El cumplimiento de nuestro destino
manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido
asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de
libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de
obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus
capacidades y el crecimiento que tiene como destino. (John L. O’Sullivan, Nueva York, 1845)
La segunda fase de la doctrina norteamericana del Destino Manifiesto
en México (en la primera nos arrebataron la mitad del territorio
nacional), empezó hace dos décadas con toda su fuerza en la península
de Baja California. Varios expertos predicen una nueva y enorme
corriente migratoria de gringos hacia las costas, ciudades y montañas
de los dos estados peninsulares, que podría destruir en una sola
generación, mediante la penetración cultural y económica, gran parte de
la historia natural y de la cultura local y nacional en esta parte del
país.
La
conquista de nuevos territorios tiene ahora dos arietes que son más
efectivos que las armas: la cultura y el dinero. En geopolítica
la penetración cultural representa un rol de primera importancia, ya que
logra separar a la población de sus raíces culturales y de sus
tradiciones de solidaridad, sustituyéndolas por necesidades creadas que
nada tienen que ver con el desarrollo autónomo de las comunidades. Como
dice el escritor James Petras, “el efecto político (de la penetración
cultural) consiste en alienar a los pueblos de sus vínculos con sus
comunidades y clases tradicionales, atomizar y separar a los individuos
de los demás”
En
el plano económico el objetivo es capturar mercados y espacios. Un
proceso que permite la dominación, explotación y apropiación de la
riqueza por intereses hegemónicos mediante ciertos mecanismos y bajo un
escenario de relaciones comerciales asimétricas, inequitativas e
injustas, como ya se pude apreciar en Los Cabos.
La investigadora Rossana Almada, de la Universidad de Guadalajara, describe cómo en el plano local
la penetración cultural y los nuevos patrones económicos están
afectando a la población de Todos Santos: “Pese a la resistencia de los
todosanteños a que sean los extranjeros quienes determinen los cambios
pertinentes en la infraestructura y el uso del espacio, la arquitectura
del pueblo se ha visto modificada en los colores de las fachadas y la
decoración exterior en las casas de los nuevos habitantes.
Y agrega: “Dichos elementos (inmigrantes y nuevas tecnologías)
también están produciendo cambios importantes en la organización del
espacio y el tiempo, pues además de que actualmente se vislumbra un
conflicto social entre los grupos por el uso del espacio en el lugar,
también las formas de organizar el tiempo en el pueblo han cambiado,
dado que los extranjeros son quienes marcan las actividades económicas
del pueblo” (1).
Este sentimiento lo comparte Mike Davis, escritor, urbanista, ideólogo de izquierda y producto del working class
sandieguino, quien expresa su preocupación por lo que le espera a la
península en los siguientes diez años, si la gente rica continúa
construyendo marinas para atracar sus lujosos yates o transformando a
sitios como Loreto en parques temáticos coloniales. Vale decir que aquí en
una sola década, esta población crecerá de los 15 mil habitantes
actuales a 100 mil, “lo que conllevará el mismo tipo de consecuencias
sociales y medioambientales que se pueden observar en la insalubre
periferia de Cancún y de otros centros turísticos de masas”
Pero
lo más interesante desde el punto de vista geopolítico, dice, es ver
cómo “la Alta California está empezando a inundar la Baja California, en
un proceso que puede hacer época si, libre de todo tipo de bridas, se
completa y, así, consolida la intolerable marginalización social y la
devastación ecológica que ya se avizoran en la última región
verdaderamente fronteriza de México”.
Autor de libros como “Ciudades muertas. Ecología, catástrofe y revuelta”; “Genocidios tropicales”; “Catástrofes naturales y hambrunas coloniales”; “Ecología y miedo” y “Planeta de ciudades miseria”, entre otras, Davis
advierte que “todas las contradicciones de la California postindustrial
─desbocado crecimiento del precio del suelo en la zona costera,
desarrollo suburbano incontrolado en valles interiores y desiertos,
autopistas congestionadas y ausencia de medios de transporte de masas,
crecimiento astronómico del uso de vehículos motorizados como forma de
esparcimiento─, no hacen más que anunciar la invasión de la maravillosa
‘península vacía’. Para utilizar un término proveniente de un pasado
negro pero no irrelevante, la Baja California puede convertirse en el lebensraum (2) californiano”.
En
los hechos, la invasión comenzó al menos desde hace 20 años, cuando
FONATUR, un auténtico Caballo de Troya, inició los trabajos para
convertir a Los Cabos en un “centro integralmente planeado”, en donde
hoy día ya no es posible que los propios mexicanos puedan disfrutar de
los espléndidos espacios naturales, debido a la intensa especulación con
la propiedad de la tierra.
De
acuerdo con el Wall Street Journal, “estos cambios en la propiedad del
suelo anticipan lo que será una auténtica ola demográfica. Con más de 70
millones de estadounidenses nacidos del baby boom (la llamada generación del baby boom
está compuesta por los nacidos poco después del fin de la Segunda
Guerra Mundial en Estados Unidos, y tuvo un efecto profundo en la
bonanza económica de ese país), de los que se espera que
se jubilen a lo largo de las próximas dos décadas, varios expertos
predicen una enorme corriente migratoria hacia climas más cálidos y
regiones más baratas. A menudo se trata de compradores que adquieren una
propiedad inmobiliaria 10 o 15 años antes de su jubilación, propiedad
que utilizan como segunda residencia o que, en algunos casos, ocupan
durante la mayor parte del año”
Pero como bien apunta Mark Davis, los hijos del baby boom
no se limitan a preparar sus nidos para su eventual jubilación, sino
que, cada vez más, especulan con las reservas de suelo mexicano,
elevando el precio de la propiedad más allá de lo que se pueden permitir
unos empobrecidos habitantes del país que, como consecuencia, se ven
empujados hacia barrios insalubres o forzados a emigrar.
Es
la clásica historia del sudcaliforniano que vende sus tierras de playa
forzado por la necesidad de contar con un capital, pero que a la vuelta
de pocos años no le queda ni dinero ni tierras. Emplearse con los
compradores ha sido la salida frecuente.
Resulta irónico que mientras el gobierno norteamericano construye un muro de
mil 200 kilómetros en ciertos puntos de la frontera con México,
-apoyado por los Minutemen, un grupo civil que patrulla la frontera del
lado estadounidense y dispone de armas, vehículos y aviones y que
frecuentemente asesinan a mexicanos indocumentados-,
“hordas de gringos se agolpan hacia el sur para gozar de sus espléndidas
pensiones de jubilación en asequibles segundas residencias bajo el sol
mexicano”, comenta Mark Davis en un artículo titulado: “La invasión
fronteriza” y publicado en sitio TomDispatch.com.
Y agrega: “pese a que los especuladores del Canadá occidental y de
Arizona han dejado su imponente rastro a lo largo de toda la zona
meridional de la Baja California, Los Cabos se han convertido también
en el distrito turístico de Orange County, la región de donde proceden,
precisamente, los grupos más violentos de Minutemen -de ahí la enorme
cantidad de registros de aviones privados en el aeropuerto local-. De
hecho, parece que, para muchos acaudalados californianos del sur, no
existe contradicción alguna entre fustigar la “invasión de inmigrantes”
en presencia de los amigos conservadores de Newport Marina y, al día
siguiente, volar hacia Los Cabos para jugar al golf o salir al mar con
sus kayak”.
Prácticamente,
dice Davis, los dos primeros pasos hacia esta anexión informal ya se
han realizado. Primero: bajo la bandera del TLC, la California
meridional ha exportado cientos de industrias contaminantes y de
fábricas en las que los trabajadores se hallan altamente explotados a
las zonas de maquiladoras de Tijuana y Mexicali. Asimismo, la Asociación
Marítima del Pacífico, que representa los intereses de las mayores
empresas navieras de la costa oeste, se ha coligado con corporaciones
coreanas y japonesas para forzar la construcción de un enorme
puerto-contenedor en Punta Colonet, 150 millas al sur de Tijuana, lo que
supondría un importante debilitamiento del poder de las centrales
sindicales de estibadores que operan en San Pedro y San Francisco,
California.
En
segundo lugar, decenas de miles de jubilados y veraneantes gringos se
están apiñando a ambos extremos de la península. En un folleto
publicitario se alardea de que, a lo largo de la costa entre Tijuana y
Ensenada, “se encuentran ya cerca de 57 urbanizaciones, lo que equivale a
unas 11.000 casas o apartamentos cuyo valor conjunto se acerca a los
3.000 millones de dólares y que están enteramente destinados al mercado
estadounidense”.
Al otro extremo, en Los Cabos, el
valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico es superior a
mil millones de dólares anuales y tiene una tasa sostenida de
crecimiento del 35 por ciento. Este segmento de negocios está
controlado por al menos cuarenta empresas extranjeras, la mayoría con
sede en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En
promedio cada año se construyen en Los Cabos dos mil casas de descanso
para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares.
Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad
exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El
mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen
un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la
intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de
casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.
Sin
embargo, al parecer esta invasión fronteriza hacia el sur no forma
parte de la agenda del gobierno mexicano, no obstante que es un problema
de seguridad nacional. Ni siquiera hay un estudio confiable que nos
diga cuántos gringos viven en Baja California Sur. Se manejan cifras de
hasta 70 mil, el 10 por ciento de la población total del estado. Al
respecto, el Departamento de Estado Norteamericano estima que, a lo
largo de la última década, el número de estadounidenses que viven en
México ha subido de 200 mil a un millón, así que la cifra de 70 mil para
BCS no resulta tan exagerada.
Davis remata su texto con este llamado a la lucha por la
conservación de uno de los lugares más prodigiosos de la tierra: “Uno
de los elementos más apreciados de la Baja California lo constituye el
hecho de que se hayan conservado los espacios todavía vírgenes que, han
desaparecido por completo en el resto del oeste estadounidense. De ahí
que los residentes locales, a la par que todo un movimiento ecologista
indígena muy activo y convincente, trabajen para conservar este
paisaje incomparable y para proteger el ethos igualitarista que pervive en las pequeñas localidades y pueblos pesqueros de la península”.
La sociedad civil tiene la palabra, ya que sólo ésta puede crear un
movimiento que haga tomar conciencia a todo el tejido social, en una
lucha en la que no sólo está en juego la soberanía nacional, sino la
supervivencia de nuestra raza y cultura.
Notas:
(1) Mass media, espacio y tiempo en Todos Santos, BCS, 2001
(2) Lebensraum es un término alemán que significa “espacio vital”. Esta expresión fue acuñada por el geógrafoFriedrich Ratzel
en 1876, y establecía la relación entre espacio y población, asegurando
que la existencia de un Estado quedaba garantizada cuando dispusiera
del suficiente espacio para atender a las necesidades de la misma. Karl
Haushofer, ex general, y geógrafo, adujo que la base de toda política
exterior era el espacio vital de que dispusiese el cuerpo nacional. La
acción del Estado consistía en defender tal espacio y en ampliarlo
cuando resultara demasiado angosto. En su obra Mein Kampf, Hitler
declaró: “los alemanes tienen el derecho moral de adquirir
territorios ajenos gracias a los cuales se espera atender al crecimiento
de la población”. (Nota del redactor).
Si la extrema derecha se está abriendo paso tan fácilmente en el
escenario político alemán, es precisamente porque siempre estuvo
cómodamente instalada en el centro mismo del Estado.
En febrero los cristianodemócratas alemanes votaron junto con los neonazis y compañeros de viaje de la Alternative für Deutschland (AfD) para elegir al presidente de la región de Turingia. Anatema. El establishment
alemán reaccionó con escándalo. El episodio ha hecho correr mucha
tinta. Se ha hablado de la “ruptura de un tabú” y del fin del ”cordón
sanitario” que, según decían, aislaba a los ultras de los partidos del centro. Lo principal no se ha dicho. A
lo que hemos asistido no ha sido a un escándalo, sino a un colosal
ejercicio de hipocresía y amnesia sobre la propia genealogía.
La
extrema derecha alemana dispone del mayor grupo parlamentario ultra
de Europa, 94 diputados en el Bundestag. Tiene una presencia, en
ascenso, en todos los 21 parlamentos regionales y de ciudades-estado
excepto el de Hesse. Si se está abriendo paso con tanto éxito y
facilidad en el contexto de la crisis de la UE y de los grandes
partidos históricos (CDU y SPD), no es por casualidad ni en virtud
de algún indescifrable misterio, sino porque el extremismo de
derechas siempre estuvo implantado en el mismo centro del Estado
alemán. Y eso desde la posguerra hasta el día de hoy.
Galería
de ilustres
Los
ex nazis tuvieron una implicación central en la construcción de la
República Federal Alemana. Su participación en el sistema de
partidos de posguerra, y en especial de la CDU, fue fundamental, pero
ese parentesco, sin el cual la actual derecha alemana es
incomprensible, es ignorado por sus protagonistas.
Así,
el ex presidente de la región de Hesse Roland Koch afirma
tranquilamente en un artículo que su partido, la CDU, “fue fundado
como bastión contra el fascismo y el comunismo” y la presidenta
del partido Annegret Kramp-Karrenbauer (Frau KK) ha dimitido
de su puesto mencionando la “poco clara relación de sectores de la
CDU con la AfD”. ¿Poco clara? ¿Ignora Frau KK la
historia de su partido en su propia región, el Sarre, de la que fue
presidenta durante siete años?
La
relación histórica de la CDU con la extrema derecha no es “poco
clara”. Al contrario, es clarísima: en el primer grupo
parlamentario de la CDU del Sarre, constituido en 1955, más de la
mitad de los diputados de la CDU eran antiguos nazis. En 1957 el
presidente del grupo parlamentario cristiano-demócrata del Sarre era
Erwin Albrecht, un ex juez carnicero nazi, responsable de 31
sentencias de muerte contra judíos de Praga. ¿Ecos de la política
alemana de provincias en los lejanos años cincuenta? En absoluto. La
implicación de los ex nazis en la CDU y en los puestos de mayor
responsabilidad de la RFA es enorme y alcanza hasta los más altos
puestos del Estado.
Kurt
Georg Kiesinger (CDU) fue presidente del gobierno de Baden
Württemberg (1958-1966) Canciller Federal (1966-1969) y presidente
de la CDU (1967-1971). Desde 1933 fue miembro del partido nazi y de
las SA. Walter Scheel, del partido liberal FDP, fue Presidente de la
República (1974-1979), ministro en sucesivos gobiernos y
vicecanciller pese a haber sido miembro del partido nazi. Hans Karl
Filbinger (CDU), ex juez nazi, fue presidente del gobierno de
Baden-Württemberg (1966-1978) y vicepresidente de la CDU. Karl
Carstens (CDU), miembro de las SA y del partido nazi, fue presidente
del Bundestag (1976-1979) y presidente de la República (1979-1984).
El liberal Hans-Dietrich Genscher (FDP), el ministro más longevo de
la RFA con socialdemócratas y democristianos, presidente de su
partido, también fue miembro del partido nazi. Richard Stücklen,
cofundador de la CSU bávara, fue ministro de comunicaciones
(1957-1969) y presidente de la CDU (1967-1971). Había adquirido su
carnet del partido nazi en 1933.
Hans
Globke, el número dos del canciller Adenauer, secretario de estado y
eminencia gris de la cancillería, el hombre que puso en marcha la
nueva policía política de la RFA, el Verfassungsschutz, y
organizó el embrión de los futuros servicios secretos (BND), era un
jurista nazi que participó en la redacción de las leyes racistas
que determinaban quien era judío sobre las que luego se basarían
los carniceros del holocausto. El asunto era tan flagrante que
el fiscal general de Hesse, Fritz Bauer (aquí
sobre la trayectoria de esa personalidad excepcional),
inició en 1961 un sumario contra él que el propio Adenauer detuvo.
Konrad
Adenauer, primer canciller federal, fundador de la CDU y padre de la
patria no fue un nazi, pero en 1932 abogaba por una coalición de
todas las fuerzas “conservadoras” y de “centro”, categorías
en las que englobaba al partido nazi. “En mi opinión nuestra única
salvación es un monarca, un Hohenzoller e incluso Hitler”,
escribió en 1933 en una carta a Dora Pferdemenges. Pocos como su
protegido Globke encarnan la continuidad administrativa de las elites
nazis en la RFA: Globke recibió seis condecoraciones nazis entre
1934 y 1942 y otras siete de la RFA entre 1956 y 1963 (aquí
la lista completa)
Reinhard
Gehlen (1902-1979), un ex general nazi de la Wehrmacht, fue quien
dirigió los servicios secretos alemanes hasta 1968. El responsable
del departamento “Contraespionaje Unión Soviética) de esos
servicios, fue Heinz Felfe, ex funcionario de la Gestapo y ex
Obersturmführer de las SS. En total más de doscientos de
los más altos cargos de la RFA fueron ex miembros del partido nazi,
de las SA o de las SS.
La
autoamnistía de Dreher
Esa
situación fue posible gracias a la estrategia americana de posguerra
de aprovechar a los cuadros nazis para los combates de la guerra
fría. Eso determinó que en Alemania Occidental, en términos
generales, no hubiera desnazificación. Los juicios aliados en
Alemania contra los nazis fueron poca cosa. El tribunal interaliado
de Nuremberg que se proponía llevar a juicio a cinco mil personas,
no juzgó más que a 210. En diversos juicios, norteamericanos,
británicos y franceses condenaron a 5000 personas, de las que apenas
700 lo fueron a la pena capital. Más del 90% de los miembros de las
SS ni siquiera llegaron a ser juzgados. El nuevo Estado alemán
protegió y amnistió a los ex nazis que frecuentemente movían los
hilos de tales decisiones.
Personaje
clave en el embrollo jurídico de esta gran amnistía fue el ex
fiscal nazi de Insbruck, Eduard Dreher, que hizo carrera en la
justicia de la RFA hasta llegar a ser subsecretario de Estado y
director del Departamento de Derecho Penal. Dreher fue el redactor de
la Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
(Egowig) del año 1968, una astucia jurídica que modificó los
plazos de prescripción de los delitos nazis al calificar como
homicidios y no como asesinatos las conductas de
los cómplices. Ese cambio aparentemente anodino significó
que los delitos nazis de todos aquellos que aparecían como
“cómplices” prescribieran en 1960. Y exceptuando a la minoría
de más altos jerarcas, todos eran meros “cómplices” que
obedecían órdenes.
La
ley de Dreher impidió así, por ejemplo, abrir causas contra la
Oficina Central de Seguridad del Reich e impidió sentar en el
banquillo de los acusados a los miembros de dicha oficina que
organizaron las masacres de Polonia y la Unión Soviética, gente
responsable de la muerte de millones de judíos, comunistas, gitanos
y sacerdotes. Dreher murió en 1996, fue enterrado con honores
militares y su nombre figura hoy en la edición comentada al derecho
penal de la RFA más popular de Alemania (48 ediciones):
Dreher/Trönde, Strafgesetzbuch. Und Nebengesetze, 1997.
Pensionistas
de uno u otro signo
Aquella
ausencia de desnacificación de los orígenes de la RFA, fue, en gran
parte, una renacificación. No en el sentido de que las cámaras de
gas siguieran vigentes, sino en el de una puesta al día ideológica
que trazó un
signo de igualdad entre nazismo y comunismo. Todo eso tiene
consecuencias en el día de hoy, sin embargo el asunto no se menciona
al abordar el actual avance de la extrema derecha filonazi en
Alemania, como apunta la brillante publicista germano oriental
Daniela Dahn en su último libro (Der
Schnee von gestern ist die Sintflut von heute).
Los
parentescos y continuidades administrativas entre la Alemania nazi y
la actual líder (de capa caída) de la Unión Europea, explican
enormidades como el hecho de que los veteranos de las SS cobren
puntualmente pensiones del Estado alemán, mientras que muchas
víctimas del nazismo, entre ellas supervivientes del holocausto
tengan que batallar para reclamarlas.
Ex
miembros letones de las SS como Karlis Ciceronoks o Janis Mikelsons,
reciben cada mes su pensión de 277 euros, además tienen asistencia
médica en Alemania y el Estado alemán les pagará el entierro
cuando llegue su hora, pese a no haber cotizado nunca en el sistema
de pensiones alemán. Los legionarios de las Waffen-SS
letonas, de los que un total de 1500 continúan recibiendo pensión
alemana, tuvieron un gran papel en la eliminación de 70.000 judíos
en Letonia (el 94% de la comunidad), de decenas de miles en Minsk, o
en Lituania (más de 200.000), o Ucrania, entre ellos parientes de
Rute Vaskonika, una superviviente del ghetto de Riga que lleva siete
años reclamando una pensión a Alemania, informaba hace unos años
el programa de televisión Kontraste.
En
Bélgica casi un centenar de antiguos miembros belgas de las SS
reciben pensiones alemanas de entre 425 y 1275 euros mensuales,
mientras que ciudadanos belgas que durante la guerra fueron
deportados a Alemania como trabajadores forzados reciben una
indemnización mensual de 50 euros de parte del gobierno alemán.
Cuando tres diputados belgas se dirigieron a las autoridades alemanas
para “acabar con esta situación inadmisible”, los alemanes se
negaron a entregar al gobierno belga la lista de los ex SS belgas
pensionistas, explicó el año pasado el diputado Olivier Maingain a
la Deutsche
Welle.
“¿Cómo
se explica esta increíble frialdad ante las víctimas y esta
ausencia de toda responsabilidad histórica, si no es en un
antisemitismo estructural?”, se pregunta Daniela Dahn. ¿Cómo se
explica esta política de pensiones, si no en una fidelidad
administrativa que ha sobrevivido más de 75 años al decreto del
Führer en la materia, ordenando cubrir a todos los miembros
extranjeros de las SS?
El
parentesco histórico del establishment alemán con el
régimen anterior se pone en evidencia en la supuesta, e infame,
equidistancia proclamada ante los totalitarismos de uno u otro
signo. En el acuerdo de reunificación alemana de agosto de
1990 se dedica al nazismo el término “régimen nazi” (NS-regime)
mientras que al de Alemania del Este se le dedica el término
“régimen injusto” (SED-Unrechtregime). Que no es un
detalle, sino toda una mentalidad, lo evidencia el diferente trato
que el sistema de indemnizaciones decidido entonces para cada caso:
por un mes en una cárcel de Alemania del Este, 550 marcos de
indemnización, por un mes en un campo de concentración nazi, 150
marcos. Aquí es donde hay que situar los aspavientos y las “rupturas
de tabú” evocadas a propósito de las elecciones en Turingia.
“Mucho
antes de que el extremismo de derechas alcanzara el centro de la
sociedad, estaba en el centro del Estado”, dice Daniela Dahn. “El
antifascismo nunca fue razón de Estado en la RFA. El principal
responsable del fortalecimiento del actual extremismo de derechas en
las regiones del Este de Alemania es la propia clase política del
Oeste”.
Se asiste a una gran crisis de las bolsas de Wall Street, Europa, Japón y
Shanghái y algunos lo atribuyen al coronavirus. Durante la última semana de
febrero de 2020, la peor semana para la bolsa desde octubre de 2008, el índice
Dow Jones bajó un 12,4 %, el S&P 500 un 11,5 % y el Nasdaq
Composite un 10,5 %. Y pasó también en Europa y en Asia, en los mismos
días. En la bolsa de Londres, el FTSE-100 bajó un 11,32 %, en París, el
CAC 40 un 12 %, en Fráncfort, el DAX un 12,44 %, en la bolsa de
Tokio, el Nikkei bajó un 9,6 %, las bolsas chinas (Shanghái, Shenzhen y
Hong Kong) también bajaron. El lunes 2 de marzo, debido a (promesas de)
intervenciones masivas de los bancos centrales para sostener las bolsas, los
índices comenzaron a subir. Salvo en Londres. El martes 3, la FED, el Banco
Central de Estados Unidos, entró en pánico y redujo su tipo director en
0,50 %, o sea un descenso considerable. El nuevo tipo director de la FED se
sitúa ahora en una horquilla del 1 a 1,25 %. Y como la tasa de inflación
en Estados Unidos entre febrero de 2019 y enero de 2020 alcanzó el 2,2 %,
en realidad el tipo de interés real de la FED es negativo. Los medios de prensa
más importantes dijeron que esta medida tiene como objetivo sostener la
economía estadounidense amenazada por la epidemia del COVID-19. El diario
francés Le Figaro titula: «El coronavirus precipita un
fuerte descenso del tipo director de la FED» y en inglés, un artículo de un periodista de
la CNNBusiness comenta esa decisión).
Sin embargo, la mala salud de la economía estadounidense data de
mucho antes de los primeros casos de coronavirus en China y sus efectos
sobre la economía mundial. (Véase Pánico en la Reserva Federal y retorno del Credit Crunch sobre un mar de deudas).
En resumen, la FED, y la gran prensa, en consecuencia, no dicen la
verdad cuando explican la medida destinada a hacer frente al
coronavirus. A pesar de la decisión de la FED, el martes 3 de marzo, el S&P de nuevo bajó un 2,81 % y el Dow Jones un 2,9 %..
El 3 y 4 de marzo, varias bolsas asiáticas también sufrieron un fuerte
descenso. Sin embargo, el 4 de marzo hubo un aumento de la bolsa en
Nueva York para celebrar el retorno de Joe Biden a la carrera
presidencial, en Estados Unidos durante las primarias demócratas del 3
de marzo, ya que representa para ellos un alivio frente a Bernie
Sanders. Joe Biden es claramente el candidato del establishment
demócrata y de los milmillonarios que sostienen al partido. También hay
que señalar que Donald Trump puso un tweet la semana pasada ligando su
suerte a la de Wall Street. El 26 febrero, llamó a sus colegas del 1 %
más rico para que no vendieran sus acciones y para que sostengan la
bolsa. Además afirmó que si era reelegido presidente de Estados Unidos
en octubre de 2020 la bolsa escalará enormemente mientras que si pierde
habrá un crash bursátil de una amplitud jamás vista (según
el Financial Times, Trump anunció que « The market will “jump thousands
and thousands of points if I win,” … “and if I don’t, you’re going to
see a crash like you’ve never seen before . . . I really mean it.”)
Lo que pasará realmente en los mercados bursátiles en los próximos días y
semanas es imprevisible, pero es muy importante analizar las verdaderas
causas de la crisis financiera actual.
Los grandes medios de comunicación afirman de manera
supersimplificada que esta caída generalizada de las bolsas es provocada
por el coronavirus y esta explicación se expandió por las redes
sociales. Pero no es el coronavirus y su expansión lo que constituye la
causa de la crisis, la epidemia es solo el detonador. Todos los factores
para una nueva crisis financiera estaban y están presentes y juntos
desde hace varios años, al menos desde 2017-2018 (Véase Economía internacional: Todo va muy bien, señora marquesa,
4 de diciembre de 2017). Cuando la atmósfera está saturada de materias
inflamables, en cualquier momento, una chispa puede provocar una
explosión financiera. Es difícil prever donde puede producirse la
chispa. La chispa es como si fuera un detonador pero no es la causa
profunda de la crisis. Todavía no sabemos si la fuerte caída bursátil de
fines de febrero de 2020 «degenerará» en una enorme crisis
financiera. Pero es una posibilidad real. El hecho de que la caída
bursátil coincidiera con los efectos de la epidemia del coronavirus
sobre la economía productiva no es fortuito, pero decir que el
coronavirus es la causa de la crisis es una falsedad. Es importante ver
de dónde proviene realmente la crisis y no dejarse engañar por las
explicaciones que constituyen una cortina de humo ante las causas
reales.
Los grandes medios de comunicación afirman de manera
supersimplificada que esta caída generalizada de las bolsas es provocada
por el coronavirus […]. Pero, la epidemia es solo el detonador. Todos
los factores para una nueva crisis financiera estaban y están presentes y
juntos desde hace varios años, al menos desde 2017-2018El gran capital,
los gobiernos y los medios a su servicio tienen el mayor interés de
adjudicarle a un virus el desarrollo de una gran crisis financiera y
luego económica, y eso les permitiría lavarse las manos (discúlpenme la
expresión).
La caída de las cotizaciones en las bolsas estaba prevista antes de que el
coronavirus hiciera su aparición.
La cotización de las acciones y el precio de los títulos de deuda (también
llamados obligaciones) aumentaron de una manera totalmente exagerada con
respecto a la evolución de la producción durante los últimos 10 años,
acelerándose en los últimos dos o tres años. La riqueza del 1 % más rico
también aumentó mucho puesto que está ampliamente enraizada en el crecimiento
de los activos financieros.
Es necesario señalar que el momento en el que se produce la caída de
las bolsas es el resultado de una elección (no hablo de complot): una
parte de los muy ricos (el 1 %, gran capital) decidió comenzar a vender
sus acciones ya que considera que toda fiesta financiera tiene su fin, y
más que sufrir pérdidas prefiere adelantarse vendiendo las acciones.
Estos grandes accionistas intentan ser los primeros en vender con el fin
de obtener el mejor precio posible antes de que la cotización de esas
acciones baje fuertemente. Grandes fondos de inversiones, grandes
bancos, grandes empresas industriales y milmillonarios ordenan a sus
corredores de bolsa vender una parte de
las acciones o títulos de deudas privadas (es decir, obligaciones) que
poseen con el fin de embolsarse el 15 o el 20% de la suba de los últimos
años. Se dicen que es el momento de hacerlo: lo llaman recoger «beneficios».
A esa gente no le importa si sus acciones conllevan un efecto de
contagio en las ventas. Lo importante, para ellos, es vender antes que
los otros. Sin embargo, eso puede provocar un efecto dominó y degenerar
en una crisis generalizada. Lo saben y se consuelan diciendo que saldrán
bastante bien parados como pasó con una gran cantidad de personas de su
clase en 2007-2009.
Y ese es el caso, especialmente en Estados Unidos, de los dos principales
fondos de inversión y de gestión de activos como BlackRock y Vanguard que
salieron muy bien parados, así como Goldman Sachs, Bank of América, Citigroup o
los Google, Apple, Amazon, Facebook, etc.
Hay otro elemento importante a señalar: el 1 % vende acciones de
empresas privadas, lo que provoca una caída de sus cotizaciones y arrastra la
caída de las bolsas. Pero, al mismo tiempo, están comprando títulos de la deuda
pública considerados como valores seguros. Este es el caso, principalmente en
Estados Unidos donde el precio de los títulos del Tesoro estadounidense aumentó
debido a la fuerte demanda. Hay que señalar, que un aumento del precio de los
títulos que se venden en el mercado secundario hace que baje el rendimiento de
los mismos. Los ricos que compran esos títulos del Tesoro están dispuestos a
tener un rendimiento bajo, puesto que lo que buscan es la seguridad, en un
momento en que las cotizaciones de las acciones de las empresas están en
descenso. Como consecuencia, hay que subrayar que una vez más, los títulos de
los Estados son los que los más ricos consideran más seguros. No nos olvidemos
de eso, y estemos preparados para decirlo públicamente ya que hay que esperar
que retorne rápidamente la muy conocida cantinela sobre la crisis de las deudas
públicas y los temores de los mercados con respecto a los títulos públicos.
El gran capital (el 1 %) redujo la parte que invierte en producción y
aumentó la parte que pone en circulación en la esfera financiera. Pero
volvamos a lo que está pasando repetidas veces desde hace un poco más de
30 años, es decir, después de la profundización de la ofensiva
neoliberal y de la gran desregulación de los mercados financieros: [1] el
gran capital (el 1 %) redujo la parte que invierte en producción y
aumentó la parte que pone en circulación en la esfera financiera
(incluso es el caso de una firma «industrial» emblemática como
Apple). Hizo esto durante los años 1980 y produjo la crisis del mercado
obligatorio de 1987. Volvió a hacerlo en 1990 y eso produjo la crisis de
.com y de Enron en 2001. Dicha situación se repitió entre 2003 y 2006 y
produjo la crisis de las subprimes, de los productos
estructurados y una serie de quiebras resonantes como la de Lehman
Brothers en 2008. Esta vez, el gran capital especuló principalmente al
alza sobre el precio de las acciones en la bolsa y sobre el precio de
los títulos de la deuda en el mercado obligatorio (es decir, el mercado
donde se venden las acciones de las empresas privadas y los títulos de
las deudas emitidos por los Estados y otros poderes públicos). Entre los
factores que llevaron a la extravagante subida de los precios de los
activos financieros (acciones en bolsa y títulos de deudas privadas y
públicas), hay que tener en cuenta la nefasta actuación de los grandes
bancos centrales desde la crisis financiera y económica de 2007-2008.
Analicé especialmente ese tema en La crisis económica y los bancos centrales .
Sin embargo, este fenómeno no data de los días siguientes a la crisis
de 2008-2009, ya que es recurrente en el marco de la financiarización
capitalista. Y antes de eso, el sistema capitalista había conocido fases
importantes de financiarización tanto en el siglo XIX como en los años
1920, lo que llevó en la gran crisis bursátil de 1929 y el largo período
de recesión de los años 1930. Luego, el fenómeno de financiarización y
de desregulación fue en parte silenciado durante 40 años como
consecuencia de la gran depresión de los años 1930, de la Segunda Guerra
Mundial y de la radicalización que se produjo de las luchas de clases.
Los gobiernos impusieron una disciplina financiera fuerte al gran
capital por ejemplo con la separación entre bancos de ahorro y bancos de
inversiones. Hasta fines de los años 1970 ya no hubo grandes crisis
bancarias ni bursátiles. Aunque hicieron su reaparición cuando los
gobiernos concedieron absoluta libertad al gran capital para hacer lo
que quisiera en el sector financiero.
Hasta fines de los años 1970 ya no hubo grandes crisis bancarias ni
bursátiles. Aunque hicieron su reaparición cuando los gobiernos
concedieron absoluta libertad al gran capital para hacer lo que quisiera
en el sector financiero.Pero volvamos a la situación de los últimos
años. El gran capital, que considera que la tasa de rentabilidad que
obtiene de la producción no es suficiente, desarrolla sus actividades
financieras independientemente de la producción. Pero eso no quiere
decir que abandona la producción, sino que desarrolla en mayor medida
sus inversiones en la esfera financiera que en la esfera productiva. Y
eso es lo que llamamos también financiarización o mundialización
financiarizada. El capital «hace beneficios» a partir del
capital ficticio mediante sus actividades enormemente especulativas. Ese
desarrollo de la esfera financiera aumenta el recurso al endeudamiento
masivo de las grandes empresas, incluidas compañías como Apple. Escribí
un artículo sobre ese tema: La montaña de deudas privadas de las empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera
El capital ficticio es una forma de capital que se desarrolla
exclusivamente en la esfera financiera sin una verdadera relación con la
producción (Véase el recuadro: ¿Qué es el capital ficticio?). Es ficticio en el
sentido en que no se basa directamente en la producción material y sobre la
explotación directa del trabajo humano y de la naturaleza. Y remarco
explotación directa ya que evidentemente el
capital ficticio especula con el trabajo humano y con la naturaleza, lo que
generalmente degrada las condiciones de vida de los trabajadores y las
trabajadoras y a la propia naturaleza.
¿Qué es el capital ficticio?
«El
capital ficticio es una forma de capital (títulos de la deuda pública,
acciones, acreencias) que circula mientras que los ingresos de la
producción a los que da derecho solo son promesas, y por lo tanto el
desenlace es por definición incierto» Entrevista realizada por Florian Gulli a Cédric Durand: «El capital fictif, Cédric Durand», La Revue du projet
Según Michel Husson, «el
marco teórico de Marx le permite el análisis del “capital ficticio”,
que puede ser definido como el conjunto de los activos financieros
cuyo valor se basa en la capitalización de un flujo de futuros ingresos:
“La formación de capital ficticio se llama capitalización”. […]; por
ejemplo, si el ingreso anual es de 100 libras esterlinas y el tipo de
interés del 5 %, las 100 libras esterlinas representarían el interés
anual de 2.000 libras esterlinas, figurando ahora estas 2.000 libras
como el valor de capital del título jurídico de propiedad sobre las
100 libras anuales. Para quien compra este título de propiedad, las
100 libras de ingreso anual representarían en realidad los intereses
de su capital invertido al 5 %. De este modo desaparece el último
rastro de cualquier conexión con el proceso real de valorización del
capital…» [Karl Marx, El Capital, libro III, tomo II (Akal ediciones, edición1977, reimpresión 2016)]. Michel Husson, «Marx et la finance: une approche actuelle», À l’Encontre, diciembre de 2001.
El capital ficticio es una forma de capital que se desarrolla
exclusivamente en la esfera financiera sin una verdadera relación con
la producción. Es ficticio en el sentido en que no se basa
directamente en la producción material y sobre la explotación directa
del trabajo humano y de la naturaleza.Para Jean–Marie Harribey: «Las
burbujas estallan cuando la diferencia entre el valor realizado y el
valor prometido se vuelve demasiado grande y cuando algunos
especuladores comprenden que las promesas de liquidación lucrativa no
podrán ser cumplidas por todos, en otras palabras, cuando las
plusvalías financieras no podrán nunca ser satisfechas si no hay una
plusvalía suficiente en la producción.» Jean-Marie Harribey, «La baudruche du capital fictif, lecture du Capital fictif de Cédric Durand», Les Possibles, N° 6 – Printemps 2015. También se puede leer a François Chesnais, «Capital fictif, dictature des actionnaires et des créanciers: enjeux du moment présent» Les Possibles, N° 6 – Printemps 2015.
Estoy de acuerdo con Cédric Durand cuando afirma: «Una
de las consecuencias políticas principales de este análisis es que la
izquierda social y política debe concienciarse del contenido de clase
de la noción de estabilidad financiera. Preservar la estabilidad
financiera, es algo así como hacer que las pretensiones del capital
ficticio se realicen. Para liberar nuestras economías de la influencia
del capital ficticio, es necesario comenzar una desacumulación
financiera. Concretamente, eso nos remite, por supuesto, a la cuestión
de la anulación de las deudas públicas y de la deuda privada de las
familias humildes, y también la disminución de los rendimientos de los
accionistas, lo que se traduce mecánicamente en una disminución del
mercado bursátil. Pero no nos equivoquemos, tales objetivos son muy
ambiciosos: implican ineluctablemente socializar el sistema financiero
y romper con la libertad de circulación del capital. Pero permiten
apoderarse de algunas condiciones indispensables para dar vuelta la
página al neoliberalismo» Cédric Durand, «Sur le capital fictif, Réponse à Jean-Marie Harribey», Les Possibles, N° 6 – Printemps 2015.
El capital ficticio desea captar una parte de la riqueza generada en la
producción (los marxistas dicen una parte de la plusvalía producida por los
trabajadores y trabajadoras en la esfera de la producción), sin ensuciarse las
manos, es decir sin invertir directamente en la producción, por ejemplo, para
la compra de máquinas, materias primas, pago de la fuerza de trabajo en forma
de salarios, etc. El capital ficticio, es una acción cuyo poseedor espera obtener de ella
un dividendo. Una persona comprará una acción de Renault si esta empresa
promete un buen dividendo pero también podría vender esta acción y comprar una
de General Electric o Glaxo Smith Kline, Nestlé, o Google, si cualquiera de
estas le promete un mejor dividendo. El capital ficticio es también una
obligación de deuda emitida por una empresa o un título de deuda pública. Es
también un derivado, un producto estructurado… El capital ficticio puede dar la
ilusión de que genera, por sí mismo, beneficios a pesar de haberse desvinculado
de la producción. Los corredores y agentes de bolsa, los dirigentes de grandes
empresas están convencidos de que ellos también «producen». Pero, en un
momento dado, una crisis brutal estalla y una masa de capitales ficticios se
evapora con la consecuente caída de las cotizaciones en las bolsas, caída de
los precios en el mercado obligatorio, caída de los precios en el mercado
inmobiliario…
Los corredores y agentes de bolsa, los dirigentes de grandes empresas están convencidos de que ellos también «producen».
Pero, en un momento dado, una crisis brutal estalla y una masa de
capitales ficticios se evapora. El gran capital, repetidamente, quiere
creer o hacer creer que es capaz de transformar plomo en oro en la
esfera financiera, pero de manera periódica la realidad lo llama al
orden y la crisis estalla.
Durante los dos últimos años, hubo una ralentización muy importante de la
producción industrial. En varias grandes economías como la de Alemania, Japón
(último trimestre de 2019), de Francia (último trimestre 2019) y de Italia, la
producción industrial retrocedió o se ralentizó fuertemente (China y Estados
Unidos). Algunos sectores industriales que habían tenido una reactivación
después de la crisis 2007-2008, como la industria del automóvil, entraron en
una gran crisis durante los años 2018-2019, con una importante caída en las
ventas y en la producción. La de Alemania, la principal constructora de
automóviles europea, bajó un 14 % entre octubre de 2018 y octubre de 2019. [2] La producción automovilística
también cayó en Estados Unidos y en China en 2019, así como en la India.
También se redujo fuertemente en Francia. La producción de otras enseñas
alemanas como las máquinas y equipamientos se redujo en un 4,4 % solo en el
mes de octubre de 2019. Es el mismo caso del sector de la producción de
máquinas-herramientas y de otros equipamientos industriales. El comercio
internacional está parado. Si consideramos un período más largo, las tasas
de beneficio por
la producción material se redujeron o se estancaron y las ganancias de
productividad también bajaron.
En 2018-2019, estos diferentes fenómenos de crisis económicas en la
producción se manifestaron claramente, pero como la esfera financiera seguía
funcionando a tope, los grandes medios y los gobiernos se esforzaban para poder
afirmar que la situación era globalmente positiva y que aquellas y aquellos que
anunciaban una próxima crisis financiera, agregándola a la ralentización de la producción,
eran solo pájaros de mal agüero.
Considerar las clases sociales es también muy importante: para el
gran capital, mientras la rueda de la fortuna continúe girando, los
jugadores continuarán en la pista, felicitándose de la situación.
También pasa lo mismo con los gobernantes ya que están ligados al gran
capital, tanto en las viejas economías industrializadas como América del
Norte, Europa occidental o Japón, así como en China y Rusia, o en los
otros grandes países emergentes.
A pesar del hecho de que la producción real dejó de crecer en 2019 de
manera significativa o comenzó a estancarse o a bajar, la esfera financiera
continuó su expansión. A pesar del hecho de que la producción real dejó de crecer
en 2019 de manera significativa o comenzó a estancarse o a bajar, la esfera
financiera continuó su expansión: Las cotizaciones en las bolsas continuaron en
aumento, e incluso alcanzaron valores máximos, el precio de los títulos de
deudas privadas y públicas continuó su progresión hacia arriba, el precio de
los bienes inmobiliarios recomenzó su crecimiento en algunas economías, etc.
En 2019, la producción se ralentizó (China e India), se estancó (en una
buena parte de Europa) o comenzó a bajar en la segunda mitad del año: la mayor
parte de gobiernos y la patronal intervienen para hacer reducir los salarios,
las pensiones, y por consiguiente se reduce el consumo, ya que el endeudamiento
de las familias, que va en aumento, no es suficiente para compensar el descenso
en los ingresos. Así mismo, los gobiernos prolongan una política de austeridad
que conlleva una reducción de los gastos públicos y de las inversiones
públicas. La conjunción de la caída de poder adquisitivo de la mayoría de la
población y el descenso de los gastos públicos generan una caída de la demanda
global y a su vez una parte de la producción no encuentra suficientes salidas,
lo que lleva a un descenso de la actividad económica. [3]
Es importante precisar qué punto de vista se elige: hablo de la crisis de
la producción no porque sea un adepto al crecimiento de la producción, estoy
por la organización (planificación) del decrecimiento con el fin de responder
especialmente a la crisis ecológica en curso. Por lo tanto, personalmente, la
caída o el estancamiento de la producción mundial no me preocupa sino al
contrario. Está muy bien si se producen menos coches individuales y su venta
cae. Por el contrario, para el sistema capitalista, no es lo mismo: el sistema
capitalista tiene necesidad de desarrollar continuamente la producción y de
conquistar continuamente nuevos mercados. Cuando no lo logra o cuando comienza
a bloquearse, responde a la situación desarrollando la esfera de la especulación financiera
y emitiendo cada vez más capital ficticio no ligado directamente a la esfera
productiva. Eso parece funcionar durante años, y, de pronto, estallan burbujas
especulativas. En varios momentos de la historia del capitalismo, la lógica de
la expansión permanente del sistema capitalista y de la producción se expresó
mediante guerras comerciales, y es nuevamente el caso entre Estados Unidos y
sus principales aliados o bien por verdaderas guerras, y esa salida, en la
actualidad, no está totalmente excluida.
Es necesario comenzar inmediatamente y planificar de manera urgente el
decrecimiento para combatir la crisis ecológica. Hay que producir menos y
mejor.Si adoptamos el punto de vista de las clases sociales explotadas y
espoliadas que constituyen la enorme mayoría de la población (de donde sale la
expresión del 99 % opuesto al 1 %), está claro que la conclusión es
la necesidad de romper radicalmente con la lógica de acumulación de capital, ya
sea productivo o financiero, o productivo financiarizado, poco importa cómo lo
llamemos. Es necesario comenzar inmediatamente y planificar de manera urgente
el decrecimiento para combatir la crisis ecológica. Hay que producir menos y
mejor. La fabricación de algunos productos vitales para el bienestar de la
población debe crecer como ser: construcción y rehabilitaciones de viviendas
decentes, centros de salud y hospitales, distribución de agua potable y
depuración de aguas residuales y cloacales, escuelas, etc. y otras
producciones, por el contrario, deben bajar radicalmente como los coches
individuales o desaparecer como la de las armas. Hay que reducir radicalmente y
brutalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que reconvertir
industrias y actividades agrícolas. Hay que anular una gran parte de las deudas
públicas y, en algunos casos, la deuda completa. Hay que expropiar sin
indemnización y transferir al servicio público bancos, aseguradoras, el sector
de la energía y otros sectores estratégicos. Es necesario otorgarles otras
misiones y otras estructuras a los bancos centrales. Existen otras medidas como
la puesta en marcha de una reforma fiscal global con una fuerte imposición al
capital, una reducción global del tiempo de trabajo con contratos
compensatorios y el mantenimiento del nivel de los salarios, la gratuidad de
los servicios de salud pública, de educación, de transportes públicos, medidas
efectivas para garantizar la igualdad entre los sexos. Es necesario repartir
las riquezas respetando la justicia social y privilegiando los derechos humanos
y el respeto a los frágiles equilibrios ecológicos.
La gran mayoría de la población que ve como sus ingresos reales disminuyen
o se estancan (o sea, su poder adquisitivo real) compensa este descenso o
estancamiento con el recurso al endeudamiento para mantener su nivel de
consumo, comprendidas cuestiones vitales: cómo llenar la nevera, asegurar la
escolaridad de sus hijos, cómo desplazarse para ir al trabajo, la necesaria
compra de un coche si no hubiera transporte público, cómo pagar los gastos
generados por visitas médicas etc. Es necesario aportar soluciones radicales a
este endeudamiento creciente de una mayoría de la población en todo el mundo, y
recurrir a la anulación de las deudas. Por lo tanto, hay que anular una gran
parte de las deudas privadas de las familias (especialmente las deudas
estudiantiles, las deudas hipotecarias abusivas, las deudas abusivas de
consumo, las deudas ligadas al microcrédito abusivo…). Hay que aumentar los
ingresos de la mayoría de la población y mejorar fuertemente la calidad de los
servicios públicos, de salud, educación, transportes colectivos, debiendo ser
todos ellos gratuitos.
Debemos llevar la lucha contra la crisis multidimensional del sistema
capitalista y comprometernos resueltamente en la vía de una salida
ecologista-feminista-socialista. Se trata de una necesidad absoluta e
inmediata. Estamos frente a una crisis multidimensional del sistema
capitalista mundial: crisis económica, comercial, ecológica, de
varias organizaciones internacionales que forman parte del sistema de
dominación capitalista del planeta (OMC, OTAN, crisis en la FED —el Banco Central de Estados Unidos—, crisis en el Banco Central Europeo), crisis políticas en los países más importantes (especialmente Estados Unidos entre los dos grandes partidos del gran capital), crisis de la salud pública, guerras… En
el espíritu de un gran número de personas en numerosos países, el
rechazo al sistema capitalista es el más grande que hubo durante estas
cinco décadas, desde la ofensiva neoliberal de Pinochet (1973), Thatcher
(1979) y Reagan (1980).
La abolición de las deudas ilegítimas, esa forma de capital ficticio, debe
enmarcarse en un programa mucho más amplio de medidas suplementarias. El
ecosocialismo debe estar en el centro de las soluciones y no hay que dejarlo de
lado. Debemos llevar la lucha contra la crisis multidimensional del sistema
capitalista y comprometernos resueltamente en la vía de una salida
ecologista-feminista-socialista. Se trata de una necesidad absoluta e
inmediata.
Notas:
[1] Véase Éric
Toussaint, Bancocracia, Icaria editorial, Barcelona 2014, capítulo 3: «De la
financiarización/desregulación de los años 1980 a la crisis de 2007-2008».
[2] La industria
alemana del automóvil emplea 830.000 trabajadores y 2.000.000 de empleos
ligados, que dependen directamente de las grandes fábricas (Fuente: Financial
Times, « German industrial output hit by downturn », 7-8 de diciembre de 2019).
[3] En lo
concerniente a la explicación de las crisis, entre los economistas marxistas,
hay «dos grandes “escuelas” cara a cara: la que explica las crisis por el
subconsumo de masas (o la superproducción de bienes de consumo) y la que las
explica por la sobre acumulación (o la insuficiencia del beneficio para
proseguir la expansión de los bienes de equipamiento). Esta querella no es más
que una variante del viejo debate entre los partidarios de la explicación de
las crisis por “la insuficiencia de la demanda global” y los que la explican
por la “desproporcionalidad”.
Ernest Mandel La crise 1974-1982. Les
faits. Leur interprétation marxiste, 1982, Paris, Flammarion, 302 p, y en
castellano: La teoría marxista de las crisis y la actual depresión económica.
Conferencia en Atenas en 1983, en https://www.ernestmandel.org/es/escritos/txt/la_teoria_marxista_de_las_crisis.htm.
Siguiendo a Ernest Mandel, considero que
la explicación de la crisis actual debe tener en cuenta varios factores y no
podemos reducirla a una crisis producida por una superproducción de los bienes
de consumo (y por lo tanto una insuficiencia en la demanda) o bien por la
sobreacumulación de capitales (y por lo tanto insuficiencia de beneficio).
Eric Toussaint, doctor en Ciencias políticas de la Universidad de
Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM
Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.
Vista
aérea de los terrenos de la empresa Enerall, un megaproyecto que abarca
alrededor de 15 mil hectáreas y cuyo fundador fue Alfonso Romo. Foto:
Especial
Alfonso Romo Garza, actual jefe
de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en
2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para
explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la
Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero
con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media
anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y
fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación
ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un
cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la
investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el
expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los
empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el
equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la
propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia
TIZIMÍN, Yuc.(apro).- Un daño ambiental en la Península de Yucatán
llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a
investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado
por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5,500
metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y
convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió
el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían
configurado un delito ambiental.
La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada
sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en
2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de
territorio con el que reunió casi 15,000 hectáreas, se convirtió en la
mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península
de Yucatán y la tercera en todo el país. Fachada de Enerall en el rancho Santa Cruz. Foto: Especial
Para la expansión de sus operaciones, la empresa intervino áreas de
la selva maya y comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas
zonas. En las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que le fueron
aprobadas, Enerall contempla la ejecución de 11 medidas para mitigar
daños medioambientales.
Actualmente se desconoce cómo las implementaron y los resultados.
Profepa no ha practicado auditorías para verificar el cumplimiento de
esas disposiciones y Conagua tampoco ha realizado evaluaciones para
analizar la calidad del agua en los predios de la empresa. El cenote, de
hecho, fue tapado a pesar de que en las MIA Enerall había aceptado
preservar esos cuerpos de agua y de que carecía de permisos para
intervenir el que fue destruido, según la averiguación de Profepa, que
cerró el expediente con la aplicación de una multa y con una clausura
temporal del rancho donde se encontraba el reservorio dañado.
Así lo revela una investigación que se desarrolló en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univision, Vice en Español
y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). El trabajo
implicó la formulación de más de 1,500 solicitudes de información a
través de la Ley de Transparencia, la obtención de más de 1,000
documentos de la empresa y sus operaciones, así como el análisis de más
de 147 mil datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los datos obtenidos muestran cómo la rápida expansión convirtió a
Romo Garza, a través de Enerall, en un cacique del agua en territorio
maya. La compañía necesita grandes cantidades del líquido para cumplir
la visión de su fundador de convertir en fértiles suelos improductivos
por ser pedregosos. El objetivo es acelerar el ciclo de la naturaleza
dos siglos, como ha explicado el propio Romo, ingeniero agrónomo de 69
años.
“Si ustedes van de Cancún en carro a Mérida, no hay nada. Bueno, pero
toda esta zona está asentada en agua. ¿Qué hicimos? Lo van a ver.
Usando tecnología de punta, mexicana, de microorganismos, estamos
convirtiendo suelos de improductivos en productivos. Lo que la
naturaleza hace en 200 años, lo estamos haciendo en un año”, dijo a un
grupo de emprendedores en marzo de 2017 durante un foro de la revista Forbes.
Este no ha sido el único proyecto de tecnologías genética aplicadas
en el que ha estado involucrado el jefe de gabinete. Romo fue el
inversor principal de Synthetic Genomics, una firma dedicada a la
biología sintética liderada por Craig Venter, el científico que completó
el mapa del genoma humano. Además, años atrás, fundó Séminis, una
compañía que fue adquirida por Monsanto, una de las principales
fabricantes de semillas transgénicas del mundo.
La tecnología empleada para lograr los objetivos en Yucatán se basa,
entre sus componentes fundamentales, en el uso de un sistema que extrae
agua del subsuelo para regar las tierras 270 días al año a través de 60
pozos y 30 pivotes, cada uno de los cuales se mantiene activo durante 7
horas diarias, de acuerdo con una descripción remitida por la empresa a
la Profepa y los expedientes de Conagua.
La información interna de Enerall contenida en el expediente de
Profepa también señala que puede producir 12,000 toneladas de graneles
en un área de tan solo 1,800 hectáreas en el ciclo otoño-invierno. En
una nota de prensa publicada en noviembre de 2017 por Cargill,
multinacional estadounidense con la que Enerall tiene una alianza
comercial, se señalaba que la producción de la empresa fundada por Romo
sería la principal fuente para alimentar una planta de almacenamiento de
granos inaugurada entonces con 50,000 toneladas de capacidad y
proyectada para llegar a los 130,000 en el futuro. El detalle de a
cuánto ascendía la productividad de Enerall, sin embargo, no se aclaraba
en el comunicado. Cargill y Enerall. Foto: Especial
El agua del acuífero de la Península de Yucatán, del cual Enerall ha
logrado servirse como ningún otro particular, es clave para la zona.
Aunque el acuífero cuenta todavía con recursos masivos, en la última
década ha visto desplomarse en casi 50 por ciento su disponibilidad
media anual. El hecho ha coincidido, entre otros factores, con el salto
en el otorgamiento de permisos para explotar el acuífero en los últimos
10 años, como evidencian los propios datos de Conagua.
El retroceso en la disponibilidad de agua ha provocado malestar entre
productores mayas, quienes a partir de 2016, según la Conagua, padecen
registros históricos de sequía extrema: coinciden en que sus pozos están
secos o descienden de nivel por culpa de quienes riegan sin parar.
Los cenotes, semejantes a grandes pozos, se alimentan de agua a
través de las conexiones subterráneas que se extienden por la región.
Representan la única fuente de abastecimiento y eran considerados
sagrados por los ancestros mayas. Tizimín es la localidad que reúne la
mayor cantidad de cenotes en el país, con 369 de 3,001, y fue allí donde
Enerall fue acusada de dañar uno en el Rancho Asideros. En Tizimín existen más de 500 comunidades y, el 60% de la población vive en pobreza. Foto: Especial
Cuando se dio la batalla legal con la Profepa por azolvar el cenote,
en abril de 2018, Romo Garza lideraba el Grupo Plenus del cual Enerall
es subsidiaria y, en esas mismas fechas, era coordinador de la campaña
presidencial de López Obrador, para entonces ya el favorito en las
encuestas. También estuvo al frente del equipo que redactó las bases
económicas del Proyecto de Nación del actual gobierno, y que contempla
obras en el sureste mexicano, como la construcción del Tren Maya, que
tendrá una estación a sólo 50 kilómetros de Enerall, y de la cual ya se
lanzaron las bases de la primera licitación.
Romo abandonó Grupo Plenus en noviembre de 2018, según su declaración
patrimonial, para convertirse en el Jefe de la Oficina de la
Presidencia. El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de
Economía refiere que uno de los socios activos de la empresa es Gustavo
Romo Garza, hermano del jefe del Gabinete. Sin embargo, al ser un
sistema declarativo y no constitutivo, la empresa pudo tener más
movimientos, aunque aún no son reflejados.
Alfonso Romo Garza tiene una larga trayectoria como hombre de
negocios, pero también supo relacionarse con el poder. Mantuvo relación
estrecha con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.
Sin embargo, con López Obrador se lanzó como funcionario público. Su
historial en Yucatán no representó motivo alguno para que el actual
presidente mexicano lo alejara de su entorno. López Obrador en su plan
de gobierno propuso crear conciencia sobre el uso racional de las aguas y
en discursos insistió en que será inflexible en castigar los delitos
ambientales: “El que daña el medio ambiente es castigado”.
El poder de Romo Garza como mano derecha de López Obrador se afirmó
el año pasado, luego de ganar su primer round político contra el
exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien renunció al gabinete el 9
de julio de 2019.
Urzúa lo acusó de tener un potencial conflicto de interés por
intentar infiltrar las secretarías económicas con funcionarios afines a
sus intereses de negocios, lo que Romo negó. Aquella mañana, mientras
los mexicanos se enteraban de la noticia, Romo estaba reunido con el
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, hablando de nuevas
inversiones en ese estado.
El pasado 29 de enero del 2020 también fue nombrado coordinador del
gabinete de Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico en el
contexto del Acuerdo Comercial T-MEC entre México, Estados Unidos y
Canadá.
Al cierre de edición, ni el jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso
Romo, ni la representante legal de Enerall, Katia Aguiar, respondieron a
los cuestionarios y las solicitudes de entrevista que se les
proporcionaron con anticipación. La secretaria particular del jefe de
gabinete, Regina Sada, recibió las preguntas sobre el caso y las
solicitudes telefónicamente. A su vez, se tuvo contacto directo con la
abogada Aguiar, quien respondió a título personal vía correo electrónico
que infería de las preguntas presentadas “información no actualizada e
imprecisa”. En un principio señaló que el plazo inicial ofrecido para
contestar no era suficiente para cumplir los procesos internos para dar
una respuesta. Al finalizar la prórroga concedida, apenas afirmó que
comenzaría a realizar la gestión sin ofrecer precisión sobre fechas.
Preguntas formuladas por escrito igualmente fueron remitidas al
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no fueron
contestadas pese a que se canalizaron personalmente a través de su jefe
de prensa, Jesús Ramírez. Del mismo modo, ni el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ni el secretario de
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, respondieron las
consultas presentadas. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Foto: Octavio Gómez
Agua y expansión
Romo no eligió el paraíso maya por casualidad sino por las
características del área que representaron para él un diamante en bruto.
Caminar en Tizimín es como hacerlo sobre un gigantesco queso gruyere.
El suelo posee miles de conductos que permiten que la lluvia penetre
rápidamente en el subsuelo y que los acuíferos subterráneos se
recarguen. Ese rasgo es común en la región y ello hace que bajo los
suelos de la Península de Yucatán se resguarden dos terceras partes del
agua renovable del país, de acuerdo con el Atlas de Agua en México publicado en 2018 por Conagua.
El volumen que Enerall puede explotar en un año podría ser envasado
en 8,400 millones de botellas de dos litros, y también sería suficiente
para llenar casi 17 veces el Estadio Azteca, el segundo más grande de
América Latina. Son 16.81 millones de metros cúbicos cada 12 meses y 168
millones asegurados por una década, según datos analizados del periodo
2012 al 2019 que fueron obtenidos del sistema de REPDA de la Conagua y
contrastados con las versiones públicas de los expedientes de los
títulos de Conagua obtenidos vía la Ley de Transparencia.
Tal cantidad coloca a Enerall no solo como la mayor explotadora de
agua subterránea para uso agrícola en Yucatán sino como la tercera en
una lista de las 10 mayores beneficiarias de ese tipo de suministro en
el país. A esa conclusión se llegó tras identificar la decena de
empresas que, según el REDPA, cuentan con los permisos para utilizar la
mayor cantidad de agua subterránea para fines agrícolas y de realizar
una búsqueda para hallar predios adicionales vinculados a sus razones
sociales.
A pesar de la importancia de Enerall como concesionaria, Conagua
nunca ha realizado evaluación alguna sobre la calidad del agua en los
pozos de la empresa. El organismo ha realizado 755 análisis en Tizimín
sin precisar el periodo, pero ninguna a Enerall, empresa que ha sido
visitada solo en tres ocasiones pero por razones exclusivamente
administrativas.
Enerall es beneficiaria de 23 títulos para la explotación de aguas
que le fueron otorgados entre 2012 y 2018. Al menos 14 de ellos se
encuentran a su nombre y los otros 9 le fueron cedidos por terceros a
través de la compra de terrenos. Toda esta agua se obtuvo de forma
gratuita a través de la Ley de Aguas Nacionales que no emite cobros
cuando se destina a la agricultura.
Si la acumulación de concesiones de agua le permitió dar a Enerall un
salto gigantesco, la compra de tierras no fue diferente. A lo largo de
una década, a través de las filiales Enerall S. A. P. I., Enerall Terra 1
y Enerall Terra 2, adquirió 47 predios para instalar allí su
megaproyecto. Compró alrededor de 15,000 hectáreas por más de 255
millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) en movimientos
registrados entre 2011 y 2018, según lo asientan escrituras obtenidas
del Registro Público de la Propiedad de Yucatán.
Al menos 41 de estos predios se encuentran hipotecados como garantía
de préstamos solicitados para la compra de más tierras, maquinaria y
mejoramiento de suelos. Seis de estos fueron hipotecados con
Agronegocios Laad, una organización que otorga préstamos a empresas
agroindustriales que venden sus productos en mercados internacionales.
Según los últimos documentos del Registro Público de la Propiedad
asentados en 2017, Alfonso Romo aparece como garante hipotecario de este
financiamiento en una operación de 37 millones de pesos (2 millones de
dólares), situación que no publicó en su declaración patrimonial y de
intereses ante la Secretaría de la Función Pública. Consultado al
respecto, Laad señaló que, por ser una entidad financiera regulada por
la Ley de Protección de Datos Personales, debían guardar la
confidencialidad sobre Enerall.
Otros 26 predios fueron hipotecados por 444 millones de pesos (casi
24 millones de dólares) con Cargill, que entre sus múltiples negocios
compra cosechas en América Latina para después venderlas en el
extranjero. En el comunicado de prensa en la que anunció la inauguración
de la planta granelera en 2017, la multinacional estadounidense afirmó
que Enerall rehabilita con tecnología propia tierras que han sido usadas
para la ganadería y agricultura extensiva. En el texto además citan un
discurso de Romo en el que afirma que la planta tendrá un efecto
transformador para los productores locales.
Consultada sobre las propiedades hipotecadas, Cargill no aportó
información: “Nuestras políticas no nos permiten profundizar en
especificaciones que requieren aprobación previa de nuestras
contrapartes en los contratos”. Sin embargo, la multinacional envió las
respuestas a un cuestionario que le fue remitido en el que aclaró otros
aspectos de su vinculación con la empresa fundada por Romo. En el texto
se afirma que Cargill no tiene relación accionaria ni de inversiones con
Enerall, aunque sí le dio financiamiento para construir planta de
almacenamiento de granos, la cual es operada por la multinacional
estadounidense. Además mantiene en el presente un acuerdo de
comercialización de los graneles producidos por Enerall.
Sobre el caso del cenote destruido, Cargill precisó lo siguiente:
“Confiamos en las autoridades mexicanas que atienden la materia. Lo que
sí queremos reiterar es que en Cargill trabajamos con estricto apego a
las leyes de los países donde tenemos presencia (…) En Cargill
trabajamos por proteger al planeta y sabemos que las empresas jugamos un
papel importante en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que apuntan a abordar el cambio climático mediante la gestión
sostenible de los bosques, el combate a la desertificación y degradación
de la tierra, y a detener la pérdida de biodiversidad”. En esa línea
señalaron que están tomando medidas para “manejar nuestros recursos
hídricos de manera eficiente, conservando el agua, mejorando la calidad y
asegurando el acceso a agua limpia en las comunidades donde operamos”.
Una de las medidas clave que señalan es la de minimizar el uso de agua
en la agricultura, particularmente en áreas donde hay escasez del
líquido. Vista
aérea de los terrenos de la empresa Enerall, un megaproyecto que abarca
alrededor de 15 mil hectáreas y cuyo fundador fue Alfonso Romo. Foto:
Especial
Daños ambientales
Denominados dzonoot en maya, cuyo significado es “hoyo con agua”, los
cenotes son centrales para la flora, la fauna y los pobladores de la
Península de Yucatán. Por eso, el cenote tapado es para los indígenas de
Tizimín, la punta del iceberg de las afectaciones ambientales
provocadas por la expansión de la empresa.
Ningún particular había rellenado un cenote en Yucatán desde el año
2000, según las pesquisas de la Profepa, hasta que el 11 de abril del
2018 se abrió el expediente administrativo PFPA/37.3/2C.27.5/00018-18
contra Enerall por esa razón, según los documentos del caso obtenidos
vía la Ley de Transparencia. “Mediante el uso de maquinaria pesada, se
le ha dispuesto piedras, tierra y restos de vegetación con el fin de
rellenarlo”, indica el acta con la que se inició el proceso. Cenote cubierto por rocas. Foto: Especial
Los restos de vegetación procedieron del arrasamiento de la “cortina
arbolada” que rodeaba el cenote, según se concluyó en la inspección.
Luego de eso se indica que fueron depositadas piedras. Una fotografía
publicada por el Diario de Yucatán, no integrada en el expediente, muestra un camión de carga presuntamente Enerall lanzando los restos.
Tras el hecho, el 19 de abril de 2018, la Profepa informó en un
comunicado que clausuraron de manera “total temporal” el Rancho
Asideros. Acotaron que infringió la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 420 Bis del Código Penal
Federal.
Los abogados de Enerall alegaron que la inspección era ilegal, que el
área afectada no era un cenote y que la clausura afectaría la economía
tizimeña. El 23 de abril la Profepa levantó la clausura al rancho con
una extensión de más de 3,549.6 hectáreas. Sólo se impuso la clausura al
cenote.
Para comprobar los daños la Profepa solicitó en mayo de 2018 las
opiniones técnicas de la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Ambiental de Yucatán (Seduma) ahora Secretaría de Desarrollo
Sustentable (SDS), el Departamento de Ecología Tropical de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y de la Unidad de Ciencias del
Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Contrario a los dichos de los abogados de Enerall, la CICY y la UADY
concluyeron que se trataba de un cenote de paredes verticales de 12
metros de profundidad. De igual modo, se encontró que hasta 2014 tenía
características de estos cuerpos de agua, según las tomas satelitales.
El Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos de la otrora Seduma
no sólo dictaminó que hubo daños al cenote, sino deforestación de
especies de árboles como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el
tsalam, así como contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas.
“El cenote recibe escorrentías originadas por el riego, lo cual origina
que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los
cultivos”.
A eso se suma la “evidencia de exterminio” de tortuga caja amarilla
(terrapene mexicana), endémicas de Yucatán, sujeta a protección especial
por la vulnerabilidad de sus poblaciones, así como de tortuga mojina
(rhinoclemmys areolata), en categoría de amenazada, según la Norma
Oficial Mexicana de la Semarnat. “Perecieron a causa de dicho depósito”,
menciona la opinión técnica.
El 27 de agosto de 2018 la Profepa resolvió que Enerall Terra 2 SAPI
había infringido el artículo 28 de la LGEEPA “por realizar la
afectación, relleno y modificación a cuerpo de agua nacional mediante
disposición directa de piedra, tierra y residuos de árboles, sin
acreditar contar con la autorización en materia de impacto ambiental”.
En el plano estatal, la Seduma documentó que, durante la visita de
inspección confirmaron que hubo “afectaciones al cenote que infringen el
Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de
Yucatán en Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas”. Se identificaron
infracciones graves a los artículos 5, 8, 12 y 37, que ameritan
sanciones como multa y una clausura temporal o definitiva de la obra o
actividad, no obstante, el área jurídica de la ahora SDS aclaró que “el
personal que estuvo en la administración anterior que lo atendió, sólo
hizo la visita técnica, se entregó la recomendación y Profepa asumió
todo el control porque es correspondencia de orden federal”. Profepa
dijo que no usó la opinión técnica “porque fue posterior al
levantamiento del acta de visita”.
La Profepa multó a Enerall por 741 mil pesos (30 mil 275 dólares) sin
remitir el caso a la extinta Procuraduría General de la República
(ahora Fiscalía General de la República) pese a que, según el abogado
Raziel Villegas, los elementos de la Profepa y de la opinión técnica de
Seduma documentan violaciones a las leyes generales de Vida Silvestre,
de Aguas Nacionales y de Desarrollo Forestal Sustentable. Villegas fue
funcionario de Profepa y Semarnat y hoy dirige la firma GEOLEGIS,
especializada en derecho ambiental y con influencia en la península de
Yucatán.
La confirmación de que la institución no recurrió a la vía penal,
para que se investigara si hubo delitos en el caso más allá de las
faltas administrativas, la dio la Subprocuraduría Jurídica y la
Delegación de Profepa en Yucatán ante una solicitud de información
resuelta en diciembre de 2019: “No se encontró antecedente alguno en
relación a la presentación de denuncia penal”.
Pese a que no guarda relación alguna entre lo que dicta un comunicado
oficial y el actuar de Profepa, la institución respondió al
cuestionario que no actuaron penalmente porque en la nota de prensa que
publicaron en abril del 2018 se citó un artículo que “no alude en la
conducta delictiva que regula a los cenotes (…) por lo que de
presentarse la denuncia no prosperaría”.
Para Villegas, ese argumento no exime a la institución de su
obligación basada en el artículo 222 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, el cual apunta que “Quien en ejercicio de
funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un
hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Público”, refiere el artículo.
“Que denuncien los hechos. La autoridad no es que quiera o pueda escoger, debe denunciar”, explica el abogado.
Ya librada del round penal, Enerall solicitó conmutar la multa, a
través de su adhesión al Programa Nacional de Auditoría Ambiental
(PNAA), para mejorar los procesos de producción, desempeño ambiental y
competitividad. Para ello debió presentar un proyecto de inversión que
previera cuidados al medio ambiente equivalente al monto de la multa.
Enerall solicitó el 4 de octubre del 2018 las indicaciones para
inscribirse al PNAA como parte de la conmutación. La empresa luego
presentó el 15 de noviembre de ese año el proyecto “Incorporación de los
conjuntos prediales Asideros 2 y Asideros Globales de la empresa
Enerall Terra 2 S.A.P.I. DE C.V”.
La Procuraduría ambiental lo consideró “viable” en un oficio: “Esta
subdelegación de inspección de los Recursos Naturales en el Estado de
Yucatán, tiene una opinión favorable para la implementación de esta
incorporación, siempre y cuando se cumpla con lo propuesto en el
oficio”.
Profepa, sin embargo, afirmó luego ante una solicitud de información
presentada en noviembre de 2019 que “dicho proyecto no ha sido ni fue
incorporado”. En un cuestionario que se le remitió hace 12 días sobre el
tema, respondió además que “la empresa no solicitó ingresar al PNAA”,
sin comprobar sus dichos con algún documento al cierre de edición.
Las auditorías que debían realizarse en el PNAA son la medición y
registro de los volúmenes de agua de los pozos de extracción; así como
análisis de residuos peligrosos en los suelos; inversión para minimizar
riesgos ambientales por uso de diésel; y el desarrollo del programa de
monitoreo y tecnificaciones sustentables. A excepción de la auditoría
del agua con duración de dos años, el resto se debía cumplir entre 6
meses y un año. Sin embargo, la propuesta no detallaba las fechas de
inicio de cada una de esas actividades.
Villegas afirma que el plan presentado por Enerall tenía defectos:
“Estuvo mal elaborado el proyecto, pues no contiene un programa
calendarizado y es ambiguo”. Critica incluso que se le haya dado
siquiera una opinión técnica favorable a la propuesta: “Era
jurídicamente improcedente conceder la opinión técnica viable de esa
conmutación cuando, uno, no se ofreció ningún beneficio ambiental, y
dos, el artículo 173 de la LGEEPA lo condiciona además al no haber
estado en los supuestos del artículo 170 de la LGEEPA, o sea, que no
hubiese sido sujeto a la clausura, y sí lo estuvo”.
De acuerdo con Villegas, la Profepa estaba obligada a imponer, como
medida correctiva, la restauración del cenote a su estado original. La
recuperación natural, según el expediente, tardará en promedio de 5 a 20
años para que se reconecte el espejo de agua con el manto freático,
siempre que exista “un constante monitoreo y control ambiental”. Además,
para solicitar una reparación o compensación del daño, la autoridad
tuvo también la vía de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Sobre la multa, Profepa hizo una precisión al responder una solicitud
de información en diciembre de 2019: “No se cuenta con ningún documento
que indique que la empresa Enerall haya realizado el pago ante la
autoridad recaudadora”. La institución fue consultada de nuevo sobre el
tema con el cuestionario de hace 12 días. Respondió entonces que se hizo
“efectivo el pago” sin cotejar sus dichos con documento alguno al
cierre de edición, como se les solicitó.
Para el 30 de enero de 2019, cuando Romo ya era Jefe de la Oficina de
la Presidencia de México, se abrió otro expediente: “Enerall está
realizando trabajos ilegales. Tapó una aguada grande (cenote) que tenía
bastante agua, muchos árboles y era el lugar donde llegaban muchos
jabalíes y venados de la zona que nos obligaron a matar porque por allá
pasarían los pivotes de riego”, se señalaba en la denuncia
PFPA/37.7/2C.28.2/0023-19, obtenida vía Transparencia.
En las fotografías, aparece selva deforestada por tractores, venados
cazados y un presunto cenote rellenado. “El Rancho Asideros lo tenemos
clausurado por tapar un cenote, pero igual hay más que se taparon”,
asienta la denuncia que acusa Enerall como el presunto responsable. Daños causados a flora y fauna endémica en la región. Foto: Profepa
Pese a la denuncia detallada, la Profepa cerró el caso por no hallar
evidencias: “No se detectó afectación alguna a cuerpo de agua nacional,
en tal virtud se ordenó el cierre del presente asunto”, dice la
resolución.
El expediente contrasta con los testimonios de trabajadores y
extrabajadores de Enerall. “El que se quedó, se quedó”, mencionó uno de
los operadores entrevistados durante la investigación de campo, quien
aseguró haber participado tapando el cenote, refiriéndose a los animales
que aplastaban, y quien agrega que, durante los desmontes, llegaban a
juntar hasta 90 tractoristas.
Algunos de estos daños, ya los advertían las MIA si no se cumplían
las medidas preventivas, pues “la preparación del sitio y operación del
proyecto” provocaría fragmentación y reducción de hábitat, así como
daños a fauna silvestre, generación de ruido, emisiones a la atmósfera,
afectación en la calidad del agua, impermeabilización de suelo y pérdida
de cobertura vegetal”. Para evitar lo anterior, se establecieron 11
medidas preventivas y criterios en materia de conservación, protección y
aprovechamiento.
Sin embargo, no obra registro de evidencias de Enerall ante Profepa
sobre las medidas, según una respuesta de la institución de noviembre de
2019, en la que indica: “No se cuenta con las constancias relativas a
las evidencias en documentos, fotografías y/o videos que las empresas
Enerall S.A.P.I de C.V., Enerall Terra 1 S.A.P.I de C.V, Enerall Terra 2
S.A.P.I de C.V. y Asideros 3 S. de R.L. de C.V. hayan entregado y/o
enviado en para comprobar que han cumplido en tiempo y forma con las
medidas de protección previstas en criterios y recomendaciones
establecidas para políticas de conservación, protección y
aprovechamiento de sus MIA”. Daños causados a flora y fauna endémica en la región. Foto: Profepa
¿Emprendimiento social?
Romo hablaba de Enerall como una compañía que con “tecnología de
punta podía ayudar a mejorar el nivel de vida de los pobladores.
“Hablando de innovación, les quiero mostrar lo que la tecnología puede
hacer para cambiarle la vida a miles de campesinos”, declaró en 2017
durante la conferencia organizada por Forbes.
Pero esa visión, detallada en su código de ética de Enerall detallado
en su portal digital, no se parece en nada a la realidad, de acuerdo
con pobladores consultados en 20 comunidades indígenas. La mayoría
afirmó que complementa sus ingresos con jornadas de trabajo extendidas u
otros empleos. Además, se alimentan gracias a las pequeñas parcelas
donde producen maíz y frijol, así como miel en los apicultivos.
Durante los recorridos se constataron problemas que sobreviven como
males endémicos en Yucatán: fallas de infraestructura, ausencia de
drenajes, falta de agua potable, desabastecimiento en los comercios,
carencia de clínicas de salud y escuelas. Lo anterior es visible debido a
que en Tizimín el 60% de la población vive en pobreza, según la última
medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), realizada en 2015.
De acuerdo con los extrabajadores, pese a largas jornadas que
alcanzaban hasta 12 horas, sus pagos eran equivalentes a 1,100 pesos a
la quincena (57 dólares) entre 2009 y 2014, de acuerdo con talones de
pago. Para obtener más dinero, realizaban horas extras y trabajaban de
noche para ganar un bono que, en total, les daba un sueldo de 3,500
pesos (180 dólares) a la quincena.
Lo mismo pasa con otros empleados o exempleados de Enerall
entrevistados, quienes afirman que a pesar de haber trabajado una década
para la empresa y contar con otros puestos, su salario aumentó muy
poco. Aseguran que tampoco contaban con seguro social, ni prima
vacacional u otras prestaciones.
Hasta 2018, Enerall tenía cerca de 500 empleados, según oficios del
expediente de Profepa, que provienen principalmente de Sucopo y
Cabichen, dos comunidades aledañas a la empresa. Pero los pobladores
consultados refieren que en los últimos meses han realizado despidos
masivos debido a la implementación de máquinas que han sustituido sus
labores.
Actualmente se desconoce el número de empleados y aportaciones
patronales de la empresa, según una solicitud realizada al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que reservó la
información, y en una apelación realizada, el fallo se mantuvo a su
favor.
Estas condiciones se suman a los tratos denunciados por los
empleados: durante las jornadas los jefes no autorizaban descansos en la
sombra, beber agua, ni recibir atención médica.
Un maquinista de cosechas de Enerall recuerda que nunca pudo
acercarse a Romo, pues cuando visitaba la empresa llegaba en helicóptero
y su equipo de seguridad lo rodeaba. Ahora lo ve por televisión con
regularidad a quien durante una década fue su “patrón” y que ahora es
jefe de la oficina de Presidencia. Lo escucha en ocasiones cuando habla
de los planes para las inversiones y el desarrollo del país.
Apenas en enero de este año, Romo Garza fue nombrado el coordinador
del Gabinete de Crecimiento Económico, un puesto que no existía, pero
ahora tendrá coordinación con secretarías de Estado para generar
empleos, llevar paz y combatir la pobreza de los mexicanos.
Como empresario supo esculpir una figura de emprendedor social, de
visionario tecnológico, pero ahora surge una imagen de un cacique de
aguas que ha salido con apenas unos roces de las investigaciones por
daños ambientales.
