Darren García
El maíz transgénico amenaza la biodiversidad mexicana por su
potencial de contaminar las variedades nativas con genes que no les
corresponden por naturaleza. Además, afecta la cultura y las tradiciones
alrededor de este cultivo. Consultadas por Contralínea, científicas y
activistas coinciden en que no es necesario que el país corra el riesgo,
por lo que se pronuncian a favor de prohibir los organismos
genéticamente modificados
Las 64 razas de maíz que se cultivan en México, de las cuales 59 son
nativas, se verían amenazadas de permitirse la siembra de maíz
transgénico. La batalla, en tribunales desde hace más de una década, se
libra entre campesinos, sociedad y académicos contra una voraz industria
que busca el control alimentario mexicano.
Una vez que el maíz transgénico se libera al ambiente, se va a cruzar
con otros tipos a través del polen, lo que “podría afectar a nuestras
variedades nativas de maíz”, y provocaría “que se fueran perdiendo
algunas que tuvieran estos genes que no le corresponden”, advierte
Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda, investigadora de Biotecnología y
economía agrícola por la UAM Azcapotzalco.
Éste potencial riesgo fue uno de los motivos por los que una de las
iniciativas que, el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel
López Obrador envió al Congreso para reformar el artículo 4 de la
Constitución, en la cual se define al maíz como un “alimento básico y
elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, [que] debe
ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. [Por
tanto, México] se declara libre de cultivos de maíz genéticamente
modificado. [Y] debe priorizarse su manejo ecológico”.
Capital del maíz en riesgo
“El maíz es de polinización abierta”, explica a Contralínea la también
doctora en economía por la UNAM, Michelle Chauvet. “Esto quiere decir
que una mazorca de maíz se cruza con otra por el viento. En realidad, es
un intercambio de polen entre las plantas”, a lo que se conoce como
flujo génico; de tal manera que un maíz puede contaminarse con genes que
no le corresponden por naturaleza y perder su carácter nativo, con
afectación directa a la biodiversidad mexicana de cultivos.
Una de las perspectivas en pro de este tipo de maíz es que “promete ser
una tecnología que puede resolver fuertes problemas en la producción de
este cultivo, que se exprese en incrementos de productividad y
resistencia a plagas”. Sin embargo, añade una publicación de la Revista
argumentos –de la UAM Xochimilco–, esto presenta un gran desafío
para países “que poseen una gran riqueza biológica y una larga tradición
cultural en el cultivo del grano, como es el caso de México”.
Diversas investigaciones a nivel internacional coinciden en que el maíz
(Zea mays) surgió en México hace 8 mil o 10 mil años. “Este cultivo se
originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a cabo los
antiguos habitantes de Mesoamérica a partir de los ‘teocintles’”,
pariente del maíz, cuenta la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad en su página web. “México es el centro de origen
del maíz. Aquí se concentra, muy probablemente, la mayor diversidad de
maíz del mundo”.
El grano de maíz “es el principal grano cultivado en México” y “se
cultiva en todas las entidades del país”, enuncia la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el Panorama agroalimentario
2023. En cuatro de las cinco regiones mexicanas es el cultivo dominante.
Sólo el sur-sureste tiene otro: la caña.
La centro-occidente fue la región que más maíz produjo en 2022, con 8.46
millones de toneladas (Mt). Por su parte, Sinaloa contribuyó con el
20.8 por ciento del valor total nacional de maíz, con 5.2 millones de
toneladas, seguido de Jalisco (3.9 Mt) y Michoacán (2.09 Mt).
Tan sólo en 2020, la población mexicana consumió 19 millones 35 mil
toneladas de maíz. Para el “ciclo de mercado 2022/2023”, aumentó en más
de 200 mil toneladas, según la “Balanza disponibilidad-consumo” del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de noviembre
de 2023. Además, México tiene un consumo anual per cápita de 196.4
kilogramos, sintetiza la Revista mexicana de ciencias agrícolas, en un
artículo de marzo de 2023.
Derechos en contra de los agricultores
Otro tipo de tecnologías en la agricultura se dieron a través de
químicos sintéticos –como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y
maquinaria– a partir de la llamada revolución verde, surgida en la
década de 1940, cuando se pensaba que la crisis alimentaria era por “la
escasa producción de alimentos” y, para solucionarlo, se llevó a cabo
“el aumento de la productividad mediante el desarrollo tecnológico en la
industria agrícola, narra un artículo de la revista Veredas de la UNAM.
Luego de los químicos, llegaron los organismos genéticamente modificados
(OGM) –o transgénicos–, resistentes a plagas y herbicidas. A esto se le
conoce ‘tecnologías como forma de poder’. “En gran parte tiene que ver
con un desarrollo de las tecnologías de punta y más específicamente
hablando de la biotecnología moderna, […] desde la primera liberación de
un organismo genéticamente modificado en la década” de 1990, dice
Arcelia González Merino, doctora en ciencias políticas y sociales por la
UNAM.
A pesar de que González Merino no niega que la innovación pueda ayudar,
acusa que la agroindustria va “en detrimento de posibles beneficios no
solo de pequeños productores, campesinos, sino toda la sociedad en
general”, pues se priorizan las ganancias. De igual manera, la
innovación “generalmente va asociada a la figura de la patente o
derechos de obtentor”, dice a Contralínea la doctora González Merino.
La persona obtentora es aquella “física o moral que mediante un proceso
de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de
cualquier género y especie”, define así la Ley Federal de Variedades
Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25
de octubre de 1996, en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo.
Esta ley surgió en el marco de la Unión Internacional para la Protección
de Obtenciones Vegetales (UPOV, por su sigla en inglés), organización
intergubernamental creada en 1961 con el fin de “proporcionar y fomentar
un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con
miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la
sociedad”, pronuncian en su página web. Actualmente hay 79 miembros, de
los cuales México es uno de ellos desde agosto de 1997.
La persona obtentora tiene el derecho de “aprovechar y explotar […] una
variedad y su material de propagación, para su producción, reproducción,
distribución o venta, así como para la producción de otras variedades
vegetales e híbridos con fines comerciales” por sí mismo o de terceros,
con una duración de 15 a 18 años según la especie, siempre y cuando sea
nueva, distinta en sus caracteres, estable después de reproducirse y
homogénea, contempla el documento mexicano. Además, no se requiere el
permiso del obtentor para uso de otras personas en investigación,
autoconsumo o beneficio propio.
De UPOV hay dos figuras, la de 1978 y 1991. México se encuentra en la
primera, aunque “hay ahorita presión para que se adscriba a un sistema
de protección más riguroso [el segundo] y que, pues hay problemas justo
para los campesinos”, menciona la doctora Arcelia González. En esta
nueva extiende el plazo de los derechos de obtentor de 20 a 25 años.
“Evidentemente en 20 años ellos ya tienen otra innovación, entonces
nunca los alcanzamos”, critica la investigadora.
A partir de esto, se atenta contra la tradición campesina de
intercambiar semillas con otras personas o guardarlas para posteriores
siembras, agravado aún más porque se corre el riesgo de que sus propios
maíces se contaminen con transgénicos y llegue un momento en que
utilicen alguna variedad que, por ley, no les pertenece. “Si tenemos
presencia de esos transgenes, eso permite que reclamen su propiedad
intelectual esas grandes empresas” y cobrar regalías a las y los
agricultores, señala la doctora.
En su artículo 48, fracción VII, la ley mexicana indica que se multará
con “2 mil a 10 mil días de salario mínimo” por “aprovechar o explotar
una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su
producción, distribución o venta sin la autorización del titular”.
A partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo se ubicó en
374.89 pesos diarios en la “Zona Libre de la Frontera Norte” y 248.93
pesos para el resto del país. Esto significa que las infracciones
podrían ser desde 497 mil 860 pesos hasta 2 millones 489 mil 300 pesos
en el resto del país y de 749 mil 780 pesos hasta 3 millones 748 mil 900
pesos en el norte.
“El que tú tengas en tu campo o en tu cosecha una variedad transgénica
que no plantaste, no te exime de tener que pagar regalías al propietario
de la innovación”, explica González Merino en referencia a la llamada
“carga de la prueba”. México, “al ser parte de UPOV, hemos adquirido
esas disposiciones también como válidas”.
La también investigadora agrega que este sistema se encuentra “en manos
de empresas trasnacionales [como Bayer-Monsanto, Dupont o Syngenta] por
un lado y, por otro, también algunos gobiernos de países más
industrializados, como Estados Unidos, que han intentado promover,
utilizar y apoyar el crecimiento y el desarrollo de la industria”. En
México, agrega, “el 80 por ciento de la producción de semillas híbridas
está en manos” de estas empresas.
Además, cambió radicalmente quién vende las semillas: ahora lo hacen las
empresas. “Históricamente no era así […], ahora este poder tiene que
ver con la concentración y que tienen muchas estrategias de control:
venden la semilla más el fertilizante más el herbicida. Te venden el
paquete completo; entones, esa forma de concentrar todo lo que implica
la producción y venta de semillas, hace que ellos tengan todo el poder”,
y que atenten contra la seguridad alimentaria, enfatiza la doctora
Arcelia González.
Lo anterior se ve reflejado en que México cada vez importa más maíz
amarillo (transgénico, usado para alimento de animales y otras
industrias) de Estados Unidos, “porque hemos dejado en manos de la
iniciativa privada la producción de semillas tan importantes”, agrega la
investigadora.
De acuerdo con el SIAP, en 2023 México importó 5 mil 872 millones 512
mil dólares de maíz, superior por más de 100 millones de dólares en
comparación con el 2022. En cambio, exportó 107 millones de dólares.
El Panorama agroalimentario 2023 de Sader menciona que Estados Unidos
generó en 2022 más de 14 veces en maíz que lo generado en el país, y es
el principal productor a nivel mundial. México es el séptimo, con 26
millones 553 mil 239 toneladas. Además, importó más de 17 millones de
toneladas. Esto a pesar de que en territorio mexicano se consume 10
veces más maíz que en Estados Unidos.
Revolución sin justicia
En México inició la revolución verde, añade la revista Veredas, “con la
fundación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo”.
Comenzó a la par una serie de modificaciones legales para adaptar la
agricultura mexicana a los intereses de la revolución verde, por lo que
el Estado disminuyó cada vez más en sus funciones reguladoras y pasó
simplemente a ser un espectador.
En 1996 se creó la Ley Federal de Variedades Vegetales para regular el
derecho de obtentor de semillas mejoradas y que no fueran a ser usadas
de otra forma que la ley no permitiera, contempla la Revista
Agricultura, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM).
No fue hasta 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, que se modifica la
ley de 1996, por la cual “se creó un marco de protección a los derechos
de obtentor y se sembraron plantas transgénicas”. Dos años antes, en
2005, con Vicente Fox al mando del Ejecutivo, se creó la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como “Ley
Monsanto”, que, en el papel, buscaba “regular específicamente a las
tecnologías transgénicas”.
En entrevista con Contralínea, la activista Montserrat Téllez explica
que “esos gobiernos vendieron nuestra agricultura básicamente”. La
integrante de la organización Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz
No Hay País, detalla que desde la década de 1980 sucedió “un giro de la
política agrícola hacia una perspectiva neoliberal […] y se dejó
vulnerable al sector campesino, que es el que produce la gran mayoría de
nuestros alimentos”.
Contrario a lo anterior, “con este gobierno logró llegar gente,
posicionarse en distintos espacios dentro, gente que siempre ha estado
en la lucha hace muchos años, y esa gente ha sido muy congruente en su
labor. Hemos tenido un conjunto de modificaciones al marco normativo que
han generado condiciones distintas de lucha”, afirma la integrante de
Semillas de Vida; aunque “no podemos ignorar que hay contradicciones”.
Punto de quiebre
El debate sobre el maíz transgénico explota cuando, en 2001, “se detectó
la presencia […] en plantaciones de maíz nativo en la Sierra de Oaxaca”
por los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, publicado en un
artículo de la revista Nature, explica el libro El maíz en peligro ante
los transgénicos, publicado en 2013, coordinado por la doctora Elena
Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Humanidades,
Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Esto derivó en un informe elaborado por la Comisión para la Cooperación
Ambiental, creada por los países del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). “No cabe duda que los transgenes están ya
presentes en el maíz mexicano y se propagarán”, confirmó el texto de
2004, el cual agregó que la fuente principal de tal presencia “es el
grano cultivado en Estados Unidos”, mismo que se importaba a México sin
separación, por tanto, se mezclaba con los nativos.
La importación de maíz transgénico, advierte Montserrat Téllez, es una
manera de posible contaminación, pues “el maíz entra en grano, y el
grano es también semilla. El grano entra vivo a nuestro país. Eso se
suma a que no hay trazabilidad, no hay un seguimiento de qué sucede con
ese grano nuevo que entra. Se asume que como aquí somos autosuficientes
va hacia la industria pecuaria [o] los ultraprocesados, pero se ha
demostrado que sí está en nuestros alimentos”.
Si bien concluyeron que “no existe evidencia empírica alguna que el
proceso de producir cultivos genéticamente modificados sea dañino o
benéfico en sí para la salud animal o humana”, reconocen que estos “no
parecen atender” las necesidades “más urgentes” de los campesinos.
Asimismo, indicaron que “la evaluación del riesgo del maíz transgénico
en México está inextricablemente ligada al papel central del maíz en la
historia y cultura mexicana”, tanto en creencias como valores
“culturales, simbólicos y espirituales” que no se presentan en Canadá ni
en Estados Unidos.
Se debe considerar “socialmente aceptable” la protección “al campesinado
y sus variedades tradicionales de maíz […], resulta claro que la
reducción máxima de los riesgos de la introgresión de transgenes en las
razas locales de maíz mexicano se lograría mediante la prohibición total
de la importación de organismos vivos modificados en la forma de maíz
transgénico”, a pesar de sus costos “inaceptablemente elevados”, sugiere
el informe.
La presencia se mantiene
En 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
publicó un informe acerca de una revisión de los maíces transgénicos en
México. De cinco estados de la República (Veracruz, Oaxaca, Ciudad de
México, Michoacán y Chiapas), regiones “que cuentan con la mayor
diversidad de maíces”, obtuvieron 1 mil 580 muestras de ADN para
revisión.
De éstas, 1 mil 455 (es decir, el 92.1 por ciento) dieron negativo a
“presencia de transgenes”; el restante 7.9 por ciento (125 muestras) dio
positivo “para tres eventos: MON810, NK603 y TC1507”, describió la
investigación. Del total de las positivas, 58 provenían de Chiapas, 13
en Veracruz, 11 en Oaxaca, siete en Michoacán y seis de la Ciudad de
México.
“A nivel mundial existen 229 eventos transgénicos de maíz aprobados para
consumo humano y animal, de los cuales el 51.52 por ciento (118
eventos) contienen al menos alguno de los eventos transgénicos
analizados en este trabajo”, los cuales también son los más comunes a
ser encontrados en alimentos procesados, explicó el texto del INECC.
México no necesita maíz transgénico
En el país se han autorizado dos tipos de transgénicos de maíz. El
primero “tiene el gen de la bacteria Bt (Bacillus thuringiensis) que
hace que la planta produzca la toxina Bt, que funciona como
insecticida”, contra plagas, explica Greenpeace México en un documento
junto a la Universidad Autónoma de Chapingo (UAC). El segundo funciona
para resistir a herbicidas, como el MON87429.
Las y los campesinos “siembran en el periodo otoño-invierno. No hay
tantas hierbas porque no hay las condiciones, entonces el maíz
resistente a herbicidas no nos viene a funcionar, y el resistente a
plagas tampoco porque, por el invierno, pues tampoco hay plagas”; es por
eso que México no necesita de maíz transgénico, aclara la doctora
Michelle Chauvet.
“Este maíz que es resistente a este insecto pues no es funcional, porque
realmente en México no tenemos ese problema tan grave de esa plaga como
en Estados Unidos, donde sí es una plaga muy importante”, concuerda
Beatriz Rendón Aguilar, doctora en Ecología por la UNAM.
Por otra parte, “si en el norte se autoriza la siembra de eventos
transgénicos para forraje [alimento de animales], pues obviamente no les
va a servir la línea transgénica que tiene que ver con gusano, porque
se supone que nunca va a llegar a la reproducción de maíz”, añade la
doctora en entrevista para Contralínea.
En cambio, “las variedades nativas sobresalen por su resistencia a
entornos adversos y otras características como sus colores, texturas y
contenido de nutrientes, por ello es importante fomentar su producción y
la adopción en su cultivo de prácticas agronómicas sustentables que
contribuyan a obtener mejores rendimientos”, sugiere la Sader.
Tensa calma en tribunales
Ante la presión de “corporaciones productoras de semillas transgénicas”,
en 1995, científicos del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola
(CNBA) “encargados de aprobar los permisos de siembra, propusieron una
moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz
transgénico”, explicaba la revista Metodhos, de la Comisión de Derechos
Humanos del entonces Distrito Federal.
Esta moratoria la retomó la hoy extinta Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a finales de
1998 y se extendió hasta el 6 de marzo de 2009, cuando se reforma la
Ley de Bioseguridad y se permite entonces “la entrada de maíz
transgénico a suelo mexicano”. Enseguida se dieron 24 permisos en 24
localidades de estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas
“para experimentar con maíz transgénico”, continúa el texto.
El 8 de marzo de 2011, Sagarpa “otorgó a Monsanto el primer permiso para
la siembra piloto de maíz amarillo transgénico (MON603) en una
superficie menor a una hectárea” entre Tamaulipas y Nuevo León, advierte
la revista. Para 2012 ya eran 248 permisos, de los cuales se aprobaron
195, añade el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de
la UNAM.
Tal escalada en favor de los intereses del capital urgió a la sociedad
organizada a realizar una demanda colectiva. Cincuenta y tres personas
–desde campesinos hasta investigadores– demandaron el 5 de julio de
2013 a Sagarpa, Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales), “así como [a] empresas transnacionales que buscaban
instalarse junto a sus transgénicos en México”.
La demanda buscaba, de acuerdo con la colectiva Semillas de Vida en su
página web, la declaración de que “se han liberado al ambiente de forma
voluntaria o involuntaria organismos genéticamente modificados de maíz
en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas”.
De igual manera, que esos OGM afectan “al derecho humano de
conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa
de la diversidad biológica de los maíces nativos ya que sobrepasa los
límites permitidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM)”; y que “con mayor razón se afectará
la agrobiodiversidad si se liberan a gran escala maíces transgénicos”,
puntualiza el texto.
Por tanto, se pretendía que “con base en las propias leyes se nieguen
los permisos de liberación o siembra de maíz transgénico en todo el
país”, explica la colectiva. Esto a través del juzgado federal doceavo
de Distrito en materia Civil del Distrito Federal.
El Consejo de la Judicatura, en el documento DGCS/NI: 41/2013, fechado
el 14 de octubre de 2013, confirmó que el 17 de septiembre de ese año,
se ordenó a las secretarías “abstenerse de realizar actividades
tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de Organismos
Genéticamente Modificados del maíz”, así como liberación comercial,
piloto y experimental “sin que esta medida implique revocar los ya
dictaminados o concedidos”.
“Esta decisión es en tanto el juicio no acabe”, explica Montserrat
Téllez. Entonces [la lógica fue]: como la materia del juicio puede verse
afectada si no ponemos este freno, cuando terminemos el juicio ya va a
estar contaminado todo el maíz si permitimos que siembre”.
El 13 de octubre de 2021 se negaron cuatro amparos promovidos por
Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y PHI México en la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad. El amparo en
revisión era el 1023/2019.
El 4 de enero de este año, la Suprema Corte votó en contra de “la
resolución de un juicio de amparo a favor de la empresa Bayer-Monsanto
contra el decreto presidencial para la sustitución progresiva del uso de
glifosato y prohibición de maíz transgénico, presentado por el
magistrado Ricardo Gallardo Vara”, lo cual celebró la colectiva.
Sin embargo, la integrante de Semillas de vida alerta que también “el
año pasado se dio una primera decisión del juez en la que pues no se nos
da la razón a la colectividad demandante”. Y, si bien fueron a otra
instancia, tampoco les favoreció la decisión. “Ahora vamos a ver cómo
nos va. Se está dando la lucha en otra instancia” junto a un grupo de
abogadas y abogados que apoyan.
“Debemos seguir […] apoyando esta demanda de los pequeños productores y
de los campesinos para que el maíz se declare casi como un cultivo de
seguridad nacional y la base de la alimentación, que lo es, y por lo
mismo cuidarlo”, indica la doctora Arcelia González Merino.
La lucha trasciende fronteras
El 31 de diciembre de 2020, el presidente publicó un decreto en el DOF
con el fin de establecer los lineamientos de las dependencias para
sustituir gradualmente el uso de glifosato y la siembra de maíz
transgénico en México, así como su consumo en personas con fecha límite
al 31 de enero de 2024.
Para el 13 de febrero de 2023, se remplazó con otro decreto que agrega
la prohibición de la importación de ambas tecnologías, sólo que en el
caso de maíz transgénico se permite el destinado para alimentación
animal y uso industrial, con la promesa de que desaparezca gradualmente;
esta vez se fijó el plazo límite al 31 de marzo de 2024. No cumplieron
con las fechas establecidas.
A nivel nacional ocasionó una serie de amparos. “Buscaban que el decreto
fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos”. Uno fue por
parte de Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial,
filiales de la transnacional Bayer, explica Conahcyt en su comunicado
544, de junio pasado.
El instituto aportó evidencia científica en favor de la postura del
gobierno mexicano. Luego de disputas legales, Monsanto Company desistió
de la demanda, lo que significó un triunfo “a favor de la vida, la
salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía
alimentaria”, celebró Conahcyt.
A nivel internacional, el decreto llevó Estados Unidos a comenzar una
controversia en un panel del T-MEC, principalmente por el tema de la
prohibición de maíz transgénico en tortillas y masa, bajo el argumento
de que las acciones de México “carecen de evidencia científica” y no
están acorde los lineamientos del Tratado, así como afectan a los
agricultores estadounidenses. Tal controversia comenzó otra etapa a
finales de junio pasado.
“Para nosotras, esta controversia es una expresión más de que las
grandes corporaciones van por todo. No van a dar ni un paso atrás en su
afán imperialista de controlar por completo el mercado de maíz en
nuestro país a través de los genéticamente modificados”, exhibe
Montserrat Téllez.
23.7.24
México no necesita maíz transgénico: es un peligro para las variedades nativas
5.7.24
Los primeros tropiezos en la guerra de la tortilla con México
Ernesto Hernández López*
La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. EU
afirma que el gobierno mexicano viola obligaciones comerciales
Estados Unidos ignora las cifras comerciales y tergiversa la política mexicana sobre el maíz.
La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. Por
un ingrediente fundamental de los tacos, Estados Unidos inició una
disputa comercial con México.
En 2023, mediante un decreto, el gobierno mexicano prohibió el maíz
modificado genéticamente (OMG) para consumo humano. Estados Unidos
afirma que esto viola las obligaciones comerciales. Preocupado por sus
exportaciones de maíz transgénico, formó un panel comercial en el marco
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-mec). La semana pasada se
celebraron audiencias durante dos días.
Incluso antes de esto, la controversia estaba sobrecargada; era un lío
chapucero. Hasta la fecha, los documentos jurídicos presentados por
Estados Unidos y México contienen 586 páginas, 758 pruebas documentales y
casi 2 mil notas a pie de página.
Asimismo, los argumentos abarcan más de 20 disposiciones del T-mec y
varios anexos. Canadá y las organizaciones no gubernamentales han
aportado documentos adicionales. Es difícil de seguir, ya seas un
experto en comercio, un científico o simplemente te preocupe la
seguridad alimentaria.
La postura estadunidense tiene dos puntos débiles: errores económicos y
tergiversaciones sobre el decreto. Se trata de fallas básicas, propias
de una clase de introducción al Comercio Internacional, sobre lesiones y
política. Las torpezas sobresalen de la jerga jurídica y científica de
los expedientes. Estados Unidos debería abandonar el caso.
Un buen lugar para empezar a entender la lucha es el propio decreto. El
artículo sexto prohíbe el maíz transgénico para consumo humano, definido
precisamente como ingrediente para tortillas o masa. Detiene las
aprobaciones de maíz transgénico para estos dos productos; eso es todo.
El decreto es explícito al no tocar los OGM para alimentación animal o
uso industrial; mercados a los cuales los productores estadunidenses
exportan principalmente.
Las motivaciones del decreto incluyen la protección de la salud humana,
la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La prohibición responde a
los riesgos del glifosato, un herbicida necesario para cultivar maíz
transgénico. El mismo es considerado como una causa probable de cáncer
por las agencias sanitarias internacionales y los tribunales
estadunidenses.
Además, México es el centro de origen y diversidad del maíz, una
designación científica que indica una vulnerabilidad genética extrema.
En 2021, el Tribunal Supremo de México dictaminó que los OMG amenazan
con dañar esta biodiversidad. Más inmediato, el maíz proporciona la
mitad de la ingesta diaria de proteínas de los ciudadanos.
Con el artículo sexto, el gobierno reduce estas amenazas al prohibir los
OMG en las tortillas y la masa que comen millones de personas cada día.
Por estos riesgos científicamente establecidos, adaptó el decreto para
que sólo afectara a dos alimentos básicos.
De igual manera, Estados Unidos ignora las cifras económicas recientes.
Las importaciones mexicanas de maíz han aumentado desde el decreto. La
semana anterior a las audiencias, el Departamento de Agricultura
estadunidense informó sobre un “récord” de exportaciones para 2023 y
2024. Asimismo, prevé tendencias similares para el próximo año. Esto
confirma los informes anteriores que citaban aumentos del 20 por ciento.
En pocas palabras, el decreto no tiene ninguna repercusión real en el
comercio de maíz. ¿Por qué? Porque, en su inmensa mayoría, los
agricultores estadunidenses exportan maíz para la alimentación animal y
no para el consumo humano. Seamos claros, Estados Unidos lucha a medida
que aumentan las exportaciones; no tiene sentido.
Además, tergiversa el decreto. Argumenta que México impone una
“prohibición de la tortilla de maíz”, lo cual es falso. Sólo suspende
las autorizaciones para el consumo humano; el maíz transgénico puede
seguir importándose.
México describe esto como una “limitación de uso final”, ya que regula
cómo se utiliza el maíz transgénico, lo cual se aplicaría a cualquier
lugar, incluidas las granjas nacionales.
Además, Estados Unidos exagera lo que hace el decreto. Asimismo, discute
sobre cuestiones que no vienen al caso. Lo que denomina “instrucciones
de sustitución” para obligar a sustituir el maíz OGM en la alimentación
animal. La queja es que las instrucciones no son claras.
Problema: el decreto no obliga a la sustitución. Lo que hace es
describir las acciones futuras y los requisitos previos necesarios, con
el objetivo de sustituir los piensos modificados genéticamente.
El artículo séptimo dice que la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) seguirá aprobando el maíz
transgénico en la alimentación animal, siempre y cuando no sea para
tortillas. Aclara que las dependencias federales llevarán a cabo
cualquier posible sustitución. Implícitamente, los gobiernos estatales
no tienen ningún papel.
El artículo octavo explica los elementos necesarios antes de cualquier
sustitución. También, designa los parámetros para sustituir el maíz OGM
para animales. Las condiciones previas incluyen determinar la seguridad
alimentaria nacional y cualquier impacto en la salud humana. En dos
presentaciones, México explica que los prerrequisitos no se han dado.
Por lo tanto, no ha fijado ninguna fecha para la sustitución, y mucho
menos ninguna orientación.
El decreto no exige en ninguna parte alternativas a los OMG; no afecta
al maíz para el ganado. Las quejas estadunidenses no dan en el blanco.
La disputa acaba de empezar a calentar el comal. El informe final del
panel llegará en noviembre. Hasta entonces, espere un lío con más
argumentos científicos y jurídicos amontonados. En términos más
sencillos, Estados Unidos ignora la realidad comercial y tergiversa el
decreto. Errores básicos que agravan los obstáculos en las normas de
seguridad alimentaria del T-mec.
Esto debería inspirar resolución frente a la repetición de derrotas
comerciales para Estados Unidos. Los agricultores estadunidenses y los
consumidores mexicanos merecen algo mejor. Poner fin a la disputa
asegura un comprador de maíz en un país vecino y promueve la salud
pública en México. El rumbo actual sólo produce incertidumbre.
*Profesor de la Facultad de Derecho, de Chapman
University, en California, Estados Unidos; investigador de derecho
internacional privado
3.7.24
Piña da la cara
Fabrizio Mejía Madrid
“Pues, licenciada Piña, la decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted ha hecho todo para no asumirla”.
El jueves 27 de junio fue la primera vez que el legislativo y el
judicial se reunieron para discutir una propuesta del ejecutivo. Lo
hicieron porque la votación de todos nosotros el 2 de junio los obligó.
Esa votación convirtió al Poder Legislativo en un poder constituyente,
con las dos terceras partes a favor de la propuesta del Plan C. Y,
entonces, Norma Piña y sus ministros tuvieron que ir a escuchar a esos
legisladores a los que suplantaron durante seis años anulando la mayoría
de las leyes que aprobaron. Tuvieron que ir a exponerse a las críticas.
Tuvieron que ir a justificar por qué se negaron a limpiarse de
corrupción cuando se les dio la oportunidad. Ahora, ya los ciudadanos
habíamos decidido por ellos: 36 millones de votos mandatamos que se
reformara el Poder Judicial.
De los 33 personajes que hablaron, quizás la que quedó peor fue la
Fiscalía General de la República que sólo mandó un representante, en vez
de que su omiso titular, Gertz Manero, se presentara, al menos a que le
diera el aire. Hablaron hasta los partidos que ya no existen como el
PES y el PRD. Y habló el PRI y el PAN, esos que se habían negado,
incluso, a leer las iniciativas del Presidente durante los años de la
“moratoria legislativa”, donde no hacían nada salvo cobrarnos. Fue el
primer acto del nuevo régimen en México con un poder ejecutivo legítimo,
un Congreso constituyente, y un Poder Judicial que, por haberse negado a
reformarse, ahora espera a que los otros dos poderes decidan sobre su
futuro que, sin duda, será el que su legitimidad sea, también
democrática, no, como ahora, influyentista y nepotista. De lo que se
dijo ahí, trata esta columna.
Empezó una diputada del PRI, Marcela Guerra, que se aventó las
siguientes frases para el bronce: “el Poder Judicial es el repositorio
de las certezas para la república”; “La certeza debe de ser el faro
señero”; y “El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad”.
Grande la retórica priista, siempre hermanda con Cantinflas. Pero luego
vino el lider del PRI, Rubén Moreira. Usó la clásica de que no hay
tiempo para reflexionar en tan profunda tarea y que no hay que acelerar
los debates. De no haber estado en huelga, ellos habrían podido tener su
“sana ponderación” —como la llama Moreira— desde 2021, cuando se empezó
a hablar del tema. O pudieron usar el tiepo en que no hicieron nada
para sus reflexiones tan constitucionales. Pero, luego, Moreira propuso
tirarle dinero al problema. Dijo: “no hemos estado a la altura de
satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los Poderes
Judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar”. Es decir,
para Moreira los 37 mil millones escondidos en fideicomisos del Poder
Judicial, la Judicatura y el Tribunal Electoral, no eran nada. Para
Moreira los 78 mil millones que gastan al año los jueces tampoco es
“satisfacer sus necesidades presupuestales”. El diputado aseguró que hay
pocos jueces y que tienen mucha carga de trabajo y, para sostener su
dicho, habla que un juez en Monterrey tiene 15 mil expedientes. Se
refiere al juez que se la pasa aplazando los juicios de evasores de
impuestos en Nuevo León. Un juicio que era para mayo de este año fue
aplazado para abril del 2025. Así, estos expedientes que no se mueven en
Nuevo León no son porque tengan mucho trabajo los jueces sino porque
los sobornan para que se muevan en círculo. Sólo en Nuevo León, eso ha
significado 3 mil millones de pesos no pagados a Hacienda. Cuando el
priista habla de que tienen mucho trabajo en realidad se refiere a que
se la pasan aplazándolo, a cambio de un dinerito.
Pero el diputado priista se nos volvió metafísico cuando dijo: “Creo en
la dialéctica como método exitoso del Legislativo y, por lo tanto,
espero que hablemos del Poder Judicial con la convicción de que el
derecho es una ciencia y que las decisiones de los jueces por regla
general tienen tras de ellos siglos de reflexiones filosóficas y no solo
el sentido común que ha sido responsable de muchas y aberrantes
injusticias”. Para empezar, comparar al derecho con una “ciencia” es
darle un carácter inmutable, verificable, y fiable, es decir, que sus
resultados se pueden repetir en todos lados y momentos. Esto, además de
ser aberrante porque implicaría que una decisión judicial es inmutable y
siempre verdadera, como que dos más dos son cuatro, es elitista porque
supondría que sólo unos pueden llegar a esas “reflexiones filosóficas de
siglos”, a los que se refiere Moreira. Por eso excluye el “sentido
común”, que es el juicio moral que todos tenemos cuando sabemos cuál es
el bien y el mal en cada caso. Así que la defensa del PRI de Norma Piña,
con quien se juntaban a cenar en vísperas de las elecciones, es que son
científicos con un conocimiento secreto, inciático, místico y arcano
llamado “derecho”. Pero aquí de lo que se trata no es del derecho sino
de la justicia. Hay una diferencia, diputado Moreira. Uno necesita, sí,
un buen abogado. Pero necesita un juez justo. El abogado debe ser hábil
en los vericuetos de las leyes. El juez debe tener clara conciencia de
que su decisión afectará a uno o a otros y que tiene consecuencias para
el interés general. Si bien no todos sabemos derecho, todos sabemos que
es justo y que es injusto. Por eso no todos somos abogados pero todos
podemos emitir un juicio sobre razonable y con rectitud.
Dante Delgado, el dirigente perpetuo del Partido del Movimiento
Ciudadano, se alió al priismo cuando desestimó los 36 millones de votos
para la reforma constitucional del Poder Judicial. Lo dijo así: (Esta
reforma) “debe insertarse en un episodio de verdadera política, de la
política que construye en lugar de la que impone, de la política de
consenso con las minorías y con la sociedad en lugar de la que se funda
en la arrogancia del poder”. Para Dante la mayoría calificada no es un
mandato democratico, sino tan sólo vanidad. Para Dante no hay un poder
constituyente nuevo sino la vieja concertacesión de las minorías que
actúan como grupos de presión, como el MC. Quien hizo campaña anunciando
“una nueva política” recurre al más viejo de los trucos del régimen
prianista: que la mayoría se avenga con el grupo de presión para digan a
coro que hay pluralidad. El problema, Dante, es que el voto mayoritario
no es ilegítimo como en tiempos de Salinas y Gutiérrez Barrios. Ahora
es un mandato democrático.
Pero vayamos a los ministros. El primero en abrir la boca fue Pardo
Rebolledo, cuya hija, Daniela, nomás terminó la carrera de Derecho, ya
tenía un puesto de Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la
Secretaría Jurídica de la Presidencia y ganaba casi tanto como el
Presidente de la República. No la nombró su papá directamente sino el
ministro Luis María Aguilar Morales, cuya hija, que es dentista, se
encarga nada menos que de arraigos, cateos e intervención de
comunicaciones. A ella tampoco la nombró su papá, sino otro ministro:
Gelasio Pérez Dayán. Y así, estos ministros nepotistas se llenaron las
bocas con la supuesta “carrera judicial” que ellos dicen existe en la
Corte. Dijo Pardo Rebolledo entregado al cinismo nepotista: “El Poder
Judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el
principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución, e
implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la
antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de
juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través
de concursos de oposición, en donde sólo los que resultan triunfadores
pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la
objetividad en su designación”. Salvo que los méritos, la antigüedad y
experiencia de su hija eran de alguien que tenía cuatro años de haber
salido de la carrera. Pero, bueno, la familia es la famila. Sigue Pardo
Rebolledo: “En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el
Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de
oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes
integramos la Judicatura Federal”. Aquí se le olvida al ministro que el
87% de los cargos se otorgaron por concursos cerrados a gente que ya
trabajaba en el sistema judicial. Nunca fueron abiertos al resto de los
abogángsters. Se le olvida también que el 51% de los ministros y
magistrados han logrado colocar a un pariente en alguna chamba judicial,
como él y Aguilar Morales colocaron a sus hijas.
Escuchemos, ahora, a Lenia Batres. Ella señaló asuntos cruciales. Dijo:
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de
influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es
independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, no es una
apreciación subjetiva. De cerca de 258 mil tesis aisladas. Y de
jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70
al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al
derecho al agua”. Estamos hablando de que el sólo el rídiculo 0.1% de
las resoluciones es para nosotros, la gente, el pueblo. El resto es para
las empresas, narcotraficantes, y saqueadores. Pero Batres abundó: “Se
han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad
tributaria. Mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el
libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano”. La
ministra hizo una propuesta adicional a las contenidas en el Plan C que
me gustaría retomar. Dijo: “Propongo limitar a los órganos del Poder
Judicial para que respeten claramente la Constitución empezando por la
Suprema Corte; limitar sus interpretaciones y resoluciones,
absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y
derogado; y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a
regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de
leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido
realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en
nombramientos de funcionarios de la administración pública y de
magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la
actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la
Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la
realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse
actores que no sean parte en los juicios; suprimir la manipulación de
tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y
ministros en la Suprema Corte”. La propuesta de la ministra Lenia parte
del hecho de que es la Constitución la que es superior a los tres
poderes de la República. Hasta ahora, con Norma Piña, la superioridad es
de un poder, el judicial, no de la Constitución. Y así, los ministros
han invalidado las leyes que la mayoría aprobó en el Congreso, como la
energética o la electoral. Es decir, la Corte ha suplantado a los
diputados y senadores. La llamada “independencia” de los juzgadores ha
resultado en simple y llana arbitrariedad, en procesos fraudulentos
donde las sentencias son motivadas por razones infundadas, como, por
ejemplo, que los diputados no discutieron durante el tiempo que al
ministro le parece suficiente. Y así han invalidado leyes ya aprobadas.
Todavía la vida nos había reservado a González Alcántara Carrancá que,
sin miedo a los 36 millones de votos, se puso a insultarlos. Dijo: “La
ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados,
por eso debemos de preguntarnos qué papel queremos que cumpla en la
función judicial, el voto popular”. ¿De dónde sacó esa idea el
licenciado Carrancá? Si los ciudadanos no evaluaran resultados, jamás
habrían sacado al PRI y al PAN del poder. Y son los resultados
desastrosos del Poder Judicial, liberando narcotraficantes, amparando a
corruptos, desoyendo a las comunidades, lo que nos trajo hasta aquí. Una
evaluación de los resultados. Quién sabe de qué concurso sacan a esta
gente. Luego, Carrancá se prounició en contra de que se casigue a los
jueces corruptos y, más bien, que haya más discilplina en la escuela de
formación judicial. Esa escuela tiene un consejo académico encabezado
por —no me lo van a creer—: Norma Piña. Con toda seguridad ahí Norma
Piña sí va a enseñarle a los juzgadores a ser honestos.
Todavía faltaba Laynez Potizek quien dijo: “Claro que hay problemas y
deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse y menciono una y
reconozco: la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para
comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes
somos y cómo lo hacemos”. Es decir, según Laynez, no es que el pueblo
los considere podridos y corruptos, sino que no sabe qué hacen. E una
ciudadanía que ignora lo buenos que son en el 0.1% de sus resoluciones.
Debe ser falta de información lo que llevó a 36 millones a hacer un
constituyente de la próxima legislatura federal. Por ejemplo, no
sabemos, el pueblo no sabe que fue él, Laynez Potisek, quien otorgó un
amparo a las empresas de cigarros electrónicos y vapeadores, no obstante
que está demostrado el daño pulmonar que causan. O no sabemos que fue
él, Laynez Potisek quien impidió que los fieicomisos guardados por el
Poder Judicial para sus lujos no fuera enviado nunca a Acapulco para
aliviar a los daminificados del huracán Otis. O que él, Laynez Potisek,
fue el que argumentó que en la ciudad de México ya no exista el delito
de corrupción para los particulares que manejan organizaciones civiles.
Ha de ser que ignoramos todo eso, licenciado Laynez, y por eso queremos
botarlos a todos de una vez. Concluye Laynez: “El cargo de juzgador no
puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante
la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable
comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la
corrupción de conflicto de interés”. ¿Será que las empresas de cigarros
electrónicos se te acercan en campaña o nada más en lo oscurito?
Por su parte, Pérez Dayán no le tuvo miedo a la historia del desastre y
dijo: “La prisa no es un buen consejero. Los arrebatos, como la
nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el
Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”. ¿De
dónde sacó Pérez Dayán que la nacionalización bancaria y el Fobaproa
estaban relacionadas? De algún hueco oculto de su propio cuerpo. Si así
fundamentan sus argumentos, imagínense las sentencias. Nada más por no
dejar, licenciado Pérez dayán: la nacionalización bancaria de López
Portillo dio origen al neoliberalismo porque fomentó las casas de Bolsa
que generaron la crisis de 1987. Pero fue la reprivatización de Carlos
Salinas de Gortari de toda la banca la que originó un sistema de
autopréstamos entre empresas y bancos que terminó en una enorme deuda
privada. El Fobaproa de Zedillo y Acción Nacional hizo esa deuda privada
que tendrían que haber pagado los defraudadores, una deuda pública que
seguimos pagando todos, menos ellos. ¿Qué tendría que ver la
nacionalización de 1982 con el fraude del Fobaproa 15 años después?
Nada. Con nulo respeto, licenciado: usted no sabe de historia de México.
Luego, siguió Aguilar Morales, cuya hija dentista tiene un puesto en La
Corte. Dijo: “Yo creo, desde luego, en la carrera judicial. Me es
inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de
edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la
Federación. Empecé como mecanógrafo en un Tribunal y he ido ascendiendo
gracias a la carrera judicial, hasta llegar al honroso cargo de
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de
la Judicatura Federal”. Así que si Aguilar empezó como mecanógrafo, su
hija, que empezó como dentista, puede llegar a ser presidenta de la
Corte. El sueño americano es ahora judicial.
Al final, intervino la ministra Norma Piña. Venía de tratar de
intervenir en la elección del 2 de junio. No sólo con sus reuniones el
12 de diciembre con Alito Moreno del PRI y los jueces electorales, sino
sobre todo, con la instrucción del juez odrigo de la Peza que ordenó al
Tribunal Electoral nombrar dos magistrados que faltan en menos de 24
horas. Por supuesto esto fue una maniobra fallida de Piña para
desestabilizar el proceso del Tribunal Electoral en vísperas de que
califique la elección presidencial. Norma Piña dijo: “Estamos
convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un
cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo
responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión,
resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento,
diluyendo así la idea de una decisión tomada”. Pues, licenciada Piña, la
decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted ha hecho todo para
no asumirla.
Y ese fue el primer encuentro del inicio de un nuevo régimen en México.
Todavía con unos ministros negando el mandato de las urnas. Otros,
todavía creyendo que Massive Caller los va a salvar de la mayoría
contundente que ya hace un mes les pasó por encima.
22.6.24
Y los “X” quieren medir fuerzas
Gustavo De la Rosa
“El burgués burocrático,” Don Claudio X., tuvo que doblegar su
arrogancia y quedarse esperando la cita que nunca le fue concedida. La
lucha del dinero antiguo no será solo contra la Presidenta.
En la reunión entre Claudia Sheinbaum y los empresarios, surgieron
nuevamente las grandes contradicciones existentes en la sociedad
mexicana.
No todo fueron sonrisas y diplomacia: el representante del Consejo
Mexicano de Negocios planteó con claridad la posición que seguirán
manteniendo durante los próximos 6 años con Claudia Sheinbaum.
Manifestaron tener la fuerza para seguir utilizando las estructuras
organizativas patronales en la búsqueda del poder perdido por su
fracción política. La Revolución terminó con los capitalistas
porfirianos y abrió la oportunidad histórica para el surgimiento de una
nueva burguesía moderna, industrial y financiera.
México enfrenta un gran problema histórico: la falta de una etapa
indispensable en la formación del capital nacional que pueda evolucionar
hacia un imperialismo financiero. La acumulación originaria del capital
no se ha dado, ya que la riqueza que no era capital, pues estaba
concentrada en manos de la iglesia hasta la implementación de las leyes
de reforma. Sin embargo, sólo se liberaron las propiedades inmobiliarias
y algunas industrias extractivas funcionales para la formación de un
pequeño grupo de hacendados y terratenientes. No se generó un proceso de
acumulación de capital similar al experimentado en Inglaterra y otros
países avanzados de Europa durante la etapa de acumulación originaria
del capital.
La herencia colonial ha dejado a México como un país con riqueza pero
sin capital, siendo exportadores de materias primas y importadores de
bienes procesados.
Por lo tanto, la acumulación de capital financiero en México no comenzó
realmente hasta después de 1920. Siempre ha habido una falta de capital
nacional en México, y los dueños de los negocios han llegado como máximo
a establecer tímidas alianzas con el capital extranjero, volviendo a la
herencia porfiriana de crear inversiones “rentísticas”.
Y como máximo se animan a invertir en parques industriales que alquilan o
venden a inversores extranjeros, quienes al final del día se quedan con
la mayor parte de la producción de plusvalía generada por los
trabajadores mexicanos, compartiendo solo una pequeña parte de las
ganancias con los empresarios nacionales.
En México, ha surgido una burguesía vinculada estrechamente a la
política, lo que ha llevado a que la burguesía mexicana sea
conceptualizada como una burguesía burocrática que depende de la gestión
de los recursos gubernamentales para aumentar sus ganancias. Esto ha
llevado a que estén al borde de una crisis nerviosa, ya que el principio
de separación entre política y negocios los está empujando hacia una
crisis profunda, debido a su hábito de obtener altas ganancias con bajas
inversiones personales.
Durante estos 6 años con Andrés Manuel separando la política de los
negocios se está abriendo la oportunidad para que surjan nuevos
empresarios o para transformar a los antiguos dependientes de los fondos
públicos en capitalistas modernos. Aquellos que puedan aprovechar la
gran oportunidad que ofrecen las nuevas reglas del juego serán los que,
al final de este proceso de transición del capitalismo mexicano, puedan
enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Tal vez Carlos Slim, la señora Aramburuzabala, la impresionante
consejera del empresariado de Claudia y nuevos inversores mexicanos
comiencen a jugar efectivamente con las nuevas reglas del juego. Por
eso, en la reunión de empresarios se escucharon dos voces: las de la
vieja burguesía, representada por el dinero antiguo y corrupto que exige
privilegios para invertir, y las de un nuevo sector de la burguesía que
está empezando a comprender que estas nuevas reglas ofrecen la
oportunidad de convertirse en verdaderos capitalistas financieros.
La arrogancia del portavoz del consejo de negocios al oponerse a la
reforma judicial y exigir seguridad jurídica manteniendo críticas contra
el Presidente Andrés Manuel refleja estas posturas del pasado.
“El burgués burocrático,” Don Claudio X., tuvo que doblegar su
arrogancia y quedarse esperando la cita que nunca le fue concedida. La
lucha del dinero antiguo no será solo contra la Presidenta, como lo fue
contra Andrés Manuel; ahora la lucha más intensa será contra los nuevos
capitalistas y aquellos capitalistas que se han renovado. Tal vez el
primero en caer sea uno de los más corruptos, como Ricardo Salinas
Pliego de TV Azteca.
4.6.24
Aclaraciones y expectativas sobre el triunfo de Sheinbaum en México
Andrés Avila Armella
El tres de junio, los titulares de distintos medios de comunicación
internacionales amanecieron anunciando la victoria contundente en las
elecciones por parte de Claudia Sheinbaum, ubicándola en general como
parte de la izquierda mexicana y del mundo, lo cual despierta tanto
entusiasmo y simpatía entre quienes suelen ser simpatizantes de la
izquierda, así como animadversiones entre quienes se ubican
políticamente como parte de la derecha, o cuando menos como enemigos de
la izquierda. A partir de ello se pueden tejer una serie de suposiciones
y expectativas, por lo que este artículo pretende esclarecer algunos
aspectos que seguramente no son tomados en cuenta por muchos medios de
comunicación y articulistas de los medios con mayor difusión.
Por ello me propondré aclarar algunos puntos básicos sobre cómo es la
política en México y cómo suelen alejarse en nuestra realidad política
las apariencias de los hechos, y con ello evitar hacernos de
expectativas fuera de la realidad y enfocarnos acertadamente dentro de
ella.
Antes de entrar en las particularidades sobre México, me parece
necesario aclarar que los resultados electorales son una forma
dialécticamente inválida para analizar la voluntad popular, pues esto
sólo se relaciona directamente a través de la ideología liberal
burguesa. Si bien es posible que haya alguna influencia de la voluntad
popular en los resultados electorales, esto se encuentra muy limitado,
pues mucho antes de que la gente salga a votar, ha habido una serie de
acuerdos entre grupos oligárquicos de poder, que van desde lo
internacional hasta lo local, que son los que permiten explicar porque
aparecen dos o tres nombres principales en la boleta de votación. Es
todo un sistema donde se requiere financiamiento millonario, espacio en
medios de comunicación, información privilegiada y muchísimas
condiciones logísticas que nunca están al alcance de organizaciones
populares, y menos aún de las que estén confrontadas con los dueños del
dinero.
Es cierto que algunas veces en la historia se dan condiciones para que
el terreno electoral sea, cuando menos por algún momento, la arena de
confrontación de la lucha de clases, pero en México no es exactamente
así y daremos algunas razones en las próximas líneas.
Generalidades de nuestro sistema político
En México, como en otros países de Nuestra América y del mundo, existen
fuerzas que tradicionalmente se ubican en la derecha, es decir,
abiertamente conservadoras, anti comunistas, ligadas a organismos
religiosos y proclives a subordinarse abiertamente a potencias
extranjeras, sobre todo a Estados Unidos; y hay fuerzas que se
consideran a sí mismas de izquierda, por considerarse afines a las
causas populares.
Pero en México hay algunas peculiaridades a tomar en cuenta y mencionaré solo algunas:
– Desde el final de la guerra de intervención (1862-1867) en
donde México sufrió y resistió a la invasión del ejército francés de
Napoleón III, suceso dentro del cual los abiertamente conservadores
fueron promotores y protectores de la invasión, en México ninguna fuerza
política se reivindica a sí mismo como conservadora, pues
inevitablemente se asocia el término a quienes provocaron una de las
mayores tragedias nacionales.
– El estado mexicano, su ideología y simbología son liberales, a
pesar de ser un país de mayoría católica, los mexicanos crecemos y
somos educados en las escuelas públicas en medio de una clara exaltación
de los valores liberales entre los que está la necesaria separación de
la Iglesia y el Estado, y somos educados en la admiración a Benito
Juárez, quien luchó con vehemencia por dicha separación, razón por la
cual, artimañas como la intentada al final de campaña por Xóchitl
Gálvez, candidata de la oposición, reivindicándose como la candidata de
Dios, tienen menos impacto de lo esperado en otros países de
Latinoamérica.
– México paso por un período peculiar llamado Revolución
Mexicana, en donde se formaron grandes ejércitos populares que lucharon
contra una dictadura oligárquica. La Revolución mexicana concluyó con el
asenso de un grupo de intelectuales y militares que por un lado habían
combatido a los ejércitos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa,
pero que por otro lado reclamaban para sí el prestigio de haber
encabezado y finalizado exitosamente una revolución social que al final
trajo justicia y democracia al país. Con ello se creó la quimera del
gobierno de la Revolución Mexicana, el cual se convirtió en un gobierno
con discurso alineado a la social-democracia a nivel internacional, pero
que internamente se destacó por asesinar y reprimir a luchadores
sociales y a la izquierda revolucionaria del país.
– Ese gobierno de la Revolución mexicana que se hizo partido,
(Partido Nacional Revolucionario, PNR, Partido de la Revolución
Mexicana, PRM, Partido Revolucionario Institucional, PRI), tenía
internacionalmente la imagen de ser un gobierno progresista, pero
internamente los mexicanos sabíamos que no correspondía su fama
internacional con la realidad nacional.[ii]
– Los fundadores de las coaliciones de izquierda electoral
mexicana, que lograron colocarse como protagonistas de los procesos
electorales, fueron personajes formados políticamente dentro del PRI,
donde aprendieron la retórica liberal, nacionalista con tintes social
demócratas. Dentro de ese grupo de personas, figuraban Cuauhtémoc
Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.
– La mayoría de los personajes del partido MORENA (Movimiento
de Regeneración Nacional) tienen su origen en el priísmo y no en la
izquierda socialista ni comunista, y lo que ellos entienden por
izquierda corresponde al pensamiento político de corrientes internas del
PRI, quienes tienen en la figura del expresidente Lázaro Cárdenas del
Río a su mayor referente moral, mismo que al interior de la historia del
priísmo, fue muy útil para dar legitimidad a todas las medidas
antipopulares que se tomaron por los gobiernos del PRI después de la
exclusión de Lázaro Cárdenas y sus más allegados, de las decisiones
trascendentes de Estado. Lázaro Cárdenas ha sido el presidente de
México cuyo programa ha sido más de izquierda y es un hito en la
historia mexicana del siglo XX por haber impulsado la reforma agraria y
la nacionalización del petróleo entre otras cosas. Los gobiernos
posteriores a él siempre se fueron recorriendo hacia la derecha, pero
todo presidente de México se reivindica cardenista, hasta los
presidentes del partido de derecha, PAN, tuvieron que evitar criticar al
General Cárdenas. Por otra parte, ningún candidato presidencial, ni
siquiera los de MORENA, ha propuesto retomar las medidas impulsadas por
Lázaro Cárdenas y mucho menos recorrerse a la izquierda de él.
– Una parte de los cuadros de MORENA sí provienen de una parte
de la izquierda en México que alguna vez militó en Partidos u
organizaciones de ideología socialista, y que fueron disueltas asumiendo
que la lucha histórica en contra del capitalismo no tenía más
posibilidades y que era necesario aprovechar las ventajas de la llamada
en esos años transición a la democracia. Sheinmbaum, a diferencia de
López Obrador, no viene del PRI, pero tampoco viene de la militancia
socialista previa a la campaña de 1988, sino de una generación que su
juventud la sorprendió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en
medio de la claudicación de personajes y organizaciones de la lucha
comunista y que vieron aparecer dentro del Frente Democrático Nacional,
después PRD (Partido de la Revolución Democrática) la única izquierda
posible en México, tejida a partir de la alianza entre viejos priístas y
personajes de ideología socialista buscando hogar político. Sheinbaum
fue parte de un movimiento estudiantil universitario que defendió la
gratuidad de la educación superior en 1986- 1987, y se sumó al frente
electoral del FDN con Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas y ex
gobernador por el PRI en el estado de Michoacán) a la cabeza. Ya como
parte del grupo de la burocracia de estado, a través del PRD, el grupo
político del cual formaba parte en la UNAM, se volvió en contra del
movimiento estudiantil de 1999-2000, por no alinearse a los tiempos y
modos convenientes a la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas para el
año 2000.[iii]
– El partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) nació
como una edición del PRD convocado directamente por López Obrador, al
romper definitivamente con un grupo que se adueñó de sus órganos
directivos excluyendo de ellos a sus principales ideólogos y fundadores.
– MORENA creció en los últimos años incorporando a sus filas a
miembros y grupos políticos locales y regionales que habían pertenecido
al PRI, al PAN o al PRD, y que eran los operadores políticos en un
sinnúmero de rincones del país. La dinámica de dichos grupos
prácticamente no tiene nada de ideológica y son meramente pragmáticos,
es decir, son coaliciones de personas que se suelen meter a las
competencias electorales como una mera forma de ganar dinero, acaparar
puestos públicos y distribuir a conveniencia favores y gestiones
políticas. Es la forma en que funcionaron los gobiernos del PRI, y eso
lejos de desaparecer, se ha acoplado a esta nueva coalición. Por
supuesto, muchos de esos grupos están ligados al crimen organizado y son
profundamente corruptos; este hecho no es ignorado por las esferas más
altas del morenismo, quienes han visto en éste método el único posible
para seguir ganando elecciones en ayuntamientos, gubernaturas y espacios
de poder local, sumando votos de esta manera para las grandes
competencias electorales como la presidencia de la república.
– Muchos de esos grupos son oligárquico locales y son
históricamente enemigos de las agrupaciones independientes de lucha
popular, es decir, son enemigos históricos del sindicalismo
independiente, de la lucha estudiantil popular, de los concejos
campesinos e indígenas etc. Razón por la cual en dichos sectores se
mantiene una clara distancia y desconfianza hacia el gobierno, a pesar
de declararse de izquierda, elemento que por lo explicado anteriormente
no es novedoso en México, sino que forma parte de la careta habitual
desde hace cien años del estado mexicano. El gobierno de MORENA como lo
hacía el priísmo en otras épocas, acusa a las organizaciones de
izquierda independientes, de hacerle el juego a la derecha, al fascismo o
al conservadurismo.[iv]
– Las elecciones en México, como en muchas partes del mundo,
se asemejan más a un juego de apuestas que a un proceso de
participación democrática para reflejar la voluntad popular. La ventaja
final de Sheinbaum no refleja necesariamente entusiasmo masivo, sino
simplemente el hecho de que al aproximarse la recta final de la
contienda y al estar claro que las tendencias favorecían claramente a
ella, muchos de los grupos políticos que se mantenían indecisos o con
unas fichas en un equipo y otras en el rival, se decantaron por operar
políticamente en favor de quien llevaba la delantera, esperando claro,
ganar algo con ello.
El resultado de las elecciones exige para Sheinbaum y su partido, el
pasar de la etapa de la recolección de apoyos a la etapa de pagar por
esos apoyos; la forma de pago va desde no defraudar a la gran oligarquía
imperialista quien confía en que no habrá un viraje hacia la izquierda
respecto a las políticas seguidas por el gobierno de López Obrador,
hasta complacer a todos esos grupos de poder local quienes demandan el
respeto a sus privilegios y el apoyo del gobierno en sus disputas en
contra de grupos similares y en contra de sectores populares no
alineados.
Limitantes de nuestra posición económica y geopolítica
México es un país cuya economía es típica de un capitalismo dependiente,
secundario exportador y con algunas áreas del país que aún es primario
-exportador, dependiente como ningún otro de la economía de los Estados
Unidos de América y compartiendo con éste más de tres mil kilómetros de
frontera terrestre con el gigante imperialista.
México es para el Estado norteamericano, un país geoestratégicamente
relevante, por su demografía, 127 millones de habitantes, su potencial
productivo como país receptor de capital con fines de manufactura que
puede aprovechar una fuerza de trabajo que puede realizar en muchas
áreas las mismas funciones que la norteamericana pero a un costo mucho
menor. México es para Estados Unidos parte de su reserva estratégica de
recursos naturales y humanos que bien pueden ser empleados tanto en
tiempos de paz como de guerra.
La oligarquía mexicana está subordinada a la norteamericana y ha
preferido históricamente estar vinculada al comercio exterior de América
del norte a intentar un mercado interno o a formar un bloque comercial
adverso al norteamericano. El Estado mexicano sin embargo no se suele
representar más que excepcionalmente por miembros de esa oligarquía,
sino acorde a su narrativa histórica, ha preferido hacerse representar a
través de intelectuales formados políticamente quienes utilizan una
retórica nacionalista y popular, a la vez que evitan confrontarse con
dicha oligarquía. Así funcionó el PRI muchos años y así ha funcionado el
gobierno actual.
Es por ello que ni a Trump ni a Biden les pareció que fuera necesario
confrontarse con el gobierno de López Obrador, por conocer que en la
historia de la política mexicana, es un requisito que el presidente de
México represente discursivamente independencia frente a Whashington,
situación que se puede ilustrar a través de una frase que se le
atribuye al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz[v], todo presidente de
México tiene que mentársela de vez en cuando a Estados Unidos.
México sigue siendo a nivel global un aliado de Estados Unidos y a nivel
comercial parte del bloque de América del Norte, y en este momento
representa para éste último, la posibilidad de competir contra China en
algunos aspectos; ni López Obrador ni Sheinbaum, han planteado alejarse
de Estados Unidos para acercarse a China por ejemplo, sino que han
mantenido abiertamente su aceptación de que las cosas en ese sentido se
mantengan como hasta ahora.
Dicho de otra manera y para explicárselo a quienes lean este artículo
desde algún otro país; México es un país subordinado a la política
exterior de Estados Unidos, pero no de la misma manera en que lo son
otros gobiernos de Latinoamérica; México y su cancillería suelen ser
independientes en cuanto a algunos posicionamientos diplomáticos, pero
esa independencia no llega a un nivel de confrontación con la
cancillería norteamericana, incluso en muchos momentos, México ha
servido como puente diplomático con Estados abiertamente confrontados
con Estados Unidos. En este caso, se puede esperar que el asunto se
mantenga de la misma manera, y que en algunos aspectos, dicha política
exterior se torna más favorable a una agenda multipolar, a diferencia de
lo practicado por los dos gobiernos panistas, aliados de la democracia
cristiana internacional, quienes tuvieron una política exterior más
similar al de cualquier gobierno latinoamericano subordinado a
Washington.[vi]
Por otra parte, en este mismo punto es relevante señalar que la mayoría
de los problemas que padece la población mexicana trabajadora y popular,
son resultado de cuestiones estructurales que tienen que ver con ese
tipo de economía dependiente y exportadora; me refiero por ejemplo al
papel de los cárteles de la droga mexicanos y la forma en que accionan y
amenazan la seguridad familiar, la precariedad laboral, la pobreza, la
depredación ambiental, así como las formas concretas en que se combinan
negativamente los factores macro-económicos con las situaciones locales.
Dichos problemas no van a cambiar porque un partido u otro hayan ganado
las elecciones, y no se pueden combatir dichos problemas albergando
esperanzas en que se resolverán sin necesidad de entrar en una
confrontación más abierta y más directa contra el gobierno
norteamericano y la oligarquía mexicana aliada de éste.
De cualquier modo hay que ser claros en algo, ni Sheinbaum ni López
Obrador han prometido ser ese tipo de gobierno, no han tratado de evocar
a estados socialistas como la URSS, China o Cuba, ni siquiera a países
que sin ser socialistas son no alineados como el de Venezuela de Chávez o
Irán, sino que han insistido tanto en medios nacionales como
internacionales que justamente no es ese tipo de gobierno el que
proponen ni es esa relación con Whashington la que tendrían.
En materia macro-económica tampoco han buscado salirse del renglón y
hasta ahora la llamada 4 T se ha comprometido a no aumentar los
impuestos a los grandes empresarios, ni a privar de autonomía al Banco
de México, ni a modificar sustancialmente la política hacia los
trabajadores asalariados, ni los campesinos pobres del país, razón por
la cual no es de esperarse que salga del gobierno electo alguna
iniciativa para romper el Tratado Comercial de América del Norte
(TMEC-TLCAN), ni para esperar que se preste ayuda energética
significativa a Cuba, ni para que haya una reforma agraria, ni para que
hayan cambios sustanciales en las relaciones capital – trabajo.
Por ahora, hemos cumplido los objetivos del presente artículo poniendo
sobre la mesa datos sobre la situación política de México que no se
están tomando mucho en cuenta en los análisis que se están promoviendo
en las principales cadenas periodísticas. Por supuesto, el análisis
amerita detenernos más a profundidad en cada punto y agregar otros
tantos, pero eso se hará en lo sucesivo.
Por ahora, sólo concluiré señalando que de momento no está ganado que
vaya a haber alguna reforma en favor de la clase trabajadora o de los
sectores históricamente oprimidos en México, pues esa no es la razón por
la que sucedieron las cosas así este 2 de junio, y que por tanto, si se
aspira a ese tipo de reformas, se tiene que desatar la organización
independiente de los trabajadores y del pueblo para exigir las reformas
necesarias, para conducirlas y ser parte de ellas; es decir, la
organización independiente tiene la tarea de orillar al gobierno electo a
acercarse cuando menos a su agenda y a sus necesidades. En materia
internacional es importante recordar que, para lograr objetivos más
relevantes para revertir el orden imperialista, se requiere mucho más y
se requiere sobre todo que las organizaciones populares, independientes y
revolucionarias vean a las organizaciones que luchan de manera
independiente en México a sus pares y se realicen acciones para
favorecer la cooperación entre ellas para fortalecer la agenda de la
clase trabajadora.
Notas:
[ii] Sobre todo, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno
de México se caracterizó por su posición antifascista, apoyando la
República española y recibiendo a los exiliados de la guerra civil, más
tarde lo hizo también condenando las dictaduras militares y recibiendo
perseguidos políticos principalmente del cono sur. México fue el único
país que votó en contra de la expulsión de Cuba en la OEA. Internamente
sin embargo el estado mexicano practicó los mismos métodos de tortura,
asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de las
guerrillas mexicanas.
[iii] En ese entonces, dicho grupo era conocido como PRD- Universidad. Y
se sumó al clamor de los medios de comunicación muy ligados al PRI que
se dedicaban a denostar al movimiento estudiantil y a clamar por la
represión policíaca en su contra.
[iv] Para muestra se pueden buscar las intervenciones de Luis
Echeverría, uno de los mayores asesinos en la historia de México, al
referirse a los grupos estudiantiles que en la UNAM y la Universidad de
Guadalajara luchaban contra los poderes fácticos del PRI.
[v] Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente que ordenó la masacre de
estudiantes en 1968 y que la CIA lo muestra en documentos
desclasificados como informante junto con Luis Echeverría.
[vi] Aquí nos referimos a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón
Andrés Avila Armella. Sociólogo y doctor en Estudios
Latinoamericanos por la UNAM. Secretario General de la UNIÓN COMUNISTA
DE LA CLASE PROLETARIA (UCCP). Miembro de la Secretaría General
Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores
Académicos de la UNAM (SITTAUNAM)
23.5.24
Tú, lector, estás obligado a exigir la libertad para la nación palestina
¿Cómo es que permitimos que se realice el genocidio palestino en pleno siglo XXI? La respuesta a esta pregunta puede ser encontrada en la historia. Sólo es preciso comprender cómo la población gitana, las personas con discapacidad, disidentes políticos y, principalmente, personas de religión o ascendencia judía fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por el gobierno de Hitler.
Hannah Arendt, filósofa alemana de origen judío, desentrañó algunas de las causas psicológicas y sociológicas que permitieron el genocidio de entonces. Para ella, la propaganda nazi y la ideología racista y evolucionista contribuyeron a la deshumanización de los judíos y de otros grupos perseguidos.
Según la profesora de la Universidad de Chicago, la obediencia de los perpetradores a la autoridad fue un elemento clave que permitió la ejecución del exterminio masivo. La eliminación de las personas indeseadas por la Alemania nazi fue planeada por el Estado y ejecutada por miles de personas, quienes –al seguir la tesis de Arendt– cumplieron órdenes.
Hay que recordar que el nazismo no fue un fenómeno alemán. Los simpatizantes se encontraban en Europa, en Estados Unidos e, incluso, en países cuyos pueblos eran considerados inferiores por los autoproclamados arios. México, por supuesto, no se encontró libre del error. Tanto José Vasconcelos como Manuel Gómez Morín y otros “intelectuales” defendieron la causa de nacionalsocialismo y promovieron el antisemitismo.
Sin embargo, hay que preguntarnos: ¿existe alguna similitud entre aquel odio paranoico y lo que sucede hoy en Gaza y en el resto de los territorios palestinos? Mi respuesta es sí. Desde hace décadas, el gobierno de Israel genera propaganda anti-Palestina. Ésta tiende a presentar una narrativa unilateral, la cual ignora o distorsiona la historia y la realidad del conflicto.
Por ejemplo, esa narrativa se enfoca en resaltar los ataques palestinos contra Israel mientras minimiza o ignora las causas subyacentes del conflicto, como la ocupación militar, la expansión de los asentamientos irregulares y la discriminación sistemática contra el pueblo palestino. Al mismo tiempo, promueve la idea de que la lucha por la libertad de Palestina es sinónimo de terrorismo.
Desde la creación de Israel, sus aliados occidentales defienden la causa sionista. De manera paradójica, el complejo de culpa ha llevado a que Alemania justifique las políticas israelíes de seguridad y defensa, incluso cuando éstas resultan en la violación de los derechos humanos del pueblo dueño de aquellas tierras. El temor a ser acusados de antisemitas ha llevado a que grandes intelectuales “pacifistas”, como Jürgen Habermas, se hayan mantenido callados frente a la violencia.
Es así como de nueva cuenta un genocidio se justifica y protege desde el poder. La aniquilación sistemática del pueblo palestino es negada por varios gobiernos europeos y por Estados Unidos; defensores incondicionales de Israel.
El primer genocidio del siglo XXI, que ha cobrado la vida de más de 35 mil personas desde el 7 de octubre de 2023, ha devastado la Franja de Gaza. Asimismo, ha provocado que más de 1 millón de personas se desplacen de forma forzada a lugares considerados seguros.
La violencia sistemática y permanente sucede frente al resto de la humanidad desde 1948. El término árabe de “Nakba” (catástrofe en español) se utiliza para describir las masacres, la expulsión y el desplazamiento forzado que sufrió el pueblo palestino en el periodo previo y a lo largo de 1948. Esta catástrofe no ha cesado desde entonces. De forma programada, se ha arrinconado a la población de religión musulmana en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Frente a esta gran calamidad es importante recordar que, como seres humanos, tenemos una responsabilidad moral hacia nuestros semejantes: debemos defender los derechos humanos cuando están siendo violados. Cada uno de nosotros debe alzar la voz y clamar justicia por los pueblos oprimidos: ¡viva Palestina libre!
Mario Santiago Juárez*
*Doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid
22.5.24
Plan C
Fabrizio Mejía Madrid
“Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder Judicial en
este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente
con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con ligereza
‘autoritarismo'”.
Empezaré por el desplegado de Enrique Krauze y Aguilar Camín en el
que apoyan a Xóchitl Gálvez. El manifiesto urgente que llama
“integrantes de la comunidad cultural” lo mismo a ex funcionarios
del gobierno de Fox y de Calderón que a los fabricantes de mentiras
desde la Operación Berlín, y hasta a quien fundó una editorial de
poesía con el dinero que le pagó Raúl Salinas de Gortari por
publicarlo, Mendiola. No dejo de lado al vocero del propio Carlos
Salinas cuando fue presidente, Carreño, o a la neutral académica que
elaboró las preguntas sesgadas del INE en el primer debate
presidencial, Reguillo. En muchos casos, estos serían parte de una
“comunidad cultural”, sólo si pensamos que la corrupción es cultura.
Al manifiesto le veo, al menos, tres contradicciones: una es que
llaman a votar por el PRI y el PAN para que no haya una “regresión
autoritaria”. Pues, ¿qué no es el PRIAN el régimen del
autoritarismo, el Partido Único, los fraudes electorales, el saqueo
descarado? Los historiadores nos llaman a votar por Alito Moreno y
Manlio Fabio Beltrones, porque no vaya a ser la de malas que
regresemos a los tiempos del PRI. La siguiente es que se quejan de
la polarización pero ellos mismos promueven. Dicen los firmantes del
manifiesto a favor del PRIAN: “Las elecciones de junio serán una
confrontación entre autoritarismo y democracia. La opción
democrática está representada por Xóchitl Gálvez”. ¿Así o más
polarizados los historiadores? Imagínense si esto fuera cierto: más
de 30 millones de votantes de Claudia Sheinbaum estaríamos votando
por el autoritarismo. Y los electores de Máynez estarían flotando en
el aire de la deriva del alma. Sólo los 10 o 12 millones de votantes
de Xóchitl serían auténticos demócratas. ¿Cuál es el rasero? Pues
que están de acuerdo con Krauze y Camín. La democracia soy yo. No
hay más ruta que la nuestra. Y la tercera contradicción de su
manifiesto es que hablan de polarización y fueron ellos mismos, los
intelectuales de Nexos, Letras Libres y la élite de la UNAM, los que
llamaron a eliminar la pluralidad y concentrar todo en la alianza
PRI-PAN-PRD. Si eso no es eliminar la pluralidad, no sé qué es. Pero
ellos mismos lo advierten y, entonces, le dan una barnizada al hecho
de que votar por Xóchitl es votar por el PRI, Ricardo Anaya, Lilly
Téllez, y Jesús Zambrano. Dicen con un alto nivel poético: “Apoyamos
la pluralidad multicolor de la oposición”. Pero se equivocan, otra
vez. No es un asunto de cuantos colores tienen los partidos, sino de
qué se trata de su única y solitaria opción electoral, donde no hay
ni siquiera un proyecto sobre el que se hayan puesto de acuerdo
entre tantos multicolores. Para que haya pluralidad no es necesario
que tengan muchos logotipos —la pluralidad no es diseño gráfico—
sino que se expliciten los principios, programas de cada uno. En el
caso del PRIAN esto no existió y en lo único que pudieron ponerse de
acuerdo fue en que ellos representaban la democracia y, por
consiguiente, 8 de cada 10 mexicanos que apoyamos al Presidente
López Obrador, somos “autoritarios”. Ahora representan, también, el
colorido, la paleta, los tintes, las tonalidades, la vistosidad de
su candidata que, hace muchos meses, se declaró daltónica.
Pero hasta aquí con el célebre manifiesto de su “comunidad
cultural”. Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder
Judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar
masivamente con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con
ligereza “autoritarismo”. Lo que ha sucedido es que la Suprema Corte
ha cambiado en los hechos el régimen político del país al usurpar
las facultades del poder legislativo. Esos ministros a los que nadie
vota, suplantaron al Congreso de la Unión en estos seis años de
obradorismo. Lo ha dicho Lenia Batres, la ministra de la Suprema
Corte: esta instancia ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso
de la Unión. Para dimensionar esto, hay que recordar que en el
sexenio de Zedillo, que jubiló de un plumazo a toda la Suprema Corte
el primero de enero de 1995, nunca le anularon una sola ley; en el
de Fox, 3; con Calderón, 7; y con Peña, 16. La Corte desaprobó esa
cifra de 74 leyes votadas por mayoría en las Cámaras de diputados y
senadores, con un argumento tramposo, inconstitucional: que no se
debate lo suficiente. Inventaron para ello que los jueces deberían
proteger algo llamado “democracia deliberativa”, que no existe en
nuestra Constitución y menos en la realidad, si recordamos que la
propia opisición del McPRIAN se negó a siquiera leer las iniciativas
que mandaba el Presidente López Obrador en su “moratoria
legislativa” que —por cierto— apoyaron los abajofirmantes de la
“comunidad cultural”. Entonces, si la oposición se negó a debatir y
la mayoría electa democráticamente votó las 74 leyes, ¿por qué usa
la Corte aquello de que no se discutió suficiente? El invento es
notable porque sirvió para anular las decisiones del Congreso
electo. Lo que hizo la Suprema Corte fue tomar un artícul, el 26
constitucional, que tiene que ver con la planeación del estado y los
programas nacionales de desarrollo, y decir que eso se refiere a las
cámaras de diputados y senadores. Y no, se refiere a la economía, a
la planeación en la que deben participar los afectados en las
comunidades, por ejemplo, donde se planean minas de cielo abierto o
desviación de ríos, es decir, está hecha para proteger a las
minorías sociales, no al PRIAN. De hecho, el término fue inventado
por el filósofo alemán Jürgen Habermas para contrarrestar las
decisiones que se dicen “puramente técnicas” de la élite experta.
Habermas se refería a la “democracia deliberativa” en la sociedad
alemana e instaba a los medios de comunicación a dar información
suficiente para formar una opinión pública racionalista, donde no
intervengan las emociones. Es por eso, por ahistórica, que la
“democracia deliberativa” de Habermas cayó hace décadas en desuso
porque, como podemos atestiguar todos los días, la política no
separa razón y emoción, sino que potencia ambas. La idea de Habermas
es un modelo racional en un mundo en el que no existen conflictos ni
deseos, ni articulaciones colectivas de cómo uno quiere que sea su
país, sino unos solitarios ciudadanos que usan la información para
tomar decisiones muy racionales. Según el filósofo alemán la
democracia deliberativa llegaría a una “suave coacción” del mejor
argumento. Pero esa idea está desconectada de la práctica y de la
historia. Es un modelo. Pero, aún si la Constitución tuviera ese
modelo, el artículo usado por la Corte no se refiere a las sesiones
de las cámaras, ni al tiempo que le dedicaron a discutir las leyes,
sino a otra cosa completamente distinta: la economía, la planeación
de industrias que debe tomar en cuenta a las comunidades que afecta
y que éstas puedan tener una voz en esas discusiones. Es decir, se
refiere a algo que la Suprema Corte desdeña, junto con el resto del
bloque opositor: las consultas populares. “La justicia no se
consulta”, sentenció el magistrado de las empresas eléctricas
extranjeras, Laynez Potisek.
En realidad, más allá de la usurpación de funciones que hizo la
Corte del Congreso legislador, hay otra suplantación de las minorías
reales, las sociales, sustituyéndolas por las minorías millonarias,
como Iberdrola, las mineras canadienses, Bonafont, Coca Cola, y
Bimbo. Esto lo hemos visto cada vez que la Suprema Corte anula una
ley del Congreso: considera minoría a la élite económica
trasnacional. Esta suplantación si arde porque la “democracia
deliberativa” estaba concebida en Alemania para proteger a los
obreros y los campesinos, no a los corporativos globales. Estaba
pensada contra la decisiones técnicas de los expertos que afectaron
la vida de millones, a favor de una argumentación que, según
Habermas, podía arrojar resultados racionales. No eran para el
PRIAN.
Sujetar al escrutinio judicial los actos políticos de los
parlamentarios los condujo a anular 74 leyes en este sexenio para
proteger a una minoría que no es social sino electoral y
parlamentaria. Así, la Suprema Corte se convirtió en el último
recurso de los que no quisieron leer las iniciativas presidenciales.
Por ejemplo, en junio de 2023, cuando el Plan B de la ley electoral
para desaparecer plurinominales, bajar el presupuesto a los
partidos, y terminar con los gastos excesivos de las burocracias del
partidismo, el ministro Laynez Potisek argumentó que los diputados
opositores no “habían sabido cuál iniciativa se estaba votando”,
cuando el que la puso a votación fue su líder, Santiago Creel. Es
decir, la Suprema Corte acabó anulando la ley electoral, el Plan B,
por la distracción de los dipuatdos opositores. Así, en vez de
decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes impugnadas por
el McPRIAN, el magistrado supremo decidió sobre una circunstancia de
despiste, de descuido de la oposición. Imagínense esa “democracia
deliberativa” donde Habermas dijera: “no a ver, se anula esta ley,
estábamos muy distraídos cuando la votamos”. Así se lo dijo la
oficina jurídica de la Presidencia: “El ministro instructor refiere
en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de
las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión
que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una
apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la
constitucionalidad de las normas impugnadas”.
Otro ejemplo, cuando desecharon la ley eléctrica, Aguilar Morales y
Pérez Dayán protegieron un derecho humano que no existe: la libre
competencia. Es como si las empresas eléctricas españolas fueran
individuos o comunidades indígenas y no mega consorcios
multinacionales. Su sentencia dice, entre otras joyas: “el mecanismo
que decide cuáles centrales generadoras de electricidad inyectan
primero su energía a la red nacional transgrede los principios de
competencia y libre concurrencia”. Imagínense lo que tienen en la
cabeza algunos magistrados: todo mundo se conecta a la red de la CFE
y sube sin pleaneación su energía porque la “libre comptencia” es
más importante que sobrecargar la red y que explote. Total. Siempre
va a ser culpa de quien tiene los cables de transmisión que es la
CFE.
De 2019 a 2023, la Suprema Corte emitió 425 sentencias de acciones
de inconstitucionalidad, en 102 de ellas se analizó el tema de
violaciones al proceso legislativo, en 74 sentencias se decretó la
invalidez de leyes, 38 de manera total y 36 de forma parcial, es
decir, que la Suprema Corte actuó como vigilante, no de la
Constittución, sino del procedimiento que impide, en cualquier
democracia, que una minoría suplante a la mayoría electa por el voto
popular.
Pero hay algo más grave que la anulación del poder legislativo por
parte de los jueces. Y es que el 24 de noviembre del año pasado, la
mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión
preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación
fiscal y las compañías fantasmas. El proyecto fue elaborado por el
ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos
individuales y presunción de inocencia. En este caso, de la
inocencia de las factireras y del crimen organizado.
El 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la
Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con
el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de
última hora retiró.
Pero así, también, le dieron el golpe mortal a la investigación de
los desaparecidos de Ayotzinapa. El 14 de septiembre de 2022, Samuel
Ventura Ramos, Juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos
Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia
absolutoria por el delito de secuestro a José Luis Abarca,
expresidente municipal de Iguala y presunto autor intelectual del
ataque a los estudiantes normalistas de la Normal Rural de
Ayotzinapa. El 21 de septiembre dé 2022, este mismo juez liberó a 24
policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido
procesados por haber participado en el intento de homicidio contra
el estudiante normalista Aldo Gutiérrez, quien permanece en estado
vegetativo al haber recibido un tiro en la cabeza la noche del 26 de
septiembre de 2014. El 30 de agosto de 2019, este mismo juez Ventura
Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López
Astudillo, presunto líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y
enlace del exalcalde José Luis Abarca, anteriormente procesado por
el delito de secuestro en contra de los normalistas. En total, la
Secretaría de Gobernación señala que el juez Samuel Ventura Ramos ha
dictado 120 sentencias absolutorias de liberación a favor de
presuntos implicados en el Caso Ayotzinapa. De acuerdo con
información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la
mayoría de las sentencias absolutorias dictadas por el juez Samuel
Ventura Ramos desestimaron de las pruebas argumentando —una vez más—
procedimientos. En este caso, el juez estimó que los torturados para
justificar la “Verdad Histórica”, eran inocentes y no, como dice la
ley, que toda declaración obtenida bajo tortura obliga a reponer el
procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados,
manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la
materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la
responsabilidad y castigo a los torturadores. El juez eliminó todo y
los dejó en libertad. Tampoco acusó a los torturadores, es decir,
Murillo Karam y Tomás Zerón. Tampoco obedeció la Ley General de
Víctimas que obliga a las autoridades a tratar preferentemente el
derecho de las víctimas, no el de los criminales. Puede decirse que
ese juez de Matamoros, tamaulipas, reventó por sí mismo la
investigación de Ayotzinapa, con lo cual facilitó que se acusara a
la Fiscalía, a la Secretaría de Gobernación y al propio Presidente,
de no querer resolver el caso y hasta de proteger al ejército. Quien
no tome en cuenta la decisión de Ventura Ramos en esto, es un
malintencionado o muy inocente.
Llegamos así al verdadero carácter de este régimen secuestrado por
el poder judicial. El autoritarismo que señalan los de la “comunidad
cultural” viene del Poder Judicial. Ese es el que no ha dado cuentas
a nadie cuando suplantó al poder legislativo y hasta a la Fiscalía
General de la República, en el caso Ayotzinapa. Eso es lo que hay
que cambiar. No que haya muchísimos colores en los partidos, sino lo
de fondo, el derecho a la justicia de los millones que saldremos
este 2 de junio a votar por el Plan C.