En el bienio 2017–2018, la violencia criminal llegó a niveles históricos los años con más “homicidios dolosos” en el país. Las elecciones federales de entonces registraron el mayor nivel de asesinatos de candidatos contabilizados. Por la violencia que aún padece México, podría parecer inacabado el tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la pacificación del país, como lo anunció o prometió al principio de su mandato, pues faltan ocho meses para su conclusión legal-constitucional. En sentido estricto, es complejo que tal objetivo pueda concretarse.
Hoy podemos valorar dicho proceso. En términos evaluativos, este planteamiento fue una de las grandes apuestas del actual gobierno de la 4T-4R –cuarta transformación
para la cuarta República–. En ésta, se pusieron en juego distintos
conceptos, principios, que podemos encontrar en discursos y alocuciones
hacia la sociedad. Además de instrumentos que aterrizaron en programas y
políticas públicas, los cuales arrojan ciertos resultados al día de
hoy. Estos mismos nos proponemos valorar políticamente.
Al respecto, tenemos cuatro hipótesis centrales y una valoración conclusiva:
1.La
pacificación no es un objetivo estratégico para el desarrollo de México
en la clase política nacional, sólo en el Poder Ejecutivo federal y en
los estados gobernados por el partido en el poder[Morena], aunque sus actividades son en general, limitadas, casi formales.
2.La pacificación no es aún un objetivo estratégico en las instituciones armadas. Esto,
dado que sus intervenciones institucionales, políticas y sociales se
han dilatado sin un correlato de compromiso a fondo con dicho objetivo: hacen
lo necesario por mandato presidencial. Sin embargo, en procesos de
justicia transicional gravita más en muchos integrantes su espíritu de
cuerpo, su defensa, frente a cualquier revisión o ajuste con hechos del
pasado, sin anteponer que es parte de la pacificación. No existe ésta
sin ajuste con el pasado.
3.La pacificación es un proceso que obstruye las metas de lucha electoral entre fuerzas políticas, cuya visión e interés predominan sobre cualquier otra consideración. Son rehenes de la visión de corto plazo.
4.Se
ha intentado implementar de manera incompleta y heterogénea, sin una
concepción precisa de la misma y de sus procesos ajustados a las
condiciones de México. Hay avances que, no por carecer de espectacularidad, debemos dejar de apreciar su valor. Significa que se puede avanzar mucho más.
Consecuencia de este
postulado valorativo producto de las hipótesis que desarrollamos en
este ensayo, el curso de la pacificación se encuentra en una etapa
embrionaria con resultados de avance en algunos aspectos. En otros, mejores;
sin embargo, insuficientes en algunos más. Además de retrocesos que no
permiten sostener con datos duros que la pacificación avanza con paso
firme y que puede entrar a un proceso de consolidación y expansión.
No ha superado
la etapa embrionaria, de eclosión, pero camina. Cuenta con las
determinantes socio-políticas e institucionales para dar un salto
positivo en el futuro.
Un
señalamiento que nos parece de importancia: las polémicas del presidente
Andrés Manuel López Obrador en sus ruedas de prensa sobre estos temas
tienen un eje sustantivo: para él, la reducción y tendencias de descenso –ejemplificadas
con datos duros, reales– durante su gobierno en los indicadores de
incidencia delictiva prueban lo acertado de la concepción y la
estrategia puesta en marcha.
Otros,
reconocemos lo primero y los avances logrados, pero consideramos que con
ajustes en la estrategia –no en la filosofía política general que la
misma contiene– es posible acelerar los tiempos de la caída de los
indicadores y obtener mayores éxitos. La severidad de los eventos –como
lo ocurrido a fin de año– y la imperiosa necesidad de intensificar el
desarrollo obligan a buscar dicha aceleración.
Hemos señalado
en qué puede consistir dicho ajuste en la estrategia. No seré
repetitivo. Nadie miente en esto. Algunos critican sin reconocer nada,
sólo por deslegitimar el enfoque y la estrategia; no tienen propuesta.
Otros apoyamos y reconocemos, pero valoramos distinto el poder actual de
la estrategia hasta hoy seguida. Enero de 2019 no es enero de 2024.
Cualquier
estrategia puede ser ajustada. No son rígidas e inamovibles en cuanto
las circunstancias y el correr del tiempo. Los cambios son dictados por la necesidad. Hoy, las organizaciones trasnacionales del crimen se han transformado; no son las mismas que en 2019.
Estado de necesidad de un nuevo paradigma
En primer
lugar, debemos considerar que el propósito y objetivo político
–enunciado desde la campaña para la elección presidencial de 2018– no los consideramos propagandísticos, y menos demagógicos. Tampoco son utópicos –hay diferentes experiencias históricas de logros en tal sentido–, sino sinceros y dictados por el estado de necesidad en el país.
El crimen trasnacional organizado se había empoderado a lo largo y ancho de nuestro territorio. Conformaba una multi–amenaza para la seguridad nacional en su vertiente de seguridad interior. En cuanto a ello, todos lo entendía así –como de urgente necesidad–. Ante esto, se habían esbozado cinco propuestas generales distintas:
Intensificar y
ampliar la praxis de la estrategia punitiva-represiva centrada en la
ofensiva de los cuerpos armados del Estado –aún no sabíamos, aunque
muchos sospechaban, las trapacerías criminales de Genaro García Luna y las colaboraciones del gobierno de Peña Nieto con él– al costo que fuera necesario.
Asimismo,
ampliar las facilidades a organismos como la Administración de Control
de Drogas (DEA por su sigla en inglés), luego también nos enterarnos de
distintas complicidades de dicho organismo, para derrotar por las armas a los ya poderosos cárteles mexicanos.
Por otro lado, la
legalización de las drogas para modificar el ambiente socio-político,
económico y de mercado respecto al tráfico internacional de
estupefacientes ilícitos desde México.
Esta propuesta
fue esgrimida por el grupo internacional de personalidades que
encabezaba el exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Kofi Annan, en el cual participaba el expresidente Ernesto
Zedillo.
Dentro de esta opción, como variante acotada de la misma, se planteaba “la regulación de algunas drogas como el cannabis” y su despenalización, como primer paso hacia el objetivo más amplio.
En la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal –entonces–, se llegó a perfilar una
normatividad legal para abordar en esos términos la problemática. La gradualidad era el eje conceptual. El entonces senador Joe Biden
planteó la necesidad –como variante de la estrategia
punitiva-represiva– de la integración de un ejército multinacional para
la región de América. Se encargaría de perseguir y aniquilar a los
líderes y sus organizaciones criminales.
La negociación directa, abierta o encubierta con las organizaciones del crimen trasnacional en México fue disimulada, por tanto, ilegal. Fue una opción que estaba sobre la mesa en distintos países.
En Colombia, primero fue encubierta y luego abierta y legal con Pablo Escobar. Y, en Italia, encubierta con la organización criminal “la Camorra” Napolitana, por ejemplo.
En el tema del
blanqueo de capitales, se establecieron los Acuerdos de Basilea III.
Plantearon incrementar los candados en las operaciones bancarias y en
las transacciones internacionales de dinero –normas de cumplimiento para los oficiales bancarios y los ROS (reportes sobre operaciones sospechosas, en español). Éstas son las prácticas de mayor identificación de los clientes-inversionistas en bancos y mercados de valores (dinero y documentos transables).
Así como la legislación en cada país –sobre extinción de dominio–,
en cuanto a la utilización de distintos inmuebles para narcomenudeo y
dinero de procedencia ilícita. Eran susceptibles de ser expropiados si
esto se comprobaba –lo que fue un sonado fracaso, los juicios eran
perdidos por la autoridad en distintos casos–. Además de rematar con más
candados –normas severas– en las leyes de investigación de recursos de procedencia ilícita que
ampliaban las posibilidades de este tipo de operaciones al sector
joyero, al inmobiliario, turístico, de arte. Además, reducían el monto
de las operaciones en efectivo y en dólares estadunidense.
Y ulteriormente, amplían la legislación nacional, a través de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) por conducto del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Incluían el sector bancario-financiero entre países.
Se reforzó dicha política, igual que con la cooperación de carácter judicial; es decir, la persecución en las fronteras, la ampliación de las causales de extradición, la interposición de rogatorias internacionales, etcétera.
Todo ha sido,
si no inútil, insuficiente para neutralizar o erradicar las amenazas del
blanqueo de capital a nivel mundial y nacional. Siempre hay resquicios
legales, administrativos, o por corrupción en asociaciones criminales de distinto tipo –de cuello blanco– que lo permiten de manera masiva y continua.
En suma:
parecía que nos encontrábamos en un “callejón sin salida”, con una
estrategia de política criminal punitiva-represiva nacida de un
paradigma lanzado desde el gobierno de Estados Unidos durante el mandato
de Richard Nixon.
Tal como fue
“la guerra contra las drogas”, paradigma fallido, agotado, cuestionado
en México por los críticos y opositores políticos. Sin embargo, incluso
en el gobierno de Peña Nieto, se intentaron algunas líneas de cambio en
ese sentido.
Hacia el final del sexenio, en la ONU, Miguel Ángel Osorio
Chong declaró que México estaba dispuesto a ir a una legalización
parcial de drogas prohibidas, aunque Peña Nieto lo negó en la Casa
Blanca, durante una reunión con el presidente Barack Obama.
Su carácter
fallido también fue aceptado por el Senado de Estados Unidos en varias
ocasiones e internacionalmente en América Latina, pero especialmente en
Europa, en donde se adoptó el “paradigma preventivo”. Se puso a un lado
el modelo represivo-punitivo.
Por tanto, los planteamientos en campaña de Andrés
Manuel López Obrador durante 2017-18 de abordar esta inmensa
problemática –cambiando los parámetros teórico-conceptuales y los
instrumentos legales represivos-punitivos, como cuando anunció una ley de amnistía,
imposible en el tema del crimen transnacional organizado– y entrar a un
“proceso de pacificación” constituyeron un severo factor disruptivo.
La frase
concreta era “vamos a serenar y pacificar a México”, dentro de lo cual,
surgió la frase de “abrazos no balazos”, pésimamente entendida y también
interpretada de muy mala fe.
Se ha hecho
escarnio de una de las frases –pudo haber sido otra mejor acuñada–. Han
pretendido resumir el más caro anhelo de cualquier sociedad nacional:
vivir en paz, en armonía social, con instituciones sólidas, las cuales
diriman los conflictos y choques de intereses –incluso los más
complejos, como los originados por el crimen transnacional organizado–.
En particular, después de lo que veníamos viviendo desde hacía 35 o 40
años.
En
consecuencia, se trató de crear e implantar “una filosofía de la paz que
sustituyera la filosofía de la guerra” –no eliminar la lucha desde las
instituciones públicas–.
Luego se “dio
por terminada la guerra contra el crimen organizado”. También, se
plantearon los instrumentos de política pública al efecto: la política
social, la lucha a fondo contra la corrupción y la creación de la
Guardia Nacional –subsumiendo lo que fuera posible de la Policía
Federal–.
Igualmente, se cambió el organismo de inteligencia civil llamado Cisen
por el Centro Nacional de Inteligencia. Se pretende centralizar allí la
inteligencia civil y policial esparcida en 11 o 13 organismos
distintos–. Además de crear una Fiscalía General autónoma,
reducir sueldos y salarios, establecer la “austeridad republicana”
–para liberar recursos extraordinarios–, elevar los salarios mínimos,
reforzar los programas sociales, etcétera.
Todo orientado
a generar un ambiente nacional propicio al inicio de un proceso de
pacificación gradual para México. Un auténtico cambio de filosofía
política, de gobierno. Es decir, un cambio de paradigma difícil de
comprender y poco explicitado desde el poder público. Pareció que no
había ideólogos que se encargaran de ello. Reinó la confusión y la
interpretación banal.
La pacificación, parte del nuevo paradigma
Abrir
“un proceso de pacificación” es parte del nuevo paradigma para
enfrentar la violencia criminal, la organización y operación del crimen
trasnacional. De esta manera, consumar la derrota socio-política y
cultural del mismo y reducir sus fortalezas financieras –que son
poderosas–.
La
pacificación es parte integral de la lucha contra la criminalidad
transnacional desde los lineamientos e instrumentos, las políticas
inherentes al nuevo paradigma.
Sin embargo, surge una duda fundamental: ¿la
lucha contra la criminalidad bajo los términos mencionados es
simultánea al proceso de pacificación o son procesos secuenciales?
Depende de
cómo entendamos “la pacificación”: como la reconquista de la paz –“la
estabilidad” del autoritarismo presidencialista anterior–, la
instauración de la armonía social democrática bajo el orden constitucional
renovado, o la caída progresiva de los indicadores de violencia
social-criminal y los avances en contra de la criminalidad
transnacional, susceptibles de medición, que procesan organismos
internacionales de especialistas en el tema, mediante indicadores
estadísticos diversos, los cuales atañen a la incidencia delictiva.
Salvo volver a
la estabilidad del autoritarismo presidencial anterior en México,
incapaz de contener la expansión criminal, las demás rutas no son
antagónicas entre sí. La complejidad histórica las entremezcla.
Para responder
mejor, tenemos que acudir a la teoría, a la experiencia de procesos
históricos de pacificación consumados y al tratamiento técnico
metodológico que hacen los organismos internacionales abocados a
estudiar e informar sobre estos fenómenos y procesos, ante un estado de
violencia criminal desbordado y agudizado.
Los
abordaremos en argumentaciones breves. Por cierto, tales organismos no
recopilan datos ni analizan lo que en la sociología política
latinoamericana denominamos “violencia estructural” –derivada de los
mecanismos de exclusión y marginalidad social, inducidos por modelos
económicos desarrollistas y oligárquicos, los cuales poblaron América
Latina y el Caribe–. Ameritarían otro ensayo.
La teoría: los procesos de pacificación no son ni pueden ser sólo la “ausencia de violencia criminal desbordada”.
Tienen que
incluirla, pero antes que nada son una expresión del derecho humano a
vivir en paz, un derecho inalienable e imprescriptible, el cual estánobligados
a respetar y a luchar por su vigencia los gobiernos nacionales que se
precien de entender y respetar la seguridad humana.
Mucho menos es
“la paz de los muertos, de los cementerios”, ni el predominio de las
complicidades criminales con y desde el poder público; es decir, un entorno de simulación socio-política e institucional impuesto por las “mafias de Estado”, en la conceptualización de Jürgen Roth.
Ahora bien: la
Carta de las Naciones Unidas establece dos preceptos universales
fundamentales. En el artículo 1, numeral 1, sustenta que es propósito
fundamental de la Organización mantener la paz y la seguridad
internacional mediante el arreglo o ajuste de controversias o
situaciones susceptibles de llevar a quebrantamientos de la paz. Esto a
través de medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional.
Además, dicho cuerpo legal desarrolla el contenido
de este principio en el capítulo VI (artículos 33 a 36). En el artículo
33, párrafo 1, se hace la referencia a que los Estados miembros “tienen la obligación” de resolver sus controversias utilizando medios pacíficos.
De manera
adicional, el mismo documento contempla la solución pacífica de
controversias o de los conflictos. Es presentado como un derecho y un
deber, ambos constituyen un principio unitario, indivisible.
A la vez, la
solución pacífica de conflictos constituye la negación a la posibilidad
de tratar los conflictos mediante el uso de la fuerza. La solución
pacífica de controversias fue consagrada como un principio de las
Naciones Unidas en el artículo 2, numeral 3.
Esta dualidad derecho-deber es propia de los ordenamientos supremos de carácter interno de los Estados nacionales; es decir, de los Estados constitucionales. Se
tiene la obligación de solucionar pacíficamente los conflictos de toda
naturaleza, pero también de proporcionar seguridad a la sociedad, a la
nación, al Estado.
Hay adhesión en las constituciones a los principios internacionales consagrados en el derecho público internacional, y también apego y respeto absoluto al texto y la praxis política interior en la materia. No son solamente asuntos de política exterior.
El derecho a la paz
es consustancial a la solución pacífica de los conflictos –sin lo
segundo no puede haber lo primero–, los cuales, en su desbordamiento
institucional, conducen a la violencia armada cualquiera que sea su
naturaleza social, aún la tipo criminal trasnacional. Esto no significa que el Estado no pueda hacer uso jamás del “monopolio de la violencia legítima”.
No, sino que
la orientación fundamental de las acciones públicas tiene, como
contenidos, los instrumentos y medios pacíficos para contener y luego
revertir el conflicto.
Así, darle una
solución pacífica mediante acuerdos y justicia transicional avalados
por la sociedad, por las mayorías sociales, por el Estado y por sus
órganos constitucionales.
En consecuencia, el derecho a la paz significa en su sentido primero y último la potestad social de oponerse a todo tipo de actos de violencia, directa e indirecta, desde la propia sociedad o desde el gobierno, o desde ambos.
Por tanto, la
implantación de mecanismos institucionalizados para la solución pacífica
de conflictos, ameritan especial atención –en las Mesas de
Pacificación, las legislaciones de justicia transicional para crear las
Comisiones de la Verdad o comisiones especiales sobre hechos concretos
como el crimen en Ayotzinapa.
Son los medios que facilitarán que la paz –en sus
dimensiones tradicional o negativa, como ausencia de violencia, y
positiva, como promoción de los derechos humanos, la paz acompañada de
la justicia y la equidad– se haga realidad.
Es dable
afirmar que las acciones tendientes a dar solución pacífica a los
conflictos son expresión del ejercicio de un derecho inalienable: el derecho a la paz.
La experiencia
histórica: hay una cuestión fundamental que debe entenderse con sus
implicaciones y consecuencias: los procesos de pacificación que se
conocen – los principales por lo menos– constituyen, un pacto, un
arreglo, una reconciliación, un acuerdo, con el o los que consideramos
“enemigos”, con quienes hemos visto como tales, a quienes se ha
combatido de muy distintas formas, quienes nos han afectado.
No puede haber
duda en esto. Es lo que se hace dentro de un proceso político-social y
cultural e institucional, en paralelo a la marcha normal de las
instituciones públicas, incluyendo al poder judicial; es decir, un
proceso de mediano y largo plazo, de negociaciones que en su complejidad
no parecen tener fin. Se pacta con el enemigo.
De aquellos
procesos, hemos estudiado varios –Irlanda, Pueblos Vascos en España,
Sudáfrica, Colombia. Centroamérica–. Son distintos entre sí, pero, no
obstante, tienen con parámetros comunes que abordamos en donde lo
fundamental.
Comprenden un principio axial: la búsqueda y logro de consensos, o bien el principio de quid pro quocomo
en cualquier proceso de negociación, una concesión por otra. Entonces
los factores fundamentales a todo proceso pacificador son:
Integrar una
voluntad política unificada bajo el liderazgo del líder político
principal –unidad de mando– que descienda desde el poder público hacia
la sociedad. Luego, ascendería fortalecida y convertida en voluntad
política mayoritaria. Así, ir al encuentro de un proceso de pacificación
con todo lo que éste implica.
El uso de
mecanismos de justicia transicional. Son entendidos como un espacio
público legal distinto al ya instituido y de revisión de los hechos más
violentos y sangrientos del pasado, con el fin de conocer la verdad
sobre ellos y actuar en consecuencia, con justicia penal, compensación
y/o y reparación de daños a las víctimas. Para ello, se crean los
ordenamientos legales respectivos ad hoc.
Para decirlo con propiedad, el uso de los medios o procedimientos no jurisdiccionales se caracterizan porque la solución se logra con el acuerdo de las partes.
Los medios jurisdiccionales se
caracterizan porque la decisión tiene carácter obligatorio. Es dictada
por un tercero independiente quien tiene, o a quien se le otorga
funciones jurisdiccionales temporales. Ello es indispensable en los
procesos pacificadores.
Cuando el
conflicto es armado, se busca lograr un acuerdo de “reducción de la
violencia” letal, un alto al fuego pactado, un alto al fuego unilateral,
restricción de las acciones de combate voluntarias, un cambio de las
posiciones de los combatientes en el terreno del conflicto –retirada de
ciertas zonas geográficas, o establecimiento de un territorio neutral u
otros–, una legislación especial iniciada por el Poder Ejecutivo o una
Comisión Especial plural del Congreso, u otras variantes, para autorizar
e iniciar las conversaciones sobre la ley de paz y justicia, acompañada de otra ley de reconciliación nacional; o una sola que incluya ambas.
Apertura de
una mesa de conversaciones para crear un espacio de conocimiento entre
los encargados del proceso, confianza mutua y buena voluntad, de
expresión política del deseo de pacificación entre contendientes.
Aplicación de
una legislación judicial especialmente considerada con los responsables
de actos criminales con reducción de condenas o la extinción
de expedientes criminales, otorgando la posibilidad de una reinserción
social posterior en sus comunidades originarias, u opciones de
capacitación adiestramiento o trabajo, los cuales modifiquen los
términos posteriores esperados de su comportamiento social, pero siempre
cumpliendo una condena dictada por una fiscalía especial, creada ex profeso y que conoce de estos casos y dicta sentencia.
La provisión
de recursos financieros públicos en partidas especiales, con el objetivo
de financiar el conjunto de medidas de reparación a víctimas que van
surgiendo como obligación pública durante los años que resulten
necesarios.
La
intervención de organismos internacionales con los buenos oficios y la
mediación y la investigación internacional de hechos de alto impacto.
Pueden incluir organismos internacionales con cierta jurisdicción
reconocida; la cooperación judicial internacional o el arreglo judicial
internacional; una rogatoria internacional; acuerdos entre las partes en
conflicto con garantía internacional, o algunos otros medios e
instrumentos de esta naturaleza.
Por todo lo
anterior, debe entenderse con absoluta claridad que la construcción de
la paz supone la transformación del sistema jurídico, el cual regía la
convivencia social, en cuyo seno se generó y expandió el conflicto. Por
múltiples razones, no fue capaz de contener y solucionar.
El sistema
jurídico será expresión de los cambios que se acordaron en los procesos
de pacificación. Por ello, los acuerdos de pacificación logrados son la
pauta y la clave para entender los alcances de cada proceso y las nuevas
realidades.
Nunca han existido procesos lineales. Siempre son accidentados, plagados de desacuerdos, denuncias ynuevos enfrentamientos armados, para luego volver al diálogo y a los acuerdos.
Pasan por
distintos momentos y pueden llegar a la victoria o al fracaso. Nada está
asegurado de antemano. Por ello, un proceso de pacificación es a menudo
frágil, incierto, sumamente complicado y conflictivo, irregular, pero a
la vez, esperanzador.
Lo anterior,
puede ser útil cuando se producen consensos diversos al respecto de su
uso y ejecución. Esto conforme a los alcances, la dimensión y
características que tenga un acuerdo de pacificación y finalmente la
firma de un acta de paz o de conciliación nacional y reparación del daño avíctimas. Deben incluir la restitución de bienes privados perdidos, derechos anulados, reparación por vidas segadas, etcétera.
Es decir, todo
lo que se denomina “restitución a víctimas y familiares y reparación de
daños”. Estos acuerdos son vinculantes para quienes los suscriben.
Los organismos
internacionales recopilan datos y emiten valoraciones. Hay varios y de
diverso origen, algunos privados, otros públicos. Algunos son más como
organizaciones sin fines de lucro. En su mayoría, construyen indicadores integrados por distintas variables.
Las más representativas –a las cuales les
asignan un valor ponderado conforme a la realidad de la violencia
armada, asesinatos atentados, etcétera, en cada país– no logran
aprehender la complejidad de las realidades de extrema violencia de un
grave conflicto interno o de las guerras entre Estados –en su caso– por
amplios que puedan, o no puedan ser.
Por lo tanto,
debemos considerar sus indicadores o índices como “valores
representativos y aproximados”. En alguna proporción, expresan lo que
ocurre en determinado país respecto de sus conflictos armados de diverso
tipo, conforme a la metodología de procesamiento de los datos, en lo
cuantitativo y cualitativo. Son muy concretos.
En suma: no
pasan revista al conjunto amplio de variables que van influyendo en los
procesos iniciales, avanzados o de construcción de la paz.
Por lo tanto,
tales variables no tienen expresión en los indicadores construidos. Sin
indicadores ponderados, se miden los hechos más relevantes a su parecer.
Debemos tener esto presente al leer los informes que emiten
–regularmente cada año– y formarnos una idea del proceso mismo, de su
estado de situación.
De acuerdo con
lo antes establecido y analizado, tenemos claro que se requieren un
conjunto de prerrequisitos para iniciar y desarrollar después, un
proceso de pacificación. ¿Están presentes y en desarrollo en nuestro
país?
Valoración de la pacificación en México
El nuevo gobierno 2019-2024 postuló la pacificación como objetivo primordial para ser lograda a lo largo de su sexenio. Su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana –doctor Alfonso Durazo– dijo que en dos años se verían resultados tangibles del nuevo enfoque e instrumentos aplicables en la Seguridad. Se mencionó la entrada en funcionamiento de un nuevo paradigma que consideramos ha tenido tres ejes centrales:
Primero, las políticas de bienestar social transversales en los programas de gobierno y sus políticas públicas. Segundo, una lucha a fondo contra la corrupción de Estado. Dentro de ésta, ha sido central la autonomía de la nueva FGR y los cambios constitucionales asociados al fuero constitucional de los altos servidores públicos.
Y tercero, la creación y expansión de la Guardia Nacional. De inicio, tiene una concepción de colaboración y mando militar para combatir la delincuencia organizada y la criminalidad del fuero común. Es seguridad interior y seguridad pública
desde un sólo cuerpo armado. Esto expresa una heterodoxia muy grande en
los marcos teórico-conceptuales e institucionales.
De esta
ecuación resulta, sale una concepción de la seguridad –principalmente
entendida como Seguridad Pública– y lucha contra la criminalidad,
asociada al bienestar y a la lucha contra la corrupción –incluyendo la
de “cuello blanco”–.
En particular,
aquella asociada a las organizaciones transnacionales, así como la
innovación política e institucional en los cuerpos armados del Estado (GN). Esto, con una nueva visión que incluye el respeto efectivo a los derechos humanos.
Las acciones y
operaciones de pacificación son medidas destinadas a poner fin a una
crisis o un conflicto armado, instaurando una vía institucional de
solución pacífica y definitiva para las causas que lo originaron.
La Estrategia
Nacional de Seguridad considera como eje de la misma la coordinación del
Gabinete de Seguridad con las Mesas de Construcción de Paz estatales y
regionales, así como el funcionamiento de la Guardia Nacional y la
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Mandata la
capacitación y certificación de policías estatales y municipales, además
del respeto a los derechos humanos; la atención especial a los casos de
violencia contra las mujeres, y el combate de delitos transfronterizos.
En México, la pacificación pretende avanzar, a través de las Mesas de Pacificación y Seguridad y las acciones y operativos de la GN apoyados por la Marina y el Ejército.
Han integrado
los gobiernos de los Estados, mediante una composición plural de
funcionarios con distintas áreas de responsabilidad, en las cuales se
planifican las actividades a desarrollar en los ámbitos de cada Estado. En total, hay 32 Mesas Estatales; 266 son regionales de construcción de paz y seguridad, más el Gabinete de Seguridad.
Hacia finales
del año de 2022, desde dicha instancia de coordinación federal, se
establecieron los resultados: reducción de los delitos del fuero federal
en 27.3 por ciento de octubre de 2018 a octubre de 2022 y una caída en
92.2 por ciento del robo de combustible, que representa un ahorro de 236
mil millones de pesos entre 2020-2022.
Además, se evitó la toma de casetas en caminos federales. Esto canceló posibles pérdidas por 39 mil 820 millones de pesos. Se
disminuyó en 18 por ciento el robo en sus distintas modalidades entre
diciembre de 2018 y octubre de 2022. En el mismo periodo de tiempo, cayó
en 40.1 por ciento el robo de vehículos; en 2.8 por ciento, los feminicidios, y 68.1 por ciento, el secuestro (https://seguridad.sspc.gob.mx/contenido/).
Observemos
cómo dentro del reporte se ofrecen resultados para distintos tipos de
incidencias delictivas: propias del crimen organizado, delitos de género
y del fuero ordinario. Se
engloban en el mismo rubro: “avances de pacificación”. Aquí tenemos un
problema conceptual y metodológico. Sin embargo, no es el momento.
Y luego en tareas de prevención, se incluyen cuatro conceptos: Desarme Voluntario, Programa de Prevención de Adicciones y Violencia, Tianguis de Bienestar y Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera (Boletín No. 233).
Nuevamente, un
concepto y una clasificación conceptual discutible dentro de la
problemática que estamos tratando. Parece que su forzada inclusión se
hace con la idea de reforzar el indicador de los resultados. O hay una
desviación conceptual.
Sinceramente,
como apuntamos, nos parece que hay mucha imprecisión, una falta de una
correcta conceptualización transmitida a la sociedad, además de un
programa claro y puntual del proceso que se ha emprendido.
Bajo esas
condiciones, la evaluación desde el gobierno es compleja de procesar
porque se incurre en confusiones. Para el público, se entremezclan las
temáticas y los conceptos.
Por ejemplo,
sobre lo que sería la tarea cotidiana en seguridad pública de la
autoridad, como es el combate al robo –a transeúntes, a casas
habitación, en transporte público, o la introducción ilegal de un
automóvil desde el extranjero–, con los parámetros propios de un proceso
pacificador respecto de un adversario interno, como el crimen
trasnacional organizado –robo de combustible, narcomenudeo, etcétera–, a
partir de una conflictiva agudizada llevada al terreno de la lucha
armada entre aquél y las fuerzas coercitivas del Estado no son
equiparables.
Esta
problemática tiene dos factores de origen conforme a nuestro análisis:
el estatuto legal – funciones– aprobado por el Senado de la República
para la Guardia Nacional, en el cual la responsabilizan de las tareas de
combate al crimen transnacional organizado, y del combate al crimen
ordinario –como explicamos arriba–, apoyadas por las Fuerzas Armadas –validado por la SCJN–
cuando la Constitución de la República separa las tareas de la
seguridad interior y la seguridad pública, los marcos jurídicos de cada
una y los cuerpos armados usados para el combate y preservación: la
policía preventiva y las fuerzas federales; unas con mando civil, y
otras, con mando militar.
A la Guardia
Nacional, se le asignó un rol organizativo, funcional y jurídico
híbrido: un cuerpo intermedio militarizado, con mando civil y operación
militar. Una gravísima contradicción. Por ello, a la GN la llevan de una secretaría a otra. Primero, la subsumieron en la institución militar, y luego la SCJN la regresó a la SSPC.
Además, el
ejército tiene un mandato finito para continuar coadyuvando en tareas de
seguridad pública. ¿Se prorrogará indefinidamente? Veremos que dice la SCJN. Se debe solucionar la antinomia, no prolongarla indefinidamente.
El segundo
factor originario es una clasificación o tipología penal confusa, en
cuanto a cuáles delitos entender y combatir como propios de la
criminalidad transnacional organizada, y cuáles son propios de la
delincuencia ordinaria, aun cuando ambos tipos son ejecutados por la
misma organización criminal: trasiego de drogas ilícitas, robo de
combustible, robo simple o extorsión.
Hoy, no
importa, quién sea el delincuente, sino cuál es el delito. Entonces, el
resultado es que más del 90 por ciento de la incidencia delictiva está
comprendida dentro de la Seguridad Pública.
Las
estructuras delictivas transnacionales operan las fronteras en 52
países, con más de 20 mil integrantes en el extranjero. A pesar de ello,
nuestra problemática fundamental se concibe como “tema de la Seguridad
Pública” (sic). La distorsión es mayúscula.
Por ello,
nadie ha vuelto a hablar del gran vacío que significa la ausencia de una
Ley de Seguridad Interior. Después de su derogación, hemos caminado en
la confusión completa con la anuencia de los responsables, dentro y
fuera del gobierno –me refiero a los otros poderes–. Saben de este vacío
y de que es una importante ausencia. Nadie plantea nada para
subsanarla.
Recordemos que
la ley propuesta y aprobada para este efecto en el congreso mexicano
por el expresidente Enrique Peña Nieto y los mandos de las Fuerzas Armadas –con quién él consensuó la propuesta–, la derogó la SCJN.
Bien hecho por
las tropelías constitucionales que los especialistas y organismos
internacionales asentaron que tenía. Sin embargo, el vacío se llenó con
una normatividad sustitutiva confusa, como la vinculada a la Guardia
Nacional, la supletoriedad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y la controversia sobre la adscripción de la propia GN.
Este galimatías poco tardará en hacer crisis severa. Ese momento puede llegar si la SCJN no acepta una prórroga en su rol especial del ejército y la marina de México.
¿Con este
aparato teórico conceptual, jurídico constitucional y reglamentario es
posible evaluar objetiva y adecuadamente el anunciado proceso de
pacificación en México? Consideramos
que no con la suficiente precisión, porque ya vimos cómo ello se
expresa en los informes y evaluaciones para la sociedad.
Que detengan a
los asaltantes no puedo aceptar que sea un avance en la pacificación.
Hay otros casos mencionables. La confusión es clara: la pacificación se
entiende como anulación de un acto de violencia criminal, como paz
negativa. Tiene que ver con la seguridad interior, variante de la
seguridad nacional, no con la seguridad pública.
Como hemos
visto con cierto detalle, el marco teórico-conceptual, jurídico e
histórico nacional e internacional se subsume en otras categorías
analíticas, normas jurídicas y variables para denotar un proceso de
pacificación, a partir de un enemigo interno identificado.
Esto ha sumido
en la violencia extrema criminal a la sociedad y las instituciones del
Estado. Debería existir un “Índice compuesto”, un Índice de Paz y quizás
también un “Índice de Prevención” dentro de México –no sólo las
estadísticas con tendencias– que pudieran contrastarse con los de
organismos internacionales, con plena claridad en la metodología
empleada, encargado a un organismo independiente. Ganaríamos mucho en
precisión y objetividad.
Las cifras aisladas no tienen contextualización: por ejemplo, ¿qué sucedió entre los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón para que los índices de incidencia delictiva fueran disparados? Los
datos sueltos no ofrecen una percepción precisa de lo que se muestra.
Dice el presidente López Obrador que “no hay texto sin contexto”,
tampoco existen “datos sin contexto”.
Sus
indicadores comparan dos o más fechas distintas, entre periodos
sexenales, por ejemplo, pero falta la contextualización. Pueden
aportarlos especialistas del gobierno, o también periodistas de
investigación y académicos.
Aún con ello,
veamos lo que dicen los organismos internacionales. Hacen abstracción de
esta puntualidad contextual y abordan el tema con base en las variables
de alto impacto. Recordemos que los índices que usan son “índices
compuestos”. Uno de los más serios es el siguiente:
El Institute for Economics & Peace (IEP), un tanque de pensamiento independiente y apartidista sin fines de lucro, ofrece un estudio interesante. Vincula las variables criminológicas con las económicas para determinar interrelaciones y resultados.
Estableció el Índice de Paz México (IPM) que es parte del “Índice de Paz Global”. El IPM está compuesto por cinco indicadores, digamos, cinco variables.
Se cuantifican
e interrelacionan, a través de los indicadores de cada uno. Determinan
el comportamiento general del índice principal, el IPM.
Éstos son: homicidios dolosos; delitos con armas de fuego; cárcel sin
sentencia; delito con violencia, y crímenes de la delincuencia
organizada.
Dentro de cada categoría analítica hay “subindicadores”
–por eso se le llama “índice compuesto”–, por ejemplo, de la última
mencionada, narcomenudeo, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros.
De su valoración cruzada surge el indicador de cada categoría. Integrados resultan en IPM. No es esta metodología ni las técnicas estadísticas lo que nos ofrece en sus datos el gobierno.
Desde 2019, el IEP proporciona informes a través del IPM con ejes sustantivos: i) “una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM
se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida
medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP
cada año desde 2007”; ii) “también realiza una estimación del impacto
económico de la violencia sobre la economía mexicana, y hace hincapié en
la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de
justicia penal” y, “aporta evidencia cuantitativa para ayudar al
desarrollo de políticas públicas orientadas a crear una sociedad más
pacífica”. Es muy claro.
Los datos “en
2018, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9 por ciento; el nivel de
paz mejoró en 10 estados, y en 22 se deterioró. La
razón principal de ese deterioro fue el recrudecimiento de la tasa de
homicidios, que se elevó 14 por ciento. En 2018, esta tasa alcanzó en
México niveles históricamente altos: 27 muertes por cada 100 mil
habitantes, o más de 34 mil víctimas. Este
grado de violencia supera el punto álgido que hubo en 2011. El
incremento en la tasa de homicidios en 2018 se acompañó de un aumento
considerable en la tasa de violencia con armas de fuego, que creció 16
por ciento y provocó que 24 de los 32 estados reportaran crecientes
tasas de delitos cometidos con ese tipo de armas”.
La
recomendación de invertir más en el sistema judicial es importante. El
informe consigna que “ante la escalada de violencia, el gobierno ha
invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere”.
Aunque es
difícil derivar de allí como hace el informe que el resultado es “la
impunidad de 97 por ciento”, que hay en la impartición de justicia, sin
tomar en cuenta la corrupción estructural.
Por ello,
resulta muy importante este punto. No se trata sólo de estigmatizar los
sueldos de privilegio del sistema judicial, sino también, hacerse cargo
de las necesidades.
Una reforma
tendrá que contemplar todo. Requiere un acuerdo con alto espíritu
republicano, no un “juego de vencidas” como quisieran algunos insensatos
en la derecha y la izquierda del país.
“Baja
California se ubicó como el estado menos pacífico de México por primera
vez en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Los
cinco estados menos pacíficos. […]
La mayor mejora correspondió a Baja California Sur, que subió siete
lugares en la clasificación, de la posición 32 en 2017 a la 25 en 2018.
Este estado ha reducido su tasa de homicidios en 76 por ciento, de 105 a
26 por cada 100 mil habitantes. […] Baja California Sur fue el único estado del país en lograr ser más pacífico en todos los indicadores. […] Los tres estados con mayores mejoras en el IPM
2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora—, los gobiernos pusieron en
marcha programas específicamente creados para atender los retos
locales. Todos esos programas incorporaron a organismos
intergubernamentales, con la participación de empresas y sociedad
civil”. Es decir, la seguridad es un problema de todos, no del gobierno.
Sin embargo, es éste el que debe concertar voluntades y directivas.
El valor
económico de la inseguridad: “El impacto económico de la violencia en
México ascendió a 5.16 billones de pesos (268 mil millones de dólares)
en 2018. Esta cifra equivale al 24 por ciento del PIB [Producto Interno
Bruto] del país y representa un aumento de 10 por ciento en relación con
2017. El indicador que más contribuyó al impacto económico de la
violencia fue el de homicidio, con 51 por ciento del
total o 2.63 billones de pesos en 2018, es decir un aumento de 15 por
ciento en comparación con 2017. México gasta 0.81 por ciento de su PIB
en seguridad interna y en su sistema judicial”.
Cuándo
nos preguntemos por la necesidad de una tasa mayor de crecimiento del
PIB, no podemos olvidar estos datos o subestimarlos. Es fundamental
controlar el fenómeno delictivo para crecer más y distribuir mejor,
sobre todo en los Estados más pobres: Guerrero, Oaxaca, Chiapas. De
otra manera, no habrá políticas de bienestar, cuyos recursos alcancen
para compensarlo. Esto debe quedar claro para no incurrir en
sobreestimaciones.
La impartición
de justicia: “México tiene 3.2 jueces por cada 100 mil habitantes, en
comparación con la media mundial de 16.2. Este déficit limita la
capacidad del sistema judicial. El gasto gubernamental federal en
contención de la violencia aumentó 3 por ciento en 2018, un aumento
mucho menor que el incremento de 12 por ciento del gasto presupuestario
general. El impacto económico de la violencia fue 10 veces mayor que la
inversión pública en salud y ocho veces mayor que la inversión en
educación en 2018”. Ratificamos que no habrá recursos federales que
alcancen. Esto pasa por un ajuste en la estrategia de seguridad, no en
la concepción.
En costo para el nivel de vida, “un
descenso de 1 por ciento en el impacto económico de la violencia
equivale a la inversión total del gobierno federal en actividades
relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en 2018. En
términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil
181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un
trabajador mexicano. El costo económico per cápita varía mucho de un
estado a otro, de 10 mil 808 pesos en Yucatán a 83 mil 167 pesos en
Colima. Si la violencia y su respectivo impacto económico se redujeron
al nivel registrado en los cinco estados más pacíficos de México, el
dividendo de paz resultante ascendería a 10 billones de pesos durante un
periodo de cuatro años”. Impresionantes reflexiones de especialistas.
Ahora bien, así estábamos al inicio del actual gobierno: ¿Cómo estamos hacia el final de 2023 –con los datos de 2022– a reserva de esperar los subsiguientes informes del IEP? Veamos lo que reporta la misma importante organización.
En su Informe
2023 –el último publicado–, recopiló y procesó los datos de 2022.
Tenemos lo siguiente: nos indica la marcha del proceso a pesar de sus
fallas. En sí, el enunciado del mismo ya resulta alentador: “México
registra una mejora en paz por tercer año consecutivo impulsado por una
reducción en homicidios” (IPM). Sin embargo, encontramos líneas más bajo una precisión sustantiva:
“A pesar de
las mejoras en los últimos tres años, México fue sustancialmente menos
pacífico en 2022 que en 2015. Durante ese periodo, la paz en México se
ha deteriorado un 14.8 por ciento, con muchos indicadores de
delincuencia significativamente más altos que ocho años antes. La tasa
de homicidios, por ejemplo, fue 62.6 por ciento más alta en 2022 que en
2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego fue
68.3 por ciento más alta. El desglose del informe resulta interesante: entre 2021-2022, la paz mejoró en 1.1 por ciento para el bienio”.
Parece poco, pero no lo menospreciemos porque económicamente equivale la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) del gobierno nacional, tal como indican los especialistas de IEPen el informe del año anterior; es decir, 0.22 del PIB, una cifra cercana a 5 millones de pesos –Argentina en el mimo año tiene casi el doble–, según Fundar.
Otros datos son: “la
paz en México mejoró un 0.9 por ciento en 2022. Este fue el tercer año
consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro.
Diecisiete estados mejoraron, mientras que 15 se deterioraron. El año
pasado estuvo marcado por cambios continuos en el panorama de la
delincuencia organizada en México. El mercado de la marihuana ilícita en
Estados Unidos siguió cayendo, lo que llevó a una dependencia cada vez
mayor de otras formas de delincuencia organizada, como la extorsión, el
narcomenudeo, y la fabricación y el tráfico del opioide sintético fentanilo.
En este contexto, ha habido una mayor competencia en los últimos años
entre los grupos de la delincuencia organizada. Este es especialmente el
caso de los dos cárteles más poderosos del país”.
Tan sólo el
conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de
Sinaloa provocó 4 mil 890 muertes en 2021, según Uppsala Conflict Data Program, citado en este informe. Hubo aproximadamente 35 mil asesinatos en total ese año, según Inegi.
“En 2022, tres de los cinco indicadores del IPMmejoraron.
Lo más notable es que los homicidios experimentaron su mayor mejora en
los últimos ocho años, con una caída en la tasa del 7.9 por ciento. […]
La tasa de homicidios cayó a 24.5 muertes por cada 100 mil habitantes en
2022, su nivel más bajo desde 2017. Esta
caída marca el tercer año consecutivo de mejora para los homicidios
tras fuertes aumentos entre 2015 y 2019. A pesar de ello, los homicidios
siguen estando generalizados en México, con más de 30 mil víctimas cada
año desde 2018. […] Los indicadores de delitos cometidos con armas de
fuego y cárcel sin sentencia
mejoraron. La tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha estado
disminuyendo anualmente desde que alcanzó su punto máximo en 2019. En
2022, la tasa disminuyó un 5.5 por ciento […] la calificación de cárcel
sin sentencia mejoró ligeramente, en un 2.8 por ciento. En 2022, hubo alrededor de 78 mil detenidos sin sentencia, en comparación con aproximadamente 79 mil en 2021”.
Los otros dos indicadores del IPM,
“delitos con violencia” y “delitos del crimen organizado”: “En 2022, la
tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado,
con 167 delitos por cada 100 mil habitantes. Los deterioros fueron
impulsados por aumentos en las tasas de extorsión y delitos de
narcomenudeo, que aumentaron 14.9 y 4.1 por ciento, respectivamente. La
tasa de secuestro y trata de personas también registró un ligero aumento
del 2.2 por ciento en 2022, después de haberse reducido a menos de la
mitad entre 2015 y 2021. En contraste, la tasa de delitos mayores de la
delincuencia organizada, que incluyen violaciones federales de tráfico
de drogas, se redujo en un 15.3 por ciento”.
Este último dato es significativo porque constituye un avance en la seguridad interior.
“En 2022, los
estados con las tasas de homicidios más altas fueron Colima, Zacatecas,
Baja California, Guanajuato, Morelos y Sonora. En Colima, el epicentro
de la violencia se desplazó de la ciudad portuaria de Manzanillo a la
capital, la ciudad de Colima. El recrudecimiento de la violencia en la
capital se produjo tras la disolución de una alianza entre dos grupos
criminales”.
En los índices
de criminalidad por Estados, hay dos cambios importantes: Sonora
deteriora sus indicadores de paz y parece dentro de los cinco Estados
peor evaluados en este desempeño. Mientras que Baja California y Colima confirman su estatus dentro de los peores Estados en criminalidad.
Aparecen en
esta lista Zacatecas y Morelos. Hay cambios geográficos relevantes,
desplazamientos que tienen que ver con luchas internas criminales,
luchas por rutas de tráfico de drogas y emergencia de nuevos grupos
criminales asociados con los más grandes en centros urbanos.
Los Estados más pacíficos fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit. Estamos hablando de 2022. Durante 2023, la situación estatal no cambió: Zacatecas, “Colima y Baja California, Morelos y Chihuahua son los que más violencia criminal acusan respecto de 2022”.
Los casos de detenidos sin sentencia en el país en 2022 sumaron 77 mil 500. Descendieron respecto de los 79 mil casos en 2021.
“A pesar de
que el número de detenidos disminuyó sólo ligeramente en 2022, la
calificación de cárcel sin sentencia, que representa la proporción de
detenidos sin condena con relación a los niveles de homicidio y delitos
con violencia en el país, mejoró en un 2.8 por ciento. Por lo tanto, el
aumento de delitos con violencia en 2022 contribuyó a una mayor mejora
general en la calificación de cárcel sin sentencia que la disminución de
los detenidos sin sentencia por sí sola”. En este rubro, los avances
son relativos.
Valor
económico: “El impacto económico de la violencia en México fue de 4.6
billones de pesos (230 mil millones de dólares) en 2022, lo que equivale
al 18.3 por ciento del PIB nacional. Por tercer año consecutivo, el
impacto económico de la violencia mejoró, disminuyendo en un 5.5 por
ciento o 271 mil millones de pesos respecto al año anterior”.
Tenemos aquí
ya un hallazgo interesante: el impacto económico disminuyó, lo que es un
dato magnífico. Representa -5.2 por ciento, sin embargo, aún es
insuficiente para las necesidades de la sociedad y el gobierno.
Además, “en
2022, los homicidios representaron el 44.7 por ciento del impacto
económico de la violencia. Esto fue equivalente a dos billones de pesos
(103 mil millones de dólares). […] El gasto en contención de la
violencia en México representa aproximadamente el 11 por ciento del
gasto total del gobierno, casi tanto como el 13 por ciento gastado en
salud o el 14 por ciento gastado en educación”.
Valor
económico por habitante: el impacto económico de la violencia fue de 35
mil 705 pesos por persona en 2022, más del doble del salario mensual
promedio en México y cinco veces el salario mínimo actual en el centro
del país. El impacto económico varió entre los Estados, desde 11 mil 377
pesos en Yucatán –el más pacífico– hasta 102 mil 659 pesos en Colima
–el más violento–.
Esperaremos
los datos del año 2023. Sería importante observar si hubo cambios
relevantes respecto de los anteriores en el informe del IEP. Al momento nos quedan claro cinco cuestiones fundamentales.
Existe una
relación estructural, orgánica entre el desarrollo del fenómeno criminal
y una tendencia de costos sociales y económicos que crecen y reducen
los recursos disponibles para el desarrollo nacional. Es un fabuloso
gravamen.
La
criminalidad exacerbada deteriora el nivel de vida de la población al
imponer costos, también elevados, que pudieran negar a los individuos y
familias de menores recursos como oportunidades de salud, educación y
vivienda, o para su canasta básica.
La severa desigualdad entre los indicadores de criminalidad en cada uno de los estados
de la República impacta en aquellos con menos capacidad de impulsar
políticas de paz o de tener éxito cuando se las proponen.
Por ello, las
sociedades estatales acusan distintos niveles de vida. Colima y Yucatán
son los dos grandes extremos, sin embargo, en medio de ambos polos
existe una docena de Estados con menores lánguidos avances en
pacificación, aunque mantienen cierta capacidad local para mayores
logros con apoyos determinados de la federación.
Es evidente
que el tema de la procuración de justicia no puede sólo enfocarse desde
la perspectiva de los privilegios y la corrupción de los encargados de
impartirla. Existen obstáculos formidables al establecimiento y
desarrollo de un sistema de justicia moderno y eficiente, con una
doctrina republicana fortalecida.
Es necesario
hacerse cargo de las importantes necesidades de aumentar la
infraestructura de la justicia, los recursos humanos especializados, el
aumento de jueces y tribunales por número de habitantes, junto con la
práctica de auditorías sobre el uso de recursos.
En suma: se
necesitan un ministerio público federal y un poder judicial que luchen a
fondo contra la corrupción de Estado; la criminalidad trasnacional
ligada al tráfico de drogas ilegales en el mundo; las oligarquías
corruptas de cuello blanco, y las mafias de Estado. Hará una gran
contribución a una nueva era de pacificación de México.
Lo anterior es
fundamental si queremos expandir las bases del nuevo paradigma sobre
seguridad, cuyos ejes sean las políticas de bienestar y la lucha a fondo
contra la corrupción de Estado.
La exacerbada
criminalidad en sus altos costos sociales y financieros actúa en contra
del desarrollo del país, el nivel de vida, el bienestar social, y la
efectiva liberación de recursos para distintos rubros pendientes, los
cuales requieren ingentes cantidades de financiamiento, no sólo mediante
ahorros públicos contra los privilegios.
La paz es un
tema estratégico y de seguridad nacional para nuestro desarrollo. El
binomio seguridad-paz se articula con otro: desarrollo-bienestar social. El
eje fundamental de la seguridad nacional, entendida como la ausencia de
amenazas externa ligadas a ataques desde el exterior o de un tipo
similar, está en la construcción de la paz. Consideramos los términos
aproximados que hemos comentado a lo largo de este trabajo.
En donde no
hay justicia, no hay paz; tiene razón el presidente. Sin embargo,
tampoco hay un estado de bienestar y democracia avanzados. Las
capacidades nacionales para resguardar la soberanía
y la Auto determinación pueden quedar comprometidas en una etapa de la
historia mundial, en donde los poderes con capacidad hegemónica luchan
por establecer pautas nacionales en el tránsito hacia un nuevo orden
global pluricéntrico.
Nuestra tarea
estratégica es la pacificación. De ella, dependen y se condensan las
variables fundamentales para nuestra historia. Los planes y programas de
la próxima administración sexenal serán determinantes.
A pesar de que
no ha terminado la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, los datos consultados son hasta 2022, sólo año y medio después
de la pandemia global.
Podemos hacer un corte al tiempo con los datos que el Inegi
aporta y que ofrece el gobierno, además de las cifras de un organismo
internacional serio. De igual manera, expone otros datos construidos
mediante un procesamiento muy especializado, y llega a conclusiones
aceptables, plausibles como las expuestas.
Hay mucho por hacer, pero la expectativa puede ser positiva si damos, como sociedad y gobierno, los pasos necesarios.
Jorge Retana Yarto*
*Exdirector de
la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en
economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional;
maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política
social.