22.6.18

Avanza la privatización de los recursos hídricos de México

Omar Eli Manriquez Santiago

Los decretos presidenciales de Peña en torno al manejo de 295 cuencas hídricas –que las pasa del régimen de veda al de reserva– no necesariamente implican su conservación. En cambio, sí establecen un régimen de certidumbre jurídica y ventajas económicas que potencia los usos lucrativos del agua, en detrimento de las comunidades. Es claro que ya inició la privatización del vital líquido


El 5 de junio pasado, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de “reserva de agua” que se  publicaron el día 6 en el Diario oficial de la federación [1]. La acción ejecutiva puede analizarse desde tres dimensiones: la histórico-política (facultades para la liberalización de recursos estratégicos); la técnica-jurídica (armonización de regímenes extraordinarios de regulación) y los riesgos político-sociales (conflictos normativos, ecológicos y distributivos).

En la primera dimensión, la liberalización de recursos estratégicos o desregulación ha sido prioritaria para las recientes administraciones. Algunos indicadores clave para observar esta tendencia son la desincorporación de empresas paraestatales en la década de 1980, las privatizaciones de 1990 y la liberalización o desregulación de sectores económicos y de flujos e insumos del gran capital. Específicamente la liberalización del sector energético incluye la producción de energía eléctrica, la explotación de los hidrocarburos, la minería y otras industrias extractivas.

Otro indicador importante son las reformas estructurales que han modificado el carácter constitucional de los antiguos monopolios estatales. Además, es cuantificable en cada sexenio la mayor capacidad para modificar la Constitución que han ganado los presidentes desde la década de 1980. En conjunto, esta tendencia histórico-política muestra que la liberalización de los recursos estratégicos ha seguido una ruta bien definida que todas las administraciones han consolidado gradualmente.

Esta tendencia abona a una mayor participación del sector privado, nacional y extranjero, en la explotación de bienes públicos que permitan captar inversión intensiva de capital en sectores estratégicos y ampliar la base tributaria de los ingresos ordinarios por vía de los derechos, usos y aprovechamientos. La privatización de 1990 fue un caso de ingresos extraordinarios captados por el Estado, que tuvo un monto equivalente a una cuarta parte del costo del rescate bancario de finales de esa misma década. Liberar para perder.

En tal sentido, el bloque de reformas que impulsó la administración de Peña Nieto –incluida la energética–, las adecuaciones a la ley de aguas y otras legislaciones señalan esta pauta histórica. El artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales [2] faculta al presidente para determinar el uso de tales recursos. Aunado a las facultades impulsadas en este gobierno y el anterior y a las regulaciones extraordinarias en materia de energéticos, se tiene una parte del sistema de regulaciones de aprovechamiento de recursos estratégicos.

Por ende, el cambio de régimen sobre los recursos hídricos que ahora pasan de la veda a la reserva transitan por esta tendencia histórico-política de desregulación de los recursos estratégicos, para facilitar la explotación y participación de los actores privados (sean empresas, corporativos o asociaciones). La liberalización está sustentada por las facultades específicas de los presidentes en turno y las alianzas o escudos legislativos que han logrado conjuntar al interior del Congreso (ejemplos de ello son el Pacto por México, reformas estructurales, ley Televisa, rescates bancario, carretero y azucarero).

Dimensión técnico-jurídica

En la segunda dimensión es importante distinguir el carácter de la nueva regulación en términos jurídico-regulatorios: los decretos del pasado 5 de junio se sustentaron en una facultad legislativa que posee y conserva el presidente. La Ley de Aguas permitía a Peña decretar el uso/no uso de los recursos integrados en las cuencas hidrográficas (zonas, lagos y ríos).
 
La clave de este tema fue pasar de un régimen de veda, que prohíbe la libre concesión y explotación del recurso hídrico, hacia un régimen de reserva, que otorga certidumbre jurídica para la provisión de permisos y concesiones para la explotación.

Anteriormente, el régimen de veda obligaba a los agentes económicos o colectivos que requirieran explotar un recurso hídrico a llevar un engorroso trámite en las instancias federales. Además, los derechos otorgados eran bastante limitados y sujetos de controversias administrativas e incluso constitucionales. El régimen de reserva, en cambio, permite y facilita una regulación que ya quedó preestablecida en un conjunto de reformas y leyes secundarias para la explotación de recursos estratégicos (las modificaciones a los Artículos 25, 27, y 28 de la Constitución).

La Ley de Asociaciones Público Privadas, las reformas a las leyes de Amparo, de Bienes Nacionales, Orgánica de la Administración Pública Federal, hacendaria en materia de derechos usos y aprovechamientos y la creación de organismos autónomos reguladores forman un cuerpo legislativo que ha tratado de armonizar la regulación para la explotación de los recursos en minería, energía eléctrica, energías alternativas, hidrocarburos, extractivos y hoy agua.

El régimen de reserva precisamente otorga certidumbre jurídica para el otorgamiento de permisos y concesiones que estarán amparados bajo el sistema de regulaciones que incluyen las legislaciones que ya se han mencionado. Por tanto, el decreto establece que el 55 por ciento de los recursos hidrográficos de 295 cuencas son sujetos a cuatro tipos de usos: el personal o doméstico, el público urbano –que introduce la explotación para la generación de energía–, el ambiental y para reserva o conservación [3].

Esto significa que hay cuatro usos para los recursos hídricos que salieron del régimen anterior de veda. Las zonas, cuencas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

El juego de palabras en el decreto debe de leerse con detalle. Por ejemplo, la protección es una de las opciones abiertas: no está asociada de forma vinculante a un programa de acciones para la recuperación de los recursos hídricos.

La conservación implica solamente cumplir con ciertos estándares de resguardo de los cuerpos de agua para el uso público –no necesariamente de la población demandante– que no resuelve el tema de la contaminación de los recursos hídricos, ni de la distribución ni del acceso universal al mismo. Según expertos, la vasta mayoría de los ríos están contaminados.

Entonces, el eufemismo reserva ambiental permite presentar como una acción ambiental lo que en realidad es otra liberalización dentro del bloque histórico-político de desregulación de recursos estratégicos.

Por otra parte, como ya se ha analizado, las reformas estructurales, energéticas y el marco regulatorio que se establece a partir de las adecuaciones a los artículos 25, 27, y 28 constitucionales, la Ley de Asociaciones Público Privadas –que anula el control del poder legislativo sobre el endeudamiento contraído por los gobiernos de los tres niveles y garantiza contrataciones ad hoc–, los ajustes a la legislación hacendaria, la creación de organismos reguladores, la modificación a la Ley de Amparo y la introducción de la figura jurídica de “utilidad pública” armonizan legalmente –que no constitucionalmente– los mecanismos para otorgar permisos y concesiones para explotación de los recursos hídricos en manos de agentes privados.

Entre las ventajas está el establecimiento de contrataciones gubernamentales por periodos de hasta 50 años prorrogables, la mayor libertad para disponer de forma exclusiva de dichos recursos a través del esquema de derechos, usos y aprovechamientos –inscritos en los permisos y concesiones–, mayor protección desde el concepto de utilidad pública para evitar juicios de comunidades o actores colectivos inconformes.

Más conflictos sociales

La ambigüedad y doble naturaleza de los derechos de carácter público y privado abre una nueva vía de conflictos políticos, ecológicos y distributivos por la pugna de acceso a los recursos hídricos útiles (no contaminados). No obstante que en este régimen regulatorio especial se persigue armonizar los aspectos técnicos y jurídicos de cambio del régimen de veda hacia reserva para brindar mayor certidumbre jurídica y ventajas económicas a la explotación de estos recursos estratégicos, anulando la viabilidad del amparo, por ejemplo.
Los nuevos ingresos ordinarios al Estado se basan en una visión particular de desarrollo económico y social, confiado a actores que no inspiran confianza.

Aquí entra la tercera dimensión del riesgo: en materia de acceso y conservación ambiental hay experiencias negativas documentadas alrededor del uso preferencial otorgado a partir de este conjunto histórico de políticas y desregulaciones.

Por ejemplo, en el caso de la producción de energía eléctrica, la minería y de industrias extractivas para la explotación de hidrocarburos los beneficiarios son corporaciones privadas nacionales e internacionales, a través de esquemas de financiamiento en mercado de futuros –con alto nivel de especulación– o a través de concesiones para megaproyectos. Avalados por los gobiernos, éstos anulan o al menos complican el acceso a dichos recursos a los actores sociales: las necesidades de las poblaciones, comunidades indígenas y campesinas quedan en segundo plano.

Debemos recordar, además, los efectos negativos de la industria de los hidrocarburos, que históricamente ha generado grandes impactos ambientales, una serie de pasivos y huella ecológica, efectos adversos en la utilización de los recursos ya sea por contaminación, desabasto generado por el consumo o contaminación industrial o por los usos exclusivos previstos en la regulación, para los siguientes 50 años y presentado como reserva “pública”.

Los recientes casos de contaminación de zonas agrícolas de cuerpos de agua o la utilización de millonarios volúmenes de agua para la industria del fracking –para la obtención de hidrocarburos no convencionales– ha generado conflictos porque los actores sociales no pueden acceder a los recursos naturales debido a los regímenes de exclusividad, a la contaminación o la reducción de las vías de acceso y distribución.

En consecuencia, el uso industrial en beneficio de la inversión intensiva de capital e ingresos extraordinarios del sector público está contrapuesto al concepto de acceso democrático al recurso hídrico considerado como un derecho fundamental.

Pero ahora, con la figura de la utilidad pública, las luchas de la sociedad civil –que antes impulsaron controversias constitucionales, litigios estratégicos o amparos– verán reducidas sus capacidades de agencia y de control público, de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y fiscalización.

Por ello, el tránsito del régimen de veda a reserva no necesariamente implica una conservación o recuperación de los recursos hídricos. En cambio, sí establece con claridad un régimen cuya certidumbre jurídica y ventajas económicas va a potenciar los usos lucrativos de estos recursos en obvio detrimento de los recursos que pudieran garantizar las comunidades vulnerables por carencia de bienes esenciales o por vías públicas de acceso a dichos bienes.

A ello se suma el bajo grado de vigilancia y capacidad de regulación que el Estado tendría sobre estos recursos: el cálculo de la afectación sólo considera un estimación del caudal “horizontal” de los cuerpos pero no considera el origen subterráneo y la precipitación pluvial “vertical”. También, que las juntas comunitarias y las concesiones antes otorgadas quedaron al margen de lo considerado en estos 10 decretos. Aunque el sistema regulatorio sí facilita la concesión a los privados bajo esquemas que no requieren su validación en los poderes legislativos. Es decir, la sociedad civil pierde capacidad de control público sobre estos bienes al tiempo que los agentes privados ganan certidumbre y ventajas financieras.

Finalmente, se ha insistido en que el gobierno de Peña fue apoyado por la WWF (World Wild Life), corporación suiza que mantiene asociaciones estratégicas con empresas a favor de la privatización de recursos hídricos y altamente contaminantes, como Yves Rocher y Johnson & Johnson. En México sus aliados son Telcel y Coca Cola Company, gran beneficiara de recursos hídricos cedidos por el gobierno de Vicente Fox.

Al respecto, desde 2016, Greenpeace identificó 30 empresas contaminantes del agua con microesferas de plástico [4]. Se calcula que en Europa, cada año, llegan al medio marino 8 mil 627 toneladas de plástico (equivalente al peso de la Torre Eiffel) procedentes de las microesferas en los cosméticos fabricados por las aliadas de WWF.

Las leyes liberalizan, no plantean abiertamente privatizar

La privatización del agua avanza. Sólo hay que decir que las reformas, las leyes y los decretos jamás plantean ni lo han hecho de jure la privatización. Ello porque el marco jurídico no plantea privatizaciones sino desregulaciones, retiro de prohibiciones, permiten la participación social o privada, la desincorporación o grados de inversión-operación-participación privada.

Pero la consecuencia directa de las reformas de ese tipo sí genera la privatización de facto de bienes y servicios (energéticos, electricidad, productos agrícolas, telecomunicaciones, banca comercial, carreteras). Conjuntamente, las estrategias de liberalización también generan nuevas externalidades negativas y fallas del Estado: por corrupción y captura de reguladores, desabasto, ineficacia, ineficiencia, opacidad y déficit financiero por el pago de intereses de las deudas contraídas por las dinámicas de liberalización.

Es útil recordar que los defensores de las reformas a Petróleos Mexicanos de 2008 y 2013, acaloradamente, negaron los efectos adversos en términos de vigilancia y rendición de cuentas, acceso a bienes y servicios, huella ambiental, externalidades negativas, ineficiencia e ineficacia en los objetivos de desarrollo y productividad de las políticas públicas. A pocos años de distancia, es evidente que se equivocaron. Hubo incluso quienes defendieron el fracking a pesar de la evidencia científica que documentó sus efectos negativos, los pasivos ambientales, el detrimento de la salud de los habitantes y los negativos impactos económicos en las economías aledañas. Tal vez los defensores de dichas reformas y decretos (aperturistas, liberalizadores, desreguladores o de nuevos modelos de asociación pública privada) tengan guardados argumentos más éticos y lógicos para negar los efectos adversos en una economía oligopólica con autoridades corruptas. O bien, que logren desmentir los efectos negativos en términos de acceso equitativo a los recursos y bienestar social. Esa es la cuestión. Que no sólo destaque la quisquillosa y cómoda defensa del estatuto jurídico de reformas semejantes, que al final se pasan por el arco del triunfo.

Referencias:
[3] De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, una reserva se puede resguardar para la parte ambiental, para el uso diario de la población; es decir, el uso doméstico, o bien para generar energía en la parte del servicio público
[4] Exfoliantes, pastas de dientes y detergentes contienen pequeñas bolas de plástico (entre 130 mil y 2.8 millones en un bote) que llegan al mar a través del desagüe, hay otras empresas como Revlon y L’oreal.

13.6.18

México continuará importando combustibles cada vez más caros

Fabio Barbosa
 
La declinación natural de los yacimientos no es totalmente responsable de las importaciones de combustibles: la política pública que debilitó las refinerías indujo el consumo de gasolinas extranjeras, vulneró el aparato productivo de México, disminuyó el empleo y lesionó gravemente la economía en regiones petroleras
 

La crisis petrolera internacional ha terminado: las principales publicaciones, las agencias especializadas y algunas empresas coinciden en que los precios se han recuperado y se encuentran en un nuevo curso “firmemente alcista”.

Esta subida no alcanza al nivel del primer semestre de 2014, pero es suficiente para que la mayoría de los productores puedan alcanzar la rentabilidad (véase en Contralínea, “Tres años de crisis del mercado petrolero mundial”, https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/05/12/tres-anos-de-crisis-del-mercado-petrolero-mundial/)

Desde luego la tendencia era manifiesta desde 2017, pero como para exhibir que siempre estamos rezagados y que, la verdad, actuamos como profetas del pasado, uno de los boletines que recibimos dice: “Los precios se han fortalecido más rápido de lo que habíamos anticipado y estamos actualizando nuestro pronóstico…”(“Prices have strengthened faster than we had anticipated and we have upgraded our forecast…”)

La  Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados rusos consideran que sus esfuerzos para recortar su propia producción han sido aprovechados por los productores de gas shale (“la banda de los fraqueadores”, los llaman algunos) y, en consecuencia, ya iniciaron negociaciones para nuevos incrementos a la oferta, con lo que vendrán nuevos ajustes, en esta espiral ahora ascendente.

Estragos del desplome de precios

Cuatro años de precios bajos hicieron estragos: en Estados  Unidos, decenas de empresas cayeron en bancarrota. Un gran bufete de Dallas, Texas, especializado en este tipo de problemas, estima que, de 2014 a la fecha, al menos 134 empresas en la rama de las lutitas se han declarado en quiebra (Alex Nussbaum, “For some wounded US, drillers, the oil rout never ended”, Bloomberg, 27 de marzo de 2018). Algunas de las pequeñas empresas que iniciaron este incierto negocio han sido desplazadas y, en algunas cuencas, las grandes petroleras emergen de la crisis como las nuevas dominantes.

Ello se observa, por ejemplo, en la Cuenca “Permian”, en Texas, donde ExxonMobil es ahora la principal perforadora: 30 de los 400 equipos que están operando son del gigante; sin embargo, debemos ponderar que más del 90 por ciento de los taladros todavía se distribuyen en una masa de medianas compañías, entre las que abundan las de pequeños rancheros.

Estados Unidos sale fortalecido de la crisis mundial de precios, pero definitivamente se ha reconvertido en un inesperado desenlace: ahora, parte del petróleo de la Eagle Ford de Texas se destina a la India; un porcentaje del aceite del Pérmico que se extrae en el enorme desierto desde Midland hasta Pecos, también en Texas, se envía a Corea; desde luego, una tajada de león la toman los chinos.

Pero, ¿por qué Estados Unidos ahora exporta petróleo crudo? Parte del fenómeno obedece a cuellos de botella en refinación y transporte. Naturalmente, Estados Unidos ha iniciado la construcción de nueva infraestructura: no se trata de una nueva oleada de refinerías y petroquímicas, pero por lo menos parecen anuncios firmes la edificación de una nueva muy grande refinería cerca de Houston y otra pequeña planta, en Dakota del Norte. En esa entidad, ubicada en la frontera de ese país con Canadá, sería la segunda planta de refino construida a partir de la revolución del shale oil.

La crisis de 2014-2018 –curioso que el periodo coincida con el de la Primera Guerra Mundial del siglo pasado– pasará a la historia de Estados Unidos como el momento en que se acentúo el desempleo y la pobreza que, todos sabemos, son procesos que ya estaban en desarrollo, que surgieron con la caída de ramas enteras de la manufactura y la intensificación de competencia que acompaña a la globalización.

Estos procesos también crearon las condiciones para que llegara al poder el grupo de Donald Trump, cuya Presidencia ha levantado todas las restricciones, moratorias o impedimentos a la producción petrolera en Estados Unidos; entre ellos, el gran viraje autorizando a exportar petróleo crudo. Así, tenemos ahora la situación –increíble hace unos años– de que, a fines de mayo, en las costas texanas del Golfo de México se encontraron alineados una decena de superpetroleros, cada uno de ellos con capacidad de transportar 2 millones de barriles de crudo, esperando ser cargados con petróleo gringo que será procesado en diversos países asiáticos.

Transcribo un fragmento:

“Se espera que el volumen del petróleo crudo estadunidense que llegue a Asia alcance un nuevo máximo en julio debido a que las refinerías asiáticas buscaron suministros de arbitraje para reemplazar el crudo de Oriente Medio luego de que subieran los precios del Golfo Pérsico.
El crudo estadunidense que llegó a Asia alcanzó un máximo histórico de cerca de 25 millones de barriles en mayo; los buquestanque descargaron en China, Corea del Sur, Singapur, India y Malasia… está previsto que repunte en julio después de que los futuros del crudo estadunidense cayeron al mayor descuento en 3 años frente al Brent, de 8.06 dólares el barril, esta semana”.
Las líneas anteriores se refieren al gran mercado asiático, en el que ahora, ante la disminución (en términos relativos) del consumo chino, asciende el de la India, en curso a convertirse en el consumidor número uno del mundo.

Copiosa propaganda: Europa “inundada” con petróleo estadunidense

No está claro el volumen del excedente y el comercio gringo de hidrocarburos y derivados. En conjunto, sumando los envíos a Europa y Asia, podría ascender a 3 millones de barriles diarios, pero la prensa rodea estas ventas de una propaganda estruendosa: “el petróleo de Estados Unidos inunda a Europa”, cabeceaba más o menos una nota periodística (“US Oil Floods Europe”. Se afirma, además, que los aceites gringos están compitiendo con los del Mar del Norte, los de la costa africana y el Caspio; se dice que ahora, en el viejo continente son “populares” los crudos ligeros y dulces de Louisiana, así como el petróleo de la Eagle Ford y Bakken (véase la nota completa en “Trump’s Revenge: US Oil Floods Europe, Hurting OPEC and Russia”, https://www.rigzone.com/news/wire/trumps_revenge_us_oil_floods_europe_hurting_opec_and_russia-23-apr-2018-154354-article//?all=HG2).

Las verdaderas dimensiones pueden estimarse cuando examinamos las cifras: los envíos de crudo de Estados Unidos a Europa comenzaron a finales de 2017 y alcanzaron un récord de 14.7 millones de barriles mensuales en abril de 2018, y se preveía que llegaran a unos 13.9 millones de barriles, también mensuales, en mayo de este mismo año. Las cifras no permiten afirmar que Estados Unidos sean ya un nuevo país exportador porque produce 10.5 millones, pero la carga a su aparato de refinación es de aproximadamente 17 millones de barriles diarios, por lo que aun requieren comprar de distintos países la diferencia.

2017: México, la mayor caída entre los países no OPEP

Veamos ahora la situación de nuestro país: vamos a cumplir 15 años de continuada caída. En el sexenio actual del presidente Enrique Peña, cada año en promedio anual, la extracción mexicana descendió 100 mil barriles diarios, insistimos como promedio anual.

El último reporte de la Agencia Internacional de Energía, con sede en París, Francia, advierte que el desplome se está acelerando, pues de abril de 2017 a abril de 2018 la caída en México ha aumentado y alcanza los 175 mil barriles diarios:
 “La crisis económica ha llevado a la producción venezolana a su nivel más bajo en años, mientras que la declinación natural en México redujo la producción en 175 mil barriles por día en abril, un 8 por ciento anual, la mayor caída para cualquier productor no perteneciente a la OPEP” (véase la nota de Amanda Cooper, “IEA Warns Global Oil Demand May Suffer As Crude Nears $80”, https://www.rigzone.com/news/wire/iea_warns_global_oil_demand_may_suffer_as_crude_nears_80-16-may-2018-154627-article//?all=HG2).
Debemos precisar que la caída de México –no sólo de los 175 mil barriles diarios de abril 2017-abril 2018, sino de todo el periodo en que se ha prolongado la “revolución del shale oil/gas”– no solamente se explica por la “declinación natural”, como señala dicha nota, sino que en una gran parte obedece a desplazamientos del aceite mexicano por la sobreproducción en Estados Unidos.

Esto es que los hidrocarburos de México fueron expulsados de su propio mercado, por sus más altos costos de producción, pero también, sin combate, el gobierno del licenciado Peña Nieto cedió el mercado mexicano a los productores de shale, debilitando la operación de las refinerías, induciendo el consumo de gasolinas y otros mecanismos que, en conjunto, vulneraron el aparato productivo del país, disminuyeron el empleo de nuestros connacionales y lesionaron gravemente la economía de algunas regiones petroleras.

La herencia que recibirá el nuevo gobierno

El nuevo gobierno de México, sea del partido Movimiento de Regeneración Nacional u otro distinto, recibirá un sector petrolero con ciertas inercias y hasta dinámicas propias; seguramente, en el transcurso de los 6 años se presentarán cambios o modificaciones: benéficas, si el nuevo presidente es Andrés Manuel López Obrador, pero no en el corto plazo. Debemos evitar crear expectativas falsas que en 2 o 3 años quedarían al descubierto.

Para examinar lo que puede esperarse para 2019 y los años inmediatos, tal vez lo primero que hay que revisar son los proyectos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los compromisos de los contratistas privados, como resultado de las ocho licitaciones de la reforma energética, mismos que principalmente están contenidos no tanto en los contratos firmados sino más concretamente en los permisos de perforación que han sido solicitados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Las preguntas son: ¿qué proyectos están avanzando? ¿Qué nuevos proyectos podrían iniciar?

Enumerando a partir de los volúmenes de producción esperada, tiene que decirse que el más importante es el proyecto Ek Balam de Pemex, resultado de una migración a contrato de producción compartida. Tengo la impresión que la prensa nacional le ha dado muy poca difusión, a pesar de que, si todo sale bien, los primeros resultados se presentarían en el próximo sexenio: probablemente al comenzar el año 2020 tendríamos nueva producción que, en el pico, alcanzaría casi 100 mil barriles.

Para lograr ese objetivo, Pemex estima una inversión de 6 mil 600 millones de dólares, que equivale a poco menos de la tercera parte de su actual presupuesto anual.

Proyectos de los contratistas

Entre los contratistas privados sólo encontramos uno que puede iniciar producción en el corto plazo: el consorcio llamado Hokchi Energy, por el nombre del campo que ganó en la segunda licitación de la Ronda 1. En este consorcio, aunque sólo aparecen abiertamente dos argentinas, participan múltiples empresas, entre ellas British Petroleum (véase el libro de Víctor Rodríguez Padilla, Ronda Cero. Ronda Uno, despojo del patrimonio, entrega del petróleo y pérdida de la renta petrolera).

Como es sabido, en abril de este 2018 la CNH aprobó la declaración de “comercialidad” de este campo, presentada por los contratistas después de haber perforado y realizado pruebas exitosas de producción en cinco pozos de su único campo, identificado con el mismo nombre de Hokchi.

Los contratistas argentinos esperan que en el pico obtengan 29 mil barriles diarios y, con pozos horizontales e inyección de agua para un mejor barrido del aceite, logren mantener una producción de 15 mil barriles al día para 2040. Como los nuevos operadores podrán recibir la recuperación de sus costos (misma que podría llegar hasta el 60 por ciento del valor de la producción, según lo estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), los ingresos del gobierno se verán notablemente achicados, aunque su porcentaje de las utilidades sea del 70 por ciento.

Ahora las órdenes llegan desde Roma: no hay prisa

Desde el punto de vista de volúmenes de producción esperada, el más importante de los bloques de los contratistas privados es el número uno de la Ronda 2, muy cerca de la costa de Tabasco, entre Coatzacoalcos y Paraíso, donde se ubican tres campos descubiertos por Pemex, los tres con reservas probadas –Amoca, Miztón y Tecoalli–, fueron ganados por los italianos de ENI, ofreciendo al gobierno lo que tal vez fue el mayor porcentaje de utilidad operativa en todas las licitaciones petroleras del presidente Peña Nieto, 83.75 por ciento.

Los italianos han perforado cinco pozos delimitadores, todos los cuales confirmaron las extensiones de las formaciones productoras, de ahí que todos esperábamos la declaratoria de comercialidad y el plan de desarrollo, pero desde Roma llegó la noticia; primero, de que quería vender sus activos en México y luego de que estaba buscando socio para desarrollar esos tres campos. Ello, tal vez porque han tenido problemas con Amoca, quizá porque es aceite pesado; luego se supo que Miztón número 101 resultó “no comercial” y, lo último, que los mexicanos sabemos de “nuestro” petróleo es que Catar está interesado en participar en la explotación; como sea, parece que no hay prisa para llevar nueva producción a las refinerías mexicanas y algo de dinero a la Tesorería del nuevo gobierno.

Inesperado proceso de unificación

Otro de los “grandes éxitos” de la reforma de Peña Nieto fue el descubrimiento de Zama-1, por Sierra Oil, la empresa relacionada con los familiares de Carlos Salinas de Gortari, en el bloque siete en la muy estudiada licitación uno de la Ronda 1.

Desde 2017 se anticipaba que el yacimiento podría extenderse al bloque vecino, asignado a Pemex. Para noviembre del año pasado, la revista Offshore anunció que se habían iniciado “pláticas” con Pemex sobre la explotación unificada de Zama. Más tarde, desde Londres, la compañía operadora Premier Oil reconoció oficialmente la situación (“Zama extends into a neighboring block operated by Pemex”) y que se requería un convenio de unificación antes de poder declarar “comercialidad”. La evaluación comprende las estimaciones de hasta dónde se extiende el yacimiento a uno u otro lado de los bloques.

Finalmente, después de que se tomaron más de 1 año de discusiones previas a la negociación, hace unos días, el 16 mayo, desde Londres informan que Premier Oil planea perforar varios pozos consecutivos y un llamado “said track” (un pozo paralelo perforado desde el agujero principal) para confirmar los contactos agua-aceite que definen límites del depósito y refuerzan los datos ofrecidos por los registros sísmicos. Estas  actividades se realizarían en el último trimestre de este 2018.

Se informa que Pemex también está buscando una plataforma para perforar su propio pozo, al que ya denomina Asab-1 para, con sus propios métodos, probar la extensión que le corresponde del descubrimiento Zama, de tal manera que hasta finales de 2019 o 2020 la refinería de Minatitlán podrá contar con ese petróleo.

Aguas profundas

En este sector todavía no se inicia ninguna perforación. Tendremos que esperar hasta mediados de la próxima década para conocer si se descubren nuevos campos; con una excepción: el proyecto Trion, que Pemex desarrollará en asociación con los australianos frente a Tamaulipas. Se esperan resultados de la primera perforación que comenzará en octubre de este año; si son positivos, en 6 o 7 años más tendremos nuevo petróleo llegando a las costas de Tamaulipas.

Algunos esperan nuevo petróleo en formaciones shales, ¿producción de lutitas en México?, es un tema complicado que con mis alumnos y tesistas examinamos prácticamente todos los días. ¿Algún empresario va a intentar iniciarla hoy, cuando los texanos no acaban de salir de la guerra de precios?

Creo que lo último que los productores de shale desean es más competencia: el mercado sigue saturado, los precios muy abatidos, especialmente del gas metano, además quiero adelantar que nuevos estudios concluyen que los acuíferos en la región desértica de nuestra frontera terrestre con Estados Unidos son insuficientes para desplegar un ritmo de frackings similar al de las zonas contiguas con el vecino país; es decir, hay limitaciones físicas que obligan a diferir esos proyectos, pero abordaremos el asunto en otra ocasión.

Podemos concluir que todo indica que el próximo gobierno dispondrá de menos petróleo y menos dinero, por lo que debemos insistir en las propuestas de que la manera de atenuar nuestra vulnerabilidad como importadores netos es disminuir la demanda, comenzando por un conjunto de políticas viables y cotidianas para ir disminuyendo el derroche de combustibles fósiles. Al respecto, se debe ir eliminando el absurdo transporte de comida chatarra en doble remolques, desplegando un combate al comercio de ese tipo de alimentos, así como el de refrescos embotellados. También, iniciar la rehabilitación de los ferrocarriles y la construcción de otras líneas para integrar los mercados regionales, entre muchas otras medidas.

8.6.18

Declaratoria oficial de incapacidad



CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aterra la declaración del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,­ de que hay “un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país”, así como su intento de eludir su responsabilidad en ese fenómeno al repartir las culpas a los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), así como a los gobiernos estatales y municipales.

La posición del gobierno federal de repartir las responsabilidades es exactamente la misma desde el inicio del sexenio, pero lo que resulta aterrador es que hoy, más de tres años y ocho meses después de que se inició la nueva tendencia alcista en los delitos de alto impacto –tiempo al que le antecedieron dos años de decrecimiento–, el responsable de la seguridad interior se asombre de lo que sucede.

El punto de inflexión se encuentra en el catastrófico septiembre de 2014, cuando Esquire México y el portal de Proceso divulgaron la versión de un testigo sobre la matanza de 21 jóvenes que perpetró el Ejército en Tlatlaya, Estado de México; unos días después, el 26 de septiembre, se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los dos hechos sacudieron a la opinión pública mexicana y mundial, y fueron el preludio para que en abril del año siguiente se revirtiera la tendencia del índice de homicidios dolosos; desde entonces, los impactos del crimen organizado se mantienen al alza.

Tampoco resulta inusitado, como señala el titular de la Secretaría de Gobernación, que la violencia se recrudezca en año electoral, pues desde la elección de 2006 (hace 12 años) sucede exactamente lo mismo, con la única salvedad de la elección presidencial anterior (en 2012), cuando sí hubo una baja en los índices delictivos tras el cruento 2011. Y, por supuesto, el escalofriante 1994 es inolvidable (Proceso 2169).

En octubre de 2016, hace año y medio, en este espacio alertaba precisamente sobre lo que hasta ese momento indicaban las cifras oficiales: “…en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012” (Proceso 2084).

Y resaltaba: “Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 en el sexe­nio calderonista y 75 mil 302 durante el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados”.

En marzo del año pasado señalaba en mi colaboración: “Los datos del Inegi se inician en 1990 y muestran que los homicidios y la tasa por cada 100 mil habitantes mantuvieron una tendencia a la baja entre 1992 y 2005, repuntaron en 2006 y posteriormente llegaron a su índice más bajo, con 8 mil 867 en 2007 y una tasa de apenas 8 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en 2008 volvieron a incrementarse y en 2011 alcanzaron su nuevo pico. Pese a la tendencia a la baja en el último año del sexenio anterior y los dos primeros de éste, en los cuatro del actual se observan cifras superiores a los 20 mil muertos anuales; el número menor se tuvo en 2014, con 20 mil 10” (Proceso 2108).

Y alertaba que, de mantenerse la tendencia de crecimiento que se inició en abril de 2015, 2017 sería un año más cruento que 2011 (hasta entonces el más alto) “al rebasar los 30 mil homicidios dolosos anuales y la tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En noviembre de 2017, hace medio año, la portada y los reportajes de la revista se dedicaron precisamente a denunciar lo que estaba sucediendo en el país, en el cual se incluyó un artículo de mi autoría donde retomé datos y conclusiones de dos investigaciones que demuestran que debe legislarse para regresar “a los militares a los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública incrementó la violencia…” (Proceso 2013).

En marzo de este año retomé el tema a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que levanta trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la cual la percepción alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de este año, al llegar a 76.8%, y destacaba: “La encuesta tiene información muy valiosa y debería ser un insumo para la evaluación de las políticas públicas y su consecuente revisión, pues hay correspondencia –con un cierto rezago– entre el crecimiento de las tasas delictivas y la percepción de inseguridad, lo cual demuestra que es un problema real y no un problema de comunicación” (Proceso 2164).

Y aquí está el verdadero problema del actual gobierno: ni siquiera se toma la molestia de revisar la información que producen sus propias dependencias, en este caso el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que generan información muy valiosa e indispensable para la toma de decisiones.

El crecimiento “en los índices delictivos de alto impacto” no tiene nada de inusitado; era totalmente previsible desde los hechos ya narrados de septiembre de 2014 y se reforzó con la tendencia alcista que se inició en abril de 2015. En este semanario se ha documentado puntualmente la tendencia y se ha venido advirtiendo de las consecuencias si se mantenía la política de combate a la inseguridad utilizando únicamente información pública de libre acceso; por supuesto que esto debe ser más evidente desde la Secretaría de Gobernación, con acceso a información privilegiada, especialmente en un tema tan delicado y sensible como este.

Por ello es aterrador el comunicado de la Secretaría de Gobernación, pues evidencia su incapacidad para analizar la información o para diseñar e implementar políticas púbicas que permitan resolver un problema tan acuciante y lacerante.

28.5.18

En deuda con Marx



Hace 200 años que nació, en la entonces Prusia (5 de mayo de 1818), uno de los pensadores más influyentes en la historia contemporánea. Su concepción de la realidad, sus tesis políticas, su análisis social, hoy, enfrentan una revalorización luego de que, tras la caída de la URSS, se pensaran superadas. Este trabajo entregado a Proceso es una relectura de las categorías marxistas, a través de un libro fundamental sobre el tema: La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal, del filósofo italiano Maurizio Lazzarato. Rodolfo Palma, ensayista, narrador y dramaturgo mexicano, sintetiza: El poder de la economía no se halla en el comercio, ni siquiera en la producción, sino en las finanzas, y es un poder sobre todo político.

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Hoy un texto de juventud de Karl Marx, pasado por el tamiz de Nietzsche, ilumina la abrumadora condición neoliberal comprendida en el concepto de biopolítica de Michel Foucault. Finalmente es una actualización del marxismo la que hace Maurizio Lazzarato en su libro sobre la hechura del hombre-crédito (La fábrica del hombre endeudado es como lo tradujo la editorial hispana Amorrortu, sin omitir su elocuente subtítulo Ensayo sobre la condición neoliberal), donde el término explotación se homologa con los de sujeción y dominio, puesto que en todos los niveles de la sociedad permea la
relación acreedor-deudor.

El hombre común es un hombre endeudado, ya sea porque su país lo está o él, como sujeto, está a punto de agotar su crédito, como nervioso adolescente ante la maquinita de juegos. Y aquí hay que comenzar por llamar la atención sobre dos puntos: lo que el deudor adquiere con su crédito no es dinero, sino tiempo, y que aquél es impagable. Es más, los acreedores lo que menos quieren es que se les pague. Para ellos es doloroso que el esclavo compre su libertad, no porque acabe con el negocio, sino porque (ter)mina la relación de dominio. Ante todo se trata de política, sustentada en el poder económico de las finanzas y no de la producción o del comercio.

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Todo lo mencionado ya se encuentra en germen en El mercader de Venecia. Como es sabido, se trata de una deuda imposible de pagar sin atentar contra la vida del deudor, pues Shylock ha pedido como garantía del préstamo otorgado una libra de la carne de Antonio –que es el fiador–, y está más que dispuesto a cobrársela frente al tribunal precedido por el dux de Venecia, donde ocurren los hechos.

Varias veces se dice que lo que en realidad quiere el mercader es venganza más que su dinero (pues Antonio se la ha pasado insultándolo), lo que se comprueba cuando rechaza el pago por el triple de la deuda. Insiste en la libra de carne que, con seguridad una vez arrancada, provocará la muerte de Antonio. Pero lo más significativo, hasta momentos antes de que concluya la obra, es que Shylock ha probado ante la justicia la legalidad de sus actos. Incluso cuando irrumpe Porcia, disfrazada de sabio jurisconsulto, ésta lo reafirma: “Nadie puede alterar las leyes de Venecia. Sería una causa de ruina para el Estado”. Esa irrupción provoca dos giros en la situación. Primero, el literario: el contrato firmado entre el acreedor y el deudor dice literalmente ‘una libra de carne’, así que de irse con ella una gota de sangre una vez cortada implicaría un atentado contra Antonio. Bien por ello, pero sólo el público de 1596 puede esperar y aceptar un segundo giro, el de la justicia poética, el del castigo a la usura y al extranjero que ha pretendido dañar a un ciudadano veneciano y, como si realmente Shylock lo hubiera hecho, se le impone una pena que incluye la pérdida de la mitad de su inmensa fortuna. Aplausos (finales del siglo XVI) y unas cuantas carcajadas.

En el libro de Maurizio Lazzarato (2011 en francés, traducido al inglés al año siguiente y al español en 2013) no hay aplausos, menos risas, y los términos, aunque persisten (la deuda impagable, el gobierno que juzga, la relación acreedor-deudor), el resultado de su interacción se invierte. No utiliza el autor italiano la anécdota de Shakespeare, pero al final de su libro uno podría imaginarse que Shylock, exculpado y reivindicado con la libra de carne, abraza al jefe supremo del gobierno de Venecia y Génova. En El mercader, el gobierno protegió al deudor y castigó al acreedor, al que incluso tipifica como extranjero. En el Hombre endeudado, el gobierno no podrá hacer mucho por aquél si es que quiere protegerse a sí mismo, pues los gobiernos están endeudados y, como señala Lazzarato en su siguiente libro (Gobernar con deuda), “la deuda disciplina gobiernos”. Los acreedores imponen reformas y transforman los sistemas democráticos en autoritarios. Así, la intervención de Porcia puede actualizarse de la siguiente manera: ya no motivada por el amor, sino por la ambición, realiza un rescate financiero en su propio beneficio que, entre otras cosas, mantiene vivo a Antonio para que siga pagando la deuda, y para dar un sustento legal a sus actos hace firmar al dux una serie de decretos, tratados, acuerdos y reformas a las leyes para supeditar Venecia a sus requerimientos, al tiempo que se revela no su impostura como leguleyo, sino su origen extranjero, probablemente inglés.

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Lazzarato retoma los Comentarios a James Mill de Marx para fundamentar la relación entre deudor y acreedor. En este texto –que el italiano califica de muy nietzscheano– tal relación no se tipifica como la usual entre capitalistas, sino como una desigual en la que el pobre es juzgado moralmente por el prestamista. En términos actuales correspondería determinar si es o no “sujeto de crédito”. La expresión en sí misma contiene la relación que Marx prefigura –que después Nietzsche plantea y que Foucault conceptualiza en términos de biopolítica–, la que ubica al individuo en una cadena de dominio, de sujeción, cuyo extremo es la esclavitud, y en la que paradójicamente nunca se cuestiona su libertad (la de contraer deudas, por ejemplo). La relación acreedor-deudor “no pone en marcha las hostilidades físicas ni intelectuales como en el trabajo, sino la moral del deudor y su modo de existencia, su ethos”, señala Lazzarato.

Pareciera –según Marx– que en el sistema del crédito la autoenajenación ha desaparecido y que “el hombre tiene de nuevo una relación más humana con el hombre”. Aparentemente –ahora Lazzarato– “el crédito va contra las reglas del mercado y la relación capital-trabajo”, ya que se finca en una desconfianza. Sin embargo, concluye Marx que la relación es todavía “más infame y extrema porque su elemento ya no es una mercancía, el metal o el papel, sino la existencia moral, la existencia social, lo más profundo del corazón de hombre, y porque bajo la apariencia de la confianza del hombre en el hombre reside la más grande desconfianza y completa enajenación”. Y agrega Lazzarato: “con el crédito, Marx nos dice, la enajenación es completa ya que el trabajo ético es constitutivo de la persona y de la comunidad que son explotadas”. Como dice Marx, en el crédito es el hombre mismo que, en sustitución de cualquier “mecanismo”, se establece como “mediador en el intercambio, sin embargo, no como hombre, sino como un modo de existencia del capital y del interés”.

Este hombre convertido en mercancía, que debe transformarse en sujeto –en su doble acepción–, si es que pretende sobrevivir en la sociedad actual, es la creación del capitalismo más voraz y despiadado, a tal grado –enseña Lazzarato– que, aun desempleado o sin ser adulto, el hombre-crédito adquiere deudas con tal de transformarse a toda costa en ese sujeto. “El hombre mismo se convierte en dinero –dice Marx–, la individualidad, la moral del hombre mismo, se han convertido en objeto del comercio y de la materia por la cual el hombre existe”.

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El capital –en el tercer volumen del estudio que Marx le dedicó–, aunque es uno, “abarca tres diferentes formas: industrial, comercial y financiero”. El capital común de la clase es el financiero; el dinero “en los bancos es dinero en potencia, a diferencia del capital industrial, que es dinero” contante y sonante. Sin embargo, “los bancos y banqueros juegan un papel político de la mayor importancia, ya que proveen de “coherencia” y de estrategias a los capitalistas industriales” –declara Lazzarato, ahora apoyado en Lenin–. Pero esa coherencia se sustenta en hacer dinero del dinero, lo “que revela también su irracionalidad”. Esa irracionalidad –continúa el autor del Hombre endeudado– se “materializa en cada periodo ‘liberal’ y conduce casi automáticamente a las crisis más graves, cada vez dejando abierto el camino a las políticas autoritarias, como pasó en la Primera Guerra Mundial y el fascismo”.

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Lazzarato explica y pone al día a Marx: “la organización capitalista se vuelve subjetiva no por la intervención del capitalista industrial (quien ahora cumple una función meramente de director de producción), sino por la del capitalista financiero (un propietario cuyas posibilidades de tomar decisiones se han desterritorializado.“ El poder de la economía no se halla en el comercio, ni siquiera en la producción. Es en las finanzas, y es un poder sobre todo político.

Cuando Donald Trump se disgusta porque en la balanza comercial con México éste vende más de lo que le compra a Estados Unidos, al grado que apunta a situarse en segundo lugar entre los países vendedores con superávit detrás de China, no logra comprender que el quid del poder económico no está en el comercio, sino en las finanzas. Es decir, el rico puede muy bien gastar su dinero en productos que no puede adquirir en su país, tan exóticos como el mango o el aguacate, porque sus enormes fortunas provienen de otro sector, del mundo financiero, donde –hasta el momento, sus habitantes lo creen así– el dinero se reproduce en dinero. Por ello, viviendo en ese mundo, tanto comerciantes como industriales, por más que vendan o por más que produzcan, son esclavos del capital, a tal grado que la relación acreedor-deudor ha sustituido –aunque Marx más bien diría que es diferente y complementaria a– la del capital-trabajo, y convertido en empresario-de-sí-mismo a todo sujeto. Es decir, en un endeudado.

El empresario-de-sí-mismo asume muchas veces su papel tan a la perfección que libera al Estado de su obligación de protegerlo. Como éste también se ahoga en deudas –que incluyen la del empresario-de-sí-mismo– recibe un inesperado alivio: puede cancelar su atención social y que cada quien mate su propias pulgas. O, si sus ciudadanos no están lo suficientemente convencidos (u obligados) de querer ser empresarios-de-sí-mismos, el Estado podrá endeudarse aún más para, en nombre de esos renuentes, apagar sus quejas con paliativos económicos que llamará inversión para el desarrollo; al cabo de los años, se les exigirá su pago a los descendientes que, cuando se contrajo la deuda, no habían siquiera nacido.

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No basta extender el padecimiento del hombre-crédito al Estado para entender la gravedad de la situación de las naciones endeudadas, a menos que, retomando a Marx, digamos con alarma que se han convertido en mercancía, aunque eso implique borrar el rostro, la individualidad de millones de personas. Emmanuel Macron en su libro Revolución (Lince, 2017) lo hace de esta manera todavía humana: “Desde hace más de 30 años, la derecha y la izquierda han reemplazado el débil crecimiento por la deuda pública… hemos cometido el error más grave: romper la continuidad histórica dejándoles a nuestros hijos la carga de una deuda insostenible, por no haber tenido el valor de afrontar la realidad. Todos somos culpables de esa cobardía. Un país no puede vivir eternamente en la inercia y la mentira”.

21.5.18

Sobre el "Así no" del CMN / II

Carlos Fazio

Según Boaventura de Sousa Santos, las nuevas modalidades del colonialismo son más insidiosas porque se disfrazan de otras formas de dominación y se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, la igualdad de todos ante la ley y la no discriminación. El sociólogo portugués sostiene que el colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto.

Lo anterior podría aplicarse al magnate Carlos Slim Helú en la defensa que hizo de sus intereses en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM). Los antecedentes del caso tienen que ver con la reactivación de la polémica en torno a la viabilidad y los riesgos de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y la eventual cancelación de la obra en caso de que el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gane las elecciones a la Presidencia de la República el próximo primero de julio.

El pasado 22 de marzo, AMLO señaló que a 99 días de los comicios el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba firmando numerosos convenios de miles de millones de pesos para obras a futuro en el NAICM y anunció que interpondría amparos para frenar esos arreglos. Dijo: “No aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción bajo ninguna amenaza… no soy títere de nadie”. Y agregó: están “comprometiendo el presupuesto del gobierno federal (por ejemplo para fibra óptica) para amarrarnos las manos… todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa. No voy a aceptar eso”.

Un día después, en Guadalajara, Jalisco, en el foro del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, ante más de 300 constructores de todo el país, propuso la creación de una mesa técnica integrada por representantes del gobierno, el empresariado y su equipo, para revisar la pertinencia del proyecto aeroportuario. Allí repitió: No se trata de pre­servar los negocios de nadie, sino de preservar los intereses de la nación. Dijo que existen alternativas para evitar un derroche de presupuesto público en una obra faraónica, estimada en 250 mil millones de pesos. Ofreció terminar con los moches y las asignaciones directas en los procesos de adjudicación de obra pública, y remató: Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco, y aunque se trate de contratos leoninos, como los de Odebrecht, los acepte.

Presente en el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, respondió que sus agremiados también estaban en contra de la corrupción y aceptó la propuesta para una revisión técnica de la obra y de transparentar las asignaciones del megaproyecto transexenal.

El anuncio puso a temblar a todos los involucrados en la construcción del NAICM. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza –uno de los más desacreditados integrantes del gabinete de Peña Nieto, involucrado en prácticamente todas las obras públicas en las que se han detectado irregularidades, deficiencias o abiertas corruptelas, incluida la del sonado caso del Paso Exprés de Cuernavaca− declaró entonces que la suspensión de la obra sería un descrédito para el país; generaría desconfianza en México, habría una pérdida económica tremenda [y] prácticamente perdería la fe en nosotros [sic] la comunidad financiera internacional, quizá la empresarial.

Ese 23 de marzo, Ricardo Rangel Fernández McGregor, de CI Banco, la institución financiera que actuó como fiduciaria de la operación por la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) obtuvo recursos por 30 mil millones de pesos, aseguró que ese instrumento financiero permitiría a los inversionistas participar de ganancias futuras. Reveló que 80 por ciento de la colocación del papel en bolsa fue tomado por las Afore (administradoras de fondos para el retiro) y que uno de los principales compradores de los títulos fue el Grupo Financiero Inbursa, controlado por Carlos Slim.

Una vez más, el dinero de los pobres beneficiaría los negocios de los ricos. Con el agregado de que la maniobra financiera podría resultar potencialmente nociva para millones de ahorradores, dado que dos semanas antes se había revela­do que en 2015, el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano (Pensionissste) había adquirido más de 400 millones de pesos en acciones de la constructora ICA, de Bernardo Quintana, cuando ésta ya daba señales claras y públicamente conocidas de insolvencia, lo cual derivó en la pérdida de 99 por ciento del dinero invertido, ya que el ahorro de los burócratas se diluyó en la reestructura de la empresa en 2017; huelga decir que los millones de ahorradores de Pensionissste no fueron consultados o siquiera informados, y que la operación, si bien fue legal, se realizó con total opacidad y una discrecionalidad que da pie a sospechar de transacciones marcadas por el dolo y la corrupción.

El 2 de abril, entrevistado por La Jornada, AMLO dijo que el NAICM es un barril sin fondo, es tirar dinero al lago de Texcoco, pues se eligió el peor lugar posible, dado que se trata de un sitio donde hay más hundimientos que en el resto del valle de México. Reiteró que analizaría las vías jurídicas para evitar la continuación de la obra, pidió tranquilidad a los inversionistas, ya que de ganar garantizaría sus bonos y sus contratos, y se opuso a la firma de nuevos contratos que dejarían comprometido el presupuesto a la manera de una camisa de fuerza a su gobierno. No hay racionalidad, es el afán de obtener dinero mediante estos contratos del gobierno, remató.

Tras haber sido vapuleado por sus pares y el gobierno en los medios el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, por haber aceptado la propuesta de AMLO de revisar técnicamente los acuerdos sobre el NAICM, el 16 de abril saltó a escena el hombre más rico del país y empresario consentido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari: Carlos Slim.

19.5.18

Cisen y Banxico conocían vulnerabilidad cibernética

Nancy Flores

Ocurrió uno de los peores escenarios que los órganos de inteligencia civiles y militares previeron –y desde el inicio del gobierno de Enrique Peña– en materia de ciberseguridad: un hackeo al banco central.

Este ciberataque no se reduce a la vulneración del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por simples motivos delincuenciales (el presunto robo de al menos 300 millones de pesos), ni mucho menos se restringe a tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular: cimbra todo el sistema financiero mexicano.

Y es que lo que se ha quebrantado es ni más ni menos que la seguridad cibernética del Banco de México (Banxico), es decir, de la autoridad monetaria del país, que ha gastado millones de pesos en un supuesto blindaje que evidentemente no sirvió de nada?.

Lo que destaca de esta situación es que el gobierno federal sabía perfectamente las falencias de la seguridad cibernética de todo el sistema financiero.

De hecho, México es uno de los países más vulnerables a los ataques cibernéticos, consta en la Agenda Nacional de Riesgos que elaboran, año con año, los órganos de inteligencia del país, y que coordina y resguarda con gran sigilo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Los ciberataques figuran entre las 10 peores amenazas a la seguridad nacional, junto con la delincuencia organizada trasnacional y el terrorismo y armas de destrucción masiva en la Agenda Nacional de Riesgos 2017, la más reciente que existe.

Pero la amenaza ya había sido identificada desde tiempo atrás, por lo que desarrollar sistemas informáticos al interior del gobierno era una de las principales instrucciones del gobierno, que evidentemente no se acató.

La Agenda Nacional de Riesgos 2013, a la que Contralínea tuvo acceso, ya revelaba la alta vulnerabilidad en la que se encontraban no sólo el Banxico y el sistema financiero, sino también infraestructuras críticas e información sensible del gobierno.

Según el documento –altamente confidencial– México carece de capacidad de prevención y presenta casi nula de reacción ante incidentes cibernéticos con potencial para comprometer infraestructuras críticas del país e información sensible de las instituciones y las personas.

En su análisis, los órganos de inteligencia observaban que la vulnerabilidad cibernética se encuentra en un nivel de riesgo alto para la seguridad nacional; por lo que “los instrumentos jurídicos y técnicos para la medición, prevención, reacción y mitigación de impactos ante incidentes cibernéticos son ineficientes”.

Ataque al Banxico, por negligencia

Todas esas falencias quedaron demostradas ya en el ataque al Banxico, institución que “tiene el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo”. Por ello este hackeo a sus sistemas informáticos no sólo es alarmante, sino sobre todo sumamente grave.

Aquí cabe preguntarse si sólo fue el SPEI o cuántas áreas más quedaron a merced de los autores materiales e intelectuales de este crimen cibernético, así como las repercusiones que acarrea para el resto del Banco, que encabeza Alejandro Díaz de León.

Y es que lo que menos ha habido es información certera por parte de la autoridad: cuando empezó a trascender el impacto del hackeo –porque los cuentahabientes no pudieron pagar con sus tarjetas de débito, retirar dinero en cajeros o transferir electrónicamente sus fondos–, se dijo que era un problema de los bancos afectados. Sólo hasta que la crisis tomó una dimensión mucho peor se aceptó que el ataque fue directamente contra el banco central.

Parece que la falta de transparencia en torno al tema busca no sólo minimizar lo que pasó, sino ocultar las responsabilidades: el hackeo inició el 26 de abril –y aún no se sabe cuándo concluirá–, pero las autoridades reaccionaron hasta los primeros días de mayo.

Así que éste no sólo es un tema de opacidad, sino también del pésimo manejo de la crisis en una de las instituciones más importantes en materia económica del país y, por tanto, de negligencia.

Por eso mismo llama la atención que, antes de que se deslindaran las responsabilidades al interior del Banco, se castigara a quienes participaron por acción u omisión y se transparentara la magnitud del ataque, haya renunciado Lorenza Martínez.

La ahora exdirectora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banxico tendría que haber sido llamada de inmediato por el Congreso para que explicara claramente la dimensión del caso. Pero no, en el Banxico se aseguraron de quitarla rápidamente del cargo para evitar la urgente rendición de cuentas.

La gravedad del ciberdelito no se puede ocultar y el propio Díaz de León lo empieza a reconocer, quizá porque en breve podríamos conocer la verdadera magnitud del ataque y sobre todo la situación que priva al interior del Banco.

En todo este embrollo, el menos sorprendido es Díaz de León, quien como subgobernador del Banco, habló de las vulnerabilidades el 23 de octubre de 2017, durante el foro “Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero mexicano”.

En ese encuentro, en el que también participó el candidato priísta José Antonio Meade, entonces secretario de Hacienda, el gobernador del Banxico admitió que las nuevas tecnologías “conllevan riesgos intrínsecos y plantean retos para garantizar la seguridad de los usuarios, las instituciones y el sistema en general.

“Los riesgos cibernéticos son de naturaleza cambiante y su creciente sofisticación, frecuencia y persistencia puede perturbar considerablemente al sistema financiero tanto por su efecto directo en las instituciones, como por el alto grado de interconexión entre ellas.

“Así, los delitos cibernéticos y los ataques a las infraestructuras tecnológicas del sistema financiero no sólo generarían pérdidas de información o patrimoniales para clientes e instituciones, también podrían provocar afectaciones al sistema financiero en su conjunto.”

Por ello, urge que el Banxico aclare exactamente qué pasó, y qué se perdió en este ciberataque. Si ya fue hackeado el SPEI en el banco central, ¿qué sigue?

13.5.18

La élite del poder, colusión de magnates y políticos

 
 

Es la élite de la iniciativa privada que domina los distintos sectores económicos del país y que durante décadas ha salvaguardado sus intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo al chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de información. Se trata del Consejo Mexicano de Negocios, del que Proceso presenta un perfil e identifica a varios de sus miembros. Esta exclusiva cúpula empresarial, beneficiada (en parte) de las privatizaciones que han operado diversos presidentes, tiene su origen en 1962, cuando respondió al interés de frenar el desarrollo de la izquierda en México.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como “cúpula de cúpulas” está regida por algunas reglas básicas que cimentan la confianza entre sus miembros: el ingreso de un nuevo integrante debe ser aceptado por unanimidad, la membresía se hereda, las reuniones y su contenido se llevan a cabo a puerta cerrada.

Y quizás la principal, aunque no haya una postura partidista, todos comparten el mismo objetivo: concretar el proyecto neoliberal en México mediante pactos con el presidente de la República.

Sus refrescos, panes, tortillas, latas, medicamentos, cervezas y licores surten todas las tiendas del país. Controlan los principales espacios de distribución (Soriana, Chedraui, La Comer y Oxxo, entre otros), tienen bancos y aseguradoras, manejan las telecomunicaciones y parte del contenido mediático, detentan las concesiones mineras más redituables, operan las principales empresas de transporte y producen la mayor parte del cemento, del acero y de la pintura.

Aunque sus integrantes se dejan ver cada vez más, aún no hay un registro público de su membresía. Mediante solicitudes de información a la Presidencia de la República y de búsquedas en terceras fuentes, Proceso identificó a por lo menos 52 miembros, entre ellos apenas tres mujeres.


A excepción de Blanca Treviño de Vega, la primera mujer en ingresar al entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –su nombre perdió la palabra “hombres” tras la integración de la regiomontana–, todos heredaron sus grupos o se beneficiaron de las privatizaciones, que el propio organismo –ahora llamado Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– promovió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.


Entre ellos destacan siete mexicanos que Forbes incluyó en su lista de multimillonarios globales de 2018: Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González, Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala Larreguí, Roberto Hernández Ramírez y Juan Beckmann Vidal.

También lo forman nueve integrantes del “Grupo de los Diez” de Nuevo León: Armando Garza Sada, Rogelio Zambrano Lozano, Tomás González Sada, Sergio Gutiérrez Muguerza, José Antonio Fernández Carbajal, Eduardo Garza, Enrique Zambrano Benítez, Adrián Sada González y Eugenio Garza Herrera.

Acostumbrado a la discreción, el CMN suele expresarse mediante un único canal de comunicación: su presidente en turno, puesto ocupado actualmente por Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis.

De manera poco habitual, el jueves 3, el CMN publicó en varios periódicos un desplegado titulado “Así no”, en el que calificó de “injuriosas y calumniosas” las expresiones que empleó Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, cuando se refirió a la élite empresarial como “minoría rapaz”.

Proyecto neoliberal

La creación del CMN como grupo informal, en 1962, respondió a un interés urgente: impedir el desarrollo de la izquierda en México, apenas tres años después del triunfo de la Revolución Cubana, a la que el PRI de Adolfo López Mateos enviaba señales de solidaridad.

Para garantizar sus intereses, el CMN se valió de todo: varios de sus miembros financiaron las campañas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente Fox –aunque otros, como Juan Sánchez Navarro, denunciaron estas prácticas–, recurrieron al chantaje, fomentaron el boicot publicitario contra el periódico Excélsior de Julio Scherer, aplaudieron la represión de 1968 y orquestaron campañas sucias contra los candidatos de izquierda, ya fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador.

El CMN impulsó la privatización de las empresas paraestatales y la disminución del gasto público, logró reducir los derechos laborales y contener los salarios y obtuvo la apertura de la economía a la inversión extranjera, como lo mostró la politóloga Marcela Briz Garizurieta en su tesis de doctorado El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, presentada en mayo de 2006.

En los tiempos más decisivos para la élite del sector privado, el CMN colocó a uno de sus integrantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –un órgano en el que el CMN tiene voz y voto, y del que Juan Sánchez Navarro, miembro del club, fue el primer presidente– y de la Asociación Mexicana de Banqueros, a las que utilizó para presionar al gobierno.

En 1986, por ejemplo, el empresario priista Claudio X. González, presidente del consejo de administración de Kimberly-Clark, utilizó su doble condición, como miembro del CMN y presidente del CCE, para presentar al entonces presidente Miguel de la Madrid una “propuesta” de política económica en diez puntos para contener la inflación.

Fue precisamente durante el sexenio de De la Madrid que el CMN tomó fuerza –que culminó en el sexenio de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari–: a raíz de la expropiación bancaria de 1982 “el (CMN) figuró como intermediario clave para recomponer las relaciones entre la administración de Miguel de la Madrid y el sector privado”, sostuvo la académica.

El entonces presidente necesitaba contener la inflación, pero no quería negociar con el CCE, demasiado afín al PAN. Al frente de sus grupos, los miembros del CMN tenían el control sobre los precios de los productos y una mayor disposición a negociar, como refirió el exmandatario en sus memorias.

Empresarios y gobierno acordaron en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, en el que la élite del sector privado consiguió, a cambio de controlar sus precios, que el gobierno federal iniciara la privatización de las empresas paraestatales y abriera las puertas a los capitales extranjeros.

El CMN tenía entonces por interlocutor a Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y Presupuesto, afecto al proyecto neoliberal. Ya instalado en Los Pinos –con la ayuda financiera de varios integrantes del Consejo–, Salinas reprivatizó la banca y aceleró la venta de paraestatales.

Cada año desde 1996, el presidente en turno del CMN protagoniza un ritual público: tras realizar un breve análisis de la situación económica del país, anuncia el monto –en dólares– de las inversiones que los integrantes del exclusivo club realizarán el año siguiente. El presidente, en respuesta, agradece a los empresarios sus esfuerzos y presume el monto de la inversión como un logro de su administración. En diciembre pasado, por ejemplo, Enrique Peña Nieto dio las gracias a la cúpula por invertir “más de 150 mil millones de dólares” durante su sexenio.

Las reuniones que el CMN celebraba cada año con el titular del Ejecutivo solían llevarse a cabo a puerta cerrada, hasta que en enero de 2016 Peña decidió abrir en parte a la prensa una reunión en el exclusivo Club de Empresarios Bosques. Ello generó molestia en la cúpula empresarial y desde esa fecha las reuniones están marcadas por un protocolo rígido.

En cada esquina

La herencia de los negocios familiares, así como la adquisición de bancos y empresas durante el periodo de privatización, instalaron a los integrantes actuales del CMN al frente de grupos que dominan los distintos sectores económicos del país.

Slim es dueño de las telecomunicaciones, Azcárraga controla la televisión abierta, Bailleres y Larrea la minería –el segundo, con Grupo México, controla además el transporte ferroviario–, Ramírez Magaña posee la mayoría de las salas de cine y Zambrano produce más de la mitad del cemento que se utiliza en el sector de la construcción del país.

José Antonio Fernández Carbajal y Juan Gallardo, presidentes de los consejos de administración de FEMSA y de la organización Cultiba, respectivamente, dominan el mercado mexicano de refrescos.

Eduardo Tricio Haro –presidente de Grupo Lala y Aeroméxico–, junto con Aramburuzabala y Valentín Díez Morodo, lideran los mercados de la leche y de la cerveza, mientras que el sector alimenticio del CMN también cuenta con los gigantes Bimbo y Herdez –dirigidos por las familias Servitje y Hernández-Pons Torres, respectivamente–, así como con Bachoco, el principal productor de pollo del país.

En el comercio minorista están Ricardo Martín Bringas, Antonio Chedraui Obeso o Carlos González Zabalegui, presidentes de los consejos de administración de Grupo Soriana, Chedraui y La Comer, respectivamente. Esos consorcios operan las cadenas de tiendas de autoservicio Soriana, Chedraui, La Comer, City Market y Mega, entre otras.

Por parte del sector bancario destacan Roberto Hernández Ramírez, el presidente de Grupo Financiero Banamex, quien se enriqueció vertiginosamente cuando se privatizó de la banca, así como Antonio del Valle Ruiz, quien vendió su grupo Bital a HSBC en 2002 y dirige actualmente la química Mexichem.

Si bien el Grupo Financiero BBVA Bancomer no está presidido por un integrante del CMN, en su consejo de administración se mezclan los intereses de algunos grupos del exclusivo club de empresarios: en él se encuentran Bailleres y Ramírez Magaña, así como Carlos Vicente Salazar Lomelín, quien hasta diciembre de 2017 fue director general de FEMSA.

Aunque la mayor parte de los grupos no tienen negocios al amparo directo del poder, algunos de ellos destacaron entre los grandes beneficiarios de contratos gubernamentales durante la administración de Peña Nieto.

Grupo Carso, de Carlos Slim, obtuvo contratos por más de 123 mil millones de pesos durante el sexenio; encabezó el consorcio que obtuvo el principal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para la construcción del edificio de la terminal, por 84 mil millones de pesos.

Y no es el único: Aramburuzabala (Sixsigma Networks), Azcárraga (Televisa), Bailleres (Grupo Nacional Provincial), Agustín Franco Macías (Grupo Infra), Bernardo Quintana Isaac (ICA) y Luis Orvañanos Lascuráin (Corporación GEO), entre otros, también obtuvieron jugosos contratos durante la administración de Peña Nieto (Proceso 2160).

El operador

Con el paso de las décadas creció la membresía del CMN: de seis fundadores llegó a 37 empresarios en 1989 y ahora lo integran por lo menos 52 personas. Veinte de los miembros –o sus herederos– de 1989 permanecen en el grupo y 32 se incorporaron después, lo que diluyó la cohesión y diversificó sus posturas, observó Briz en su tesis doctoral.

En el Consejo de Administración de Banamex, por ejemplo, ocho de los 15 consejeros pertenecen al CMN; en Grupo México se encuentran seis de sus miembros; en el de Grupo Televisa son cinco y el mismo número se encuentra en el grupo regiomontano Alfa.

El financiero Valentín Díez Morodo, presidente el Consejo de Administración de Grupo Modelo –comprado en 2015 por el gigante transnacional de origen holandés AB Inbev– es socio consejero de Kimberly- Clark, Banamex, Grupo KUO, Grupo DINE, Mexichem, todas presididas por miembros del CMN.

Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México y miembro de mayor antigüedad en el CMN, junto con Antonio del Valle Ruiz y Alberto Bailleres, se encuentra en los consejos de administración de los grupos de Slim –Carso, Inbursa y Sanborns–, de Armando Garza Sada –Grupo Alfa—y de Germán Larrea –Grupo México.

Desde su ingreso al club, en 1978, su estrategia no cambió: presente en los consejos de administración de los principales grupos, en las organizaciones empresariales –presidió el CMN y el CCE en tres ocasiones– y en las más altas esferas de la política, asumió el papel más protagónico en la defensa de los intereses de la élite.

En noviembre de 1997 el empresario regiomontano Juan Sánchez Navarro dijo a este semanario: “Claudio era del gobierno, asesor (de Salinas en materia de inversión extranjera). Su situación era equívoca. Es excelente empresario, pero como tal no podía pertenecer al Estado. Era casi una simbiosis que no es aceptable”.

En abril de 2002, al terminar su presidencia al frente del CCE, Claudio X. González denunció los “retrocesos en materia fiscal” de Vicente Fox y sostuvo que “siguen pendientes cambios que permitan la inversión privada en generación de electricidad y gas e, incluso, en la petroquímica”.

Con la doble batuta CMN-CCE, el empresario chantajeó al entonces presidente Fox, al advertirle que el sector empresarial no firmaría el acuerdo político sin el compromiso del gobierno federal de reformar el marco jurídico para abrir parte del sector energético a la inversión privada, a ablandar la ley laboral para eliminar las “excesivas prestaciones” o desregular la educación privada.

Se convirtió en una de las voces más críticas contra López Obrador en las últimas dos décadas: en 2005 resultó el más firme promotor del desafuero al candidato y en octubre pasado apoyó abiertamente a José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial de la coalición encabezada por el PRI.