Aclaraciones y expectativas sobre el triunfo de Sheinbaum en México

Andrés Avila Armella

El tres de junio, los titulares de distintos medios de comunicación internacionales amanecieron anunciando la victoria contundente en las elecciones por parte de Claudia Sheinbaum, ubicándola en general como parte de la izquierda mexicana y del mundo, lo cual despierta tanto entusiasmo y simpatía entre quienes suelen ser simpatizantes de la izquierda, así como animadversiones entre quienes se ubican políticamente como parte de la derecha, o cuando menos como enemigos de la izquierda. A partir de ello se pueden tejer una serie de suposiciones y expectativas, por lo que este artículo pretende esclarecer algunos aspectos que seguramente no son tomados en cuenta por muchos medios de comunicación y articulistas de los medios con mayor difusión.

Por ello me propondré aclarar algunos puntos básicos sobre cómo es la política en México y cómo suelen alejarse en nuestra realidad política las apariencias de los hechos, y con ello evitar hacernos de expectativas fuera de la realidad y enfocarnos acertadamente dentro de ella.

Antes de entrar en las particularidades sobre México, me parece necesario aclarar que los resultados electorales son una forma dialécticamente inválida para analizar la voluntad popular, pues esto sólo se relaciona directamente a través de la ideología liberal burguesa. Si bien es posible que haya alguna influencia de la voluntad popular en los resultados electorales, esto se encuentra muy limitado, pues mucho antes de que la gente salga a votar, ha habido una serie de acuerdos entre grupos oligárquicos de poder, que van desde lo internacional hasta lo local, que son los que permiten explicar porque aparecen dos o tres nombres principales en la boleta de votación. Es todo un sistema donde se requiere financiamiento millonario, espacio en medios de comunicación, información privilegiada y muchísimas condiciones logísticas que nunca están al alcance de organizaciones populares, y menos aún de las que estén confrontadas con los dueños del dinero.

Es cierto que algunas veces en la historia se dan condiciones para que el terreno electoral sea, cuando menos por algún momento, la arena de confrontación de la lucha de clases, pero en México no es exactamente así y daremos algunas razones en las próximas líneas.

Generalidades de nuestro sistema político

En México, como en otros países de Nuestra América y del mundo, existen fuerzas que tradicionalmente se ubican en la derecha, es decir, abiertamente conservadoras, anti comunistas, ligadas a organismos religiosos y proclives a subordinarse abiertamente a potencias extranjeras, sobre todo a Estados Unidos; y hay fuerzas que se consideran a sí mismas de izquierda, por considerarse afines a las causas populares.

Pero en México hay algunas peculiaridades a tomar en cuenta y mencionaré solo algunas:

–          Desde el final de la guerra de intervención (1862-1867) en donde México sufrió y resistió a la invasión del ejército francés de Napoleón III, suceso dentro del cual los abiertamente conservadores fueron promotores y protectores de la invasión, en México ninguna fuerza política se reivindica a sí mismo como conservadora, pues inevitablemente se asocia el término a quienes provocaron una de las mayores tragedias nacionales.

–          El estado mexicano, su ideología y simbología son liberales, a pesar de ser un país de mayoría católica, los mexicanos crecemos y somos educados en las escuelas públicas en medio de una clara exaltación de los valores liberales entre los que está la necesaria separación de la Iglesia y el Estado, y somos educados en la admiración a Benito Juárez, quien luchó con vehemencia por dicha separación, razón por la cual, artimañas como la intentada al final de campaña por Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, reivindicándose como la candidata de Dios, tienen menos impacto de lo esperado en otros países de Latinoamérica.

–          México paso por un período peculiar llamado Revolución Mexicana, en donde se formaron grandes ejércitos populares que lucharon contra una dictadura oligárquica. La Revolución mexicana concluyó con el asenso de un grupo de intelectuales y militares que por un lado habían combatido a los ejércitos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, pero que por otro lado reclamaban para sí el prestigio de haber encabezado y finalizado exitosamente una revolución social que al final trajo justicia y democracia al país. Con ello se creó la quimera del gobierno de la Revolución Mexicana, el cual se convirtió en un gobierno con discurso alineado a la social-democracia a nivel internacional, pero que internamente se destacó por asesinar y reprimir a luchadores sociales y a la izquierda revolucionaria del país.

–          Ese gobierno de la Revolución mexicana que se hizo partido, (Partido Nacional Revolucionario, PNR, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, Partido Revolucionario Institucional, PRI), tenía internacionalmente la imagen de ser un gobierno progresista, pero internamente los mexicanos sabíamos que no correspondía su fama internacional con la realidad nacional.[ii]

–          Los fundadores de las coaliciones de izquierda electoral mexicana, que lograron colocarse como protagonistas de los procesos electorales, fueron personajes formados políticamente dentro del PRI, donde aprendieron la retórica liberal, nacionalista con tintes social demócratas. Dentro de ese grupo de personas, figuraban Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

–          La mayoría de los personajes del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) tienen su origen en el priísmo y no en la izquierda socialista ni comunista, y lo que ellos entienden por izquierda corresponde al pensamiento político de corrientes internas del PRI, quienes tienen en la figura del expresidente Lázaro Cárdenas del Río a su mayor referente moral, mismo que al interior de la historia del priísmo, fue muy útil para dar legitimidad a todas las medidas antipopulares que se tomaron por los gobiernos del PRI después de la exclusión de Lázaro Cárdenas y sus más allegados, de las decisiones trascendentes de  Estado. Lázaro Cárdenas ha sido el presidente de México cuyo programa ha sido más de izquierda y es un hito en la historia mexicana del siglo XX por haber impulsado la reforma agraria y la nacionalización del petróleo entre otras cosas. Los gobiernos posteriores a él siempre se fueron recorriendo hacia la derecha, pero todo presidente de México se reivindica cardenista, hasta los presidentes del partido de derecha, PAN, tuvieron que evitar criticar al General Cárdenas. Por otra parte, ningún candidato presidencial, ni siquiera los de MORENA, ha propuesto retomar las medidas impulsadas por Lázaro Cárdenas y mucho menos recorrerse a la izquierda de él.

–          Una parte de los cuadros de MORENA sí provienen de una parte de la izquierda en México que alguna vez militó en Partidos u organizaciones de ideología socialista, y que fueron disueltas asumiendo que la lucha histórica en contra del capitalismo no tenía más posibilidades y que era necesario aprovechar las ventajas de la llamada en esos años transición a la democracia. Sheinmbaum, a diferencia de López Obrador, no viene  del PRI, pero tampoco viene de la militancia socialista previa a la campaña de 1988, sino de una generación que su juventud la sorprendió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en medio de la claudicación de personajes y organizaciones de la lucha comunista y que vieron aparecer dentro del Frente Democrático Nacional, después PRD (Partido de la Revolución Democrática) la única izquierda posible en México, tejida a partir de la alianza entre viejos priístas y personajes de ideología socialista buscando hogar político. Sheinbaum fue parte de un movimiento estudiantil universitario que defendió la gratuidad de la educación superior  en 1986- 1987, y se sumó al frente electoral del FDN con Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas y ex gobernador por el PRI en el estado de Michoacán) a la cabeza. Ya como parte del grupo de la burocracia de estado, a través del PRD, el grupo político del cual formaba parte en la UNAM, se volvió en contra del movimiento estudiantil de 1999-2000, por no alinearse a los tiempos y modos convenientes a la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas para el año 2000.[iii]

–          El partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) nació como una edición del PRD convocado directamente por López Obrador, al romper definitivamente con un grupo que se adueñó de sus órganos directivos excluyendo de ellos a sus principales ideólogos y fundadores.

–          MORENA creció en los últimos años incorporando a sus filas a miembros y grupos políticos locales y regionales que habían pertenecido al PRI, al PAN o al PRD, y que eran los operadores políticos en un sinnúmero de rincones del país. La dinámica de dichos grupos prácticamente no tiene nada de ideológica y son meramente pragmáticos, es decir, son coaliciones de personas que se suelen meter a las competencias electorales como una mera forma de ganar dinero, acaparar puestos públicos y distribuir a conveniencia favores y gestiones políticas. Es la forma en que funcionaron los gobiernos del PRI, y eso lejos de desaparecer, se ha acoplado a esta nueva coalición. Por supuesto, muchos de esos grupos están ligados al crimen organizado y son profundamente corruptos; este hecho no es ignorado por las esferas más altas del morenismo, quienes han visto en éste método el único posible para seguir ganando elecciones en ayuntamientos, gubernaturas y espacios de poder local, sumando votos de esta manera para las grandes competencias electorales como la presidencia de la república.

–          Muchos de esos grupos son oligárquico locales y son históricamente enemigos de las agrupaciones independientes de lucha popular, es decir, son enemigos históricos del sindicalismo independiente, de la lucha estudiantil popular, de los concejos campesinos e indígenas etc. Razón por la cual en dichos sectores se mantiene una clara distancia y desconfianza hacia el gobierno, a pesar de declararse de izquierda, elemento que por lo explicado anteriormente no es novedoso en México, sino que forma parte de la careta habitual desde hace cien años del estado mexicano. El gobierno de MORENA como lo hacía el priísmo en otras épocas, acusa a las organizaciones de izquierda independientes, de hacerle el juego a la derecha, al fascismo o al conservadurismo.[iv]

–          Las elecciones en México, como en  muchas partes del mundo, se asemejan más a un juego de apuestas que a un  proceso de participación democrática para reflejar la voluntad popular. La ventaja final de Sheinbaum no refleja necesariamente entusiasmo masivo, sino simplemente el hecho de que al aproximarse la recta final de la contienda y al estar claro que las tendencias favorecían claramente a ella, muchos de los grupos políticos que se mantenían indecisos o con unas fichas en un equipo y otras en el rival, se decantaron por operar políticamente en favor de quien llevaba la delantera, esperando  claro, ganar algo con ello.

El resultado de las elecciones exige para Sheinbaum y su partido, el pasar de la etapa de la recolección de apoyos a la etapa de pagar por esos apoyos; la forma de pago va desde no defraudar a la gran oligarquía imperialista quien confía en que no habrá un viraje hacia la izquierda respecto a las políticas seguidas por el gobierno de López Obrador, hasta complacer a todos esos grupos de poder local quienes demandan el respeto a sus privilegios y el apoyo del gobierno en sus disputas en contra de grupos similares y en contra de sectores populares no alineados.

Limitantes de nuestra posición económica y geopolítica

México es un país cuya economía es típica de un capitalismo dependiente, secundario exportador y con algunas áreas del país que aún es primario -exportador, dependiente como ningún otro de la economía de los Estados Unidos de América y compartiendo con éste más de tres mil kilómetros de frontera terrestre con el gigante imperialista.

México es para el Estado norteamericano, un país geoestratégicamente relevante, por su demografía, 127 millones de habitantes, su potencial productivo como país receptor de capital con fines de manufactura que puede aprovechar una fuerza de trabajo que puede realizar en muchas áreas las mismas funciones que la norteamericana pero a un costo mucho menor. México es para Estados Unidos parte de su reserva estratégica de recursos naturales y humanos que bien pueden ser empleados tanto en tiempos de paz como de guerra.

La oligarquía mexicana está subordinada a la norteamericana y ha preferido históricamente estar vinculada al comercio exterior de América del norte a intentar un mercado interno o a formar un bloque comercial adverso al norteamericano. El Estado mexicano sin embargo no se suele representar más que excepcionalmente por miembros de esa oligarquía, sino acorde a su narrativa histórica, ha preferido hacerse representar a través de intelectuales formados políticamente quienes utilizan  una retórica nacionalista y popular, a la vez que evitan confrontarse con dicha oligarquía. Así funcionó el PRI muchos años y así ha funcionado el gobierno actual.

Es por ello que ni a Trump ni a Biden les pareció que fuera necesario confrontarse con el gobierno de López Obrador, por conocer que en la historia de la política mexicana, es un requisito que el presidente  de México represente discursivamente independencia frente a  Whashington, situación que se puede ilustrar a través de una frase que se le  atribuye al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz[v], todo presidente de México tiene que mentársela de vez en cuando a Estados Unidos.

México sigue siendo a nivel global un aliado de Estados Unidos y a nivel comercial parte del bloque de América del Norte, y en este momento representa para éste último, la posibilidad de competir contra China en algunos aspectos; ni López Obrador ni Sheinbaum, han planteado alejarse de Estados Unidos para acercarse a China por ejemplo, sino que han mantenido abiertamente su aceptación de que las cosas en ese sentido se mantengan como hasta ahora.

Dicho de otra manera y para explicárselo a quienes lean este artículo desde algún otro país; México es un país subordinado a la política exterior de Estados Unidos, pero no de la misma manera en que lo son otros gobiernos  de Latinoamérica; México y su cancillería suelen ser independientes en cuanto a algunos posicionamientos diplomáticos, pero esa independencia no llega a un nivel de confrontación con la cancillería norteamericana, incluso en muchos momentos, México ha servido como puente diplomático con Estados abiertamente confrontados con Estados Unidos. En este caso, se puede esperar que el asunto se mantenga de la misma manera, y que en algunos aspectos, dicha política exterior se torna más favorable a una agenda multipolar, a diferencia de lo practicado por los dos gobiernos panistas, aliados de la democracia cristiana internacional, quienes tuvieron una política exterior más similar al de cualquier gobierno latinoamericano subordinado a Washington.[vi]

Por otra parte, en este mismo punto es relevante señalar que la mayoría de los problemas que padece la población mexicana trabajadora y popular, son resultado de cuestiones estructurales que tienen que ver con ese tipo de economía dependiente y exportadora; me refiero por ejemplo al papel de los cárteles de la droga mexicanos y la forma en que accionan y amenazan la seguridad familiar, la precariedad laboral, la pobreza, la depredación ambiental, así como las formas concretas en que se combinan negativamente los factores macro-económicos con las situaciones locales. Dichos problemas no van a cambiar porque un partido u otro hayan ganado las elecciones, y no se pueden combatir dichos problemas albergando esperanzas en que se resolverán sin necesidad de entrar en una confrontación más abierta y más directa contra el gobierno norteamericano y la oligarquía mexicana aliada de éste.

De cualquier modo hay que ser claros en algo, ni Sheinbaum ni López Obrador han prometido ser ese tipo de gobierno, no han tratado de evocar a estados socialistas como la URSS, China o Cuba, ni siquiera a países que sin ser socialistas son no alineados como el de Venezuela de Chávez o Irán, sino que han insistido tanto en medios nacionales como internacionales que justamente no es  ese tipo de gobierno el que proponen ni  es esa relación con Whashington la que tendrían.

En materia macro-económica tampoco han buscado salirse del renglón y hasta ahora la llamada 4 T se ha comprometido a no aumentar los impuestos a los grandes empresarios, ni a privar de autonomía al Banco de México, ni a modificar sustancialmente la política hacia los trabajadores asalariados, ni los campesinos pobres del país, razón por la cual no es de esperarse que salga del gobierno electo alguna iniciativa para romper el Tratado Comercial de América del Norte (TMEC-TLCAN), ni para esperar que se preste ayuda energética significativa a Cuba, ni para que haya una reforma agraria, ni para que hayan cambios sustanciales en las relaciones capital – trabajo.

Por ahora, hemos cumplido los objetivos del presente artículo poniendo sobre la mesa datos sobre la situación política de México que no se están tomando mucho en cuenta en los análisis que se están promoviendo en las principales cadenas periodísticas. Por supuesto, el análisis amerita detenernos más a profundidad en cada punto y agregar otros tantos, pero eso se hará en lo sucesivo.

Por ahora, sólo concluiré señalando que de momento no está ganado que vaya a haber alguna reforma en favor de la clase trabajadora o de los sectores históricamente oprimidos en México, pues esa no es la razón por la que sucedieron las cosas así este 2 de junio, y que por tanto, si se aspira a ese tipo de reformas, se tiene que desatar la organización independiente de los trabajadores y del pueblo para exigir las reformas necesarias, para conducirlas y ser parte de ellas; es decir, la organización independiente tiene la tarea de orillar al gobierno electo a acercarse cuando menos a su agenda y a sus necesidades.  En materia internacional es importante recordar que, para lograr objetivos más relevantes para revertir el orden imperialista, se requiere mucho más y se requiere sobre todo que las organizaciones populares, independientes y revolucionarias vean a las organizaciones que luchan de manera independiente en México a sus pares y se realicen acciones para favorecer la cooperación entre ellas para fortalecer la agenda de la clase trabajadora.

Notas:

[ii] Sobre todo, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de México se caracterizó por su posición antifascista, apoyando la República española y recibiendo a los exiliados de la guerra civil, más tarde lo hizo también condenando las dictaduras militares y recibiendo perseguidos políticos principalmente del cono sur. México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba en la OEA. Internamente sin embargo el estado mexicano practicó los mismos métodos de tortura, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de las guerrillas mexicanas.

[iii] En ese entonces, dicho grupo era conocido como PRD- Universidad. Y se sumó al clamor de los medios de comunicación muy ligados al PRI que se dedicaban a denostar al movimiento estudiantil y a clamar por la represión policíaca en su contra.

[iv] Para muestra se pueden buscar las intervenciones de Luis Echeverría, uno de los mayores asesinos en la historia de México, al referirse a los grupos estudiantiles que en la UNAM y la Universidad de Guadalajara luchaban contra los poderes fácticos del PRI.

[v] Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente que ordenó la masacre de estudiantes en 1968 y que la CIA lo muestra en documentos desclasificados como informante junto con Luis Echeverría.

[vi] Aquí nos referimos a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón

Andrés Avila Armella. Sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Secretario General de la UNIÓN COMUNISTA DE LA CLASE PROLETARIA (UCCP). Miembro de la Secretaría General Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM (SITTAUNAM)

Plan C

Fabrizio Mejía Madrid


“Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder Judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con ligereza ‘autoritarismo'”.


Empezaré por el desplegado de Enrique Krauze y Aguilar Camín en el que apoyan a Xóchitl Gálvez. El manifiesto urgente que llama “integrantes de la comunidad cultural” lo mismo a ex funcionarios del gobierno de Fox y de Calderón que a los fabricantes de mentiras desde la Operación Berlín, y hasta a quien fundó una editorial de poesía con el dinero que le pagó Raúl Salinas de Gortari por publicarlo, Mendiola. No dejo de lado al vocero del propio Carlos Salinas cuando fue presidente, Carreño, o a la neutral académica que elaboró las preguntas sesgadas del INE en el primer debate presidencial, Reguillo. En muchos casos, estos serían parte de una “comunidad cultural”, sólo si pensamos que la corrupción es cultura.

Al manifiesto le veo, al menos, tres contradicciones: una es que llaman a votar por el PRI y el PAN para que no haya una “regresión autoritaria”. Pues, ¿qué no es el PRIAN el régimen del autoritarismo, el Partido Único, los fraudes electorales, el saqueo descarado? Los historiadores nos llaman a votar por Alito Moreno y Manlio Fabio Beltrones, porque no vaya a ser la de malas que regresemos a los tiempos del PRI. La siguiente es que se quejan de la polarización pero ellos mismos promueven. Dicen los firmantes del manifiesto a favor del PRIAN: “Las elecciones de junio serán una confrontación entre autoritarismo y democracia. La opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez”. ¿Así o más polarizados los historiadores? Imagínense si esto fuera cierto: más de 30 millones de votantes de Claudia Sheinbaum estaríamos votando por el autoritarismo. Y los electores de Máynez estarían flotando en el aire de la deriva del alma. Sólo los 10 o 12 millones de votantes de Xóchitl serían auténticos demócratas. ¿Cuál es el rasero? Pues que están de acuerdo con Krauze y Camín. La democracia soy yo. No hay más ruta que la nuestra. Y la tercera contradicción de su manifiesto es que hablan de polarización y fueron ellos mismos, los intelectuales de Nexos, Letras Libres y la élite de la UNAM, los que llamaron a eliminar la pluralidad y concentrar todo en la alianza PRI-PAN-PRD. Si eso no es eliminar la pluralidad, no sé qué es. Pero ellos mismos lo advierten y, entonces, le dan una barnizada al hecho de que votar por Xóchitl es votar por el PRI, Ricardo Anaya, Lilly Téllez, y Jesús Zambrano. Dicen con un alto nivel poético: “Apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición”. Pero se equivocan, otra vez. No es un asunto de cuantos colores tienen los partidos, sino de qué se trata de su única y solitaria opción electoral, donde no hay ni siquiera un proyecto sobre el que se hayan puesto de acuerdo entre tantos multicolores. Para que haya pluralidad no es necesario que tengan muchos logotipos —la pluralidad no es diseño gráfico— sino que se expliciten los principios, programas de cada uno. En el caso del PRIAN esto no existió y en lo único que pudieron ponerse de acuerdo fue en que ellos representaban la democracia y, por consiguiente, 8 de cada 10 mexicanos que apoyamos al Presidente López Obrador, somos “autoritarios”. Ahora representan, también, el colorido, la paleta, los tintes, las tonalidades, la vistosidad de su candidata que, hace muchos meses, se declaró daltónica.

Pero hasta aquí con el célebre manifiesto de su “comunidad cultural”. Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder Judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con ligereza “autoritarismo”. Lo que ha sucedido es que la Suprema Corte ha cambiado en los hechos el régimen político del país al usurpar las facultades del poder legislativo. Esos ministros a los que nadie vota, suplantaron al Congreso de la Unión en estos seis años de obradorismo. Lo ha dicho Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte: esta instancia ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Para dimensionar esto, hay que recordar que en el sexenio de Zedillo, que jubiló de un plumazo a toda la Suprema Corte el primero de enero de 1995, nunca le anularon una sola ley; en el de Fox, 3; con Calderón, 7; y con Peña, 16. La Corte desaprobó esa cifra de 74 leyes votadas por mayoría en las Cámaras de diputados y senadores, con un argumento tramposo, inconstitucional: que no se debate lo suficiente. Inventaron para ello que los jueces deberían proteger algo llamado “democracia deliberativa”, que no existe en nuestra Constitución y menos en la realidad, si recordamos que la propia opisición del McPRIAN se negó a siquiera leer las iniciativas que mandaba el Presidente López Obrador en su “moratoria legislativa” que —por cierto— apoyaron los abajofirmantes de la “comunidad cultural”. Entonces, si la oposición se negó a debatir y la mayoría electa democráticamente votó las 74 leyes, ¿por qué usa la Corte aquello de que no se discutió suficiente? El invento es notable porque sirvió para anular las decisiones del Congreso electo. Lo que hizo la Suprema Corte fue tomar un artícul, el 26 constitucional, que tiene que ver con la planeación del estado y los programas nacionales de desarrollo, y decir que eso se refiere a las cámaras de diputados y senadores. Y no, se refiere a la economía, a la planeación en la que deben participar los afectados en las comunidades, por ejemplo, donde se planean minas de cielo abierto o desviación de ríos, es decir, está hecha para proteger a las minorías sociales, no al PRIAN. De hecho, el término fue inventado por el filósofo alemán Jürgen Habermas para contrarrestar las decisiones que se dicen “puramente técnicas” de la élite experta. Habermas se refería a la “democracia deliberativa” en la sociedad alemana e instaba a los medios de comunicación a dar información suficiente para formar una opinión pública racionalista, donde no intervengan las emociones. Es por eso, por ahistórica, que la “democracia deliberativa” de Habermas cayó hace décadas en desuso porque, como podemos atestiguar todos los días, la política no separa razón y emoción, sino que potencia ambas. La idea de Habermas es un modelo racional en un mundo en el que no existen conflictos ni deseos, ni articulaciones colectivas de cómo uno quiere que sea su país, sino unos solitarios ciudadanos que usan la información para tomar decisiones muy racionales. Según el filósofo alemán la democracia deliberativa llegaría a una “suave coacción” del mejor argumento. Pero esa idea está desconectada de la práctica y de la historia. Es un modelo. Pero, aún si la Constitución tuviera ese modelo, el artículo usado por la Corte no se refiere a las sesiones de las cámaras, ni al tiempo que le dedicaron a discutir las leyes, sino a otra cosa completamente distinta: la economía, la planeación de industrias que debe tomar en cuenta a las comunidades que afecta y que éstas puedan tener una voz en esas discusiones. Es decir, se refiere a algo que la Suprema Corte desdeña, junto con el resto del bloque opositor: las consultas populares. “La justicia no se consulta”, sentenció el magistrado de las empresas eléctricas extranjeras, Laynez Potisek.

En realidad, más allá de la usurpación de funciones que hizo la Corte del Congreso legislador, hay otra suplantación de las minorías reales, las sociales, sustituyéndolas por las minorías millonarias, como Iberdrola, las mineras canadienses, Bonafont, Coca Cola, y Bimbo. Esto lo hemos visto cada vez que la Suprema Corte anula una ley del Congreso: considera minoría a la élite económica trasnacional. Esta suplantación si arde porque la “democracia deliberativa” estaba concebida en Alemania para proteger a los obreros y los campesinos, no a los corporativos globales. Estaba pensada contra la decisiones técnicas de los expertos que afectaron la vida de millones, a favor de una argumentación que, según Habermas, podía arrojar resultados racionales. No eran para el PRIAN.

Sujetar al escrutinio judicial los actos políticos de los parlamentarios los condujo a anular 74 leyes en este sexenio para proteger a una minoría que no es social sino electoral y parlamentaria. Así, la Suprema Corte se convirtió en el último recurso de los que no quisieron leer las iniciativas presidenciales. Por ejemplo, en junio de 2023, cuando el Plan B de la ley electoral para desaparecer plurinominales, bajar el presupuesto a los partidos, y terminar con los gastos excesivos de las burocracias del partidismo, el ministro Laynez Potisek argumentó que los diputados opositores no “habían sabido cuál iniciativa se estaba votando”, cuando el que la puso a votación fue su líder, Santiago Creel. Es decir, la Suprema Corte acabó anulando la ley electoral, el Plan B, por la distracción de los dipuatdos opositores. Así, en vez de decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes impugnadas por el McPRIAN, el magistrado supremo decidió sobre una circunstancia de despiste, de descuido de la oposición. Imagínense esa “democracia deliberativa” donde Habermas dijera: “no a ver, se anula esta ley, estábamos muy distraídos cuando la votamos”. Así se lo dijo la oficina jurídica de la Presidencia: “El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.

Otro ejemplo, cuando desecharon la ley eléctrica, Aguilar Morales y Pérez Dayán protegieron un derecho humano que no existe: la libre competencia. Es como si las empresas eléctricas españolas fueran individuos o comunidades indígenas y no mega consorcios multinacionales. Su sentencia dice, entre otras joyas: “el mecanismo que decide cuáles centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional transgrede los principios de competencia y libre concurrencia”. Imagínense lo que tienen en la cabeza algunos magistrados: todo mundo se conecta a la red de la CFE y sube sin pleaneación su energía porque la “libre comptencia” es más importante que sobrecargar la red y que explote. Total. Siempre va a ser culpa de quien tiene los cables de transmisión que es la CFE.

De 2019 a 2023, la Suprema Corte emitió 425 sentencias de acciones de inconstitucionalidad, en 102 de ellas se analizó el tema de violaciones al proceso legislativo, en 74 sentencias se decretó la invalidez de leyes, 38 de manera total y 36 de forma parcial, es decir, que la Suprema Corte actuó como vigilante, no de la Constittución, sino del procedimiento que impide, en cualquier democracia, que una minoría suplante a la mayoría electa por el voto popular.

Pero hay algo más grave que la anulación del poder legislativo por parte de los jueces. Y es que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y las compañías fantasmas. El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. En este caso, de la inocencia de las factireras y del crimen organizado.

El 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró.

Pero así, también, le dieron el golpe mortal a la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa. El 14 de septiembre de 2022, Samuel Ventura Ramos, Juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria por el delito de secuestro a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala y presunto autor intelectual del ataque a los estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa. El 21 de septiembre dé 2022, este mismo juez liberó a 24 policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido procesados por haber participado en el intento de homicidio contra el estudiante normalista Aldo Gutiérrez, quien permanece en estado vegetativo al haber recibido un tiro en la cabeza la noche del 26 de septiembre de 2014. El 30 de agosto de 2019, este mismo juez Ventura Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, presunto líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y enlace del exalcalde José Luis Abarca, anteriormente procesado por el delito de secuestro en contra de los normalistas. En total, la Secretaría de Gobernación señala que el juez Samuel Ventura Ramos ha dictado 120 sentencias absolutorias de liberación a favor de presuntos implicados en el Caso Ayotzinapa. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la mayoría de las sentencias absolutorias dictadas por el juez Samuel Ventura Ramos desestimaron de las pruebas argumentando —una vez más— procedimientos. En este caso, el juez estimó que los torturados para justificar la “Verdad Histórica”, eran inocentes y no, como dice la ley, que toda declaración obtenida bajo tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores. El juez eliminó todo y los dejó en libertad. Tampoco acusó a los torturadores, es decir, Murillo Karam y Tomás Zerón. Tampoco obedeció la Ley General de Víctimas que obliga a las autoridades a tratar preferentemente el derecho de las víctimas, no el de los criminales. Puede decirse que ese juez de Matamoros, tamaulipas, reventó por sí mismo la investigación de Ayotzinapa, con lo cual facilitó que se acusara a la Fiscalía, a la Secretaría de Gobernación y al propio Presidente, de no querer resolver el caso y hasta de proteger al ejército. Quien no tome en cuenta la decisión de Ventura Ramos en esto, es un malintencionado o muy inocente.

Llegamos así al verdadero carácter de este régimen secuestrado por el poder judicial. El autoritarismo que señalan los de la “comunidad cultural” viene del Poder Judicial. Ese es el que no ha dado cuentas a nadie cuando suplantó al poder legislativo y hasta a la Fiscalía General de la República, en el caso Ayotzinapa. Eso es lo que hay que cambiar. No que haya muchísimos colores en los partidos, sino lo de fondo, el derecho a la justicia de los millones que saldremos este 2 de junio a votar por el Plan C.