Aclaraciones y expectativas sobre el triunfo de Sheinbaum en México

Andrés Avila Armella

El tres de junio, los titulares de distintos medios de comunicación internacionales amanecieron anunciando la victoria contundente en las elecciones por parte de Claudia Sheinbaum, ubicándola en general como parte de la izquierda mexicana y del mundo, lo cual despierta tanto entusiasmo y simpatía entre quienes suelen ser simpatizantes de la izquierda, así como animadversiones entre quienes se ubican políticamente como parte de la derecha, o cuando menos como enemigos de la izquierda. A partir de ello se pueden tejer una serie de suposiciones y expectativas, por lo que este artículo pretende esclarecer algunos aspectos que seguramente no son tomados en cuenta por muchos medios de comunicación y articulistas de los medios con mayor difusión.

Por ello me propondré aclarar algunos puntos básicos sobre cómo es la política en México y cómo suelen alejarse en nuestra realidad política las apariencias de los hechos, y con ello evitar hacernos de expectativas fuera de la realidad y enfocarnos acertadamente dentro de ella.

Antes de entrar en las particularidades sobre México, me parece necesario aclarar que los resultados electorales son una forma dialécticamente inválida para analizar la voluntad popular, pues esto sólo se relaciona directamente a través de la ideología liberal burguesa. Si bien es posible que haya alguna influencia de la voluntad popular en los resultados electorales, esto se encuentra muy limitado, pues mucho antes de que la gente salga a votar, ha habido una serie de acuerdos entre grupos oligárquicos de poder, que van desde lo internacional hasta lo local, que son los que permiten explicar porque aparecen dos o tres nombres principales en la boleta de votación. Es todo un sistema donde se requiere financiamiento millonario, espacio en medios de comunicación, información privilegiada y muchísimas condiciones logísticas que nunca están al alcance de organizaciones populares, y menos aún de las que estén confrontadas con los dueños del dinero.

Es cierto que algunas veces en la historia se dan condiciones para que el terreno electoral sea, cuando menos por algún momento, la arena de confrontación de la lucha de clases, pero en México no es exactamente así y daremos algunas razones en las próximas líneas.

Generalidades de nuestro sistema político

En México, como en otros países de Nuestra América y del mundo, existen fuerzas que tradicionalmente se ubican en la derecha, es decir, abiertamente conservadoras, anti comunistas, ligadas a organismos religiosos y proclives a subordinarse abiertamente a potencias extranjeras, sobre todo a Estados Unidos; y hay fuerzas que se consideran a sí mismas de izquierda, por considerarse afines a las causas populares.

Pero en México hay algunas peculiaridades a tomar en cuenta y mencionaré solo algunas:

–          Desde el final de la guerra de intervención (1862-1867) en donde México sufrió y resistió a la invasión del ejército francés de Napoleón III, suceso dentro del cual los abiertamente conservadores fueron promotores y protectores de la invasión, en México ninguna fuerza política se reivindica a sí mismo como conservadora, pues inevitablemente se asocia el término a quienes provocaron una de las mayores tragedias nacionales.

–          El estado mexicano, su ideología y simbología son liberales, a pesar de ser un país de mayoría católica, los mexicanos crecemos y somos educados en las escuelas públicas en medio de una clara exaltación de los valores liberales entre los que está la necesaria separación de la Iglesia y el Estado, y somos educados en la admiración a Benito Juárez, quien luchó con vehemencia por dicha separación, razón por la cual, artimañas como la intentada al final de campaña por Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, reivindicándose como la candidata de Dios, tienen menos impacto de lo esperado en otros países de Latinoamérica.

–          México paso por un período peculiar llamado Revolución Mexicana, en donde se formaron grandes ejércitos populares que lucharon contra una dictadura oligárquica. La Revolución mexicana concluyó con el asenso de un grupo de intelectuales y militares que por un lado habían combatido a los ejércitos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, pero que por otro lado reclamaban para sí el prestigio de haber encabezado y finalizado exitosamente una revolución social que al final trajo justicia y democracia al país. Con ello se creó la quimera del gobierno de la Revolución Mexicana, el cual se convirtió en un gobierno con discurso alineado a la social-democracia a nivel internacional, pero que internamente se destacó por asesinar y reprimir a luchadores sociales y a la izquierda revolucionaria del país.

–          Ese gobierno de la Revolución mexicana que se hizo partido, (Partido Nacional Revolucionario, PNR, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, Partido Revolucionario Institucional, PRI), tenía internacionalmente la imagen de ser un gobierno progresista, pero internamente los mexicanos sabíamos que no correspondía su fama internacional con la realidad nacional.[ii]

–          Los fundadores de las coaliciones de izquierda electoral mexicana, que lograron colocarse como protagonistas de los procesos electorales, fueron personajes formados políticamente dentro del PRI, donde aprendieron la retórica liberal, nacionalista con tintes social demócratas. Dentro de ese grupo de personas, figuraban Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

–          La mayoría de los personajes del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) tienen su origen en el priísmo y no en la izquierda socialista ni comunista, y lo que ellos entienden por izquierda corresponde al pensamiento político de corrientes internas del PRI, quienes tienen en la figura del expresidente Lázaro Cárdenas del Río a su mayor referente moral, mismo que al interior de la historia del priísmo, fue muy útil para dar legitimidad a todas las medidas antipopulares que se tomaron por los gobiernos del PRI después de la exclusión de Lázaro Cárdenas y sus más allegados, de las decisiones trascendentes de  Estado. Lázaro Cárdenas ha sido el presidente de México cuyo programa ha sido más de izquierda y es un hito en la historia mexicana del siglo XX por haber impulsado la reforma agraria y la nacionalización del petróleo entre otras cosas. Los gobiernos posteriores a él siempre se fueron recorriendo hacia la derecha, pero todo presidente de México se reivindica cardenista, hasta los presidentes del partido de derecha, PAN, tuvieron que evitar criticar al General Cárdenas. Por otra parte, ningún candidato presidencial, ni siquiera los de MORENA, ha propuesto retomar las medidas impulsadas por Lázaro Cárdenas y mucho menos recorrerse a la izquierda de él.

–          Una parte de los cuadros de MORENA sí provienen de una parte de la izquierda en México que alguna vez militó en Partidos u organizaciones de ideología socialista, y que fueron disueltas asumiendo que la lucha histórica en contra del capitalismo no tenía más posibilidades y que era necesario aprovechar las ventajas de la llamada en esos años transición a la democracia. Sheinmbaum, a diferencia de López Obrador, no viene  del PRI, pero tampoco viene de la militancia socialista previa a la campaña de 1988, sino de una generación que su juventud la sorprendió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en medio de la claudicación de personajes y organizaciones de la lucha comunista y que vieron aparecer dentro del Frente Democrático Nacional, después PRD (Partido de la Revolución Democrática) la única izquierda posible en México, tejida a partir de la alianza entre viejos priístas y personajes de ideología socialista buscando hogar político. Sheinbaum fue parte de un movimiento estudiantil universitario que defendió la gratuidad de la educación superior  en 1986- 1987, y se sumó al frente electoral del FDN con Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas y ex gobernador por el PRI en el estado de Michoacán) a la cabeza. Ya como parte del grupo de la burocracia de estado, a través del PRD, el grupo político del cual formaba parte en la UNAM, se volvió en contra del movimiento estudiantil de 1999-2000, por no alinearse a los tiempos y modos convenientes a la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas para el año 2000.[iii]

–          El partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) nació como una edición del PRD convocado directamente por López Obrador, al romper definitivamente con un grupo que se adueñó de sus órganos directivos excluyendo de ellos a sus principales ideólogos y fundadores.

–          MORENA creció en los últimos años incorporando a sus filas a miembros y grupos políticos locales y regionales que habían pertenecido al PRI, al PAN o al PRD, y que eran los operadores políticos en un sinnúmero de rincones del país. La dinámica de dichos grupos prácticamente no tiene nada de ideológica y son meramente pragmáticos, es decir, son coaliciones de personas que se suelen meter a las competencias electorales como una mera forma de ganar dinero, acaparar puestos públicos y distribuir a conveniencia favores y gestiones políticas. Es la forma en que funcionaron los gobiernos del PRI, y eso lejos de desaparecer, se ha acoplado a esta nueva coalición. Por supuesto, muchos de esos grupos están ligados al crimen organizado y son profundamente corruptos; este hecho no es ignorado por las esferas más altas del morenismo, quienes han visto en éste método el único posible para seguir ganando elecciones en ayuntamientos, gubernaturas y espacios de poder local, sumando votos de esta manera para las grandes competencias electorales como la presidencia de la república.

–          Muchos de esos grupos son oligárquico locales y son históricamente enemigos de las agrupaciones independientes de lucha popular, es decir, son enemigos históricos del sindicalismo independiente, de la lucha estudiantil popular, de los concejos campesinos e indígenas etc. Razón por la cual en dichos sectores se mantiene una clara distancia y desconfianza hacia el gobierno, a pesar de declararse de izquierda, elemento que por lo explicado anteriormente no es novedoso en México, sino que forma parte de la careta habitual desde hace cien años del estado mexicano. El gobierno de MORENA como lo hacía el priísmo en otras épocas, acusa a las organizaciones de izquierda independientes, de hacerle el juego a la derecha, al fascismo o al conservadurismo.[iv]

–          Las elecciones en México, como en  muchas partes del mundo, se asemejan más a un juego de apuestas que a un  proceso de participación democrática para reflejar la voluntad popular. La ventaja final de Sheinbaum no refleja necesariamente entusiasmo masivo, sino simplemente el hecho de que al aproximarse la recta final de la contienda y al estar claro que las tendencias favorecían claramente a ella, muchos de los grupos políticos que se mantenían indecisos o con unas fichas en un equipo y otras en el rival, se decantaron por operar políticamente en favor de quien llevaba la delantera, esperando  claro, ganar algo con ello.

El resultado de las elecciones exige para Sheinbaum y su partido, el pasar de la etapa de la recolección de apoyos a la etapa de pagar por esos apoyos; la forma de pago va desde no defraudar a la gran oligarquía imperialista quien confía en que no habrá un viraje hacia la izquierda respecto a las políticas seguidas por el gobierno de López Obrador, hasta complacer a todos esos grupos de poder local quienes demandan el respeto a sus privilegios y el apoyo del gobierno en sus disputas en contra de grupos similares y en contra de sectores populares no alineados.

Limitantes de nuestra posición económica y geopolítica

México es un país cuya economía es típica de un capitalismo dependiente, secundario exportador y con algunas áreas del país que aún es primario -exportador, dependiente como ningún otro de la economía de los Estados Unidos de América y compartiendo con éste más de tres mil kilómetros de frontera terrestre con el gigante imperialista.

México es para el Estado norteamericano, un país geoestratégicamente relevante, por su demografía, 127 millones de habitantes, su potencial productivo como país receptor de capital con fines de manufactura que puede aprovechar una fuerza de trabajo que puede realizar en muchas áreas las mismas funciones que la norteamericana pero a un costo mucho menor. México es para Estados Unidos parte de su reserva estratégica de recursos naturales y humanos que bien pueden ser empleados tanto en tiempos de paz como de guerra.

La oligarquía mexicana está subordinada a la norteamericana y ha preferido históricamente estar vinculada al comercio exterior de América del norte a intentar un mercado interno o a formar un bloque comercial adverso al norteamericano. El Estado mexicano sin embargo no se suele representar más que excepcionalmente por miembros de esa oligarquía, sino acorde a su narrativa histórica, ha preferido hacerse representar a través de intelectuales formados políticamente quienes utilizan  una retórica nacionalista y popular, a la vez que evitan confrontarse con dicha oligarquía. Así funcionó el PRI muchos años y así ha funcionado el gobierno actual.

Es por ello que ni a Trump ni a Biden les pareció que fuera necesario confrontarse con el gobierno de López Obrador, por conocer que en la historia de la política mexicana, es un requisito que el presidente  de México represente discursivamente independencia frente a  Whashington, situación que se puede ilustrar a través de una frase que se le  atribuye al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz[v], todo presidente de México tiene que mentársela de vez en cuando a Estados Unidos.

México sigue siendo a nivel global un aliado de Estados Unidos y a nivel comercial parte del bloque de América del Norte, y en este momento representa para éste último, la posibilidad de competir contra China en algunos aspectos; ni López Obrador ni Sheinbaum, han planteado alejarse de Estados Unidos para acercarse a China por ejemplo, sino que han mantenido abiertamente su aceptación de que las cosas en ese sentido se mantengan como hasta ahora.

Dicho de otra manera y para explicárselo a quienes lean este artículo desde algún otro país; México es un país subordinado a la política exterior de Estados Unidos, pero no de la misma manera en que lo son otros gobiernos  de Latinoamérica; México y su cancillería suelen ser independientes en cuanto a algunos posicionamientos diplomáticos, pero esa independencia no llega a un nivel de confrontación con la cancillería norteamericana, incluso en muchos momentos, México ha servido como puente diplomático con Estados abiertamente confrontados con Estados Unidos. En este caso, se puede esperar que el asunto se mantenga de la misma manera, y que en algunos aspectos, dicha política exterior se torna más favorable a una agenda multipolar, a diferencia de lo practicado por los dos gobiernos panistas, aliados de la democracia cristiana internacional, quienes tuvieron una política exterior más similar al de cualquier gobierno latinoamericano subordinado a Washington.[vi]

Por otra parte, en este mismo punto es relevante señalar que la mayoría de los problemas que padece la población mexicana trabajadora y popular, son resultado de cuestiones estructurales que tienen que ver con ese tipo de economía dependiente y exportadora; me refiero por ejemplo al papel de los cárteles de la droga mexicanos y la forma en que accionan y amenazan la seguridad familiar, la precariedad laboral, la pobreza, la depredación ambiental, así como las formas concretas en que se combinan negativamente los factores macro-económicos con las situaciones locales. Dichos problemas no van a cambiar porque un partido u otro hayan ganado las elecciones, y no se pueden combatir dichos problemas albergando esperanzas en que se resolverán sin necesidad de entrar en una confrontación más abierta y más directa contra el gobierno norteamericano y la oligarquía mexicana aliada de éste.

De cualquier modo hay que ser claros en algo, ni Sheinbaum ni López Obrador han prometido ser ese tipo de gobierno, no han tratado de evocar a estados socialistas como la URSS, China o Cuba, ni siquiera a países que sin ser socialistas son no alineados como el de Venezuela de Chávez o Irán, sino que han insistido tanto en medios nacionales como internacionales que justamente no es  ese tipo de gobierno el que proponen ni  es esa relación con Whashington la que tendrían.

En materia macro-económica tampoco han buscado salirse del renglón y hasta ahora la llamada 4 T se ha comprometido a no aumentar los impuestos a los grandes empresarios, ni a privar de autonomía al Banco de México, ni a modificar sustancialmente la política hacia los trabajadores asalariados, ni los campesinos pobres del país, razón por la cual no es de esperarse que salga del gobierno electo alguna iniciativa para romper el Tratado Comercial de América del Norte (TMEC-TLCAN), ni para esperar que se preste ayuda energética significativa a Cuba, ni para que haya una reforma agraria, ni para que hayan cambios sustanciales en las relaciones capital – trabajo.

Por ahora, hemos cumplido los objetivos del presente artículo poniendo sobre la mesa datos sobre la situación política de México que no se están tomando mucho en cuenta en los análisis que se están promoviendo en las principales cadenas periodísticas. Por supuesto, el análisis amerita detenernos más a profundidad en cada punto y agregar otros tantos, pero eso se hará en lo sucesivo.

Por ahora, sólo concluiré señalando que de momento no está ganado que vaya a haber alguna reforma en favor de la clase trabajadora o de los sectores históricamente oprimidos en México, pues esa no es la razón por la que sucedieron las cosas así este 2 de junio, y que por tanto, si se aspira a ese tipo de reformas, se tiene que desatar la organización independiente de los trabajadores y del pueblo para exigir las reformas necesarias, para conducirlas y ser parte de ellas; es decir, la organización independiente tiene la tarea de orillar al gobierno electo a acercarse cuando menos a su agenda y a sus necesidades.  En materia internacional es importante recordar que, para lograr objetivos más relevantes para revertir el orden imperialista, se requiere mucho más y se requiere sobre todo que las organizaciones populares, independientes y revolucionarias vean a las organizaciones que luchan de manera independiente en México a sus pares y se realicen acciones para favorecer la cooperación entre ellas para fortalecer la agenda de la clase trabajadora.

Notas:

[ii] Sobre todo, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de México se caracterizó por su posición antifascista, apoyando la República española y recibiendo a los exiliados de la guerra civil, más tarde lo hizo también condenando las dictaduras militares y recibiendo perseguidos políticos principalmente del cono sur. México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba en la OEA. Internamente sin embargo el estado mexicano practicó los mismos métodos de tortura, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de las guerrillas mexicanas.

[iii] En ese entonces, dicho grupo era conocido como PRD- Universidad. Y se sumó al clamor de los medios de comunicación muy ligados al PRI que se dedicaban a denostar al movimiento estudiantil y a clamar por la represión policíaca en su contra.

[iv] Para muestra se pueden buscar las intervenciones de Luis Echeverría, uno de los mayores asesinos en la historia de México, al referirse a los grupos estudiantiles que en la UNAM y la Universidad de Guadalajara luchaban contra los poderes fácticos del PRI.

[v] Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente que ordenó la masacre de estudiantes en 1968 y que la CIA lo muestra en documentos desclasificados como informante junto con Luis Echeverría.

[vi] Aquí nos referimos a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón

Andrés Avila Armella. Sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Secretario General de la UNIÓN COMUNISTA DE LA CLASE PROLETARIA (UCCP). Miembro de la Secretaría General Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM (SITTAUNAM)

Ya nada es igual

Abel Barrera Hernández*

Toparnos con la cerrazón del Ejército y con las pésimas actuaciones de la Fiscalía General de la República han sido las pruebas más duras que como padres de los 43 normalistas desaparecidos enfrentamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los cuatro años de intensas batallas, Enrique Peña Nieto se empeñó en destruir nuestras vidas con su falsa versión de la verdad histórica. Torturaron a los detenidos para que se autoinculparan y se encargaran de describir las atrocidades que cometieron contra nuestros hijos. Nos taladraron el alma, nos desangraron y nos colocaron al borde de la exasperación. No pudieron vencernos. Nuestro amor inquebrantable y nuestro afán de justicia nos mantienen con gran firmeza y en pie de lucha. La solidaridad de innumerables organizaciones nos reanimó y nos ayudaron a cruzar el pantano de la muerte.

El informe que presentó Alejandro Encinas desenmascaró la urdimbre delincuencial que se teje en los gobiernos federal y estatal. Las autoridades civiles y militares de Guerrero trabajan coordinadamente desde hace décadas, no para proteger la vida de los ciudadanos, sino para destruir a quienes consideran sus enemigos, para afianzar los intereses económicos de caciques y capos delictivos. Los actores armados del estado se han especializado en la guerra sucia. Son expertos en desaparecer a luchadores sociales y a quienes consideran que amenazan al gobierno. Para nosotros no fue una novedad que el informe señalara a militares como responsables de la desaparición de nuestros 43 hijos.

Desde un inicio dijimos que era un crimen de Estado; sin embargo, los políticos guardaron silencio y hasta se unieron para encubrir a los criminales. Enterraron en nuestro corazón la daga de los horrores que cometieron contra nuestros hijos. Nos desquiciaron los actos perversos de los políticos mal nacidos y de los policías asesinos. Quedaron evidenciados los guachos que siempre han estado coludidos con los jefes de las bandas criminales para desaparecer y enterrar a inocentes en fosas clandestinas.

El oro y la droga que se vende en Iguala y se llevan a Chicago, Atlanta y Nueva York es un negocio bien armado entre políticos y delincuentes, que son de la misma calaña. Por décadas, los caciques abrieron rutas nacionales e internacionales, con sus autobuses y camiones de carga para asegurar la droga que se procesa en la sierra. Es una calamidad padecer el flagelo de la delincuencia que controla las policías y las presidencias municipales. José Luis Abarca es el clásico político guerrerense que se encumbra en el poder con la protección y apoyo de caciques, militares y jefes de la delincuencia. En Iguala Guerreros Unidos desplazaron a Los Rojos, para controlar la zona norte hasta Cuernavaca, Morelos. Eso lo lograron con apoyo de los caciques, el Ejército, los policías de varios municipios, los ministeriales y la entonces procuraduría del estado. Hasta hoy las autoridades federales no se atreven a desmantelar estas redes criminales. Continúan las desapariciones, los asesinatos, los periodistas desplazados y privados de la vida. Las mismas empresas mineras se han beneficiado del crimen organizado para pactar con los criminales y asegurar sus meganegocios en los municipios de Cocula, Teloloapan y Eduardo Neri.

No entendemos por qué se sigue protegiendo tanto a los delincuentes como a los que armaron la verdad histórica y están dentro de la fiscalía general. También quisiéramos saber por qué se protege tanto al Ejército. En Guerrero sabemos todo lo que han hecho y ningún gobierno los castigó. Ahora con López Obrador les dieron más poder y más dinero. El mismo general Cresencio se engalló más. Apenas dijo que el Ejército vela por la seguridad nacional y la unión de los mexicanos y que los que defendemos nuestros derechos tenemos intereses y ambiciones personales. Que queremos desprestigiarlos para que la gente ya no confíe en ellos. Dice que el Ejército y la Guardia Nacional tienen como misión respetar los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no quieren que se investigue al ejército? ¿Por qué se niegan a proporcionar toda la información que tienen? y ¿por qué no cumplen con el compromiso que asumieron de colaborar con la comisión de Ayotzinapa brindado toda la información que hay en sus archivos?

Como padres de los 43 vemos que hay enojo del Ejército. Nosotros somos los que estamos ofendidos por todo lo que hicieron con nuestros hijos. No nos pueden impedir que protestemos y que manifestemos nuestro dolor y nuestro coraje. No vamos a permitir que la fiscalía general pisotee nuestros derechos, que ellos mismos se pongan del lado de quienes tienen órdenes de aprehensión. ¿Por qué, ante el reclamo del general Cresencio de que hay personajes interesados en afectar la imagen de las fuerzas armadas, a los tres días se da el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los militares?

¿Queremos saber qué intereses defienden los funcionarios de la fiscalía que pidieron que se cancelaran las órdenes de aprehensión contra 16 militares y contra los ex funcionarios de Guerrero como Iñaki y Lambertina? Con esto vemos que no se quiere avanzar en las investigaciones y mucho menos detener a los militares. ¿Dónde está el compromiso con nuestros derechos humanos?

Ahora el Presidente dice que en nuestro movimiento hay infiltrados, que hay intereses ajenos que pretenden desestabilizar su gobierno. Estamos realmente preocupados, porque más bien vemos que muchos quieren descalificar nuestras protestas, para que no se haga visible nuestro enojo. En verdad estamos muy molestos, porque la fiscalía nos ha pegado con la puerta en la cara al cancelar las órdenes de aprehensión. Ni siquiera se toman la molestia de explicarnos por qué lo hicieron. El fiscal siempre nos ha ignorado. Vemos que hay intereses políticos muy grandes que obligan a los funcionarios de la vieja procuraduría, a maniobrar de manera sucia para que no metan a la cárcel a los militares ni a los funcionarios que tienen órdenes de aprehensión.

Ya nada es igual en nuestras vidas desde que desaparecieron a nuestros 43 hijos. Dejamos a nuestras familias y parcelas, perdimos a tres papás y una mamá. Nos han golpeado los políticos con sus desprecios y traiciones, y las enfermedades nos quieren tumbar. Aunque se inunden nuestras casas con las lluvias y se agrieten nuestras paredes por los temblores no dejaremos de luchar, hasta saber dónde están nuestros amados hijos.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan

Todo es según el color de clase con que se mira

Gilberto López y Rivas

El análisis marxista de una coyuntura socioeconómica y política determinada pasa por no quedarse en lo epidérmico, anecdótico y fenoménico, sino destacar lo esencial y estructural.

Evitar que los personajes y, sobre todo, sus narrativas –impuestas por los grandes medios de comunicación y las redes sociales– prevalezcan frente al peso que tienen la correlación de clases, los sistemas hegemónicos, las formas de acumulación, explotación y dominación capitalistas, imperialistas y neocoloniales, así como los procesos de lucha y resistencia antisistémicos de los pueblos y las clases trabajadoras.

Por ello el reciente viaje de AMLO a Estados Unidos y sus resultados deben observarse a partir de la histórica relación de dependencia estructural de México con respecto a nuestros buenos vecinos, misma que no ha sido superada por el gobierno de la Cuarta Transformación, que, en la reunión bilateral de presidentes, se comprometió a fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, que el Tribunal Permanente de los Pueblos considera –en su histórica Audiencia Final: sentencia, fiscalías y relatorías– como marcado por la profunda desigualdad entre las economías de los países que lo firmaron, y que, como otras instituciones neoliberales, no está diseñado para promover el bien social, y, por el contrario, “son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par de que erosionan el compromiso y las opciones de los estados nacionales para proteger a la ciudadanía (…) La impunidad trasnacional que el TLCAN regula permite afirmar que es un tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción ambiental y cultural de los pueblos– se incorpora de manera trasversal a lo largo de todo el tratado” (Editorial Ítaca, 2016). Esta caracterización contrasta con la perspectiva sobre el TLCAN en el comunicado conjunto, en el cual se sostiene que: “la base de la competitividad de América del Norte es el Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá y reafirmamos nuestro compromiso con su plena implementación en beneficio de las familias trabajadoras […] Al coordinar nuestras políticas económicas, podemos hacer que nuestras cadenas de suministro sean más resilientes y expandir la producción en América del Norte”. En el comunicado conjunto se hacen realidad las pretensiones de Donald Trump de que México debía de pagar el muro, al dar a conocer que México se ha comprometido a invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024.

También es significativo que, en el contexto de una reiterada imposición de megaproyectos en los territorios por el gobierno actual, que recientemente declaró de seguridad nacional las obras del Tren Maya, se afirme en ese comunicado: Enfocaremos nuestros esfuerzos de desarrollo en soluciones climáticas y el desarrollo del sur de México, con su vasto potencial humano e importantes oportunidades para el comercio, la conservación y la energía limpia.

No pasaron desapercibidos otros hechos recientes que dan cuenta de la relación subalterna de México ante Estados Unidos. Uno, por demás polémico, fue el ejercicio militar multinacional del Comando Sur estadunidense, en el mar Caribe mexicano, del 7 al 21 de mayo pasado, denominado Tradewinds, y el otro fue la sexta Reunión de Estados Mayores de la Secretaría de Marina (Semar) y la Marina de Guerra de Estados Unidos, en la cual se alcanzaron 26 acuerdos sobre operaciones, adiestramiento, educación, investigación y desarrollo tecnológico, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, guerra electrónica y tráfico marítimo. La Semar declaró que su relación con el país del norte es prioritaria y estratégica. Ya en enero pasado, Jorge Alejando Medellín anunciaba que el Ejército y la Armada de México estrechaban sus nexos con el Comando Norte de Estados Unidos, con grupos operativos conjuntos del más alto nivel, para afinar mecanismos de cooperación en áreas de seguridad de interés bilateral. Recordamos al respecto la obra pionera de Carlos Fazio, El tercer ­vínculo: de la teoría del caos a la militarización (Joaquín Mortiz-Planeta, 1996), donde se expone cómo México se involucra de manera directa en el proyecto de seguridad hemisférica encabezado por Estados Unidos. Es posible considerar que, con las políticas de militarización del actual gobierno y el visible papel subalterno de las fuerzas armadas con respecto a las estrategias del Pentágono, se ha completado ese tercer vínculo de la dependencia en el ámbito militar, además del económico y el político.

Electricidad, la contienda por la nación

Eduardo Nava Hernández

A estas alturas debe haber quedado claro para todos que la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el régimen de generación y distribución de electricidad impuesto por la reforma privatizadora de 2013 es la lucha más importante de este sexenio, al parecer la única, para restablecer el mandato constitucional de un Estado rector de la economía.

Será la segunda ocasión en que este gobierno —si la reforma se consolida— estará afectando intereses económicos muy poderosos, como ya lo hizo con la cancelación del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los inicios del sexenio. Pero, a diferencia de éste, que se resolvió con un decreto del Ejecutivo y el pago de indemnizaciones o el trueque de los contratos de construcción por los de otras obras gubernamentales de inversión, incluida la terminal aérea “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, ahora se trata de una reforma constitucional sumamente compleja.

En su libro 2018: la salida, publicado más de un año antes de la elección que lo llevó a la presidencia, López Obrador exponía en relación con las llamadas reformas estructurales realizadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto:

Admito de entrada que soy partidario de revertirlas; tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo sino que lo perjudican. Pero no responderemos a una imposición con otra imposición; en cambio, se consultará a la gente si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría.

Esto no significa que el nuevo presidente dejará de expresar su postura o no tratará de convencer de que por el bien de la República es indispensable recuperar el sector energético para integrarlo, convertirlo en palanca del desarrollo nacional y manejarlo con eficiencia y honestidad para reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y los productos petroquímicos […]

Hasta ahora, el ofrecimiento de una consulta popular acerca de las reformas peñanietistas no se ha cumplido, y de hecho no se cumplirá, pues el presidente prefirió proponer un plebiscito en relación con muy otro tema (la persecución a los presuntos delitos de los ex presidentes) y, en cambio, enviar de manera directa al Congreso su iniciativa de reforma constitucional en relación con el sector eléctrico. Pero, aunque expresada en términos abstractos, parece claro que la intención plasmada cuatro años atrás es la que anima la propuesta actual de reforma al sector eléctrico.

Sin embargo, la reversión de la desnacionalizadora reforma diseñada y ejecutada por el gobierno anterior enfrentará enormes obstáculos aún por salvar. Desde luego, el más grande, reunir la mayoría legislativa calificada en ambas cámaras del Congreso para realizar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuando la composición actual de aquéllas ya no alcanza para ello a Morena y sus aliados, el PT y el convenenciero PVEM. La reforma constitucional es indispensable porque, como se recordará, el 3 de febrero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo declarando inconstitucional el acuerdo de la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenece) que daba preferencia en el despacho de electricidad a la generada por la Comisión Federal de Electricidad por sobre la de los (muchos) generadores privados: la española Iberdrola, AES Corporación, Enel Green Power, Grupo México, ILIOSS, Acciona, Minera Autlán y Mexichem, entre otros, que han llegado a cubrir el 45 % del abasto de energía que la CFE se ve obligado a distribuir a altos costos a través de sus líneas de transmisión, en aras de la pretendida “libre competencia”.

La apuesta del Ejecutivo para lograr esa cuota parlamentaria es alta: dividir a la oposición emplazando, por una parte, al PRI en lo particular a reasumir su histórico discurso “nacionalista revolucionario” y virtualmente compartiendo el poder (o cooptando) a un sector del priismo al que se entregó en la Cámara de Diputados comisiones de primera importancia como la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la de la Comisión de Gobernación y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. También está dispuesto el presidente a incorporar a su gobierno a ex gobernadores de origen priista como Quirino Ordaz (próximo embajador en España), y quizás Héctor Astudillo que acaba de entregar el gobierno de Guerrero. Más aún: no está excluida la incorporación de panistas al gabinete, como podría ser la de Antonio Echeverría, que también ha terminado poco ha su gestión en Nayarit.

Para el gobierno federal y sus aliados se trata de avanzar en la discursivamente declarada guerra contra el neoliberalismo, que pocas veces se ha concretado en hechos; para los opositores es la aparente defensa de un principio consagrado por el pensamiento liberal, el de la llamada “libre competencia”, pero sobre todo de una red de relaciones, tráfico de influencias y de elevadas ganancias a costa del presupuesto público, obligado por los contratos con los nuevos abastecedores privados a dar preferencia en la distribución y abasto a la energía generada por éstos y a relegar la de la Comisión Federal de Electricidad.

La oposición legislativa ha sacado nuevamente sus argumentos, ya expuestos por los productores privados, el Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Suprema Corte: la libre competencia en la generación de electricidad es lo que puede bajar los costos de producción y las tarifas a consumidores; la iniciativa presidencial favorece las energías “sucias” y no las limpias: eólica, geotérmica, solar. Argumentan también algo que puede ser verdad: “Por la capacidad instalada de CFE, incluyendo el diésel y el combustóleo, no hay espacio para generadores adicionales en el mercado. Ustedes lo aniquilan con el despacho por capricho”, dijo en febrero pasado el priista Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE en el gobierno de Peña Nieto.

Desafortunadamente para los opositores a la iniciativa del Ejecutivo, la realidad los desmiente una y otra vez. El esquema de generación privada y prioridad a ésta en la transmisión y distribución no garantizan por sí mismos el abasto, la reducción de costos ni la baja en las tarifas.

La estructura productiva del sector en el periodo reciente ha hecho dependiente a nuestra industria eléctrica, como se sabe, de las importaciones de gas para las plantas termoeléctricas, de los Estados Unidos y en particular de Texas. Las inesperadas heladas en ese Estado de la Unión Americana el invierno pasado vinieron a desmentir varios de los argumentos de los opositores. Mostraron la inconveniencia de ser dependientes del mercado externo bajo la premisa —típica del monetarismo— de que es más barato comprar el gas en el mercado externo que buscar la autosuficiencia. El corte de exportaciones decretado por el gobernador de Texas en febrero mostró que no existe tal cosa como el “libre mercado”; que los poderes públicos y económicos se imponen en las transacciones, aun por encima de contratos. El gobernador texano Greg Abbott pudo determinar suspender el flujo de exportaciones de gas para priorizar el abasto a la población de su Estado. Y tenía razones políticas y sociales para ello. ¿Pero hay de verdad libre competencia, cuando un gobernador puede decretar repentinamente la suspensión de las exportaciones a las que, desafortunadamente, los anteriores gobiernos mexicanos ataron nuestro futuro energético? Como se recordará, fue la CFE con sus propias instalaciones la que, en muy pocos días logró restablecer el servicio y superar la crisis de abasto en el noreste de nuestro país.

Texas también mostró los límites de la privatización. En un Estado que cuenta con plena liberalización energética (alrededor de 200 productores privados) y la más libre competencia, en medio de las heladas los usuarios vieron cómo sus facturas de consumo se iban hasta cuatro mil dólares, cuando antes pagaban 200 (https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias-texas/2021/02/20/preparese-para-recibos-de-luz-elevados-en-texas-mujer-de-dallas-pagaba-200-por-mes-ahora-debe-3979/).

El otro caso digno de mencionarse es el de la crisis energética que ya vive desde este otoño la Unión Europea, particularmente en España, Rumania, Grecia y la misma Alemania, países en los que en tan sólo pocas semanas, y aun antes de que empiece la estación de fríos extremos, las tarifas pagadas por los usuarios han alcanzado niveles históricos. En España los gobiernos ultraliberales del Partido Popular impusieron, desde luego, la privatización completa del sector vendiendo las empresas públicas y abriendo por completo el mercado de generación y distribución de la energía, y las tarifas se incrementaron hasta en 52 por ciento en tan sólo siete días. Es uno de los países de la UE, junto con Portugal y Alemania, donde hoy es más caro el consumo. España produce tres cuartas partes de su energía con gas natural; las fuentes “limpias” —la ilusión que Iberdrola y otras empresas quieren vendernos en México — están muy lejos ahí de cubrir ni siquiera una parte significativa de la demanda, y más aún con la reanimación de la economía después del 2020 de la pandemia.

Los países de la UE que mejor han logrado salvar esta crisis de abasto y tarifas son, no por casualidad, los Países Bajos y los nórdicos como Suecia y Finlandia, así como Malta y Estonia, en donde se mantuvo una fuerte presencia del sector público y también una red de conexión internacional que les permite abastecerse de las fuentes más competitivas de la región. Pueden verse los datos del viejo continente en https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/precio-electricidad-hogares-union-europea/.

En resumen, la electricidad es y debe ser reconocido como un sector estratégico de la economía que nunca debió colocarse bajo el interés de la inexistente “libre competencia”, en realidad el dominio de los oligopolios sobre el mercado, incapaces de garantizar el abasto suficiente y a bajos costos para el conjunto de la población y las empresas. La recuperación de la rectoría económica del Estado, prevista en el artículo 28 de la Constitución es indispensable para un proyecto viable de nación.

 

3 años de AMLO: Estado regresa a su función social

Zósimo Camacho

A mitad de su sexenio, AMLO ha regresado su función social al Estado mexicano, pero la transformación avanza de manera desigual. Mejor distribución del ingreso, combate a la corrupción y más soberanía frente a Estados Unidos; pero límites en la independencia económica, titubeos en la reforma fiscal y postergación de la justicia política para los pueblos indígenas. Especialistas advierten una segunda mitad con récords en crecimiento de la economía pero mayor confrontación: la oposición de derecha buscará golpear desde tres frentes: el Poder Judicial, el sector financiero y organismos extranjeros o internacionales

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a la mitad de su periodo y ya puede presumir un nuevo rostro del Estado mexicano. Incompleta la transformación aún y con largo trecho por recorrer, pero las bases de su proyecto se han asentado. Especialistas en ciencia política, economía y geopolítica consultados por Contralínea coinciden en que el logro más visible es haberle devuelto al Estado mexicano su “función social”.

Por separado, señalan que ahora el Estado mexicano tutela una mejor distribución del ingreso, la justicia económica y social y la procuración –para toda la población– de derechos básicos, como la alimentación, la salud y la educación. Pero reconocen que el neoliberalismo sigue vigente y los grupos de interés no han sido desplazados totalmente de las estructuras del sistema político mexicano.

Para algunos, es un asunto de tiempo, pues 3 años no pueden sustituir casi 40 años de neoliberalismo. Para otros, se trata de una imposibilidad ante la sujeción económica que ejerce Estados Unidos y a que el obradorismo tampoco tiene como propósito emprender una trasformación más radical, a semejanza de la impulsada por gobiernos de América del Sur a principios de siglo.

Todos señalan, sin embargo, que con la continuidad de las actuales políticas México podrá crecer a tasas del 6.6 por ciento en los próximos años, similares a las del periodo llamado Milagro Mexicano (1940-1970), y muy por encima del raquítico 2 por ciento del periodo formalmente neoliberal (1982-2018).

A mitad del sexenio, el gobierno de López Obrador consumó 55 reformas constitucionales, a leyes federales y a leyes secundarias. En número son inferiores a las concretadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus respectivas primeras mitades de periodo, pero son de otro calado, explican. Otorgan más derechos económicos, políticos y sociales y ordenan una planificación estratégica de la economía.

Otras resultan polémicas, como la de creación de la Guardia Nacional como nueva Fuerza Armada y las que otorgan más facultades en seguridad pública y en aspectos económicos a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Y otras han quedado pendientes, entre ellas de carácter fiscal, financiero y económico que deberían consolidar una mejor distribución del ingreso, que paguen más impuestos los que más riqueza concentran y se regulen, entre otros, los servicios de la banca privada. Una más ha quedado rezagada y, al parecer, en confrontación con la “cuarta transformación”, o 4T, del país: la de derechos y cultura indígenas, que recuperaría los Acuerdos de San Andrés y reconocería la autonomía de los pueblos, tribus y naciones originarias para decidir sobre sus territorios y recursos.

La apuesta por el Estado de bienestar

La primera mitad del sexenio de López Obrador estuvo atravesada por varios procesos, observa Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Dos de ellos de carácter internacional: la pandemia de Covid-19 y la crisis internacional del capitalismo que viene profundizándose desde 2008.

En la parte nacional, López Obrador goza de legitimidad social. Según las encuestas, cuenta una aprobación superior al 60 por ciento, algo que a la mitad de los sexenios anteriores ningún presidente había tenido, observa el académico. Sí hay un desgaste, como ha reconocido el propio presidente, pero sigue contando con legitimidad social.

Adscrito al Observatorio Lawfare del Celag, García Fernández señala que son evidentes los cambios con respecto de las administraciones anteriores. Se han concretado reformas de carácter social que intentan darle otro cariz y otra perspectiva al Estado mexicano: en materia de hidrocarburos, electricidad, para el combate a la corrupción, para transformar la Fiscalía General de la República (FGR) y leyes secundarias para favorecer la democracia participativa, con figuras como la consulta ciudadana y la revocación del mandato.

Además, en materia de contención de la violencia, se creó la Guardia Nacional y está desplegándose en el territorio nacional con sus propios cuarteles. “Pero no basta para detener esta espiral de violencia que viene desde [Felipe] Calderón [2006-2012]”. Se avanza pero falta todavía bastante. Se ha criticado el proceso de militarización, “pero no se puede eliminar de un plumazo que los militares se encarguen de la seguridad pública en tanto no haya una policía preparada y con capacidad de despliegue nacional”.

Georgette Ramírez Kuri, investigadora invitada en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), señala que el gobierno de López Obrador, a 3 años de iniciado, regresó la función social al Estado mexicano. Considera que, en términos generales, es esa la gran diferencia con los anteriores gobiernos neoliberales “que robaron a las clases trabajadoras”.

Tal despojo se ejecutó en los sexenios pasados a través de una sistemática reducción de los salarios y el recorte al gasto público. Todo, en detrimento del acceso de la mayoría de la sociedad mexicana a la vivienda, salud, educación.

Maestra y doctorante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ramírez Kuri observa que el Estado comienza a hacerse cargo de nueva cuenta de la economía y de la redistribución de la riqueza.

El doctor en economía y maestro en ciencias económicas Ernesto Bravo Benítez está de acuerdo en que lo que más ha caracterizado al gobierno de López Obrador ha sido “la parte social”. Señala que “los programas de atención a los grupos marginados han sido el eje rector en unión con principios de austeridad fiscal”.

A este respecto, celebra los esfuerzos en la redistribución del ingreso pero recomienda ser “más proactivos en la parte económica más allá de los grandes proyectos de inversión que este gobierno está impulsando”. Por ello, en la segunda mitad del sexenio se debe aprovechar la oportunidad “de apuntalar económicamente a sectores que históricamente han estado desatendidos” y en los que se debe invertir no sólo con programas sociales sino con infraestructura.

“Es necesario redoblar el esfuerzo, más allá de los programas; también es necesario crear puertos, infraestructura carretera y aeroportuaria; y no concentrar todo el esfuerzo en los estados del sur y del sureste, pues se debe atender también la parte centro y la parte noroeste del país, que también falta equiparla de manera importante”.

El investigador en estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM advierte que el neoliberalismo en México no ha terminado, pues se impuso durante una etapa de casi 4 décadas. Esta forma de concebir el proceso económico se institucionalizó y, por ello, es complejo cambiarlo en una sola administración. El gobierno de López Obrador ya ha impulsado cambios importantes, pero sigue incrustado en áreas del quehacer económico, señala.

“La nueva administración va a medio camino y se va a llevar todavía lo que resta del sexenio para modificar inercias institucionales y pasar a una etapa post-neoliberal de impulso al desarrollo económico del país.”

Algunos cambios, inmediatos; pero el proyecto es a largo plazo

La determinación política de transformar al Estado se observa con claridad en los sectores estratégicos de México, como el energético y el de infraestructura, considera Ramírez Kuri.

Con estudios de geografía crítica en la Universidad de Sao Paulo y de geopolítica en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (de Brasil ambas instituciones),  señala que el gobierno actual ha dado giros claros con respecto de lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Ejemplifica con los esfuerzos por fortalecer las empresas estatales que, reconoce, son muy pocas luego de casi 4 décadas de neoliberalismo.

La reforma energética y la política aplicada por el obradorismo en 3 años son diametralmente opuestas a las seguidas entre 1982 y 2018. Mientras que en los sexenios pasados estaba encaminada a desmantelar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE),  ahora se trata de fortalecerlas.

Explica que el petróleo y la electricidad son dos rubros estratégicos para cualquier economía del mundo y observa que el gobierno de la 4T “sí ha implementado una serie de decisiones políticas encaminadas a que estas empresas tengan un mejor posicionamiento dentro del mercado y puedan tener mayor competencia en el mercado internacional, por ejemplo”.

Claro, señala, faltan muchas reformas y cambios “y sería deseable que se profundizaran algunos de los que se empezaron ya a trazar. En 3 años de gobierno no puedes tirar 3 décadas de avance neoliberal.”

Considera que, en sentido contrario a lo que dice la oposición sobre que este gobierno improvisa, “yo veo todo lo contrario”. Explica que bajo el neoliberalismo no se planificaba, “más bien se dejaba pasar”. El gobierno era de lo más laxo con tal de no afectar los intereses de los grandes capitalistas. Ahora hay una serie de estrategias en las que basa sus acciones y sus decisiones de política en los diferentes ámbitos: político, geopolítico, económico y social.

“Sí veo que se están tratando de articular estas dimensiones lo mejor posible; hay muchísimos especialistas que están ocupando cargos. Contrario a lo que dice la oposición, la cuarta transformación no está centralizada en una figura. Sí hay gente muy capaz que está puesta estratégicamente en cada una de las secretarías, en cada uno de los niveles de gobierno.”

Reconoce, sin embargo, que sigue habiendo muchos errores al interior del gobierno. Hay personas que provienen de otros partidos políticos y, por lo tanto, mantienen otras prácticas, otras formas de hacer política. “Pero eso me parece que está cambiando y tiene que seguir cambiando”.

La planeación estratégica también se refleja “en la complejidad de los proyectos de infraestructura para la integración territorial, en los programas para fortalecer las empresas estatales, en la reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas. Se puede ver que al menos hay un cambio en la intención y objetivos. Que esos proyectos logren concretarse, ese es otro problema”.

Georgette Ramírez Kuri agrega que uno de los grandes esfuerzos es la captación de ingresos fiscales; por ello ha logrado una recuperación millonaria que regresa al erario y que se redistribuye entre la sociedad mexicana.

También hay esfuerzos muy importantes para regularizar los salarios, observa. Es una política integral que busca incrementar de manera sostenida el salario mínimo por encima de la inflación y regularizar la subcontratación u outsourcing. Al mismo tiempo, hay esfuerzos por regularizar los empleos y por incrementarlos para dinamizar el mercado interno.

Lo anterior va de la mano con la promoción de los derechos laborales y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, como el derecho a la vivienda. Ramírez Kuri ejemplifica con los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que, con bajas tasas de interés, se busca que nuevamente el acceso a las viviendas por parte de las clases trabajadoras sea mayor.

Por su parte, el experto en economía financiera Ernesto Bravo Benítez destaca que en materia económica “hay cambios importantes” en 3 años de gobierno. Explica que alcanzan no sólo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de Economía, sino al propio Banco de México (Banxico) a pesar de ser un organismo autónomo de la administración pública federal. Cita como ejemplo que el actual gobernador, Alejandro Díaz de León, haya estado de acuerdo en utilizar el recurso del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el manejo de la deuda. “Esta actitud de quién gobierna un ente autónomo tan importante como el Banco de México no se hubiera entendido en un contexto anterior.”

A esto se suman medidas como la de la autonomía para la FGR, la transparencia que en la administración pública federal y una firme política tributaria desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la SHCP para captar recursos de los grandes contribuyentes que durante muchos años fueron consentidos fiscalmente. Además, la incorporación ˝eficiente” de las Fuerzas Armadas no sólo a labores de seguridad sino aquellas que tienen un impacto económico.

Multilateralismo y tensiones con EU

Especialista en geopolítica latinoamericana, Gerogette Ramírez observa que la diplomacia mexicana dejó de ser un medio de los funcionarios para seguir enriqueciéndose. Hoy se ve más claramente apegada a la Doctrina Estrada y dejó de favorecer intereses extranjeros en México o intereses de determinados mexicanos en el extranjero.

El papel que está desempeñando ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es “muy relevante” en varios sentidos. Primero, porque retoma el multilateralismo. Es decir, “a pesar de nuestra vecindad con Estados Unidos, a pesar de tener un 80 por ciento de actividad comercial con ese país y del problema que existe en las fronteras norte y sur por el flujo migratorio desde Centroamérica, sí se ha podido marcar una serie de límites a Estados Unidos”.

Observa “una fuerte intención” por parte del gobierno mexicano de acordar una agenda bilateral en común. México ahora está poniendo sobre la mesa cuáles son sus intereses y a partir de ellos negociar con Estados Unidos. “Y ver cuáles son los intereses que tienen en común ambos países para, entonces, acordar una agenda”.

La nueva relación se construye también con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), pues México pugnó siempre por el aspecto laboral, es decir, “defender los derechos laborales de los trabajadores mexicanos; ése había sido un tema ríspido en esas negociaciones”.

Otro aspecto a destacarse de la negociación económica México-Estados Unidos es el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel. Tal instrumento había estado suspendido algunos años y nada se hacía para equilibrar en la relación las asimetrías y la desigualdad que existe entre países como México, Estados Unidos y Canadá.

Ramírez Kuri explica que el nuevo papel de México es benéfico para los tres países en su conjunto. “Me parece que se reconfigura en sí misma la región de América del Norte porque México se reposiciona. Ya no va a ser una relación a partir de una desigualdad salarial, en cuanto a políticas o en cuanto a subsidios. México está buscando un tratado que sea mucho más equitativo en ese sentido”.

Este reposicionamiento político y económico de México en el concierto internacional se vio reflejado en la adquisición de las vacunas contra la Covid-19. La pandemia vino a mostrar claramente la multilateralidad que México ha impulsado en su política de relaciones exteriores. Por ello ha logrado tener un portafolio de vacunas extenso.

“Existen ahora nueve vacunas autorizadas para aplicarse en el país, y el origen de estas vacunas es diverso, es decir, son de origen chino, ruso, de la India, de Reino Unido y también de Estados Unidos”, destaca Ramírez Kuri. Explica que el programa de la vacuna transfronteriza es también resultado de la política social que está llevando a cabo el gobierno de México actualmente.

Sin embargo, México camina en zona minada, advierte Aníbal García Fernández. Estados Unidos cuenta con muchos mecanismos para presionar a México en el momento en que considere que ha rebasado la “independencia” que puede tolerar.

Experto en relaciones de Estados Unidos con América Latina, García Fernández observa que es una realidad que México hace funciones de contención de los migrantes. Es una medida que se tuvo que aceptar precisamente por las presiones de Estados Unidos.

En este rubro, señala, hay una política de continuidad con los gobiernos anteriores de parar a los migrantes. Sigue este proceso de ser, para Estados Unidos, una especie de primer filtro de migrantes de varias partes del mundo. “Esto va seguir y puede hacer crisis a nivel nacional y bilateral con Estados Unidos”.

Otro aspecto de tensión con Estados Unidos es la política energética que ha desarrollado el actual gobierno mexicano. Varios think tanks y cabilderos de petroleras estadunidenses protestan por la política mexicana de fortalecimiento de Pemex y la CFE. Pero el gobierno de López Obrador busca reducir la dependencia que tiene el país de las gasolinas extranjeras, explica García Fernández. Por ello la construcción de la refinería de Dos Bocas y el fortalecimiento de las seis refinerías que ya tiene el país y el impulso de la petroquímica.

Las batallas que vienen

El doctor Ernesto Bravo, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que el neoliberalismo seguirá dominando amplios márgenes de la economía mientras no haya controles al sector financiero. Explica que este sector sigue teniendo injerencia en decisiones económicas importantes. Por ejemplo, señala el investigador, “siguen siendo muy altas las tasas de interés y los gastos administrativos que a los cuentahabientes o deudores cargan”. Falta aún una regulación a este sector que sigue obteniendo beneficios que en ninguna otra parte obtiene. Es un sector altamente oligopolizado”.

Además, propone bajar la banca de desarrollo al primer piso, junto con la posibilidad de, una vez tomada esta decisión, hacer uso de al menos una tercera parte de las reservas internacionales para financiamiento de proyectos productivos. Asimismo, considera necesario establecer tanto el impuesto Tobin como el impuesto Buffet.

El primero, para gravar la entrada, salida o ambas, de inversión de cartera. “Ésta es una forma de controlar la balanza de capitales por la parte fiscal”. El segundo, un impuesto especial para el 1 por ciento más rico de la población. “No es posible que los más ricos de este país paguen una tasa de ISR [Impuesto Sobre la Renta] personal de máximo el 35 por ciento, cuando un trabajador con ingresos de 30 a 40 mil pesos ya está cercano a esta tasa”.

Además, señala Bravo Benítez, México tiene dejar de concentrarse casi exclusiva en el Tmec, en el contexto externo, y replantear el federalismo fiscal, en el interno. Se debe “convocar en serio a los estados y los municipios, hacer un esfuerzo”, para que no dependan sus ingresos en el 90 por ciento de la federación, en el caso de los estados, y del 75 por ciento en el de los municipios. “Que sean autónomos desde el punto de vista tributario les da más libertad para que con más información puedan ellos impulsar sus propios programas de desarrollo, más allá de lo que la federación pueda dictarles”.

El maestro Aníbal García Fernández coincide en que vienen 3 años de retos importantes para la 4T. En materia de reformas, falta la de la Guardia Nacional. Si bien se aprobó la que le dio origen a esta nueva Fuerza Armada, ahora va por la consolidación de su carácter militar. El otro reto es el de la reforma fiscal. Va a generar mucha oposición, advierte García Fernández, sobre todo de los grupos económicos que van a estar pugnando por la defensa de sus intereses. Estos grupos están enquistados en las estructuras del Estado porque constitucionalizaron sus intereses económicos. La reforma fiscal permitiría sustentar las bases de un proceso de transformación.

Observa que la realización de esta reforma va a depender de la correlación de fuerzas que haya y del apoyo social que mantenga el gobierno federal. Si no tiene apoyo social, no podrá hacerlo.

Explica que si no hay apoyo social, el gobierno difícilmente se va a radicalizar. “Y no estamos hablando de una radicalización como la de gobiernos progresistas de América del Sur. Hablamos de por lo menos hacer que las grandes empresas paguen impuestos; hacer que las pequeñas y medianas tengan más oportunidades de crecer ante grupos oligopólicos y monopólicos nacionales y trasnacionales. En el fondo, es sentar las bases que permitan al país un desarrollo endógeno, que es algo que perdió México desde 1982”.

Georgette Ramírez Kuri considera que la 4T ya hizo su mayor número de reformas del sexenio. El mejor escenario para las reformas era el de la primera mitad, los primeros 3 años, cuando contaba con mejores condiciones y una ventaja más amplia en el Poder Legislativo. Estas reformas se hicieron en los sectores que más preocupan al proyecto encabezado por López Obrador.

Advierte un periodo más conflictivo que la primera mitad. Y, considera, hace falta una “autocrítica” del actual gobierno ante la pérdida de espacios en el Poder Legislativo.

Los riesgos que observa para la segunda mitad están encabezados por la relación con Estados Unidos, sobre todo en el tema comercial. Hasta ahora ambos gobiernos han sido cautelosos y han podido hacer prevalecer las coincidencias. Pero “en muchas cuestiones no van a coincidir; por más que estén tratando de negociar una agenda en común, bilateral, cada país tiene sus propios intereses y, por ejemplo, en la cuestión energética son intereses contrarios”.

Otra probable fuente de conflictos en la segunda mitad del gobierno es el sistema judicial, advierte Ramírez Kuri. Lo anterior, porque es una instancia a la que está recurriendo la oposición como su campo de acción, al que no tener más incidencia de la que quisieran en el Ejecutivo y el Legislativo. “Justo el poder Judicial es un poder que no es elegido por voto popular, lo cual hace que no tenga transparencia, que la rendición de cuentas sea muy difícil”. Y los intereses creados últimamente están defendiendo su autonomía, pero a conveniencia de ellos mismos.

“La oposición no tiene una base social de la cual el actual gobierno deba preocuparse, pero sí llama mucho la atención que no hayan aceptado una sesión extraordinaria para discutir la revocación de mandato. Es paradójico porque la oposición sí quiere la salida de López Obrador, pero no legal, pareciera que no quieren una salida que sea legítima o que sea votada por la gente y, sobre todo, el precedente que deja la revocación de mandato. Parece que la oposición se inclina por vías golpistas, a lo mejor no un golpe militar, pero sí un golpe judicial”.

En la agenda bilateral con Estados Unidos hay dos temas que coinciden en las preocupaciones de los dos países: la migración y el narcotráfico. México ha propuesto un cambio en el combate a estos dos problemas y Estados Unidos ha tenido que ceder. Inclusive ahora el gobierno de Biden presenta como propia la propuesta de México de enfrentar las causas de la migración y no sólo llenar las fronteras de militares. Con ello, y aunque no lo hace abiertamente, Estados Unidos, ha tenido que aceptar parte de su responsabilidad para solucionar estos problemas.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano descentraliza el narcotráfico como problema, observa Georgette Ramírez. Porque no sólo es el tráfico de drogas, es todo lo que implica: tráfico de armas, de personas, de vehículos, de combustibles robados, es decir, el problema se tiene que abordar como toda una economía que se ha generado por el narcotráfico.

“Una propuesta como la de aplicar el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro sí es justo darle la vuelta” a soluciones que privilegiaban el uso de la fuerza y que tenían escasos resultados. “Ahora se trata de solucionar problemas por la vía pacífica y ya no por la vía militar”.

“En la parte positiva veo que va a ser un periodo en el que se concreten muchos proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura, y sí se va a notar ese cambio en cosas materiales.”

Conflictos con la izquierda social

México vive conflictos eco y socioterritoriales de larga data, señala el latinoamericanista Aníbal García Fernández. Hay una continuidad, respecto de algunos proyectos, que están generando conflictos sociales. En primer lugar, el del Tren Transístmico que buscaron construir los presidentes Carlos Salinas, Vicente  Fox y Enrique Peña Nieto. Muchos grupos se han opuesto porque implica partir el país a la mitad, observa. Lo que no se debe perder de vista es el carácter geopolítico del proyecto. “Ese interés lo tiene Estados Unidos desde, por lo menos, el Siglo XIX”.

Tiene una connotación geopolítica y económica, explica. Estados Unidos y sus grandes refinerías están tratando de pasar por ahí una gran cantidad de refinados y productos petroquímicos. El otro aspecto es la migración, pues implica interponer una frontera que no es física, pero que es de la acumulación de riqueza que sirva para la contención migratoria.

El otro asunto, a decir de García Fernández, es el del Tren Maya. Es más conflictivo porque se enfrenta a otra configuración histórica y territorial del país. Desde 1994, luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se construyeron “numerosos y grandes procesos organizativos”, como los Caracoles. “Le va a explotar este tema al presidente; no creo que sea algo tan sencillo como aplicar ese tipo de consultas que fueron criticadas” por no respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo signado por México. “Va ser algo que va a tener que enfrentar”.

Para López Obrador, explica, el Tren Maya es una manera de buscar el desarrollo de esa región del país que tiene los índices de pobreza más altos. Advierte que el proyecto de Andrés Manuel no es anticapitalista. Sí es distinto al neoliberal y plantea cortar este proceso de desgarre forzado del país.

Señala que los gobiernos neoliberales implantaron tres patrones territoriales de organización económica distinta: el del Norte, el del Bajío y la parte Centro y el del Sur. Este último, totalmente desligado de la economía nacional en algunos aspectos como el de la agricultura y el del sector manufacturero.

A este respecto, “no hay que perder de vista que México está profundamente ligado a Estados Unidos. Entonces cada decisión debe tener en cuenta que va a haber repercusiones” en la relación bilateral y en cada uno de los países.

“Y el proyecto del Tren Transístmico y el Tren Maya son parte de esto. El margen de acción que tiene el presidente se reduce bastante. El actual gobierno mexicano está costantemente probando la posibilidad de poder conducirse por fuera de los márgenes del neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio, pero no hay mucho margen.”

Agrega el Tmec, antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es una camisa de fuerza para el gobierno de López Obrador. En términos generales no puede salirse de ese margen de acción porque sería ponerse contra los intereses imperialistas de Estados Unidos y tampoco es estratégico hacerlo. Hay que tener en mente que este tipo de temas no están por fuera de la lógica de la política estadunidense.

Amanecer económico

El segundo trienio será de crecimiento económico, luego de la crisis mundial generada por la pandemia de Covid-19, asegura el maestro en ciencias económicas y doctor en economía Ernesto Bravo Benítez. “Ya maduran en el corto plazo grandes proyectos de producción y de inversión” que consolidará a México como una plataforma logística de exportaciones atractiva para los cuatro puntos cardinales.

“México está llamado a ser un centro logístico internacional; la Ruta de la Seda también va a pasar por México en la parte marítima y es algo que ya está más que visualizado, de tal manera que si la actual administración es capaz, sobre todo con estos cambios que se hicieron en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, de articular la política monetaria, fiscal y cambiaria en una dirección de fortalecimiento productivo, el país se va a recuperar.”

Confía en que la recuperación de la economía mexicana será muy por encima de la registrada durante los 38 años de neoliberalismo. No sería “para nada suficiente” si el crecimiento fuera del 2 por ciento, como en todo ese periodo. “La apuesta, tratando de leer directamente tanto los documentos básicos que guían la política económica del gobierno como entrelíneas, apunta a una recuperación de tasas de crecimiento de entre 4 o 4.5 puntos porcentuales del PIB”.

Advierte que tales tasas promedio anual pasan por fortalecer el Estado de derecho, en donde la certidumbre de las inversiones sea mayor. En ese sentido, podría llegar a recuperar las tasas históricas previas al neoliberalismo, “en dónde por más de 50 años fue del 6.5 por ciento el crecimiento real. Estamos haciendo referencia a lo que sirvió este en este país durante el famoso Milagro Económico; lo podemos recuperar sin lugar a dudas”.

Señala que durante todo el periodo neoliberal el crecimiento económico del 2 por ciento no sólo es raquítico. Explica que si se considerara la expulsión de 12 millones de connacionales al exterior, incluso no se habría registrado crecimiento alguno. “Si ellos se hubieran quedado en el país, con esta tasa de crecimiento el PIB per cápita hubiera sido 0.0. Esa válvula de escape finalmente significó para algunas familias mexicanas poder salir adelante”.

Considera que lo que viene para México “es una etapa muy interesante” en donde se están generando las condiciones que se le negaron al país por mucho tiempo. “México ya empieza a ser reconocido. Las condiciones están puestas para que, haciendo bien las cosas, México se consolide. Necesitamos por supuesto invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación. Esa es la piedra angular, junto con las medidas que comentábamos, que va a catapultar a este país”.

La oposición de derecha

En el ámbito de la política interna, observa Aníbal García Fernández, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) van a seguir en su alianza que han sustendado desde 2012. Ahora su campo de acción intentan extenderlo a organismos internacionales. Al menos llevan seis visitas al extranjero con este fin. La última vez fueron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero también se reunieron con el Wilson Center.

“Este think tank no es menor. Es de los que han hecho cabildeo importante para aprobar todas las reformas constitucionales de Peña Nieto y anteriores. Panistas, priístas y perredistas están buscando la forma de generar alianzas y encontrar espacios en el centro de poder de Estados Unidos, que saben que podrían ponerle un alto a Andrés Manuel. Si hay algo que recorra la historia de México es el fantasma de Estados Unidos.”

García Fernández considera que estos grupos políticos están buscando en Estados Unidos la legitimidad que no tienen en México. Pero tampoco cuentan liderazgo, cohesión, bases ni organización. Lo único que les queda es el golpeteo económico y mediático y la búsqueda de aliados en organismos internacionales.

Pero que no tengan legitmidad no significa que no tengan poder, aclara. “El pocer económico no está por fuera del poder político. Van juntos. Se van determinando [estos grupos] unos a otros. Sí han sido medianamente desplazados del Estado y no encuentran facilidades en el gobierno actual como las tuvieron antes”.

Golpe político contra AMLO

José García Sánchez

El robo de atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) a los legisladores mexicanos de todos los partidos respecto a la consulta popular que contendría la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un ensayo para un golpe político mayor contra su gobierno.

Fue un robo acordado porque al negarse los partidos políticos de oposición a debatir en el Congreso la Ley reglamentaria que diera luz verde a dicha consulta popular, la dejó en manos del INE.

Los antecedentes del INE en la coalición con la oposición tienen incidentes claros que acusan imparcialidad y falta de autonomía; sin embargo, las autoridades electorales tienen en México un blindaje que resulta difícil reformar su estructura o cambiar a los consejeros electorales. Es el mismo caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (Trife) cuyos magistrados también actúan de manera coordinada con la oposición.

Cancelaron la candidatura en el estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, para gobernador, por no haber comprobado un gasto de 19 mil pesos, falló a favor de la oposición al momento de restar tres diputaciones federales a Morena, partido en el poder, por causas no graves, impone revisión de voto por voto en los estados donde gana Morena, etc. Sus decisiones son inapelables.

En este panorama los consejeros electorales y los líderes de los partidos PAN, PRI, PRD, MC acordaron que el formato y diseño de la consulta estuviera en manos del INE, porque se negaron al acuerdo legislativo, condición consensuada como parte del plan de desestabilización. Esto otorga facultades de facto al INE en un derecho que corresponde, por ley, a los legisladores.

La alianza conservadora entre el INE y los partidos de oposición se muestra en toda su magnitud, anunciando que los objetivos previos a las elecciones del 6 de junio, cuando no alcanzaron la cantidad de votos esperados, se llevarán a cabo por las buenas o por las malas. Lo que no consiguieron en las urnas lo obtienen a través de fallos de un tribunal parcial y un árbitro electoral cómplice.

Si juntamos al INE, al Trife y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también han actuado contra la administración pública abiertamente, esas tres entidades, unidas a los legisladores de oposición, serían las necesarias para crear un golpe político contra el Presidente de la República, tal y como sucedió en Brasil con Lula da Silva, con acusaciones falsas que luego retiraron, peor mientras ya lo habían derrocado.

La impunidad que les ofrece el blindaje a las instancias electorales y a la Suprema Corte, son la base legaloide más fuerte para tejer desde sus oficinas lo mismo que hizo el entonces fiscal Sergio Moro, a través de la Operación Lava Jato de la cual se presentaban denuncias dando instrucciones para la desestabilización, condición prohibida por la Constitución y el Código Penal brasileño. Moro fue Ministro de Justicia los primeros años del régimen de Jair Bolsonaro.

La ayuda de organismos internacionales de derecha es importante, tal y como sucedió en Bolivia donde se dictaminó fraude electoral con el apoyo de la OEA, para descalificar dicho fallo y ratificar las simpatías electorales por el partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), que volvió a triunfar en las urnas con Luis Arce en la presidencia.

La enemistad aparente entre los magistrados de la Suprema Corte, del Trife y los consejeros del INE fue la propuesta de campaña del ahora presidente que marcaba como límite máximo el salario del Presidente de la República dentro de la administración pública. Y al llegar se redujo a la mitad el salario existente. Los magistrados y consejeros se ampararon, protestaron, y ratificaron su integración al bloque opositor al que siempre pertenecieron.

La Corte Suprema de Brasil falló contra Lula da Silva sin las pruebas suficientes, por el delito de lavado de dinero, y otros inventos, él lo llamó “víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años”. El apoyo de los legisladores fue fundamental en este juicio.

La historia está plasmada en América Latina, donde los golpes de estado han sido recurrentes y mutantes, la maquinación de un golpe político en México se anuncia sin ningún sonrojo.

El tejido de esta maniobra legaloide anuncia golpes mayores contra la administración de Andrés Manuel López Obrador, el rescate de privilegios es prioridad para quienes orquestan golpes menores en espera de uno definitivo.

Opositores al gobierno, el linde entre la pluralidad y el golpe de Estado blando

Nancy Flores

Los grupos opositores al gobierno de López Obrador apelan al concepto de pluralidad democrática para encubrir un golpe de Estado blando. Sus campañas de desprestigio van desde señalar que el presidente atenta contra la libertad de expresión hasta que es un dictador o está aliado con el narcotráfico. Aunque es problemático diferenciar la vida democrática del intento golpista, la doctora Violeta Vázquez-Rojas –investigadora de El Colmex– señala que sí hay indicios claros de que en México hay una estrategia de derrocamiento contra el gobierno de la 4T

Las campañas de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador iniciaron años antes de que éste llegara a la Presidencia de la República y han arreciado a partir de diciembre de 2018. Del “peligro para México” pasaron a imputarle que atenta contra la libertad de expresión, que es un dictador y no saldrá del Poder Ejecutivo en 2024 o, más recientemente, que es aliado del narcotráfico. Más allá de la pluralidad democrática, estas acusaciones forman parte de la estrategia de golpe de Estado blando descrito por el politólogo estadunidense Gene Sharp como aquel que emplea técnicas no frontales ni violentas para desestabilizar los gobiernos progresistas y finalmente derrocarlos.

Al respecto, la doctora Violeta Vázquez-Rojas, profesora-investigadora de El Colegio de México (Colmex) observa que, por la propia naturaleza de lo que se define como golpe blando, es muy difícil diferenciarlo de la vida democrática normal, con pluralidad de opiniones, con críticas al poder político, “pero eso es parte de su chiste”.

Según Sharp, las cinco fases del golpe de Estado blando son: ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza; deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas; promover constantes movilizaciones de protesta; emplear rumores para generar escenarios de falsa carestía y, con ello, señalar la incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes; finalmente viene la fractura institucional, donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen.

La doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York advierte que en México hay dos posturas: una que está muy alerta de este tipo de estrategias, las nombra como golpe blando y, por lo general, es parte de las redes obradoristas; y otra postura que no necesariamente es antiobradorista, pero que cree que las campañas anti-gobierno se inscriben en la pluralidad y la democracia, por lo cual piensa que usar el término golpe blando es una manera de acallar las críticas.

“Ése es el primer problema: el mero uso del término de golpe blando ya te sitúa en un punto del espectro político y por eso mucha gente o bien no lo usa o no quiere volverlo parte de su vocabulario político/cotidiano”. Sin embargo, observa que si se analizan las cinco fases que define Gene Sharp de cómo se conforman los golpes blandos, “pues sí hay muchos elementos que podemos reconocer en la situación actual en México. Entonces, si no quieren, pues no lo llamamos así, pero sí hay que reconocer que muchos de esos mecanismos están operando en este momento en el país”, considera la investigadora.

Respecto de la fase del ablandamiento social, indica: “para hablar de ejemplos recientes, toda la campaña de falsas noticias o falsas estimaciones de la estrategia contra la pandemia tiene sin duda ese objetivo de generar en la gente esta desesperanza, de que no vamos a salir de esto, que está mal manejado, que se pudo evitar. Ése es el tipo de pequeñas tácticas para deslegitimar toda una estrategia e inocular el sentimiento de que las cosas se hacen mal, de que otros países lo hacen muy bien. Esto es, digamos, la gran mediática que hemos estado sufriendo durante todo este año: qué duro vivir una pandemia y encima de eso vivir todo este bombardeo de noticias y estimaciones, algunas hiperbólicas, algunas francamente falsas. Entonces, creo que en ese punto sí podemos ver cómo se está implementando en México el malestar y la desesperanza”.

Para la investigadora, estas campañas enfrentaron un problema con la vacunación, porque ésta le da mucha esperanza a la gente; y entonces las energías se enfilaron a deslegitimar la estrategia de vacunación. “¿Cómo? Haz el escándalo de que los médicos no han recibido su vacuna, cuando lo que tenemos es un problema enorme en el censo de los médicos privados, porque ni siquiera están contratados, no tienen base en los hospitales y no puedes saber exactamente a quién vas a vacunar, entonces eso no lo mencionan, nada más dicen que el gobierno no quiere vacunar a los médicos de hospitales privados para crear otra vez deslegitimación de la estrategia de vacunación, cuando desde que empezó ha imbuido mucha esperanza en la gente”.

El llamado golpe de Estado blando sí busca arrebatarle a la gente la felicidad o la confianza en su gobierno, en el gobierno que eligió democráticamente, porque éste no es un gobierno que se impuso por el poder económico, es una lucha democrática de 18 años que está enfrentando el golpe contra-mayoritario, tanto de los medios como de los jueces, advierte la doctora Vázquez-Rojas.

“Otra cosa que también coincide con la definición de golpe blando es esta defensa de la libertad de expresión como si estuviera bajo amenaza, cuando no ha habido en ningún momento que yo recuerde un régimen político en el que hubiera tanta libertad de expresión como ahora, lo que sí hay es un tú por tú en la discusión política: la libertad de expresión no es la libertad de permanecer incontestado, o sea, es libertad para unos y para otros. Es libertad de decir y libertad de contestar, de replicar.”

La lingüista observa que otra señal de que en México se transita por la fase del ablandamiento social es precisamente “el uso de términos sumamente beligerantes para describir el estado actual de la libertad de expresión. ‘El presidente ataca’, ‘los ataques del presidente’, ‘el linchamiento del presidente’, cuando el linchamiento es una cosa horrible: es atentar contra la integridad física de una persona, una turba y sin un juicio de por medio, es un fenómeno muy específico, muy dramático, y decir que el hecho de que el presidente conteste una crítica es un linchamiento, o que llame conservador a un periodista es un linchamiento, me parece que son hipérboles que se utilizan para normalizar un ambiente de fricción y en el que se representa al gobierno como autoritario, como un gobierno intolerante, etcétera. Entonces eso coincide con esa definición de Gene Sharp que la estrategia de defender la libertad de expresión que se encuentra bajo una supuesta amenaza, pero es una amenaza solamente en la retórica de los adversarios del presidente”.

La investigadora de El Colmex advierte que aunque el concepto de golpe blando se puede confundir con un ambiente de pluralidad democrática, en el que hay muchas opiniones y una crítica abierta al gobierno, hay acciones reveladoras de que lo que hay no es nada más una crítica abierta al gobierno. Entre éstas, la alianza de los partidos políticos de oposición entre ellos y con una parte del sector empresarial.

“Los partidos políticos desdibujaron totalmente su ideología, entonces no hay algo así como: ‘el PRD está luchando estas batallas, el PRI está por defender sus corporaciones históricamente fundadas o el PAN está por defender sus valores conservadores’. No. Hay un total desdibujamiento de ideologías en los partidos, y si no tienen ideología, ¿entonces qué son? Pues no son nada: son máquinas de captar votos nada más. Ése sí es un indicio de que no se trata de una pluralidad democrática, se trata de una conformación de un frente antigobierno elegido popularmente. Por otro lado, la colusión de estos partidos ya sin ideologías con los grandes capitales, como los que representa Claudio X González Guajardo, pues son una vista descarada de que sí estamos ante este tipo de estrategia [de golpe blando]”.

El riesgo de la crítica legítima

La doctora Vázquez-Rojas observa que entre quienes critican al gobierno hay dos tipos de actores que hay que diferenciar: por una parte los que juegan un papel claramente en contra del gobierno y a favor de restituir el poder económico que tenía adoptado el poder político anteriormente, y, por otra parte, quienes defienden posturas con las que todos estamos de acuerdo: el medio ambiente, las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, etcétera.

De éstos últimos observa que, de pronto, empiezan a jugar con el otro lado, que es la parte que me parece más delicada de todo este equilibrio, de cómo se le debe hacer desde el obradorismo para no alienar esas causas que son legítimas. “Un movimiento que reclama derechos es un movimiento legítimo, al contario de quienes reclaman intereses económicos, entonces la cuestión es cómo diferenciarlos, porque a veces se camuflajean unos por otros. Ahí es donde creo que hay muchos medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, movimientos políticos que tratan de reclamar derechos, de demandar derechos, pero que lamentablemente terminan en uno u otro lado de esta afrenta que sí está polarizada: no hay tintes medios, estás con el uno o estás con el otro y eso me parece que es un momento delicado que hay que tratar con muchos más matices”.

En ese contexto, considera que no es muy productivo cuando el presidente López Obrador acusa a las organizaciones no gubernamentales porque hay ciertos enemigos que no vale la pena hacerse porque podrían ser buenos aliados. Nada más que es muy difícil hacer estas distinciones en público sin caer en un lado o en el otro del debate. Y eso es lo lamentable al menos de la situación discursiva actual.

Por ello considera que es muy importante discutir abiertamente: “hay que tener siempre muy claro qué es lo que está definido por cada término. Por ejemplo, ese término de golpe blando ya sabemos que usarlo te pone inmediatamente del lado del obradorismo, pero ver lo que define te empieza a detallar una realidad política que sí puedes reconocer como la realidad actual mexicana. Lo mismo pasa con el término de polarización y, entonces, creo que hay que ser muy agudos en cómo definimos las palabras con las que estamos definiendo el ambiente político y reconocer nuestra realidad política de acuerdo con esas definiciones, más allá de las simpatías que nos adscriben por usar un término u otro”.

Y agrega que “no importa cómo lo llames, lo que define el golpe blando es algo que sí está pasando y en lo que sí hay actores con intereses económicos muy fuertes que están jugando, y tenemos que hablar de eso para que precisamente los grupos opositores de izquierda y periodistas de buena fe empiecen también a jugar el juego de la crítica y la deslegitimación. Ahí es donde está el peligro”.

Añade que el presidente se ha adelantado a estas estrategias de deslegitimación y, por ello, “hay ciertas movidas que no entendemos. No entendemos por qué el presidente le da tanto poder a los militares, pero que está varios pasos adelante previendo que si no usa él a los militares quién los va a usar”.

—Y puede ser la militarización un tema que vuelve a polarizar, porque finalmente todos aspiramos hacia un estadio de paz, y nos parece que la vía militar no nos va llevar a eso. Finalmente, siendo críticos de lo que acontece en este país, de lo que hemos vivido en épocas tan oscuras como la Guerra Sucia o como todo el periodo de Felipe Calderón que ha sido un desastre de materia humanitaria, pues evidentemente no estamos convencidos o de acuerdo con esta parte, pero si lo vemos dentro del todo pareciera que es necesario, o sea, no puede irse contra el Ejército porque entonces ya no le queda nada.

—Exacto. Y además porque creo que también lo que nos polariza es el uso de los términos: en el debate público se habla de la militarización que está promoviendo Andrés Manuel como si fuera la misma de Felipe Calderón y, perdón, si militarización quiere decir tener a los militares haciendo un papel muy activo en la sociedad, cederles espacio de acción y de poder, vamos a suponer que eso es la militarización, perdón pero son muy diferentes las actividades que realizan en este momento de las que realizaban con Felipe Calderón. Entonces, ¿por qué ese matiz no queremos hacerlo? O sea, si las dos cosas son militarización, pues entonces son militarización “uno” y militarización “dos”. Son dos fenómenos muy distintos. No es lo mismo tener a los militares en las calles patrullando puntos de revisión: no sé si te acuerdes cómo era en tiempos de Felipe Calderón que no podías andar por una carretera sin que te parara un retén de militares y te revisaran hasta por debajo de los tapetes del coche, tú viajando con tus hijos, y en ese momento no sabías si ibas a salir vivo o no porque el índice de letalidad de los militares en los tiempos de Calderón era una cosa bestial. Y en este momento hay miliares en las calles, por supuesto; seguimos viendo montones de camiones militares pero por lo menos ese terror que te inspiraban en el tiempo de Calderón no es lo que está digamos en el ambiente. Ya sabes que están ahí porque llevan vacunas a no sé dónde o porque van a llevar los libros de texto, o porque están haciendo infraestructura. O sea, sí importa en qué empleas a los militares: no es cosa nada más de si les das poder o no, sino qué tipo de poder y para qué tipo de acciones. Y yo sé que lo que no nos gusta es la idea de que cuando se vaya López Obrador va a llegar un loco que no sepa dominar el poder de los militares y que finalmente lo militares terminen haciendo lo que ellos quieren, por supuesto que ése es el riesgo que todos vemos y que no queremos que ocurra, pero por lo pronto sí debemos diferenciar dos tipos muy distintos de militarización entre este sexenio y el de Felipe Calderón.