30.9.13

Sobre la insurgencia magisterial

Carlos Fazio
 
Decía Paulo Freire que lo educativo como institución no implica neutralidad ideológica ni epistémica, sino que los sujetos o actores que se incluyen en ese espacio social mantienen siempre una relación en favor de qué y en favor de quién. Es decir, en favor de qué contenidos, de qué fines, de qué sujeto, de qué sociedad. Pero también, en favor de quiénes: de los explotados, de los condenados de la tierra, de los excluidos o de los dueños del dinero, del capital.

Por consiguiente, la educación está instalada en el conflicto político-social, en la disputa histórica entre quienes impulsan o avalan la explotación, la enajenación, los dogmas de fe, los prejuicios, lo privado, y quienes propugnan la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia, la autonomía individual, la colectividad, lo público.

Esta última visión es la que defiende la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sujeto social-colectivo organizado que, en medio del caos, el terror y la violencia militarizada de la ideología neoliberal, practica la democracia directa y nuevas formas de poder popular. Un poder contrahegemónico, construido desde abajo, comunitario, de tipo asambleario y prácticas horizontales, radical −en el sentido de que quiere cambiar las cosas desde la raíz−, desburocratizado, con sus propios intelectuales orgánicos y no exento de contradicciones en su seno, que ha venido luchando por rescatar la educación pública en México de quienes la tienen secuestrada: los gobiernos neoliberales, la oligarquía, el charrismo sindical, los mercaderes y mercenarios de la educación, incluido el grupo Mexicanos Primero del oligopolio Televisa y sus amanuenses tarifados.

La disputa es entre quienes impulsan una visión empresarial, ahistórica, tecnocrática y productivista (eficientista) de la educación, con fines de amansamiento, de control individual y social en el marco de un estado de excepción, y quienes, como las maestras y los maestros de la CNTE, entienden que la enseñanza es una condición pública y el aprendizaje un acto individual y colectivo con base en la razón crítica, y debe tener un carácter humanista, autonómico, liberador; es decir, forjador de mujeres y hombres libres, emancipados.

Casi sepultadas por las campañas de odio, el alud de desinformación y el linchamiento artero y difamador de unos medios bajo control monopólico privado, las razones del magisterio en resistencia han sabido sobrevivir a los embates de la reacción derechista y conservadora, y afloran y generan hoy nuevas rebeldías en Zacatecas, Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Campeche, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, estado de México y otras latitudes del territorio nacional.

Desde el pasado 3 de septiembre, ante la imposición autoritaria de una contrarreforma educativa esencialmente administrativa, judicial y laboral, diseñada en el extranjero por la OCDE, que altera y niega el espíritu social de la Constitución de 1917 y convalida una educación empresarial, privatizadora y analfabetizante, los maestros de la CNTE han venido demandando la abrogación del decreto que reforma los artículos 3º y 73 de la Carta Magna y sus leyes secundarias, así como la vigencia de la gratuidad de la enseñanza y la relación bilateral entre los trabajadores de la educación y el Estado, junto con la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

También convocaron a todo el magisterio a organizarse en torno a una resistencia civil pacífica. A consolidar los proyectos y programas pedagógicos que las distintas secciones de la CNTE han venido impulsando en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal, como elemento central de una verdadera reforma educativa que pone en el centro a la educación como un derecho del ser humano; como un derecho universal.

Ante la imposición vertical, autoritaria y punitiva de la contrarreforma educativa, los profesores de la coordinadora llamaron a todo el magisterio nacional a incorporarse y promover la desobediencia civil organizada y pacífica, y manifestaron su decisión de seguir la lucha organizada por las rutas político-social, pedagógica y jurídica, sobre la base de que los derechos se defienden y se practican.

Lo novedoso, tras la insurgencia magisterial y popular del 4 de septiembre, fue que no sólo logró romper el cerco desinformativo de los grandes medios, sino que, gracias a su ejemplo de lucha, nuevos contingentes de maestros han conseguido sacudirse el dogal del corporativismo sindical y han salido a las calles en 22 estados de la República. Y que también miles de estudiantes, profesores y administrativos de varias universidades pararon sus escuelas durante dos últimos días en apoyo a sus justas demandas y los acompañaron en sus movilizaciones bajo la consigna ¡De Chiapas a Sonora, con la coordinadora!

Es decir, que tras la acción policiaca-paramilitar del 13 de septiembre en las calles del Centro Histórico −que contó con tres brigadas de la Policía Militar disfrazados con uniformes de la Policía Federal y halcones que actuaron como grupos de choque con apoyo de helicópteros y tanquetas antimotines−, cubierta en vivo y en directo como un reality show por Foro Tv de Televisa, Canal 40 de TV Azteca, Milenio Tv, Cadena 3, Efekto Tv y decenas de noticiarios radiofónicos y celebrada mediáticamente con fines de propaganda gubernamental como una liberación del Zócalo dirigida a permitir el ritual decimonónico de las fiestas patrias −verbigracia, la expropiación y militarización del Grito, con acarreados del estado de México y vía teleprompter, para no exhibir una imagen de debilidad ante los amos del exterior−, la protesta social sigue en las calles y los maestros se aprestan a rescatar al SNTE del pelele impuesto por Enrique Peña, a recuperar el patrimonio sindical y ponerlo al servicio de los trabajadores de la educación.

26.9.13

Soberbia chilanga


A pesar de los maltratos recibidos por parte de autoridades y medios capitalinos, la estadía de la CNTE en la Ciudad de México ha sido exitosa. Su valiente lucha permitió que millones de personas descubrieran las grandes mentiras de la contrarreforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. Los maestros lograron subir el costo político de la reforma para el PRIANRD al tiempo que aprovecharon su estancia para tejer enlaces y alianzas estratégicas con otros sectores sociales, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los estudiantes universitarios. Todo ello abona el terreno tanto para la resistencia popular a la privatización de la industria petrolera como para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos en los próximos años.

A la movilización de los maestros se debe que los diputados tuvieran que exhibir sus verdaderos compromisos y alianzas con la oligarquía nacional al atrincherarse en el Centro Banamex para aprobar la reforma educativa. A la valentía de los profesores se debe la revelación del talante profundamente autoritario de Miguel Ángel Mancera, quien cedió el Zócalo a la Policía Federal para el violento desalojo el pasado 13 de septiembre. Al ejemplo de la CNTE se debe la rearticulación y fortalecimiento del movimiento estudiantil nacional y su lucha a favor de un sistema educativo humanista, democrático y de verdadera calidad.

Cual territorio consciente y progresista, la Ciudad de México tuvo que haber recibido a los maestros con los brazos abiertos. Tanto las autoridades como la población tendrían que haber celebrado la visita y tratado a los profesores con la misma hospitalidad que ellos ofrecen a quienes visitamos sus cálidos, bellos y nobles pueblos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.

Muchos capitalinos en efecto se han portado a la altura de las circunstancias: han donado víveres, participado en marchas y se han documentado sobre la reforma educativa. Pero muchos otros han exhibido la típica soberbia “chilanga” hacia “los provincianos” por la cual los habitantes del Distrito Federal son tan conocidos y rechazados a lo largo y ancho del país. Más allá de los legítimos debates que existen con respecto a los métodos de lucha y las tácticas de protesta de la CNTE, el respeto y la consideración hacia el otro siempre debería ser el punto de partida.

Pero aun con el terrible maltrato, olvido y represión a que han sido sometidos los maestros, ellos se mantienen firmes y decididos a seguir luchando por sus derechos. Merecen el apoyo social porque representan lo mejor que tenemos en México. Son profesionistas que han tomado la generosa decisión de dedicar sus vidas a la formación y la educación de nuestros hijos, y merecen ser reconocidos por su labor.

En momentos álgidos como el actual florecen, sin embargo, las contradicciones sociales. Un amplio sector de la población que en su momento apoyó la lucha de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz en defensa de las víctimas de la “guerra” de Felipe Calderón regatea hoy su apoyo para las víctimas de las contrarreformas de Peña Nieto. Y muchos ciudadanos que participan con gusto en el acopio de víveres para los damnificados de los huracanes Manuel e Ingrid se niegan a ser solidarios con los maestros acampados en la intemperie del Monumento a la Revolución.

También llaman la atención aquellas voces que agriamente se quejan de la supuesta “apatía” del pueblo mexicano pero que hoy descalifican las importantes acciones de protesta que ocurren todos los días frente a sus ojos porque generan “molestias” en su vida personal. Llaman la atención quienes cuestionan la labor de “comunicación” de los maestros con “la opinión pública” y “las clases medias”, mientras hacen todo lo posible para ningunear y descalificar las legítimas demandas de los profesores. Llaman la atención quienes aplauden cuando los policías cierran calles y detienen arbitrariamente a ciudadanos inocentes, pero abuchean a los mexicanos pacíficos que aunque ocupan espacios públicos no impiden el libre tránsito de personas, sino sólo de automóviles.

Lo que más asusta a un gobierno autoritario es la unificación de luchas disímiles en causas comunes. Para los políticos habría que mantener a cada grupo ciudadano dividido internamente, separado de los demás y enfocado en demandas específicas o locales. La unión de los capitalinos con los campesinos, de los estudiantes con los maestros, de los jóvenes con los adultos mayores, de los indígenas con los mestizos y de las víctimas de la “guerra contra el narco” con las del neoliberalismo, constituiría una formidable fuerza social que lentamente podría ir transformando el país de un territorio donde reina la impunidad y la injusticia a otro donde predominen la paz y el desarrollo.

Peña Nieto se siente vulnerable, acorralado por un mar de jóvenes, mujeres y hombres defeños conscientes y progresistas que rodean los poderes federales que tienen su sede en la Ciudad de México. Al dejarse llevar por la campaña de linchamiento en contra de la CNTE, los capitalinos caen en el eterno juego del poder, el “divide y vencerás” al que falsamente apuesta el régimen autoritario. Defendamos la capital de este sucio y viejo truco del nuevo inquilino de Los Pinos, que apuesta todo al espejismo de esta falsa “soberbia chilanga”. Unamos esfuerzos con todos los ciudadanos dignos del país, y del mundo, que se atreven a levantar su mirada y su voz para desenmascarar un sistema de dominación fundado en el abuso del poder y la traición al prójimo.

22.9.13

El petróleo mexicano: nación e imperialismo

Gerardo Peláez Ramos


En memoria del Congreso de Anáhuac, que declaró el 6 de noviembre de 1813: “Queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español”.

Como parte de la lucha en defensa de la industria petrolera nacionalizada y contra la intención de Peña Nieto y compañía de privatizar Petróleos Mexicanos, está planteada la realización de una manifestación nacional el próximo domingo 22 de septiembre en la Ciudad de México. Con toda seguridad, será un gran éxito y permitirá ir incorporando cada vez más a sectores de las masas trabajadoras y el pueblo inconformes con la política económica ruinosa, antinacional, hambreadora y al servicio de los mayores intervencionistas y expoliadores internacionales: los monopolios y gobiernos de Estados Unidos.

Para dar un marco de referencia, quizá sea conveniente hacer un breve registro histórico de la explotación del petróleo, la intervención del imperialismo, principalmente norteamericano, y la construcción de la política nacional petrolera.

Definir quién ejercería el dominio sobre el petróleo recorrió la historia nacional entre fines del siglo XIX y 1938. Durante la administración de Porfirio Díaz la industria del oro negro quedó en manos de los imperialistas norteamericanos y británicos, que por cierto se vieron envueltos en una larga disputa por la hegemonía. Asentados los monopolios extranjeros en las zonas de los veneros del diablo, constituyeron Estados dentro del Estado mexicano: formaron guardias blancas avitualladas con las mejores armas y dirigidas por oficiales nacionales vendepatrias; de hecho, esas regiones estaban sustraídas al dominio del Estado mexicano. Como señalaron Boris T. Rudenko y Nikolái M. Lavrov, se produjo un proceso de semicolonización: la existencia formal de un Estado independiente y la existencia real de un país en el que las decisiones claves en las industrias y servicios fundamentales se tomaban en el extranjero, como ocurría con la explotación del petróleo, la minería y los ferrocarriles, además de ejercer el control del comercio exterior y evitar mediante presiones y amenazas de intervención armada la implantación de medidas nacionales patrióticas. (1)

En México se desarrolló un proceso parecido al de China entre 1840 y 1949, es decir, entre la primera Guerra del Opio y el triunfo de la tercera guerra civil revolucionaria o Guerra de Liberación. Tras ser derrotada la invasión japonesa por el Octavo Ejército de Ruta, el Nuevo IV Cuerpo de Ejército, la Columna Antijaponesa del Sur de China y los milicianos populares, así como de algunos destacamentos patrióticos guomindanistas, el Partido Comunista y el Ejército Popular de Liberación de China rompieron los grilletes de la dominación semicolonialista del imperialismo norteamericano y europeo, ejercida por conducto del Guomindang, derrocaron a las clases contrarrevolucionarias y lograron la victoria de la revolución democrático-burguesa de nuevo tipo, que, por su dirección de clase, se orientaba hacia el socialismo. (2)

La Ley del Petróleo de Porfirio Díaz (1901)

El gobierno de Díaz hizo concesiones a los capitalistas extranjeros que convirtieron a México en una semicolonia de Estados Unidos. Así, se expidió la Ley sobre el petróleo, del 24 de diciembre de 1901, que establecía: “Los descubridores de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, que de acuerdo con la ley obtuvieron su patente respectiva, gozarán para la explotación de aquellas substancias, de las franquicias siguientes:

“I.Exportar libres de todo impuesto los productos naturales, refinados o elaborados que procedan de la explotación.

“II. Importar libres de impuestos, por una sola vez, las máquinas para refinar petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y para elaborar toda clase de productos que tengan por base el petróleo crudo, las tuberías necesarias para estas industrias, así como los accesorios para estas tuberías, bombas, tanques de hierro o de madera, barriles de hierro o de madera, gasómetros y materiales para los edificios destinados a la explotación, quedando estas importaciones sujetas a las disposiciones y reglas que dicte la Secretaría de Hacienda.

“III. El capital invertido en la explotación de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, será libre por diez años de todo impuesto federal, excepto el del Timbre.

“Igual exención tendrán todos los productos de esa explotación, mientras no pasen a ser propiedad de tercera persona.

“IV. Los concesionarios tendrán el derecho de comprar los terrenos nacionales necesarios para el establecimiento de sus maquinarias y oficinas al precio de tarifa de los terrenos baldíos que esté vigente en la fecha de la publicación de la patente.

“V. Para el mismo establecimiento a que se refiere la fracción anterior, y cuando se trate de terrenos que sean de propiedad particular, los mismos concesionarios tendrán el derecho de expropiar a dichos particulares.

“VI. Las empresas tendrán, además, el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos.

“VII. Además de las franquicias anteriores, los primeros que en un estado o en los territorios de Tepic y la Baja California descubran depósitos o fuentes de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, de manera que cada pozo rinda por lo menos dos mil litros cada veinticuatro horas, gozarán del privilegio consistente en que alrededor del pozo primitivo en el que hubieren hecho aquel descubrimiento, y a una distancia que variará en proporción con el capital invertido en el descubrimiento y en todos los gastos, para que pueda comenzar la explotación, nadie tendrá derechos de abrir pozos de exploración o para la explotación de aquellos mismos productos. La distancia a que se refiere este privilegio no podrá exceder de tres kilómetros, y será fijada, en cada caso, por la Secretaría de Fomento, de acuerdo con el reglamento correspondiente que al efecto debe expedir.

“VIII. El privilegio de que habla la fracción anterior, tendrá una duración proporcional al capital invertido en el descubrimiento del depósito o fuente del petróleo, y a los gastos para comenzar la explotación. Dicha duración no podrá exceder de diez años, y será fijada, en cada caso, por la Secretaría de Fomento, de acuerdo con el reglamento a que se refiere la fracción anterior.

“IX. Podrán los descubridores a que se refiere la fracción séptima, adquirir el terreno siempre que sea de propiedad nacional, a precio de tarifa, y en una extensión igual a la que les corresponda, conforme a lo que dispone la misma fracción séptima.(3)

Durante la Revolución mexicana de 1910-1917, los gobiernos de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza buscaron e intentaron aumentar los impuestos a las compañías petroleras, llevar un registro preciso sobre los bienes y la producción de las empresas imperialistas, impulsar la explotación nacional del petróleo y ejercer el control estatal de las zonas de los veneros del diablo. No fructificaron completamente sus esfuerzos, pero sentaron un precedente patriótico que facilitaría las acciones posteriores del Estado y el pueblo mexicanos por la recuperación de esta estratégica industria.

Decreto de Madero del 3 de junio de 1912

Con el objeto de poner ciertos límites a la explotación imperialista del oro negro, Francisco I. Madero estableció un decreto de impuesto sobre el petróleo crudo, que estatuía: “Impuesto Especial del Timbre sobre el petróleo crudo de producción nacional, a razón de veinte centavos por tonelada, conforme al reglamento que expida el Ejecutivo”.(4)

Como explicaba Octavio Gordillo, este impuesto a la producción del petróleo incomodó mucho a las empresas foráneas, las cuales lucharon para que el gobierno de México no interviniera en sus negocios. Empresarios extranjeros y reaccionarios locales se unieron para acabar con la administración maderista; los grandes consorcios incrementaban, como una advertencia, sus amenazas intervencionistas sobre México, principalmente los capitalistas estadunidenses. (5)

Sin embargo, las bases para concretar una política distinta a la de Díaz ya estaban presentes en las intenciones de los sectores patrióticos. Es más, incluso durante la dictadura de Victoriano Huerta en el Congreso se expresaron las voces a favor de impulsar la mexicanización de la industria petrolera, y otros exigieron revisar las franquicias y concesiones del petróleo. (6)

De cara a las amenazas de desembarco del almirante gringo Fletcher, a fines de 1913 en el norte de Veracruz, Cándido Aguilar le contestó: “Me refiero a su insolente nota de hoy. La vida y los intereses de los ciudadanos y demás personas de otras nacionalidades han tenido, tienen y tendrán las más amplias garantías en la zona militar que es a mis órdenes. De llevar al cabo la amenaza de desembarcar tropas de los Estados Unidos en territorio mexicano, me veré obligado a combatirlas, a incendiar los pozos petroleros que están en la región de mi dependencia, y a pasar por las armas a todos los americanos que se encuentran en la región”. (7)

Con la explotación industrial del petróleo, apareció en el panorama nacional un nuevo actor social y político: el proletariado petrolero, que introdujo nuevas demandas, formas de organización y métodos de lucha. Nacieron los primeros sindicatos y fueron estalladas huelgas y paros. La irrupción del destacamento del petróleo de la clase obrera en lucha permitió al patriotismo mexicano tener un punto de apoyo en el corazón mismo de tan estratégica industria. De aquí en adelante para golpear al imperialismo y fortalecer a la nación mexicana había que contar, siempre, con los trabajadores petroleros.

Los impuestos pagados por la industria del oro negro al gobierno mexicano fueron bastante bajos, si se comparan con los patrones internacionales. Las contribuciones fiscales de las empresas petroleras en nuestro país representaban la cuarta parte de los gravámenes pagados por los capitalistas petroleros en Estados Unidos. (8)

El imperialismo norteamericano intervino con sus tropas terrestres y marines en abril-noviembre de 1914 y entre marzo de 1916 y febrero de 1917, con la ocupación del puerto de Veracruz, en la primera agresión, y con la Expedición punitiva, en la segunda.

La Constitución de 1917, producto de la Revolución, además de contener los derechos de los trabajadores, la educación laica, la separación Estado-iglesia y otros principios avanzados, estableció con claridad: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. (9)

Como es bien sabido, los gobiernos neoliberales han introducido reformas regresivas en los principios establecidos en el Artículo 27 y otros artículos constitucionales, con el objeto de fortalecer las posiciones del gran capital nacional y extranjero, liquidar las conquistas de los trabajadores y el pueblo, debilitar al Estado y facilitar el saqueo de los recursos naturales de la nación por parte de los monopolios foráneos, especialmente de Estados Unidos. Con la privatización de Petróleos Mexicanos se persigue el objetivo de contribuir a la seguridad energética del país belicista por excelencia: la Unión Americana.

Los privilegios otorgados a las compañías extranjeras condujeron a expolios brutales, asesinatos, destrucción de la naturaleza, sobreexplotación de los trabajadores y graves problemas de higiene y seguridad, por lo que la Enciclopedia de México plantea: “Durante el auge petrolero de los últimos años dieces y los primeros de la siguiente década, fueron despojados de sus derechos muchos propietarios. Cuando las empresas extranjeras pagaron regalías o rentas, fueron éstas sumamente exiguas y no guardaron proporción con los volúmenes extraídos. Una vez que terminaba la producción en un campo, las empresas se movían a otra localidad y no quedaba nada permanente en la región; Zacamixtle, Pánuco, Tampico, El Plan y otros muchos pueblos crecieron al amparo de la explotación del petróleo, en condiciones sanitarias pésimas, sin escuelas, hospitales, caminos permanentes, bibliotecas o servicios municipales, al tiempo que se registraban elevados índices de paludismo y tuberculosis…” (10)

La defensa armada de sus barones monopolistas es el principio número 1 de la política exterior de la mayor potencia creadora de conflictos internacionales en el siglo XX y el siglo XXI, además de las amenazas de guerra, la militarización de la frontera gringo-mexicana y el bloqueo de nuestros principales puertos. Los representantes de las trasnacionales gringas negocian, casi sin excepción, con una espada en la mano y el apoyo desvergonzado del Estado criminal y bandolero del septentrión americano. Escriben unos académicos mexicanos: “En enero de 1920 el Departamento de Estado norteamericano entregó al gobierno mexicano un memorándum conteniendo 10 ‘exigencias’ en torno al artículo 27, que consistían en la derogación y la cancelación de todas las medidas dispuestas por Carranza referidas a denuncios, concesiones, permisos de perforación, zonas federales y aspectos fiscales, además de reclamar una posición favorable del Ejecutivo federal en los juicios de amparo y en el reconocimiento de los derechos de los extranjeros en toda legislación futura…

“ En el mes de abril la presión del gobierno norteamericano aumentó con la presencia amenazadora de barcos de guerra en Tampico, a solicitud de las compañías…” (11)

Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, según Portes Gil, hicieron grandes esfuerzos para someter a las compañías petroleras: el primero, al decretar el aumento de impuestos en 1921, medida que originó un paro en la Huasteca veracruzana, quedando sin trabajo 20,000 obreros; y el segundo, al expedir la Ley del Petróleo, reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el año de 1924, ley que estuvo a punto de originar una intervención armada de Estados Unidos. (12)

A mediados de 1921, de conformidad con Jaime Tamayo, se produjeron l os primeros conflictos en la industria petrolera durante el gobierno de Obregón, con motivo del cierre de los pozos por las compañías como forma de presión para rechazar el impuesto aprobado por el gobierno de la República, con lo que se dejó en la calle a miles de trabajadores en la región de Tampico; al mismo tiempo fueron movilizados acorazados norteamericanos frente a las costas de este puerto, como patente muestra de apoyo del gobierno norteamericano a las compañías frente al gobierno mexicano y ante las posibles reacciones de los obreros petroleros .

La Federación Americana del Trabajo ( American Federation of Labor ) protestó por la movilización de la Marina yanqui frente a Tampico y defendió las garantías y derechos de los trabajadores petroleros del Golfo de México. A lo que Charles E. Hughes, secretario de Estado usamericano, respondió que la presencia de los buques no afectaba a las uniones obreras y que buscaban “ garantizar la protección adecuada para las vidas y propiedades de los ciudadanos norteamericanos ”. (13)

En otro texto de Portes Gil, se señalaba que el 12 de junio de 1925 Frank B. Kellog, secretario de Estado de Estados Unidos, amenazaba a México en los siguientes términos: “Un gran número de propiedades de americanos han sido tomadas de acuerdo con las leyes agrarias o violándolas, por las cuales no ha sido concedida ninguna compensación, y otras propiedades han sido prácticamente arruinadas, y en algunos casos, intervenidas por el gobierno mexicano en vista de demandas no razonables de los trabajadores mexicanos .

“El embajador Sheffield tendrá el apoyo completo de este gobierno, e insistiremos en que se dé protección adecuada, de acuerdo con prescripciones del Derecho Internacional, a los ciudadanos americanos...”

“Hemos sido pacientes y nos damos cuenta, naturalmente, que requiere tiempo estatuir un gobierno estable, pero no podemos aprobar la violación de sus obligaciones y el que no otorgue protección a los ciudadanos americanos”. (14)

El 15 del propio mes y año, Plutarco Elías Calles respondía al conocido bravucón imperialista: “Es de lamentar la contradicción que se encuentra en las declaraciones del señor Kellog, al manifestar el interés de los Estados Unidos por la conservación del orden en México y la estabilidad de su gobierno y al asentar, a la vez, que se tienen noticias de movimientos revolucionarios, pues esta última afirmación tiende a sembrar alarma en el mundo, en cuanto a las condiciones en que se encuentra mi país, y por último, la declaración de que el gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando al gobierno de México únicamente en tanto proteja los intereses y vidas de ciudadanos americanos y cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales, entraña una amenaza para la soberanía de México, que éste no puede pasar inadvertida y que rechaza con toda energía porque no [puede aceptar] cualquier forma [de intervención] en sus asuntos interiores, ni está dispuesto a subordinar sus relaciones internacionales a las exigencias de cualquier otro país. Se afirma también, en las declaraciones de referencia, que el embajador americano ha logrado proteger tanto los intereses americanos como extranjeros, y si eso ha logrado, no tiene derecho para acusar a México por la falta de protección de tales intereses, debiendo llamarse la atención sobre que el mismo embajador no tiene representación de ningún otro extranjero, fuera de sus connacionales y México no admitiría, que sin su previa autorización, dicho embajador gestionare a nombre de persona, o por intereses extraños a su nación ”. (15)

Intermitentemente, el imperialismo norteamericano blandía el garrote de su poderío militar y naval, para imponer su demencial política exterior. Un conocido estudioso de la cuestión petrolera, precisa: “Al concluir 1926, el gobierno de México volvía a estar ante el temido dilema: la rebelión de las compañías le obligaba a desconocer sus derechos, pero carecía del poder necesario para tomar una medida que lo enfrentaría abierta y posiblemente de manera violenta a un vecino poderoso contra el que se encontraba sin defensa…” (16)

Zigzag en la política nacional petrolera

Como ocurre hoy día en Venezuela, Ecuador y Bolivia, en México existían y existen fuerzas y líderes políticos que pugnaban y pugnan por una política de conciliación con el capital extranjero y de abandono de la defensa de los intereses nacionales. Así, el 23 de j ulio de 1927 en un Manifiesto a la nación de Francisco R. Serrano, del Partido Nacional Revolucionario (organismo distinto al PNR de 1929), se proclamaba sin tapujos: “Protección al capital: sin protección escrupulosa al capital, es insensato esperar que el extranjero venga, ni el propio abandone sus escondites, y, sin ese factor, nuestra decantada riqueza seguirá siendo un mito, pero no realidad tangible y vital...

“El petróleo y su legislación: la naturaleza nos dotó con una de las riquezas más apreciadas, el petróleo; pero no poseemos los capitales que son necesarios para descubrirlo, refinarlo, exportarlo, y transportarlo; ni aun teniéndoles deberíamos de rehusar el concurso de asociaciones y personas que traten de obtener una ganancia legítima”. (17)

En plena guerra cristera, dividida la nación y debilitado el Estado, el 26 de n oviembre de 1927, la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió un fallo en materia petrolera que favorecía a las empresas imperialistas, por lo que el órgano central de los comunistas expuso la idea de que el fallo que acababa de dictar la SCJN sobre la no retroactividad del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, era un golpe a la soberanía nacional, asestado en los precisos momentos en que la asonada militar era completamente vencida. El proletariado debía luchar en pro de un artículo 27 retroactivo, tal como figura en la Constitución de 1917, y sin dejarse convencer por las amenazas de Sheffield. (18)

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Como explica Arnaldo Córdova, acerca de la relación entre crisis, recuperación económica y movimiento obrero, el primer efecto de la desaceleración de la crisis se experimentó en el desarrollo del movimiento obrero; la dispersión, como un proceso generalizado, llegó a su fin, y comenzó desde entonces una lenta pero progresiva evolución hacia la unificación final de la clase obrera. (19)

Inspirados en la valiosa experiencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (1933) y el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (1934), los organismos sindicales de la industria petrolera constituyeron el 15 de agosto de 1935 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con la fusión del Sindicato Único de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company , Mata Redonda, Ver.; Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", S. A., Cd. Madero, Tamaulipas; Sindicato de Pierce Oil Company , Cd. Madero, Tamps.; Sindicato de Trabajadores de la Compañía Mexicana del Petróleo El Águila, S. A., México. D. F.; Sindicato de Trabajadores Unidos del Departamento de Ventas de la Huasteca Petroleum Company , México, D. F.; Unión de Obreros y Empleados de la Pierce Oil Company , México, D. F.; Sindicato Único de Empleados y Obreros de la California Standard Oil Company , México, D. F.; Unión de Trabajadores y Empleados de las Compañías Petroleras, Veracruz, Ver.; Sindicato de Empresa de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company de Ébano, San Luis Potosí; Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Minatitlán, Veracruz; Sindicato de Estibadores y Jornaleros de Minatitlán, Veracruz; Sindicato de Trabajadores de la Compañía Naviera de San Cristóbal, Minatitlán; Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial y sus Anexos, Tampico, Tamaulipas; Sindicato Único de Obreros y Empleados de la Penn Mex Fuel Oil Company , Álamo, Veracruz; Sindicato de Obreros y Empleados del Petróleo del Campo de Agua Dulce, Veracruz; Sindicato de Empresa de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company , División Sur, Cerro Azul, Veracruz; Sindicato Único de Trabajadores del Petróleo de la Terminal de Nanchital, Veracruz y sus Dependencias; Sindicato de Obreros y Empleados de El Águila en El Plan, Las Choapas, Veracruz, y Sindicato de Trabajadores de la Petromex, México, D. F. (20)

El STPRM tuvo que abordar como tarea inmediata la lucha por la contratación general única. En noviembre de 1936, la convención del sindicato elaboró su proyecto de contrato colectivo de trabajo tipo, emplazó a las empresas y se encaminó a preparar la huelga general de rama. Las compañías imperialistas armaron un gran escándalo en Excélsior, El Universal, La Prensa y otros diarios.

El 26 de noviembre, sindicato y empresas firmaron un convenio, en el que se establecía una prórroga de 120 días para la declaración de la huelga petrolera. Las compañías accedieron a sentarse a negociar; sin embargo, las pláticas fueron suspendidas y de ahí que el STPRM, para presionar, realizara un paro de 24 horas el 14 de enero de 1937.

La huelga general petrolera empezó el 27 de mayo de 1937. Entre empresarios y obreros se desenvolvió una guerra por ganar la conciencia de la gente. Las compañías imperialistas inundaban la prensa nacional y del exterior de propaganda calumniosa en contra del sindicato y los trabajadores.

El día del inicio de la huelga, se efectuó un acto de masas en el teatro Hidalgo, organizado por la Sección 4 del STPRM. Participaron en él oradores petroleros y Francisco S. Calderón, de la Sección 15 del STFRM; Félix M. Martínez, de la Alianza de Organizaciones de Trabajadores al Servicio del Estado; Emilio Moreno, de la Alianza de Tranviarios; Marcelino Reyes, de la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza; Tomás Cueva, del STFRM, y otros dirigentes de diferentes sindicatos y frentes.

Tras acaloradas discusiones, la convención del STPRM aprobó por mayoría levantar el movimiento de huelga el 9 de junio, y tramitar las peticiones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por medio de una demanda de orden económico. En el número 481 de El Machete, del 20 de junio de 1937, apareció el artículo de Valentín Campa “Las enseñanzas de la huelga petrolera”, en el que sostenía que el movimiento sintetizaba la lucha de todo el pueblo mexicano contra la opresión imperialista, criticaba la insuficiente solidaridad de las dos fracciones de la CTM, saludaba el acuerdo de no declararle la huelga a la Petromex y exponía los problemas del arbitraje.

La Comisión Pericial nombrada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, integrada entre otros por Jesús Silva Herzog, dictaminó el 3 agosto de 1937 la capacidad económica de las empresas petroleras para acceder a las demandas del sindicato hasta por la cantidad aproximada de 26 millones de pesos. De cara al peritaje, las compañías imperialistas amenazaron con retirarse de México.

La expropiación petrolera

La clase obrera desempeñó un rol de primer orden en la lucha por las reformas estructurales, pues siempre estuvo en pie de pelea por repartir los latifundios y dar la tierra a los campesinos, expropiar al imperialismo y alcanzar la democracia.

Enrique Ramírez y Ramírez expuso con claridad: “Fueron los trabajadores petroleros, dirigidos por la CTM, los que plantearon el conflicto que, en su desarrollo accidentado desembocó en la expropiación. El movimiento sindical, en esa ocasión, desempeñó el papel de avanzada en la lucha contra las compañías extranjeras, defendió con firmeza los intereses de los trabajadores petroleros y estableció las condiciones propicias para la liquidación del viejo litigio entre el capital petrolero y la nación mexicana. Sus intereses de clase se identificaron con los de la nación”. (21)

La lucha de los trabajadores petroleros por la firma del contrato colectivo de trabajo único se convirtió, por la cerrazón del capital foráneo, en un combate decisivo entre la nación mexicana y el imperialismo. Por eso, al desarrollar sus labores en febrero de 1938 el I Congreso Nacional Ordinario de la CTM , Vicente Lombardo Toledano defendió la política patriótica de Cárdenas, rechazó las amenazas de los monopolios extranjeros, llamó a los trabajadores y el pueblo a hacer causa común, así como previó con gran visión la posibilidad de la expropiación petrolera. (22)

El 18 de d iciembre de 1937 fue expedido el laudo arbitral del Grupo Número 7 de la JFCA que precisaba que existía un desequilibrio entre los factores de la producción en la industria petrolera, que este desequilibrio era imputable a las empresas demandadas, y que d ichas compañías estaban en posibilidad de aumentar los salarios de sus trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo de éstos hasta por la suma de 26 millones 332 mil 756 pesos. (23)

Las empresas no acataron el laudo de la JFCA, con lo cual pusieron al gobierno de Cárdenas frente a la disyuntiva de ser derrotado por los monopolios extranjeros o aplicar la Ley de Expropiación de 1936 . El empuje de los trabajadores petroleros, la clase obrera, el pueblo y las fuerzas de izquierda y nacionalistas, la prepotencia de las compañías extranjeras y las contradicciones en el seno de las potencias imperialistas, convencieron al gobierno de la necesidad de decretar la expropiación. La importancia histórica de esta medida es indudable: se eliminó el saqueo de uno de los recursos nacionales no renovables, la sobreexplotación de los obreros petroleros, las constantes presiones de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos, las amenazas intermitentes de intervención militar, la creación de guardias blancas y la corrupción de generales y funcionarios públicos. Los veneros del diablo se transformaron en auténtica riqueza nacional.

Se declararon expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de 17 empresas extranjeras de la industria del petróleo .

De acuerdo con Luis González l a expropiación del petróleo le atrajo a Lázaro Cárdenas una popularidad nunca vista dentro de México y una inquina colérica en las cimas sociales de los países inversores. (24)

Los monopolios extranjeros recurrieron a los servicios del general Saturnino Cedillo, que no tenía posibilidad alguna de poder derrocar al gobierno cardenista. El 15 de m ayo de 1938, el Congreso de San Luis Potosí lanzó un decreto en el que desconocía al gobierno federal y criticaba la expropiación petrolera. (25)

Las dificultades del capitalismo recién salido de la gran depresión, las pugnas entre las potencias capitalistas democráticas y las fascistas, la proximidad de la II Guerra Mundial, la política del buen vecino de Franklin D. Roosevelt y la unidad patriótica del pueblo mexicano impidieron que el imperialismo norteamericano interviniera militarmente para restaurar el dominio de los monopolios extranjeros sobre la riqueza petrolera nacional; pero si bien los gringos no recurrieron a la fuerza de las armas, las empresas expropiadas boicotearon a México mediante el cierre de los mercados de Estados Unidos, América Latina y Europa, la salida del país de ingenieros y técnicos extranjeros, y la cancelación de las importaciones de maquinaria y refacciones necesarias para la industria del oro negro. Ante esta situación, el gobierno mexicano tuvo que dirigir la venta de su crudo a Alemania, Italia y Japón.

Objetivos de la nacionalización

Para Antonio J. Bermúdez, ex director de Pemex, la expropiación petrolera perseguía dos objetivos, cumplir satisfactoriamente y en todo tiempo el de abastecer los combustibles necesarios para el progreso y desarrollo del país, que el monopolio estatal cumplió, aunque con un costo muy superior al que debió haber tenido. El petróleo ha sido la base del desarrollo económico de México, de 1938 a 1975.

En cambio, no logró que la industria petrolera fuera el instrumento clave del desarrollo económico independiente de México, pues Petróleos Mexicanos y la economía de México no han tenido ni tienen el desarrollo ni la independencia que deberían tener. (26)

Lo que indicaba Bermúdez fue cierto hasta hace algunas décadas, mas la corrupción, el entreguismo y la ceguera política de los agentes neoliberales de EU han hecho y hacen que México exporte crudo e importe gasolinas y otros productos del petróleo. En una política de esta naturaleza está el sustento de la reprimarización de la economía mexicana, como del grueso de las economías latinoamericanas.

Contratos riesgo

El imperialismo norteamericano jamás renunció en volver a apropiarse de la industria del petróleo, y siempre que pudo insistió en meter sus manos en Pemex. Las presiones fueron múltiples. En la segunda mitad de los años 40 del siglo pasado, quiso compartir la renta petrolera con México. No lo logró, pero sí pudo imponer los contratos riesgo. Lo que hubo fue una gran presión de parte del gobierno y consorcios petroleros de EU para que las empresas expulsadas volvieran y que, por último, se firmaron los llamados contratos riesgo, en los cuales se contrataban servicios para explorar y perforar y se pagaba a los contratistas si encontraban petróleo, con un porcentaje del valor de la producción, lo que no era ventajoso para la industria nacionalizada. (27)

Pemex

Como lo han señalado diversos autores, la experiencia de Petróleos Mexicanos ha sido y es útil a otros países de América Latina y Asia. O como escribió el combatiente de la Gran Guerra Patria y latinoamericanista soviético Víctor Volski: “Desde que Pemex existe, los trabajadores petroleros han logrado, con su abnegado trabajo, enormes éxitos en el desarrollo de la industria petrolera nacionalizada, éxitos que tienen vasta notoriedad en el mundo entero. Mosadegh esgrimió el ejemplo de Pemex cuando intentó nacionalizar la industria petrolera en el Irán. Antes de crear Petrobrás, el gobierno del Brasil envió en dos oportunidades misiones especiales a México y Venezuela para estudiar ambos métodos de explotación. Y si la elección recayó en el monopolio estatal, ello se debe al ejemplo mexicano. La comparación de los sistemas de México y Venezuela proporcionó a los diputados chilenos una poderosa argumentación para rechazar por dos veces --en 1957 y 1959-- los proyectos de ley del gobierno acerca de la admisión de compañías petroleras extranjeras en la explotación de los yacimientos chilenos…” (28)

México y América Latina

Dos autores argentinos ubicaban con claridad la influencia de la nacionalización del petróleo en otros países de la Patria Grande. Por cierto, Alberto T. Casella, junto con Lázaro Cárdenas y Domingo Vellasco, presidió la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, celebrada en nuestra capital federal del 5 al 8 de marzo de 1961. (29) Escribían los patriotas de Argentina: “…el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo el 18 de marzo de 1938. La decisión, el valor y el patriotismo, con que el presidente Cárdenas afrontó la lucha con las empresas petroleras fueron realmente dramáticas, pero hoy, transcurridos 25 años, es preciso señalar la tremenda influencia que ese hecho histórico ha ejercido en México y en toda América Latina. Con el derramamiento de sangre entre hermanos y México pasó a ser el país de economía más sólida en Latinoamérica”. (30)

En esa historia de la industria petrolera se ubica la actual lucha entre los sectores patrióticos y los agentes de EU que encabezan el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Salta a la vista, pues, que la iniciativa de ley energética de Enrique Peña Nieto busca fortalecer la reserva estratégica de Estados Unidos, entregar la renta petrolera a las trasnacionales gringas, recibir las migajas de la explotación petrolera, continuar la criminal política de exportar crudo e importar gasolinas, marchar al revés de la tendencia mundial al fortalecimiento de las empresas paraestatales, impulsar la reprimarización de la economía de México y dar la espalda a los procesos unitarios de América Latina y el Caribe. Es, en el fondo, una expresión “mexicana” de los intereses del mayor peligro para la paz mundial: el imperialismo norteamericano. Esta política puede y debe ser derrotada.

Notas

(1) María Teresa Aguilar Delsordo y María Cristina del Arenal Mitolo, El general Manuel Peláez G. (Su actuación política y militar en las Huastecas), tesis, FFL UNAM, 1983, B. T. Rudenko, “México en vísperas de la revolución democrático-burguesa de 1910-1917”, en La Revolución mexicana. Cuatro estudios soviéticos , trad. de Arnoldo Martínez Verdugo y Alejo Méndez García, México, ECP, 4ª reimpr., 1979, p. 72, y N. M. Lavrov, “La Revolución mexicana de 1910-1917”, en Ibíd., p. 92 .

(2)Hu Sheng, Historia de las relaciones entre China y las potencias imperialistas. 1840-1925, Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1957, p. 214, y Li Sin, La Revolución de nueva democracia en China (1919-1949), Pekín, Ed. en L. Extr., 1979.

(3) Ley sobre el petróleo, 24-XII-01, web de Ed. Antorcha.

(4)Decreto de Francisco I. Madero estableciendo un impuesto sobre el petróleo crudo, 3-VI-12, web de Ed. Antorcha.

(5)Octavio Gordillo y Ortiz, La Revolución y las relaciones internacionales de México, México, BINEHRM, 1982, p. 29.

(6)Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942, México, El Colmex, 1ª reimpr., 1981, p. 75.

(7)Leonardo Pasquel, La Revolución en el estado de Veracruz, t. II, México, BINEHRM, 1972, p. 89.

(8)Lorenzo Meyer, México y los…, p. 36.

(9) Constitución de México de 5 de febrero de 1917 , en Internet.

(10) Enciclopedia de México, José Rogelio Álvarez (dir.), t. XI, México, EM y SEP, MCMLXXXVIII, p. 6393.

(11)Armando Rendón Corona et al ., Los conflictos laborales en la industria petrolera 1911-1932 , vol. 1, México, UAM-I, 1997, p. 90.

(12)Prólogo de Emilio Portes Gil en Ángel José Hermida Ruiz, Bermúdez y la batalla por el petróleo, México, B. Costa-Amic, Ed., 1974, p. 13.

(13)Jaime Tamayo, “En el interinato de Adolfo de la Huerta y el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924)”, en La clase obrera en la historia de México, t. 7, Siglo XXI Ed., México, 1987, pp. 224-225

(14)Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución mexicana , México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964, p. 392.

(15)Ilse María Escobar Hofman, La controversia diplomática entre México y los Estados Unidos (1925-1927) , tesis, México, FFL UNAM, 1978, p. 126.

(16)Lorenzo Meyer, México y…, p. 252.

(17)María Elena Aragón Benítez, La campaña presidencial de 1927. Apuntes para la historia del antirreeleccionismo en México , tesis, México, FFL UNAM, 1963, p. 74.

(18) El Machete , 26-XI-27, citado por Ricardo J. Zevada, en Calles el presidente , México, Ed. Nuestro Tiempo, 1971, p. 44.

(19)Arnaldo Córdova, “En una época de crisis”, en La clase obrera en la Historia de México , t. 9, Siglo XXI Ed., México, 1980, p. 145.

(20)Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Acta Constitutiva y Estatutos Generales , México, s. e., 1977, pp. 9-13, y Gerardo Peláez Ramos, “El sindicalismo petrolero en El Machete . 1935-1938”, en Rebanadas de realidad, La Haine y otros portales.

(21) Enrique Ramírez y Ramírez, “Experiencias y ejemplos de la Revolución en la época de Cárdenas”, en Problemas Agrícolas e Industriales de México , vol. VII, núm. 4, octubre-noviembre-diciembre de 1955, p. 383.

(22)Vicente Lombardo Toledano, “Informe del Comité Nacional al Primer Congreso Nacional Ordinario de la CTM”, en Obra histórica-cronológica , t. III, vol. 7, 1938, México, CEFPS “VLT ”, 1996, y CTM : 50 años de lucha obrera , t. 1 (1936-1941), México, PRI ICAP, 1986 .

(23)Julio Valdivieso Castillo, Historia del movimiento sindical petrolero en Minatitlán, Veracruz, México, ed. del autor, 1963, p. 99.

(24) Luis González, “Los días del presidente Cárdenas”, en Historia de la Revolución mexicana. 1934-1940 , t. 15, México, El Colmex, 1981, p. 192.

(25) Ver Manuel Fernández Boyoli y Eustaquio Marrón de Angelis, Lo que no se sabe de la rebelión cedillista , México, s. e., 1938, pp. 315-316.

(26)Antonio J. Bermúdez, La política petrolera mexicana, México, Ed. J. Mortiz, 1976, p. 35.

(27)Ángel José Hermida Ruiz, Bermúdez y la batalla por el petróleo, México, B. Costa-Amic, Ed., 1974, pp. 15-16.

(28)Víctor Volski, América Latina, petróleo e independencia, Buenos Aires, Ed. Cartago, 1966, p. 204.

(29)Véase Gerardo Peláez Ramos, “El Movimiento de Liberación Nacional (1961-1967)”, en los portales Rebelión, La Haine, Apia virtual, MLN y otros.

(30)Alberto T. Casella y Alejandro Clara, Petróleo, soberanía y paz, Buenos Aires, Ed. Platina, 1963, p. 113.

18.9.13

Quien es el secretario de Hacienda Videgaray

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Las mentiras petroleras del gobierno

 Marcos Chávez *

Las protestas masivas contra la privatización del petróleo tienen sustento: Pemex no es poco rentable, sino que lo han quebrado en forma deliberada. El saqueo fiscal de la renta petrolera ha derivado en su endeudamiento, al tiempo que se le exige a la paraestatal la máxima producción de hidrocarburos y  se castiga el resto de la cadena productiva, para cederla al empresariado

Después de padecer durante 30 años un sistemático deterioro en su funcionamiento y en su importancia estratégica dentro del desarrollo de México, son de sobra conocidas las razones que mantienen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una situación crítica, así como las medidas que tienen que aplicarse para superarla. Fingir desconocerlas y proponer la intensificación de la misma terapia causante del desastre para supuestamente tratar de superarlo no es más que una postura burda, un grosero insulto a la inteligencia de las mayorías.

A nadie debe sorprender la respuesta violenta de ellas ante las reiteradas e insultantes provocaciones montadas por las elites dominantes, obsesionadas por tensar los conflictos sociales y llevarlos hasta un punto sin retorno. Sus medidas arbitrarias, unilaterales, son las responsables de los eventuales días turbulentos. Salvo en los casos de la derecha que babea rabiosamente por sus fauces para exigir la represión abierta, los intelectuales orgánicos y los gacetilleros a sueldo del sistema, que destilan sus amargas sustancias viscerales en contra de la oposición, no existen argumentos razonables para descalificar a los descontentos que protagonizaron los enfrentamientos con los aparatos represivos del Estado al iniciarse el mes de septiembre.

¿De qué otra manera esperaban que reaccionaran los que se manifestaban ante el estado de sitio impuesto en la capital, que pensaban mostrar pacíficamente su rechazo a la reforma energética, al carnavalesco ritual del besamanos presidencial, su malestar a un gobierno que llega a su primer informe huérfano de democracia y reprobado en materia económica y social? ¿Ante los militares disfrazados de policías que fueron soltados como una jauría que les mostraban sus filosos colmillos para inhibir su derecho a disentir y que desde el principio empezaron a agredir y detener a opositores? ¿Ante la ausencia de canales institucionales que atiendan las demandas sociales y desalienten los movimientos extremistas? ¿Ante el empleo de los drones que como buitres resguardaban el edificio de San Lázaro, junto con la manada uniformada y las vallas de 3 metros de altura que vedaban el acceso a la “casa del pueblo” al mismo pueblo, medida que recuerda al congreso disuelto por Victoriano Huerta, mientras sus comisionistas “representantes” prianistas, los “vendidos” –Dolores Padierna dixitChuchos-perredistas y demás –los “pithecanthropus erectus”, “la aristocracia pulquera” como la calificó Ricardo Monreal–, en la casa sin pueblo, rememoraban el alemán Decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel-Erlass), al asestar la puñalada peñista a los maestros, con la Ley General al Servicio Profesional Docente aprobada en el sínodo nocturno, con el filo de la media noche?

Con o sin los provocadores infiltrados del Estado, el día de furia fue justificado. La cólera es legítima ante un régimen ilegítimo y autoritario, antisocial en su desacreditado proyecto oligárquico y transnacional, el cual sólo acepta la sumisión y la represión como método de domesticación. No es desdeñable el valor de quienes han perdido el miedo paralizante y decidido poner los ideales y el cuerpo por delante, aun con el riesgo de perder la libertad o incluso la vida; de quienes empiezan a decir: “ni a irse ni a quedarse, a resistir”, como diría el poeta Juan Gelman, creador de La Rosa Blindada; de los “esperanzados sin remedio”; los del “destino furioso” que, en una época donde las expectativas de cambio han retrocedido a las zonas pantanosas, gritan: “obligaremos al futuro/ a volver otra vez”. Pero tampoco hay que olvidar que las acciones aisladas son apenas un atisbo, pálidos ensayos que suelen perderse en la intrascendencia mientras los movimientos sociales no se organicen en la defensa de los intereses y los recursos de la nación, alrededor de un proyecto alternativo al capitalismo neoliberal. La fiesta de la utopía libertaria tiene que ser colectiva, en contra de las elites dominantes que sólo dejan a los vendavales sociales como la única salida para limpiar el ambiente enrarecido provocado por la descomposición del sistema.

La asociación rentable o cómo Enrique Peña Nieto aparece en la escena como una ridícula marioneta bailando al ritmo de las cuerdas movidas por las corporaciones

Difícilmente alguien puede estar en contra de la reestructuración petrolera y eléctrica, pese a la ambigüedad del concepto. Pero ipso facto surge el desacuerdo hasta la confrontación debido al sentido nada confuso de la pretendida por Peña. ¿Por qué? Primero porque la “modernización” peñista descansa en las mismas políticas causantes del desastre, las cuales fueron instrumentados por los gobiernos priístas y panistas precedentes y con quienes comparte el mismo credo neoliberal, bajo las directrices impuestas del Consenso de Washington. Después, porque su contribución radica en la mayor extranjerización energética.

Las causas del declive petrolero son obvias:

1) El saqueo fiscal de la renta petrolera. Después del pago de impuestos las ganancias de Pemex se convierten en pérdidas. Ello explica sus limitaciones financieras para cubrir sus programas de inversión en exploración de nuevos yacimientos, la producción de hidrocarburos y gas natural, de productos petrolíferos (gas licuado, gasolinas, querosenos, diesel, combustóleo) y petroquímicos (amoniaco, etileno, etcétera), en infraestructura o tecnología, y la necesidad de endeudarse para compensar los recursos arrebatados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2) Lo anterior se explica, a su vez, por la política tributaria regresiva. Con dicho saqueo el Estado compensa la debilidad estructural de sus ingresos, una de las peores del mundo, provocada por el sesgo neoliberal de la recaudación de los impuestos directos a los indirectos, el estancamiento económico crónico, los escasos empleos formales o la indolencia de la Secretaría de Hacienda en la recaudación; de la baja en la tasa de impuestos marginales a la renta a las empresas y los sectores de altos ingresos, agravada por las deducciones y la evasión en sus pagos, la existencia de regímenes especiales de tributación, las exenciones a las inversiones financieras y los subsidios a la inversión, deterioro apenas compensado con el alza de los gravámenes al consumo (IVA, gasolinas, cigarros, etcétera).

3) La política de los gobiernos neoliberales para desmantelar y reprivatizar la industria petrolera: que concentra la actividad de Pemex en la máxima producción irracional de hidrocarburos y castiga el resto de la cadena productiva para cederla al empresariado.

4) La conversión de la empresa en una de las más infames fuentes de corrupción de los funcionarios públicos, a través del tráfico de influencias o el contratismo, entre otras formas, fenómeno que no es más que expresión de otro problema grave: la impunidad que carcome a Pemex, al Estado, al sistema, ante la ausencia del estado de derecho.

La información disponible de Pemex y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es irrecusable. En las gráficas 1 y 2 se observan dos fases claramente contrastantes entre los ingresos de Pemex, sus impuestos pagados y los recursos destinados a la inversión física de la empresa. La primera corresponde al periodo 1938-1982, es decir, época del “nacionalismo-revolucionario”, con su etapa cardenista y “populista”, odiada y considerada como una entelequia por los “modernos globalizados” neoliberales, incluyendo, desde luego, a los peñistas, a los que pertenece la segunda (1983-2018).

En la primera, los impuestos federales pagados equivalieron al 19 por ciento, en promedio, de los ingresos de Pemex (actualmente considerados como los beneficios obtenidos por las ventas en el mercado interno y exterior y por servicios), aunque comenzaron a elevarse en la segunda mitad de la década de 1970. Aquel año representaron el 12 por ciento; en 1975 al 20 por ciento; y en 1980 hasta el 50 por ciento. La inversión media equivalió a 30 por ciento de los ingresos, y con relación a los impuestos llegó a superarlos hasta en 65 por ciento. El mejor lapso de inversión de Pemex fue entre 1940 y 1979 cuando, en promedio, llegó a más que duplicar el pago de impuestos.

Sin embargo, la situación anterior dio un giro radical con el ascenso de los “modernizadores”, tan “preocupados” por el presente y el futuro de Pemex. La proporción de los impuestos ante los ingresos se multiplica por tres: la media pasa a 55 por ciento. Ello exige reajustes en los gastos de la paraestatal. Y la inversión es la sacrificada. Su media respecto de los ingresos baja a 11 por ciento y el peor castigo corresponde a los gobiernos panista, en la que equivale a 3 por ciento (2001-2008). La relación inversión-impuestos se desploma 30 por cierto.

En 2009-2012 la inversión muestra una mejoría importante. Pero ello se debe a una circunstancia: la participación privada, el contratismo y sus jugosas y corruptas ganancias compartidas entre funcionarios y los empresarios. Primero fueron los Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto) en exploración, producción, refinación, gas, petroquímica básica, en donde se pudo, hasta 2008, cuando se prohibieron. Sin embargo, la “creatividad” depredadora ha sido exuberante: contratos de arrendamiento, de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones, tal y como la periodista Nancy Flores ha documentado en su trabajo Con Calderón, privatización total de Pemex (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/03/13/con-calderon-privatizacion-total-de-pemex/).

Ahora Enrique Peña quiere contratos de riesgo compartido

Otra perspectiva ofrece un mejor panorama de lo que ha sido en saqueo descarado e impune de la renta petrolera, la destrucción de la industria y su desmantelamiento. Esto puede verse en la gráfica tres. Si se elimina la inflación, los ingresos acumulados de Pemex entre 1983 y 2012 ascendieron a 22.7 billones de pesos reales de 2010. Después de cubrirse los gastos, obtuvo un rendimiento antes del pago de impuestos por 12.3 billones. En ese lapso pagó 12.7 billones por concepto de gravámenes. Como buen causante cautivo y responsable, Pemex cuadró sus hojas de balance con una pérdida acumulada por 479 mil millones. En promedio, el pago de impuestos superó en 2 por ciento todos sus rendimientos. Entre 1998 y 2012, sólo en 2 años, por puro accidente, arrojó una ganancia. Esos años fueron los de voracidad extrema: los impuestos superaron hasta en 10 por ciento sus beneficios. El primer semestre de Peña no se diferenció en nada a esa rapiña de la renta.

Las dos épocas señaladas ofrecen sus contrastes. Mientras que en el odiado “nacionalismo-revolucionario” la economía creció a una tasa media real anual de poco más de 6 por ciento, con una cierta mejoría en el bienestar social, la “modernizadora” con sus abundantes capitales foráneos, apenas lo hizo en 2 por ciento, con una caudalosa estela de miseria y pobreza generalizada: 80 millones os contemplan.

Una de las diferencias fundamentales es que mientras los recursos petroleros contribuyeron a un desarrollo basado en el mercado interno, la otra contribuyó a un estancamiento crónico apoyado en el mercado externo.

Los primeros revolucionarios, dice Lorenzo Meyer, tuvieron la virtud de considerar a la reforma petrolera como una piedra de toque para un desarrollo que pretendía la autonomía y una mayor independencia frente a Estados Unidos y el exterior. Ello lo reafirmó Lázaro Cárdenas. Por eso salvaguardaron los hidrocarburos constitucionalmente. Sus herederos contrarrevolucionarios consideran lo anterior para el proyecto que impulsan, sustentado en la integración y la subordinación mundial, donde los efectos multiplicadores se trasladan hacia afuera, junto con los capitales.

Su odio hacia el cardenismo no impidió que oportunistamente Peña Nieto exhumara la zalea histórica de Lázaro Cárdenas para colocársela encima y tratar de engañar a las mayorías, para tratar de convencerlas, por medio de mentiras, para que apoyen su proyecto reprivatizador y desnacionalizador.

De los factores responsables de la crítica situación de Pemex, no pretende cambiarlos. Sólo busca darles algunos retoques cosméticos.

*Economista


Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación

El astabandera vacía

Alejandro Nadal
 
México atraviesa tiempos aciagos. Su gobierno se empeña en entregar lo último que queda del patrimonio del pueblo mexicano a intereses privados, extranjeros y nacionales. Frente a la crisis económica, sus gobernantes reaccionan torpemente, con lentitud y con medidas marcadas por contradicciones. Finalmente, las autoridades se muestran incapaces de enfrentar la secuela de destrucción y muerte provocados por los desastres naturales.

Las calamidades naturales no se pueden evitar, pero sus efectos pueden ser mitigados de muchas maneras: alertas tempranas, preparación y movilización de la población, infraestructura robusta, mantenimiento preventivo y esquemas de respuesta rápida. Pero ¿qué digo? ¿Movilización de la población? Pero si aquí lo que el gobierno quiere es una población desmovilizada, por no decir pasiva. Lo que menos quiere el poder es una población alerta y movilizada: y si no, ahí están los maestros de la CNTE para confirmarlo.

¿Infraestructura robusta? Imposible lograrlo con un presupuesto federal con asignaciones raquíticas para inversión física. Por eso tenemos décadas de un rezago acumulado en todo lo que tiene que ver con desarrollo: salud, educación vivienda, carreteras, obras de irrigación. En el neoliberalismo el estado abdicó de sus responsabilidades frente al desarrollo del país y la red de carreteras tuvo que crecer con inversiones privadas que estuvieron mal planeadas y llegaron a la quiebra. El gobierno entró al rescate y hoy todo eso pesa en las finanzas públicas. La carretera más emblemática es la Autopista del Sol, construida para los negocios, más no para durar.

¿Esquemas de respuesta rápida? A cuatro días de los meteoros en el Golfo y en el Pacífico el gobierno apenas puede articular una reacción atropellada por el caos y la improvisación. Esta es la hora en que el Centro de Prevención de Desastres sigue con su página en la red anunciando que todo está bien...en el Popocatépetl. El servicio de protección civil de la Secretaría de Gobernación mantiene su página con mensajes anodinos, los de un régimen en decadencia: acércate al Sinaproc, conócenos, infórmate de la convocatoria al premio de protección civil 2013. Pues de seguro no se lo van a dar a Peña Nieto. Eso sí, hasta abajo: anuncios del informe presidencial, de las reformas hacendaria y energética.

El gobierno anunció hace una semana su paquete económico para el 2014. Su previsión de crecimiento del PIB es de 3.4 por ciento, pero por lo pronto, este año la economía nacional crecerá mucho menos de 1.8 por ciento pronosticado por el gobierno y a duras penas se cumplirá la meta del 2014. Aunque el secretario de Hacienda no se canse de repetir que ‘técnicamente’ México no está en recesión, los desastres naturales dejarán una huella profunda y el crecimiento será mucho menor que el pronosticado.

El presupuesto de egresos, dice el gobierno, es contracíclico. Con esto quiere decir que ayuda a reducir la pérdida de dinamismo de la economía al inyectar más dinero e incrementar la demanda agregada. Para demostrarlo, el gobierno señala que su presupuesto mantendrá un déficit de 3.5 por ciento del PIB. Pero, qué curioso paquete de estímulo fiscal. Tiene déficit, es cierto, pero también contiene un incremento en los impuestos por todos lados: sobre el IVA en la frontera y a las colegiaturas, sobre el ISR con una especie de remedo de progresividad y por supuesto, manteniendo los incrementos en la gasolina. Es un presupuesto contradictorio: por un lado se anuncia el déficit como muestra de que el gobierno frenará la caída de la economía, pero por el otro, se introducen incrementos en los impuestos que pegan en el poder de compra de la población.

El Banco de México anunció hace unos días que bajaría la tasa de interés de referencia de 4 a 3.75 por ciento. Esa es la tasa interbancaria de un día y no servirá para reactivar el crédito y la economía, a pesar de los pronunciamientos del BdeM y del secretario de Hacienda. Los bancos no están sujetos a ninguna regulación y el impacto en las tasas activas (las que cobra el banco) será nulo: el costo del crédito seguirá siendo exorbitante. En síntesis, el espacio económico sigue estando ocupado por la rapacidad y la miopía.

Para colmo de males, la reforma energética sigue como espada de Damocles, suspendida sobre la nación mexicana. Con este robo se cerrarán las puertas de un proceso de industrialización generador de empleos estables y mejores oportunidades para todos. Es otra calamidad, como la de la entrega del espacio maicero mexicano a los cultivos transgénicos producidos y comercializados por la empresa Monsanto. Al igual que la plaga de maíces transgénicos, la entrega del sector energético a las empresas trasnacionales es un retroceso del que no podremos escapar fácilmente.

Dicen que cuando viene el huracán y despoja a los árboles de sus hojas, los troncos quedan como un astabandera vacía. Quizás es una buena metáfora para la República Mexicana en estos momentos. Los árboles permanecerán desnudos, sin insignia, como testimonio mudo de las hazañas del mal gobierno.

15.9.13

El ABC de la reforma educativa: la ruina de la educación

Arsinoé Orihuela

La reforma educativa es una reforma tripartita: esto es, administrativa, laboral y pedagógica. Pero esta triple dimensión no se aprecia en la observación directa e inmediata, y menos cuando el canturreo mediático que envuelve a la controversia aspira a nublar los sentidos y la razón (por cierto, la misma aspiración que persigue la reforma). No basta con responder o desmentir los improperios de la prensa libertina, que miente, manipula, deforma, la naturaleza de la irrupción insurgente magisterial. Es necesario conocer el fondo oscuro de la reforma: sin un diagnóstico adecuado e integral, el paciente –la educación, el trabajador de la educación– se privará de recursos de solución acertados para enfrentar una iniciativa maquinada e impulsada desde los círculos económicamente más poderosos. Y esta es una cuestión que no debe desatenderse u omitirse: las fuerzas que actúan en la dirección de la iniciativa reformista tienen tanto poder que, allí donde la resistencia carezca de radicalidad, podrán imponer cómodamente intereses privados a expensas del derecho o el interés público.
Pero abordemos detalladamente, una por una, las tres dimensiones de la reforma, así como los actores e intereses que intervienen o intervendrían en el nuevo marco administrativo-laboral-pedagógico. Cabe advertir que la crispación ha escalado precisamente a causa de la insistencia del Estado en presentar las modificaciones a la ley como algo diametralmente opuesto a lo que real y empíricamente son: a saber, el encumbramiento del empresariado en el sistema educativo nacional, y la infracción del estatuto laboral de los trabajadores de la educación.
 
Dimensión administrativa

Si bien pareciera la consagración de un anhelo largamente incubado en el ámbito educativo nacional, la llamada “autonomía de gestión escolar” no es más que una sutileza lingüística con fines exactamente opuestos a los declarados. La propaganda oficial insiste en anunciar la recuperación de la rectoría en la educación. Pero si se observa cuidadosamente, se advertirá que en realidad la reforma entraña la renuncia casi total del Estado en el control-administración de la educación. El transitorio quinto, numeral 3, inciso A del artículo 73 constitucional establece: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. En lenguaje desencriptado, esta adecuación jurídica tiene tres implicaciones fundamentales: 1) formalización del cobro de cuotas a padres de familia (privatización en germen); 2) abdicación del Estado en las tareas de financiamiento y gestoría de la educación, y la consiguiente apertura de ocasiones para la intervención de la iniciativa privada (privatización cucaracha) y; 3) profundización de las asimetrías en el ámbito socioeducativo, condenando a los centros escolares en zonas vulnerables o marginales al eterno rezago infraestructural, presupuestal e instructivo (segregación socioespacial prematura).

Un autonomía de gestión auténtica involucraría el financiamiento estatal de los centros escolares, delegando a éstos la facultad de administrar los recursos de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela o comunidad. La reforma enuncia explícita o tácitamente la renuncia del Estado en este renglón crucial, es decir, el administrativo-presupuestario, y en cambio anticipa la intervención del Estado allí donde no debiera intervenir, o intervenir sólo coligadamente con la institución escolar: a saber, en la elaboración de planes de estudio. En suma, la autonomía de gestión entraña un doble atropello: el abandono presupuestario de la educación pública, y la cancelación de la autogestión pedagógica en las escuelas.
 
Dimensión laboral

Otra modificación que en la letra (sin la pertinente exégesis) tiene visos de saneamiento, pero que en la práctica significa una profundización de la crisis laboral (invalidación de la estabilidad profesional-salarial), es la referente al artículo 3º constitucional, fracción III, que señala: “…Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan… La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional…”

Traducido al cristiano, esta modificación implica la transferencia del poder decisor –en materia laboral– a un conciliábulo estatal externo a la actual estructura de trabajadores de la educación. En México esto significa el control monopólico del servicio docente, en manos de un órgano con tintes patronales, altamente centralizado, que redunda en una licencia a funcionarios educativos para decretar discrecionalmente la contratación-despido de los maestros. Esta dimensión laboral de la reforma tiene dos aristas: 1) el desplazamiento de los maestros en la disposición de criterios para la evaluación magisterial (¡sic!), ahora prerrogativa exclusiva de un elefante blanco supeditado a organismos nacionales e internacionales con filiaciones empresariales-patronales y; 2) el condicionamiento de la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, a los caprichos y veleidades de funcionarios previsiblemente corruptos, gobiernos estatales sabidamente corruptos, y marcos jurídicos irrenunciablemente corruptos.

¿Qué implica, resumidamente, esta reforma? Respuesta: la derogación por decreto de derechos laborales históricamente adquiridos.
 
Dimensión pedagógica

La dimensión pedagógica de la reforma se advierte, aunque nebulosa e imprecisamente, en la adición al artículo 3º constitucional, fracción IX, a saber: “Corresponderá al Instituto [para la Evaluación de la Educación] evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y; c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación…”

Pero esta adición sólo refiere a la parte operativa de la reforma. Ahora, si se quiere conocer el contenido pedagógico de la iniciativa, es preciso mirar la baraja de agrupaciones que impulsan los “lineamientos”, “medidas”, “directrices” y ¨criterios de evaluación” de la “transformación educacional” (sic). La revista Proceso documenta: “Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México (2010)… Getting it right: una agenda estratégica para las reformas en México (2012)… así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2014, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal”. El artículo de Proceso también desvela la identidad de este cónclave patronal –Mexicanos Primero: “Los patronos del organismo son… Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa; Claudio X. González, ex vicepresidente corporativo de la fundación de esa mismo empresa… Carlos Hank González, director general del Grupo Financiero Interacciones, nieto y homónimo del ex gobernador priista del Estado de México… Carlos Fernández González, presidente de Grupo Modelo, Eduardo Haro Tricio, presidente de Grupo Lala, y miembro del Consejo de Administración de Televisa… Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis… Daniel Servitje Montull, presidente de Bimbo… Ignacio Deschamps González, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander… José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA…”

La dimensión pedagógica de la reforma tiene, en suma, dos vértices: 1) la incautación de la instrucción académica, ahora en manos de organismos empresariales y; 2) la conversión de la educación pública en centros de transmisión de “valores” técnico-empresariales y capacitación de la fuerza laboral.

En síntesis, la defunción de la educación.

13.9.13

La guerra por los energéticos

Marcos Chávez *

Las autoridades afirman que la reprivatización del petróleo y la energía eléctrica es para “modernizar” las paraestatales, pero de esa cantaleta mediática no hay una sola evidencia. Ninguna privatización o reprivatización ha sido en beneficio de la sociedad. Ni siquiera un caso pueden exponer los porristas oficiales. Lo cierto es que los grandes empresarios vienen por los recursos energéticos de México y el gobierno se impacienta por entregárselos. Le apuestan a que la sociedad, atomizada o dormida, lo permitirá
Los tiranos se apoderan del mando y los dueños del dinero modifican las normas económicas mediante sus combinaciones entre unos y otros
John Dos Passos, El gran proyecto, 1949
El secreto de la vida es la honestidad y la honradez, si no entiendes esto vas por el buen camino
Groucho Marx

En las actuales circunstancias políticas, los grupos dominantes se encuentran ante la oportunidad histórica de dar un paso decisivo hacia la realización de uno de sus sueños más anhelados: arrancarle a la nación la industria petrolera y su renta, la última joya y la más preciada, que le queda a la corona. Será un despojo en toda regla: legalizado por el Congreso de la Unión; pontificado por la invidente y sordomuda Suprema Corte de Justicia de la Nación; aderezado con menores restricciones en el ramo eléctrico, para que las dentelladas empresariales sobre las piltrafas que les resta por devorar sean más eficaces.

La reforma peñista representa un paso adelante y dos atrás

Hacia adelante, lo que se exhibe como “modernización” energética, no es más que otro capítulo de una tediosa “modernización” más vieja iniciada por Miguel de la Madrid en 1983, “inconcebible” sin la reformulación de la intervención pública en la economía y “la modernización estructural de la empresa pública”, según Jacques Rogozinski (“personaje siniestro de las maniobras privatizadoras del salinismo”, como lo calificara el maestro Álvaro Cepeda), y que en buen castellano no quería decir más que el abandono deliberado del Estado de sus funciones rectoras en el desarrollo, porque “las realidades del país eran diferentes, no permitían que […] se colocara como la pieza fundamental de los procesos económicos; [y porque] tenía que abrir[se] espacios a la iniciativa privada”. Así, se procedió al retiro estatal de diversos sectores para concentrarse en lo que fue calificado como “estratégico y prioritario”, y la “desincorporación” de las entidades públicas “no estratégicas o no prioritarias”, que fueron extinguidas, liquidadas, fusionadas, transferidas y privatizadas. Las razones empleadas para justificar ese giro estratégico son las mismas que después emplearían los subsecuentes gobiernos priístas y panistas, hasta Enrique Peña Nieto: los problemas financieros del Estado y la necesidad del equilibrio fiscal, la “obsolescencia y el rezago tecnológico”, la “eficiencia y productividad poco satisfactorias” de las entidades públicas, “los déficits de un buen número” de ellas, “los cuantiosos recursos [requeridos] para subsanar[las], modernizarlas y colocarlas a niveles competitivos”, la imposibilidad de “seguirlas subsidiando”, de “inyectarles capital que el gobierno no poseía…”.

De esa manera, se decía, se fortalecerían las finanzas públicas, se acabarían los subsidios y se dispondría de ahorros para destinarlos a la atención de las demandas sociales y la inversión en las entidades y áreas estratégicas y prioritarias; que las empresas privatizadas “poseían gran potencial de crecimiento, lo cual las presentaba atractivas para los inversionistas” y ellos ampliarían las inversiones con “plena libertad”, realizarían el cambio tecnológico y mejorarían la calidad y la oferta de los bienes y servicios; que se evitaría la creación de monopolios y oligopolios, aunque, a regañadientes, se aceptaría su presencia temporal como un mal necesario; que crecería más la economía, el empleo y el bienestar, y otras tantas monadas (La privatización de las empresas paraestatales).

Un cambio de esa naturaleza requería modificar los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros; y eso fue lo que hicieron los priístas en febrero de 1983. Arbitrariamente reclasificaron como “áreas estratégicas” aquellas en las que el Estado debería tener una participación exclusiva por afectar de manera directa la soberanía de la nación: las relacionadas con los recursos no renovables, con los servicios públicos o con la infraestructura de otras actividades económicas. En las “prioritarias incluyeron a las que otorgan un amplio beneficio social” (servicios de salud, vivienda, educación, regulación y abasto de productos básicos) y que estarían sujetas a futuras modificaciones, debido a que, como dijo cínicamente Rogozinski, no estarán delimitadas constitucionalmente. Eso es lo que han hecho desde entonces los subsiguientes gobiernos: privatizarlas cuando les da un ataque de “libre mercado” con las reformas de segunda y tercera generación.

¿Cuál ha sido el resultado del delirium tremens reprivatizador?

Al repasar las de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, el economista Emilio Sacristán Roy anota que la venta de empresas que no fue transparente (Sosa Texcoco), prácticamente se regalaron (Sicartsa I, Sicartsa II, Altos Hornos de México) o se vendieron a bajos precios, comparado con su valor en libros (plantas de Fertimex); que varias de ellas después fueron quebradas; Compañía Mexicana de Aviación y Aeroméxico fueron rematadas a precios menores que sus pasivos absorbidos por el Estado y tuvieron que ser rescatadas; las utilidades de Teléfonos de México (Telmex) podrían indicar que el precio fue castigado; el rescate de la banca costó varias veces más que el dinero obtenido por su subasta. Las tropelías son incontables.

El balance de Sacristán de 2006 es: “la privatización no resultó ser la panacea que los tres gobiernos que la propiciaron esperaban”, y sus “apólogos tienen ahora en su mira al sector energético. Pemex [Petróleos Mexicanos], CFE [Comisión Federal de Electricidad] y la Compañía de Luz [y Fuerza del Centro]. Argumentando la necesidad de modernizar[las], pide[n] su privatización, o la entrada, bajo una forma u otra, del capital privado en sus actividades. La experiencia raramente exitosa en 2 décadas de privatizaciones debería ser razón bastante para no emprender estos nuevos procesos” (Las privatizaciones en México, Facultad de Economía, UNAM, número 9). La Compañía de Luz ya fue desaparecida. Siguen las otras empresas.

La liberación del “espíritu empresarial” rogozinskiano no fue más que un vulgar animal enloquecido, que salvajemente, en aras de un enriquecimiento rápido, ha destruido todo lo que toca: quiebra las empresas, arruina los sectores que le ceden, tiene que ser rescatado, se socializan sus pérdidas, opera suciamente con sus monopolios y oligopolios (Telmex, Televisa, etcétera), victimiza a la población y se impone a las elites políticas. Y las finanzas públicas siguen en problemas.

Rogozinski dijo que las privatizaciones fueron limpias, “sin amiguismos”. Pero el “mentiroso” –como lo calificó el maestro Álvaro Cepeda– reconoció en 1998, ante la periodista Dolia Estévez, que “en todos los países las personas que tienen dinero son amigos o conocidos de los que están en el poder”; y “que los amigos de Salinas, los amigos ricos, ganaron las privatizaciones”.

“El orden social surgido espontáneamente del mercado”, según Hayek, fue parido entre cieno y lodo. En el estercolero.

En el caso de la energía, sus segmentos convertidos de “estratégicos” a “prioritarios”, y la privatización anticonstitucional a golpes de leyes secundarias ubicadas por encima de la Constitución, han provocado la desarticulación y destrucción deliberada de la cadena productiva eléctrica y petrolera, el desmantelamiento de la industria que justifica la siguiente venta de cochera. Esa etapa fue inaugurada por Miguel de la Madrid, al reclasificar 36 productos petroquímicos básicos, de alrededor de 64, reservados exclusivamente al Estado, a secundarios, en 1986. La reprivatización fue justificada por las dificultades financieras de Pemex. Fueron cedidos a los empresarios que bramaban por el retiro de las manos sucias del Estado de la economía y que prometieron cuantiosas inversiones. Veintisiete años después, la petroquímica pública, surgida en 1960, y la privada, son un desastre. De 40 productos contabilizados, apenas siete registran un nivel de producción, medido en toneladas, superior al de 1986, y su saldo comercial pasó de un déficit por 403 millones de dólares a 8.5 mil millones en 2012; y cerrará 2013 con un desbalance similar.

La reprivatización no fue una idea genial de los tecnócratas mexicanos. El proceso mundial fue inaugurado por militares suramericanos en la década de 1970 y seguido por Margaret Thatcher. Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la convirtieron en religión global. Desde 1983 pasó a ser en México una pieza de la reforma del Estado y del nuevo proyecto de nación, cuyas bases de la acumulación de capital se integran y se subordinan a la mundialización capitalista. En la lógica del nuevo coloniaje, la ideología nacionalista-revolucionaria estorbaba, por lo que fue sustituida por la retórica de la “globalización”. En esa matriz se insertan, 30 años después, las reformas peñistas: la laboral, la de las telecomunicaciones y la energética, y están infectadas con el bacilo de la peste neoliberal.

Enrique Peña Nieto quiere dar dos apuradas zancadas hacia atrás si las mayorías no logran frustrar sus ambiciones por cualquier medio. Y sólo le dejan la revuelta y el estallido social para barrer a los subastadores, salvaguardar y recuperar los recursos naturales y restaurar la soberanía nacional.

Con un paso aspira dejar atrás la nacionalización eléctrica y petrolera. Con el otro busca afianzar los pies en la época del “orden y progreso”, nostálgica para la derecha local y las empresas multinacionales.

Lo novedoso de la iniciativa de Enrique Peña es la delicada socarronería leguleya con la que anhela encubrir sus ímpetus reprivatizadores y desnacionalizadores:

1) Eliminar del Artículo 28 constitucional la letra que explicita al petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad como áreas estratégicas bajo responsabilidad del Estado. No las reclasifica como “áreas prioritarias”. Deliberadamente las deja en el limbo de la ambigüedad constitucional para luego interpretar el texto a su gusto. Sin aclarar la cuestión, las palabras que se agregarían dicho Artículo remiten al Artículo 27.

2) En el cambio propuesto para el Artículo 27 aparece un cuerpo constitucional cercenado en partes vitales, digno del trabajo quirúrgico de Jack el Destripador: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos […], no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

En compensación, Jack plantea que sea el Ejecutivo, sin otorgar concesiones, quien decida la forma en que se explotarán los hidrocarburos y la petroquímica básica. Apegado a lo que dicten las nuevas leyes secundarias que, por cierto, él mismo redactó. Desde luego, en beneficio de la nación. Lo hará por medio de “contratos”, palabra conservada en la reescritura del Artículo 27. Pero en la nueva redacción se le olvidó añadir “contratos de riesgo compartido”, como dicen los peñistas.

Ese “olvido” intrascendente permitirá agregar el apellido que se les ocurra a los convenios. Los priístas-panistas nos han mostrado que lo que no es negado constitucionalmente, no es ilegal. Corresponde a esas zonas grises jurídicas que son una delicia para quienes, apadrinados, se aventuran por esas procelosas aguas, las cuales arrojan jugosas ganancias, y que pueden escabullirse parsimoniosamente de las complacientes redes de la justicia. También nos han enseñado que aun cuando el texto constitucional sea la mar de transparente, de todos, les seducen los discretos encantos de los placeres prohibidos.

En lo que se refiere a la electricidad, su parte en el Artículo 28, desaparecerían las partes tachadas: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica […] En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares…”

La nueva redacción sería más “amigable”…, pero con los empresarios. La generación y la transformación de electricidad ya no dependerían exclusivamente del Estado. Generoso, está dispuesto a compartir el negocio con el capital privado. Aunque se reservaría la transmisión y la distribución, no sería un Estado mezquino, según se desprende de un agregado peñista: “en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica” (ver recuadro). Es el nuevo Estado de bienestar.

Es una mayor reprivatización encubierta. La promoción de venta que realizan los peñistas con sus reformas preludia una fiesta en grande.

Enrique Peña Nieto tiene casi todos los hilos en la mano para garantizar autoritariamente la aprobación de la reprivatización y trasnacionalización energética: 1) Las relaciones de fuerza en la disputa le favorecen: están amarrados los consensos y las alianzas entre quienes ejercen el dominio económico de México y la hegemonía política; 2) el maridaje entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y los otros partidos mercenarios aseguran los votos necesarios en las cámaras para su aprobación; 3) la presencia militar durante la presentación de la iniciativa tiene su carga simbólica; 4) la claudicación y la traición del Partido de la Revolución Democrática, la risible convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas para un referéndum 2 años después de los acontecimientos, el tardío llamado de Andrés Manuel López Obrador en defensa de la energía, la fragmentación de otras organizaciones sociales y la parálisis de la población.

*Economista