23.1.17

Ley de Seguridad Interior: ceden civiles gobernabilidad a militares


Zósimo Camacho

Los mexicanos empobrecidos, verdaderos destinatarios de la Ley de Seguridad Interior. El uso de los cuerpos castrenses en la contención de protestas, el objetivo de las élites gobernantes, según analistas

El gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa. Les urge una Ley de Seguridad Interior que contenga a la sociedad y, particularmente, a la serie de movilizaciones que se esperan para este año. Por separado, y aunque con matices, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas y militares retirados coinciden: no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano, sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el convulso panorama político de la República.

Aprobar “cuanto antes” una Ley de Seguridad Interior, como anunció el diputado priísta César Camacho Quiroz, es la encomienda de los legisladores de los tres partidos políticos dominantes en el Congreso federal: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), los mismos del Pacto por México que hizo posible las llamadas “reformas estructurales” que hoy generan el rechazo de amplios sectores de la población.

Para ello, las tres organizaciones políticas han presentado sendas iniciativas que ya se analizan en la Comisión Permanente del Poder Legislativo y, se ha anunciado, ya encontraron “coincidencias” que les permitirá legislar con rapidez. La iniciativa priísta será el documento base.

Los especialistas consultados por Contralínea mantienen posiciones encontradas sobre si es necesaria en estos momentos una Ley de Seguridad Nacional para el país. Pero sí están de acuerdo en que se estará cediendo a los militares un poder que difícilmente soltarán después. También reconocen que se estará militarizando, aún más, la vida cotidiana de los mexicanos. Y que poco incidirá la militarización para ganar y terminar la “guerra” contra el narcotráfico.

Para Raymundo Díaz Taboada, coordinador de Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), la población  mexicana no necesita en estos momentos una Ley de Seguridad Interior.
Quien la necesita es la alianza entre políticos y grandes empresarios, temerosa de las movilizaciones sociales, dice el médico de profesión y activista de los derechos humanos.

Díaz Taboada señala que la Ley de Seguridad Interior viene a profundizar “un estado que va limitando derechos sociales, humanos, civiles y políticos”. Esta ley tiene como objetivo contener a la población en un contexto en que “los salarios no han aumentado de manera real; la seguridad social se ha ido perdiendo, hay un trabajo precario cada vez más extendido. No es raro que venga una Ley de Seguridad Interior cuando vivimos en un proceso de empobrecimiento de la población mexicana”.

La Ley de Seguridad Interior coadyuvará en “el control de la masa empobrecida. Por un lado está la mano dura para la creación de terror, inmovilización, romper el tejido social; y por otro lado está todo el manejo de pan y circo”, observa.

México sí necesitaría una Ley de Seguridad Interior; pero siempre y cuando, antes, se establezca una nueva de Seguridad Nacional y, antes aún, una doctrina de seguridad nacional, considera Guillermo Garduño Valero. A decir del especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, se debería de definir, primero, qué valores son los que la nación mexicana desea preservar.

Agrega que, a la fecha, la seguridad nacional sigue enfocándose contra los movimientos sociales y se sigue confundiendo a la seguridad nacional “con la seguridad del presidente de la República”.

Precisamente por ello, “la población tiene un enorme disgusto con respecto de la autoridad”. Que la actual Ley de Seguridad Nacional ha fallado lo demuestra que la nación está “al garete, sin liderazgo y sin ningún elemento que unifique una posible convocatoria a la nación”, dice el sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.

Para el general retirado Jesús Ernesto Estrada Bustamante, México sí necesita una Ley de Seguridad Interior. Podría constituir una oportunidad para establecer con claridad los límites de actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en asuntos de seguridad pública.

El problema, dice el general de división diplomado de Estado Mayor, son los legisladores: “Salvo honrosas y raras excepciones”, ignoran todo en la materia y sólo buscan aprobar al vapor un marco jurídico que haga legal lo que hoy están haciendo fuera de la ley los efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar): combatir a las delincuencias, tanto las organizadas como la de tipo común.

Para que se cuente con una Ley de Seguridad Interior que realmente funcione, a decir de Estrada Bustamante, se necesita de “una discusión amplia, que involucre a especialistas en seguridad, juristas, defensores de derechos humanos, en fin, que sea fruto de una gran participación”. Algo que no se está haciendo. Una Ley al vapor –dice el general que desde que pasó a situación de retiro en 2008 ha hecho carrera en la seguridad pública– podría ser contraproducente para las propias Fuerzas Armadas.

 “Cualquier método” podrán usar los militares

Tres propuestas de Ley de Seguridad Interior ya se analizan en las cámaras del Poder Legislativo federal. Una fue presentada por Jorge Ramos, diputado del PAN, en noviembre del 2015. La otra, por los diputados del PRI César Camacho y Martha Tamayo a finales de octubre pasado. La tercera, por el diputado del PRD Miguel Barbosa este 12 de enero.

Ocho comisiones ordinarias de las cámaras son las encargadas de analizar y preparar el documento que se someterá a votación del pleno, se espera, en los primeros días del próximo periodo de sesiones. Se trata de las comisiones unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores; y de Gobernación y de Seguridad Pública, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.

Las similitudes entre las tres iniciativas han permitido que panistas y perredistas acepten como base la presentada por los priístas y, en el periodo ordinario de sesiones, se apruebe con agregados de las bancadas de “oposición”.

Los legisladores destacan que buscan clarificar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y, también, establecer que sea sólo por periodos estrictamente establecidos. Señalan que se impondrán límites a la actuación de los elementos castrenses.

Pero lo que no dicen es que prácticamente los efectivos de la Sedena y la Semar podrán salir a las calles por cualquier asunto y para combatir no sólo a delincuencia organizada.

Según el texto que se busca aprobar, y del cual Contralínea posee copia, la intervención de las Fuerzas Armadas estará justificada cuando ocurran “actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes, o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico”.

Además, prevé que el Ejecutivo ordene la actuación de los militares cuando lo considere necesario y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sólo será “informada” por la Secretaría de Gobernación, sin que el Poder Legislativo tenga injerencia en tal determinación.

En la propia exposición de motivos de la iniciativa se enlista a la pobreza como una de las causas que vulneran la seguridad nacional: “La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia”.

En el párrafo III del artículo 7 de la iniciativa se considera amenaza a la seguridad interior  “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país”. En una interpretación amplia que quedaría a criterio del presidente de la República, las protestas cabrían en estos supuestos para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles.

Aunque se señala que se deberá establecer un periodo para la declaratoria de protección a la seguridad interior, en el artículo 14 se establece que dicho periodo puede estar sujeto a las “prórrogas que se consideren necesarias” mientras subsistan las causas que dieron origen a dicha declaratoria. En los hechos, es por periodo indefinido.

El artículo 25 dice: “Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior y se  percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones”.

Por su parte, el artículo 28 señala que: “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de seguridad interior. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información”.

Así, “cualquier método” será válido para la Sedena y la Semar para investigar y prevenir asuntos de seguridad pública.

Legalizar lo ilegal

Por ello, la Ley de Seguridad Interior es en realidad un marco legal que vendrá a otorgar mayor impunidad de la que ya existe. Todo sin tomar en cuenta que elementos de las Fuerzas Armadas ya están involucrados en crímenes o violaciones de derechos humanos, dice Raymundo Díaz Taboada.

El activista, quien junto con la organización de la       que es coordinador –el Ccti– ha brindado apoyo a víctimas de tortura y otras agresiones cometidas por militares, señala que los soldados y marinos podrán ahora con mayor libertad entrar a una casa, intervenir teléfonos y demás tipos de comunicaciones.

“De hecho, el estado de excepción en muchas partes de la república está vigente de facto. Pasas por un retén [militar] y te bajan. Y si no te bajas, te maltratan, te torturan, al apuntarte con armas, al jalonearte, al amenazarte, al no permitir que se graben los abusos. Y eso es suspender garantías, suspender la libertad de tránsito.”

Precisamente esos retenes son la muestra de la no sujeción de los militares al poder civil: ahí ellos interrogan y, como ha ocurrido y se ha documentado, pueden juzgar y ejecutar extrajudicialmente.

Díaz Taboada sabe de lo que habla. La sede del Ccti, en Guerrero, ha acompañado casos de este tipo desde antes de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició supuestamente una lucha contra el narcotráfico, mandó a las calles de todo el país a soldados y marinos fuera de las normas constitucionales. Hizo en toda la República lo que desde finales de la década de 1960 los sucesivos gobiernos federales habían ordenado para Guerrero.

“Desde entonces todo esto ha sido ilegal. Y ahora lo que el Estado mexicano pretende es legalizar una acción inconstitucional que, en todo la República, ha durado 10 años.”

Con la Ley de Seguridad Interior “lo único que se va a legalizar es la ilegalidad”, dice el doctor Guillermo Garduño. También ejemplifica con los retenes: “Los retenes, para comenzar con lo más elemental, son anticonstitucionales porque impiden la libertad de tránsito. Y definitivamente ahora los van a legalizar. Otro ejemplo es que la Armada de México no está protegiendo nuestras costas, que abarcan el doble del territorio nacional terrestre, sino que están interviniendo en la detención de delincuentes”.

Garduño agrega que esta situación está deteriorando a las dos secretarías: la Sedena y la Semar.
¿Seguridad pública o seguridad nacional?

A decir del general, el actual problema de México es de seguridad pública; “pero si se sigue descuidando como hasta ahorita, se volverá de seguridad nacional”. El militar ve dos escenarios que podrían hacer que el problema de seguridad pública devenga en seguridad nacional.

El primero sería un pacto entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada mexicana para realizar ataques contra instituciones mexicanas e intereses de Estados Unidos en México, o preparar desde este país atentados en ciudades estadunidenses.

Un segundo escenario serían los levantamientos populares ante la incapacidad del Estado mexicano de brindar la mínima seguridad a su ciudadanía. “Algo que podría ya empezar a ocurrir”.

Según el general, la seguridad en México está fallando porque no existe una estrategia definida. “Ahorita nada más están dando lamparazos: surge un problema por aquí y ¡pum!, mandan gente; surge otro problema por allá y ¡pum!, mandan gente”. Pero no hay una estrategia definida.

Pero la seguridad de la población no es un asunto policiaco, dice el doctor en sociología y especialista en seguridad nacional Guillermo Garduño. No es con más policías como se garantiza la seguridad de las personas. Por lo tanto, no será tampoco con la incorporación de los miliares a las labores de seguridad pública como se abatirán los índices de inseguridad. Será fortaleciendo a la sociedad.

“La seguridad pública supone, fundamentalmente, la participación ciudadana, algo que en México está prácticamente ausente. Por lo tanto, la seguridad interior tiene que garantizarse no a partir de más policías, sino a partir de una sociedad más organizada”, con la claridad de cuáles son las amenazas y los riesgos que enfrenta.

La guerra ya fracasó… y la siguen alimentando

Las Fuerzas Armadas no deberían estar combatiendo delincuentes, pero no tienen otra opción, según el general Estrada Bustamante. “Si sacas a la Defensa Nacional y a la Marina de esta lucha contra la delincuencia, qué pasaría; todo se va al garete”.

Reconoce, además, que ante la incapacidad de la Policía Federal, de las policías estatales, de las municipales y del mando único, las Fuerzas Armadas actualmente ya están combatiendo no sólo al narcotráfico y a las otras formas de delincuencia organizada, sino “también a la delincuencia común”.

Sobre la necesidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes tengan que enfrentarse al crimen, Garduño se muestra de acuerdo en que todas las corporaciones policiacas son corruptas. Ninguna –federales, estatales o municipales– es confiable.

Pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para actuar como policías en las calles. La Constitución y las leyes vigentes señalan claramente que pueden intervenir en tres escenarios: los planes DN1, DN2 y DN3.
El primero, ante una situación de agresión externa; el segundo ante un asunto de insurgencia interna, y el tercero para auxilio de la población ante una situación de desastre.

Las diferencias entre los militares y los policías no son retóricas. Garduño explica que una fuerza policiaca “tiene una primera función preventiva; otra de intervención en casos específicos y bajo ciertos procedimientos; también de conducción, o de colocar frente a la autoridad judicial correspondiente evidencias y actores para emprender las primeras investigaciones; para dar apoyo; además, realiza también servicios de atención a la ciudadanía”.

Mientras, el aparato militar tiene una sola función: “la destrucción del enemigo. Y ésa es una cuestión totalmente diferente. De manera sencilla podemos decir que la misión central de las Fuerzas Armadas es la guerra”.

Militares no son mejores que policías

Nadie duda que las Fuerzas Armadas, en términos generales, cuenten con mayor capacidad de fuego ante los cárteles del narcotráfico. La supuesta guerra no ha mermado las capacidades de la delincuencia organizada. Incluso, las ha potenciado.

Pero también, y luego de 10 años de “guerra”, los militares no son los mismos. El Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana han adquirido mayores destrezas.

Iñigo Guevara Moyano es un prestigiado analista de seguridad nacional. Es maestro en seguridad internacional por la Georgetown University. Ha sido analista de seguridad nacional en la Oficina de la Presidencia de la República.

“Hoy en día México cuenta con unas Fuerzas Armadas mucho más capaces en términos de tecnología y doctrina para realizar operaciones en contra del crimen organizado, específicamente en contra de grupos paramilitares equipados con armamento y equipo de grado militar”, señala Guevara Moyano.

Agrega que “las capacidades de movilidad, inteligencia, vigilancia y reconocimiento han mejorado sustancialmente en calidad”, en comparación con lo que eran las Fuerzas Armadas en 2006.

Destaca que esto ha sido posible sin que hayan aumentado en número de tropas. Asimismo, “el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas no ha experimentado un incremento real sustancial”.

Luego de 10 años, las capacidades de los cuerpos militares han mejorado, pero no han sido suficientes para ganar la “guerra”. Y Las policías no se han preparado.

En 2006, cuando el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sacó de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas, se dijo entonces que los militares combatirían al narcotráfico mientras se capacitaba y se depuraba a las corporaciones policiacas.

A más de 10 años, las policías de todos los tipos y niveles siguen siendo corruptas e incapaces.

Las corporaciones policiacas, luego de 2 lustros de guerra contra el narcotráfico, “no han preparado nada”, dice el general de división en retiro Jesús Ernesto Estrada Bustamante. No son capaces de enfrentar el problema. “Para empezar, no hay una carrera policial; no hay una profesionalización de la policía”.

“Hoy las policías son simplemente administradoras de la delincuencia, no tienen otra función”, dice el especialista Guillermo Garduño, quien también ha sido conferencista en el Colegio de la Defensa de la Sedena. “Qué vamos a lograr con la entrada del Ejército. Pues que haya nuevos administradores de la delincuencia”. Y con la legalización de su estancia en las calles, las Fuerzas Armadas van a participar finalmente en procesos de corrupción. “Es lo único que se va a lograr con esa nueva Ley”.

Para Raymundo Díaz Taboada, está comprobado que la militarización no soluciona los problemas de inseguridad: desde que salieron los militares a las calles “ni hay una baja de la delincuencia ni hay una lucha efectiva contra el narcotráfico, contra el crimen organizado; y no hay resultados en función de un bienestar social de la mayoría de los mexicanos porque las Fuerzas Armadas estén patrullando las calles”, explica Raymundo Díaz Taboada.

Las policías están mal capacitadas, pero también están militarizadas: “cualquier corporación que se quiere certificar y pasar controles de confianza es mandada a campos militares para entrenarse y pasar pruebas; y ahí las tácticas que aprenden son tácticas militares”. Por ello es contrasentido que se reconozca que los militares no están capacitados para perseguir delincuentes, pero se les otorga “el poder de decir esta policía es confiable y esta no”.

Ahora bien, la corrupción no es privativa de las policías. Los vínculos entre elementos militares y el crimen organizado están perfectamente documentados. No se trata sólo de aislados soldados cooptados por el narcotráfico sino de batallones enteros (como el “desintegrado”, en 2002, 65 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, Sinaloa) o de generales “prestigiados” antes de caer en desgracia, como Jesús Gutiérrez Rebollo (quien murió de cáncer cuando cumplía una condena de 40 años de prisión por delincuencia organizada), Francisco Quirós Hermosillo (sentenciado por ser parte del Cártel de Juárez; murió mientras purgaba una condena de 16 años de cárcel) y Mario Arturo Acosta Chaparro.

A este último se le recuerda por haber encabezado la lucha contra los grupos guerrilleros. Organizaciones sociales y familiares de las víctimas lo acusaron de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pero nunca fue juzgado por ello. Por lo que sí fue sentenciado fue por narcotráfico, aunque fue rehabilitado por el panismo en el poder, quien lo liberó, lo consideró inocente y le devolvió  su rango de general. Fue asesinado cuando cumplía las tareas que el gobierno de Felipe Calderón le asignó al final del sexenio: “apaciguar” el sureste del país.

A lo anterior deben sumarse las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por crímenes cometidos por el Ejército. En todos los casos, los hechos ocurrieron en Guerrero. Destacan los casos de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla en 1974, y las violaciones sexuales cometidas contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, atacadas por separado por soldados en 2002. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado una nueva denuncia. Ésta por la ejecución extrajudicial del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar en Guerrero.

Tampoco puede ocultarse el cuestionamiento al Ejército por su actuar durante el ataque y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.

Más poder a los militares sin que haya contrapesos. “Los militares quieren una Ley de Seguridad Interior, pero no trasparentan sus archivos, no rinden cuentas”, observa Raymundo Díaz.

Contra comunidades

México vive un proceso de militarización, y una ley de seguridad interior viene a reforzar ese proceso. De facto, y por momentos con mayor rapidez, la militarización de todo el país inició a finales de la década de 1990.

“Hay que recordar que se quitó el uniforme militar a una brigada de la Policía Militar para transformarla en la Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal.”

La primera encomienda de esos militares vestidos de policía, en febrero de 2000, fue ocupar los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México y detener a más de 1 mil alumnos para romper la huelga estudiantil. Entonces los universitarios se oponían a la instauración de cuotas en la llamada máxima casa de estudios del país.

“Pareciera que el proceso de militarización va a seguir avanzando y que las violaciones a derechos humanos van a seguir incrementándose”, explica el coordinador del Ccti, Raymundo Díaz.

“La población mexicana empobrecida” es la destinataria de esta ley de seguridad interior. Requieren de esa ley “porque saben los gobernantes que en un momento dado esos mexicanos empobrecidos pueden exigir derechos”.

Esta ley será usada, más que contra criminales, contra comunidades organizadas. “Sobre todo pensando en los megaproyectos que tienen que ver con minería, con zonas económicas especiales, con mantener a la población como un recurso que le sirve a la economía global.

“Y es que la población empobrecida, en un momento dado, sí puede reclamar derechos, un mejor nivel de vida, un mejor acceso a la salud, a educación, trabajo, salario. Pero pues para eso está la mano dura y el
terrorismo de Estado”.

El general de división retirado Estrada Bustamante reconoce que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir a las delincuencias, “pero las policías tampoco lo están”. Menos aún en materia de derechos humanos.

“Si queremos respetar los derechos humanos, pues vamos a preparar a las policías, vamos a darles todos los medios operativos, administrativos, materiales y la capacitación. Eso no se les da actualmente. No están ni preparados ni adiestrados, no tienen equipo; no saben cómo conducirse respetando derechos humanos.”

20.1.17

Llega Trump y comienza el “Mexit”: Lorenzo Meyer


Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, “se puede hablar del Mexit”, consideró el historiador Lorenzo Meyer.

En entrevista para Aristegui en vivo, hizo una comparación con el denominado “Brexit”; sin embargo, “en Gran bretaña fue una decisión británica”, mientras que “en el caso mexicano se nos amenaza con una expulsión de la América del Norte, no geográfica… política, económica y cultural”.

Entonces, “el Mexit no es porque lo quisiéramos sino porque nos lo van a imponer”. 

“En esta promesa, contrato que dice Trump que va a hacer, va a redefinir los Tratados de Libre Comercio”, apuntó.

“Si los norteamericanos dirigidos por Trump piensan reformular y revalorizar su nacionalismo en acciones contra los mexicanos, ¿qué vamos a hacer los mexicanos?”, preguntó.

“Nos veremos obligados a asumir parte de la soberanía, de la independencia relativa que tuvimos”, consideró.

Se trata de “volver a repensar que es México en función de este rechazo norteamericano”.

“¿Estaremos dispuestos a pagar el precio y tendremos el liderazgo que sepa conducir al país?”, preguntó.

“Porque los 120 millones de mexicanos podemos estar dispuestos a volver a revivir nuestra idea de nación pero no lo podemos hacer cada quién por su lado, tenemos que tener instituciones y dirigencias, en este momento no las veo, hay un déficit de liderazgo”, sostuvo.

“Buena parte de los mexicanos no quisieran ver separado o tan separado a México de EU aunque el papel de México sea muy secundario en esta enorme economía, cultura y política norteamericana”, añadió.

Meyer llamó a “asumir con responsabilidad nuestra soberanía, rehacer nuestro sistema, repensar la estructura de la sociedad mexicana, enfrentarnos a ese terrible problema de la corrupción”.

“Somos un enemigo tan fácil y representamos un blanco ideal” para Trump, mencionó. Y es que “somos débiles, tenemos un montón de fallas”.

No obstante, “Trump es realmente una página en blanco”. Recordó que “es el segundo actor” que llega a gobernar EU, después de Ronald Reagan, pero “él sí tenía experiencia política y Trump no”.

El nuevo presidente de EU “tiene bastantes municiones contra México y una demanda: la construcción de un muro”, pero “que lo paguemos nosotros, está comprometido a hacerlo realidad. Y habría varias maneras de presionar al gobierno que queda de Peña Nieto o lo que venga”.

18.1.17

Ante Trump “hay que dar la pelea”



Para el investigador interdisciplinario John Saxe-Fernández, México está atrapado entre su gobierno, que responde a los “country managers” del capital internacional, y las fuertes presiones económicas y políticas que implica la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, un machista xenófobo. En entrevista, el académico explica las relaciones perversas de poderes que propician cambios legales y políticas idóneas para dejar a las naciones inermes ante el saqueo. Sin embargo, el estudioso enfatiza que existen salidas políticas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la historia en la mano, el contexto presente, la ley de seguridad interna en puerta y la vista puesta en la transición política de 2018, John Saxe-Fernández, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, plantea los escenarios a los que se enfrentará México con la llegada Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el viernes 20.

Los liga inexorablemente al gasolinazo y la explosión social de los días posteriores a su anuncio, porque a decir del intelectual, autor de La compraventa de México, Terror e imperio y La energía en México: situación y alternativas, todo forma parte de un programa impuesto hace más de tres décadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que representan los intereses del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Premio Nacional de Periodismo 2008, Saxe-Fernández recuerda las definiciones que tanto Bernie Sanders como Tony Schwartz dieron recientemente sobre Trump. El primero dijo que es “un mentiroso patológico”, en tanto su escritor fantasma, quien aparece como coautor con el magnate del libro El arte de la negociación, considera que es un sociópata.

Añade su machismo, su xenofobia, y establece, tras seguir todo el proceso electoral de Estados Unidos –en el cual fue eliminando “uno a uno” a 17 contrincantes con el discurso de que chinos y mexicanos les roban el trabajo a los estadunidenses y están siendo invadidos por los musulmanes– que Trump logró tocar “fibras importantes” porque hay un malestar en la clase trabajadora blanca, a la cual “le han quitado el sueño americano” porque sus salarios no han subido en décadas.

Nunca, remarca el profesor, se desvió de esa línea de “guerra de clases, siendo un multimillonario, y logar ganar”. Lo hace en un contexto en el cual el mundo ya no es bipolar, tras la caída de la Unión Soviética, pero tampoco (como han dicho otros especialistas) hay un control monopolar de Estados Unidos, sino una “creciente multipolarización”, y así se manifiesta en el Brexit y en la presencia, para el caso de México, de empresas como Volkswagen, Toyota, inversiones farmacéuticas, bancos europeos, japoneses, chinos.

“Pero nos agarra a nosotros con una clase gubernamental que ya tiene 36 años siguiendo diseños precocidos por el FMI a nivel macroeconómico, por el BM por rama, y por el BID, pero hay que entender que estos no son organismos económicos internacionales, esa es una verdad a medias: son instrumentos del Estado estadunidense, montados en Bretton Woods. ¡El Tesoro de Estados Unidos es dueño del 51% de las acciones del BM!”

Recuerda que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, hizo una “leve crítica” a los programas de globalización, siendo el economista en jefe del BM. Ello causó que en 1999 el entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, ordenara su despido y no se le permitiera jubilarse. Así lo reveló el propio Stiglitz al periodista Greg Palast, colaborador del London Observer y Newsnight de la BBC de Londres, en octubre de 2001.

El reportero cuenta que el extecnócrata les ayudó además a traducir del idioma “burocratés” un documento clasificado como confidencial del BM titulado “Estrategia de asistencia de país”. En él se describen los cuatro pasos que los organismos antes mencionados imponen a los países a los cuales otorgan créditos.
Esos antecedentes son, a decir de Saxe-Fernández, “tremendamente importantes para pensar lo que viene en la relación de México con Estados Unidos con alguien como Trump, que está realizando acciones de agresión económica desde Twitter, con mil 600 millones (de dólares de inversión originalmente destinada a México) que niega la Ford, por ejemplo”.

Considera que todo ello forma parte del contexto de la sucesión presidencial y de lo que está pasando aquí, “en función de algo tan grave para México como es el gasolinazo”. Para muestra menciona el hecho de que el magnate de bienes inmobiliarios eligiera a Rex Tillerson, ejecutivo de Exxon Mobil –“¡nada menos!”– como secretario de Estado.

Luego inscribe las reformas estructurales y el gasolinazo en el marco de los programas de asistencia a los países y desglosa los cuatro pasos en que consiste, relatados por Stiglitz a Palast:
“El primer paso se llama privatización de los bienes nacionales, pero Stiglitz dice que prefiere llamarla ‘sobornización’ porque los funcionarios involucrados, del presidente a los ministros o secretarios de Estado, reciben 10% en depósito en una cuenta suiza ¡y es legal!”

Recuerda Saxe-Fernández que la “gran subasta de bienes nacionales se dio en la Unión Soviética en 1985 con Boris Yeltsin, pero acá con Salinas (de Gortari) también”.

El paso dos es la desregulación del mercado de capitales, que permite que las inversiones entren y salgan, y que los especuladores incidan en la moneda. Stiglitz lo llama “dinero caliente”, que entra y especula con bienes raíces (el negocio de Trump). Los precios de las propiedades pueden bajar por los suelos, explica el estudioso, porque las tasas de interés se elevan, la producción industrial se hace pedazos y las reservas del país pueden vaciarse en cuestión de días o hasta horas.

Viene en el tercer orden la regulación de los precios de los productos por el mercado, se eliminan todo tipo de subsidios, con lo cual suben desde la comida, el agua, el gas y demás. Todo ello irrita a la población, que quizá participe en movilizaciones sociales que Stiglitz denomina “disturbios del FMI”. Ahí el BM recomienda simplemente enfrentar las protestas “con firmeza política”.

El cuarto paso, a decir del economista, es una estrategia de reducción de la pobreza porque –ironiza– el FMI y el BM “no son tan desalmados”.

Peor que improvisados

Saxe-Fernández retoma “la narrativa” de la Coparmex hace unos días al negarse a firmar el llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, propuesto por Enrique Peña Nieto, por considerar que era “improvisado”.

El investigador considera que en realidad el gasolinazo y sus consecuencias no se hicieron de última hora, y seguramente hubo quienes sabían lo que venía y lo que viene –que seguramente será peor–; a ello atribuye la insólita renuncia de Agustín Carstens al Banco de México:

“La Coparmex dijo que es un gobierno de improvisados. Y yo me temo que no, es muy difícil que no pensaran, por ejemplo, en que podían haber avisado a la población: ‘Habrá un gasolinazo, pero va a haber una línea de subsidio al transporte para ir deteniendo una explosión social, o vamos a subsidiar lo fundamental de la canasta básica para que no los afecte la subida de precios’.”

Por el contrario, añade, la población fue afectada “brutalmente” y al gobierno no le importó, con todo y que vienen elecciones, acción “sumamente inadmisible”.

Informa que la entrevista de Palast a Stiglitz es de 2001, para señalar que no se debe perder de vista lo que llama “disturbios del FMI”, porque es crucial para entender la situación actual del país:

“Dije que es muy generosa la percepción de la Coparmex de un gobierno improvisado. (Cabe mencionar que al cierre de la edición este organismo empresarial retomó el diálogo con el gobierno.) ¡No! Puede que aún peor, en el sentido de que es un gobierno que quiere aprobar una ley de seguridad interior, planteada mucho antes de este gasolinazo, contra la cual hay oposición y el senador Manuel Bartlett llegó a decir que sería un golpe de Estado (Proceso 2094). Ciertamente constitucionaliza el estado de excepción.”

De aprobarse, advierte, se hará constitucional el hecho de privar al país de la función de defensa nacional, puesto que los altos cargos de la Marina y el Ejército, especialmente el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, han declarado que “la función de defensa nacional se deterioraba con las funciones policiales casi de Ministerio Público, que además son inconstitucionales”.

Tanto la Constitución mexicana como la Convención de Palermo, dice Saxe-Fernández, señalan que los militares no deben participar en la lucha contra el crimen organizado, sino las fuerzas policiales, pero lo primero que hizo Felipe Calderón fue usar militares y el resultado fue un “sexenio atroz, y el que le siguió, también”.

Explica que de esa forma “se genera una hecatombe humanitaria. Lo que tenemos entonces es un gasolinazo que está sacando a la gente a las calles, ocasionando saqueos, hay provocadores, gente que se aprovecha o que es pagada para hacer eso, que puede ser de dentro o de fuera, pero es viejísima esta historia.”

Lo que sigue es que salen los organismos financieros, en voz de los country managers –como llamaba su amigo el expresidente de Costa Rica Rodrigo Carazo a los altos funcionarios sometidos a los programas de préstamo del FMI y BM–, a justificar la necesidad de que los precios se rijan por las fuerzas del mercado:

“Tenemos entonces una nación que se va desmantelando, hay fuga de capitales, baja la moneda nacional y se van sobre el tesoro de la nación, sobre la reserva, empiezan a venderla hasta que se queda sin ella. Es decir, se está abriendo un curso de enorme conflictividad que calza al dedillo, porque lo fundamental es pasar esa ley de seguridad interior, y tratan de convencer a sectores importantes de la sociedad de que se requiere esta ley.”

Señala el “efecto brutal” que dicha ley podría tener en el próximo proceso de transición de un gobierno a otro, y cuestiona por qué se lanzó el gasolinazo justamente en este momento, cuando se pudieron tomar otras medidas, como han señalado varios economistas.

Se pregunta: “¿Por qué incendiar al país ahora?” Y añade: “El incendio viene de una acción gubernamental. Ya las precondiciones estaban: la caída de los salarios, la privatización, todo ese desgaste que hemos vivido ya casi 36 años, son seis sexenios acumulando todo esto, en 250 mil muertos, 28 mil desaparecidos, torturas a lo largo y ancho del país, con mecanismos de una represión brutal, de terrorismo de Estado que hace desaparecer a 43 estudiantes…”

Defensa ante Trump

El analista afirma que si realmente se quiere reconstruir al país de cara al próximo gobierno de Estados Unidos, tendrá que haber un programa de sustitución de importaciones, comenzando por las agrícolas, pues la política de las últimas décadas ha sido quitar todo: semillas, fertilizantes, apoyo a la infraestructura, para poner a los campesinos a competir con los farmers estadunidenses, lo que ha significado sacarlos por millones del campo. Subraya que ello “es de una violencia de ese nivel”.

El país requiere seguridad alimentaria, menos dependencia de la gasolina y los gobiernos han promovido una destrucción interna de Petróleos Mexicanos. Le parece grave que se estén importando gasolina, maíz y alimentos en general. Ante el poderío de Estados Unidos y las agresiones de Trump, el gobierno debe optar por modernizar al campo, invertir en él y lograr que el país sea autosuficiente.

Añade que parte de la salida, que “es inmensa”, está en sustituir importaciones, producir aquí los 400 mil millones de dólares anuales que se gastan en ellas, con lo cual ese monto sería un colchón. Se pregunta si lo hará el gobierno actual, y no requiere meditar más de un segundo para responderse:

“No. Se necesita un gobierno que articule el interés público nacional de México. Eso no lo tenemos. Y es un requisito fundamental, es ahí donde veo que la ley de seguridad tiene como dirección frenar a Andrés Manuel López Obrador, mantener la masacre de los mexicanos y constitucionalizar el estado de excepción. Y el gasolinazo les viene muy bien, es el escenario donde se va dando la sucesión de Estados Unidos, con un señor que está activando los instrumentos de guerra comercial con el mundo.”

Y lo que hace México ante esa guerra comercial, siendo que tiene varias canchas donde defenderse, es la “insensatez” de colocar a Luis Videgaray Caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, “cuando pudo haber sido perfectamente un emisario privado para manejar bien la relación con Trump”.

En su opinión se necesitaba a alguien con el perfil del fallecido embajador Gustavo Iruegas, “un hombre de Estado, con unos 30 o 40 años de experiencia diplomática, que sabe con quién está tratando, y no el que dice que viene a aprender. No hay sensatez en esa decisión, es precipitada, (Peña Nieto) no está pensando en el país, lo deja vulnerable”.

Cuando lo que se necesita es ir poniendo “la casa en orden”, dice, se incendia el país, pues en ese contexto la corrupción, los robos de los gobernadores, los bonos de los funcionarios parecen una provocación mayor; todo articulado de la manera descrita por Stiglitz a Greg Palast y por los documentos clasificados, donde sale toda la idea de la provocación para poner al país de rodillas y sacar raja en el contexto de desestabilización, para seguir comprando los bienes nacionales.

“No hay ninguna lógica nacional, por eso digo que se necesita un gobierno que articule el interés público de México.”

Expresa que es buena idea desmantelar el TLCAN y el Tratado Transpacífico, renegociarlos. La pregunta es: si se tienen country managers en lugar de gobernantes y secretarios de Estado, ¿se negociaría en los mismos términos que cuando se acordaron?

Advierte: “Estamos a tiempo para tener un gobierno nacional, creo yo. No hay nada inexorable, son situaciones e instituciones hechas por el ser humano y consecuentemente pueden ser modificadas, ahí es donde tenemos aperturas interesantes como ésta”.

Recuerda que cuando se firmó el TLCAN el empresario y político estadunidense Ross Perot se pronunció en contra, y Al Gore, entonces vicepresidente de Bill Clinton, lo encaró al decir que cómo se atrevía a oponerse si es tan importante para Estados Unidos como la compra de Luisiana en 1803 o de Alaska en 1827.

14.1.17

El gasolinazo: la punta del iceberg de la privatización petrolera en México

11.1.17

El fracaso del Banco de México


Marcos Chávez

Anuncia Carstens su salida entre loas por su supuesta eficiencia. Quienes lo extrañarán son los especuladores, pues lograron grandes ganancias mediante el alza de las tasas de interés. No cumplió con lo que dispone la Constitución: salvaguardar la estabilidad y el valor de la moneda. Dejará la inflación por encima del 4 por ciento y una devaluación del peso de más del 60 por ciento


Agustín Carstens hizo votos porque sea “terso, ordenado y sin sobresaltos” el “largo periodo [de] transición de un gobernador [del Banco de México] al siguiente que será designado en su oportunidad por el presidente de la República”. Ese proceso que se inició el 1 de diciembre, cuando presentó su renuncia a dicho puesto en el banco central de México y que ocupará hasta el 1 de julio de 2017, cuando hará efectiva su decisión y empezará a empacar sus trebejos para irse a administrar el Banco de Pagos Internacionales.

Lo anterior y otras cosas se leen en la carta enviada por Agustín Carstens a sus súbditos del banco central y en un comunicado emitido a la opinión pública por el mismo organismo sobre el mismo tema, ambos datados el 1 de diciembre. Además de formalizarse su separación, Carstens se deshizo en agradecimientos a Felipe Calderón, quien lo encaramó en el puesto citado en 2010, y a Enrique Peña Nieto, quien lo ratificó para un segundo periodo, el cual terminaría el 31 de diciembre de 2021; anunció que dimitía prematuramente porque prefería la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales; y, orondo, se elogió a sí mismo por haber sido elegido  para regentar  al banco central de los bancos centrales del mundo, distinción que, sin disfrazada inmodestia, hizo extensiva al país y los parias subdesarrollados. “Es un gran honor para mí, el Banco de México y el país” rubricó Carstens, porque por “primera vez un banquero central de una economía emergente” ocupará un selecto puesto de tan “alta responsabilidad integrado por los gobernadores de los siete principales bancos centrales del mundo”.

Fue curioso el método epistolar empleado a posteriori para oficializar la salida de un funcionario y cuya noticia ya había sido publicitada por las vías informales de las redes sociales de internet.

Desde luego, la buena nueva no fue un acto de deferencia social. Sólo fue un recurso sui géneris para tratar de contrarrestar la incertidumbre y el pánico que provocó la renuncia entre los especuladores. El costo fue una pequeña burbuja especulativa: un nuevo desplome de la paridad cambiaria, el 1 de diciembre (1.1 por ciento o 23 centavos, al pasar de 20.52 a 20.75 pesos por dólar estadunidense) y del mercado bursátil (1.61 por ciento en dos días).

Pero como le gusta decir a Carstens: simplemente fue un intrascendente “bache momentáneo, pasajero” que, de nueva cuenta, entreveró las consecuencias de la irracionalidad de los especuladores, la libertad especulativa, el desinterés del banco central y las autoridades hacendarias para controlar sus ímpetus, en aras de no alterar las reglas del juego neoliberal impuestas externamente y aceptadas localmente, en una especie de servidumbre voluntaria.

Desde luego no es lo mismo ser un banquero central pueblerino, en un país cada vez más violento, que un directivo de un organismo internacional ubicado en la tranquila y tediosa ciudad de Basilea, Suiza, aunque sea como un empleado más. No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. Pero es difícil aceptar que la renuncia de Carstens haya sido desconocida por el Ejecutivo y, por tanto, fuera un acto de deslealtad. 

Lo que quizá pasó fue un problema de formas.

La irracionalidad de los especuladores se debe a que una renuncia era irrelevante, toda vez la sabia cabeza que sustituya a Carstens, cualquiera de los subgobernadores, garantiza la continuidad de la mismas políticas monetarias ortodoxas, porque todos los subgobernadores del banco central, los actuales y los próximos, están cortados y formados en el mismo credo neoliberal. Son un grupo homogéneo y compacto.

 Hasta que alguien decida expulsarlos del templo.

En todo caso, si se considera los resultados arrojados por el Banco de México en la era Carstens, el balance de su mandato puede decirse que fue un fracaso, de acuerdo con la ley orgánica del organismo y cuyo objetivo prioritario es salvaguardar la estabilidad y el valor de la moneda. Ese único objetivo implica controlar el nivel de la inflación, al margen de que los instrumentos que empleen sacrifiquen el crecimiento, los salarios reales y el bienestar social, tal y como ha sucedió desde 1983 a la fecha.

La subordinación del aumento de los salarios nominales y del crecimiento, así como la austeridad fiscal y la astringencia monetaria corresponden a la estrategia de la inflación primermundista con un crecimiento y bienestar tercermundista.

Es cierto que desde enero de 2015 la inflación se ha ubicado en el rango de la meta: 3 por ciento, más menos un punto porcentual, aunque probablemente al cierre de 2016 y en 2017 se ubique por encima de 4 por ciento.

La tendencia de los precios de importación, los del productor y la inflación no subyacente indica mayores presiones inflacionarias. Ello explica el endurecimiento de la política monetaria, es decir, la inducción de las tasas de  interés impuesto por el banco central.

Sin embargo, el comportamiento del tipo de cambio evidencia el fracaso de Carstens y del banco central en su tarea prioritaria. Anualmente, durante el peñismo, la variación del tipo de cambio, se planeó que fuera similar a la tasa de variación de la inflación, e incluso se proponía un atraso o revaluación, sin importar que abaratara artificial y deslealmente el precio de las importaciones, en detrimento de la producción local, el crecimiento y el empleo.

En lo que va del peñismo la paridad pasó de 13.08 pesos por dólar a 20-21 pesos por dólar, lo que equivale a una macrodevaluación cercana a 60 por ciento.
En ese sentido, Carstens y el banco central han fracasado en su encomienda constitucional.
En esa misma lógica, la población y los inversionistas deberían agradecer la decisión de Carstens de abandonar el banco central, aunque el panorama no cambia nada si se considera que lo sustituirá un personaje clonado.

Sólo los especuladores pueden sentirse satisfechos. El Carstens actual y los Carstens futuros les  darán lo que quieren: mayores ganancias financieras, por la vía de la elevación de las tasas de interés.
A los únicos que les resulta indiferente su desaparición del escenario político-financiero del país son las mayorías.

Recuérdese que Carstens, primero, se rasgó las vestiduras y se opuso rotundamente a la propuesta de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de programar una gradual recuperación del poder de compra de los salarios mínimos, porque supuestamente elevaría la inflación, sin ofrecer pruebas al respecto; y, después, festejó la “flexibilización” laboral porque abarataría los costos y los tiempos del despido de los trabajadores.

El nuevo banquero central pensará lo mismo.

El único que realmente es feliz es el propio Carstens. Se irá con una pensión generosa que ya cobra desde hace tiempo, y abandonará el barco antes que se hunda.