“Señoras y señores,
quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de
la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez…” El craso
error político-diplomático de Enrique Peña Nieto al recibir al
mandatario uruguayo en Palacio Nacional el 14 de noviembre lo pinta de
cuerpo entero. Pero tan burdo o más grave, aún, fue calificar, un día
después, como rufianes, matones, crueles y déspotas (derivaciones todas
de la definición convencional de bully), a quienes critican el accionar de los aparatos de seguridad del Estado.
Más allá de que es materialmente imposible que la sociedad civil haga bullying
(es decir, hostigue, intimide, agreda o acose física o sicológicamente)
a policías, soldados y marinos que desde hace 11 años son
coprotagonistas de una violencia criminal sin límites y de la
militarización y paramilitarización de México, el falso victimismo
gubernamental exhibe el talante autoritario de quien hacia el final de
su desgobierno sabe que una vez que deje el cargo podría ser enjuiciado
por crímenes de lesa humanidad. Empezando por el caso de las torturas
físicas, sicológicas y sexuales de agentes policiales a un grupo de
mujeres en Atenco y el penal de Santiaguito, en mayo de 2006 −cuando
Peña Nieto era gobernador del estado de México–, cuyos autores
materiales e intelectuales permanecen impunes, ventilado la semana
pasada en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
dada la proverbial ineficiencia de la justicia mexicana.
Las mujeres en Atenco forman parte de un paisaje crónico que exhibe
un largo rosario de víctimas de la violencia criminal y estatal, que son
revictimizadas después al ser tratadas con cinismo, desidia y desprecio
por funcionarios y agentes del Estado. Un Estado cuyo nivel de barbarie
quedó condensado en el caso Iguala/Ayotzinapa del 26 de septiembre de
2014, que desnudó aún más a ese reino de la impunidad que es el México de hoy
−según describió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la
sentencia del Capítulo México en noviembre de ese año−, donde hay homicidios sin asesinos, tortura sin torturadores y violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidades en
la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y
violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre
hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los
que tiene responsabilidad el Estado.
Pero la impunidad en México no es sólo ausencia de castigo sino un
mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades
de agentes policiales e integrantes de las fuerzas armadas en la
práctica de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias
extrajudiciales, cometidas como parte de un mecanismo educativo y disciplinador
del Estado, que busca imponer un sentido de impotencia a la sociedad
mediante un terror paralizante; una violencia estatal y un miedo como
parte de una estrategia contrainsurgente de control de población.
Ese mecanismo disciplinador responde a una lógica estructural,
consustancial a un esquema de violencia institucional aplicada por el
sistema político mexicano para imponer medidas económicas que responden
al interés de la plutocracia. Es decir, de los megamillonarios marca Forbes.
En general, los medios de difusión masiva silencian o invisibilizan que
la actual catástrofe humanitaria en México es responsabilidad de un
aparato estatal que actúa en absoluta colusión con los intereses del
capital trasnacional, las políticas de Estados Unidos y organizaciones
criminales, en lo que fue caracterizado por la fiscalía del TPP como un
proceso de desvío de poder.
El desvío de poder es caracterizado como una transformación del aparato estatal que, a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda capacidad punitiva,
abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la
población, utilizando al poder público para la consecución de intereses
particulares.
Dicho desvío de poder se realiza en todos los planos del
funcionamiento estatal: político-legislativo (verbigracia, el Pacto por
México); judicial (siguen impunes las matanzas de Ocosingo, San
Cristóbal, Chicomuselo, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque,
Ostula, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, etcétera), y económico
(contrarreformas neoliberales, en particular la energética como vía para
el despojo de tierras y recursos geoestratégicos), en tanto
expropiación o secuestro del aparato público que, asaltado en su
capacidad de decidir y usurpada su legitimidad, queda vaciado.
Definida como un ilícito atípico, la actitud más anómala de la
desviación de poder en tanto mecanismo criminal, consiste en el uso de
los gobiernos federal, estatal y municipal, representantes políticos y
poderes fácticos, de las capacidades políticas, económicas, culturales y
jurídico-institucionales del Estado, con el propósito de satisfacer o
beneficiar los intereses de la clase capitalista trasnacional.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por
México en 2005, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad
(ejecuciones extrajudiciales, exterminio, tortura, desaparición forzada
de personas, violación, privación grave de libertad, esclavitud,
etcétera), que adquieren dicha condición cuando se cometen como parte de
un ataque generalizado o sistemático contra población civil.
En el contexto de una violencia sistemática, generalizada, endémica, de alcance nacional y con masacres de proporciones bélicas −como las señaladas en el informe que disparó la ira controlada de Peña Nieto−, hablar de bullying a
las instituciones de seguridad del Estado exhibe el empaque autocrático
de quien no admite la crítica de sus gobernados y, a la vez, indicios
de que siente que ha entrado en la cuenta regresiva de la pérdida de
poder político y teme por los crímenes de lesa humanidad que se le
puedan imputar hacia el final de su mandato.
Los
mexicanos empobrecidos, verdaderos destinatarios de la Ley de Seguridad
Interior. El uso de los cuerpos castrenses en la contención de
protestas, el objetivo de las élites gobernantes, según analistas
El gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa. Les
urge una Ley de Seguridad Interior que contenga a la sociedad y,
particularmente, a la serie de movilizaciones que se esperan para este
año. Por separado, y aunque con matices, integrantes de organizaciones
defensoras de derechos humanos, especialistas y militares retirados
coinciden: no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco
jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano,
sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el
convulso panorama político de la República.
Aprobar “cuanto antes” una Ley de Seguridad Interior, como anunció el
diputado priísta César Camacho Quiroz, es la encomienda de los
legisladores de los tres partidos políticos dominantes en el Congreso
federal: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de
la Revolución Democrática (PRD), los mismos del Pacto por México que
hizo posible las llamadas “reformas estructurales” que hoy generan el
rechazo de amplios sectores de la población.
Para ello, las tres organizaciones políticas han presentado sendas
iniciativas que ya se analizan en la Comisión Permanente del Poder
Legislativo y, se ha anunciado, ya encontraron “coincidencias” que les
permitirá legislar con rapidez. La iniciativa priísta será el documento
base.
Los especialistas consultados por Contralínea mantienen
posiciones encontradas sobre si es necesaria en estos momentos una Ley
de Seguridad Nacional para el país. Pero sí están de acuerdo en que se
estará cediendo a los militares un poder que difícilmente soltarán
después. También reconocen que se estará militarizando, aún más, la vida
cotidiana de los mexicanos. Y que poco incidirá la militarización para
ganar y terminar la “guerra” contra el narcotráfico.
Para Raymundo Díaz Taboada, coordinador de Colectivo contra la
Tortura y la Impunidad (Ccti), la población mexicana no necesita en
estos momentos una Ley de Seguridad Interior.
Quien la necesita es la alianza entre políticos y grandes
empresarios, temerosa de las movilizaciones sociales, dice el médico de
profesión y activista de los derechos humanos.
Díaz Taboada señala que la Ley de Seguridad Interior viene a
profundizar “un estado que va limitando derechos sociales, humanos,
civiles y políticos”. Esta ley tiene como objetivo contener a la
población en un contexto en que “los salarios no han aumentado de manera
real; la seguridad social se ha ido perdiendo, hay un trabajo precario
cada vez más extendido. No es raro que venga una Ley de Seguridad
Interior cuando vivimos en un proceso de empobrecimiento de la población
mexicana”.
La Ley de Seguridad Interior coadyuvará en “el control de la masa empobrecida. Por un lado está la mano dura para la creación de terror, inmovilización, romper el tejido social; y por otro lado está todo el manejo de pan y circo”, observa.
México sí necesitaría una Ley de Seguridad Interior; pero siempre y
cuando, antes, se establezca una nueva de Seguridad Nacional y, antes
aún, una doctrina de seguridad nacional, considera Guillermo Garduño
Valero. A decir del especialista en seguridad nacional y Fuerzas
Armadas, se debería de definir, primero, qué valores son los que la
nación mexicana desea preservar.
Agrega que, a la fecha, la seguridad nacional sigue enfocándose
contra los movimientos sociales y se sigue confundiendo a la seguridad
nacional “con la seguridad del presidente de la República”.
Precisamente por ello, “la población tiene un enorme disgusto con
respecto de la autoridad”. Que la actual Ley de Seguridad Nacional ha
fallado lo demuestra que la nación está “al garete, sin liderazgo y sin
ningún elemento que unifique una posible convocatoria a la nación”, dice
el sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y
especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.
Para el general retirado Jesús Ernesto Estrada Bustamante, México sí
necesita una Ley de Seguridad Interior. Podría constituir una
oportunidad para establecer con claridad los límites de actuación de las
Fuerzas Armadas Mexicanas en asuntos de seguridad pública.
El problema, dice el general de división diplomado de Estado Mayor,
son los legisladores: “Salvo honrosas y raras excepciones”, ignoran todo
en la materia y sólo buscan aprobar al vapor un marco jurídico
que haga legal lo que hoy están haciendo fuera de la ley los efectivos
de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar):
combatir a las delincuencias, tanto las organizadas como la de tipo
común.
Para que se cuente con una Ley de Seguridad Interior que realmente
funcione, a decir de Estrada Bustamante, se necesita de “una discusión
amplia, que involucre a especialistas en seguridad, juristas, defensores
de derechos humanos, en fin, que sea fruto de una gran participación”.
Algo que no se está haciendo. Una Ley al vapor –dice el general
que desde que pasó a situación de retiro en 2008 ha hecho carrera en la
seguridad pública– podría ser contraproducente para las propias Fuerzas
Armadas.
“Cualquier método” podrán usar los militares
Tres propuestas de Ley de Seguridad Interior ya se analizan en las
cámaras del Poder Legislativo federal. Una fue presentada por Jorge
Ramos, diputado del PAN, en noviembre del 2015. La otra, por los
diputados del PRI César Camacho y Martha Tamayo a finales de octubre
pasado. La tercera, por el diputado del PRD Miguel Barbosa este 12 de
enero.
Ocho comisiones ordinarias de las cámaras son las encargadas de
analizar y preparar el documento que se someterá a votación del pleno,
se espera, en los primeros días del próximo periodo de sesiones. Se
trata de las comisiones unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de
Defensa Nacional; de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la
Cámara de Senadores; y de Gobernación y de Seguridad Pública, con
opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de
Diputados.
Las similitudes entre las tres iniciativas han permitido que panistas
y perredistas acepten como base la presentada por los priístas y, en el
periodo ordinario de sesiones, se apruebe con agregados de las bancadas
de “oposición”.
Los legisladores destacan que buscan clarificar la participación de
las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y, también, establecer que
sea sólo por periodos estrictamente establecidos. Señalan que se
impondrán límites a la actuación de los elementos castrenses.
Pero lo que no dicen es que prácticamente los efectivos de la Sedena y
la Semar podrán salir a las calles por cualquier asunto y para combatir
no sólo a delincuencia organizada.
Según el texto que se busca aprobar, y del cual Contralínea
posee copia, la intervención de las Fuerzas Armadas estará justificada
cuando ocurran “actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad
de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la
Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo
el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes, o cuando
haya fenómenos de origen natural o antropogénico”.
Además, prevé que el Ejecutivo ordene la actuación de los militares
cuando lo considere necesario y la Comisión Bicamaral de Seguridad
Nacional sólo será “informada” por la Secretaría de Gobernación, sin que
el Poder Legislativo tenga injerencia en tal determinación.
En la propia exposición de motivos de la iniciativa se enlista a la
pobreza como una de las causas que vulneran la seguridad nacional: “La
pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la
población, que también afectan la estabilidad y la democracia”.
En el párrafo III del artículo 7 de la iniciativa se considera
amenaza a la seguridad interior “cualquier acto o hecho que ponga en
peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio
nacional o en áreas geográficas específicas del país”. En una
interpretación amplia que quedaría a criterio del presidente de la
República, las protestas cabrían en estos supuestos para sacar a las
Fuerzas Armadas a las calles.
Aunque se señala que se deberá establecer un periodo para la
declaratoria de protección a la seguridad interior, en el artículo 14 se
establece que dicho periodo puede estar sujeto a las “prórrogas que se
consideren necesarias” mientras subsistan las causas que dieron origen a
dicha declaratoria. En los hechos, es por periodo indefinido.
El artículo 25 dice: “Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de
Orden Interno y de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de
un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o
de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el
ámbito de sus atribuciones”.
Por su parte, el artículo 28 señala que: “Las Fuerzas Federales y las
Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de
Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias,
considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como
propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de
seguridad interior. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades
facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de
recolección de información”.
Así, “cualquier método” será válido para la Sedena y la Semar para investigar y prevenir asuntos de seguridad pública.
Legalizar lo ilegal
Por ello, la Ley de Seguridad Interior es en realidad un marco legal
que vendrá a otorgar mayor impunidad de la que ya existe. Todo sin tomar
en cuenta que elementos de las Fuerzas Armadas ya están involucrados en
crímenes o violaciones de derechos humanos, dice Raymundo Díaz Taboada.
El activista, quien junto con la organización de la que es
coordinador –el Ccti– ha brindado apoyo a víctimas de tortura y otras
agresiones cometidas por militares, señala que los soldados y marinos
podrán ahora con mayor libertad entrar a una casa, intervenir teléfonos y
demás tipos de comunicaciones.
“De hecho, el estado de excepción en muchas partes de la república
está vigente de facto. Pasas por un retén [militar] y te bajan. Y si no
te bajas, te maltratan, te torturan, al apuntarte con armas, al
jalonearte, al amenazarte, al no permitir que se graben los abusos. Y
eso es suspender garantías, suspender la libertad de tránsito.”
Precisamente esos retenes son la muestra de la no sujeción de los
militares al poder civil: ahí ellos interrogan y, como ha ocurrido y se
ha documentado, pueden juzgar y ejecutar extrajudicialmente.
Díaz Taboada sabe de lo que habla. La sede del Ccti, en Guerrero, ha
acompañado casos de este tipo desde antes de 2006, cuando el entonces
presidente Felipe Calderón inició supuestamente una lucha contra el
narcotráfico, mandó a las calles de todo el país a soldados y marinos
fuera de las normas constitucionales. Hizo en toda la República lo que
desde finales de la década de 1960 los sucesivos gobiernos federales
habían ordenado para Guerrero.
“Desde entonces todo esto ha sido ilegal. Y ahora lo que el Estado
mexicano pretende es legalizar una acción inconstitucional que, en todo
la República, ha durado 10 años.”
Con la Ley de Seguridad Interior “lo único que se va a legalizar es
la ilegalidad”, dice el doctor Guillermo Garduño. También ejemplifica
con los retenes: “Los retenes, para comenzar con lo más elemental, son
anticonstitucionales porque impiden la libertad de tránsito. Y
definitivamente ahora los van a legalizar. Otro ejemplo es que la Armada
de México no está protegiendo nuestras costas, que abarcan el doble del
territorio nacional terrestre, sino que están interviniendo en la
detención de delincuentes”.
Garduño agrega que esta situación está deteriorando a las dos secretarías: la Sedena y la Semar.
¿Seguridad pública o seguridad nacional?
A decir del general, el actual problema de México es de seguridad
pública; “pero si se sigue descuidando como hasta ahorita, se volverá de
seguridad nacional”. El militar ve dos escenarios que podrían hacer que
el problema de seguridad pública devenga en seguridad nacional.
El primero sería un pacto entre el terrorismo internacional y la
delincuencia organizada mexicana para realizar ataques contra
instituciones mexicanas e intereses de Estados Unidos en México, o
preparar desde este país atentados en ciudades estadunidenses.
Un segundo escenario serían los levantamientos populares ante la
incapacidad del Estado mexicano de brindar la mínima seguridad a su
ciudadanía. “Algo que podría ya empezar a ocurrir”.
Según el general, la seguridad en México está fallando porque no existe una estrategia definida. “Ahorita nada más están dando lamparazos: surge un problema por aquí y ¡pum!, mandan gente; surge otro problema por allá y ¡pum!, mandan gente”. Pero no hay una estrategia definida.
Pero la seguridad de la población no es un asunto policiaco, dice el
doctor en sociología y especialista en seguridad nacional Guillermo
Garduño. No es con más policías como se garantiza la seguridad de las
personas. Por lo tanto, no será tampoco con la incorporación de los
miliares a las labores de seguridad pública como se abatirán los índices
de inseguridad. Será fortaleciendo a la sociedad.
“La seguridad pública supone, fundamentalmente, la participación
ciudadana, algo que en México está prácticamente ausente. Por lo tanto,
la seguridad interior tiene que garantizarse no a partir de más
policías, sino a partir de una sociedad más organizada”, con la claridad
de cuáles son las amenazas y los riesgos que enfrenta.
La guerra ya fracasó… y la siguen alimentando
Las Fuerzas Armadas no deberían estar combatiendo delincuentes, pero
no tienen otra opción, según el general Estrada Bustamante. “Si sacas a
la Defensa Nacional y a la Marina de esta lucha contra la delincuencia,
qué pasaría; todo se va al garete”.
Reconoce, además, que ante la incapacidad de la Policía Federal, de
las policías estatales, de las municipales y del mando único, las
Fuerzas Armadas actualmente ya están combatiendo no sólo al narcotráfico
y a las otras formas de delincuencia organizada, sino “también a la
delincuencia común”.
Sobre la necesidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes tengan que
enfrentarse al crimen, Garduño se muestra de acuerdo en que todas las
corporaciones policiacas son corruptas. Ninguna –federales, estatales o
municipales– es confiable.
Pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para actuar como
policías en las calles. La Constitución y las leyes vigentes señalan
claramente que pueden intervenir en tres escenarios: los planes DN1, DN2
y DN3.
El primero, ante una situación de agresión externa; el segundo
ante un asunto de insurgencia interna, y el tercero para auxilio de la
población ante una situación de desastre.
Las diferencias entre los militares y los policías no son retóricas.
Garduño explica que una fuerza policiaca “tiene una primera función
preventiva; otra de intervención en casos específicos y bajo ciertos
procedimientos; también de conducción, o de colocar frente a la
autoridad judicial correspondiente evidencias y actores para emprender
las primeras investigaciones; para dar apoyo; además, realiza también
servicios de atención a la ciudadanía”.
Mientras, el aparato militar tiene una sola función: “la destrucción
del enemigo. Y ésa es una cuestión totalmente diferente. De manera
sencilla podemos decir que la misión central de las Fuerzas Armadas es
la guerra”.
Militares no son mejores que policías
Nadie duda que las Fuerzas Armadas, en términos generales, cuenten
con mayor capacidad de fuego ante los cárteles del narcotráfico. La
supuesta guerra no ha mermado las capacidades de la delincuencia
organizada. Incluso, las ha potenciado.
Pero también, y luego de 10 años de “guerra”, los militares no son
los mismos. El Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea
Mexicana han adquirido mayores destrezas.
Iñigo Guevara Moyano es un prestigiado analista de seguridad
nacional. Es maestro en seguridad internacional por la Georgetown
University. Ha sido analista de seguridad nacional en la Oficina de la
Presidencia de la República.
“Hoy en día México cuenta con unas Fuerzas Armadas mucho más capaces
en términos de tecnología y doctrina para realizar operaciones en contra
del crimen organizado, específicamente en contra de grupos
paramilitares equipados con armamento y equipo de grado militar”, señala
Guevara Moyano.
Agrega que “las capacidades de movilidad, inteligencia, vigilancia y
reconocimiento han mejorado sustancialmente en calidad”, en comparación
con lo que eran las Fuerzas Armadas en 2006.
Destaca que esto ha sido posible sin que hayan aumentado en número de
tropas. Asimismo, “el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas no ha
experimentado un incremento real sustancial”.
Luego de 10 años, las capacidades de los cuerpos militares han
mejorado, pero no han sido suficientes para ganar la “guerra”. Y Las
policías no se han preparado.
En 2006, cuando el entonces titular del Poder Ejecutivo federal,
Felipe Calderón, sacó de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas, se dijo
entonces que los militares combatirían al narcotráfico mientras se
capacitaba y se depuraba a las corporaciones policiacas.
A más de 10 años, las policías de todos los tipos y niveles siguen siendo corruptas e incapaces.
Las corporaciones policiacas, luego de 2 lustros de guerra contra el
narcotráfico, “no han preparado nada”, dice el general de división en
retiro Jesús Ernesto Estrada Bustamante. No son capaces de enfrentar el
problema. “Para empezar, no hay una carrera policial; no hay una
profesionalización de la policía”.
“Hoy las policías son simplemente administradoras de la delincuencia,
no tienen otra función”, dice el especialista Guillermo Garduño, quien
también ha sido conferencista en el Colegio de la Defensa de la Sedena.
“Qué vamos a lograr con la entrada del Ejército. Pues que haya nuevos
administradores de la delincuencia”. Y con la legalización de su
estancia en las calles, las Fuerzas Armadas van a participar finalmente
en procesos de corrupción. “Es lo único que se va a lograr con esa nueva
Ley”.
Para Raymundo Díaz Taboada, está comprobado que la militarización no
soluciona los problemas de inseguridad: desde que salieron los militares
a las calles “ni hay una baja de la delincuencia ni hay una lucha
efectiva contra el narcotráfico, contra el crimen organizado; y no hay
resultados en función de un bienestar social de la mayoría de los
mexicanos porque las Fuerzas Armadas estén patrullando las calles”,
explica Raymundo Díaz Taboada.
Las policías están mal capacitadas, pero también están militarizadas:
“cualquier corporación que se quiere certificar y pasar controles de
confianza es mandada a campos militares para entrenarse y pasar pruebas;
y ahí las tácticas que aprenden son tácticas militares”. Por ello es
contrasentido que se reconozca que los militares no están capacitados
para perseguir delincuentes, pero se les otorga “el poder de decir esta
policía es confiable y esta no”.
Ahora bien, la corrupción no es privativa de las policías. Los
vínculos entre elementos militares y el crimen organizado están
perfectamente documentados. No se trata sólo de aislados soldados
cooptados por el narcotráfico sino de batallones enteros (como el
“desintegrado”, en 2002, 65 Batallón de Infantería, con sede en
Guamúchil, Sinaloa) o de generales “prestigiados” antes de caer en
desgracia, como Jesús Gutiérrez Rebollo (quien murió de cáncer cuando
cumplía una condena de 40 años de prisión por delincuencia organizada),
Francisco Quirós Hermosillo (sentenciado por ser parte del Cártel de
Juárez; murió mientras purgaba una condena de 16 años de cárcel) y Mario
Arturo Acosta Chaparro.
A este último se le recuerda por haber encabezado la lucha contra los
grupos guerrilleros. Organizaciones sociales y familiares de las
víctimas lo acusaron de violaciones a los derechos humanos y crímenes de
lesa humanidad, pero nunca fue juzgado por ello. Por lo que sí fue
sentenciado fue por narcotráfico, aunque fue rehabilitado por el panismo
en el poder, quien lo liberó, lo consideró inocente y le devolvió su
rango de general. Fue asesinado cuando cumplía las tareas que el
gobierno de Felipe Calderón le asignó al final del sexenio: “apaciguar”
el sureste del país.
A lo anterior deben sumarse las cuatro sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por
crímenes cometidos por el Ejército. En todos los casos, los hechos
ocurrieron en Guerrero. Destacan los casos de la desaparición forzada
del campesino Rosendo Radilla en 1974, y las violaciones sexuales
cometidas contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina
Rosendo, atacadas por separado por soldados en 2002. Recientemente la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado una nueva
denuncia. Ésta por la ejecución extrajudicial del indígena nahua
Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar en Guerrero.
Tampoco puede ocultarse el cuestionamiento al Ejército por su actuar
durante el ataque y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en
2014.
Más poder a los militares sin que haya contrapesos. “Los militares
quieren una Ley de Seguridad Interior, pero no trasparentan sus
archivos, no rinden cuentas”, observa Raymundo Díaz.
Contra comunidades
México vive un proceso de militarización, y una ley de seguridad
interior viene a reforzar ese proceso. De facto, y por momentos con
mayor rapidez, la militarización de todo el país inició a finales de la
década de 1990.
“Hay que recordar que se quitó el uniforme militar a una brigada de
la Policía Militar para transformarla en la Policía Federal Preventiva,
ahora Policía Federal.”
La primera encomienda de esos militares vestidos de policía, en
febrero de 2000, fue ocupar los campus de la Universidad Nacional
Autónoma de México y detener a más de 1 mil alumnos para romper la
huelga estudiantil. Entonces los universitarios se oponían a la
instauración de cuotas en la llamada máxima casa de estudios del país.
“Pareciera que el proceso de militarización va a seguir avanzando y
que las violaciones a derechos humanos van a seguir incrementándose”,
explica el coordinador del Ccti, Raymundo Díaz.
“La población mexicana empobrecida” es la destinataria de esta ley de
seguridad interior. Requieren de esa ley “porque saben los gobernantes
que en un momento dado esos mexicanos empobrecidos pueden exigir
derechos”.
Esta ley será usada, más que contra criminales, contra comunidades
organizadas. “Sobre todo pensando en los megaproyectos que tienen que
ver con minería, con zonas económicas especiales, con mantener a la
población como un recurso que le sirve a la economía global.
“Y es que la población empobrecida, en un momento dado, sí puede
reclamar derechos, un mejor nivel de vida, un mejor acceso a la salud, a
educación, trabajo, salario. Pero pues para eso está la mano dura y el
terrorismo de Estado”.
El general de división retirado Estrada Bustamante reconoce que las
Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir a las delincuencias,
“pero las policías tampoco lo están”. Menos aún en materia de derechos
humanos.
“Si queremos respetar los derechos humanos, pues vamos a preparar a
las policías, vamos a darles todos los medios operativos,
administrativos, materiales y la capacitación. Eso no se les da
actualmente. No están ni preparados ni adiestrados, no tienen equipo; no
saben cómo conducirse respetando derechos humanos.”
La ONU y
organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalan:
el Estado mexicano sigue ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso
excesivo de la fuerza. Lo de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado
El Estado mexicano asesina a quienes ejercen su derecho a la protesta
o disienten de las políticas llevadas a cabo por funcionarios de los
tres órdenes de gobierno. Además, garantiza impunidad para los
perpetradores. Son las conclusiones a las que, por separado, llegan
organizaciones defensoras de derechos humanos mexicanas, pero también
internacionales y hasta dependencias de la propia Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
“La privación arbitraria de la vida y la impunidad siguen siendo
problemas graves de México”, apunta el relator especial de la ONU para
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.
En el Informe del relator especial sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento a su
misión en México se asienta que el Estado mexicano no pudo cumplir a
cabalidad siquiera una de las recomendaciones que el organismo
internacional realizó luego de su anterior visita hace 2 años. Lo más
que hizo el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto,
fue a aplicar “parcialmente” algunas de ellas.
“Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no
estatales siguen afectando la vida, en particular, de las personas
vulnerables. Las medidas de protección de los grupos en situación de
riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces”, concluye el documento.
Fechado en mayo pasado y con número de oficio A/HRC/32/39/Add.2, el
informe se dio a conocer apenas un par de días antes de que en
Nochixtlán, Oaxaca, la Policía Federal intentara disolver una protesta
con el uso de armas de fuego. El saldo, hasta el momento es de 10
manifestantes asesinados, aunque el número podría incrementarse en los
próximos días debido a que algunos manifestantes se encuentran postrados
y en estado grave tanto en hospitales públicos como en comunidades de
la sierra mixteca.
El documento se emite 2 años después de que el relator visitara
México para atestiguar la situación de vulnerabilidad de grupos e
individuos ante las ejecuciones extrajudiciales que, desde el sexenio de
Felipe Calderón, se venían cometiendo en el país. En aquella ocasión,
el relator estuvo en México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013. A más
de 25 meses, el Estado mexicano no pudo presentar avances sustanciales
en la aplicación de las recomendaciones para revertir el problema.
Lo que el relator observó durante su visita a México fue que “el
derecho a la vida estaba en grave peligro en el país como resultado de
diversos factores, entre ellos las deficiencias del sistema jurídico, el
aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la
militarización de la policía, la falta de disposición o de capacidad de
la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza
de la ciudadanía hacia el Poder Judicial y la falta de rendición de
cuentas por violaciones cometidas”.
Gabriela Carreón Lee, colaboradora del área de Defensa del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), coincide en que “no
hay un avance real en esta materia”. Y para remarcar la importancia del
problema, recuerda que, al hablarse de ejecuciones arbitrarias, es que
están involucrados actores estatales: el Ejército Mexicano, la Armada de
México y la Policía Federal, principalmente.
No ha sido el único informe reciente en el que el Estado mexicano es
señalado directamente como violador de derechos humanos. La Open Society
Initiative hizo público un estudio, el cual, desde su título, describe
el terror que se vive en México y las responsabilidades de las
autoridades: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.
Luego de documentar cientos de casos de violaciones graves a los
derechos humanos en más de 160 páginas, el informe concluye: “A más de 9
años de que el gobierno federal lanzara su estrategia de seguridad para
combatir al crimen organizado, la crisis de asesinatos, desapariciones y
tortura continúa, alimentada tanto por el crimen organizado como por la
respuesta de mano dura por parte del Estado mexicano”.
Agrega: “Existen bases para sostener que actores estatales y no
estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.
El demoledor informe apunta a las responsabilidades servidores
públicos: “La crisis de impunidad en México es el resultado de una falta
de liderazgo político. Los altos funcionarios del gobierno han negado y
minimizado las dimensiones de la crisis, han acusado sin fundamento a
víctimas del crimen y han buscado desacreditar tanto a las
organizaciones de la sociedad civil como a observadores internacionales
que han alertado sobre los problemas”.
Esta actitud de los tres niveles de gobierno se ha traducido en,
señala el informe de la Open Society Initiative, “políticas oficiales
desacertadas consistentes en ocultar y falsear información respecto a
las atrocidades y su responsabilización, aceptar la tortura como base
para la investigación penal, detener a personas inocentes dejando libres
a los verdaderos autores, oponerse a la rendición de cuentas de la
milicia, militarizar a la policía con el resultado de una mayor comisión
de delitos y no su resolución, no aislar los servicios forenses y la
protección de testigos de la manipulación indebida, y no simplificar la
burocracia, cuya complejidad ha dejado al sector justicia propenso a una
mayor manipulación”.
Otros organismos, estos multilaterales y por separado, también han
condenado el actuar de las autoridades mexicanas: el año pasado el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas (Frayba), señala que, en específico, los casos de ejecuciones
extrajudiciales se viene presentado desde hace varios años.
“Hay una continuidad histórica en las acciones represivas del Estado.
Y hay un aprendizaje de acción: crear escenarios de estados de
excepción para ir a reprimir a quienes están reclamando derechos
legítimos.”
El defensor de derechos humanos señala que en la entidad federativa
donde el Frayba tiene su sede, Chiapas, se han documentado 87 casos de
ejecuciones extrajudiciales. En estos crímenes han participado tanto
policías como militares y se han llevado a cabo en el marco del
conflicto interno más fuerte que tiene el país, entre el Estado mexicano
y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Señala que, por supuesto, Chiapas no es el único estado de la
república con estas estadísticas. Recuerda casos como el de El Charco,
en Guerrero, cuando el 8 de junio de 1998 el Ejército Mexicano presentó
como un “combate” con guerrilleros del Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente el asesinato de milicianos y pobladores desarmados.
Estos casos señalan que en todo el país y desde hace varios años se
cometen ejecuciones extrajudiciales.
“Y si nos vamos más atrás, pues tenemos las masacres de estudiantes en 1968 y 1971”, destaca.
Carlos Ventura, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria, señala que el uso de la fuerza pública, tanto
civil y militar, es recurrente y generalizado en diferentes partes de la
república. Este abuso ocurre, además, en medio de una crisis de
derechos humanos y de una conflictividad producto de un malestar social
constante.
“Y el uso arbitrario de la fuerza ha tenido como una de sus peores
expresiones las ejecuciones arbitrarias”. Lo grave es que el Estado hace
uso de estos mecanismos para ejercer un “control social”, explica.
Recomendaciones de la ONU, ignoradas
Luego de su visita en 2014 y darse cuenta de la crisis que vive
México en materia de derechos humanos, y específicamente en la
ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, el relator especial de la ONU
emitió siete recomendaciones generales: “establecer un marco jurídico y
de políticas para la protección del derecho a la vida; promover la
rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos
pasadas y presentes; poner fin a la militarización de la seguridad
pública; aplicar la jurisdicción civil en los casos de vulneraciones de
los derechos humanos; adoptar normas exhaustivas sobre el uso de la
fuerza por los agentes del orden; proteger los derechos humanos en la
lucha contra la delincuencia organizada; y proteger el derecho a la vida
de los grupos vulnerables”.
De éstas se derivan otras más de carácter específico. De todas, ninguna cumplió a cabalidad el Estado mexicano.
Una de las recomendaciones que el relator especial de la ONU emitió
con más énfasis fue la desmilitarización del país. Ahora, a más de 2
años, “lamenta que no se haya avanzado en la aplicación de la
recomendación”. Por el contrario, señala “una serie de trágicos
acontecimientos” en las que las Fuerzas Armadas Mexicanas se han visto
involucradas. Y se trata de hechos nada menos que de ejecuciones
extrajudiciales. Cita el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde en
junio de 2014 murieron 22 civiles. “Si bien las autoridades mexicanas
declararon que todas las muertes se habían producido como parte de un
‘tiroteo’, los documentos militares revelaron que existía una orden
explícita de ‘matar a criminales’. Posteriormente la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos determinó que, al menos, 12 de las víctimas, y
posiblemente hasta 15, fueron privadas de la vida extrajudicialmente
tras ser capturadas”.
También cita el caso de Calera, Zacatecas, donde en julio de 2015
militares se vieron involucrados en la desaparición forzada y asesinato
de siete personas. Y el de Santa María Ostula, Michoacán, lugar donde
fue asesinado un niño de 12 años cuando militares intentaron disolver
una protesta.
Al respecto, Carlos Ventura, del Centro Vitoria, señala que “el uso
del Ejército en labores de seguridad pública ha generado un incremento
mayor de violaciones a derechos humanos. Y que el Ejército siga en estas
labores es un caso de falta de voluntad política: claro que el Poder
Ejecutivo podría generar ya programas o un plan de acción para las
Fuerzas Armadas se vayan retirando a los cuarteles”.
Lo que es necesario, dice Ventura, es cambiar el actual modelo de
seguridad pública por uno de “seguridad ciudadana o seguridad humana
basado en el respeto y garantía de la dignidad de las personas”.
Gabriela Carreón, del Centro Prodh, explica que las ejecuciones
extrajudiciales que se presentan en México tienen varias modalidades:
están las que se realizan en un contexto de represión, como en
Nochixtlán, Oaxaca; pero también suceden en otros contextos, como cuando
las víctimas están recluidas o son retenidas por actores estatales, o
cuando son torturadas. Es decir, el hecho es tan generalizado que se
presenta en varias situaciones.
Uso de la fuerza
Ya en su visita de 2013, el relator había expresado su “preocupación”
por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del
orden público en las manifestaciones o en las detenciones. Entonces
observó que en el país “no existía un marco jurídico coherente en ese
ámbito”.
Al momento de presentar el informe, no tenían lugar aún los hechos de
Nochixtlán, Oaxaca, pero la ONU ya había sido informada de varios casos
de uso excesivo de la fuerza en los últimos meses durante
manifestaciones o reuniones. En el documento se destaca el ocurrido en
julio de 2014, cuando la policía disparó contra manifestantes en la
comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. En esos hechos un
niño había resultado muerto y seis personas habían sido heridas.
Otro
caso a destacar es el de Iguala, Guerrero, cuando en septiembre de 2014
fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y tres personas fueron asesinadas. Son los
saldos, asienta el informe, de “unas operaciones conjuntas de la
policía municipal y diversos hombres armados contra 80 estudiantes”.
También, en enero de 2015 murieron 10 personas y 21 resultaron
heridas durante una manifestación en Apatzingán, Michoacán. “Si bien las
autoridades habían indicado que las víctimas habían muerto en un
enfrentamiento entre grupos de autodefensa, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos estableció que los agentes habían cometido graves
violaciones a los derechos humanos y que, como resultado de ello, se
habían producido cinco casos de privación de la vida y una ejecución
extrajudicial”.
En este rubro “el relator especial lamenta la falta de aplicación de
la recomendación y los consiguientes episodios de uso excesivo de la
fuerza y ejecuciones extrajudiciales por el Ejército y la policía”.
También se constató que las autoridades mexicanas siguen manipulando
las escenas de delitos. Y siguen sin conservar ni transferir
adecuadamente restos mortales.
Para Gabriela Carreón se trata de todo un patrón de conducta de las
autoridades posterior a las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias:
“Aparecen con un comunicado de prensa diciendo que las personas que
murieron eran delincuentes o que murieron en un enfrentamiento;
generalmente se dice que se repelió una agresión. Entonces ya hay una
estigmatización de las víctimas de ejecución”.
Y lo que sigue es una serie de falencias en el proceso de
investigación: “Es común que no se recaben todas las pruebas al momento
de la ejecución y todo el proceso es obstaculizado. No se investiga a
los actores que participaron, ni la cadena de mando, existe la
manipulación de las escenas…”
Asimismo, el Estado mexicano hizo caso omiso de la de recomendación
de la ONU para que “las ejecuciones extrajudiciales y las masacres”
cometidas durante el periodo de la Guerra Sucia “fueran debidamente
investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran
castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación
adecuada”.
Los defensores de derechos humanos coinciden en que no basta con que
México suscriba tratados y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos para que se respete en el país la dignidad de las personas.
Incluso, tampoco basta con que se aprueben leyes federales y locales
sobre este tema.
México dice adoptar los estándares internacionales que regulan el uso
de la fuerza. La ONU recomienda tajantemente que el accionamiento de
armas de fuego sea el último recurso en el uso de la fuerza. Además, a
nivel local se cuenta con instrumentos jurídicos, como las reforma en
materia de derechos humanos de 2008 y de 2011, que buscan proteger a las
personas y garantizar sus derechos.
Sin embargo, observa Carlos Ventura, “hoy hay muchos actos contrarios
al espíritu de esa reforma y al de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos”. Todo porque se hace un “uso faccioso de la
ley, un uso de manera arbitraria, que se amolde a los intereses de
algunos grupos en el poder”.
De acuerdo con Pedro Faro, director del Frayba, los derechos humanos
son para el Estado mexicano “un discurso y un eslogan; vacía de
contenido el concepto. Por ello tenemos un marco normativo importante en
materia de derechos humanos, pero que no corresponde con la realidad”.
El asunto de fondo en la falta de concordancia de las leyes en
materia de derechos humanos con lo que pasa en la realidad es “que las
autoridades mexicanas, sobre todo el Poder Ejecutivo, quiere controlar a
la población”, dice Carlos Ventura.
Agrega que la situación sólo cambiará cuando la sociedad obligue a
las autoridades a “cambiar el paradigma de seguridad”. Porque incluso,
se pueden aprobar leyes acerca de los derechos humanos que terminan
siendo contrarias a éstos.
Un ejemplo es el de la conocida como ley bala, en Puebla:
una ley local para el uso de la fuerza pública que en realidad lo que
auspiciaba era la habilitación de la represión.
“Por ello tenemos un gran reto también en materia conceptual para
construir una legislación y una normatividad que verdaderamente controle
el uso de la fuerza”, observa Ventura.
Gabriela Carreón concluye que nada justifica la violación de los
derechos humanos, ni la lucha contra la delincuencia organizada: “no
puede defender derechos humanos violando otros derechos humanos”.
No es la primera vez que alguien lo piensa o lo
dice públicamente. Los resultados de la guerra permiten hacer esta
conjetura basada en asideros documentales, testimoniales y empíricos. La
guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación vernácula de
las juntas militares en Sudamérica. En enero de este año Estela de
Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de
Mayo, sostuvo durante la presentación de un reporte de Amnistía
Internacional que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Agregó:
“México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta
la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”.
La
advertencia es doblemente relevante en el presente latinoamericano,
especialmente para la Argentina (el país de Carlotto), cuyo actual
gobierno decidió “inflar” artificialmente el fenómeno de la inseguridad
como el preámbulo de una declaratoria formal de guerra contra el
narcotráfico. Este mismo gobierno, dirigido por el derechista Macri, tan
sólo unos días atrás decidió derogar la disposición que, en 1984, un
año después de la caída de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla,
colocara a las Fuerzas Armadas bajo el control civil (La Jornada
1-VI-2016). La construcción de un enemigo sin fronteras definidas
(inseguridad), y la licencia de “autonomía de gestión” concedida a los
militares, es la pareja de políticas que por regla aspiran a configurar e
inaugurar un escenario bélico que abre la posibilidad de un ciclo de
violencia infernal. Ese infierno que en México tiene proporciones
genocidas, y que por cierto la prensa nunca atiende porque está muy
“ocupada” con la “crisis” de Venezuela. El macrismo apunta a la
reedición de la dictadura, pero ahora en la modalidad de “guerra contra
el narcotráfico”.
En este espacio también hemos argüido
reiteradamente que la guerra contra el narcotráfico en México es una
modalidad de guerra sucia o contrainsurgente, que reprime la
movilización, la protesta, criminaliza poblaciones, derechiza sectores
sociales tradicionalmente insumisos, y extermina grandes volúmenes de
civiles inocentes. La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura
en México se sostiene en indicadores que coincidentemente mostraron un
comportamiento análogo durante los regímenes militares en Sudamérica.
Por ejemplo: la militarización de las estructuras de seguridad, las
desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, la
aniquilación de activistas-defensores de derechos humanos-periodistas, y
la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un
conjunto de acciones que por definición constituyen una violencia de
Estado.
Al respecto, José Antonio Vergara dice que esta forma de
violencia (estatal) consiste básicamente en un “ejercicio sistemático de
diversas acciones violentas por parte de agentes del Estado, tales como
la tortura, las ejecuciones sumarias, la desaparición forzada de
personas, los homicidios arbitrarios y otros tratos crueles y
degradantes… [ejercicio que] ha constituido una práctica de represión
política y control social reconocible en diversos espacios y momentos
históricos, actualmente referida mediante el concepto de violencia
organizada. Cumpliendo un rol fundamental en la sustentación de
estructuras económico-sociales cruzadas por la injusticia y la
desigualdad, la violencia organizada como práctica de dominación ha sido
frecuente en varios países periféricos del llamado Tercer Mundo. En las
décadas de los 70 y 80, las dictaduras militares de Seguridad Nacional
existentes en América Latina emplearon amplia y estratégicamente formas
brutales de represión y amedrentamiento masivos, en el proceso de
imposición y consolidación de sus respectivos proyectos de refundación
capitalista. La actuación del Estado como sujeto de esta forma de
violencia, a través de sus funcionarios o de personas que cuentan con su
consentimiento o aquiescencia, le confiere extrema gravedad desde los
puntos de vista jurídico y ético, y la caracteriza como violación de los
derechos humanos” (José Antonio Vergara en el marco de un congreso en
Salvador de Bahía 24-IV-1995).
En el año 2007, cuando Calderón
arrancó la agenda de la guerra, salieron a la calle 45 mil militares. De
acuerdo con un informe del departamento de defensa de Estados Unidos,
en 2009 la cifra de militares en combate ascendió a 130 mil. Es
imposible ignorar el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(2013) con respecto a esta incursión de las corporaciones militares en
la guerra contra el narcotráfico:
“El involucramiento de las
Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto
directo en el aumento (sic) a violaciones graves de derechos humanos.
Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por parte de
militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta
preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde
que dio inicio [la pasada administración federal]”.
Insistimos que
esta conjetura de la guerra como modalidad de dictadura al servicio de
una guerra contrainsurgente está acompañada de una amplia evidencia
empírica. Tan sólo entre 2007 y 2011 se registraron 71 asesinatos de
activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, cerca de
30 asesinatos políticos, y más de 50 ejecuciones que involucran a
periodistas e informadores (Nancy Flores en La farsa de la guerra contra las drogas,
2012). En no pocos casos, los responsables de los crímenes son agentes
estatales o paramilitares que gozan de la protección del Estado, y los
métodos usados van desde la calcinación, decapitación, tortura letal,
hasta la violación física y asesinato brutal de mujeres. Se trata de
huellas criminológicas que prueban la presencia militar en la comisión
de esos delitos de lesa humanidad, y una administración del terror
semejante a la efectuada durante el periodo de la guerra sucia en México
o las juntas militares sudamericanas.
Acaso la novedad de la
guerra contra el narcotráfico es que esta “tajante descalificación” de
la naturaleza política de la disidencia se hace extensiva a la totalidad
de la población. Todos los ciudadanos son susceptibles de una acción
represiva de Estado, en un orden de excepción que exime a la autoridad
hasta de su responsabilidad formal más básica: la verdad jurídica. La
muerte en este México de guerra encierra una triple injusticia: la de la
criminalización, la de la humillación y la del olvido. La suspensión
general de garantías individuales y colectivas es el signo de una guerra
sucia subsidiaria de la guerra contra el narcotráfico. El inventario de
agresiones contra civiles es una prueba fehaciente de esta hipótesis.
Por
ejemplo, en materia de tortura, la incidencia es alarmante. En octubre
de 2015, Amnistía Internacional condenó la epidemia de ese delito en
México. Y advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación
de la fuerza pública en la violación de un derecho humano básico (i.e.
anulación de toda protección jurídica del detenido). Según datos de la
Procuraduría General de la República, el número de denuncias por tortura
a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que
registró un aumento de 1.165 a 2.403.
La tendencia al alza de la
cifra de secuestros es notable desde el 2004. Según estimaciones del
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, este
delito creció 689% entre 2004 y 2014 (Solís en Forbes 8-IV-2016).
En
suma, y con base en reportes de organizaciones no gubernamentales y de
derechos humanos, e incluso de algunas dependencias estadunidenses, el
saldo de terror de la guerra contra el narcotráfico en México asciende a
más de 150 mil muertos y más 30 mil desapariciones (algunos organismos
civiles señalan que la cifra supera los 60 mil). En relación con esta
última modalidad de crimen, se estima que cerca de 78% involucra a
agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y por
consiguiente crímenes de Estado.
La guerra contra el narcotráfico
es una criatura de la guerra sucia en México mezclada con el diseño
estadounidense de guerra contra las drogas.
Neutralización de la
sociedad, militarización, exterminio e impunidad son sus figuras más
conspicuas. La evidencia sugiere que Estela de Carlotto tiene razón: el
narcotráfico es la dictadura en México.
Colofón: Esta información
debe traducirse en movilización popular a gran escala. Y un primer acto
político en esa dirección es castigar a los partidos que contribuyeron a
configurar en México ese narcoestado que es dictadura. Las elecciones
en puerta representan una oportunidad (aun cuando su alcance es
francamente acotado) de desterrar a esos dos partidos que todos sabemos
que están estructuralmente acoplados con el narcotráfico.
La
finalidad de la tortura es destruir al ser humano concreto y al ser
político para aterrar a la población; los sistemas que promueven el uso
de la tortura “lo hacen con lúcida conciencia” como demostración de
poder, indicó Carlos Fazio, catedrático de la UNAM, durante la Jornada
internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por
el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de esa casa de
estudios.
Por su parte, la antropóloga Elena
Azaola informó que se realizaron entrevistas a jóvenes recluidos en
centros de detención de Coahuila, Morelos, Hidalgo y Sinaloa, lo que
reveló que 76 por ciento de ellos fueron víctimas de tortura.
El impacto que queda después de una
experiencia así es demoledor, de ahí en adelante ¿en qué autoridad
pueden confiar? cuestionó la investigadora, quien leyó algunos de los
testimonios del severo maltrato sufrido por los jóvenes de parte de las
autoridades que los detuvieron.
En su conferencia, titulada La práctica sistemática y generalizada de la tortura en México, herramienta para la dominación de clase,
Fazio mencionó dos casos, la violación de 23 de mujeres detenidas entre
el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México,
cuando era gobernador el ahora presidente de la república, Enrique Peña
Nieto, y el caso del joven Julio César Mondragón, normalista
de Ayotzinapa, ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014
en Iguala, Guerrero.
En el caso de Atenco, queda claro que la
violencia erótica es la concreción del poder, además de que los
policías que cometieron los abusos sexuales y violaciones “cumplían
órdenes superiores, es decir había una cadena de mando”.
La tortura en Atenco fue también una
demostración de poder y un reflejo de la relación entre los detentadores
del poder y los opositores, apuntó.
El también articulista de La Jornada
mencionó que en el caso de Mondragón, a diferencia de sus compañeros,
que fueron desaparecidos, su cadáver con el rostro desollado no fue
ocultado. “La tortura se planificó para ser vista, sus verdugos
quisieron enviar un mensaje, por eso tomaron fotos del cadáver y las
difundieron por Twitter a sólo cuatro horas de su muerte. El mensaje de
terror escrito en el cuerpo de Julio César es la concreción más extrema
del uso del poder. Fue como un ritual simbólico que pretendía
recordarnos el poder disciplinador del Estado” subrayó.
Fazio mencionó por otra parte que hay
intelectuales orgánicos y unos 25 o 30 periodistas de Televisa, TV
Azteca, Milenio, que tienen voz en la televisión, radio y en los
periódicos, que son utilizados por el gobierno para, por ejemplo, el
golpeteo contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) para buscar desacreditarlos cuando su
investigación llega al papel que desempeñaron los militares en
Ayotzinapa.
Hablando de la violencia del Estado,
añadió, lo que viene en 2017 y 2018 es una nueva fase de despojo del
campesinado pobre, “lo que necesita del miedo, de la parálisis social”,
por lo que es necesario multiplicar foros como éste para que haya
conocimiento de este estado de cosas. La música, el cine, la poesía
tendrían que servir para concientizar a la gente y pasar a la fase de la
organización para enfrentar esto, aseveró Fazio.
A su vez Jacinto Rodríguez, de Harvard
University, quien disertó sobre El arte de invisibilizar la violencia-
Tortura, la función de los medios de comunicación en los años de la
Guerra Sucia en México, cuestionó cómo fue posible que la tortura se
hiciera costumbre en México, tal cual ha sucedido.
El investigador citó como ejemplo de la
construcción del “diseño del enemigo” a través de los medios de
comunicación desde 1968, “que es el primer ensayo de lo que vendría
después en la guerra sucia”, la columna Granero Político que se
publicaba en el diario La Prensa, donde se hablaba de los “terroristas” para referirse a los opositores.
La paradoja es que entonces México
recibía a políticos latinoamericanos que eran perseguidos en sus países
de origen por gobiernos dictatoriales, para muchos de los cuales no hubo
guerra sucia en México, apuntó.
Habló también del papel de los
intelectuales, “hay varios niveles en los que se termina invisibilizando
la violencia del Estado mexicano” sobre todo en el caso de Luis
Echeverría Alvarez, además de la legitimidad mediática que le dan al
gobierno los medios de información, que silencian la violencia o
caracterizan como terrorismo las acciones de los opositores; hay también
una “corresponsabilidad de las universidades” en ese silencio, añadió.
Apuntó que el sistema político mexicano,
no sólo el presidente sino “los que regresaron después de 12 años” y
que “no sabemos si se vayan en el 2018”, que se dan cuenta de que la
historia “es incómoda y es peligrosa” y han vuelto a cerrar los archivos
sobre la guerra sucia que abrió Vicente Fox, buscando otra vez
invisibilizar la historia.
Afirmó que la gente no tiene en la
conciencia lo ocurrido en la guerra sucia por lo que los intelectuales y
los medios tienen una gran responsabilidad para difundir lo ocurrido,
aunque ahora el internet es un elemento que rompe la correlación, hay
que seguir hablando. El sueño, dijo es que aparezca en la conciencia
social en México que el Estado no ha pedido perdón, aunque sea
simbólico, por lo que ocurrió en esa etapa de nuestra historia.
WASHINGTON
(apro).- Por violaciones a los derechos que van desde tortura
hasta ejecuciones extrajudiciales y, en especial, por el caso de
los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a juicio al
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este martes 20, en la sede de la CIDH y en el marco de su 156
periodo de sesiones en Washington DC, el gobierno de Peña Nieto
tendrá que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
En coincidencia a las cuatro audiencias que realizará la CIDH
sobre México, el gobierno de Barack Obama decidió recortarle 15%
de los 148 millones de dólares que destinó este año para apoyar a
Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que
las fuerzas armadas cometen serias violaciones de derechos
humanos.
El caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de
septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, es de tal
importancia y atención de la CIDH que determinó por su propia
prerrogativa hacer una audiencia “de oficio” sobre el caso.
En la sesión se presentará el reporte sobre la desaparición de
los 43 estudiantes llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados de la
investigación del caso Iguala contrastan totalmente con la
pesquisa llevada a cabo por el gobierno mexicano.
En esta audiencia de oficio el GIEI tendrá la oportunidad de
cotejar y cuestionar al gobierno de Peña Nieto respecto de sus
conclusiones de la “verdad histórica”, y de lo que asegura ocurrió
con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además de la participación del GIEI y de la CIDH, en la
audiencia de oficio también estarán padres de algunos de los
jóvenes desaparecidos y varios grupos defensores de los derechos
humanos, por lo que se adelanta que el gobierno de Peña Nieto será
ampliamente sometido a varias interrogantes a las que tendrá que
responder.
La jornada de audiencias sobre México en la CIDH se inicia por
la mañana de este martes con el caso Manuel Santiz Culebra y el de
la masacre de Acteal, Chiapas.
En la segunda audiencia, la CIDH y grupos defensores de derechos
humanos analizarán judicialmente el tema “derechos humanos y
políticas de drogas en México”.
En esta sesión se espera que se aborde en detalle el papel del
Ejército y la Marina de México en el combate al narcotráfico y al
crimen organizado, tareas en las que se les acusa de haber
cometido graves violaciones a los derechos humanos.
La tercera audiencia será la de oficio sobre Ayotzinapa, y por
la tarde la última, también de suma importancia para la CIDH, ya
que se trata de “denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”.
Para la última audiencia se adelanta que nuevamente la CIDH
cuestionará al gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, en
torno a la masacre de Tlatlaya, Tanhuato y varias más acusaciones
que se han presentado ante el órgano jurídico interamericano.
Como no ocurría desde hace varios años, y esto como resultado de
la lucha militarizada contra el narcotráfico que inició el
expresidente Felipe Calderón, y a la que le dio continuidad Peña
Nieto, a México se le considera uno de los países latinoamericanos
en el que más se cometen violaciones a derechos humanos.
El Ejército, la Marina y todas las agencias policiales mexicanos
han sido denunciados ante la CIDH por cometer todo tipo de
violaciones a los derechos, acusaciones que además no han sido
investigadas a fondo por parte del gobierno mexicano.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pleito de la Secretaría de
Relaciones Exteriores con el relator de la ONU sobre la tortura es un
punto de transición en la apertura del gobierno mexicano hacia las
agencias internacionales encargadas de la promoción y defensa de los
derechos humanos. La relación con tales agencias ha sido zigzagueante. A
finales del siglo pasado hubo mucho titubeo antes de relacionarse con
ellas. La importancia que adquirió entonces el tema de las elecciones
genuinas y periódicas como parte central del respeto a los derechos
humanos, puso a la defensiva a los diplomáticos mexicanos. Los motivos
eran obvios: el partido en el poder no tenía muy buenas credenciales en
ese terreno.
La inclusión de la cláusula democrática en el Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea y la aceptación de la competencia obligatoria de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, a finales de los noventa,
fueron el comienzo de un cambio. Más tarde, al ocurrir la alternancia
que llevó a otro partido a la Presidencia de la República, la línea de
la política exterior hacia el apoyo a las agencias de derechos humanos
fue más decidido. Se ratificaron entonces convenciones y protocolos
adicionales que estaban pendientes, se abrió la oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en México, se invitó a múltiples
relatores especiales a visitar el país a fin de conocer e informar sobre
diversos aspectos de la situación de derechos humanos.
Ese giro no fue puramente formal. La mirada externa fue considerada
un factor positivo para apuntalar la naciente democracia y para
contribuir a la toma de conciencia entre la ciudadanía de la importancia
de los derechos humanos. A la sombra de las acciones de Naciones Unidas
se consolidaron, entonces, diversas organizaciones de la sociedad civil
destinadas a difundir, promover y defender dichos derechos.
Los resultados han sido ambivalentes. Sin duda, hay en la actualidad
una mayor familiaridad de la población con los derechos humanos. Pero
ello no garantiza su mayor respeto. A partir de los problemas de
violencia en el país, de la utilización del Ejército para combatir el
narcotráfico y la descomposición progresiva del sistema de impartición
de justicia, la violación de los derechos humanos sigue presente y en
algunas partes del país empeora.
En ese contexto, los desencuentros con el Comité para Desapariciones
Forzadas de la ONU y las dimensiones inusitadas del enfrentamiento
verbal público con el relator sobre la tortura constituyen algo más que
un dislate de algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones. Son
una señal, por una parte, de las serias preocupaciones que suscita en la
elite gobernante el derrumbe de la imagen internacional del país en
materia de estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Por la
otra, de lo errático de la respuesta; esta vez se decidió volver a
épocas del viejo PRI, cuando voces externas, contrarias a la visión
oficial, eran consideradas negativas para los intereses del país.
La campaña mediática contra el relator de la ONU pone fin a las
formas diplomáticas conciliatorias que tradicionalmente maneja la SRE al
dialogar con representantes de organismos internacionales de derechos
humanos. Aunque se afirma que las relaciones con dichos organismos
continuarán como siempre, el golpe ya está dado. Veremos cómo se toma el
informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre el caso de Iguala. Según comentarios preliminares, es
posible que haya serias discrepancias con la investigación que, según
las voces oficiales, de manera “impecable” se ha llevado a cabo sobre
los estudiantes desaparecidos.
El relator al que tanto se ha criticado no es un personaje secundario
ni un experto improvisado de las Naciones Unidas. Juan E. Méndez es un
jurista de prestigio que, entre otros puestos, ha sido presidente de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su visita a México no era
la primera, sus conversaciones con diversos niveles de gobierno fueron
seguramente extensas y los resultados de sus investigaciones no pueden
resultar sorpresivos. Lo que sí sorprende es la utilización, por parte
de diplomáticos, de términos poco usuales en estos casos para calificar
su trabajo: irresponsable, carente de ética, sin profesionalismo,
violador de los códigos de conducta para los relatores de ONU, entre
otros.
La respuesta no se hizo esperar. El miércoles 1 Juan E. Méndez envió
una carta abierta al embajador mexicano en Ginebra. En ella se refutan
cuidadosamente las críticas del gobierno mexicano, elaborando argumentos
no para rectificar, sino para reafirmar sus conclusiones, entre otras,
la relativa a la tortura como una práctica generalizada en México. Es
lamentable que esta carta no haya tenido mayor difusión en los medios de
comunicación.
Dos argumentos llaman poderosamente la atención del extenso
documento. El primero, la identificación del momento, la forma y los
ejecutores de la tortura. Según sus investigaciones, ocurre en las
primeras 24 a 48 horas después de la detención y es practicada, con
métodos similares, por todo tipo de autoridades municipales o federales,
del Ejército o la Marina; la tortura termina cuando el detenido es
consignado. El segundo argumento se refiere a la indiferencia de las
autoridades ante denuncias sobre dicha tortura. Aunque debe perseguirse
de oficio, no hay pruebas de averiguación, enjuiciamiento y castigo
sino, por lo contrario, simple indiferencia. En otras palabras, un
sistema de justicia que acepta tácitamente esa práctica.
Es desalentador que en vez de formar de inmediato un grupo de trabajo
de alto nivel para utilizar los hallazgos del informe y poner en marcha
acciones efectivas para detener una práctica condenable y enjuiciar a
los perpetradores, se haya desviado la atención hacia la descalificación
y minimización del problema. El gobierno de Peña Nieto ha decidido,
así, matar al mensajero antes de recibir el mensaje. Semejante actitud
tendrá efectos negativos en las relaciones de México con gobiernos y
empresarios que sí valoran los derechos humanos.
