocimiento, patrullajes, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias, lo que indica una flexibilidad absoluta y abre la posibilidad de mayor militarización.

A su vez, la ambigua definición sobre la salvaguarda de la continuidad de las instituciones del Estado abre la puerta a la intervención militar en todo aquello que de manera discrecional sea considerado un peligro para la seguridad interna por el presidente de la República, incluidos el control de la disidencia política y la protesta social. Se contempla, también, que los militares podrán contrarrestar la resistencia no agresiva con el uso de la fuerza y armas.

En su lógica inicial, aunque ilegal y con base en un estado de excepción de facto, la guerra a las drogas de Felipe Calderón era una medida extraordinaria que debía ser temporal. Diez años después, la intervención militar en la represión del delito de narcotráfico ha resultado un fracaso. Según justificó el general Salvador Cienfuegos, los militares no estudian para perseguir delincuentes. Pero además, como dijo su antecesor en la Secretaría de Defensa, Guillermo Galván, la preparación castrense es para el ataque, no para la disuasión. Eso explica el elevado índice de eventos de letalidad perfecta (de combates donde sólo se registraron muertos y ningún herido) y exhibe la actuación sistemática de las fuerzas armadas en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y el exterminio de presuntos delincuentes vencidos, muertes sobre las cuales se levantaron muy pocas averiguaciones previas.

Lo que realmente está en juego es el modelo de militarización del combate a las drogas, que ha devenido catástrofe humana: más de 200 mil muertos y 36 mil desaparecidos. De mantenerse ese modelo, significaría seguir postergando el fortalecimiento de las instituciones civiles del Estado y las policías, y profundizaría la militarización permanente de la seguridad pública y la vida nacional. La abdicación del Estado en su obligación de garantizar esa tarea que corresponde al ámbito civil, sería dar un paso más hacia un régimen discrecional y autoritario de nuevo tipo, sin los contrapesos de los poderes Legislativo y Judicial, y abierto, por tanto, a mayores arbitrariedades y flagrantes violaciones a los derechos humanos.

La formulación de una ley que legalizaría la actuación militar en tareas de seguridad en las que no están capacitados –y que ha generado desgaste dentro de las corporaciones castrenses− podría llevar a la toma de peligrosas decisiones de coyuntura, con el agravante de que, debido a que todo dato sobre seguridad interior se mantendría bajo reserva y discreción, se blindarían las responsabilidades y la rendición de cuentas de los militares –a las que están sometidos el resto de los servidores públicos−, al tiempo de que se difuminarían las posibilidades de control civil y ciudadano, transparencia y escrutinio público.

De hecho, en su función de policía militarizada orientada a enfrentar amenazas internas, las fuerzas armadas casi nunca proveen información detallada a los legisladores. Así ha ocurrido en casos como el de los niños Almanza, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, Nochixtlán y Tepic. Por lo que no se ejerce una cabal supervisión parlamentaria, limitándose el Congreso a aprobar el presupuesto castrense sin intervenir en su elaboración ni ejercer un control sobre el gasto. A ello se suma la falta de fiscalización sobre la variable mercenaria del Ejército y la Marina, gracias a los recursos extra que llegan como parte de los programas de entrenamiento y cooperación de Estados Unidos, incluidos los de la Iniciativa Mérida. Urge, pues, acotar la acción deliberativa de los mandos y el regreso de los militares a sus cuarteles.

19.3.17

Decesos del ATP y el TLCAN; auge del "RCEP" chino: el mayor tratado comercial global

Alfredo Jalife-Rahme

Para intentar paliar su tremendo déficit comercial global de bienes sin servicios de 750 mil millones de dólares al año, la trumponomics permuta el multilateralismo por el bilateralismo mediante el cual EU impone su voluntad militar/atómica (https://goo.gl/6ny8Fz).

Los cuatro principales déficits comerciales en bienes de EU son con China (347 mil millones de dólares: 40 por ciento), Japón (69 mil millones de dólares), Alemania (65 mil millones de dólares) y México (63 mil millones de dólares).

Todos los secretos proyectos multilaterales con enfoque geopolítico de los Bush, Clinton y Obama están siendo enterradas por la trumponomics: ATP, contra China; TTIP, contra Rusia, y TISA, contra el mundo (https://goo.gl/rrLhRQ).

No haré leña del árbol caído de los aniquilados ALCA y el Plan Puebla-Panamá (PPP), a los que se adhirió en forma grotesca la dupla Fox/Castañeda Gutman, que preservó más los intereses de EU e Israel que los de México.

Por cierto, 15 años antes de que apareciera Trump, el desastre de la migración mexicana en EU se debió en gran medida a la insolencia infatuada de la dupla Fox/Castañeda Gutman, que rechazó un acuerdo bajo el inigualable concepto diplomático de la enchilada completa. ¡Qué nivelucho!

Se han desgajado todos los proyectos y tratados de EU para dominar las regiones y el mundo –ALCA, PPP, ATP, TTIP, TISA, y ahora el agónico TLCAN–, mientras China ha acelerado sin mucho ruido desde hace más de cuatro años la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) con el fin de contrarrestar el irredentismo mercantilista geopolítico de Obama.

El núcleo del RCEP-16 lo constituyen los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés), con tres superpotencias neoeconómicas –China, India y Japón–, dos países de la anglósfera –Australia y Nueva Zelanda– y Sudcorea, que representan en su conjunto la mitad de la población mundial y 30 por ciento del PIB global: 21.4 billones de dólares.

Los tratados mercantilistas de Occidente fenecen, incluida la sitiada Unión Europea, mientras el poco publicitado RCEP-16 se posiciona como el mayor tratado de libre comercio del planeta, pero con un nítido enfoque regional donde China nolens volens se ha erigido en su líder conceptual.

Aquí los matices son seminales: la globalización anglosajona es financierista, mientras la globalización que pregona China es economicista.

Una civilización milenaria como China no se cuece al primer hervor, por lo que ha sido muy precavida para liderar el libre comercio a escala regional y global.

El primer ministro chino, Li Keqiang, arrojó un balde de agua helada a los novatos mercantilistas de América Latina (AL), inseminados por el fallido neoliberalismo, quienes alucinan permutar al ATP-12 por el RCEP-16 y a EU por China: no excederemos nuestro alcance para hacer cosas que China no debe hacer (https://goo.gl/Y1O8DY).

El grave problema de los reduccionistas mercantilistas es que carecen de cultura geopolítica e ignoran los límites que impone la realidad cuando China desea afianzar su posicionamiento regional, mientras rechaza imitar el irredentismo de EU en AL, cuyos regímenes neoliberales fracasados han quedado huérfanos después del desprecio supremacista de Trump.

Una cosa es que China haya asistido a las exequias del ATP en Viña del Mar (Chile) –adonde incluso llegó el representante de EU a supervisar el desasosiego neoliberal de AL– y otra es clavarse a un esquema que colisiona con la cosmogonía y los intereses de China que no va abandonar a sus aliados asiáticos para complacer a los saltimbanquis del México neoliberal itamita que andan más desbrujulados que de costumbre.

Bai Ming, investigador de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, desechó la exuberancia retórica de que China sustituirá a EU para convertirse en el líder del libre comercio.

China deberá concluir las negociaciones del RCEP-16 antes de lanzarse a aventuras de sueño guajiro, como el sepultado ATP (https://goo.gl/fVF0Jd).

Las prioridades comerciales de China comportan acuerdos de libre comercio con el Asean-10, al unísono de un acuerdo trilateral con Sudcorea y Japón, países con los cuales Pekín tiene problemas geopolíticos delicados debido al injerencismo de Trump.

Más allá de su región afín, enfocada al RCEP-16, la prioridad de China no está en el ATP, sepultado por Trump, sino en la ruta de la seda terrestre/marítima, cuyo proyecto y trayecto peligran, a mi juicio, por la inminente manipulación del yihadismo por la CIA en Xinjiang (China), India e Irán.

Mei Xinyu, investigador del Instituto de Comercio Internacional y Cooperación Económica en el Ministerio de Comercio, sentencia que China y el ATP son incompatibles: No está en línea con sus intereses cuando China es ya el máximo exportador global y el segundo mayor importador y no espera ganar mucho adhiriéndose al ATP, cocinado por Obama contra China, que está lleno de contenido que viola las básicas reglas económicas, además de reflejar valores (sic) occidentales que socavan la equidad económica (https://goo.gl/HU2FKH).

Entiendo que los ignaros negociadores mexicanos, que padecen una anacrónica adicción neoliberal mercantilista sin rumbo, no lean la prensa china, pero asombra que tampoco sigan a sus mentores de EU, en específico, al Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés).

Shiro Armstrong, del CFR, expone que el ATP, proyecto estadunicéntrico, está muerto y es fútil esperar su resurrección cuando sin la participación de EU, la mayoría de los otros países tendrán poco incentivo para continuar, como el premier nipón, Shinzo Abe, quien admitió que “un ATP sin EU carece de sentido (https://goo.gl/fJxQUm)”: EU y Japón cuentan con 79 por ciento del total del PIB del fallecido ATP.

Armstrong comenta que la oportunidad más promisoria para fortalecer el orden económico asiático basado en reglas puede ser el RCEP-16.

En forma correcta, Armstrong aduce que el RCEP-16 difiere del sepultado ATP-12, absolutamente estadunicentrista, al promover una agenda de cooperación en la que los países desarrollados se espera ayuden a los menos desarrollados. ¡Todo lo contrario del avasallador ATP de Obama a cuyo esquema se sometió sin resguardos el México neoliberal itamita!

Hasta la desangelada reciente reunión de los encargados de las Finanzas del G-20, en Baden-Baden (Alemania), reflejó el proteccionismo del trumpismo y su corolario del nacionalismo económico.

En el seno del disfuncional G-20 se notó la fractura mercantil del trumpismo, aliado con Japón, frente Alemania y China.

Desde el Brexit hasta el trumpismo, la grave crisis de la globalización financierista ha acentuado la dinámica de la desglobalización y el renacimiento de los nacionalismos económicos.

China, en forma prudente, recoge los escombros del desastre mercantilista occidental al que se clavó en forma insensata el México neoliberal itamita, que ignoró el significado de seguridad nacional al regalar su petróleo por presiones de Hillary Clinton y hoy paga muy caro sus dramáticas consecuencias.

13.3.17

La guerra mediática y la posverdad

Carlos Fazio

En momentos en que desde la Casa Blanca se asoma el rostro del fascismo del siglo XXI como la encarnación de la dictadura emergente de la clase capitalista trasnacional, es dado suponer que los patrocinadores de la guerra y el terrorismo mediáticos contra Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y los demás países de la ALBA intensificarán, renovados, sus afanes injerencistas, desestabilizadores y golpistas como parte de la política imperial de cambio de régimen en los países considerados hostiles por la diplomacia de guerra de Washington.

Como dice Ignacio Ramonet, con el perfeccionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin que nos demos cuenta, millones de ciudadanos de a pie estamos siendo observados, espiados, controlados y fichados por Estados orwellianos que llevan a cabo una vigilancia clandestina masiva en alianza con aparatos militares de seguridad y las industrias gigantes de la web.

De esa estructura panóptica o especie de imperio de la vigilancia da cuenta la reciente divulgación por Wikileaks de 8 mil 761 páginas web que detallan los métodos de espionaje electrónico del Centro Cibernético de la Agencia Central de Inteligencia, para extraer mensajes de texto y audio de dispositivos como teléfonos móviles, computadoras, tablets y televisores inteligentes, mediante malware, virus y herramientas que permiten a más de 5 mil piratas informáticos (los hackers globales de la CIA) explotar vulnerabilidades de seguridad para burlar el cifrado de aplicaciones de mensajería.

Pero de manera paralela y complementaria, cuando se abre paso la era de la llamada posverdad (o el arte de la mentira flagrante), tiene lugar otra guerra en el espacio simbólico, que es librada por los medios hegemónicos cartelizados contra los pueblos de Nuestra América, con el objetivo de imponer imaginarios colectivos con los contenidos y sentidos afines a la ideología y la cultura dominantes, que utiliza además medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos para manipular y controlar las conciencias de manera masiva.

El terrorismo mediático es parte esencial de la guerra de cuarta generación, la última fase de la guerra en la era de la tecnología; es consustancial a los conflictos asimétricos e irregulares de nuestros días. Con su lógica antiterrorista y contrainsurgente, los manuales de la guerra no convencional del Pentágono dan gran importancia a la lucha ideológica en el campo de la información y al papel de los medios de difusión masiva como arma estratégica y política. El poder multimediático conformado por cinco megamonopolios –con sus expertos, sus intelectuales orgánicos y sus sicarios mediáticos− es parte integral de una estrategia y un sistema avanzado de manipulación y control político y social. Pero los medios convertidos en armas de guerra ideológica son, además, una de las principales fuentes de obtención de superganancias.

En ese contexto, más allá de lo que ocurra en la realidad, la narrativa de los medios es clave en la fabricación de determinada percepción de la población y las audiencias mundiales. De allí que mientras impulsan una guerra de espectro completo, el Pentágono y la CIA intensifican sus acciones abiertas y clandestinas contra gobiernos constitucionales y legítimos.

A modo de ejemplo cabe consignar que en el ataque continuado contra el proceso bolivariano de Venezuela, los guiones del golpe de Estado de factura estadunidense exhiben sucesivas fases de intoxicación (des)informativa a través de los medios de difusión bajo control monopólico privado –en particular los electrónicos−, combinadas con medidas de coerción sicológica unilaterales y extraterritoriales y un vasto accionar sedicioso articulados con redes digitales de grandes corporaciones en la web, partidos políticos y dirigentes de la derecha internacional, poderes fácticos y grupos económicos trasnacionales, fundaciones, ONG y la injerencia de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de ese cadáver político que es hoy su secretario general, Luis Almagro.

Todo lo anterior ha sido reforzado en la coyuntura con la puesta en práctica de ese neologismo de resonancias orwellianas entronizado por el Diccionario Oxford como palabra del año: la posverdad, un híbrido bastante ambiguo cuyo significado denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Según un editorial de The Economist de Londres, Donald Trump “es el máximo exponente de la política ‘posverdad’ (...) una confianza en afirmaciones que se ‘sienten verdad’, pero no se apoyan en la realidad”. Su victoria electoral habría estado fundada en aseveraciones que sonaban ciertas, pero que no tenían base fáctica; en verdades a medias basadas en emociones y no en hechos.

Lo que nos conduce al arte de la desinformación. Al uso de la propaganda como una tentativa de ejercer influencia en la opinión y en la conducta de la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta predeterminadas; se trata de incitar o provocar emociones, positivas o negativas, para conformar la voluntad de la población. En ese contexto, y ante la llegada de Donald Trump a la Oficina Oval con su gabinete de megamillonarios corporativos, militares imperialistas, expansionistas territoriales y fanáticos delirantes, es previsible pensar que las guerras asimétricas impulsadas por la plutocracia trasnacional se profundizarán bajo diferentes modalidades.

México ya lo está padeciendo: a golpes de Twitter y órdenes ejecutivas, la anunciada palestinización del país a través de la continuación del muro fronterizo iniciado en los años 80 y el lanzamiento de una cacería de millones de indocumentados sigue alimentando la teoría de los bad hombres como chivos expiatorios en el socorrido discurso neoautoritario y con reminiscencias hitlerianas y de poder desnudo del nuevo inquilino de la Casa Blanca.