¿Prosperidad compartida?

Raúl Romero


En 2013 el Banco Mundial (BM) integró entre sus objetivos un concepto que desde la década de los 90 venía ganando adeptos: Prosperidad compartida.

Junto con otras instituciones multinacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial se han encargado de orientar la política económica del orbe, garantizando la expansión y primacía de los intereses privados de Estados Unidos y sus aliados; encontró en la prosperidad compartida una "idea fuerza" para acompañar otras metas que se venían imponiendo décadas atrás, por ejemplo el crecimiento económico sostenido.

Al igual que otros propósitos promovidos desde instituciones financieras internacionales, la prosperidad compartida se plantea como finalidad que los países que se han caracterizado por un crecimiento económico impulsen el aumento de los ingresos de la población más pobre, contribuyendo a reducir las grandes brechas de desigualdad; lo anterior, sin atentar contra las clases dominantes y mucho menos contra el sistema capitalista. Una ambición noble, pero irreal.

Jaime Saavedra-Chanduvi, quien en 2013 fuera director del Departamento de Reducción de la Pobreza y Equidad del Banco Mundial, describió los objetivos de la siguiente forma: “¿La prosperidad compartida implica la reducción de la desigualdad mediante la redistribución de la riqueza? No. Es necesario centrarse primero en aumentar lo más rápido posible el bienestar de los menos favorecidos. Sin embargo, no estamos sugiriendo que los países redistribuyan un "pastel económico" de cierto tamaño, o le saquen a los ricos para darles a los pobres. Más bien, estamos diciendo que si un país puede aumentar el tamaño de su pastel y, al mismo tiempo, compartirlo de manera que aumenten los ingresos de 40 por ciento de su población más pobre, entonces está avanzando hacia la prosperidad compartida. De modo que el propósito combina los conceptos de aumentar la prosperidad y la equidad”

Desde su campaña a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum abrazó el concepto de prosperidad compartida, convirtiéndolo en uno de sus lemas de gobierno. En lo que va de su gestión lo ha reforzado con otras ideas e iniciativas que apuntan en la misma dirección. Tanto en el Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, como en el Portafolio para la Prosperidad Compartida se detallan proyectos que, bajo la promesa de aumentar empleo, infraestructura y garantizar programas sociales, siguen refrendando las ganancias de los mega-ricos que invierten en México.

Se impulsan grandes megaproyectos iniciados en el sexenio pasado y otros nuevos en todo el país; se fomentan polos alternativos del bienestar, al mismo tiempo que se busca generar la infraestructura necesaria para atraer la relocalización empresarial ( near-shoring). Profundizar el modelo capitalista y propiciarle la infraestructura para que se instale en nuevas regiones donde no había llegado con toda su brutalidad, es lo que eufemísticamente llaman ampliar el pastel.

La prosperidad compartida parece ser más bien una actualización de aquellas teorías que prometían que en el capitalismo se generará tanta riqueza que alcanzará para todos; promesa que la propia realidad se ha encargado de desmentir.

El capitalismo no sólo es un sistema de explotación y dominación que atenta contra pueblos y contra la naturaleza, es también un sistema que genera, profundiza y hace negocio de las desigualdades, uno que genera o refuerza dicotomías como centro –periferia o metrópoli– colonia. Para que existan personas ricas, se necesita de una inmensa mayoría de personas pobres distribuidas en un mismo país o en diferentes regiones del mundo.

Ampliar el pastel para compartir la prosperidad, en los hechos, con-lleva otros peligrosos riesgos, como mayores afectaciones ambientales, incluso en aquellas zonas destinadas a la transición energética, o el aumento de las desigualdades, principalmente para trabajadores precarizados e informales.

La adopción de este modelo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado ya a mostrar los límites y contradicciones de su gestión.

Frente a la demanda de miles de maestros en todo México de echar abajo la reforma neoliberal al sistema de pensiones de 2007, ella optó por ponerse de lado de los bancos y las Afore que año con año generan cuantiosas ganancias. Frente a la exigencia de miles de trabajadores de reducir la jornada laboral, la respuesta fue llevar la discusión a foros con vías a garantizar esa demanda hacia el final del sexenio. Sin embargo, como bien lo ha denunciado el Frente Nacional por las 40 Horas –que han sido reiteradamente excluidos de dichos foros–, esta es una medida que no puede esperar. La negativa a implementar una reforma fiscal que cobre mayores impuestos a quienes más tienen es parte, igualmente, de esas contradicciones.

Por ahora y bajo este sistema, la "prosperidad" seguirá siendo para unos cuantos. Al capitalismo, aunque le pongan por apellido Bienestar, no oculta su origen ni su futuro: un crimen que se expande.

Hace 15 años: la Comuna de Oaxaca

Patrick Guillaudat

Si en 2021 celebramos el 150 aniversario de la Comuna de París, hace quince años, en 2006, México vivía un movimiento social de magnitud sin precedentes desde la revolución mexicana de 1910.

Una huelga de maestros encendería el Estado de Oaxaca para conducir a un cuestionamiento global del sistema político mexicano. Esta lucha desarrollará formas de organización y discusión extraídas de dos fuentes distintas pero complementarias.

Por un lado, se inspira en el funcionamiento de las comunidades indígenas basado en la búsqueda de consenso en la toma de decisiones, comunidades que también están particularmente presentes en este Estado. Por otro lado, adopta una tradición derivada de movimientos revolucionarios que luchan por la emancipación, como la Comuna de París en 1871, la breve Comuna de Cantón en 1927, la revuelta polaca de 1980, la revuelta de 1945 en Indonesia, etc.

Movimientos fuertemente marcados por una identidad de clase, movimientos de las y los oprimidos y explotados, todos los cuales plantean las mismas cuestiones: una aspiración a la igualdad y a la construcción de una verdadera democracia. Estas tradiciones marcan la historia de México, y no es casualidad que, no lejos de Oaxaca, en Chiapas, la insurrección zapatista, una mezcla de cultura indígena y múltiples referencias, libertarias y marxistas, estallara en 1994.

Este aniversario de lo que se llama la Comuna de Oaxaca debe ser una oportunidad para recordar la historia de esta formidable lucha y preservar su memoria.

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Inicialmente una huelga de maestros

Cuando estalló la huelga de maestros en México en 2006, el país era dirigido por primera vez por un presidente miembro del del PAN (Partido de Acción Nacional, derecha neoliberal), poniendo fin así a una hegemonía política del PRI (Partido Revolucionario Institucional) que había durado 70 años 1 /. El movimiento sindical, a pesar de la oposición de algunos sindicatos como el de electricistas, está controlado en gran medida por el PRI. Desde que se convirtió en parte de la oposición, a este partido ya no le disgustan las demandas sindicales, en la medida en que conserva las riendas de las negociaciones y la dirección del movimiento. Pero sucede que la sección 22 del sindicato de maestros (SNTE), la de Oaxaca, ha roto con el PRI desde 1982 y se opone a esta dirección sindical corrupta 2 /. El SNTE no es una organización sindical «clásica». Poderoso, con más de un millón de miembros, está intrínsecamente vinculado al PRI y su política educativa. Ésto es también lo que explica el entrelazamiento entre las funciones sindicales y políticas dentro del PRI. La dirección de este sindicato gestiona una pequeña fortuna (parte de la cual ha sido malversada por su presidente) y rentabiliza su apoyo al PRI 3 /. Pero la llegada del PAN al poder está cambiando la situación y se afloja el control que impone un seguidismo de las 61 secciones del SNTE a la gestión nacional del sindicato. La sección 22, ya en la oposición sindical, tiene manos libres para organizar el movimiento en el Estado de Oaxaca. La huelga de maestros comenzó el 22 de mayo de 2006 por simples demandas salariales en relación con las medidas neoliberales promulgadas por el gobierno federal (eliminación de la bonificación salarial de tres meses, supresión de la mayor parte de las vacaciones pagadas, etc.)

Hay dos razones esenciales para el nacimiento de este movimiento.

La primera es la situación social del Estado de Oaxaca. Es el estado más pobre de México, compuesto principalmente por una población indígena. El 70% de la población no tiene acceso a agua potable o electricidad 4 /. Los salarios están por debajo del promedio nacional con un salario mínimo de los más bajos de México 5 /. Durante casi ochenta años este Estado, así como otros Estados vecinos como Guerrero, Puebla o Veracruz, han servido como una base sólida para la implantación del PRI. Excepcionalmente en México, en Oaxaca el PRI reconoce a las autoridades consuetudinarias. Esto tiene dos consecuencias principales y aparentemente contradictorias. Por un lado, la exclusión electoral de las poblaciones indígenas que no están interesadas en las autoridades políticas y, por lo tanto, en su elección. Por otro lado, la organización del voto de lealtad de acuerdo con las necesidades del momento. El PRI establece así su poder a través del clanismo y la formación de bandas armadas. Pero en los últimos años, la crisis del priismo ha liberado las aspiraciones democráticas en todo el país. En Oaxaca, se multiplicaron por el shock de las políticas neoliberales sobre las poblaciones indígenas y el despertar de esta población social y políticamente marginada.

La segunda razón de la explosión de este movimiento social es la celebración, en el Día Nacional del Maestro, de la negociación tradicional que tiene lugar cada 15 de mayo. Desde hace una treintena de años el sindicato docente ha estado negociando sobre los medios otorgados a la educación y en cada ocasión se firmaba un compromiso 6 /. Pero en 2006, el gobernador, miembro del PRI, rechazó cualquier discusión y envió las demandas a nivel federal a manos del Ministro de Educación, miembro del PAN. Entonces se decide la huelga. En México, el maestro de escuela tiene una fuerte autoridad moral. Se ve acentuada por su papel como alfabetizador, particularmente en el estado de Oaxaca, que tiene una alta tasa de analfabetismo. Es la combinación de esta autoridad moral y la exasperación social lo que permitirá que el movimiento docente federe los descontentos.

Contra la intransigencia del poder, la extensión de la lucha

Ante la intransigencia de las autoridades, la sección 22 del SNTE decidió invadir el centro de la ciudad y establecerse allí a partir del 2 de junio. Aprovechando un momento de disminución en la intensidad de la movilización, el 14 de junio de 2006, el gobierno suprimirá sangrientamente el movimiento. Pero el mismo día, el SNTE convocó una huelga nacional, relanzando así el conflicto. La represión policial es tan violenta que todas las organizaciones sociales en Oaxaca llaman a apoyar al movimiento. Al día siguiente, 15 de junio, el centro de la ciudad fue reocupado, pero con el apoyo de la población y las organizaciones sociales. Con el fin de discutir el seguimiento de la acción y exigir la salida del gobernador, el 17 de junio se convoca una Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) en la Universidad Autónoma de Oaxaca. Se invita a asistir a las organizaciones sociales consideradas como independientes del poder político.

Silvia Bolos y Marco Estrada Saavedra elaboran una lista detallada 7 /. Encontramos una mezcla de organizaciones políticas, indígenas, de derechos humanos, sindicales, de barrio, de mujeres, organizaciones educativas,… Como prueba del alcance de la movilización que va mucho más allá de las organizaciones tradicionales, se añadirán grupos de jóvenes, de suburbios, de las organizaciones de barrio y de vecinos, que han surgido en el marco de esta movilización.

Durante este proceso, surgen nuevas organizaciones como la Coordinadora de Mujeres d’Oaxaca y la Coordinadora Estudiantil.

En total, 365 organizaciones conforman la APPO (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca) 8 /.

Esta diversidad converge en una consigna: la renuncia de Ulises Ruiz, Gobernador de Oaxaca. El método de lucha priorizado por la APPO es una hábil combinación de sentadas y barricadas más o menos temporales cuyo objetivo es paralizar la actividad administrativa y las instituciones del Estado y la capital. Se trata de hacer ingobernable la ciudad y el estado de Oaxaca 9 /. Varias decenas de miles de personas participan en estas acciones. Una movilización masiva, cuando pensamos que el área metropolitana tiene alrededor de 260.000 habitantes.

La extensión geográfica de la lucha es real. Si la APPO organiza la lucha en la ciudad de Oaxaca y representa la parte más visible de esta lucha a nivel nacional, en muchas ciudades del Estado la crisis política está creciendo y tomando la forma de una lucha por el poder. La APPO anuncia regularmente, en sus reuniones, el establecimiento de asambleas populares similares en muchas ciudades del Estado como San Andrés Chicahuaxtla, Yuxia, La Laguna Guadalupe, pero también más allá, como en el estado de Michoacán.

La Asamblea Popular reclama el poder

En agosto, la APPO toma el control de las instalaciones de televisión y radio y bloqueó todos los edificios administrativos. Para contrarrestar la represión de su movimiento, la APPO erige entre 500 y 2.000 barricadas en la ciudad 10 /. Esta lucha va más allá de las fronteras de la ciudad de Oaxaca y también se están llevando a cabo huelgas con manifestaciones e intentos de bloqueo en otras ciudades del Estado. En todas partes la represión es severa y con mucha frecuencia provoca muertes entre las y los manifestantes, como en Jamiltepec y en la región de Mixteca. Violencia que se puede atribuir a las fuerzas del orden estatales y a grupos paramilitares, como ocurrió después de la recuperación de la televisión ocupada por la APPO.

Este movimiento, que comenzó como un conflicto sindical, se convirtió en una lucha popular global donde se mezclaron demandas democráticas, anticorrupción y sociales. La APPO trató de proponer una política alternativa integral reemplazando a las instituciones legales. No solo desempeñó un papel como centro de discusión, sino que también buscó organizar y estructurar las protestas. Lo mismo es cierto con el movimiento de mujeres, que organizaba sus propias movilizaciones. El 1 de agosto una marcha de cacerolas en Oaxaca exigía la renuncia del gobernador, pero también la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta manifestación se dirige hacia las instalaciones de televisión pública que ocupa y transforma en una herramienta de información alternativa. Esta ocupación durará tres semanas, hasta el ataque organizado por grupos paramilitares a las antenas de radiodifusión el 21 de agosto de 2006. Esta decisión de intervención de los auxiliares del PRI es estratégica porque es a través de los medios audiovisuales como el gobierno denigra al movimiento social día tras día e intenta recuperar la batalla de la opinión pública. Todos los medios son buenos, desde la infiltración en la APPO, hasta la violencia de los grupos paramilitares relacionados con el PRI atribuida por los medios de comunicación a las y los huelguistas, y también haciendo “testimoniar” a madres de familia indignadas por el conflicto de los maestros.

En el campo cultural, la APPO logró impedir la celebración de la tradicional fiesta de Guelaguetza, la más popular del Estado, convertida en una fiesta comercial para la gloria del gobierno. Fue reemplazada por un festival alternativo, donde se pusieron en valor las culturas tradicionales e indígenas. Paralelamente, las demandas se amplían y afectan al conjunto de dominios, como el salario mínimo, los derechos a la autonomía de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, la vivienda, la corrupción, etc., etc.

A partir de agosto y especialmente en septiembre, la APPO define su proyecto político más claramente. En una declaración del 29 de septiembre de 2006,

«La APPO no busca ni el progreso ni el desarrollo, sino solo la felicidad para todos los oaxaqueños, es decir, no busca ningún desarrollo ilusorio que, de hecho, afecte la vida del planeta, sino más bien una vida en armonía con la naturaleza, lo que implica poner fin a la economía capitalista de cambio y acumulación, que incluye el poder de la propiedad privada y que es la causa de la extrema pobreza (…) el objetivo de nuestra comunidad es la producción para el bien común” 11 /.

Esta resolución se centra en un concepto extremadamente presente en los países latinoamericanos donde los pueblos indígenas están librando importantes luchas. Éste es particularmente el caso en Bolivia y Ecuador: se trata de las nociones del bien común, el rechazo del modo productivista de desarrollo, el «buen vivir», etc. También encontramos una fuerte crítica al capitalismo que se profundizará en las reuniones posteriores de la APPO.

Conscientes de que el gobierno está tratando de reprimir y dejar que la situación se pudra, la sección 22 del SNTE y la APPO llevan a cabo una marcha que tarda 19 días en llegar al Zócalo de México el 9 de octubre 12 /. Representantes del sindicalismo de lucha, que ha roto todo vínculo con el PRI, como el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), el sindicato de empleados de la UNAM, etc. participan en el mitin central. Esta marcha hacia la capital sacará al conflicto de Oaxaca del aislamiento mediático en el que se encuentra inmerso.

De la APPO a los comités de barrio

Pero a finales de octubre, la situación cambió. El 27 de octubre, tres manifestantes fueron asesinados, un periodista estadounidense, William Bradley Roland, así como otras dos personas Esteban Zurrita y Emilio Alonso Fabián. Todo parece indicar, incluidas las grabaciones hechas por el propio periodista, que fueron paramilitares relacionados con el PRI quienes actuaron conjuntamente con la policía local. Aunque el ejército federal ya está presente en la región costera del Estado, el gobierno priísta de Oaxaca apoyado por la patronal local y la jerarquía católica que exigen con una sola voz el regreso al orden, finalmente pide la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP). Ésta cupa la ciudad el 29 de octubre de 2006, junto con grupos paramilitares y destruye todas las barricadas. Le llevará dos semanas concluir su tarea debido a la decidida resistencia de las y los manifestantes. Primero comenzando con el zócalo, la plaza central de Oaxaca, luego atacando la universidad, adonde muchos manifestantes se retiraron. Sin embargo, los habitantes de las “colonias”, los suburbios de Oaxaca, logran contener el avance de la PFP. Esta intervención no pondrá fin a la APPO, pero logrará evitar que se reúna durante semanas.

Sin embargo, desde su creación, con el paso de las semanas, y después de la combinación total de la vida política y social de los habitantes, y aunque se creara inicialmente como reacción a la violencia policial, la APPO se plantea la cuestión del poder. Los días 16 y 17 de agosto de 2006 se organizó una reunión «por una nueva democracia y gobernabilidad en Oaxaca». El objetivo era comenzar a estructurar una demanda en torno al proyecto de una nueva constituyente, organizada por los pueblos, en particular mediante la integración de los pueblos indígenas. Este foro concluyó con un llamamiento a una nueva constitución para el 5 de febrero de 2007, nacido de la conciencia adquirida por la gestión directa de varios barrios a través de la movilización; una experiencia que tiende a demostrar que otro poder no solo era posible sino necesario.

Porque la APPO ha sabido confiar en la movilización y las organizaciones populares porque desde el establecimiento de las barricadas, son los comités vecinales los que las gestionan, tanto para garantizar la seguridad de los habitantes frente a la policía y las pandillas armadas del PRI, como para tomar el control directo de la gestión y organización del conflicto. El número de estas barricadas aumentó en agosto con la multiplicación de abusos por parte de paramilitares que circularon principalmente por la noche en lo que se llamó la «caravana de la muerte». Se celebraban noche y día.

Así, la nueva democracia se organiza en torno a dos ejes. Por un lado, la APPO, que coordina y debate las orientaciones políticas, desarrolla y refina las demandas y propone acciones. Por otro lado, los cientos de barricadas que se estructuran por barrio o bloque donde se toman decisiones democráticamente y donde se organiza y coordina la vida cotidiana. Estas dos caras de la democracia son esenciales tanto para evitar una autonomización de la APPO que podría alejarse de la voluntad popular, como para coordinar y dar una orientación global a cada barricada.

Pero este embrión de doble poder está sujeto a tensiones internas.

Primeras divisiones

Pronto tres orientaciones principales entrarán en confrontación, en particular porque el contexto político nacional cambiará en julio de 2006. En las elecciones presidenciales del 2 de julio se produjo la victoria de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, con una ventaja muy pequeña sobre Andrés Manuel López Obrador, representante de la Coalición por el Bien de Todos, un reagrupamiento de la izquierda alrededor del PRD. Sin embargo, este resultado es muy controvertido y las acusaciones de fraude contra el PAN crean una situación de movilización permanente contra la corrupción y el fraude electoral. La Coalición pide un nuevo recuento de votos y se niega a reconocer el resultado. En los meses siguientes, la mayor parte de la actividad de los partidos políticos de izquierda se centrará en cuestionar la elección de Calderón. Esto tiene consecuencias dentro de la propia APPO.

Por un lado, activistas políticos, a menudo vinculados al PRD y a la izquierda mexicana, que quieren encontrar una solución política en el marco de las instituciones y que exigen sobre todo la salida del gobernador y la celebración de elecciones sin fraude. El objetivo asumido es unificar la izquierda nacional a través de la CND (Convención Nacional Democrática) constituida como una alternativa al poder recién elegido de Calderón. Por otro lado, varios movimientos sociales, a menudo acompañados por activistas de extrema izquierda que, considerando que nada es negociable, quieren el establecimiento de otras estructuras, independientes del estado actual y sus instituciones. Una tercera corriente está representada principalmente por permanentes de la sección 22 del SNTE, que consideran que el movimiento ha ido demasiado lejos y que estaban dispuestos a negociar el fin del movimiento ya en junio 13 /. Además, esta sección 22 fue invitada después del 14 de junio a negociar independientemente de la APPO por el Ministerio de Educación. La movilización era tan fuerte que la mayoría de las estructuras básicas del sindicato continuaba exigiendo la renuncia del gobernador, disociándose efectivamente de estas negociaciones y también imponiendo que el sindicato permaneciera dentro de la APPO.

En el fondo, esta división en las perspectivas políticas es causada en gran medida por la evolución de la lucha misma. La militarización del Estado de Oaxaca, el atrincheramiento de las bases militantes de la APPO en los suburbios y en la universidad, debilitaba el movimiento, sacando a relucir diferencias estratégicas sobre el futuro. La gran brecha entre, por un lado, la profundidad de movilización que reclama un cambio completo de régimen político y medidas sociales, y por otro lado, la violencia de la represión asociada con la intransigencia del gobernador, plantea toda una serie de cuestionamientos estratégicos.

Pero, prueba de la profundidad de la crisis y especialmente del alcance del apoyo popular al movimiento, la APPO continúa viviendo y estructándose a pesar de la represión. También fortalecerá su marco organizativo. Los textos de su Asamblea de noviembre de 2006 definen a la APPO como un nuevo movimiento político y social a nivel estatal, cuyos miembros (tanto individuos como estructuras, organizaciones o pueblos) se rigen por la autonomía de acción. En el frente político nacional, la APPO no elige entre la izquierda «clásica» que creó la CND y el movimiento zapatista que hace campaña «por otra campaña». Afirma su voluntad de participar en ambos y apoya todo lo que pone en cuestión a las instituciones mexicanas. En el terreno ideológico, la APPO se define a sí misma como antiimperialista, antifascista y anticapitalista.

En términos de organización, la APPO crea 23 comisiones de trabajo y establece un consejo nacional de 218 miembros que representa a los sectores geográficos, oficios, organizaciones (sindicatos, etc.), las comunidades eclesiásticas básicas, comerciantes, artesanos, etc. Este consejo funciona por consenso.

APPO, zapatismo y el problemático papel del PRD

Además de estas tres corrientes fundamentales, una sombra planeaba durante todo el conflicto: el EZLN. Aunque Chiapas está cerca del estado de Oaxaca, y a pesar de las expectativas de muchos movimientos involucrados en el movimiento social en Oaxaca, el EZLN siempre ha mantenido su distancia de la APPO. La principal crítica a los zapatistas se refiere a su «asambleísmo», es decir, el hecho de que en reuniones de varios cientos de personas, en última instancia es el que domina el discurso oral quien tiende a prevalecer, reduciendo el alcance democrático de este proceso. Esta crítica es en gran medida insuficiente cuando sabemos que la búsqueda de consenso fue la clave para el funcionamiento de la APPO y que, sobre todo, fue el ala radical la que impulsó el movimiento, apoyada por colectivos de barrio y representantes de barricadas, contra los «bellos oradores» del PRD o el SNTE. La segunda explicación del débil compromiso del EZLN con la Comuna de Oaxaca se puede encontrar en un texto de esta organización en septiembre de 2006 14 /. Explica que el EZLN apoya este movimiento, pero que no irá más allá por dos razones:

«una es que es un movimiento intrínsecamente complejo, un apoyo más directo podría causar «ruido», confusión y dudas; la otra es que varias veces el movimiento popular de Oaxaca ha sido acusado de tener vínculos con grupos armados, nuestra presencia directa aumentaría la campaña mediática que ya están llevando a cabo en su contra» 15 /.

Esta posición corresponde sobre todo a una retirada estratégica del EZLN a sus territorios en Chiapas, que implica una negativa a intervenir fuera de ese Estado.

Sin embargo, el EZLN está llevando a cabo «la otra campaña», una vasta movilización nacional que quiere destacarse de la campaña electoral llevada a cabo por una gran parte de la izquierda, de la que tira el PRD, detrás de su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que llama a la abstención. La APPO decidió apoyar estas dos movilizaciones, tanto la del EZLN como la del PRD, creyendo que eran legítimas y que la unidad de la APPO debía mantenerse, marcando así un profundo desacuerdo con el EZLN 16 /.

Otro problema para el zapatismo, desde 2007, como consecuencia de la represión extremadamente violenta llevada a cabo por el gobernador y el Estado federal en todo el Estado de Oaxaca para restaurar el orden, se creó un municipio autónomo en San Juan Copala, siguiendo el modelo de las Comunidades Autónomas Zapatistas de Chiapas. Esta ciudad, habitada principalmente por el pueblo triqui, será hostigada por bandas armadas del MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui), vinculadas al PRI 17 /. En Oaxaca, la política específica del PRI se ha traducido en la creación de organizaciones indigeno-políticas sujetas a este partido, en lucha contra cualquier oposición al régimen priísta. Esta es una dificultad adicional para un posible establecimiento del EZLN en este Estado.

Ante la Comuna de Oaxaca, el EZLN se encontró ante dos problemas políticos. El primero es su disconformidad con la organización elegida por el movimiento social. El segundo es la existencia de una población indígena en Oaxaca fuertemente controlada por el PRI. Porque si estratégicamente, el EZLN ha optado por establecerse en estas poblaciones, consideradas las más explotadas, social, cultural y racialmente, pero también portadoras de una práctica de ruptura con el orden dominante, tanto en la relación con la naturaleza como en el ejercicio de la democracia, cree que no tiene los medios políticos para desafiar esta dominación del PRI en este Estado.

Problemas que harán que el EZLN, aunque esté presente en la mente de todos y todas, esté relativamente ausente de la lucha llevada a cabo por el pueblo de Oaxaca.

En cuanto al PRD, hay que recordar que nació de una escisión del PRI de 1989. Socialdemócrata, miembro de la Internacional Socialista, su candidato en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, Andrés Manuel López Obrador (apodado AMLO) obtuvo el 35,31% frente al 35,89% para su competidor del PAN, Felipe Calderón. Sin embargo, el fraude se reconoce como masivo. Razonablemente, el PRD impugna el resultado de las elecciones y decide llevar a cabo una campaña nacional por el reconocimiento de la victoria de AMLO y contra el fraude. Se crea una coalición, la CND, para organizar la movilización. Esta campaña culmina en una consulta organizada por la CND en la que participan más de 1 millón de personas para elegir un gobierno «legítimo». Reunida en la Plaza del Zócalo, la plaza central de la Ciudad de México, la CND proclamó electo a AMLO y anunció su instalación como presidente el 20 de noviembre de 2006 18 /.

Al mismo tiempo, las y los zapatistas están liderando «la otra campaña» y también se desmarcan de las aspiraciones populares de luchar contra el fraude que le costó la elección a AMLO. Posición política del EZLN que será fuertemente criticada por la izquierda, incluso entre las personalidades que le apoyan.

En el estado de Oaxaca, la situación se está complicando con un PRD local que ha mantenido vínculos con los caciques del PRI y cuya dirección apoya con la boca pequeña a la APPO. Se necesitará la intervención de la dirección nacional del PRD para imponer una ruptura de los vínculos entre la dirección local y el gobernador Ulises Ruiz en la gestión de los asuntos.

Esto no impidió que el PRD local excluyera metódicamente de sus listas de candidatos en un puesto elegible para la delegación de la Cámara Estatal de Oaxaca a todas aquellas personas que tenían vínculos con la APPO mientras mantenían unas pocas solo en circunscripciones que no podía ganar el PRD. A pesar de esto, la APPO mostró su apoyo a un voto «anti-Ulises Ruiz» y buscó mantener la unidad de su estructura en la que tanto los partidarios de la participación electoral como los partidarios del boicot o la abstención se expresaron. Pero en vista de la crisis política, incluida la corrupción y el clientelismo electoral, la APPO denunció el proceso electoral como antidemocrático y expresó su desconfianza en los partidos políticos.

La corrupción y el comportamiento del PRD local, así como el de los caciques locales del PAN o el PRI, causaron una ola de abstención de más del 60% en las elecciones legislativas locales del 5 de agosto de 2007, especialmente en el campo y las comunidades indígenas, donde a veces había menos del 10% de votantes 19/. Prueba de que la «normalización» prometida por la represión de la revuelta popular de 2006 no se han logrado, pero también de que las promesas de ruptura del PRD y sus aliados no han convencido.

Lo que queda de la Comuna de Oaxaca

A diferencia de la Comuna de París, la llamada Comuna de Oaxaca nunca dirigió y organizó realmente la ciudad. La APPO logró, gracias a la fuerza de la movilización, paralizar las instituciones locales y pudo proteger parcialmente a la población de la represión. Pero era un doble poder en ciernes que solo se pudo contrarrestar con el envío de las fuerzas represivas del gobierno federal. Sin embargo, frente a la represión y el vacío político, la APPO dió un paso hacia la sustitución del poder establecido puesto que puso en pie una Policía Magisterial de Oaxaca (POMO) y una especie de fuerza policial popular responsable de combatir la inseguridad. Pero fue de corta duración.

La APPO no tuvo la posibilidad política de superar esta dualidad. Hay varias razones para esto. En primer lugar, internamente, no todas las fuerzas y organizaciones políticas estaban dispuestas a dar el paso. Luego, la ciudad de Oaxaca estaba aislada a nivel nacional, lo que hizo que una confrontación futura fuera muy arriesgada. Especialmente porque gran parte de la oposición al recién elegido gobierno de Calderón estaba polarizada por el tema del fraude electoral.

Pero este movimiento ha construido un corpus ideológico que hemos encontrado desde finales de la década de 1990 en toda América Latina, un corpus enriquecido por la experiencia zapatista. En primer lugar, la APPO se define claramente como anticapitalista, pero no en el sentido desarrollista profesado por muchas corrientes de la izquierda tradicional, como el movimiento comunista o socialista. Por el contrario, encontramos, injertados en las reivindicaciones sociales, los ingredientes de un pensamiento ecosocialista. La APPO también integra en su reflexión reglas de funcionamiento y principios que corresponden al patrimonio de los pueblos indígenas (consenso, respeto por la naturaleza y buen vivir).

Aunque la «vida normal» se haya reanudado en Oaxaca tras la represión y la falta de salida para esta experiencia, años después la APPO constituye un referente en Oaxaca y continúa viviendo, ciertamente, parcialmente vaciada de la participación popular masiva, pero manteniendo los principios adquiridos por esta lucha.

Ha sacudido las tradiciones políticas establecidas durante más de setenta años en el país. Hasta ahora, era el PRI quien gobernaba el Estado de Oaxaca sin interrupción. Pero fruto de la radicalización y el cansancio contra este partido-Estado, las elecciones que siguieron a este impresionante movimiento social dieron la mayoría a un frente antipriista que unía a la derecha neoliberal con el PAN y a la izquierda con el PRD. Aunque esta lucha popular no condujera a una recomposición de la izquierda mexicana de transformación social, la Comuna de Oaxaca sigue siendo una referencia para la izquierda radical, especialmente para todos los intentos de construir tal izquierda. Es el caso, por ejemplo, de la experiencia que intentó la Unión Mexicana de Electricistas de crear una organización anticapitalista abierta, la Organización del Pueblo y de los Trabajadores, uno de cuyos objetivos es articular la resistencia fragmentadas, locales o regionales, dándoles una salida política nacional 20/.

Más allá de México, la Comuna de Oaxaca debe ser resituada en un período particular, el del cuestionamiento global del neoliberalismo a principios del milenio, principalmente con el «giro a la izquierda» de América Latina.

Este es el período en que se abren los Foros Sociales Mundiales, el primero de los cuales se celebra del 25 al 30 de enero de 2001 en Porto Alegre, un municipio administrado por el ala izquierda del Partido de los Trabajadores, ciudad piloto del presupuesto participativo. También es el período en el que toda una serie de victorias de candidatos de izquierda, a veces considerados «antisistemas», Chávez en 1998 en Venezuela, Lula en 2002 en Brasil, Kirchner en 2003 en Argentina, Tabaré Vásquez en 2003 en Uruguay, Evo Morales en 2005 en Bolivia, Manuel Zelaya en 2005 en Honduras, Rafael Correa en 2007 en Ecuador, Fernando Lugo en 2008 en Paraguay, etc.

Victorias que no nacen de la nada. A menudo son la expresión y salida de luchas sociales muy fuertes. Pero sucede que, en el continente, la exasperación popular contra el neoliberalismo tiene lugar después de la caída del Muro de Berlín. Los partidos de la izquierda tradicional ya no tienen legitimidad «natural» para librar luchas. Los partidos comunistas están desautorizados por el colapso del estalinismo y la socialdemocracia está atrapada en su giro neoliberal. Los conflictos a menudo tienen lugar fuera del campo tradicional y desarrollan sus propias expresiones. Pero ya sea durante la guerra del agua en Bolivia, las movilizaciones indígenas en Ecuador, el movimiento de empresas recuperadas en Argentina o durante la Comuna de Oaxaca, hay una constante universal: una fuerte aspiración a la emancipación. Se expresa en primer lugar en la búsqueda de la democracia más amplia, igualitaria y universal. También se expresa en el deseo de romper con el «viejo mundo», el del rey-dinero, la desigualdad y la injusticia.

La Comuna de Oaxaca ha concentrado todas estas aspiraciones y debido a que siguen siendo de actualidad, su lucha debe ser recordada en la memoria colectiva.

Notas

1/ El PRI, creado en 1946, es el heredero del Partido Revolucionario Nacional creado en 1929, que se reivindica de la Revolución Mexicana de 1910, que a su vez se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938 bajo Lázaro Cárdenas. El PRI se forma en torno a una alianza entre el movimiento sindical, las instituciones estatales y las fuerzas armadas. El PRI es por construcción un partido-estado. Hay que señalar que el PRI es miembro de la Internacional Socialista.

2/ Esta sección es miembro de la oposición interna a este sindicato estructurado a nivel nacional, la CNTE (Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación). Para contrarrestar la influencia política de esta sección 22, el SNTE creará una nueva sección, la Sección 59, desde cero en 2006, completamente partidaria del PRI.

3/ La presidenta del Sindicato Nacional de Maestros (SNTE), Elba Esther Gordillo de 1989 a 2013, también fue secretaria general del PRI hasta septiembre de 2005. Fue condenada y encarcelada por malversación en 2013.

4/ Ver artículo de Inés González, Oaxaca, un pueblo en resistencia cíclica. Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, 2006 escrito el 22 de septiembre de 2006.

5/ El salario mínimo no es el mismo según los Estados mexicanos.

6/ Ver el artículo de Silvia Bolos y Marco Estrada Saavedra, Conflicto y protesta: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (2005-2010), publicado en la revista Estudios Sociológicos, n°82 de 2010.

7/ Silvia Bolos y Marco Estrada Saavedra, op. cit.

8/ Ver el artículo de preguntas y respuestas de la BBC del 31 de octubre de 2006. También se menciona el apoyo del EZLN y el ex candidato presidencial mexicano por el PRD (Partido Democrático Revolucionario) Andrés Manuel López Obrador, apodado «AMLO».

9/ Ver, por ejemplo, el artículo de Luis Hernández Navarro, Oaxaca: sublevación y crisis de un sistema regional de dominio, publicado en la revista OSAL No. 20 de agosto de 2006.

10/ Véase el artículo de Marco Antonio Estrada Saavedra, L’Etat et les mouvements sociaux durant la transition à la démocratie (2000-2012) (El Estado y los movimientos sociales durante la transición a la democracia (2000-2012)) publicado en 2014 en el n°89 de la revista Problèmes d’Amérique Latine.

11/ Cita tomada del artículo de Pauline Rosen-Cros, Quand le Mexique s’insurge encore, publicada en la obra Amériques latines : émancipations en constructions.

12/ Véase el número 56 de la revista Trabajadores de octubre de 2006.

13/ Después de la decisión del Senado del 19 de octubre de 2006, dictaminando que la solicitud de despido del gobernador era infundada, la Sección 22 del SNTE negoció secretamente mejoras de carrera y salarios. Sobre la base de esta decisión, llamó inmediatamente al final de la huelga, evitando así su obligación de consultar a los miembros de su sindicato.

14/ Cuarta parte de los zapatistas y la otra: los peatones de la historia, firmado por el Subcomandante Marcos.

15/ Se hace referencia a la antigua resistencia armada en el estado de Oaxaca, incluido el levantamiento de 1959 o la lucha del EPR (Ejército Popular Revolucionario) a finales de la década de 1990, la última demostración de lucha armada. En 2006, esta forma de lucha desapareció durante unos diez años en este estado.

16/ La APPO estableció una regla: era posible participar en elecciones locales o nacionales, pero siempre que no sea consejero de esta Asamblea o renuncie a ello.

17/ Esta construcción de organizaciones políticas de pueblos indígenas en el campo del PRI es el resultado de la recuperación de las luchas tradicionales de este partido que, desde 1995, a través del código electoral de Oaxaca, luego en 1998 con la Ley de Derechos Populares y finalmente en 2001 con el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, intercambió derechos por papeletas de voto.

18/ Mientras Hugo Chávez anuncia que no reconoce la elección de Calderón, Evo Morales, Presidente de Bolivia, dice que «incluso si ha habido fraude, el ganador debe ser reconocido», una posición ratificada el 14 de septiembre de 2006 por el Ministro de Relaciones Exteriores y futuro Vicepresidente David Choquehuanca.

19/ Ver el edificante artículo sobre el voto y las condiciones de corrupción, Gana abstencionismo en Oaxaca, publicado en el diario El Universal el 5 de agosto de 2007. De los 42 escaños, el PRI obtuvo 25 y el PRD 6…

20/ Ver, por ejemplo, la entrevista con Humberto Montes y Oca Luna publicada en la revista Inprecor, n°622 de diciembre de 2015.

Fuente: http://www.contretemps.eu/

Traducción de Faustino Eguberri – Viento Sur

Inglés, el corazón del cambio educativo en las normales

Lev M. Velázquez Barriga

Tras el show mediático montado por el candidato Aurelio Nuño para presentar públicamente la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, el presidente del INEE, Eduardo Backhoff, en una clara muestra de descoordinación entre el instituto que preside y la SEP, dijo desconocer en qué consiste la propuesta completa y si ésta recupera las recomendaciones que habían realizado desde 2015. La misma desinformación ha prevalecido desde que se impuso esta reforma constitucional en el ámbito de las escuelas formadoras de docentes, pero que hoy son sujeto pasivo de cambios anunciados de manera vertical.

Lo que sí pudo identificar Backhoff entre los planteamientos todavía parciales e inconclusos de la propuesta oficial, es que el inglés no había sido parte de sus directrices; quizá, el INEE debería consultar no a la SEP, sino a las fuentes directas, a los autores intelectuales de lo que se dio a conocer como el corazón del cambio educativo y echar una mirada al estudio Sorri(y). El aprendizaje del inglés en México, de los empresarios Mexicanos Primero.

De entre las opacidades de la Estrategia de Fortalecimiento, las tesis repetidas y las ínfimas distracciones monetarias para llevarla a cabo, es inevitable percibir que se coloca a la enseñanza del idioma inglés como el verdadero núcleo transformador de las escuelas normales y de la educación básica por consecuencia, según se desprende de su propia lógica. Nada más descorazonador que la pobreza educativa y cultural de ese discurso pedagógico, en un país caracterizado tanto por su riqueza plurilinguística como por su multiculturalismo.

En Sorri(y), aprender en inglés y no sólo aprender inglés aparece como un derecho humano que abre la puerta de acceso al conocimiento universal. La premisa sería convincente si la analizamos de forma ahistórica, pero no podemos olvidar que ya vivimos un primer proceso epistemicida que impostó el monolingüismo como instrumento para la sumisión de los saberes y conocimientos de los pueblos no occidentales, cada nación invasora europea colonizó con su propia lengua civilizaciones ancestrales, nombró desde su mirada eurocéntrica lo que se propuso como el único modo de pensar y de ser en el mundo.

En nuestro tiempo, ya no son naciones las que buscan nombrar el mundo, sino las corporaciones económicas que trascienden las fronteras nacionales y que necesitan globalizar el lenguaje de la cultura mundo basada en el consumo. Estas corporaciones no ven ciudadanos ni seres humanos con derechos, sino capital cognitivo, el inglés como valor agregado a la fuerza de trabajo; tal como lo dicen en Sorri(y): Las empresas mexicanas no crecen lo suficiente y se diversifican, entre otras cosas, por su incapacidad de participar en el contexto global como opción competitiva de mercado abierto, sino como nicho de materias baratas o de manufactura con mano de obra de bajo costo, precisamente por no tener dirigentes con dominio fluido del inglés.

La necesidad imperiosa del capitalismo para mundializar el inglés no es porque se le conciba como una puerta de acceso a la interculturalidad, sino como la única posible y entonces lo convierte en el vehículo por excelencia para la recolonización de la humanidad. La premisa de Mexicanos Primero, en tanto que con esta medida se rompe con el monolingüismo, ya sea del español o de cualquiera de los muchos idiomas que se hablan en el país es equívoca; por el contrario, lo fomenta, sólo que ahora coloca al inglés como la lengua dominante a escala planetaria.

Aprender en inglés trasciende los límites de la convivencia entre idiomas, implicar pensar y codificar los aprendizajes en inglés, no mientras te lo apropias o lo practicas, eso sería lo más lógico, sino algunas jornadas enteras, como dos o tres, o algunas asignaturas del plan de estudios, como ciencia o matemáticas. Pasar del incremento de horas de una lengua extranjera a suplantar las cosmovisiones es una amenaza de epistemicidio que no se le puede tomar por inocente; los idiomas no son sólo expresiones orales y escritas en estricto sentido, son sistemas de pensamiento, que también expresan formas de vida, cuando éstos mueren se llevan a la tumba saberes, conocimientos y maneras de construirlos que sólo podían manifestarse y vivirse dentro de sus dinámicas lingüísticas.

En este sentido, la estrategia debilita la fuerza de las normales y sus posibilidades transformadoras de la sociedad a través de la educación, porque está dejando fuera del currículo las cosmovisiones que han hecho posible la irrupción del proceso involutivo de la modernización capitalista, reproduce los mismos patrones de colonialidad de aquellos saberes que fueron castellanizados, pero que hoy emergen desde sus raíces ancestrales para abrir nuevas rutas de vida viables y urgentes frente a la crisis civilizatoria.

La intención reformista de las normales que se propone reclutar un ejército de maestros de inglés, no contempla la misma cruzada para cumplir con la Educación Indígena e Intercultural que enuncia como uno de sus cinco ejes; podemos deducir con toda certeza que la correlación entre la formación normalista y la inclusividad que se presume para la educación obligatoria, es una falsedad. La de Nuño y los empresarios no es una estrategia de fortalecimiento nueva, sino la misma que se propone exterminar al normalismo y su proyecto cultural que se mantiene vivo, aún en medio de todas estas tácticas de ataque a fuego abierto, represión física y de recolonización cultural.

La reforma patas arriba y la escuela al revés

Lev M. Velázquez Barriga

En el libro de Eduardo Galeano Patas arriba: la escuela del mundo al revés se describe un modelo de sociedad y de escuela que rompe con la lógica del sentido común, lleno de antivalores y prácticas opuestas al humanismo, la democracia y la justicia social. Mostrar de manera inversa una realidad cosificada, inhumana, carente de ética, deshonesta, en la que lo más importante no son los seres humanos, sino la ganancia, es tan sólo un recurso didáctico que nos ilustra lo cruda que es la educación en y para el mundo del capitalismo.

Cuando se consulta la versión acabada del Modelo educativo para la educación obligatoria, cuyos planes y programas fueron presentados por Aurelio Nuño hace unos días y publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de junio, nos recuerda la paradoja que evoca Galeano y pareciera que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está planteando la reforma educativa al revés.

El esquema contiene una serie de contradicciones que pueden ser leídas de forma opuesta a lo que discursa; de esa manera es posible develar su verdadera esencia.

En el modelo educativo al revés, el gobierno mexicano se propone educar para la libertad, pero impulsa una estrategia de censura propia de las dictaduras políticas, en la que se asesina a los periodistas que luchan por ella; balea y reprime a los estudiantes que la ejercen; encarcela, desaparece y persigue a quienes la buscan; espía a la ciudadanía y a sus opositores; además, amenaza a quienes denuncian las violaciones a la privacidad.

El modelo educativo al revés dice que los alumnos tendrán una formación integral, es decir, el desarrollo pleno de todas sus facultades, por eso propone enseñar menos para aprender más, reduciendo los aprendizajes a las competencias laborales para la sociedad del siglo XXI. Su pedagogía de la rentabilidad concibe al estudiante como capital humano, es decir, en su única dimensión económica y no en la complejidad ecobiosicosocial que lo define. Aun el desarrollo socioemocional está ligado a la transferencia de inteligencias, valores y habilidades de la escuela a los nuevos patrones organizativos empresariales del estilo Oxxo, que para seguir garantizando el éxito demandan empleados con mayor flexibilidad, capacidad para la autorregulación de las relaciones personales en el trabajo y manejo del estrés grupal.

Para ser inclusiva, la escuela al revés tiene que ser excluyente: sólo así niega a los alumnos con discapacidades el derecho a recibir educación y atención especial, confunde terriblemente integración con inclusión. La escuela de la diversidad está patas arriba, reconoce las diferencias, pero fomenta la evaluación estandarizada, de modo que para atender las muchas formas de aprender y de enseñar tiene una sola pedagogía universal que elimina a todas las demás, el enfoque por competencias.

Está tan de cabeza que por poner la escuela al centro deja a los alumnos fuera. El cierre masivo de escuelas multigrado o reconcentración escolar, que ya está en marcha, dejaría sin educación a millones de alumnos de comunidades rurales e indígenas, y a otros tantos los desplazaría de sus lugares de origen. Para crear oportunidades para los más vulnerables oferta becas en vez de escuelas y cierra las que están más cercanas, para que puedan ir a las más lejanas.

Fortalece la educación pública privatizándola; para garantizar que la educación sea gratuita, pide aportaciones económicas a los padres. El presidente de la República dio un gran discurso ejemplificando los beneficios de la autonomía de gestión: cuando falte algún vidrio o haya que arreglar alguna puerta, ya no tendrán que hacer engorrosos trámites burocráticos para que la SEP se haga cargo: ahora tendrán toda la facultad para hacer las cosas por sí mismos y pagar de su bolsillo lo que se necesite. La más innovadora de las propuestas trae dinero del futuro para invertir en el presente, dejando muy claro que eso no es deuda pública, pero hay que pagar intereses a 25 años.

En la reforma educativa al revés los profesores no son profesores, pues no hace falta estudiar esa profesión. Para fortalecer la formación inicial de los maestros se exterminan las normales y se contrata a quienes no tienen formación inicial docente. La escuela al revés profesionaliza al maestro desprofesionalizándolo, premia el individualismo y castiga su antigüedad con la evaluación para el despido, desconoce su experiencia y no le importa su preparación académica. Quizá lo que más puede presumirse en este tema es que busca la calidad de la enseñanza con la precariedad en el trabajo.

En el gobierno también se actúa al revés: el modelo educativo se anuncia al principio y se hace al final; el secretario de Educación cobra como funcionario, pero actúa como candidato; uno de los grandes estatistas de la reforma educativa no supo escribir su propia tesis y el otro no sabe hablar. Los planes y programas de estudio no serán para llevarse a cabo en este sexenio, sino en el otro; no obstante, dejan márgenes estrechos para enderezar la reforma patas arriba durante los próximos 12 años, de suerte que la solución no vendrá desde arriba ni con el cambio de gobierno; sólo será posible si los maestros son capaces de consolidar en cada escuela las contrapropuestas pedagógicas que ya se practican y construyen en varios estados.

Cómo "leer" el Modelo educativo

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

Lo primero que salta a la vista cuando se lee el Modelo educativo 2016 son tres cuestiones básicas:

La primera tiene que ver con el modelo. Un modelo, dice el diccionario, es un estándar o patrón que sirve como base para ser imitado, reproducido o copiado, y que sirve de base para nuevas elaboraciones. Desde su nombre, el Modelo 2016 tiene una aspiración hegemonista, no se llama Lineamientos o líneas de discusión para conformar un modelo, no, es el Modelo, lo demás que se diga girará en torno a él, estará en favor o en contra, pero este es el (verdadero) modelo; no hay otro.

Este primer componente va ligado a un segundo aspecto: el Modelo 2016 tiene una pretensión abarcativa de cubrir a toda costa a todo el sistema nacional, pero descuida las variables culturales, asimetrías sociales y territoriales y las regiones pobres del país. Su contenido sesga hacia una visión urbana de la educación, para escuelas de organización completa (recuérdese que 43 por ciento de la escuelas primarias de México son de carácter multigrado). Esta visión hegemónica y unificadora no es gratuita, tiene el sesgo de invisibilizar a las diversidades. Desde la lógica del modelo se afirma a esto a lo que se aspira o aquí está el deseo de lo que pretendemos.

El tercer componente introductorio tiene que ver con que el modelo descontextualiza la realidad educativa del país. Todas las escuelas de prescolar, primaria y secundaria urbanas, rurales o indígenas están en un contexto específico y dicho contexto va determinando el estilo de práctica de los y las educadores y la tradición educativa de cada lugar y en cada región. El Modelo 2016, sus afirmaciones sin contexto, se tornan en abstracciones de un sistema educacional que termina siendo ajeno al nuestro.

Junto a lo anterior y ya en el contenido, dicho documento ignora gran parte de la historia para incluir pequeñas fichas de la historia que conviene contar. Se trata de que el inconsciente coloque en el mismo nivel a Vasconcelos y Torres Bodet con Nuño Mayer, válgame qué afrenta, y por razones políticamente obvias se dejan de lado a otros personajes que también han ocupado la SEP, como Manuel Bartlett, Josefina Vázquez, Víctor Bravo Ahuja, Agustín Yáñez, Fernando Solana Morales, Miguel Limón, etcétera. En el fondo se demuestra que la figura de titular de la SEP se ha devaluado a tal grado que cualquiera llega a tan importante cargo; los dos nombres má recientes son claro ejemplo de ello.

El Modelo educativo 2016 rescata algunas ideas valiosas, sin dar crédito a sus autores de origen, como las propuestas de Michael Fullan y Andy Hargreaves en La escuela que queremos, y en general todo el aporte de la escuela canadiense que ha contribuido al cambio en educación y a la escuela como centro del cambio, y de Inés Aguerrondo. Sin embargo, no cita adecuadamente las referencias ni las ideas que han tomado, aunque sea de sentido. ¿Será acaso que también se quieren sumar a algo que está de moda que es la incultura del plagio académico?

El Modelo 2016 carece de una fundamentación o un sustento que le dé soporte y solidez teórica y le permita aspirar a la legitimidad pedagógica. Su elaboración consiste en una serie de ideas sueltas a partir de una especie de eclecticismo vulgar, ya que se rescatan aportes (casi todos fragmentados) de las recientes avances en pedagogía, pero no se hace referencia a las aportaciones universales de autores clásicos, como Paulo Freire, J. Dewey, Montessori, Rousseau, Makárenko, Piaget, Freinet, Vygotsky, etcétera. ¿Desde la nueva SEP ya son caducos estos personajes, ya han sido superados completamente sus aportaciones? Se habla sin mencionarlo correctamente por su nombre de teorías y meta-teorías que ponen el énfasis en el aprender, en la sociedad informacional, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el manejo del inglés, etcétera.

El Modelo 2016 no da claridad acerca del curso de acción de sus aspiraciones, no tiende puentes entre las sugerencias y las acciones y prácticas que realizan los docentes en las escuelas. Pareciera que más bien se pretende distraer la atención para no ocuparse de las cosas importantes, como las implicaciones políticas del Servicio Profesional Docente y de la movilización magisterial.

Por último, la parte más pobre que debería ser la más importante es lo referente a los docentes, educadores y profesores frente a grupo. Es a ellos y ellas a quien va dirigido dicho documento. Se trata de que los maestros y maestras lean el Modelo 2016 y lo conviertan en una herramienta para su trabajo. Sin embargo, cuando se habla de los maestros o las referencias que se incluyan acerca de los docentes mexicanos, se refiere a una figura distante que no existe en nuestro país, ni tampoco en muestra realidad educativa. Al decir esto me acuerdo de mis primeros años de trabajo en educación primaria, en comunidades como Tlachichilco o Cuitzeo, en el municipio de Poncitlán o en el poblado de Toluquilla. En zonas rurales o semiurbanas, los docentes, cada maestro o maestra que vive su concreción mediada por la protesta, la movilización y la rebeldía gremial, como respuesta natural ante la ofensiva de evaluación punitiva, ¿qué tipo de lectura se espera que hagan del multicitado Modelo 2016?

El Modelo 2016 no deja claro si aspira a formar al mexicano del siglo XXI, o al ciudadano global que se incorporará a las maquiladoras de las grandes empresas trasnacionales o que será formado como lo dictan los organismos internacionales. El documento se queda a la mitad, no aclara el carácter nacional de la educación ni los fines y objetivos de la formación de ciudadanos para el siglo XXI.

El Modelo 2016 se olvidará muy pronto por su intrascendencia o por la ausencia de relevancia en el plano educativo, pedagógico y cultural, debido a que no es una referencia que permita vincularse con los maestros de escuela ni tampoco con su realidad educacional.

* Profesor-investigador de la unidad 141 de la Universidad Pedagógica Nacional, campus Guadalajara

Proyecto educativo, organización popular

Lev Moujahid Velázquez Barriga

La ausencia de la SEP y del INEE en el foro Hacia la construcción del proyecto de educación democrática, organizado por la CNTE, en el que se habían comprometido a debatir y construir las bases mínimas para una Evaluación educativa integral, dejó ver que su propuesta punitiva es indefendible de manera abierta, pública y transparente.

Los altos funcionarios del Estado mexicano, acostumbrados a falsas consultas predeterminadas por los mandatos empresariales, al vasallaje político del SNTE y además hechas a puerta cerrada, no quisieron arriesgar la obediencia siempre selectiva de sus foros, para enfrentar la inteligencia colectiva de los maestros, los investigadores y ciudadanos informados.

Sin embargo, mientras el gobierno federal se negaba a dialogar, un día después Aurelio Nuño se encaminaba a Coalcomán, Michoacán, para entregar una escuela pública a un organismo tan cuestionado por sus constantes violaciones a los derechos humanos, como es el Ejército, y no a la comunidad o a los maestros, quienes deberían ser realmente los guardas y promotores de la cultura nacional.

Por su parte, la SCJN también contribuyó a cancelar cualquier posibilidad de una propuesta evaluativa integral, respetuosa del derecho humano al trabajo. Su reciente fallo contra los docentes no hace más que confirmar lo que sistemáticamente ha negado la autoridad educativa: que la evaluación sí es la antesala para despedir y sí es retroactiva en perjuicio de los maestros en activo.

La triada SEP-INEE-SCJN deja de manifiesto que no hay espíritu republicano en sus malas decisiones, no existe en ellos la mínima integridad, equilibrio, independencia ni autonomía política para representar los intereses mayoritarios de los ciudadanos y separarlos del interés privado de las corporaciones económicas, que hoy demandan, con rabiosa insistencia, el uso de la violencia física, laboral y administrativa contra el magisterio.

En medio de esta falta de credibilidad, legitimidad y representatividad de las instituciones públicas del Estado mexicano, el foro nacional Hacia la construcción del proyecto de educación democrática adquiere dimensiones y posibilidades de amplio espectro, que apuntan a nuevos desafíos para la coordinadora.

La CNTE no sólo fue capaz de convocar ampliamente a un espacio de diálogo incluyente y plural, en el que se desnudó ante la diversidad de representaciones para mostrar las fortalezas y debilidades de su proyecto educativo, imperfecto, pero abierto a transformarse y fortalecerse con las múltiples voces del pueblo mexicano desde hace 20 años.

Además, generó una importante expectativa, según expresaron los asistentes, para posicionarse como ente articulador de las luchas sociales, de la disputa por la educación pública en el terreno físico e ideológico de las escuelas, pero también por la conducción de la nación que hoy está en manos de una élite neocolonial, cuyas reformas neoliberales implican el desarme de la soberanía política y cultural de los pueblos indígenas, mestizos y desposeídos de México.

La coordinadora está obligada a construir, sí, la otra escuela pública, la que forma en la conciencia crítica, la del currículo para la insurgencia ciudadana, que se evalúa integral y horizontalmente, pero no debe soslayar esta coyuntura política de debilidad orgánica para el Estado y de fortaleza para el movimiento social, en la cual es posible que de forma paralela se vayan sentando la bases para una nueva institucionalidad de carácter popular.

La ruta de nuevos foros abre horizontes a favor para concluir una primera etapa organizativa que instituya al Congreso Nacional de Educación como el órgano de poder popular responsable de diseñar y orientar la política educativa, cultural y para el buen vivir, desde la soberanía y la legítima autonomía del pueblo mexicano, para autoproclamar un nuevo sentido histórico cuya raíz ha crecido de manera opuesta al proceso destructivo del capitalismo y su modernidad patriarcal, racista, ecocida y epistemicida.

Se trata de un camino que se recorre también desde abajo, al que los maestros de la CNTE deben contribuir, para que la autonomía como poder horizontal y comunitario se viva y se construya también desde la escuela. La verticalidad, el burocratismo y el control educativo que se ejerce a través de los consejos técnicos escolares y los consejos de participación social, son motivo suficiente para generar ahí procesos ocupacionales de la escuela con nuevos actores que habían sido excluidos, nuevas pedagogías emancipadoras, así como proyectos culturales, tecnológicos, económicos, formativos y organizativos que transciendan los cercos perimetrales, abran los centros escolares a las necesidades comunitarias y su desarrollo endógeno.

No estoy inventando nada. Los Congresos Populares de Educación ya se han impulsado en este sentido en varias secciones del magisterio democrático, las experiencias comunitarias existen de forma embrionaria, unas veces a iniciativa de la CNTE en comunidades no indígenas y barrios urbano populares de zonas marginales; otras acompañando a los pueblos originarios, pero que en esta etapa de la lucha magisterial se pueden potenciar y ampliar, toda vez que 120 mil campesinos del país dieron su respaldo a la coordinadora para detener la reforma educativa en sus poblaciones de origen e infinidad de movimientos sociales y sindicales también están a la espera del siguiente paso organizativo.

La politización empresarial de la reforma

Hugo Aboites

Grupos empresarios han decidido incursionar directamente en el conflicto en torno a la llamada reforma educativa y hacen su propia contribución a una crisis nacional. Con su rechazo a pagar impuestos y a invertir recursos en el suroeste del país toman revancha, pero su protesta no es contra el gobierno ni contra los bloqueos y los maestros movilizados; en realidad es contra el diálogo. Sobre todo cuando éste parece ofrecer una respuesta a más de un millón de maestros, cuyos derechos constitucionales claves (artículo 123) fueron cancelados. En efecto, los airados pronunciamientos de estos grupos arrancaron cuando el diálogo comenzó y se creó un ambiente de distensión y hubo acuerdos parciales. Incluso, el amparo promovido por Mexicanos Primero confirma esto al enfocarse en acuerdos con los maestros que son oscuros y concesiones indebidas producto de la debilidad lastimosa de la Segob (La Jornada, 4/8/16, pág. 3).

Es muy significativo que sea Mexicanos Primero el que asume la posición más radical contra el diálogo. Primero, porque representa la voz oficial del gran empresariado en la educación y, ahora, además, añade los medios para llevarla a cabo: sin diálogo, sin acuerdos, sin contemplaciones. Pero también es significativo porque no está sola: comparte postura con una SEP que durante casi un año se mantuvo firme contra un diálogo que no fuera acompañado de la aceptación del marco legal. De hecho, todavía hoy de fondo mantiene la misma postura. Si ya desde 2012-2013 había una estrecha cercanía SEP-Mexicanos Primero respecto de la modificación de normas constitucionales y legales para los maestros (ver la agenda-documento Ahora es cuando, de esa organización), la cercanía actual muestra la clara y firme voluntad de ambos de que no se llegue a la debilidad de acuerdo alguno. Una hipótesis que explicaría esta postura es que, desde su punto de vista, cualquier acuerdo real mostraría que el marco no es inamovible, que en el futuro tendrían ellos que seguir cediendo, y que esto pondría en peligro, de fondo, la visión misma que de la educación necesaria tengan los empresarios. Esta hipótesis explicaría por qué la consulta sobre el modelo educativo se presenta en términos tan perentorios: desde arriba, fragmentada, rápida y procesada unilateralmente. Sugerencias sí, acuerdos no.

Dado el momento actual, otra hipótesis sería la electoral. El factor 2018 tendría ya una poderosa influencia en el ámbito del conflicto y por tanto, en esta vena, un sector empresarial alarmado por la duración y fuerza de las protestas estaría cerrando filas en torno a una postura y a un candidato duro capaz de poner orden en el país en el sexenio venidero. Una tercera hipótesis, por supuesto, sería que, en realidad, los movimientos que hoy presenciamos son meras coincidencias en el tiempo, en los actores, en los temas y en la actitud, nada más.

En cualquiera de las tres hipótesis, lo cierto es que hoy la politización del tema educativo es tal que la consulta a que convoca la SEP difícilmente será significativa y, tampoco, realmente válida. Desde hace casi cuatro años, cuando se optó por despojar de derechos constitucionales básicos a los maestros, sus mismos promotores anticipaban que habría problemas (aunque calcularon mal la amplitud, duración y profundidad de la resistencia), y ahora la víctima son el país, los niños, jóvenes y maestros y padres de familia que se enfrentan a un horizonte educativo lleno de tensiones y contradicciones sin que puedan discutir tranquilamente qué educación es la que se necesita en México. Hoy que las cúpulas empresariales intervienen directamente contra el diálogo y los acuerdos que acerquen a una solución, ellos mismos prolongan y profundizan el conflicto.

Para dejar atrás esta ruta hasta suicida, de aumento creciente en la confrontación, hoy la única salida es precisamente un diálogo efectivo. Y eso requiere reducir la crispación ahí donde ésta primero se inició. Es decir, buscar una forma de abrogación, suspensión o reinterpretación del marco laboral-administrativo para que la discusión no se sitúe allí, sino en el terreno de la transformación de la educación. Y desde ahí repensar entonces qué tipo de marco laboral-administrativo, qué perfiles de los maestros, procesos de formación y actualización, tipo de condiciones de trabajo se requieren. Mientras este replanteamiento no ocurra, los maestros no tienen otro remedio que continuar manifestándose contra la exclusión laboral y al mismo tiempo y con la energía que da el propio movimiento, iniciar con sus aliados un proceso propio, amplio y representativo, una ruta que construya el gran proyecto educativo, abierto, incluyente, ese sí, desde abajo y desde las necesidades de conocimiento de los mexicanos. Y comenzará entonces una etapa a mediano y largo plazos, de una profunda disputa entre proyectos de educación, la de los empresarios por un lado, y, por otro, la de los maestros, estudiantes, padres de familia, comunidades y organizaciones sociales representativas de las grandes mayorías del país. En una circunstancia así, también los universitarios podemos, debemos pronunciarnos.

¿Qué tipo de protestas tendríamos hoy si a los empresarios, precisamente por serlo y sólo a ellos se les cancelaran derechos constitucionales básicos?

Un Estado autoritario sólo puede educar para obedecer

Lev Moujahid Velázquez Barriga*


Las  razones  oficiales  de  la  reforma educativa  chocan  con  la  realidad. ¿Cómo  decir  que  se  buscan  alumnos participativos  capaces  de  resolver conflictos  privilegiando  “el  diálogo,  la razón  y  la  negociación”,  cuando  el Estado  busca  imponer  esa  norma  por medio de la fuerza y la represión? Por ningún  lado  se  asoman  los  valores humanistas  que  dice  enarbolar  y  sólo dominan  los  del  empresariado neoliberal

Un  Estado  no  puede  ser  ajeno  a  los  principios  educativos  en  su  vida orgánica,  formas  de  gobernar,  legislar e  impartir justicia;  tampoco  lo puede  ser  quien  lo  representa  públicamente;  por  el  contrario,  los principios  educativos  deberían  estar  presentes  en  su  constante interacción con la sociedad, en el  ámbito  político  que  lo  dinamiza, en el  proyecto  nacional  que  lo  orienta,  en  su  desarrollo  económico  y cultural.


Cuando  estos  principios  están  ausentes,  no  podemos  hablar  de  un Estado  educador,  sino  de  otro  corrompido,  en  descomposición, porque  en él  imperan los  intereses  de  grupo  sobre  el  bien común. En estas condiciones, de  un Estado  corrompido  y no  educador, cualquier propuesta que  se  presente  como  opción de  transformación educativa emanada desde  el  seno  de  su descomposición orgánica, no  puede  ser sino  parte  de  sus  mecanismos  de  imposición,  sometimiento  y  de reproducción de intereses de grupo.


En  ocasiones,  estos  mecanismos  de  dominación  son  explícitos  y también tangibles, como  lo  es  el  Servicio  Profesional  Docente, que no deja  duda  de  su  carácter  punitivo  en  la  letra  y  en  los  hechos;  otras veces  no  son  tan  explícitos,  sino  que  dejan  un  cierto  margen  de libertades e  interpretaciones  para legitimarse, pero  de  facto  se  llevan a  cabo  con  la  misma  verticalidad  de  siempre,  como  lo   pretenden hacer  Aurelio  Nuño  y  sus  aliados  empresariales  y  sindicales,  con  el nuevo modelo educativo 2016.


Partimos de la premisa de que en México  no hay un Estado educador. Todo lo contrario, el que nos rige está sumergido en una condición tan crítica, que carece de principios éticos y valores cívicos que se puedan ampliar  al  conjunto  de  la  sociedad  desde  una  propuesta  pedagógica que  nutra  la  vida  democrática  por  las  venas  de  nuestro  sistema nacional de educación.


En  este  sentido,  los  documentos Modelo  Educativo  2016.  El replanteamiento  pedagógico  de  la  Reforma  Educativa; Los  fines  de  la educación  en  el  siglo  XXI  y  la Propuesta  curricular  para  la  educación obligatoria  2016,  son  parte  de  esta  condición  crítica;  más  que alternativas para dar contenido  a las ausencias pedagógicas y superar los  conflictos  magisteriales,  son  un  deslinde  que  intenta  alargar  la ruta de discusiones hasta el 2018, cuando el presente gobierno se haya ido y con él, toda responsabilidad sobre el caos que generó.


Se  trata  de  una  propuesta  de  nueva  cuenta  unilateral,  llena  de inconsistencias  e  incongruencias,  unas  producto  de  las  mismas  tesis fracasadas de la actual reforma y otras que auguran su inaplicabilidad porque  son  contrarias  a  su ADN político  fascista,  pero  que  aparecen como  elemento  de  distensión  del  descontento  magisterial,  popular  y académico.


Resulta  de  lo  más  dudoso  que  los  mismos  operadores  y  autores intelectuales  de  la  reforma  educativa,  cuyas  consecuencias  son decenas  de  muertos,  encarcelados  y  miles  de  despedidos,  hoy  digan que  “el  propósito  de  la  educación  básica  y  media  superior  es contribuir  a  formar  ciudadanos  libres,  participativos,  responsables  e informados,  capaces  de  defender  y  ejercer  sus  derechos,  que participen  activamente  en  la  vida  social,  económica  y  política  de México”.


¿Y  para qué  iban a querer eso?  Valdría la pena preguntárnoslo,  si  no existen en este  país  garantías  para el  ejercicio  de  la libre  ciudadanía, para  exigir  dignidad  laboral  sin  que  seas  hostigado  o  víctima  de  la represión  administrativa,  sin  ser  despedido  o  perder  tu  libertad  y hasta  la  vida.  Así  nos  lo  ha  enseñado  la  Secretaría  de  Educación Pública  (SEP) en  los  hechos,  pero  más  crudamente  durante  este gobierno en turno.


Me  parece que, desde  las  esferas de la burocracia estatal, no  se  puede recomendar  sin  atisbos  de  hipocresía  que  el  sistema  educativo  deba formar  personas  capaces  de  resolver  conflictos,  privilegiando  “el diálogo,  la  razón  y  la  negociación”  cuando  se  ha  priorizado  la  vía judicial, la criminalización de la protesta, así como la intervención de los órganos represivos para dirimir diferencias de orden pedagógico y laboral.


Por otra parte,  la supuesta “nueva cultura” organizativa que  pone  “la escuela al  centro” y sienta las “bases  para construir centros  escolares que  fomenten  el  trabajo  colaborativo  y  colegiado”,  no  se  puede edificar sobre  los  cimientos  de  un sistema vertical  y centralizado,  en cuyos  órganos  horizontales  de  participación  social  y  los  que  a partir de su autonomía diseñan las evaluaciones para generar propuestas de política  educativa,  están  los Empresarios  Primero  y  las  necesidades educativas después.


Hablar  de  autonomía  de gestión  para  la  rendición de  cuentas  es  una  de  las mayores  inconsistencias que  podemos  encontrar, si  la  corrupción  ha penetrado  hasta  las  altas esferas del poder político, incluso  en  la  presidencia de  la  república;  si  los niveles  de endeudamiento  han  sido tan irresponsables que hoy se podrían financiar el 95 por ciento de los programas  culturales,  educativos  y deportivos  de  la SEP tan sólo  con lo  que  el  Estado  paga  de  intereses  anuales  por  concepto  de  deuda pública. Sin embargo, el  Modelo  Educativo  2016 sigue  proponiendo  la colocación de certificados de endeudamiento  en la bolsa de valores, a través  de  Escuelas  al  CIEN (Certificados  de  Infraestructura  Educativa Nacional),  como  si  fuese  un mecanismo  exitoso  y los  datos  no  fueran desalentadores.


En  su  caso,  los  Consejos  Técnicos  Escolares  y  la  Ruta  de  Mejora Continua que  se  presentan como  los instrumentos  para la planeación contextualizada  de  la  escuela,  poco  han  contribuido  al  diseño  de alternativas  pedagógicas,  no  por  falta  de  capacidad  de  los  docentes claro está, en realidad su objetivo no ha sido la autogestión curricular, sino  la  aplicación  de  una  reforma  educativa  que  viene  desde  arriba con  todo  su  peso  administrativo,  burocrático,  antilaboral  y privatizador hasta los centros escolares.


En  cuanto  a  las  evaluaciones  internas,  según  las  condiciones específicas,  como  parte  de  la  autorregulación  de  los  aprendizajes,  la formación intrínseca de  los  docentes y las orientaciones autogestivas de  los  procesos  pedagógicos  escolares,  podríamos  decir  que  carecen de  pertinencia y significatividad para los  actores  educativos,  toda vez que  el  ej e  rector  para  los  informes  oficiales,  la  mediatización comunicativa  de  los  resultados  del  sistema  educativo,  la  opinión pública,  las  decisiones  políticas  y  los  impactos  laborales  de  los profesores, son las evaluaciones externas y además estandarizadas.


A  decir  del  modelo  curricular  que  aparece  como  continuidad  del marco  constitucional  inspirado  en las  recomendaciones  derivadas  de los  acuerdos de  cooperación con la Organización para la Cooperación y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE),  para  la  integración  del  mercado mundial,  y  no  en  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO),  es  decir,  para  el desarrollo cultural de la humanidad, no se puede nombrar a sí mismo como  humanista.  No  hay  humanismo  posible  ni  centralidad  de  lo pedagógico  para  quien  ha  esclavizado  el  destino  de  las  nuevas generaciones a la globalización económica.


Pretender “encontrar un equilibrio  entre las exigencias propias de un proyecto  humanista,  fundamentado  en  la  educación  integral,  y  un proyecto  que persigue la eficacia y la vinculación de la educación con las necesidades de desarrollo del  país”, se vuelve búsqueda paradójica en la medida en que la “calidad” y no las cualidades humanísticas son el  objetivo  superior  de  la  educación,  como  estigma  que  ha  dejado heridas  en  la  Constitución  mexicana,  sacrificada  en  favor  de  los intereses empresariales.


No  hay coherencia lógica cuando  se  propone, por un lado, incorporar “los  avances  que  se  han  producido  en  el  campo  del  desarrollo cognitivo, la inteligencia y el aprendizaje” y, por otro, supeditar toda la teoría  pedagógica avanzada que  apunta a la  diversidad humana  y de sus formas de aprendizaje, al  modelo único por competencias, el  cual no  concibe  a la persona en su complejidad (homo complexus),  sino  en la  simplicidad  de  su  unidimensionalidad  económica  (homo economicus).


En  suma,  un  Estado  totalitario,  como  el  nuestro,  no  educa  para  la autonomía, sino  que  refuerza la obediencia y la sumisión, transgrede la  diversidad  cultural  y  cosifica  la  integralidad  humana,  ahí  está  la esencia  del  modelo  educativo  que  presenta  la  SEP,  revuelta  entre marañas conceptuales que se contradicen con su tradición neoliberal.


Una  verdadera  propuesta  educativa  sólo  podrá  venir  de  las oposiciones  críticas  al  proyecto  empresarial,  de  las  diferencias políticas  a  la  dictadura  pro  fascista,  de  la  cultura  democrática  y popular  que  se  reconstruye  en  la  renovación  constante  de  los movimientos  sociales,  de  las  autonomías  indígenas  y  su  proyecto decolonial,  del  diálogo  de  saberes  entre  la  raíz  pedagógica latinoamericana  y  las  epistemologías  para  atender  la  diversidad cognitiva.

*Doctor  en  pedagogía  crítica  y  educación  popular;  integrante  de  la Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  en Michoacán

La geopolítica de Washington, las Zonas Económicas Especiales y la insurgencia magisterial

Carlos Fazio

Introducción.- Desde finales de los años 80 del siglo pasado, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado Hemisferio Occidental no escapó a esa lógica de restauración  imperial. Mediante un proceso de reingeniería militar post-Panamá, América Latina y el Caribe en general, y Colombia y México en particular, fueron convertidos en una auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia extracontinental por los mercados y los recursos geoestratégicos.

Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar estadunidense en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el por ahora abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, y a últimas fechas el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico, que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera). 

En el marco del renovado expansionismo imperial, México no sería la excepción. Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), que vinculó al país de manera asimétrica y subordinada a Estados Unidos, siguieron el Plan Puebla Panamá (2001); la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana, y la Iniciativa Mérida (o Plan México, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación de las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadunidenses, combinada con una reanudación de las actividades paramilitares y el aterrizaje en el territorio mexicano de compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.

La necropolítica y la dominación de espectro completo

En rigor, desde finales de los años 70 del siglo pasado asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista. Una fase que remite a la acumulación primitiva u originaria descrita por Carlos Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el robo, el fraude y la violencia), y que a comienzos de esta nueva centuria el geógrafo teórico marxista David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo,(1) lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” −según el concepto marco que ha desarrollado Harvey−, se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como al que asistimos en el segundo decenio de este siglo, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.

El 11/S agudizó esa política ya en curso (piénsese en la ex Yugoslavia, re-balcanizada por las potencias occidentales en los años 90 tras la muerte del mariscal Tito), y generó un nuevo “discurso civilizatorio” sobre la guerra, el enemigo y el terror diseñado por la administración de George W. Bush para justificar ocupaciones e intervenciones neocoloniales como en Afganistán e Irak. Lo que puso en juego nuevas valoraciones y debates académicos sobre los modos de entrelazamiento de nociones tales como violencia y derecho, por un lado, y soberanía y excepción, por otro, que a su vez remiten a ideas sobre la normalización del horror y al hecho avizorado de manera temprana por Walter Benjamin,(2) de que el Estado de emergencia no era la excepción sino la regla para los oprimidos.(3)

Con base en la normalización de la excepción, Achille Mbembe propuso una nueva categoría, la necropolítica, que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como “administración y trabajo de muerte”.(4) Recuperando la noción de la biopolítica de Michael Foucault, la aportación del filósofo camerunés nos introduce en fenómenos contemporáneos como la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables y superfluos.(5) Así, según Mbembe, poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados espacialmente en neocolonias cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte. Para Mbembe, la colonia representa el lugar donde la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin.(6)

Y si bien el modelo de colonia contemporánea que plantea ese autor es el del nuevo apartheid instrumentado por Israel sobre la población palestina en los territorios árabes ocupados, vemos que éste se replica en amplios espacios territoriales de Colombia y México, merced a políticas institucionales de depredación, terror y muerte aplicadas por los gobiernos neoliberales de Álvaro Uribe y Felipe Calderón, continuadas por sus sucesores.

A través del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, impulsados por la administración de William Clinton a comienzos del siglo XXI, Estados Unidos desplegó una nueva forma de guerra encubierta y de ocupación neocolonial, que como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, buscaba “transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo”.(7)

Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense de comienzos del siglo XXI responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (guerras contra no-Estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares, verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas), que podrían actuar en Estados fallidos o ser patrocinados por Estados delincuentes. Lo que ha derivado en los conflictos asimétricos y las llamadas guerras de cuarta generación de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los Estados como parte de un sistema tanático; un sistema de muerte donde el enemigo es la sociedad toda y uno de los objetivos centrales es la destrucción de la cultura.(8)

La ocupación integral encubierta de países como Colombia y México forma parte de la “dominación de espectro completo”, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001,(9) que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico.

La fabricación de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la “seguridad nacional” estadunidense y/o la “seguridad hemisférica”. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005).

La ASPAN incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad −justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional− y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.(10)

En ese contexto, cabe resaltar que la guerra y el terror son instrumentos clave al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de para-estados donde operan formas de poder paralelas pero articuladas al marco institucional (para-institucionalidad), en cuyo seno fracciones “pragmáticas” del bloque de poder hegemónico han delegado parte de la regulación y el control territorial de zonas de importancia económica y geopolítica (espacialidad), a aparatos represivos extralegales (paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos brazos armados complementarios y/o que actúan en cohabitación o franca complicidad con las distintas corporaciones de las fuerzas militares del Estado (fuerzas armadas y distintas formas de policías militarizadas), al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista.(11)

La irrupción de las nuevas formas de acumulación legales que muchas veces derivan de actividades ilegales (el lavado de dinero es la legalización de recursos negros a cambio de una cuota o porcentaje), ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros. Ello explica, también –al igual que en Colombia−, la imbricación de las fuerzas militares y policiales mexicanas con agrupaciones de civiles armados (paramilitares, autodefensas, grupos de la economía criminal), y de éstos con empresas e instituciones  bancarias y financieras transnacionales, para darle un cauce “legal” e “institucional” al actual proceso de acumulación por despojo.

En el caso mexicano, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto −en particular la contrarreforma energética−, diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo.

Michoacán y la  geopolítica del Pacífico

El 4 de noviembre de 2013, el gobierno federal anunció que los policías municipales de Lázaro Cárdenas, en Michoacán,  habían sido desarmados por elementos de la Secretaría de Marina y la administración del puerto del mismo nombre había quedado en manos de las Fuerzas Armadas. La “toma” y militarización de ese puerto industrial fue la noticia principal de los medios de difusión masiva.

Según el diario Milenio, el puerto era  la verdadera “mina de oro” del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios. De acuerdo con información de inteligencia  filtrada al diario capitalino, entre las actividades diversificadas del grupo criminal figuraban el control de las operaciones portuarias de contenedores; las operaciones de las empresas navieras transportistas de contenedores; los transportes terrestres portuarios, y el cobro de “cuotas” (venta de protección) a empresas que participaban en licitaciones en el puerto y todo el municipio, a razón de 10 por ciento por cada contrato adjudicado,(12) de acuerdo con un padrón de empresas beneficiarias en poder del grupo criminal.  El “negocio” incluía a grandes corporaciones como ICA, ganadora de obras gigantescas y multimillonarias.(13) Otro importante rubro de ingresos era la exportación de minerales hacia China desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Paralelamente, cobraban un dólar por tonelada exportada a cinco empresas mineras que utilizaban dos muelles del puerto.

Los datos eran una radiografía aproximada de la realidad michoacana y fiel reflejo de lo que ocurría en otros estados de la República. Sin embargo, exhibían una visión unidireccional del problema, ya que se enfocaban exclusivamente en las operaciones legales e ilegales atribuidas por las autoridades a Los Caballeros Templarios y no incluía, como parte activa de las redes de complicidad y corrupción ligadas a la economía criminal, a miembros de la clase empresarial, banqueros, políticos y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), entre ellos, a los  responsables del fisco, autoridades aduanales, portuarias y judiciales, e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado encargados de brindar “protección” (Ejército, Marina, Policía Federal y las distintas agencias policiales y ministeriales).

Lo que más llamaba la atención, por inverosímil, era que según la versión oficial difundida, Los Caballeros Templarios controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de las Fuerzas Armadas (en particular de la Marina) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre  Estados Unidos, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después del de Long Beach, en Los Ángeles, California (EU).

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, la ciudad de Lázaro Cárdenas se conecta través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional.(14) En sus muelles se descargan las materias primas y manufacturas chinas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada desde las privatizaciones del presidente Ernesto Zedillo (1995) por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM, de la que ese ex mandatario es accionista y empleado), se enlaza a través de dos ramales (cuyo destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de la Unión Americana y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

Diseñado junto con el Plan Puebla Panamá a mediados del año 2000, el eje Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo para el traslado de contenedores por ferrocarril es vital para descongestionar el movimiento interoceánico de mercancías desde y hacia Estados Unidos, debido a la saturación del Canal de Panamá, lo que permite además bajar los costos de transporte (fletes) entre la costa atlántica (donde está concentrada casi el 80 por ciento de la producción estadunidense) y el Océano Pacífico.

Cabe destacar que durante el sexenio de Felipe Calderón −es decir, en los años de expansión y consolidación del dominio territorial de La Familia y Los Caballeros Templarios−, el puerto de Lázaro Cárdenas fue remozado y ampliado, debido a que en las alturas del poder −entre quienes deciden los megaproyectos económicos y los planes geopolíticos de la ASPAN− había sido concebido para servir de enlace con 44 países con los que México tiene tratados de libre comercio, y además como bisagra entre el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés)(15) y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).(16)

Por otra parte, Michoacán aporta 25 por ciento del mineral de hierro del país, y las mayores productoras del recurso en el estado son las transnacionales ArcelorMittal, que en 2006 se quedó con la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa); Ternium, el consorcio ítalo-argentino que compró Hylsa; la canadiense Endeauvour Silver Corp; Pacific Coast Minerals, de Estados Unidos, y la Minera del Norte (subsidiaria del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira), que tienen concesionado poco más de 15 por ciento del territorio del estado.

¿Qué estaba pasando en realidad en Michoacán? Desde una lectura geopolítica, el violento conflicto entre Los Templarios y las autodefensas de Tierra Caliente podría responder a un choque de intereses entre expresiones armadas de grupos políticos, económicos y delictivos en pugna por el control del tránsito de mercancías por el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el extranjero, y de las redes de interconexión multimodal de esa ciudad por territorios y rutas que conducían a estados del centro y norte de México, y a las costas del oeste estadunidense y Asia, como parte de una guerra de penetración y ocupación integral encubierta del país por capitales transnacionales y multinacionales, en el marco de la visión geopolítica estratégica de Estados Unidos, cuya hegemonía comenzaba a ser desafiada por China y Rusia.(17)

Peña Nieto y las Zonas Económicas Especiales

En realidad, el puerto de Lázaro Cárdenas era una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus diez medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el Gabinete de Seguridad implementaría un “operativo especial” en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de “desarrollo integral” en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial. Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la tierra caliente y la costa grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Promovidas por el Banco Mundial (BM) y bendecidas por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las Zonas Económicas Especiales serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras. 

Según el secretario de Hacienda Luis Videgaray, en las áreas abarcadas por las ZEE las empresas multinacionales gozarán de un tratamiento fiscal distinto, incentivos fiscales importantes a largo plazo (una tasa reducida del impuesto sobre la renta, ventajas para el comercio exterior y también infraestructura, conectividad y acceso a la banda ancha),(18) y −aunque Videgaray no lo dijo−, para ser “competitivas” a nivel del comercio mundial, las maquiladoras contarán con mano de obra barata.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo. Para apoyar la conectividad también se impulsará la Carretera Transístmica.

En junio de 2014 Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico o Cinturón Transoceánico, que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz,(19) con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y otro gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural.  Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron  proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que se requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.(20)

Cabe consignar que en febrero de 2015, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Secretaría de Energía y la empresa PMI Cinturón Transoceánico, filial de Pemex, por la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado (según estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) para la construcción de esos dos  gasoductos.

Con respecto a Chiapas, la Zona Económica Especial contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia  de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del Departamento de Estado estadunidense a través del Buró de Recursos Energéticos.(21)

Huelga decir que las Zonas Económicas Especiales incluyen estados que como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco son ricos en biodiversidad y recursos forestales, regiones que también albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital, por lo que dichos proyectos podrán detonar conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.

Al respecto, cabe enfatizar que el proyecto en curso supone también la maquilización de la tierra en el Istmo de Tehuantepec y los otros ejes contemplados.  Es decir, el despojo de tierras será una condición intrínseca de las Zonas Económicas Especiales. En un principio, la iniciativa de ley presidencial enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2015, mencionaba que las ZEE son territorios de interés público y las regiones donde se consideren apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas. Cito: “La presente iniciativa de Ley califica a la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo cual tiene efectos para la eventual aplicación de las medidas previstas en la Ley de Expropiación, cuando así se requiere para promover bienes o servicios para tales actividades”.(22)

El Ejecutivo declara qué territorio puede ser considerado como zona de utilidad pública y es quién expide el decreto de expropiación, por lo que a los propietarios de las tierras afectadas sólo les queda aceptar la indemnización o resistir.

Lo anterior está íntimamente ligado con la aprobación de la ominosa contrarreforma energética, en julio de 2014, cuyas leyes secundarias debilitan en forma significativa la certidumbre de la tenencia de la tierra, abren un margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o transnacionales y son, en esa medida, augurio de conflictos y confrontaciones. En la ley, si bien desapareció el término “expropiación” se le sustituyó por “ocupación temporal” de predios, pero en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones, incluso para establecer una gasolinera. Asimismo, las disposiciones de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica permitirán a las corporaciones nacionales y extranjeras disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. Se estableció, también la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados de entregar sus tierras y bosques a transnacionales a través de la figura denominada “servidumbre legal”. Además, las leyes secundarias contienen disposiciones que avanzan hacia la privatización del agua.

Encomienda y servidumbre, pues, definen la legislación energética, por lo que se legalizó el despojo del patrimonio de miles de familias y comunidades mexicanas por los dueños del dinero y a favor de los negocios corporativos privados. Una vez más queda claro que el derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución sólo se aplica a los ricos, porque a los pobres se les despoja de lo poco que tienen.

Mientras las principales megapetroleras globales ExxonMobil (de EU, ligada a la banca JP Morgan), Chevron Texaco (EU y también vinculada a la banca Morgan), Conoco Phillips (EU, con lazos con el Citigroup), la British Petroleum (BP, vinculada con Goldman Sachs) y la angloholandesa Royal Dutch/Shell (con nexos con el HSBC Holding) se frotan las manos para entrar a saco a depredar a México, la consigna del gobierno de Peña Nieto para los propietarios de tierra rurales, ejidales y comunitarias parece ser “vendes o vendes, porque si no te expropio”.

Diseñada para la extranjerización del sector, la contrarreforma energética legaliza el despojo  o expropiación de tierras en nombre de  la “utilidad pública”, el “interés nacional” o el “bien común”, lo que podrá traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de grupos armados privados al servicio de las compañías privadas transnacionales y los cacicazgos locales, mayor injusticia y una exacerbación del resentimiento social. Los mexicanos podrán convertirse en peones y servidumbre en su propia tierra. Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El Consejo Coordinador Empresarial toma el control

La designación presidencial de Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el pasado 8 de julio, confirmó la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. Candidato frustrado a la gubernatura de Oaxaca, el nuevo titular de la AFDZEE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Luis Videgaray, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de los grandes empresarios de México) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su nuevo cargo, Gutiérrez Candiani contará con autonomía técnica, operativa y de gestión. Y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon) y Pedro Aspe (Evercore).

En su artículo segundo la ley prevé que las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como administradores integrales o inversionistas, podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales. El “administrador integral”, entendido éste como “la persona moral o entidad paraestatal que, con base en un permiso o asignación, funge como desarrollador-operador de la zona” (recuérdese que una persona moral puede ser una sociedad mercantil, es decir, empresarios), “tendrá entre sus facultades, según la fracción XII del artículo 33: Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas”.(23) Es decir, en los nuevos enclaves los empresarios podrán contar con guardias privados.

Según la exposición de motivos de la iniciativa publicada en la gaceta parlamentaria el 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión;  distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes; pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En definitiva, en el caso hondureño se trata de zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del territorio nacional. En el caso mexicano el proyecto es muy parecido, ya que como se puede apreciar en los términos de la ley, se pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

A manera de conclusión

Junto con las interconexiones energéticas en la frontera norte –de electricidad y ductos para el transporte de hidrocarburos para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos−, las Zonas Económicas Especiales, con sus red de gasoductos y los puertos de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Chiapas sobre el Océano Pacífico, son un componente básico del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), diseñado para contener a China, y la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, instrumento político y económico mediante el cual Washington pretende modificar el mapa sociopolítico subregional acabando con los gobiernos de los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y socavar desde dentro proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y, en menor medida, el Mercosur (Mercado Común del Sur).

Negociado en secreto, el TPP es peor que el TLCAN y amenaza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, la agroecología, la biodiversidad, la salud pública y ambiental, lo que resta de la industria mexicana, afectará también nuestros derechos digitales y aumentará la dependencia neocolonial de la economía y la política a los intereses de las multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, profundizando el despojo y la catástrofe humanitaria que vivimos, así como el destino de México como país maquilador.

En perspectiva, México desaparecerá como país petrolero mundial, ya que en virtud de los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos con Estados Unidos, Washington controlará toda la infraestructura energética –oleo/gasoductos de petróleo, gas y redes de transmisión eléctrica− en la “meta-región” geoeconómica de Norteamérica, como espacio geopolítico bajo el paraguas militar del Pentágono controlado económicamente por corporaciones multinacionales con casa matriz en la Unión Americana.

Las implicaciones geopolíticas son enormes: con el control de los recursos petroleros y gasíferos de Canadá y México mediante la llamada “seguridad energética de Norteamérica”, Estados Unidos dominará una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que lo hará menos dependiente de los países exportadores de la OPEP, y de Arabia Saudita en particular. La extracción de hidrocarburos de la parte mexicana (México es hoy el tercer abastecedor de Estados Unidos, con 12 por ciento) pronto desplazará a Arabia Saudita del segundo lugar (17%). Canadá es el primero, con 23 por ciento.

La pertenencia de Canadá y México al Acuerdo Transpacífico de 12 miembros y a la Asociación Transatlántica de Inversiones y Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) facilitará las actividades de la poderosa flota naval de Estados Unidos en los dos océanos, y a través de sus socios “latinos” de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) Washington se dará el lujo de proyectarse hacia Sudamérica.

Bajo la férula del Comando Norte (NorthCom/Norad) y el control del CiberComando (CiberCom) del Pentágono, y gracias al paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación de Peña-Aspe-Videgaray, al servicio de la plutocracia internacional, un día los mexicanos nos enteraremos que Norteamérica (EU/Canadá/México) le declaró la guerra a China.

Cabe mencionar que salvo Puebla, las Zonas Económicas Especiales incluyen a los otros ocho estados del Plan Puebla Panamá original (2000). Publicitado como un “plan innovador de desarrollo”, las ZEE son el instrumento de la nueva fase de desposesión o despojo en curso y como ya si dijo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas y donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia autonómicos  y contra-hegemónicos.

En esos estados del sur-sureste mexicano donde predomina la propiedad colectiva de la tierra, y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros disidentes −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y emancipadora−, se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña Nieto, Aurelio Nuño y los grandes empresarios a través de Mexicanos Primero (ligado a Televisa) contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.

Con grandes movilizaciones en varios estados de la República Mexicana, la insurgencia magisterial ha logrado sentar a las autoridades a negociar modificaciones de fondo a la contrarreforma educativa, que en realidad es administrativa y laboral. De la solución del conflicto dependerá, en buena medida, el curso que tomen a corto y mediano plazo los acontecimientos en México.

Notas

(1) David Harvey, El nuevo imperialismo. Ediciones Akal, Madrid, 2004.

(2) Ver Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia.

(3) Ver Alain Joxe, El imperio del caos; Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, y Giorgio Agamben, Estado de excepción.

(4) Achille Mbembe, Necropolítica, Melusina, 2011.

(5)  Achille Mbembe, “Necropolítica, una revisión crítica”, en Estética y Violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, México, 2012.

(6) Ver Helena Chávez Mac Gregor, “Necropolítica. La política como trabajo de muerte”. Revista Ábaco número 78, 2013.

(7) Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires, 2007.

(8) Ver Ana Esther Ceceña, Rodrigo Yedra y David Barrios, Un continente bajo amenaza. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Quito, Ecuador, 2009.

(9) Ibíd.

(10) En marzo de 2005, en Waco, Texas, el presidente Vicente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Los puntos nodales de la ASPAN (o TLC militarizado), fueron seguridad y energía, y la construcción de Norteamérica como un nuevo espacio político y económico para la competencia interimperialista de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo −que en México elude el control del Senado de la República, encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo−, tuvo como objetivo establecer un “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos, bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002: el Comando Norte.

(11) Ver Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, “Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias de análisis y elementos de interpretación”, en Capitalismo criminal. Ensayos críticos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008.

(12) Tal pareciera que el 10 por ciento es la tasa internacional base: desde Raúl Salinas de Gortari, “Mr. 10 per cent”, a Chuck Blazer de la FIFA, pasando por el esposo de Benazir Bhutto, ministro de inversión y después presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, “Mr. ten per cent”.

(13) Ibíd.

(14) Ver Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Internet.

(15) El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego y están negociando su incorporación: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.

(16) Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”. Revista Trabajadores Nro. 101, Universidad Obrera de México, marzo-abril de 2014.

(17) Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”, ya citado.

(18) África Semprún, “Se invertirán mil 200 mdd en infraestructura al sur”. El Universal, 10 de junio de 2016.

(19) En la terminal de Pajaritos también operan la estación de bombeo Nuevo Teapa y la refinería General Lázaro Cárdenas del Río.

(20) “Pemex comenzó la operación del poliducto del Corredor Transístmico”. La Jornada, 8 de junio de 2014.

(21) Mateo Crossa, “México en el giro de tuerca mundial: Zonas Económicas Especiales”. ALAI, 17 de noviembre de 2015.

(22) Ibíd.

(23) Ver Julio Hernández López, Astillero, “Privatizar el sur. Cesiones a empresarios. Hasta Policías privadas”. La Jornada, 11 de julio de 2016.