18.10.17

"Nos hicimos eco del sufrimiento, pero también de la utopía" *

Adolfo Gilly
 Para Mislova Breach y Javier Valdez
 
La señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí –tal vez esté, a su modo silencioso– contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández, antropólogo, hombre honesto y leal, y junto con él, su Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos, en su tarea de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de Guerrero; y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, en defensa de México, de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir.

En esta tarea, larga y dolorosa, fue precursora Rosario Ibarra de Piedra con su larga lucha por la aparición con vida y por la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra, empresa incansable llevada junto con sus compañeras de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y homenaje.

Abel Barrera fundó Tlachinollan en 1994, veintitrés años ya. Desde entonces ha desarrollado su ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de nuestros derechos en la República Mexicana, y en cualquier lugar del mundo que reciba el nombre y el título de República.

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En estos días Tlachinollan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria en Guerrero, en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario a los pueblos indígenas en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua. Acaba de lograr una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDH) al gobierno de la entidad en favor de la comunidad El Coyul, en defensa de su derecho de acceso a la educación ante la carencia de maestros.

Le está dando seguimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el caso denominado Inés y Vale, donde está determinado que esas dos mujeres, de 25 y 17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en la Montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en 2002, la Coidh asumió el caso en 2010; Tlachinollan y Abel, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y no cejan.

El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. En la suma de esos casos, grandes y pequeños, Abel Barrera y Tlachinollan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e internacional.

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La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas. Dijo entonces así Abel Barrera su gratitud: “Nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa Lugar de los Campos Quemados.

Nuestra utopía de Tlachinollan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de respeto y con reconocimiento, como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. La afectividad se construye. Nos hicimos eco del sufrimiento pero también de la utopía.

Y después: La justicia tiene rostro. Es una lucha legítima, canalizada se junta con el movimiento universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos: solidaridad, fraternidad y sobre todo la justicia.

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En 2010, Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El 27 de mayo de 2011 Amnistía Internacional le concedió su Premio Anual de Derechos Humanos por su lucha con un gran riesgo personal por los derechos indígenas del estado de Guerrero. En esa ocasión estas fueron sus palabras de agradecimiento:

“En México la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha cercado nuestras sierras y avenidas, porque se ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.

“En el sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco por romper los muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. […]

La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de que goza el Ejército Mexicano.

Abel Barrera Hernández recibió el pasado día 12 el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017, en el Palacio de MineríaFoto Yazmín Ortega Cortés

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Esta mención se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinollan y múltiples organizaciones, en el vasto movimiento por la aparición con vida y en libertad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando además fueron asesinadas otras seis personas, tres de ellas estudiantes de Ayotzinapa.

En su castillo de falsificaciones en torno al caso, el procurador general de la República dijo una sola verdad: El Ejército no se manda solo. En efecto: el Ejército obedece al mando del gobierno federal de la nación, de cuyo gobierno formaba parte destacada el procurador general. Es imposible, entonces, que este funcionario no supiera quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación Ayotzinapa y quiera reducir la controversia a un Ejército que, como él bien dice, obedece solamente órdenes superiores. ¿Y quién dio esas órdenes en el caso de Ayotzinapa?

Su verdad histórica –que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula– fue desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación del caso, con el acuerdo del gobierno federal y de los representantes de las familias de las víctimas. El GIEI trabajó en el país durante dos periodos de seis meses cada uno y publicó dos voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos, sus pruebas y sus conclusiones.

Esa investigación está espléndidamente resumida en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, México y España, editorial Foca, enero 2017, 268 páginas. Nada, salvo repeticiones de la verdad histórica del procurador general de aquel entonces, han podido responder hasta hoy el gobierno federal y sus dependencias.

No diré más aquí de ese caso, histórico por sí mismo. Lo que una vez sucedió se puede ocultar por un tiempo, pero no se puede borrar: Temamos a la historia, decía José María Morelos.

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En estos nuestros días, después de más de tres años, la lucha de las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos humanos que los apoyan, entre ellas la más cercana, la guerrerense Tlachinollan, continúa sin reposo. Con su tenacidad nos protegen a todos, hasta donde proteger en estos tiempos sea posible.

Así dijo Abel Barrera, en una entrevista reciente con Luis Hernández Navarro: [https://www.youtube.com/watch?v=P5u156nRe3g]

“La Comuna de Ayotzinapa –parte luminosa de los padres y madres–- proviene de la cultura comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz, y tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, Ayotzinapa es también un colegio de estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos, donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación.

La Comuna de Ayotzinapa es la clave de la resistencia, y no por nada sigue siendo la cuna de la resistencia. Es la misma de los padres y madres, que han podido dar lecciones de cómo es preciso acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Sí, regresan a sus casas a ver a sus otros hijos. Pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es la Comuna de Ayotzinapa.

En la persona de Abel Barrera Hernández, también ellos reciben hoy el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud, Tlachinollan. Salud, antropólogo, organizador y compañero Abel Barrera Hernández.

* Leído en ocasión de la entrega del Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al antropólogo Abel Barreda en el Palacio de Minería, Ciudad de México, el 12 octubre.

29.9.17

Cuando las “super élites” no pagan impuestos

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para resarcir la crisis financiera de 2007, los gobiernos aplicaron la misma receta neoliberal: se endeudaron para salvar el sector financiero del colapso y, en lugar de recaudar dinero en el sector privado –sobre todo en las empresas transnacionales–, impusieron medidas de austeridad a sus pueblos, con lo que redujeron sus gastos en sectores clave como la educación o la salud públicas.

A una década de esa crisis, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil deploran que los gobiernos no abordaran de manera coordinada dos puntos clave del sistema financiero internacional: la competencia tributaria entre países y los paraísos fiscales que bancos, empresas transnacionales y personajes multimillonarios siguen utilizando para eludir los impuestos en los países donde sacan sus ganancias.

En su informe anual 2017, publicado el jueves 14, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) realizó un análisis sorprendentemente crítico sobre los impactos de la “hiperglobalización” y de las medidas de austeridad en las sociedades.
El organismo urgió a los gobiernos a asestar un “impulso fiscal concertado” para “reequilibrar las economías y las sociedades”.

A lo largo de sus 200 cuartillas, el reporte denuncia la extrema concentración de la riqueza en el sector financiero –los bancos acaparan 100 billones de dólares–, la privatización generalizada de los sectores de la salud, la educación y las pensiones, así como el surgimiento de “súper élites” internacionales, mejor conocidas en la opinión pública como “el 1%”.

Como resultado, la desigualdad se disparó en el seno de los países, y la riqueza global se concentró en las manos de ese 1%, que amenaza a los gobiernos con desplazar sus centros de producción y capitales hacia otros países en el caso de que incrementen los impuestos. La impotencia de los Estados dejó un terreno fértil a los discursos xenofóbicos y nacionalistas, constata el informe.

México es el más desigual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –los cuatro hombres más ricos del país concentran 9% del PIB– y el que menos impuestos recauda: un 17.4% de su PIB, apenas la mitad del promedio de las naciones del organismo.

También es uno de los países del llamado G24 con la menor tasa de tributación a las empresas: apenas 10.9% de sus ingresos fiscales provienen de las corporaciones.

Entre sus recomendaciones, la UNCTAD llamó a los gobiernos a incrementar sus ingresos fiscales –mediante impuestos a las propiedades y los ingresos del capital, o con el abandono de las condonaciones fiscales, entre otros– y luchar de manera eficiente contra los paraísos fiscales.

El documento subrayó que ningún país puede tomar esta iniciativa por sí sólo, puesto que enfrentaría el riesgo de que los ricos saquen las riquezas y sus capitales, que la moneda colapse o que arranque un ciclo deflacionista.

Y no sólo la UNCTAD: la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la OCDE multiplicaron los llamados a los gobiernos para que colaboren y pongan un “hasta aquí” a los abusos de las empresas transnacionales y del sector financiero.

Segundo plano

En medio de la crisis de derechos humanos que azota a México, el tema fiscal pasa a un segundo plano, lamenta la abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona, exrelatora especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos.

Sepúlveda es integrante de la Comisión Independiente para la Reforma Internacional de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés), la cual aboga a favor de una reforma fiscal internacional que iría más allá de las iniciativas de la OCDE, el “club” de los países occidentales más ricos del planeta.

“Los países recortan sus presupuestos sin buscar nuevos ingresos, dicen que no tienen recursos disponibles para mejorar los servicios de salud”, observa Sepúlveda, en entrevista con Apro.

Enseguida añade: “En América Latina, tenemos una base de impuestos bajísima en relación con la OCDE. No me digan que no tienen el dinero cuando en realidad regalan el dinero a las transnacionales y al sector más rico de la población. No están haciendo lo máximo que pudieran hacer, no me digan que deben tomar medidas de austeridad”.

Junto con los demás integrantes de la ICRICT –entre ellos el Nobel de Economía estadunidense Joseph Stiglitz, consultores y representantes de comunidades religiosas–, Sepúlveda busca mostrar que el tema fiscal es un tema de derechos humanos, que “nos afecta a todos, porque si el 1% de los más ricos no paga, es difícil que los Estados tengan el presupuesto suficiente para una política social”.

La chilena recuerda que las empresas transnacionales suelen negociar al tú por tú con los gobiernos, mediante acuerdos secretos –exenciones de impuestos, agilización de trámites, por ejemplo– y a veces a través de actos de corrupción. Los gobernantes, a su vez, justifican el otorgamiento de ventajas a estas empresas por la creación de empleos.

“Para que la sociedad civil pueda realmente estimar si la creación de estos empleos vale o no la pena, hay que saber cuánto las empresas dejaron de pagar impuestos. El riesgo que se corre es que los trabajos de la industria extractiva son de bajos salarios, y las empresas dejan de pagar muchos impuestos. En ello necesitamos que haya más transparencia, que esto sea público”, opina.

De acuerdo con la experta, “ahora más que nunca” los Estados deben implementar políticas tributarias progresistas que incrementen la base impositiva de los grupos económicos más fuertes y las empresas transnacionales.

“Este tema es donde más queda patente la injusticia: no pagan impuestos donde están generando el dinero, se van adonde tienen un pago de impuestos menor y se crea una competencia fiscal dañina”, deplora.

La experta cita la investigación periodística global Los Papeles de Panamá –en la que participó Proceso–, que exhibió las entrañas del mundo offshore, cuya secrecía y beneficios fiscales son usados tanto por los conglomerados transnacionales para reducir sus impuestos como por grupos criminales para lavar dinero de procedencia ilícita.

“Estos mismos sistemas que están promovidos por abogados, por empresas de contaduría, que facilitan que las empresas no paguen impuestos, también están utilizadas por las mafias”, asevera. Y añade: “Cuando hablamos de la tributación, no hablamos de temas que no le competen a la sociedad civil, porque afectan a la cohesión social de nuestros países”.

Sepúlveda señala algunos avances a nivel internacional. El pasado 16 de noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) criticó por primera vez a Suiza por sus políticas protectoras del secreto bancario y la información tributaria.

En sus observaciones sobre el país helvético, el organismo internacional se “preocupó” de que las políticas suizas favorables a las empresas transnacionales “puedan tener un efecto negativo en la capacidad de otros Estados, particularmente los que tienen escasos ingresos, para movilizar al máximo los recursos disponibles con miras a hacer efectivos los derechos de la mujer”.

Conciencia global

En enero pasado, la OCDE deploró que en México “la evasión y la elusión fiscal reducen los ingresos del gobierno” y, en un informe publicado el pasado miércoles 13, el organismo destacó que México es el país con la menor recaudación de impuestos, así como con la menor tasa de redistribución a través de impuestos y transferencias.

Ello es problemático, pues una baja recaudación fiscal implica una baja redistribución de las riquezas de un país, lo que se traduce en la concentración de los recursos en pocas manos y una baja inversión en los servicios públicos.

De acuerdo con este documento, la administración mexicana recauda impuestos equivalentes a 17.4% del PIB, una tasa mucho menor que en Dinamarca, donde se eleva a 45%.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el ingreso, sólo se reduce en 0.3% después de los impuestos en México. Es decir: el efecto redistributivo de la recaudación de impuestos simplemente no existe en el país, mientras que en Irlanda los impuestos “corrigen” el 41% de la desigualdad medida por el índice de Gini.

En su informe anual, la UNCTAD plantea: “Lo que se requiere es una estrategia de expansión (fiscal) y de incremento del gasto público, coordinada a nivel internacional”.

Enseguida añade que el objetivo de los gobiernos debería consistir en “poner fin a la austeridad y contener el sector financiero para servir la sociedad de nuevo”.

“Con la renuencia de los países desarrollados a realizar un impulso (fiscal) coordinado, la austeridad se convirtió en la política macroeconómica estándar en muchas economías emergentes, que enfrentan desbalances fiscales y altos niveles de deuda”, indicó.

“Desde los principios de la hiperglobalización, el sector financiero tendió a generar inmensas ganancias, absurdamente desproporcionadas con sus beneficios sociales”, observó la UNCTAD. En paralelo, las mayores corporaciones transnacionales acapararon una parte siempre más importante de la economía, a través de las privatizaciones de servicios públicos, por ejemplo.

El informe toma el ejemplo “bien conocido” de la privatización de Telmex durante la administración del expresidente Carlos Salinas.

Recuerda que, al comprar Telmex, el magnate Carlos Slim obtuvo un monopolio en el sector de las telecomunicaciones, desde el cual aplicó tarifas indebidas. De acuerdo con la OCDE, tan sólo entre 2005 y 2009, los mexicanos pagaron 25.8 mil millones de pesos de más cada año a la empresa del magnate, equivalente a 1.8% del PIB del país.

“Ello se presta a apoyar la visión de que la hiperglobalización promueve las ‘ganancias sin prosperidad’, y que el poder asimétrico en los mercados es un factor que contribuye fuertemente al incremento de la desigualdad en el ingreso”, sostiene el reporte.

26.9.17

El sismo, la militarización de la ciudad y la politización de la espontaneidad

Andreas Arroyo

Entre el polvo asfixiante del escombro y la pestilencia de la clase política mexicana y sus cuerpos de “seguridad”, queremos preguntar: ¿Qué deja al descubierto el sismo de 7.1 grados que azotó la Ciudad de México el martes 19 de Septiembre de 2017?

Se hace evidente, ante todo, la militarización a la que fue sometida la población en las zonas en donde ocurrieron los colapsos y derrumbes de los edificios. Pocas horas después del sismo, y ante la organización espontánea de los habitantes para emprender las primeras tareas de rescate en los lugares siniestrados, la SEDENA, SEMAR y PF, así como la policía de la CDMX, implementaron el “Plan MX”, cuyo aparente objetivo es, según Presidencia, “proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos de todas las regiones de nuestro territorio, antes, durante y después de una contingencia.”1

Sin embargo, como hemos podido constatar a lo largo de estos días, el operativo instrumentado por estos cuerpos de seguridad del Estado mexicano tuvo como objetivo el control de la población; en primer lugar, asegurando las zonas siniestradas al crear cordones de seguridad que replegaron e impidieron el paso de la población civil a dicha zonas; en segundo lugar, el control y la manipulación de la información, en donde, desde el guión elaborado por los militares, los principales medios de comunicación sirvieron para dichos fines.2

Se construyó una coartada que fue inhibiendo de manera súbita, y después poco a poco, la respuesta y organización de los civiles. Protección civil, tanto federal como a nivel CDMX, bajo el argumento de estar capacitados y “saber” que-hacer ante el terremoto, desarticuló, malinformó y obstaculizó las labores de rescate emprendidas por la población civil, delegando la tarea a la SEMAR, SEDENA y a sus pequeñas brigadas no capacitadas. En diferentes escenarios se pudo observar la falta de diligencia de dichas instituciones en las tareas de rescate, no así en el aseguramiento de la s zonas, como fue el caso de los edificios ubicados en: calle Álvaro Obregón 286, calle Coquimbo en Lindavista y calle San Luís Potosí esquina con Medellín, por mencionar algunos.

A lo anterior ha de añadirse que en diferentes poblaciones, ya desde el sismo del 7 de Septiembre, la SEMAR tomó el control de la distribución de los víveres y, en algunos casos, se hicieron con el control de la ayuda proveniente de otros lugares para posteriormente resguardarla y entregarla a nombre de sus instituciones y del gobierno federal .3

La respuesta del Estado mexicano, fue, una vez más, siguiendo los manuales de contrainsurgencia4 dictados por USA, la militarización y el control de la población.

Se hace evidente, por otra parte, la red de corrupción tejida entre las inmobiliarias, las constructoras y las autoridades delegacionales. Los permisos de construcción otorgados a las constructoras incumplen las normas de edificación proyectadas para la CDMX; además, se ponen en evidencia los trabajos de los funcionarios responsables de Protección Civil de las delegaciones, los responsables de obra, que por orden de la constructora o debido al desvío de materiales, emplean materiales de baja calidad, incompletos o no se cumplen los procesos y normas en el armado de las estructuras de carga y del concreto.

La mayoría de edificios que colapsaron son edificios construidos después de 1985, algunos, incluso, no tienen ni un año de haberse terminado. Las zonas, casualmente, en donde se derribaron la mayor parte de ellos son zonas en proceso de gentrificación.5

A todo ello debe agregarse el vínculo entre políticos y funcionarios de la CDMX con los empresarios inmobiliarios que hacen del derecho a la ciudad un negocio de cuantiosas ganancias en donde lo que menos importa es la calidad y la seguridad de las viviendas que construyen; así como la indiferencia frente al impacto ambiental que generan dichas construcciones.

Frente a esta tragedia, los partidos políticos enfilan sus estrategias de cara al 2018 y hacen de la desolación su botín político; reciclan propuestas para destinar los fondos de campaña a la reconstrucción de los lugares devastados, condicionan la ayuda proveniente de la sociedad civil a los afiliados a sus partidos, se toman fotos y prometen cosas que jamás han cumplido ni cumplirán; o de manera más descarada, como el caso del gobernador de Morelos, Graco Ramírez y su esposa, la presidenta del DIF, Elena Cepeda 6, retienen , desvían y se apropian de la ayuda enviada para usarla con fines electorales.

La población civil, mayoritariamente compuesta por jóvenes, salió a las calles a prestar ayuda. La solidaridad desplegada por los diferentes sectores de la población de la CDMX muestra que los tejidos comunitarios que creíamos rotos, aún existen. Sin embargo, la articulación que lograron a partir de las necesidades inmediatas frente al sismo es una articulación despolitizada, carente no sólo de referentes, sino carente de perspectivas que puedan derivar en procesos organizativos que posibiliten la impugnación y la transformación de las políticas implementadas en los últimos 30 años que han dejado al país en una crisis estructural en todos los ámbitos.

Es evidente el grado de inconformidad de la sociedad y el enojo ante la clase política que sigue los mandatos de las grandes empresas no sólo de la construcción, sino de las transnacionales que acaparan la producción y distribución de energía, alimentos, productos y servicios. Pero, también es evidente que si continúa la articulación despolitizada de estos sectores, la solidaridad no logrará generar un proceso que reconfigure el escenario de catástrofe que sigue desplegándose ante nuestros ojos como si soplara el viento, esta vez no del progreso, sino de la mera y llana barbarie. Por ello, politizar el enojo y la indignación es una tarea de primer orden.

Quizá vaya siendo hora de romper la unilateralidad de las demandas inmediatas y la esponteneidad, efectiva, pero efímera, y vayamos enfrentando comunitariamente la totalidad de problemas que hoy asoman a partir de un sismo que horadó el concreto, pero también, que abrió una situación posible de peligro, de peligro potencial para el edificio llamado Estado mexicano.
 
Notas:
1Así lo define Presidencia: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/ya-sabes-que-es-el-plan-mx

2Queda al descubierto, también, que existen diferencias operativas y políticas dentro de la SEMAR. Las declaraciones contradictorias entre dos altos mandos de dicha institución, en torno a la inexistente niña Frida Sofía, muestra los conflictos internos que existen.

3Véase el siguiente artículo del semanario Proceso: http://www.proceso.com.mx/503242/ejercito-la-marina-toman-control-entrega-viveres-en-oaxaca-mando-militar-video

4Sobre este tema, puede consultarse el libro de Gilberto López y Rivas, Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos: http://www.rebelion.org/docs/157900.pdf

5Al respecto véase: http://www.sinembargo.mx/22-09-2017/3312598

6Véase el artículo de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2017/09/24/politica/004n1pol

22.9.17

El sismo y el derrumbe de la información

Fernando Buen Abad Domínguez

En una situación de emergencia, de consternación y miedo como la que se produce con un sismo, la información es un aliado o es un enemigo según los intereses de quien la genera o manipula. Lo que debería ser un derecho inalienable y una responsabilidad social obligatoria, pasa a ser una mercancía lábil ahogada en mares de incertidumbre y angustia. Los monopolios mediáticos aprendieron a hacer, de esto, un festín comercial muy peligroso. México, tal cual. Poco es más desesperante que la insoportable levedad de la información mercantilizada. Avasalla conciencias para que reine el desconcierto. Toda información que se distribuya sobre México a partir del sismo debe ser verificada. Respeto por las víctimas y los damnificados.


Saber qué pasa, quiénes son los protagonistas, qué hacen, qué dicen, qué temen y qué necesitan. Objetivamente, concretamente. El maremágnum de acontecimientos es un desafío metodológico si se quiere contribuir a despejar confusiones pero es un caldo de cultivo idóneo si de lo que se trata es de que impere el desorden, el oportunismo y la proverbial manía burguesa de comerciar con las mentiras. En cada víctima del sismo está la sombra de la corrupción con las mafias inmobiliarias y gubernamentales. Ayudar no es sinónimo de cómplices.

Hay muchos presupuestos que deben ser tratados con destreza de quirófano si se quiere ser útil a las víctimas y a la justicia luego de que un fenómeno telúrico (o cualquier otro) hace de las suyas e impone sus consecuencias más duras (o menos) según su tamaño y según mil condiciones. Eso incluye la dialéctica entre la información y la opinión, entre los hechos y sus interpretaciones, entre la realidad y las ideologías. Eso incluye el acuerdo sobre principios universales que deben ser referentes y orientadores para que lo humano no se subordine a los negocios de los mercachifles, a los negociados políticos de sectas burguesas, o al “opio de los pueblos” en cualquiera de sus presentaciones. Son presupuestos teórico-metodológicos inexcusables a sabiendas de que, bajo el capitalismo que es mentiroso por definición, “por el engaño nos han dominado más que por la fuerza”. Por cierto, ¿alguien sabe qué relación hay entre sismos y fracking yanqui? (fractura de placas tectónicas para obtener petróleo). Toneladas de dinamita.

Y resulta que los gobiernos, que se han dedicado a defraudar a los pueblos al servicio de los empresarios, piden confianza en sus destrezas técnicas y administrativas para resolver o paliar las penurias, el duelo y las pérdidas que sufren las personas bajo esas condiciones duras. Piden “unidad” y “solidaridad” a-críticas para postergar debates, reclamaciones o denuncias a cambio de una reconciliación de clase coyuntural, ficticia y muy conveniente para el momento. A cambio de eso promesas, promesas y más promesas. Todo con sus cartas (de industrias inmobiliarias, de la construcción y del crédito) meticulosamente escondidas bajo la manga, para sacar jugo comercial al dolor de la gente. Todo con un decorado fastuoso de cámaras y micrófonos para simular el “derecho a la información” con gran tecnología mientras se distorsiona la semiología. CNN miserable -como es su naturaleza mercantil- comercia con el sismo y juega al “raiting” amarillista. Sus periodistas disléxicos terribles.

Un capítulo especial merece México, ensangrentado por el crimen organizado, golpeado por uno y otro fenómeno de la naturaleza (huracanes, terremotos, plagas…) aniquilado por las hambrunas, el desempleo, la expulsión de mexicanos a USA, el analfabetismo, la inflación, la especulación, la corrupción, los fraudes… ese México, pues, sacudido por el terremoto del neoliberalismo salvaje y que tiene millones y millones de damnificados. Ese México, en suma, que hoy padece en unos cuantos días dos terremotos, ahora vuelve a ser presa de las jugarretas informativas más irritantes y más dolorosas, porque han jugado con la esperanza del pueblo para volver a derrotarlo anímicamente en plena etapa pre-electoral. A esa clase de bajezas juegan los gerentes neoliberales cuando se juega con la información en medio de la tragedia. Son los amigos de Trump, cómplices del Muro. Quiere Peña Nieto un “padrón” de damnificados para “canalizar” la ayuda. ¿Pensará en créditos bancarios de sus cuates “inmobiliarios”? En México, ¿la urgencia de la demolición es urgencia de la contratación de negocios inmobiliarios? ¿Nuevos negocios con oficinas y viviendas? Cuando digan “es mala la calidad de la construcción” están queriendo culpar a los albañiles para esconder funcionarios.

A estas alturas de nuestra experiencia “informativa” global, después de que la bomba de Hiroshima se vendió como salvación de la humanidad; después de las “armas de destrucción masiva”; después de la ofensiva mediática contra Gadafi; después del ataque mediático monstruoso contra Venezuela… después de tanta falacia y tanto engaño, no podemos enfrentar acontecimiento alguno con ingenuidad ni lamentaciones a la hora en que se desnudan las mentiras y nos muestran el “estiércol del diablo” con que han sido fabricadas.

Y con esos antecedentes, con marcos teóricos y metodológicos pertinentes, con imaginación y suspicacia, con experiencia y con principios éticos sabemos que todo episodio será usado como emboscada para arrodillarnos ante los negocios de unos cuantos vivales que secuestraron el poder para extorsionar a los pueblos. Con esos antecedentes ya podemos ratificar que el “Derecho a la Información” es también un territorio de disputa social y que se trata de una disputa entre un pueblo urgido de orientación y claridad, frente a un puñado de comerciantes, para quienes los derechos humanos son sólo pretextos para negocios, para manipular, para extorsionar y para derrotar a los pueblos.

No se usen las imágenes duras para solazar morbos sino para sensibilizar solidaridades. El terremoto no es un “reality show” y nada de construir un muro, lo que nos urge es re-construir a México. Basta de saquear la riqueza del pueblo. Todo el dinero debe ir a las a las víctimas todas. Además de las necesidades que deja un terremoto a la vista, se hace visible también la necesidad del abrazo solidario de los pueblos hermanos. El sismo de 1985 produjo una sacudida nacional de la conciencia. Hoy, la auto-organización del pueblo superó al gobierno miserable. Saldremos de los escombros mediáticos.

19.9.17

Bloque 30 que se subastará en 2018, ambición de petroleras internacionales

Fabio Barbosa
A la licitación de la Ronda 2 –programada para enero de 2018– se incorpora el bloque 30. Codiciado por las grandes petroleras internacionales, el área contaría con un potencial de reservas superior al que actualmente tiene México en todos sus campos. Las trasnacionales lo saben: ellas mismas investigaron la zona


El pasado julio, el secretario Pedro Joaquín Coldwell anunció un “cambio” en el Plan Quinquenal de Licitaciones de la Secretaría de Energía: en la próxima subasta se incluirá un nuevo bloque, el número 30. Se trata de un enorme espacio distante más de 300 kilómetros frente a las costas de Yucatán. Nunca se ha perforado un pozo tan lejano de las regiones productoras de la zona Marina Noreste o de los pozos profundos de Campeche Oriente, como Nab y Tunich, y de la zona “Hux”.

El bloque 30 se ubica a unos 100 kilómetros al Noreste de las islas Pérez, Alacranes y otras que hoy forman parte de las referencias en el trazo de los límites en el Golfo.

El doctor Aldo Flores, subsecretario de Energía, confirmó que efectivamente no estaba contemplado en el Plan Quinquenal de Licitaciones, pero “recientes estudios hacen pensar que se podría incluir en la Cuarta Licitación de la Ronda 2, sobre todo para ver el interés de los inversionistas”.

Sobre esos “recientes estudios”, hay que saber quién los ha realizado, cuándo y especialmente qué resultados arrojan. Como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, constantemente repito a mis alumnos que todos los mexicanos tenemos la obligación y el derecho de conocer nuestros recursos en el subsuelo marino, de la misma manera que debemos conocer nuestros ríos, montañas y toda la riqueza vegetal o mineral en el territorio, algo que ningún gobierno puede anular alegando “confidencialidad” o “información reservada”.

Así que veamos lo que se va a vender. El mapa 1, a continuación, muestra la península de Yucatán y al Norte las islas Pérez y Desterrada, para dar una idea de las distancias, a poco más de 100 kilómetros al Noreste de ellas se encuentra el bloque 30.

Exfuncionario de Pemex revela algunos datos

El doctor Ernesto Marcos Giacomán, quien fue director de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a mediados de la década de 1990 y quien ahora funge como director de la consultora Marcos y Asociados, declaró a un conocido medio:

“Nosotros tenemos un cliente que ayudamos, una empresa noruega que vino a hacer exploración en la plataforma de Yucatán y descubrió una estructura presal muy similar o, incluso, mayor que la de Brasil; entonces si esto se confirma, con lo que van a estar analizando las empresas petroleras que están queriendo participar [en la subasta 2.4], pues eso sería… abrir una nueva frontera” (Sergio Meana, “Hay indicios de mega yacimiento”, El Financiero, 21 de julio de 2017; http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-indicios-de-megayacimiento.html).

La afirmación sobre el “mega yacimiento” había sido planteada, con otras palabras, por el subsecretario Flores, quien, en el evento de presentación de dicha licitación, hizo la sorprendente afirmación de que, con “este tipo de proyectos, se podrá incorporar a la producción no menos de un millón de barriles de crudo proveniente de las aguas profundas”. Es decir, duplicó la última cifra sobre las expectativas de esta zona en medio millón de barriles diarios, cifra que se había presentado por funcionarios mexicanos en Houston, según la reseña de Offshore (Robin Dupre, “Mexico opens up offshore areas for new seismic surveys”, 19 agosto de 2015; http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-75/issue-8/geology-geophysics/mexico-opens-up-offshore-areas-for-new-seismic-surveys.html).

Para tener una referencia comparativa, recordemos que actualmente Estados Unidos están produciendo –en todas sus aguas del Golfo de México, someras y profundas– 1 millón 750 mil barriles diarios; así que según la Sener, de tener éxito, la licitación 2.4 cambiaría el panorama petrolero de México.
De ahí que ésta 2.4 sería la mayor de las realizadas en el actual gobierno, por los 30 bloques que se ofrecen; la superficie de 70 mil 866 kilómetros cuadrados que abarca, y el volumen de reservas prospectivas que según el gobierno ascienden a 4 mil 228 millones de barriles de aceite crudo equivalente (más de la mitad de las actuales reservas probadas).

Mostramos a continuación otro mapa de uno de los grandes estudios realizados por Geological Survey, de Estados Unidos, en la década de 1980, que en su momento desató protestas diplomáticas presentadas por el fallecido senador Fausto Zapata, quien me lo entregó completo (más de 400 páginas) y que he estado obsequiando a alumnos y colegas profesores que me lo solicitan.

Lo que el mapa 2 muestra es que, desde hace décadas, la zona del bloque 30 estaba considerada entre los recursos evaluados en el Golfo de México, los gringos la llamaron Campeche Scarpment. Éste se ubica en el límite de la Plataforma de Yucatán y ahí comienza un pronunciado declive a la “Planicie Abisal” del Golfo de México, indicada por la isobata de 3 mil metros de profundidad.

Trump y la expansión a todo el Golfo de México

Dejaremos por un momento la parte mexicana y pasaremos a examinar lo que está ocurriendo con el Golfo de México, en la Zona Económica Exclusiva de Estados Unidos.

Un punto central en la campaña de Donald Trump, desde que era candidato, fue la propuesta de expandir la exploración y explotación petrolera hacia la zona central y oriental del Golfo. Ahora en la Presidencia, nadie ha expuesto con mayor vehemencia esa política que su secretario del Interior, Ryan Zinke, quien afirmó que el avance a esas áreas es “parte vital de la estrategia” en busca de la independencia energética.

Para incorporarse al gobierno federal, Zinke dejó la gubernatura de Montana, un estado productor en shales en la Cuenca Bakken, apenas rebasando los 50 años de edad. En ocasiones se ha presentado acompañado de indios disfrazados con la vieja vestimenta de los pieles rojas, tal como aparecen en las películas; de éstos presume que son sus “amigos” y que ellos están encantados con el fracking. La última payasada publicada por la prensa gringa fue su espectacular irrupción a la conferencia anual de petróleo marino, la Offshore Technology Conference, en Houston, Texas, este año, a donde llegó acompañado por un numeroso grupo de operarios de plataformas petroleras, vestidos con sus ropas de trabajo. Él mismo portaba un casco de petrolero.

El Golfo de México, parte vital de nuestra estrategia

Por considerarlo relevante para este análisis, transcribo un párrafo de su discurso al anunciar la subasta de bloques número 249, en el Golfo de México:

“Abrir más tierras federales y aguas para perforar en busca de petróleo y gas es un pilar del plan del presidente Trump para lograr la independencia energética de Estados Unidos… El Golfo de México es una parte vital de la estrategia de abrir oportunidades para la industria… Y las comunidades locales para crear trabajos… Y reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero (…‘The Gulf is a vital part of that strategy to spur economic opportunities for industry, states, and local communities, to create jobs and to reduce our dependence on foreign oil’)”.

Esa misma afirmación la había formulado el presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas quien, aplaudiendo la política petrolera de Trump, afirmó que era un “reconocimiento del rol vital de la energía costa afuera en la política energética nacional”.
Se discute si Trump permanecerá los 4 años para los que fue electo, pero lo que es cierto es que mientras permanece en el poder avanza con rapidez aplicando una serie de medidas ya irreversibles.

En estos 6 meses pueden constatarse, por lo menos, tres: 1) la continuación del Key Stone, el oleoducto que transporta el petróleo canadiense y de la cuenca de Dakota del Norte a las refinerías del Golfo de México; 2) levantó la moratoria que estaba vigente en más o menos la mitad del Golfo de México, y 3) ya consumó la licitación 249.

La licitacion 249 de Trump

La “venta de arriendos” que se han venido realizando en Nueva Orleans, primera en el actual gobierno, apenas se consumó el pasado 16 de agosto. Ésta tiene la peculiaridad de ser la más grande en ese país, abarcando la costa de todos los estados ribereños del Golfo en Estados Unidos: Texas, Louisiana, Missisippi, Alabama y Florida. Los litorales de esta última entidad fueron defendidos hasta por uno de los Bush: cuando fue gobernador, no permitió que se perforara pues era atentar contra millones de empleos del turismo, deportes acuáticos y pesca.

Esa subasta 249 parece ser el modelo que copió la Sener para la licitación 2.4 que el gobierno de México realizará en enero de 2018, en la que, al incorporar el bloque 30, cubrirá también los litorales de todos los estados ribereños: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Un detalle que había pasado desapercibido es que, en esta parte al Este del Golfo de México, se encuentra un espacio más allá de las Zonas Económicas de México, Cuba y Estados Unidos, que aún no ha sido delimitado y que se denomina la “Dona Oriental”.

A continuación presentaré otro mapa del Golfo de México, elaborado por la Secretaría de Marina en la década de 1970. Éste muestra sus mediciones de las aguas territoriales de nuestro país, en el conjunto del Golfo de México y destaca los espacios marcados en negro (las donas). Como ya se dijo, la situada al Oeste ya fue objeto de un tratado internacional.

Finalmente, el mapa 4 ilustra las dimensiones de la campaña de exploración petrolera más amplia realizada en la Zona Económica Exclusiva de México en el Golfo de México, cubriendo todas las zonas petrolíferas de México en el Golfo y el detalle muy revelador de que el área de mayor intensidad de líneas sísmicas barre el Norte de la Plataforma de Yucatán, y avanza hacia toda la Dona Oriental, parte de la cual pertenece a Estados Unidos, cuyo gobierno necesariamente tuvo que otorgar las autorizaciones correspondientes. Entonces, estos “recientes estudios” a los que se refería el subsecretario de la Sener ¿fueron resultado de una “colaboración entre ambos gobiernos?

Como veremos unas líneas más adelante, los “estudios” se realizaron mucho antes de que Trump apareciera en el escenario, de manera que el mapa nos muestra que las grandes empresas petroleras internacionales ya habían iniciado el plan de profundizar la investigación sobre las zonas que aún permanecían intocadas, tanto en México como en Estados Unidos.

El mapa muestra que la reforma de Peña ha estado acompañada de una nueva investigación del subsuelo de México con métodos sísmicos. ¿Quién la está realizando? ¿Quién les abrió las puertas? ¿Hay algún contrato? ¿Quién vende la información de los “recientes estudios” a los contratistas que están “ganando” los bloques en las subastas de Enrique Peña?

Los master licence agreement

Intentamos responder a las preguntas ordenando el misterioso asunto en los siguientes puntos:
  1. La toma de información y el procesamiento lo realizan empresas privadas especializadas, con sus barcos y su propio personal; éstas presumen que sus hardwares y softwares están actualizados. Estas compañías recibieron sin pago alguno un permiso del gobierno de Enrique Peña para recorrer las aguas territoriales de México y construir un banco de información sísmica que incluye estructuras y otros indicios que mejoran la información anterior o constituyen los primeros informes en zonas desconocidas. Este permiso se llama Master Licence Agreement. No podemos ser tan ingenuos para omitir que es un plan coordinado con Estados Unidos para permitir que los barcos, con los “modernos” equipos puedan estar cruzando áreas más allá del límite de México, en la frontera marítima México-Estados Unidos.
  2. Desde luego como la empresa privada realiza la exploración con sus herramientas, la información que resulta de la investigación en el subsuelo de México es propiedad de la misma, la que tiene derecho a recuperar sus costos y desde luego buscar ganancias vendiendo los bancos de datos a cualquiera que pueda pagar. Desde luego, los más interesados son los participantes en las subastas de Peña.
  3. Pero si alguna empresa quiere comprar por adelantado, recibe un sustancial descuento. Esta modalidad se llama “preventa”.
  4. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no recibe los bancos de datos, aunque “eventualmente” podría tenerlos dentro de 12 años, que es el periodo que marca ese “permiso” de investigar el subsuelo de México. De ahí que tampoco recibe ingresos.
  5. Creíamos que los contratistas sólo compraban información que la CNH entregaba en “el cuarto de datos”, pero ahora sabemos que también obtienen la que pueden comprar a otras compañías privadas en este servicio llamado de “Adquisición y procesamiento Sísmico Modalidad de Contratación Multicliente”.
Todo lo anterior pasó por ambas cámaras del Congreso sin discusión, porque estaba escondido en la letra chiquita de la legislación secundaria que permitía al gobierno otorgar las llamadas “Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial” (ARES), de las que hemos hecho amplias referencias en nuestro artículo de agosto en esta revista.

Un punto muy importante es ¿cómo y quiénes recibieron el permiso (Master Licence Agreement), largamente planeados para realizar esta investigación?

Cuando se hizo público que Peña Nieto estaba entregando esta posibilidad de conocer, investigar y crear un banco de datos sobre el subsuelo de México y venderlo, algunas empresas solicitaron estos permisos, no se sabe cuales pero la CNH eligió, algunas y rechazó otras, no hubo concurso o algo parecido.
mapa
Entre las que pidieron un ARES, es decir, estaban solicitando materia de trabajo, estuvo la Compañía Mexicana de Exploraciones (COMESA), pero el gobierno sólo les asignó un proyecto (nadie nos ha podido informar dónde).

Podemos concluir que este gobierno ha entregado por adjudicación directa y gratis una gran parte de la exploración del golfo profundo a grandes empresas muy especializadas para que realicen nueva sísmica.

Sobre las empresas beneficiadas la prensa petrolera ha publicado que entre las principales se encuentra Petroleum Geo-Services PGS, que ya antes había trabajado para Pemex. Pueden leerse algunos datos que difundió Gregg Parker, su Presidente Regional, presumiendo que su compañía fue la primera que condujo un proyecto comercial de adquisición de datos sísmicos y que para 2015 ya había acumulado seis permisos (“PGS in Multi-Client 2D Seismic Program Offshore Mexico”, http://subseaworldnews.com/2015/05/18/pgs-in-multi-client-2d-seismic-program-offshore-mexico).

Esta misma, asociada con otra que tiene el curioso nombre de “Spectrum Geo” y con la famosa Slumberger de México fueron autorizados para adquirir entre 80,000 - 100,000 km de datos 2D “modernos” abarcando todas las provincias hidrocarburíferas más importantes del Golfo profundo (Robin Dupre, “Mexico opens up offshore areas for new seismic surveys”, Offshore, 19 agosto de 2015 (http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-75/issue-8/geology-geophysics/mexico-opens-up-offshore-areas-for-new-seismic-surveys.html).

El presidente de “Spectrum Geo”, Richie Miller, reveló a la revista citada que sus barcos especializados “Atlantic Explorer” y el “Sanco Spirit” habían estado “peinando” las aguas territoriales de México durante varios años, esperamos completar un recuento para poder establecer que, en algunos periodos, hasta cinco equipos trabajaron simultáneamente.

Otra importante es la noruega TGS a la que se le otorgó un programa que comprendía, además de la recolección de datos sísmicos, la toma de núcleos (porciones del lecho marino) y análisis Geoquímicos. Estos estudios fueron vendidos por las compañías privadas que recogieron los datos, a otros contratistas privados de la licitación 4 de la Ronda 1, que se celebró en diciembre de 2016.

La investigación específica para el bloque 30

Nuestra búsqueda a la fecha, nos permite concluir que entre algunas de esas grandes empresas se celebran acuerdos puntuales que les permiten distribuir los costos y los riesgos inherentes y que “los recientes estudios” sobre el bloque 30 fue realizado por un acuerdo entre Spectrum y Schlumberger para adquirir y procesar conjuntamente el programa multi-cliente regional Spectrum de México-Campeche-Yucatán 2D.

Este incluye más de 27,340 mi (44,000 km) de datos sísmicos 2D regionales en la zona fronteriza de Campeche /Yucatán. La investigación abarca áreas del Escarpe de Campeche, pusieron énfasis en intentar sinergias con los ganadores de la Ronda 1.

Reforma petrolera de Peña, “interés estratégico” de Estados Unidos

Todo indica que la Licitación 4 de la Ronda 2 anunciada por Pedro Joaquín Codwell, igual que la 1.3, se inscriben en este plan de defensa de los “intereses estratégicos” o del “rol vital” del petróleo del Golfo de México, un plan de la plutocracia petrolera internacional que aprovecha la presidencia de Trump para acelerar sus proyectos, largamente planeados.

Ese bloque 30 mide 4, 400 kilómetros cuadrados, es decir casi 200 veces más que los de Estados Unidos, y, un aspecto muy importante es que fue una “nominación” según ha revelado Aldo Flores Subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, recordemos que esta expresión “nominación” significa, como explicamos en nuestro artículo de agosto 28 en esta revista, que fue un contratista quien solicitó que el bloque se incluyera en la lista de áreas a subastar, en otras palabras, ellas, las grandes petroleras, investigaron, y ellas mismas piden al gobierno que las subaste y como el gobierno transmite el evento final de la entrega por televisión, mostrando unos sobres que se introducen en unas urnas, puede argüir que todo ha sido muy “transparente”.

Notas finales y conclusiones

Prácticamente al día siguiente de que el Ministro Coldwel y el subsecretario Aldo Flores informaron sobre la incorporación del bloque 30 a la licitación de enero de 2018, los pescadores del Puerto Progreso se reunieron en una asamblea y lamentaron que emprender actividades en la zona significaba “la ruina de la pesca, como ya había ocurrido en el puerto de Frontera, Tabasco”, amenazaron con cerrar los puertos e instalaciones portuarias, algunos amigos yucatecos me pidieron una opinión.
mapa
Lo único que pude decirles es que no es tan pronto como sueñan los políticos mexicanos, la sísmica 2D es sólo un primer paso, se requieren nuevos estudios más detallados, las petroleras hoy tienen muchas oportunidades frente a las costas de Guyana, de Africa o del Mediterráneo y, como se ha insistido reiteradamente será la perforación la prueba decisiva que demuestre si hay hidrocarburos y si su volumen es comercial considerando los precios vigentes y la infraestructura más cercana.

Como dijo Richie Miller, de la Compañía Spectrum, refiriendose a la 1.4, pero es aplicable para la 2.4 “sólo el tiempo lo dirá " (only time will tell), los yucatecos saben que sus costas cerca de la desembocadura del río Lagartos están siendo invadidas por el avance de las aguas del Golfo de México, lo mismo que las tierras de Playa Norte de Ciudad del Carmen, Campeche y muchos puntos de las playas de Paraíso y Centla, en Tabasco, hoy mismo los huracanes cada vez más furiosos por nuestro afán de aferrarnos al modelo fósil, ya semi destruyeron Nueva Orleans, y han hecho estragos en Houston la que pregona ser “la capital petrolera de mundo”, aún queda la esperanza de que literalmente con el agua al cuello, antes de que los bloques 30 de diversas partes del mundo sean perforados, se decidan programas, en serio, de reducción del consumo (empezando por suspender el derroche) y caminar, pero otra vez en serio, con una visión de Estado, hacía la transición energética.

13.9.17

La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales

Carlos Fazio


Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial.    
Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita por Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.  En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.

Lázaro Cárdenas: un ejemplo

Un caso paradigmático era el de Los Caballeros Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre  EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional.  En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial.  Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE).  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.

Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Enclaves productivos de exportación

Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.

En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural.  Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron  proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.

Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas.  También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros.  El proyecto forma parte de una estrategia  de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.

Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital.  Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).  El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales.  Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011.  El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión;  distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”.  Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

11.9.17

La sumisión y la entrega

Carlos Fazio

El 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de la plutocracia), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos (EU) y México. El régimen de Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde, PAN, PRD) habían aprobado varias iniciativas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación, y como vocero de la clase capitalista trasnacional, Gutiérrez Candiani dijo que dada la revolución energética que vivían EU y Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos socios (abismalmente asimétricos), y para ello había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos; avanzar en el reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países; invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

En la coyuntura, cuando amparadas en cláusulas de confidencialidad y bajo el signo de la opacidad se llevan a cabo las negociaciones para la modernización del tratado, un tema neurálgico ocultado a la opinión pública es la apertura de un nuevo capítulo de lo que llaman la seguridad energética e independencia de Norteamérica. El TLCAN plus, pues, como integración vertical espacial-geográfica de México a EU.

Trascendió que en las primeras dos rondas celebradas en Washington y Ciudad de México no se incluyó el tema de la energía (petróleo, gas natural, minería, agua, electricidad), porque los representantes de las corporaciones trasnacionales del sector, que cabildean en el llamado cuarto de junto los contenidos que aprobarán los negociadores oficiales de los tres países, no han encontrado la forma de asegurar −ante un probable cambio de gobierno en México tras los comicios de julio de 2018− que se protejan las inversiones de firmas como Exxon Mobil, Chevron Texaco, British Petroleum, Sempra Energy (y su subsidiaria mexicana Ienova, de Carlos Ruiz Sacristán), Halliburton, Shell, Total, Repsol, el grupo aurífero canadiense Goldcorp, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de Gortari), Grupo Carso Oil&Gas y Minería Frisco (Carlos Slim), Grupo México (Germán Larrea), Petrobal y Grupo Peñoles (Alberto Baillères), Evercore (Pedro Aspe), Monterra Energy/KKR (Luis Téllez), las españolas Gas Natural, Fenosa e Iberdrola y las financieras First Reserve y Black Rock (el fondo de capital privado más grande del mundo), y que no se modifique la contrarreforma energética alcanzada por Peña Nieto y el Pacto por México en 2015.

Esos objetivos, que profundizarán la ruta de la sumisión y la entrega iniciada por el colaboracionista Carlos Salinas de Gortari en 1992, con la contrarreforma al artículo 27 constitucional (en materia de minería y el régimen de tenencia de la tierra), integran el plan A de los quintacolumnistas locales Ildefonso Guajardo (Economía), Luis Videgaray (cancillería), Juan Carlos Baker (comercio exterior), Kenneth Smith (jefe de negociación técnica), Salvador Behar (jefe negociador adjunto), Juan Pablo Castañón (CCE), Valentín Diez Morodo (Comce), Moisés Kalach (coordinador general de rondas de negociación) y Eugenio Salinas (coordinador del secretariado técnico del cuarto de junto).

Vinculado con lo anterior −y como aspecto fundamental de los mecanismos inductores de la última fase de la desnacionalización integral de México, ahora en su versión TLCAN 2.0−, desde su toma de posesión Enrique Peña Nieto había echado a andar el proyecto de las zonas económicas especiales (ZEE), contenido en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Desde entonces, la multiplicación de megaproyectos que enlazan a los sectores de los hidrocarburos, minero/extractivista y de la electricidad con maquiladoras y ensambladoras a gran escala, agroindustrias de monocultivos, laboratorios y empresas para la manufactura y transformación de todo tipo de materias primas en clústers o parques industriales en el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha venido avanzando en su parte formal/legal (la constitucionalización de los intereses corporativos trasnacionales), lo que profundizará el modelo de México como país maquilador dependiente y subordinado a Estados Unidos.

En realidad, bajo la máxima de los neoliberales domésticos de privatizar para desnacionalizar y recolonizar, la infraestructura para la desposesión y el despojo de tierras y recursos geoestratégicos fue diseñada desde el sexenio de Ernesto Zedillo. De la mano de un equipo de neoporfiristas dirigido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán (el mismo que vía el sistema de la puerta giratoria representa hoy los intereses de Sempra Energy, por conducto de su subsidiaria Ienova), Zedillo, el privatizador de los ferrocarriles y de las redes de comunicación terrestres y aeroportuarias, lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, que, retomado ahora por Peña Nieto, busca comunicar y/o articular dos masas de agua (los océanos Atlántico y Pacífico), a través de los nodos conformados por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en un polígono (espacio físico interno) que abarca los estados de Veracruz y Oaxaca, con el objetivo principal de conectar a la parte este de Estados Unidos con el mercado del Asia/ Pacífico (Japón, China, Malasia, Vietnam, Corea del Sur), centro del comercio mundial.

Otros dos puntos clave, definidos como ZEE en función de su posición geopolítica y al servicio de una economía de enclave en el contexto de la territorialización de la contrarreforma energética, son los puertos de Lázaro Cárdenas, con proyección a los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero, y Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, como punto intermedio de un área geográfica que enlazará Salina Cruz con Guatemala.

9.9.17

A 170 años de la ocupación militar estadunidense de la ciudad de México

Gilberto López y Rivas


Este 14 de  septiembre se cumplirán 170 años de un hecho tan oprobioso como desconocido en la historia de nuestra patria, cuando un destacamento de avanzada de soldados estadunidenses, a las órdenes del general John Quitman, se posesiona de Palacio Nacional, en las primeras horas de la mañana, y enarbola en su astil central la bandera de las barras y estrellas, después de que, según Guillermo Prieto, un disparo solitario había segado la vida del primer soldado enemigo que había intentado izar el pabellón extranjero. (Memorias de mis tiempos, Editorial Patria, México, 1948, T.II, p. 173) Alrededor de las nueve de la mañana del mismo día, las tropas enemigas en su conjunto hacen su entrada al centro de la ciudad. A la vista de la soldadesca, de los considerados ya en 1824 por el general mexicano José María Tornel, como barbaros del norte, el pueblo comienza a reunirse en grupos y a organizarse espontáneamente: de balcones, azoteas, bocacalles y plazuelas, parten los primeros disparos contra la vanguardia del general William J. Worth, iniciándose una resistencia desesperada de los patriotas mexicanos que debía durar hasta la noche del día siguiente.

La mayoría de las fuentes bibliográficas estadunidenses, repitiendo lo sostenido por el general en jefe Winfield Scott en su informe al secretario de Guerra de su país del 18 de septiembre de 1847, afirma que la resistencia popular que se inició el 14 de septiembre, fue obra de los leperos y de convictos excarcelados por las autoridades mexicanas, mientras numerosos testimonios de autores mexicanos refutan semejante infundio. José María Roa Bárcenas, en su libro Recuerdos de la invasión norteamericana (1846-1848), por un joven de entonces, afirma que: “posible y probable, en momentos de confusión y desorden, se evadieron algunos criminales, creíble es que hayan tratado de ponerse en salvo antes que pelear con el extranjero. Lo cierto es que las nuevas hostilidades provinieron de la parte resuelta y belicosa del vecindario…” (Edición de 1887, tomo III, p. 141). El relato de un testigo y participante activo de los hechos de estos dos días, contradice también la versión de Scott: Vi corriendo en tropel por la calle, con dirección a la esquina de la Amargura, un pelotón de hombres armados y a cuya cabeza iba un fraile, montado en un brioso caballo, con sus hábitos arremangados y sosteniendo en sus manos nuestro pabellón de las Tres Garantías. El fraile influía aliento e inspiraba entusiasmo a los gritos de ¡Viva México y mueran los yanquis! Así es que los hombres que en el zaguán había, abandonaron éste para unirse al grupo de patriotas, y yo con ellos. (Citado por Guillermo Vigil y Robles. La invasión de México por los Estados Unidos en los años 1846-1847-1848. México, 1923, p. 78) El mismo testigo sigue narrando: Un cuerpo de la división Worth que se había posesionado del edificio de Minería fue hostilizado desde las azoteas del hospital y torres del templo de San Andrés. Los proyectiles de los mexicanos se cruzaban sin cesar con los de los invasores, y cuando estos avanzaban hasta ponerse bajo los muros de los edificios recibían una lluvia de piedras, macetas y cuantos objetos hallaban a mano los defensores, quienes eran individuos del cuerpo de Guardia Nacional Hidalgo, algunos practicantes que, andando el tiempo, fueron médicos distinguidos. (Ibíd., p. 79) Naturalmente, para el jefe de un ejército extranjero que lleva adelante una guerra de agresión y conquista, es necesario denigrar la resistencia popular que encuentra a su paso. Scott no fue una excepción, como no lo fue su conducta brutal en la represión de este movimiento de pobladores de la Ciudad de México. La desigual contienda se prolonga por horas, cayendo numerosas víctimas por parte del pueblo; se combate con entusiasmo aunque sin plan, sin orden, sin auxilio, sin ningún elemento que prometiera un buen resultado; pero lucha sin embargo, terrible y digna de memoria. El ejército de Estados Unidos responde a esta postrer resistencia popular con métodos que casi un siglo después serían de uso familiar para las tropas nazis que suprimieron las insurrecciones populares de muchas ciudades de Europa: se ordena derribar con artillería la casa de donde se dispare un tiro y dar muerte a todos sus habitantes, se fusila a los patriotas en el terreno de lucha, se irrumpe en las casa derribando puertas y se asesina a familias enteras. En la mañana del día 15 de septiembre, cuando toda resistencia parecía haber terminado, se reinician los combates por toda la ciudad y se realizan nuevos actos de represión, jurando Scott, esta vez, con volar la manzana desde la cual fuera disparado un tiro contra sus tropas. Al caer la tarde, agotadas las municiones, con cientos de bajas y heridos, sin esperanza de auxilio por parte del ejército regular mexicano, que había abandonado a su suerte a los habitantes de la ciudad en la noche del 13 de septiembre, la espontánea insurrección popular termina, ante la superioridad de la respuesta enemiga, lo insostenible de la situación y el desmoralizador espectáculo de la colaboración abierta con los invasores del ayuntamiento de la ciudad y los sectores acomodados que se habían opuesto activamente a la insurrección. Como ocurrió a lo largo de esta guerra de conquista, la clase dominante mexicana traicionó el denodado aliento supremo del pueblo por dejar constancia ante las generaciones que vendrían, de que la capital de un país débil y dividido había caído frente a la agresión extranjera, sólo a costa de quienes habían sacrificado sus vidas por defenderla.

¿Cuál puede ser el interés en recordar este episodio de resistencia popular, intencionalmente olvidado por la historiografía oficial? El tema es trascendente no sólo porque es necesario fortalecer nuestra conciencia nacional a partir del estudio de nuestra historia, sin distorsiones de clase, particularmente, el análisis de lo que para los mexicanos ha significado y significa el imperialismo estadunidense, ya que las condiciones del conflicto histórico entre México y Estados Unidos siguen vigentes. También, porque, hoy como ayer, la clase dominante traiciona el interés nacional frente a Estados Unidos. Los colaboracionistas de ayer se dan la mano con los colaboracionistas de hoy.

¿No será que la bandera de las barras y estrellas ondea nuevamente en Palacio Nacional, y el fantasma encarnado de Antonio López de Santa Anna recorre sus oficinas, salones y balcones?

6.9.17

El fiscal, la sucesión y la “protección” a Peña Nieto

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el inicio del periodo más delicado de la sucesión presidencial, los escenarios para el 2018 se le descomponen al primer mandatario. Todo parece indicar que al primer y último presidente del Grupo Atlacomulco le interesa más definir quién le garantizará la protección transexenal y no quién podrá mantener al PRI en la presidencia de la República.

Para lograrlo, está dispuesto lo mismo a sacrificar a su propio partido que a establecer una alianza con su antecesor Felipe Calderón o con quien le garantice lo mismo que él hizo con Arturo Montiel: la impunidad real.

La crisis derivada por la designación de un Fiscal General de la República transexenal sólo revela lo profundo de las divisiones y fracturas al interior del bloque peñista, de sus exaliados (incluyendo a los empresarios y organizaciones que siguen a Claudio X. González), de los panistas que habían apoyado a Peña Nieto en el Pacto por México y de los perredistas que enfrentan con poca dignidad el desfondamiento de su partido ante la imparable “cargada” hacia Morena y hacia Andrés Manuel López Obrador, como se demostró este domingo 3 de septiembre.

El nombre de la crisis no es Raúl Cervantes Andrade. El actual procurador general de la República ya era una pieza intercambiable como fiscal general transexenal desde que el escándalo Odebrecht demostró lo profundo de la corrupción entre los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ambos involucrados en esta red trasnacional de sobornos, así como otros expedientes que entrelazan a ambos mandatarios.

El nombre de la crisis es el “pase automático” hacia la construcción de un Fiscal General controlado por el peñismo. Ni los organismos empresariales, ni las organizaciones civiles firmantes del desplegado #PorUnaFiscalíaQueSirva, ni la corriente articulada en torno al lópezobradorismo aceptarán ningún pase automático. En otras palabras, están vetando una propuesta que surja de Los Pinos sin el consenso de otras fuerzas.

El último golpe mediático contra Raúl Cervantes se lo dio Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La revelación del domicilio falso para documentar la propiedad de un Ferrari demostró las mañas y las manías propias de un abogado que debiera ser un auténtico cazador de corruptelas grandes y pequeñas y no parte de las sospechas. Cervantes forma parte, además, de un triángulo de poder familiar que no cuenta con el respaldo de los otros grupos priistas: el formado por sus primos Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico de Los Pinos, y por Alfredo Castillo Cervantes.

Lo difícil en estos momentos de fracturas parlamentarias es lograr la mayoría calificada (dos terceras partes) para realizar la última reforma constitucional necesaria del sexenio: eliminar el transitorio décimo sexto del artículo 102 constitucional (el “pase automático”), así como redactar la ley de la fiscalía general que deberá aterrizar sus funciones y los alcances de sus dos fiscalías: la de delitos electorales (FEPADE) y la de Anticorrupción.

Paradójicamente, Peña Nieto quiso lograr lo que Javier Duarte consiguió antes de salir prófugo del país: nombrar un fiscal a modo que le cubra las espaldas, y las consecuencias en ambos están a la vista.

La paranoia peñista ha generado una profunda crisis coyuntural. El dirigente panista Ricardo Anaya capitalizó la incertidumbre y decidió encarecer su apoyo al gobierno federal, después de las crisis poselectorales del Estado de México y de Coahuila, para relanzar su candidatura.

El PRI y Peña Nieto decidieron endurecerse y las consecuencias se vivieron en estos últimos días: se fracturó el PAN en el Senado y la elección de Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva ha degenerado en una crisis constitucional en la Cámara de Diputados que no han podido instalar su Mesa Directiva.

La alianza de facto que el peñismo ha decidido emprender con el calderonismo provocará una peligrosa polarización no sólo en el PAN sino en el propio PRI. Si el nombre del “protector” transexenal es José Antonio Meade –apoyado por Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero, los mismos calderonistas que crearon la fractura en el Senado- las consecuencias serán muy graves en el partido gobernante.

Al no tener claro quién será el candidato del PRI en el 2018, la incertidumbre se ha trasladado a los dos partidos que acompañaron al peñismo en el Pacto por México: el PRD y el PAN. Esta situación ha beneficiado más al único personaje que tiene hasta ahora el veto político de Peña Nieto para ser su sucesor en el 2018: el exjefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Este martes 5 de septiembre, en conferencia realizada en Washington, el dirigente y candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dejó muy claro que sí Peña Nieto impone al actual procurador general como fiscal transexenal, él pedirá al Congreso cambiar la ley para removerlo.

“Si se impone, esto va a ser motivo para llamar a que se tenga mayoría en el Congreso, modificar la ley y remover al fiscal”, afirmó López Obrador. Y “destapó” a Tatiana Clouthier, exdiputada federal del PAN e hija del excandidato presidencial blanquiazul de 1988, como su propuesta para fiscal general porque “es honesta, íntegra e independiente”.

Una vez más, López Obrador podría marcar la agenda en este tema, mientras el PRI en el Senado no toma una posición clara respecto al tema del fiscal, los cinco senadores panistas también se desmarcan del “Fiscal carnal” y Peña Nieto aún pretende deshojar una margarita para definir quién será su sucesor.