19.12.10

Boletín-Epílogo

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Informamos que Diego Fernández de Cevallos Ramos en breve será liberado, pero antes de ello, y apelando a su ética profesional, solicitamos la publicación íntegra del Boletín-Epílogo (integrado por tres partes).
Adjuntamos la primera parte del Boletín.
Atte:
Los ex misteriosos desaparecedores.

EPÍLOGO DE UNA DESAPARICIÓN

Primera de tres.

Los clásicos no establecieron ningún principio que prohibiera matar, fueron los más compasivos de todos los hombres, pero veían ante sí enemigos de la humanidad que no era posible vencer mediante el convencimiento. Todo el afán de los clásicos estuvo dirigido a la creación de circunstancias en las que el matar ya no sea provechoso para nadie. Lucharon contra la violencia que abusa y contra la violencia que impide el movimiento. No vacilaron en oponer violencia a la violencia.

Bertolt Brecht

En México vivimos inmersos en un clima de creciente violencia destructiva que las mafias del gobierno permiten y fomentan, porque sólo así pueden ocultar la sistemática represión, tratar de controlar el descontento social e impedir, por el momento, que se generalice la lucha popular. Las formas de la violencia son cada vez más crueles y abominables; el conflicto no sólo ha dejado decenas de miles de personas muertas, sino terror e incertidumbre entre los vivos. La distancia entre el discurso de gobierno y las prácticas corruptas que lo caracterizan son una clara muestra de que los más altos funcionarios y las instituciones del Estado mexicano están coludidos con el crimen contra quien dicen estar luchando.

Esta contradicción inicial desata una cadena ininterrumpida de mentiras difundidas ampliamente por los medios de comunicación con los que están coludidos; esta difusión forma parte de la violencia cultural que promueve, legitima y justifica la violencia directa que el gobierno sostiene, así como de la violencia del hambre, del desempleo, de la migración, de la delincuencia infantil y juvenil, de la trata de blancas. En fin, de esa violencia silenciosa que obliga a gritar ¡Ya Basta!

Vemos día a día la impunidad militar, los levantones policiales para entregar víctimas al narco y la convivencia evidente entre presidente de la república, gobernadores, senadores, diputados, jueces, generales y jefes policiacos con los grandes capos, incluso, es posible afirmar que la alta burocracia y los sectores reaccionarios de la clase política, son quienes forman parte de las mafias más criminales en nuestro país. La “guerra” que el gobierno dice sostener en aras de la paz, no combate la raíz del problema ni a los verdaderos delincuentes, los de cuello blanco, que con base en fobaproas, rescates empresariales, privatizaciones (concesiones de carreteras, contratos secretos del petróleo, de fibra óptica y otros recursos naturales) se enriquecen y adquieren la facultad de poner y quitar gobiernos.

Sin embargo la violencia más sofisticada, la que a diario nos golpea y quizá la que menos reconocemos como violencia, es la que parece no venir de ninguna persona; es la violencia estructural “invisible” presentada siempre como "estragos", "golpes" o “crisis internacionales” que parecen nunca terminar para Nosotros pueblo y que nos son presentadas como “avances”. El duopolio televisivo y los gobernantes quieren que creamos en los “avances” y en la “modernidad” mientras hay más despidos, menos oportunidades de encontrar empleos productivos y un salario que cada día vale menos. Esa “modernidad” no es con la que soñamos ni la que queremos heredar a nuestros hijos.
La pobreza, para muchos la miseria, es una constante amenaza de muerte y es mucho más poderosa que todos los grupos de sicarios juntos; la vida es reducida a su condición de supervivencia sin ninguna posibilidad de un desarrollo auténticamente humano. Estas condiciones acercan a millones de personas más a la muerte que a la vida y frente a este peligro (del que Ellos, los grupos privilegiados, se benefician funcionalizando la pobreza al máximo) no se encontrarán soluciones concretas a menos que lo hagamos Nosotros.
Así, la violencia visible-directa, la invisible-estructural (de la que parece no haber ningún responsable) y la cultural, son promovidas y sustentadas por los gobiernos; éstos, no son la representación política de todos los mexicanos, sino quienes velan por los intereses de una restringida porción de la población, que privilegian especialmente a un restringido número de familias que encabezan el control del poder, la clase privilegiada, que se hace carne y hueso en un entramado altamente sofisticado y eficiente de grupos y personajes clave, que con una planeación meticulosa y una larga carrera, se siguen colocando en posiciones estratégicas para continuar beneficiándose a costa de todo un país. El gobierno es mafioso porque protege los intereses de los grandes ricos, de los dueños de todo, de los que saquean nuestros recursos naturales y trafican con todo desde personas hasta armas, drogas e influencias. Es un gobierno que sirve a las mafias aliadas al capital trasnacional, también mafioso.

Desde allí operan por dentro y por fuera de la ley grandes intereses económicos y políticos, en un entramado múltiple de lazos familiares, de compadrazgo, de arreglos de conveniencia, secretos, pactos, complicidades, bendecidos por la cúpula de poder de la Iglesia católica y una certeza que los identifica: pertenecer a un grupo definido al que son leales, conscientes de ser Ellos quienes tienen el poder y la riqueza repartida entre sus manos.

Para Nosotros la violencia (la visible y la aparentemente invisible) se traduce en un constante peligro de muerte, debido por un lado, a la intensificación de los conflictos que el saqueo mafioso genera para obtener mayores ganancias, y por otro de manera cotidiana por las condiciones de pobreza y miseria que reduce la vida a una lucha por la supervivencia y al andar diario por un estrecho pasillo de 60 pesos por familia; se vive al día y no hay posibilidad de progreso. Vivimos en amenaza de muerte al tener acceso restringido a la alimentación, a la salud, a los servicios, a los derechos y a conocer la justicia. Como así son las cosas, nos toca perder y como nos habíamos resignado, dejamos de sentir la violencia de no poder vivir bien. En ese sentido también Nosotros volvimos "normal" la violencia; violento no es solo lo que muestran los muertos, violento es también lo que ocultamos los vivos.

La sociedad mexicana, como podemos ver, está divida en dos: Ellos y Nosotros, Ellos ricos y Nosotros pobres, cuyos mundos y realidades son totalmente opuestos pero existen y se desarrollan al mismo tiempo; es la historia que Ellos difunden como la evolución de un solo proyecto al que discursivamente pertenecemos “por igual y al mismo nivel” todos los mexicanos. Ellos aplauden los discursos del gobierno en los que se alude al avance y bienestar en México, pues los confirman en su nivel de vida que constantemente mejora (mejor alimentación, vestido, educación, salud, bienes muebles e inmuebles, lujos, vacaciones y descanso, etc.); sólo en su cerrado círculo el progreso es realidad.

Ellos acumulan riqueza por todos los medios, unos por la vía legal-permisible y otros de forma ilegal-criminal; ambos son lo mismo, pues siempre tienen la posibilidad (al ser Ellos quienes legislan) de transformar lo ilegal en ley y viceversa; en realidad no son extrañas las revelaciones de que la mayoría de las veces quienes viven para acumular riqueza no distinguen en sus círculos entre quienes “respetan las leyes” y entre quienes no lo hacen. Lo que pasa es que unos ocupan cargos dentro de las instituciones del Estado y pueden, desde dentro, operar en su favor y ser “muy legales”. Los intereses políticos y económicos son dos frentes de una misma estrategia que viene fundida y defendida por la violencia. El gobierno mexicano se sostiene con el uso legal e ilegal de la violencia directa e indirecta, estructural y cultural, que lo construyen como salvaguarda de una suerte de "demonio" engendrada por sí mismo.

Quienes encabezan al Estado sostienen discursivamente que procuran alcanzar “la paz perpetua y el bienestar” en un futuro (que nunca llegará de ese modo), y por tal fin justifican su propio ejercicio de la violencia destructiva. Esta utopía de la paz estatal, construye el argumento de legitimidad de la muerte en el presente. El peligro de muerte que Nosotros vivimos es producto del enfrentamiento de grupos de poder económico que luchan por el poder político. Su manera de actuar dentro del aparato estatal despersonaliza decisiones que repercuten en la vida de personas concretas; la decisión burocrática agranda la distancia entre el funcionario y la gente de a pie, manejando públicamente la ficción de que “hacen política” con base en “el bien común”, aunque la comunidad esté excluida, en todos los sentidos, de dicha actividad.

Que “el mundo de la política siempre sinónimo de corrupción e injusticia” es una afirmación común que sintetiza el sentir generalizado y que la estructura estatal y sus funcionarios se encargan día a día de renovar; sin embargo la actividad política debe construirse con otro sentido, considerándola como la capacidad de todos para decidir de manera real y directa sobre los asuntos de la vida en sociedad, así como de fundar y de alterar la legalidad que rige la convivencia humana en pos del bienestar colectivo; la socialidad no debe existir para someter de una vez y para siempre, sino constituirse como la organización a la que se le puede dar forma a través de las decisiones de todos los integrantes. La organización, la instrucción y la disciplina son armas eficaces y hasta ahora son Ellos los que han sabido aprovecharlas. ¿Qué es lo que hace que siendo Ellos tan pocos, puedan someter a tantos Nosotros? Una de las respuestas más certeras es el uso exclusivo que Ellos hacen de “la fuerza del Estado”; sin embargo, que Ellos sean los que poseen el monopolio total y definitivo del uso de la violencia y la ejerzan “solo cuando es justo y necesario” en aras del “bien para todos” es una mentira que nos hemos propuesto derrumbar.

Por paradójico que parezca, la historia de la humanidad demuestra que, para generar las condiciones humanas de existencia, se necesita en ciertos momentos ejercer la violencia como una adecuación social que hace permisible terminar con ciertas formas de vida para generar otras. La violencia destructiva, como la que ejerce el gobierno, sólo concibe destruir sin construir algo superior y distinto que constituya verdaderamente un estado mejor de vida y no sólo para unos pocos. La violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria. La violencia, al tener rostro de muerte, nos es presentada como injustificable, sobre todo si atenta contra el poder establecido.

El discurso gubernamental la repudia e invita a preservar el orden, o protestar dentro de los marcos institucionales que no operan de acuerdo al fin para el que fueron creados, como un recurso que le queda para seguir operando bajo la cara de “la legalidad” y “la democracia”, presentándose como el resultado histórico de las luchas del pasado. Así, lo violento es presentado como lo anti-estatal; la única política permitida es la actividad esencialmente no-política, acompañada de la resignación. La violencia cultural es la más sofisticada porque guarda al Estado bajo un marco de “aceptabilidad” y muestra a los enemigos de quienes lo comandan, o sea, a los que luchan contra el mal gobierno, como enemigos de toda la sociedad.

Pero ¿este gobierno mafioso es el único viable en nuestro país? Sabemos que no, otro México es posible y lo tenemos que construir Nosotros los de abajo, desde las organizaciones obreras, campesinas, ecologistas, de colonos, de víctimas de la delincuencia y crímenes del ejército y policías. Nos toca a nosotros, al pueblo mexicano organizado de diferentes formas y recurriendo a todos los medios, armados y no armados, ir construyendo con nuestra rebeldía organizada, un nuevo México en el que todos podamos ser y vivir con dignidad.

El ejercicio de la violencia es para Nosotros un recurso ineludible, pero necesita de un proyecto en el que su uso sea solamente un medio necesario; el proyecto no puede reducirse a destruir otro. Nuestro proyecto es recuperar lo que la vileza de los poderosos nos arrebata, y es nuestra condición humana; nuestro proyecto es de rehumanización de todos los que no formamos parte de su selecto círculo, a diferencia de Ellos que sólo buscan su propio beneficio. Pensar y hacer política pasa por evaluar las condiciones de existencia, nuestras relaciones sociales e inter-personales, transformarlas en cada acto y hacerse cargo de la vida pública. El Estado construye toda disidencia como el enemigo exterminable, todo en el mismo cajón de la criminalidad, y con ello impide que se desarrollen formas organizativas que resuelvan nuestras necesidades y satisfagan nuestras expectativas y legítimas demandas. Hay un punto en el que no se puede hacer nada y las reglas del juego, a las que Ellos mismos no se atienen, nos son aplicadas con toda la violencia estatal-destructiva. La existencia de Ellos como minoría poderosa y dominante y sus formas de operar persistirán sólo en la medida en que Nosotros lo hagamos aceptable.

Fraternalmente:

RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL

¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO!

Invierno de 2010.

Segunda de tres.
“Los poderosos llaman ley a su propia violencia y crimen a la de los oprimidos… por eso, los oprimidos debemos luchar por el establecimiento de una nueva ley frente a los crímenes de los poderosos, por todos los medios, incluida la violencia…
“En México coexisten dos países distintos. Uno es habitado por menos del 10% de la población; son Ellos quienes participan en la política y aplauden los discursos del gobierno de progreso y bienestar porque los viven; es la empresa dirigida y sostenida por quienes poseen y gozan de la mayor parte de la riqueza del país. En contraste el otro México es habitado por más del 90% de la población; y aunque somos la gran mayoría no tenemos ningún peso en las decisiones políticas y económicas.
“¿Es posible conocer a los individuos que decidieron el destino de un país entero? El proyecto neoliberal en México se concretó gracias a la actuación de diversos personajes en acuerdo y complicidad. En la figura de Carlos Salinas de Gortari se identifica más claramente el inicio de esta etapa destructiva, cruzando varios intereses y procesos; es un actor principal y es miembro de los círculos más restringidos del control de poder de ese entramado mafioso. Salinas impuso transformaciones (diseñadas desde la cúspide del poder capitalista) en sintonía con Estados Unidos, que no ha abandonado su histórica política intervencionista, apoyado por la elite empresarial y política mexicana de su partido (PRI) y algunos importantes aliados políticos; ha permanecido tras bambalinas desde que dejó la presidencia. De sus más preciados aliados podemos señalar como principal cómplice a un miembro destacado del partido de la oposición leal (PAN), Diego Fernández de Cevallos Ramos, un cacique panista inmensamente rico gracias a su triple carácter de funcionario del estado, empresario y abogado de demandas en contra del erario público.
“El Jefe Diego es otro nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias. Ahora conocemos de cierto los modos de los trabajos y oficios con los que se maneja, las personas con las que trata y algunas de las que han sido sus más logradas empresas. Con nada que ocultar la mafia ha sido enumerada en las cartas elaboradas y dirigidas por el propio Diego a sus “benefactores”, reclamándoles apoyo económico en correspondencia a su lealtad y a sus servicios: Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Alberto Bailleres, Claudio X González, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Quintana, Ignacio Loyola, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Juan Sandoval Íñiguez, Onésimo Cepeda, Norberto Rivera Carrera, Roberto Madrazo, Jorge Hank Ronh, Santiago Creel, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Dechamps, Elba Esther Gordillo, entre otros. Se establecen diversas relaciones entre empresarios, políticos, la Iglesia, el narcotráfico, las redes de crimen organizado, el ejército, los grupos paramilitares, las televisoras, etc. Estas relaciones están regidas por entendidos más allá de la legalidad, por dentro y fuera de toda apariencia de normatividad; son feudos de una maraña de poderes en pugna y con el control del país.
“Diego Fernández de Cevallos acumula una larga pero poco honrosa carrera de impunidad y enriquecimiento. Por ejemplo, como amigo y abogado del millonario Alberto Bailleres (Presidente de Grupo Bal y dueño de El Palacio de Hierro y Seguros GNP), defendió a la empresa MetMex Peñoles contra las madres de más de 11,000 niños envenenados por la contaminación ocasionada por la fundidora en Torreón Coahuila. Ni las movilizaciones ni demandas penales de los afectados tuvieron éxito, pues la poderosa empresa estaba jurídicamente blindada contra las demandas populares gracias a las artes litigantes de su abogado a quien la justicia es lo que menos importa.
“Uno de los principales logros de la historia de México, fue haber logrado la separación de la Iglesia católica y el Estado. Debe añadirse a los libros de texto que esa lucha culminó con una amable reconciliación cuyo mediador fue el mismo Diego Fernández de Cevallos en complicidad con los más altos mandos de la Iglesia y Carlos Salinas de Gortari. Ellos modificaron en 1992 los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27 y 130 y en julio del mismo año se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, así como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede, representando el inicio de una inédita etapa en la historia contemporánea de México, cuyas consecuencias políticas y sociales empiezan a perfilarse. Iglesia como aparato aliado de las elites y parte fundamental de éstas a través de la historia, además de fungir como vínculo con “los pobres”; es más bien un supra Estado, férreamente centralizado, feudal, totalitario y ultraconservador. A través del jefe Diego y Carlos Castillo Peraza del PAN, se selló un nuevo pacto entre la Iglesia y el Estado, dotándolas de permiso para acumular bienes materiales heredables, además de la facultad de intervenir en la educación. Para hacer oficial el reconocimiento, las Iglesias debieron solicitar su registro ante la Secretaría de Gobernación. No resulta sorpresivo que el primer registro, el oficio 001, sea de la Iglesia Apostólica Romana, cuya copia enmarcada con una agradecida dedicatoria (“Para Diego Fernández de Cevallos. Con gratitud y cariño. G. Prigione”) cuelga en el despacho de Diego Fernández de Cevallos. Esta ley sustituía a la de 1926, cuando Calles selló la separación Iglesia-Estado iniciada por Benito Juárez.
“Ahora sabemos que la revelada relación entre los gobiernos mexicanos y el narcotráfico ha sido una constante. Lo que en un inicio fue un jugoso negocio controlado con acuerdos y cuotas pactadas se ha convertido en un mercado en disputa donde el gobierno no ha dejado de favorecer al ala que lo ha nutrido. Desde finales de los ochentas la diferencia entre el narco y el Estado comenzó a desdibujarse y no se sabía quién era quién. Raúl Salinas bajo el consentimiento de su hermano Carlos, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Nazar Haro, Juan Sandoval Íñiguez, Rubén Figueroa (padre e hijo), Diódoro Carrasco, Ulises Ruiz, Mario Marín, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna, por mencionar a algunos de sus principales actores, han sido contacto y beneficiarios, y no podía faltar Diego Fernández de Cevallos. Su relación con la muerte del Señor de los Cielos (desmentida por García Calderoni) y haber recibido algunos millones de dólares procedentes del narco, parecen asuntos menores en comparación con la estrecha relación del gobierno y el desarrollo y consolidación del narcotráfico en México. México vive el contexto más violento desde la Revolución mexicana, como consecuencia del proyecto Irán-contra, impulsado por el gobierno de los Estados Unidos desde la década de los ochenta, por medio del cual permitió el tráfico de drogas de Latinoamérica a la Unión Americana, pactando con personajes de la talla de Pablo Escobar, Caro Quintero y el propio Señor de los Cielos, a cambio de recursos para combatir los movimientos insurgentes en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos fomentó la actividad del narco, sin importar las implicaciones que esta actividad tenía en los lugares donde se promovía (sobre todo Colombia y México) a cambio de exterminar a la disidencia política; la herencia que nos queda del Irán-contra es el inmenso poder económico y de combate que acumularon los carteles del narcotráfico en nuestros países. México fue cómplice de dicho plan, y ahora todos Nosotros pagamos las consecuencias del crecimiento del narcotráfico a niveles que ni el Estado puede controlar, además de la falsa guerra emprendida, pues es absurdo luchar contra quien uno mismo ha creado.
“A través de esta compleja y poderosa mafia, Diego Fernández de Cevallos fue pieza central para concretar el cambio de México a un Estado mínimo (sin responsabilidades sociales y de economía abierta, privatización y apertura comercial a capitales trasnacionales), además de diversos cambios de legislación que implicaron quiebres históricos para México. Desde la legitimación del fraude realizado contra Cuauhtémoc Cárdenas, la venta de las empresas paraestatales, la privatización de la banca mexicana, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hasta el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica (dando vuelta atrás a más de 100 años de lucha por la separación de la Iglesia y el Estado) y la reforma al artículo 27 de la Constitución (considerado como el máximo triunfo de la Revolución de 1910), aniquilando no una forma de producción económica (los ejidos) sino la base de la identidad de muchas culturas; conocemos a los responsables directos de la actual realidad mexicana.
“Estas personas, fieles a una lógica que niega de facto el derecho a la vida digna de la mayor parte de la población mexicana, han prostituido los bienes y recursos de la nación, se han servido de ella, la han disfrazado, mutilado y traicionaron su historia… a cambio, se hincharon de poder político y económico. Es alta traición llevar adelante todas estas operaciones e igualmente grave legalizar su operación garantizando su impunidad al armarse una propia justicia; ni siquiera en su lógica son inocentes. Han tenido la osadía de abanderar y operar un proyecto anti-patriótico que renuncia a honrar la memoria histórica y que confina a la gente a la miseria como forma general de la existencia.
“El país se desmorona ante sus ojos atónitos que no dan crédito a lo que ven; se deshace por causa suya sin que discursos y fanfarrias mediáticas puedan convencernos de que vamos con rumbo cierto a la solución de los múltiples problemas que históricamente persisten en el país; la nación se desangra a borbollones y no desean admitir que ellos y solamente Ellos, han saciado su hambre de riqueza desmedida y poder político inconmensurable a costa de una patria exangüe y anémica.
“Más de 30,000 muertos sin contar a aquellos que deambulan en el anonimato; más de 200, 000 encarcelados por haber encontrado como opción de vida la delincuencia; casi 8 millones de jóvenes desocupados que bien podrían alimentar los grupos delincuenciales, de esquiroles o la drogodependencia. La pérdida progresiva de visión de futuro y de perspectiva para los jóvenes que miran como opción de vida el enriquecimiento rápido a través de su inserción dentro del mágico mundo de la “cultura de las televisoras” o dentro de las huestes del narcotráfico. La extinción de fuerzas de trabajo para defender los intereses de Ellos, a través de la privatización de empresas y recursos del país; la pauperización de condiciones de trabajo y de salarios para mantener fuentes de empleo. La militarización del país, la criminalización de la disidencia política, la paramilitarización de las policías, la extinción de los derechos humanos bajo argucias legales y extralegales, entre éstas la impunidad de los militares bajo el concepto de “fuero militar”, el incumplimiento de las garantías individuales “plasmadas en la Constitución” para dar paso a la inconstitucional figura del “arraigo”.
“Este es un fragmento del México que han dejado como saldo para nosotros una larga dictadura, la seudo-transición y las complicidades partidistas. Si recortamos nuestra descripción a los últimos 25 años… ¡qué curioso! encontramos a los mismos delincuentes que habíamos denunciado antes y entre ellos a Diego Fernández de Cevallos.
“Estos delincuentes de cuello blanco han saqueado a la Patria, han organizado sus grupos y acciones para poder gozar del poder y enriquecerse de manera prepotente bajo el manto de su protección. Han aprovechado sus estancias en los órganos estatales y se han servido de ello para obtener ilegal e ilegítimamente beneficios económicos, políticos e ideológicos para ser Ellos y solamente Ellos los únicos y eternos beneficiarios.
“Aseguran el nombramiento de Secretarios de Estado, de Seguridad Pública, Procuradores Generales de la República, Gobernadores y Presidentes municipales de algunas entidades, Senadores, Diputados, Asambleístas y diversos cargos de “elección popular” para posicionarse política y económicamente. Negocian y pactan reconocimientos y prebendas para asegurar su lugar en el poder político y económico. Defienden fraudes políticos, económicos y jurídicos y los apoyan económica, ideológica y políticamente; sin menospreciar las jurídicas y judiciales. Hasta parece un retrato hablado. La impunidad les cubre a lo largo de su vida como aureola de santidad. Niegan para sí mismos que el pueblo, las organizaciones de que disponen y sus redes de acción no los alcanzarán con su brazo de justicia y legitimidad; sin embargo esto no es así.
“Ellos se manejan de acuerdo a principios y valores que en la práctica niegan la posibilidad de vida plena para Nosotros. Han gozado de la posibilidad de ejercer la violencia de manera legal e ilegal, visible e invisible no sólo contra las expresiones armadas organizadas sino en escarmientos contra cualquier demostración de hartazgo e insubordinación social. Estos principios y valores son reproducidos todos los días por individuos con poder local (en las colonias, en los municipios, en pueblos y ranchos) que de manera miserable maltratan y menosprecian a la gente aprovechando la constante de la pobreza. La transformación de todo esto pasa por erradicar estas conductas que encuentran en el provecho del ejercicio impune del poder económico, político, religioso, etc. su hábitat para garantizar sus privilegios a costa de los demás.
No se les están imputando responsabilidades abstractas sino crímenes concretos, hay actos solapados y manejos que aun dentro de su propio estado de derecho son injustificables; el crimen es su práctica y el cinismo su estampa. Nosotros, construyendo poder popular, nuevas formas de justicia y sanciones podremos mostrar que nadie, ni siquiera Ellos permanecerán impunes.

“Fraternalmente:
RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL
¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO!
Invierno de 2010”.



Tercera de tres.
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Artículo 39 constitucional

A estas horas
ay, amigos míos, artesanos,
pintores, astrónomos, marineros,
estamos despiertos. Es trabajo
nuestro el de arreglar algunas cosas.

“Diego Fernández de Cevallos parecía intocable hasta aquella noche en que su pasado oscuro lo alcanzó. Y, muy a su pesar, tuvo que responder de algunos de sus actos y verse en el espejo de nuestra mirada… espejo que al hacerlo prisionero reflejó su hechura de corrupto, prepotente y voraz expropiador, demostrando un hecho fundamental: siempre que como pueblo nos atrevamos a luchar contra la injusticia, no habrá felonía que quede impune.
“Diego Fernández de Cevallos Ramos (DFCR) es uno de los políticos que mayor responsabilidad tienen en el sostenido proceso de hecatombe económica, política y social que la elite dominante ha impuesto y desplegado en nuestro país de 1982 a la fecha, por medio de un entramado mafioso que opera dentro y fuera de las instituciones estatales; este proceso depredador vino a profundizar, bajo la criminal bandera neoliberal, las de por sí deterioradas condiciones de vida de los hombres y mujeres que viven en México, generando la mayor contrarreforma y el mayor retroceso histórico en nuestro país en lo que a bienestar social se refiere.
“DFCR es uno de los políticos que más se ha caracterizado por el abuso del poder, el tráfico de influencias y el enriquecimiento a costa del erario y de los bienes de la nación, legislando en pro de los grandes monopolios (financieros, de comunicaciones, alimentos, construcción, transportes, etc.) asesorando a las mafias del poder y litigando a favor de los grandes capos del narcotráfico. Es uno de los principales cómplices y operadores del fraudulento proceso electoral que se ha perpetrado sistemáticamente en nuestro país, desde el ocultamiento del fraude que impuso en 1988 a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia mediante la quema de boletas electorales hasta la organización del fraude que en 2006 impuso a Felipe Calderón Hinojosa. Es uno de los principales encubridores de los responsables de la guerra sucia y contrainsurgente desplegada por el régimen priista y ahora por el PAN contra los movimientos sociales, armados o no, convirtiéndose en uno más de los cómplices de la existencia de incontables perseguidos, torturados, asesinados, presos y desaparecidos por motivos políticos. Es un responsable directo de la inserción subordinada de México al bloque de países capitaneados en nuestro continente por el imperialismo estadounidense y, en consecuencia, del desmantelamiento industrial, la ruina del campo, la masiva migración, de la pauperización de la vida en general y el saqueo de nuestros recursos.
“En breve, Diego Fernández de Cevallos Ramos es un operador de la oligarquía neoliberal y de la ultraderecha fundamentalista, un traficante de influencias, un mercenario de los juzgados, un legislador a sueldo, un rentista de la crisis y un defensor de los grandes capos de la droga. Por ello su aprehensión fue una actividad pensada y realizada como un acto de desagravio.
“Tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado constituyó además un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones; una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los “descalzonados”, como él nos denomina; una demostración de que nadie, por poderoso que sea, puede ser intocable; una demostración de que con unidad de acción se puede doblegar la voluntad del enemigo y combatir la impunidad.
“Pocas veces se había percibido el miedo, la confusión y el enojo que una imagen puede generar en la poderosa elite gobernante, como lo hizo la primera foto del jefe Diego cautivo que empezó a circular en internet, y que los medios de comunicación se vieron obligados a difundir. En ella se le pudo observar no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de mexicanos, sólo que con una notable diferencia: A Diego le fue respetada su integridad física sin el desprecio que por la vida humana demuestra el poder con Nosotros.
“Con base en los resultados de este acto, consideramos necesario compartir la convicción de que si quienes somos pueblo logramos organizarnos en una sola voluntad política nacional, en una colosal fuerza social organizada, podremos hacer frente común a la injusticia y a la impunidad, a fin de derrotar a nuestros opresores y acordar la organización de una sociedad verdaderamente humanizada. Y pese a tener innumerables imputaciones en su contra y de que miles de ciudadanos exigen su legítima ejecución, conscientes estamos de que la verdadera solución a la crisis que vive el país no está en liquidarlo, sino en la capacidad del pueblo para organizarse y retomar las riendas de su propio destino, recurriendo a todos los medios a su alcance.
“Como parte del pueblo organizado decidimos realizar una tarea, la responsabilidad es nuestra. Creemos firmemente que reapropiarse del uso constructivo de la violencia es legítimo y hemos actuado en consecuencia.
“Esta tarea es parte de un proyecto más grande e importante: participar en la construcción del poder popular para transformar este país transnacionalizado en una verdadera patria digna, libre y nuestra. ¿O es mucho soñar con que las riquezas de México sean para la mayoría de los mexicanos? ¿Es ambicioso soñar con un país productivo que pueda dar trabajo y remuneración digna a sus hijos? ¿Es un sueño guajiro pensar que somos los 90 millones de pobres quienes debemos tener la posibilidad real de tomar las decisiones importantes en el modelo económico, político y cultural que deseamos? ¿Es mucho pedir un México para todos los mexicanos?
“Fraternalmente:
RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL
¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO!
Invierno de 2010”.

18.12.10

Una economía mediocre, la apuesta oficial

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, D.F., 17 de diciembre (apro).- Junto con la reciente solicitud al Fondo Monetario Internacional (FMI) de una línea de crédito “precautorio” por 73 mil millones de dólares, el gobierno mexicano colocó en los mercados financieros internacionales, en octubre,  1,000 millones de dólares en bonos a 100 años, a una tasa de 6.1% anual.
           En el anuncio del crédito con el FMI, Calderón dijo que está blindando a la economía de posibles choques externos. Esto de los choques externos les ha preocupado desde hace tiempo. A principios de año la Comisión de Cambios, presidida por el secretario de Hacienda, y formada por funcionarios de la dependencia y del Banco de México, le solicitó a éste que acumulara reservas justamente para proteger la economía de esa posibilidad. Así que el gobierno espera que las cosas en el mundo se compliquen y se está preparando para ello.
         La colocación de bonos a 100 años es indicativa de la manera en que este gobierno entiende al país y, más importante aún, da cuenta del papel que los funcionarios panistas suponen para México en el futuro.
         En el mundo este es el siglo de los países emergentes: primero se habló de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China) como los grandes protagonistas en 2020-2030 y ahora que ya lo son. Se habla de los países EAGLEs  (acrónimo de Emerging and Growth-Leading Economies: economías emergentes y líderes del crecimiento), en el que se incluye a Turquía, Indonesia, Corea e, incluso, a México, que serán trascendentes en la dinámica de la economía mundial tras la consolidación de China e India.
Esta trascendencia esperada se funda en que la nueva estructura económica surgida de la crisis bancaria establece que los países desarrollados crecerán lentamente, perdiendo protagonismo.
         Mientras en el mundo hay quienes sostienen que México tiene esa posibilidad, aquí el gobierno emite deuda a 100 años a tasas que resultan altas ahora, pero que serían escandalosas si el escenario fuera de crecimiento intenso y equilibrado.
          Para los funcionarios de Hacienda, la colocación es un enorme éxito por el plazo, pero en realidad es lamentable por la tasa ofrecida  y aceptada por los inversionistas. La tasa que pagará el gobierno será de 6.1% anual, más el riesgo cambiario. Muy alta si se compara con el 3.5% que pagó España en la emisión del 14 de diciembre pasado, en una situación crítica por el ataque especulativo.
           Pero eso muestra que, para el gobierno actual, México seguirá siendo un país mediocre los próximos 100 años. La apuesta de un partido que pretende seguir gobernando a México es que seguiremos siendo un país de tercer nivel, que debe seguir pagando altísimos rendimientos a los inversores extranjeros para financiarse.
          El gobierno se prepara para un posible choque externo. Sin embargo, lo que es mucho más relevante es que el choque interno no es una posibilidad, sino una certeza. La crisis afectó duramente a la economía porque se originó en Estados Unidos, destino del grueso de las exportaciones producidas en tierras mexicanas, aunque no de mexicanos, y porque el gobierno se negó a instrumentar una estrategia que sustituyera el dinamismo externo por fuentes  internas de crecimiento. Los panistas prefirieron mantener las finanzas públicas con un déficit muy pequeño, aunque ello implicara que cientos de miles de asalariados fueran despedidos y que se encontraran sin ningún respaldo estatal.
         El gobierno presume que, a diferencia de las dificultades que están viviendo países europeos como Grecia, Irlanda, Portugal, España e, incluso, Italia, nosotros estamos en una situación financieramente cómoda. Lo que no dice, porque no le interesa, es que en esos países el endeudamiento público sirvió para defender los niveles de vida de sus poblaciones a través de subsidios para los desempleados, mayores gastos sociales, de modo que la contracción del gasto público provocará un deterioro que, aunque será notorio, les dejará en condiciones extremadamente cómodas si se comparan con las que vive la mayoría de la población en México.
          El endeudamiento de esos gobiernos expresa la responsabilidad incluso legal para defender las condiciones de vida de la población. Nuestro gobierno tiene una deuda que representa apenas el 30.7% del PIB, por debajo de la media de los  países de la OCDE, pero por arriba del promedio latinoamericano, pero las condiciones de vida de la población son complicadas.
         Así que conviene reconocer que en Grecia, Irlanda, Portugal y España, pese a que sus gobiernos han decidido atender los reclamos de inversionistas sin escrúpulos, afectando a su población, la gente vive en condiciones muy ventajosas frente a lo que pasa en nuestro país.
          Hace apenas unos días en España se vivió un largo puente vacacional, del 3 al 8 de diciembre, en el que ocurrió el paro de los controladores aéreos, que dejó varados en los aeropuertos españoles a 650  mil personas que viajaban en avión, sin mencionar carreteras, tren u otro medio a tomar sol en el sur del país, a Portugal o a cualquier sitio. Lo cierto es que en medio de una dura crisis, con reducciones al gasto público que han provocado huelgas generales como la de fines de septiembre, con un desempleo cercano al 20%, los españoles salían de vacaciones.
         La población mexicana, en cambio, con una crisis que redujo el PIB más del 6% el año pasado, con un desempleo alto, con niveles de subempleo impresionantes, con reducciones a los salarios promedios reales de casi 8% en los dos últimos años y de 2% en los mínimos reales, se dispone a pasar los días de descanso en sus casas.
         El grueso de las familias mexicanas vive condiciones más difíciles, respecto de las que han vivido desde que se implementaran las reformas neoliberales. Para otros  países latinoamericanos, como Argentina y Brasil, la crisis fue superada con incrementos importantes de 9.3 y 6.8% en los salarios reales promedio.
           Para nosotros, la crisis empezó hace muchos años. No hemos tenido una bonanza como la vivida por la población española en los noventa del siglo pasado y en los primeros años de este siglo. Tenemos un gobierno que enfrenta la crisis protegiendo sus finanzas y no a su población. Nuestras necesidades, en consecuencia, son apremiantes. El choque externo agravó las condiciones internas.
          Es engañoso decir, como lo hace Carstens, que tener unas reservas que pudieran llegar a 200 mil millones de dólares –la suma del crédito flexible del FMI y las reservas internacionales del banco central-- permitirán un crecimiento vigoroso en los años próximos, cuando lo que se requiere es que ese crecimiento sea inmediato.
         Es totalmente desconsiderado prometer que, frente a un escenario externo conflictivo, la economía no sufrirá, cuando ya está sufriendo las consecuencias de un escenario externo desfavorable. Por eso estamos como estamos.

o_selley2001@yahoo.com

12.12.10

Petróleo y constitucionalidad: una primera aproximación

José Antonio Rojas Nieto
 
El pasado 24 de noviembre, y por primera vez después de la Reforma Energética de 2008, con un voto razonado en contra de Rogelio Gasca Neri, consejero profesional, el Consejo de Administración de Pemex aprobó los llamados contratos incentivados.
Siempre ha habido contratos. Pero no incentivados. Se trata de los contratos de servicios para la evaluación, el desarrollo y la producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la Región Sur. Y tienen una novedad. Permitirán que en una zona específica de explotación petrolera, las obras sean realizadas totalmente por privados, que deberán evaluar reservas, desarrollarlas y producir hidrocarburos. Ciertamente –al menos de manera formal– no se concesionan áreas que pertenecen a la nación. No. Pero se asignan áreas exclusivas a privados para que realicen las obras y luego entreguen a éste el petróleo y el gas descubiertos y extraídos. No se había hecho antes. Ni siquiera en el caso del gas natural. En cierto sentido, se han cuidado las formas. Pero creo que hay un cambio radical de interpretación del 27 constitucional. Se hace aparecer este ejercicio de contratación incentivada como una acción por la que se paga un dinero en efectivo. Nunca petróleo en especie.
Los ideólogos han sido relativamente cuidadosos con el diseño. Tanto que la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha respaldado. Sí, así ha resultado del dictamen sobre la controversia promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Presidente de la República y otras autoridades, demandando la invalidez del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos emitido por el titular del poder Ejecutivo el 3 de septiembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 del mismo mes y año, específicamente los artículos 2, fracciones I y IX, 14, 26, 27, 33, 40, 41, 62, 70, 71 y 72.
Efectivamente, el pasado 30 de noviembre –una semana después de la aprobación de esos contratos en Pemex– se presentó el caso al pleno de la Corte por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Y se resolvió que los contratos que se ofrecen a particulares se orientan a que dichos privados coadyuven con Pemex en sus tareas, pero no lo sustituyan. Eso se garantiza si se cumplen –la Corte dixit– las normas de contratos y, sobre todo, si los pagos por la contratación no se dan como porcentaje de la producción ni de las ventas. La justificación conceptual se funda en la ratificación de la distinción entre actividades sustantivas y proyectos sustantivos.
Nunca se podrán disminuir, rebasar o afectar las actividades sustantivas de Pemex, las que comprende la industria petrolera estatal, la petroquímica distinta de la básica y las que le señalan los artículos tercero y cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en materia de petróleo.
Tres conceptos clave centraron la discusión de la Corte: 1) actividades sustantivas de carácter productivo; 2) proyectos sustantivos; y 3) disposiciones sustantivas de contratación. Las primeras son las que se señalan en la Ley Reglamentaria del 27 constitucional, en la Ley de Pemex y en sus reglamentos. Los segundos son el conjunto de actividades e inversiones necesarias para la realización de las actividades sustantivas, incluyendo su diseño y planeación. Y las disposiciones sustantivas de contratación son las que se aplicarán a los proyectos sustantivos para realizar las actividades sustantivas. Las emitirá el consejo de administración de Pemex, como los contratos aprobados el 28 de noviembre pasado.
Aquí la clave del asunto. A decir de la Corte, el formato de proyecto aprobado el 24 de noviembre tiene toda la legitimidad y legalidad para que los privados realicen los proyectos sustantivos, que coadyuvarán –de nuevo, Corte dixit– a que Pemex cumpla sus actividades sustantivas. Y buscar la preservación del valor económico del petróleo. Ya veremos en la siguiente entrega qué características tienen esos contratos. Mi opinión es que desdibujan lo sustancial de Pemex y manipulan el concepto de renta petrolera. Lo veremos.

2.12.10

Latin America’s Twenty First Century Capitalism and the US Empire


Political Power and the World Market

The twin nemesis of Latin America’s quest for more equitable and dynamic development, US imperial and local oligarchic power have been subject to profound changes over the past decade. New capitalist classes both at home and abroad have redefined Latin America’s relation to world markets, seized opportunities to stimulate growth and forged cross class coalitions linking overseas investors, agro-mineral exporters, national industrialists with a broad array of trade unions, and in some countries peasant and Indian social movements. Parallel to these changes in Latin America, a new militarist and financial political configuration engaged in prolonged wars, colonial occupations and widespread speculation has weakened the structural economic links – dominance – between US imperial economic interests and Latin America’s dynamic socio-economic classes.
In the present conjuncture, these basic changes in the respective class structures – in the US and Latin America – define the contours, constraints and ‘reach’ of the imperial classes as well as the potential autonomy of action of Latin America’s leading socio-economic classes.
Notions which freeze Latin America in a time warp such as “500 years of exploitation” or which conflate earlier decades of US political-economic dominance with the present, have failed to take account of recent class dynamics, including popular insurrections, mass electoral mobilizations and failed imperial-centered economic models which have redefined the power equation between the US and Latin America. Equally important, fundamental changes in market relations and market competition has lessened US influence in the world market and opened major growth opportunities for new and established sectors of Latin America’s capitalist class, especially its dynamic export sectors.
Understanding imperialism, especially the US variant, requires focusing on class relations, within and between countries and regions, the changing balance of power as well as the impact of fundamental changes in world market relations. Equally important the private economic institutions of imperialism (banks, multi-national corporations, investors) are contingent on the composition and policies of the imperial state. Insofar as the state defines its priorities in military and ideological terms and acts accordingly, by channeling resources in prolonged wars, the imperial policymakers weakens their capacity to sustain, finance and promote overseas private economic interests. As we shall analyze and discuss in the following sections, the US has suffered a relative loss of political and economic power over key Latin American regimes and markets as its military commitments have widened and deepened over time. The result is a Latin American political configuration which has changed dramatically over the past two decades.
Latin American Political-Economic Configurations and US Imperialism
The upsurge of social movements, the subsequent ascent of center-left political regimes,the dynamic economic growth of Asian economies and the consequent sharp increase in prices of commodities in the world market has changed the configuration of political power in Latin America and between the latter and the US between 2000-2010.
While the US exercised almost absolute hegemony during the period 1980-1999, the rise of a militarist caste promoting prolonged imperial wars in the Middle East and South Asia and the rise of relatively independent national-popular and social-liberal regimes in Latin America has produced a broad spectrum of governments with greater autonomy of action.
Depending on the criteria we use, Latin American countries have moved beyond the orbit of US hegemony. For example, if we examine trade and investment, all the major countries, independent of ideology, have to a greater or lesser degree diversified their markets, trading and investment partners. If we examine political alignments, we find that all the major countries have joined UNASUR, a regional political organization that excludes the US. If we examine policy divergences from the US on major regional issues, such as the US embargo on Cuba, its efforts to isolate Venezuela, its proposed military bases in Colombia, Washington remains in splendid isolation, to the point that the new Colombian President Santos, chooses to “postpone” implementation in favor of maximizing billion dollar trade and diplomatic ties with Venezuela. If we focus on ideological divergence between the US and Latin America, particularly on global issues of free trade, military coups and intervention, we find a variety of positions.

For example, Brazil opposes US sanctions against Iran and supports the latter’s program of uranium enrichment for peaceful uses. If we focus on joint US-Latin American military exercises and support for the Haitian occupation, most Latin countries – with the exception of Venezuela – participate. If we examine the issue of bilateral trade and regional trade agreements, the US proposals on the latter were voted down, while several countries pursue (so far with little success) the former. On a rather fluid measure of ‘affinity for neo-liberal’ ideology, in which a mixture of elements of statism, deregulated markets and social welfare co-exist in varying degrees, we can draw up a tentative 4 fold division between “left”, “center left”, “center right” and “right”.
On the “left” we can include Venezuela and Bolivia which have expanded the public sector, economic regulations and social spending. On the “center-left” we can include Argentina, Brazil and Ecuador which have increased social spending, public investment and increased employment, wages and reduced poverty, while vastly increasing private national and foreign investment in agro-mineral export sectors. On the center-right we can include Uruguay, Chile and Paraguay, which embrace free market doctrines, with mild poverty programs and an open door to foreign investment. On the right we find Colombia, Panama, Costa Rica, Mexico, Peru, Honduras, Haiti, the Dominican Republic, all of whom line up with Washington on most ideological issues, even as they may be diversifying trade ties with Asia and Venezuela.

Internal shifts in class power within Latin America and the US have spurred divergences. Latin America has witnessed greater policy influence by a more ‘globalist elite’ less tied to the US, and an emerging ‘nationalist bourgeoisie’, and greater pressure from reformist working class and public employees trade union. In contrast within the US industrial capital has lost influence to the financial sector and exerts little influence in shaping economic policy toward Latin America, beyond rearguard ‘protectionist’ measures and state subsidies. The US ruling political elite, highly militarized and Zionized, shows little capacity to engage in launching any major new initiatives toward recapturing markets in Latin America, preferring massive military expenditures on wars and paying tribute to their Israeli mentors.

As a result of major socio-political shifts within the US and Latin America and the singular importance of dynamic changes in the world market, there are four axis of power operating in the Western Hemisphere.

A. The emerging economic power of Brazil and the growth of intra-regional trade within and between Latin American economies.
B. The dynamic expansion of Asian trade, investment and markets leading to a long term, large scale shift toward greater economic diversification.
C. The substantial financial flows from the US to Latin America in the form of “hot money” with destabilizing effects, as well as continued substantial investment, trade and military ties.
D. The European Union, Russia and the Middle East as real and potential influentials in particular settings, depending on the countries and time frame. 
Of these 4 ‘vectors of power’, the most significant in recent times in reshaping Latin America’s relation to the US and more importantly in opening up prospects for 21st century capitalist growth, is the boom in commodity prices and demand – the dynamic of the world market. On the ‘negative side’, the prolonged US-EU economic crises has limited trade and investment growth and encouraged greater Latin American integration and expansion of regional markets. A serious threat to Latin America’s growth, autonomy and stability is found in the US currency devaluation and subsequent overvaluating of Latin currencies (especially Brazil) imposing constraints on industrial exports and prejudicing the manufacturing sector. Equally important US and EU manipulation of interest rates – downward – has driven speculative capital toward higher interest rates in Latin America, creating destabilizing “bubbles” which can derail the economies.
 
US Empire Strikes Back: Protectionism, Devaluation and Unilateralism
 
By the middle of 2010 it was clear that the US economy was losing the competitive battle for markets around the world and was unable to reduce its trade and fiscal deficit within the existing global free trade regime. The Obama regime, led by Federal Reserve head Bernacke and Treasury Secretary Geithner unilaterally launched a thinly disguised trade war, effectively devaluating the dollar and lowering interest rates on bonds in order to increase exports and in effect ‘overvalue’ the currency of their competitors. In other words the Obama regime resorted to a virile “bugger your neighbor policies”, which outraged world economic leaders, provoking Brazilian economic leaders to speak of a “currency war”. Contrary to Washington’s rhetoric of “greater co-operation”, the Obama regime was resorting to protectionist policies designed to alienate the leading economic powers in the region.
No longer in a position to impose non-reciprocal trade agreements to US advantage, Washington is engaged in currency manipulation in order to increase market shares at the expense of the highly competitive emerging economies of Latin America and Asia, as well as Germany.
Equally prejudicial to Latin America, the Federal Reserve’s lowering of interest rates leads to heavy borrowing in the US in order to speculate in high interest countries like Brazil. The consequences are disastrous, as a flood of “hot money”, speculative funds flow into Latin America, especially Brazil, overvaluating the currency and provoking a speculative bubble in bonds and real estate, while encouraging excess liquidity and public and private consumer debt. Equally damaging the overvalued currencies price industrial and manufacturing out of world market competition, threatening to “de-industrialize” the economies and further their dependency on agro-mineral exports. US resort to unilateral protectionism tells us that the decline in US economic power has reached a point where it struggles to compete with Latin America rather than to reassert its former dominant position. Protectionism is a defense mechanism of an empire in decline. While Washington can pretend otherwise, the weapons it chooses to arrest its loss of competitiveness in the short run, sets in motion a process of growing Latin America integration and increased trade with Asian economies, which will deepen Latin America’s economic independence from US control.
Latin America’s Center-Left and the US: Economic Ties Trump Geopolitical Strategies
The consolidation of Latin America’s center-left regimes has had major consequences for US policy, namely a reconciliation between arch-adversary Venezuela and Washington’s foremost ally, Colombia. The power of the market, in this case over $4 billion in Colombian exports to Venezuela, has trumped the dubious advantage (if any) of being Washington’s military launching pad in Latin America.
The election of Lula’s chosen candidate Dilma Rousseff as President of Brazil, the likely re-election of Chavez in Venezuela and Cristina Fernandez in Argentina, means that Washington has little leverage to reverse the dynamic diversification and greater autonomy of Latin America’s leading economies. Moreover, as the political rapprochement between Venezuela and Colombia, including the mutual extradition of Colombian guerrillas and drug traffickers demonstrates, closer economic relations are accompanied by warmer political relations, including a tacit pact in which Colombia abjures from supporting the rightwing opposition in Venezuela, while the latter does likewise toward the Left opposition to Santos. The larger meaning of this obscuring of ideological boundaries is that Latin America’s economic integration advances at the expense of US prompted ideological divisions. The net result will be the further exclusion and diminution of the US as the dominant actor in the Southern Hemisphere. At the same time it should be remembered that we are writing about greater capitalist integration, which means the continued marginalization of class based trade unions and social movements from strategic economic policy making positions.
In other words, the decline of US hegemony is not matched by an increase in working class or popular power. As both decline, the big winner is the rising business class, mostly, but not exclusively the agro-mineral, financial and manufacturing elites linked to the Latin American and Asian markets.
The prime destabilization danger now includes US currency wars, the growing potentially volatile extractive exports and the high levels of dependence on China’s (and Asian) appetite for raw materials.
Imperial Wars, Free Trade and the Lumpen Legacy of 1990’s
One of the paradoxes leading to the current eclipse of US hegemony in Latin America is found in the very military and economic successes in the 1990’s. A broad swathe of North and Central American and the Andean countries has witnessed the rise of what we call “lumpen political-economic power” which has devastated the formal economy and legitimate political authority. The concept of “lumpen” is derived from ‘lupus’ or Latin for ‘wolf’ a metaphor for a ‘predatory’ actor, or in our context, the rise of a political and economic class which preys upon the public and private resources and institutions of an economy and society. The lumpen power elites are based on the creation of a dual system of legitimate and illegitimate political authority backed by the instruments of coercion and violence. The emergence and formation of a powerful lumpen class of predatory capitalists and their accompanying military entourage is what we refer to in writing of the “process of lumpenization”. Today “lumpenization” no longer merely entails the overt violent organizers of illicit production, processing and distribution of drugs but an entire array of ‘offspring’ economic activity (kidnapping, immigrant smugglers, etc.) as well as large scale long term interaction with ‘legitimate’ economic institutions and sectors, including banking, real estate, agriculture, retail shopping centers, tourist complexes, to name a few.

Money laundering of illicit funds is an important growth sector, especially providing important flows of capital to and from major US and Latin American financial institutions. Today over three-quarters of Mexico’s territory and governance is contested by over 30,000 organized armed lumpen led by centralized political-economic formations. Central America is a major transit point, production center and terrain for bloody lumpen struggles for power and revenue collection. Colombia is the major center for ‘raw material production’of drugs, marketing,and import and export center under the leadership of powerful lumpen capitalists with long standing ties to the governing political, military and economic elite. The lumpen economy has supply chains further south in Peru, Bolivia and Paraguay and distribution networks through Venezuela and Brazil as well as multi-billion dollar money laundering and financial links in the Caribbean, the US, Uruguay and Argentina.
Several important issues to keep in mind in discussing the lumpen political economy.These include: (1)the growth in size, scope and significance over the past 20 years (2) the increasing economic importance as the ‘legitimate’ economy goes into crises (both cause and consequence) (3) the increasing public cynicism as previously thought of “legitimate” economic and political actors (capitalists) engage in multi-billion dollar financial swindles and are “bailed” out by political leaders.
The ‘boom’ in lumpen political-economic growth can be dated to the end of the 1980’s and early 1990’s, coinciding with several major historical events in the region. These include: the North Atlantic Free Trade Agreement; the US-oligarchy defeat of the revolutionary movements in Central America and the demobilization but not disarmament of the paramilitary and armed militia; the total militarization and paramilitarization of Colombia especially with the advent of Plan Colombia (2001) and the end of peace negotiations; the deregulation of the US financial system in the mid 1990’s and the growth of a financial bubble economy.
What is striking about all the countries and regions experiencing ‘deep lumpenization’, is the profound disarticulation of their economies and smashing of their social fabric due to free trade agreements with the US (Mexico and Central America) and the large scale US military intervention during their civil wars (El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia). The US politico-military intervention left millions without work and worse, destroyed the possibility of reformist or revolutionary political alliances coming to power and carrying out meaningful structural changes.

The restoration of US backed neo-liberal-militarist collaborator regimes left the young unemployed peasants and workers with three choices:

(1)submit to degradation and poverty
(2) emigrate to North America or Europe
(3) join one or another of the narco-trafficking organizations, as a risky but lucrative route out of poverty.

The timing of the rise and dynamic growth of lumpen power coincides with the imposition of US free trade and political victories in the aforementioned regions.From the early 1990’s forward lumpen power spreads across the region fueled by NAFTA decimating the Mexican small producers and the US imposed Central American “peace accords” which effectively destroyed the chances of socio-economic change and dismantled but did not disarm the militias and paramilitary gunmen.
Case Studies of Lumpen Dual Power: Mexico
Mexico, unlike the other major economies of Latin America did not experience any popular upheavals or center-left electoral outcomes during the late 1990’s or early 2000. Unlike Venezuela, Argentina, Brazil, Bolivia and Ecuador, in which new center-left regimes came to power imposing regulatory controls on financial speculation, Mexico witnessed electoral fraud and signed off on NAFTA, deepening its ties to Wall Street .As a result it experienced a series of financial shocks, undermining its capacity to launch a more diversified trading and investment model.

Unlike Argentina which launched state directed employment generating investment policies, Mexico, under US tutelage, relied on emigration and overseas remittances to compensate for the loss of millions of jobs in agriculture, small and medium manufacturing activity and retail sales. While popular uprisings and mobilization in Latin America led to the rise of center-left regimes capable of securing greater independence in economic policy from the US and the IMF, the Mexican elite literally stole elections in 1988 and 2006, blocking the possibility of an alternative model. It successfully repressed alternative peasant movements in Chiapas, Oaxaca and Guerrero unlike the successes in Bolivia and Ecuador. While the center-left regimes captured the economic surplus from the agro-mineral sectors and increased public and private investment in production and social spending, Mexico witnessed massive illegal and legal outflows of investments into speculative ventures in the US: an outflow of over $55 billion between 2006-2010.
Regional migration within Latin America fueled by high growth, led to rising income; overseas immigration depleted Mexico of skilled and unskilled labor ; in some cases ‘return migration’from the US of deported gang members, with arms and drug networks fueled the growth of lumpen power . With the severe recession, US immigration policy led to the closing of the border, the massive deportation of Mexican immigrants and the decline of the major source of foreign earnings: remittances. Pervasive and deep corruption throughout the cupula of the Mexican political and economic system, combined with the decline of the legitimate economy, the absence of channels for popular redress and Washington’s insistence that militarization and not social investments was the solution to rising crime, led to the huge influx of young recruits to the growing network of lumpen-capitalist directed narco enterprises. With almost all US and Mexican financial institutions and arms vendors as willing partners and an unlimited pool of young recruits with a ‘lean and hungry look’, Mexico evolved into a fiercely contested terrain between a half dozen rival lumpen organizations,and the Mexican military, with nearly 30,000 deaths between 2006-2010.
Lumpenization: Central America
Drug gangs dominate the streets of the major cities and countryside of all the countries which were militarized during the US backed counter-revolutionary wars between the 1960’s to early 1990’s. US proxy military dictators and their civilian clients, in El Salvador, Guatemala, Nicaragua and Honduras decimated civil society and particularly the mass popular organizations. In El Salvador over 75,000 people were killed and hundreds of thousands were uprooted, driven across borders or into urban shanty towns. In Guatemala over 200,000 mostly Mayan Indians were murdered by the US trained “special forces” and over 450 villages were obliterated in the course of a scorched earth policy. In Nicaragua, the Somoza dictatorship and the subsequent US financed and trained counter-revolutionary (“contra”) mercenary army killed and maimed close to 100,000 people and devastated the economy. In Honduras, the US embassy promoted and financed in-country and cross-border counter-insurgency operations which killed, uprooted and forced thousands of Honduran peasants into exile.
Highly militarized Central American societies, in which US funded and armed death squads murdered with impunity, in which the economy of small producers was shattered and ‘normal’ market activity was subject to military assaults, led to the growth of illegal crops, drug and people smuggling. With the so-called “peace agreements”, the leaders of the insurgents became “institutionalized”in elite electoral politics,while large numbers of unemployed ex-guerillas and demobilized death squad militia members found no place in the status quo.

The neo-liberal order imposed by the US client rulers with its free market ideology built “fortress neighborhoods”, hired an army of private “security” guards, while the productive bases of small scale agriculture was destroyed. Millions of Central Americans faced the familiar “routes out of poverty”: outmigration, forming or joining criminal gangs, or attempting to find an economic niche in an unpromising environment. Outmigration for semi-educated former members of armed bands led to their early entrée into armed groups, deportation back to Central America, swelling the ranks of narco traffickers in their “home country”. Highly repressive immigration policies implemented in the new millennium closed the escape valve for most Central Americans fleeing violence and poverty. Former guerrilla fighters and their families, abandoned by their former leaders embedded in electoral parties, turned their military experience toward carving a new living, as security guards for the rich, or as armed traffickers competing for ‘market shares’ with and against the discharged deathsquad militia members.
Between 2000-2010 the annual number of homicides exceeded the number of deaths suffered during the worst period of the civil wars of the 1980s. US imposed peace agreements and the neo-liberal order which resulted, led to the total lumpenization of the economy and polity throughout the region, the practice of electoral politics and even the election of “center-left” politicos in El Salvador and Nicaragua notwithstanding. Lumpenization was a direct consequence of the ‘scorched earth’ and ‘mass uprooting’ counter-insurgency policies which were central to US re-establishing dominance in the region. Economic and personal insecurity and social misery were the price paid by imperial Washington to prevent a popular revolution.
Case Study: Colombia
The ties between the world centers of finance and the most degenerate and blood curdling ruler in the Western Hemisphere were most evident in the slavishly laudatory puff-pieces published in the Financial Times and the Wall Street Journal in praise of President Alvaro Uribe, while over 3 million Colombians were driven off their lands, several thousands were murdered, over a thousand trade unionists, journalists and human rights activists were killed. Two thirds of his Congressional backers were financed by narco-traffickers .Incarcerated deathsquad leaders identified top military officials as their primary supporters. All of Colombia’s Presidents collaborated closely with US military missions and all were financed and associated with the multi-billion dollar drug cartels, even as the Pentagon claimed to be engaged in a “war against drug trafficking”.
Landlords and their financial and real estate backers organized private militias, which terrorized, uprooted and killed hundreds of thousands of peasants, others fled to the urban slums, or across the border to neighboring countries. Others joined the guerrillas, and still others were recruited by the deathsquads and military. With the advance of the guerrilla armies and then President, Pastrana’s opening to peace negotiations, President Clinton launched a $5 billion dollar military scheme, “Plan Colombia” to quadruple Colombia’s air and ground forces and deathsquads. With Washington’s backing, Alvaro Uribe, a notorious narco-deathsquad politico, so identified by US officials, took power and launched a massive scorched earth policy, murdering and displacing millions of peasants and urban slum dwellers in an effort to undermine the vast network of community organizations sympathetic to the agrarian reform, public investment and anti-military program of the guerrilla movements.
Mass terror and population flight emptied whole swathes of the countryside; livelihoods were destroyed and landlords in alliance with drug cartel bosses and Generals seized millions of acres of land. For the financial and respectable mass media, the massification of terror mattered not: the insurgents were ‘contained’, driven back, put on the defensive. They trumpeted the killing of key guerrilla leaders: foreign corporate property was secure. Rule by Uribe , the military and the narco-deathsquads secured US power and influence and created an ideal “jumping off” location for destabilizing the democratically elected Venezuelan President Chavez. The latter was especially important by the mid 2000’s when Washington’s internal assets attempted coup and lockout were resoundingly defeated in 2002-03. Having gained strategic territorial advantage over the guerrillas, Washington in collaboration with Uribe moved to shift the balance of power between the narco-deathsquads and the state: a disarmament and demobilization and amnesty was proclaimed. The result was detailed revelations of the deep structural links between narco-deathsquads and the Uribe police state regime, up to and including family members and cabinet ministers. While ‘nominally’ the cartels are in retreat, in fact, they have become decentralized .Equally important top politicos and military officials continue to collaborate in the production, processing and shipping of billion dollar cocaine exports … with major US banks laundering illicit funds.
Rule of Lumpen-Capitalism in the Imperial System
Drug trafficking has deep roots in the economies of North and South America and has profound ramifications throughout their societies. One cannot understand the tremendous growth of US banking and financial centers if not for the $25 to $50 billion dollar yearly income and transfers from laundering drug funds and double that amount from illegal money transfers by business and political leaders directly and indirectly benefiting from the drug trade. Lumpen capitalists, their collaborators, facilitators paramilitary mercenaries and military partners play a major political role in sustaining the imperial system. Washington’s major influence and principle area of dominance resides in those countries where lumpen power and deathsquad operations are most prevalent, namely Central America, Colombia and Mexico.Both phenomena are derived from US designed ‘scorched earth’ counter-insurgency strategies that prevented alterations, modifications or reforms of the neo-liberal order and blocked the successful emergence of social movements and center-left regimes as took place in most of Latin America.
The contemporary imperial system relies on lumpen capitalists, their economic networks and military formations in practically every major area of conflict even as these collaborators are constant areas of friction.
As in Afghanistan and Iraq today and in Central America in the recent past and in Latin America under the military dictatorships, the US relies on drug traffickers, military gangsters engaged in extortion, kidnapping, property seizures and the pillage of public property and treasury to destroy popular movements, to divide and conquer communities and above all to terrorize the general public and civil society.
The singular growth of the financial sector especially in the US is in part the result of its being the massive recipient of large scale sustained flows of ‘plunder capital’ by lumpen rulers and their economic partners via ‘political crony’ privatizations, foreign loans which never entered the local economy and other such forms of pillage characteristic of ‘predator’ classes.
The deep structural affinities between Wall Street speculators and Latin lumpen-capitalists provided the backdrop for the ascendancy of a new class of lumpen financiers in the imperial financial centers: bogus bonds, mortgage swindles, falsified assessments by stock ratings agencies, trillion dollar raids on state treasuries define the heart and soul of contemporary imperialism.
If it is true that the promotion and financing of lumpen warlord capitalists was an essential defense mechanism at the periphery of the empire to contain popular insurgencies, it is also true that the growth of lumpen capitalism severely weakened the very core of the imperial economy, namely its productive and export sectors leading to uncontrollable deficits, out of control speculative bubbles and massive and sustained reductions of living standards and incomes.
Lumpen classes were both the agencies for consolidating the empire and its undoing: tactical gains at the periphery led to strategic losses in the imperial centers. Imperial policymakers resort to terrorist formations resulted from their incapacity to resolve internal contradictions within a legal, electoral framework. The high domestic political cost of long term warfare led inevitably to the recruitment of mercenary lumpen armies who extracted an economic tribute for questionable loyalty. Lacking any popular constituency, mercenary armies rely on terror to secure circumstantial submission. Having secured control, local warlords preside over the rapid and massive growth of drugs and other lumpen economic practices.
The alliance of empire and lumpen capitalists against modern secular and traditional insurgencies, brings together high technology weaponry and primitive clan based religious-ethnic racists in Iraq and Afghanistan and deracinated psychopaths in the case of Colombia.,Mexico and Central America.
For Washington military and political supremacy and territorial conquests take priority over economic gain. In the case of Colombia the scorched earth policy undermined production and lucrative trade with Venezuela. Imperial ascendancy had similar consequences in Asia, the Middle East and Central America.
When Lumpen Power becomes a Problem for the Imperial State
Lumpen capitalism develops a dynamic of its own, independent of its role as an imperial instrument for destroying popular insurgency. It challenges imperial collaborator regimes. It displaces, threatens, or cajoles foreign and domestic capitalists. In the extreme, it establishes a private army, seizes territorial control, recruits and trains networks of intelligence agents within the armed forces and police, undermining imperial influence. In a word lumpen organized military capitalism threatens the security of imperial hegemony: newly emerging predators threaten the established collaborators. The imperial attempts to use and dispose of lumpen counterinsurgency forces has failed; the demobilized paras become the professional gunmen of a “third force” – neither imperial nor insurgent. The decimation of the reformist center-left option, which took hold in Latin America, precludes a socio-economic alternative capable of integrating the young combative unemployed, stimulating the productive economy, diversifying markets and escaping the pitfalls of a US centered neo-liberal order.
The divergence of priorities and strategies between Latin America’s center-left and Washington has as much to do with economic and class interests as it has with ideological agendas. For the US security means defeating the rising power of lumpen military economic formations in their remaining ‘power bases’. For Latin America, security concerns are secondary to diversifying and boosting market shares within Latin America and overseas. Lumpen power is currently under the political control of domestic rulers in Latin America; it is out of control in US clients. The US solution is military; the Latin approach is greater growth; social expenditures and police repression especially in Brazil. The Latin solution has greater attraction, evident in Colombia’s break with the US military base and encirclement strategy toward Venezuela. Colombia’s new President opted for $8 billion dollar trade deals with Venezuela’s Chavez over and against costly million dollar military base agreements with the US.
Clearly the US economic decline in Latin America as a direct result of its reliance on military and lumpen power, is in full force. The driving force of accelerated decline is not popular insurgency but the attraction and lucrative opportunities of the economic marketplace within Latin America and beyond for the local ruling classes. Insofar as militarism defines the policies and strategies of the US Empire there is no remedy for the challenges of lumpen power in its ‘backyard’. And Washington has nothing on offer to recapture a dominant presence in Latin America. The world market is defeating the empire. Latin America’s twenty-first century capitalists are leading the way to further decline in imperial power.

29.11.10

Cutting the Deficit: Sacrificing Workers to Save the Rich

  James Petras

“There’s class warfare, all right, but its my class, the rich class that’s making war and we’re winning”
Warren Buffet


The most important and popular social and tax programs in the United States are threatened by a self-styled “Bipartisan National Commission on Fiscal Responsibility and Reform”. Appointed by President Obama on February 18, 2010, co-chaired by two longstanding champions of Wall Street: ex Senator Simpson (R, WY) and former Clintonite White House Chief of Staff Erskine Bowles. The Commission Report issued November 10 proposes to slash social security payments, reducing recipients to poverty, raise the retirement age to 69 ensuring that millions of workers will die before they can retire, or enter retirement in ill health; reduce or freeze cost of living increases through inflation indexes which understate by half the rises in food, gas, hospital and education. The Commission proposes deep cuts in Medicare, increased Medicaid co-pays and slashing $54 billion from graduate medical education. The Commission proposes to eliminate tax breaks including deductions for home mortgage interest payments while taxing employer provided medical insurance.

The same Commission Report proposes to reduce capital gains and income taxes for the rich by up to 24%.

President Obama and the Republican leadership praised the Commission and wants “to give them space to work on it”.

The so-called crisis of Social Security is a result of the Republican and Democratic governments siphoning off payments into the general fund. The forthcoming shortfall (2030) can be easily remedied by lifting the payroll tax ceiling, for the rich, taxing all earned income. Medical costs can be reduced by 50% by replacing the for profit corporate health insurance and pharmaceutical corporations with a non-profit national health system, similar to successful programs in Europe and Canada.Both Medical plans and Social Security can be easily funded by imposing a 1%sales tax On the sale of stocks and bonds.

The deficit proposals put forth by Obama’s Bipartisan Commission threaten to push the one-third of retirees who depend mainly on their social security payments into the food kitchens or destitution. The added cost and reductions in health care will increase the mortality rate among working families. The increase in retirement age will result in “work until you die”, with no time for leisure, travel or grandchildren. It is time to send a message to Washington: cut Social Security and Medicare and home interest deductions and you will visit Washington on your own time.

Seguridad democrática vs. Alba

Carlos Fazio
 
El 17 de noviembre tuvo lugar en el Capitolio un seminario preparatorio de la nueva ofensiva desestabilizadora ultraderechista en América Latina. El perfil y la agenda de los participantes alejan cualquier sombra de duda sobre eventuales teorías conspirativas antiestadunidenses. Los anfitriones fueron los congresistas republicanos por Florida, Ileana Ros-Lehtinen y Connie Mack, ambos ligados a la mafiosa Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), protectores de los terroristas internacionales confesos Luis Posadas Carriles y Orlando Bosch, y patrocinadores del golpista Roberto Micheletti, en Honduras.
También asistieron el ex embajador estadunidense en Caracas, Otto Reich, y el ex subsecretario de Estado Roger Noriega, viejos plomeros de las guerras sucias de Washington en la región y miembros conspicuos de la pandilla del halcón John D. Negroponte. Otros participantes fueron José Cárdenas, ex administrador adjunto de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés); el ex embajador de EU en Costa Rica, Jaime Daremblum, del Instituto Hudson; y el ex director de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas, John Walters.
Entre los seminaristas invitados estuvieron Alejandro Aguirre, presidente saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), antiguo instrumento de la CIA durante la guerra fría y que un par de días antes, en Mérida, Yucatán, había servido de plataforma guerrerista a los presidentes Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, de México y Honduras, respectivamente; Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión de Venezuela, golpista, prófugo de la justicia y residente en Miami; el coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente golpista de Ecuador y autor intelectual de la asonada policial y el intento de magnicidio del mandatario Rafael Correa el 30 de septiembre último, y Luis Núñez, del Comité Cívico de Santa Cruz, y Javier El-Hage, de la Fundación de Derechos Humanos de Bolivia, vinculados a la conspiración terrorista del mercenario húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, quien en abril de 2009 participó en el complot para asesinar al presidente Evo Morales.
El título del seminario fue de suyo elocuente: Peligro en los Andes: amenazas a la democracia, derechos humanos y la seguridad interamericana. El nombre de uno de los talleres abonaba el camino hacia los enemigos potenciales: El terrorismo, el Islam radical y narcotráfico. A su vez, las amenazas contra Estados Unidos, sus aliados cipayos y la democracia liberal-conservadora quedaban identificadas desde las dos preguntas iniciales que debían responder los ponentes: ¿La Alba de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua constituirá una amenaza a los intereses estadunidenses y a la seguridad interamericana? ¿Están la democracia y los derechos humanos en peligro bajo el socialismo del siglo XXI?
De más estar decir que la mezcla de todos esos elementos no podía dar otro resultado que las dos consignas prioritarias emergentes de la reunión, que figuran en la matriz de los planes de desestabilización encubierta de Washington y sus socios en los países del Alba: la eliminación de Hugo Chávez y arremeter contra el azote del socialismo del siglo XXI, sinónimo de totalitarismo.
De la combinación de enemigos y amenazas surgen otras matrices de opinión consustanciales a la guerra de dominación de espectro completo de Estados Unidos en el área, verbigracia, construcciones mediáticas tales como narcoinsurgencia o narcoterrorismo, tan socorridas a últimas fechas por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el Pentágono y la CIA, aplicadas a México. A las que habría que agregar otras fabricaciones propagandísticas que se manejan en los seminarios organizados por la comunidad de inteligencia en centros académicos de la región, como la conexión iraní y el populismo radical o autoritario (cabe recordar la actualización 2010 de Felipe Calderón: AMLO, un peligro para México).
Como parte de la propaganda de Estados Unidos en México, el guión que se diseñó para la guerra de Calderón incluyó desde un principio (diciembre de 2006) el control de territorio y de frontera, y la difuminación de las diferencias esenciales (incluidos los fines políticos e ideológicos) entre crimen organizado, insurgencia, milicias (paramilitares, autodefensas), terroristas y pandillas (maras).
Así como antes en Colombia, previo ablandamiento de los políticos y partidos parlamentarios, la clase empresarial y de los responsables jerárquicos de los organismos de seguridad del Estado mexicano –gracias a la repetición propagandística de sus papagayos de turno en los medios, tipo Enrique Krauze y Jorge G. Castañeda–, por la vía de caracterizar a México como un Estado fallido, la guerra contra el narcoterrorismo y la narcoinsurgencia ha logrado transformar un asunto policial en otro de inteligencia militar y de seguridad nacional (de Estados Unidos).
A la vez, como sucedáneo de la militarización, paramilitarización y mercenarización emergente –que dispararon los niveles de violencia criminal, caos y mortandad en todo el territorio nacional–, Washington ha logrado instalar la llamada Oficina Binacional de Inteligencia en pleno Paseo de la Reforma, con la consiguiente subordinación y dependencia de sus contrapartes locales.
No obstante lo anterior, junto con Colombia, el fallido México de Calderón es una pieza clave de la llamada seguridad democrática y la agenda mediática de Washington en su proyecto de restauración conservadora regional. Ergo, las alianzas del reaccionario Calderón y el Partido Acción Nacional con la ultraderecha continental y la mafia cubano-estadunidense de Miami son funcionales a las operaciones de guerra sicológica y las acciones encubiertas de Washington contra los países del Alba.

15.11.10

El propagandista de Los Pinos

Carlos Fazio
 
A menudo, políticos, académicos y analistas señalan que la guerra de Felipe Calderón contra los malos ha fracasado y es necesario un cambio de estrategia. Suele argumentarse que es una guerra no calculada en sus alcances, sin planeación adecuada, carente de inteligencia de combate y contrainteligencia, y sin equipamiento adecuado para ese tipo de operaciones especiales basadas en la contrainsurgencia. Argumentos todos cuestionables.
Tal vez, dadas las disputas por parcelas de poder entre los jefes de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Pública –encargadas de ejecutar las operaciones bélicas–, la ausencia de un mando conjunto operacional sea la crítica más acertada. Pero esa anarquía puede obedecer a un plan deliberado, cuyo objetivo es generar más caos, violencia y desestabilización, no ganar una guerra. Y al fin de cuentas, no es responsabilidad del comandante supremo, el presidente de facto surgido de un fraude de Estado, sino que obedece a una planeación exterior en las alturas de Washington, operativizada en el terreno por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual.
Se olvida que bajo el señuelo del combate a los cárteles de la economía criminal, la guerra antiterrorista de Felipe Calderón fue diseñada por el Comando Norte del Pentágono, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), durante la administración de George W. Bush. Y que antes de viajar a Bogotá y Washington como presidente electo, a interiorizarse de los contenidos del Plan Colombia y los aprontes de un proyecto intervencionista similar para México, Calderón había prometido un gobierno de mano dura.
Después, en un acto castrense cargado de simbolismo, en la medianoche del 1º de diciembre de 2006, Calderón asumió por televisión en la residencia oficial de Los Pinos. En un ominoso desfiguro, sustituyó a las cámaras del Poder Legislativo con cámaras de televisión, y recibió la banda presidencial de un cadete militar, en lo que configuró un golpe de Estado técnico. Asimismo, en su afán por mostrarse como un presidente fuerte, se rodeó de jefes castrenses dispuestos a imponer el ejercicio de la autoridad (almirante Francisco Saynez dixit), entre ellos generales formados en la tristemente famosa Escuela de las Américas del Pentágono.
En el marco de una presunta estrategia militar integral, el 11 de diciembre de ese año Calderón le declaró la guerra al hampa. Las batallas se iniciaron en Michoacán, adonde envió más de 5 mil marinos, soldados y policías. Después seguirían operativos similares en Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y otros estados de la República, con la consiguiente militarización, paramilitarización y mercenarización del país, según el modelo de terrorismo de Estado practicado por Estados Unidos en Colombia y reproducido luego en Afganistán e Irak.
En octubre de 2007, desbocado en su optimismo, propagandista de sí mismo, Calderón dijo que había perdido la cuenta de los delincuentes detenidos y, exhibiendo una mentalidad autoritaria propia de regímenes totalitarios y dictatoriales, se atribuyó el monopolio del poder. Sin embargo, ante las crecientes dificultades para manufacturar un consenso en torno a su guerra –en el marco de una violencia y mortandad crecientes–, en marzo de 2008 recurrió al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que apelara al periodismo patriótico; a la responsabilidad de los medios en la lucha anticrimen, con el argumento de que el narco usa a la prensa para intimidar a la población.
Desde entonces, machaconamente, con periodos de saturación mediática, Calderón y su equipo insistirían en la matriz de opinión de que en materia de criminalidad el Estado no es el adversario, sino el aliado de la sociedad. Ergo, los malos son los narcos, no el gobierno. El 12 de mayo de ese año, durante una conferencia en Los Pinos, golpeando el atril con la mano, Calderón dijo que su expresión ¡ya basta! era una exigencia a todos los ciudadanos de no ser cómplices de la ilegalidad y demandó a los medios no compartir la estrategia de sembrar terror.
En fechas cercanas, junto a sus dislates for export –en mayo de 2010 presumió en Berlín que estaba venciendo a cinco jinetes del apocalipsis: influenza, narcoviolencia, crisis económica, sequía y caída de petroprecios–, Calderón ha insistido en que en la sociedad existe un problema de percepción en cuanto a los resultados de su guerra contra una ridícula minoría. En agosto último, con el afán de fabricar un consenso esquivo para manipular los temores subconscientes, lanzó los llamados diálogos por la seguridad (verdaderos monólogos del Ejecutivo) y, molesto por la advertencia de la Suprema Corte de Justicia de que la lucha antinarco debe apegarse a la ley, dijo que le empezaban a cansar las cantaletas sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
En octubre recuperó su vieja matriz maniquea de campaña: López Obrador es un peligro para México y, tras enredarse en explicaciones sobre su dicho de que ganó los comicios de 2006 “haiga sido como haiga sido”, arrancó noviembre con una nueva ofensiva mediática. Desde Mérida, en un foro funcional a los intereses ideológicos y de clase que representa: la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (instancia que reúne a los dueños de los grandes diarios de América y divulga las matrices del imperio), con el mismo espíritu de cruzado y bajo la consigna conmigo o con los criminales, Calderón llamó a una alianza medios-gobierno contra el enemigo común (la delincuencia) y los conminó a informar sin hacer apología del crimen y no seguir la agenda de los malos.
Por último, en declaraciones a CBS, alardeó de sus juguetes bélicos y su búnker de inteligencia supersecreto, en Reforma 265, desde donde Washington dirige su guerra.