Además del tren, proyecto Transístmico incluye parques industriales y un gasoducto

Érika Ramírez

El Corredor Transístmico contempla en su modelo de negocio la instalación de 10 parques industriales, un tren, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios. En entrevista, el director del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, asegura que ya se realizó la consulta indígena para estos propósitos

El modelo de negocio del llamado Corredor Transístmico contempla no sólo la construcción de un tren, sino también la instalación de 10 parques industriales, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios, de acuerdo con el titular del proyecto federal, Rafael Marín Mollinedo. La inversión sexenal será del orden de 250 mil millones de pesos.

Considerado como uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste presenta discursos contradictorios al interior del gabinete: por un lado, Mollinedo –director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– asegura que la consulta indígena ya está hecha; por el otro, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice que se trata “no de una consulta, sino de un proceso de consulta” (edición 653).

En entrevista con Contralínea, el funcionario de Hacienda y empresario quintanarroense, expone que este proyecto pretende ser el “motor de desarrollo” del Sureste mexicano; también, una cortina de contención para que los migrantes centroamericanos tengan empleo.

Él es uno de los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que hicieron un trabajo arduo en Quintana Roo para que el presidente López Obrador obtuviera el triunfo en 2018, ahora encargado de ejecutar uno de los cuatro principales proyectos de infraestructura del sexenio: el Corredor Transístmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Opositores a este megaproyecto han denunciado que aún no se hace una consulta indígena, como lo marca el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de manera previa, libre e informada. Ante ello, el funcionario de la SHCP asegura que ya se llevó a cabo: “La gente, los indígenas ya nos aprobaron el proyecto”.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional “con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”.

El documento, publicado en el 12 de julio en Diario Oficial de la Federación expone que este proyecto aprovechará la posición del Istmo para “competir” en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Y que está avalado a través de una consulta realizada durante el 30 y 31 de marzo de este año, mediante asambleas regionales, “se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

El modelo de negocio

Entrevistado en sus oficinas de Palacio Nacional, Marín Mollinedo expone que el Corredor Transístmico pretende ser la “palanca del desarrollo” en el Sureste para “irradiar” esta región, la más atrasada en este momento.

A esta zona del país, arguye el empresario dedicado a comercialización de frutas y verduras a través de la compañía Tabana Banana, no se le ha invertido en infraestructura desde hace muchos años, se ha priorizado al centro y al Norte del país; entonces, “para tratar de equilibrar estos niveles de desarrollo, el presidente tiene cuatro proyectos estratégicos, principalmente: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y los programas de caminos de manos de obra, que son 300 caminos que se van a construir en las zonas más marginadas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y el cuarto es el corredor del Istmo de Tehuantepec”.

Este ha sido uno de los proyectos que han trascendido la historia, sin concluir, pues desde antes del porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido codiciada y los pueblos originarios han resistido.

Mollinedo expone que el proyecto va a descansar, principalmente, en modernizar la infraestructura que ya se tiene, los dos puertos: el de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y unirlos a través de una vía férrea existente: “lo que pasa es que éste es un proyecto ya muy viejo, tiene más de 100 años, lo creó Porfirio Díaz pero ha estado abandonado, y lo que vamos a hacer nosotros es modernizarlo para poder hacer el cruce de mercancías entre un océano y otro”.

Con ello, el gobierno federal acompañado de la aprobación de los gobiernos estatales, pretende abrir una nueva ruta de transporte marítimo, que cruce por el Istmo de Tehuantepec (que es la zona más estrecha de la República), “tenemos algunas ventajas comparativas con el canal de Panamá, en virtud de que estamos más cerca de Asia y de la Costa Este de Estados Unidos”, añade.

“Queremos generar esta nueva ruta y que las empresas vean que van a tener el acceso a cualquier mercado del mundo y que vengan a invertir en 10 parques industriales que vamos a instalar a lo largo de toda la vía del tren”, dice.

Entre los propósitos, indica, está la instalación de empresas para generar empleos y para transformar materias primas; agregar valor a las materias primas nacionales y, que pudieran venir materias primas del extranjero para que se terminen de transformar aquí y seguir su curso al mercado estadunidense, el más demandante.

Rafel Marín Mollinedo expone que el proyecto que se le ha encomendado tiene proyectada una inversión sexenal de 250 mil millones de pesos, aproximadamente, de los cuales el gobierno federal va a aportar alrededor de 100 mil millones y el resto será de la inversión privada.

En esta ruta también se pretende instalar una red de fibra óptica, que va a venir a un lado de la vía del tren, en el derecho de vía del tren, para darle internet a toda la zona, “vamos a detonar porque las empresas necesitan internet y gas, que ese es otro proyecto: un gasoducto”.

Marín Mollinedo enfatiza que la intención es que donde se establezcan los parques industriales y se tenga que arrendar o afectar la tierra los propietarios originales sean socios. “Que queden como socios en estos desarrollos. Si vamos a hacer un gasoducto, que los dueños de la tierra se pudieran considerar como socios para que los beneficios que dejen esos desarrollos, los propietarios los tengan permanentemente”.

Para la creación de los parques industriales, la administración de López Obrador todavía está en la definición de los polígonos, mismos que podrían ubicarse en terrenos particulares y gubernamentales.

Las nuevas ZEE y las consultas

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se promovieron las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE), que también pretendían “impulsar” la economía del Sureste mexicano. Esta estrategia fue cancelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no funcionaron.

La diferencia entre las ZEE y estos proyectos, comenta Rafael Marín Mollinedo, es que los anteriores se quedaron en “buenas intenciones, tan fácil como eso; y esto es un proyecto que se va a concretar porque ya estamos trabajando, invirtiendo. Es uno de los proyectos prioritarios y el presidente es una gente de palabra, si dijo que va, ¡va!”

Respecto de la consulta a los pueblos originarios refiere: “Estamos colaborando muy estrechamente con el INPI. Nosotros ya llevamos a cabo la consulta indígena. La gente, los indígenas ya nos aprobaron en proyecto. Es parte del proceso que se tiene que llevar a cabo para hacer otro tipo de obras de infraestructura, por mandato de la OIT”.

De las afectaciones que documentó Contralínea en Salina Cruz, por contaminación de Petróleos Mexicanos en la playa y la salinera, el funcionario dice: “Yo he estado ahí en la salinera y no ha habido comentarios al respecto. Nunca he visto un derrame de petróleo ni nada que me digan que les ha afectado. Hay problemas con Pemex, les deben dinero a algunos ejidatarios por los derechos de vía. Nosotros vamos a gestionar para que se resuelvan, es parte del compromiso”.

Otra de las problemáticas que se le plantea a Marín Mollinedo es el rechazo a los parques eólicos en Juchitán. Sobre el tema, el funcionario de la SHCP reconoce que el proyecto que encabeza también tiene contemplada la instalación de este tipo de infraestructura, por lo que están en arreglos con la Comisión Federal de Electricidad, que es la que tiene los proyectos. Pero “donde establezcamos estos parques vamos a ver el mecanismo de que los propietarios originales participen como socios en este proyecto, que no les des una renta sino que de las utilidades generadas, ellos tengan participación”.

El despliegue de la Guardia Nacional

El documento Situación de la Guardia Nacional, presentado en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el 13 de agosto, indica que la Guardia Nacional contará con un importante despliegue de sus efectivos, el cual asciende a 10 mil 445.

Al respecto, el encargado de desarrollar el Corredor Transístmico dice que este corresponde, en parte, a la demanda de los empresarios: “Cuando hemos hablado con ellos para invitarlos a participar y a invertir en la zona, la demanda es de seguridad”.

“Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos van a ayudar a diseñar un proyecto de seguridad para la zona. No es tan grave el problema de la seguridad, al menos en Oaxaca; lo duro está en Coatzacoalcos, Minatitlán (Veracruz). La zona del Norte está muy grave, pero en el Sur el problema está más tranquilo.”

El mismo documento indica que Veracruz contará con 13 mil 702 elementos desplegados por todo el estado. “Vamos a diseñar junto con ellos un programa de seguridad porque es lo que piden las empresas, tener seguridad pública para también invertir, sino no hay inversión”, enfatiza el servidor público.

Lo que esconde el Tren Maya: la “cuarta transformación” de las fronteras mexicanas

Sergio Prieto Diaz*

En realidad, el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente

Los espacios fronterizos son, por su propia definición y construcción, espacios de continuidad y de conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. La conflictividad emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente disputa, entre el país a quien pertenecen, y el resto de poderes con intereses sobre los mismos.

Esto es especialmente representativo de la frontera sur de México, y muy particularmente de la Península de Yucatán: un territorio geoestratégico por su posición, rico en biodiversidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue siendo, pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses (desde colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos y otros múltiples agentes foráneos). En esa disputa histórica, el factor (muchas veces también conflictivo) de la movilidad humana siempre ha estado presente.

Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec (la línea que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca) hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de ahí hacia Centroamérica), se desarrollan una serie de acciones, políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente, y que es necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura, más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la estructura.

Desde mediados de 2018, el Tren Maya es el proyecto icónico de la “cuarta transformación”: desarrollo turístico sin impacto ambiental, beneficios para las comunidades originarias, nuevas comunidades verdes y sostenibles. Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa, y presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han complejizado aquel simple ideario: progresivamente se ha incorporado y destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y combustibles; la reforestación de los árboles que sean dañados, justificado por su hipotético mayor beneficio social; se plantean novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para las comunidades, como los Fibras (Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces); así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más alto nivel (seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de hidrógeno…). A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos.

Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del Tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque.

En primer lugar, porque el proyecto del Tren Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De hecho, es una pequeña parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata de un “proyecto de reordenamiento territorial”, del cual el Tren es, siguiendo esta analogía, tan sólo el medio de transporte. En este proyecto integral (que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– de un Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y Centroamérica), el componente migratorio es axial pues se trata de “evitar la migración, que la gente pueda quedarse en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos; y en estos días más que nunca constatamos su relevancia en la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto (y sólo considero hasta el momento sus alcances “del lado mexicano”) se conformaría, además del Tren Maya, al menos por:

-El Proyecto Sembrando Vida, que ya se extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos que rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia (en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de los recursos de la Selva Lacandona y presionando a las comunidades zapatistas residentes).

-El Corredor Transístmico: para unir los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas de fibra óptica… Esta propuesta es también parte de un viejo sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unifos. Varias veces fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza.

-Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a las  ZEE que existen/existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una especialización productivo/comercial específica), existen indicios que apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus particulares “fronteras” y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente “zona libre” en clara identificación con la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como nueva “zona maquilera global” (sugerentemente bautizada como “zona de prosperidad”).

-La proliferación de proyectos vinculados a la llamada “economía verde”: energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generalización  expansión del acaparamiento de tierras para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y la utilización intensiva de recursos naturales escasos (como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la expansión de las talas clandestinas (llevadas a cabo por personas de origen chino, ruso, portugués…).

Por tanto, y como punto de arranque, resulta fundamental confrontar la “imagen idílica” que plantea el mapa oficial del Tren Maya… con la complejidad subyacente que no se muestra, y hasta cierto punto aún no está (físicamente) pero cuyos efectos y articulaciones pueden empezar a entretejerse…

El trasfondo de esta complejidad, de las contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo que yo considero un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable. Lo que muestran estos proyectos articulados, sus previsibles responsables, las ideas de los discursos oficiales e informales, es que hoy día, en la Península y la Frontera Sur, el “problema” de las migraciones regionales (que es un “problema” tan sólo para Estados Unidos) sirve como justificación y pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente. Que ese proceso de justificación de las políticas públicas, además no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de las personas migrantes, si no más bien crear una infraestructura en la que puedan ocuparse: se trata de hacer un “tapón migratorio” en el Istmo, y una industria para su incorporación y aprovechamiento. En el proceso de concesión y reparto de estos territorios, con cláusulas y arreglos que favorecen cada vez más a los potenciales inversores, si no la propiedad, al menos la gestión de los territorios queda en manos privadas y, en muchos casos, extranjeras.

Por tanto, desde mi punto de vista, más allá del proyecto sin proyecto del Tren Maya, más allá de la justificación sobre las necesidades, bondades o beneficios de esta articulación de megaproyectos, lo importante son las preguntas que hasta ahora no sólo no tienen respuesta, si no que ni siquiera se han planteado. Y sólo adelanto las dos que me parecen más urgentes:

-¿Cómo se relacionan territorios fronterizos, políticas públicas, y migraciones?

-¿Cuántas fronteras existen en el sur de México? ¿Quién está (o estará) a su cargo?

Los muros físicos pueden ser más evidentes, pero las barreras y límites más efectivos, sobre todo en un tema tan crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen ser simbólicas, se erigen sin apenas darnos cuenta, y son las más difíciles de identificar y superar.

 
*Migratólogo especialista en fronteras, territorios, (in)movilidades y megaproyectos; catedrático Conacyt en El Colegio de la Frontera Sur-Campeche

El síndrome del tratado McLane-Ocampo

Gilberto López y Rivas

¿Cuál podría ser la razón para que el próximo gobierno de México sostenga, contra viento y marea, el proyecto de crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, y, con ello, destaca el ahora presidente electo en carta a Donald Trump, facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos? ¿Por qué revivir, en pleno siglo XXI, uno de los actos de gobierno más controvertidos del presidente Benito Juárez, que fue el tratado de tránsito y comercio McLane-Ocampo, que en su artículo I cedía: a Estados Unidos y sus ciudadanos y bienes, en perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar? El artículo V de dicho tratado estipulaba: en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, quedan autorizados las fuerzas de dicha República para obrar en protección de aquellos, sin haber obtenido previo consentimiento. Por fortuna, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, que, de haberlo hecho, México hubiera quedado como un virtual protectorado de ese país.

Los gobiernos neoliberales de la partidocracia que se han sucedido en estas décadas hicieron realidad otros artículos igualmente vergonzosos del tratado McLane-Ocampo (VI, VII y VIII), en los que México cedía el derecho de tránsito entre puntos de la frontera entre los dos países y puertos del Golfo de México y el océano Pacífico.

Hoy día, las líneas de ferrocarril de la corporación estadunidense Kansas Southern de México (KCSM), considerada como eslabón confiable de la cadena logística global, con sus 4 mil 251 kilómetros de vías férreas, según sus publicistas, mueve más de 30 por ciento de la carga ferroviaria del país atendiendo a industrias diversas, transportando productos en contenedores, semiterminados y terminados. Esta red ferroviaria de contenedores es parte importante del objetivo planteado en el Programa Nacional de Infraestructura respecto de convertir a México en la “Gran Plataforma Logística de Norteamérica.”

Mientras la izquierda social y los pueblos originarios se manifestaban contra el Plan Puebla-Panamá, que amenazaba los territorios y recursos naturales del sureste, en sigilo, y desde la frontera norte, se estableció esta importante red de comunicación corporativa al servicio de la recolonización neoliberal. Andrés Barreda, en significante artículo publicado en nuestro diario, señalaba que: “El corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo (mancuerna del corredor carretero Manzanillo-Nuevo Laredo) fue concesionado desde 1996 a la firma Kansas City Southern. Es uno de los flujos intermodales más importantes de Norteamérica, por la excepcional profundidad del puerto Lázaro Cárdenas, que ofrece una alta capacidad para recibir buques de carga descomunales”.

Por su parte, los expertos empresariales resaltan: KCSM tiene presencia en 15 estados del centro y noroeste del país. Cruza el corazón industrial de México, pasando por Lázaro Cárdenas, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo y Nuevo Laredo. Tiene la ruta más corta y segura desde el Pacífico y centro del país hacia la frontera con Estados Unidos. Su conexión con los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tampico y Altamira, Tamaulipas, y Veracruz, así como la sinergia positiva que ha alcanzado con los servicios portuarios y de autotransporte le permite ser altamente competitivo a escala mundial

José Iniesta en 2005 notificaba que: “el grupo ferroviario Kansas City Southern, Hutchison Ports México y la Administración Portuaria Integral, harán oficial su alianza con las principales navieras del mundo para el establecimiento del corredor intermodal transpacífico entre este puerto y la ciudad de Kansas City, el cual hará posible el tránsito de mercancías de Asia con destino a Estados Unidos a través de este puerto y del territorio mexicano (…) esta ruta se erigirá como una alternativa a las saturadas rutas logísticas entre Asia y Estados Unidos a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, California, las cuales enfrentan problemas de congestionamiento ante la evolución que ha tenido el intercambio comercial entre China y la Unión Americana”. De aquí el mote ruta Kansas-Shanghái.

Luis Hernández Navarro analiza la propuesta transísmica, recorre la historia moderna del megaproyecto y llega a una conclusión coincidente: el corredor transísmico, la extensión de las ZEE, la pretensión de convertir a México en un paraíso de la inversión, anuncian un inminente choque de estos proyectos con los pueblos indígenas.

¿Cuándo cesará el maleficio McLane-Ocampo?

El dominio trasnacional del Istmo de Tehuantepec

Agustín Ávila Romero*

El Istmo de Tehuantepec abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en la república mexicana y ocupa una posición geoestratégica privilegiada pues en su punto más angosto, sólo 303 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México (Océano Atlántico).

En ambos extremos del istmo se encuentran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que convierte a esta ruta en una vía alternativa al Canal de Panamá pues implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos –entiéndanse fundamentalmente China-.

Además la región del Istmo cuenta con abundancia de bienes naturales como el agua, la vida animal y silvestre, el subsuelo mineral e hidrocarburos, la posibilidad de aprovechamiento y producción de energía eólica y solar, entre varias características que constituyen a este espacio geográfico como estratégico en la lógica capitalista actual.

Así en este nuevo espacio capitalista trasnacional se constituyen nuevas explotaciones mineras impulsadas por empresas canadienses, se impulsa la ampliación de la refinería de PEMEX Ing. Dovalí con participación de empresas españolas y estadounidenses junto con la construcción de ductos y gasoductos . Así mismo se modernizan y amplían tanto la carretera transistmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos como las vías férreas.

En este istmo esta el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica.

El puerto de Coatzacoalcos está constituido por dos recintos: el de Coatzacoalcos, orientado a la carga general, y el Recinto Portuario Pajaritos, para el manejo de petróleo y derivados, fluidos y gráneles minerales.

El principal activo de este puerto es la industria petroquímica y de refinación, ya que en la región Coatzacoalcos-Minatitlán se ubican cuatro complejos petroquímicos de gran importancia: Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de empresas químicas tan relevantes como Celanese, Innophos Fosfatados y Etileno XXI, esta última la inversión privada industrial más cuantiosa de México en los últimos 15 años. A todo ello hay que añadir la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán.

Con la presencia de capital trasnacional en el sector energético y la construcción de ductos y gasoductos en el Istmo de Tehuantepec, ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos del gobierno mexicano, impulsa la comercialización de petróleo y gas desde el Golfo de México rumbo a China o Japón, señalando que en comparación al Canal de Panamá donde tomaría 25 días ese traslado por el istmo serían solamente 17 días.

Del otro extremo del istmo se encuentra Salina Cruz , un puerto multimodal situado en el sur del Pacífico mexicano que cuenta con infraestructura y equipamiento portuarios para el manejo de carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, carga general y petróleo y derivados.

Su activo más destacable es el Astillero de Marina No. 20, en el que se lleva a cabo la construcción, reparación y mantenimiento de unidades de la Armada de México, así como reparaciones de buques de terceros.

En el movimiento de este puerto destaca también la importación de torres eólicas y sus partes debido los proyectos de generación de energía eólica que se han puesto en marcha en la región de La Ventosa y que han tenido resistencia de comunidades indígenas. Tan sólo desde 2004 diversas empresas trasnacionales han llegado al Istmo para instalar parque eólicos dividiendo a las comunidades. Entre 2007 y 2013 la comunidad de San Dionisio del Mar y la de Álvaro Obregón alcanzaron detener uno de estos proyectos: el parque eólico de la empresa Mareña Renovables., que buscaba instalarse en la barra Santa Teresa, al interior del sistema lagunar de la costa del Istmo de Tehuantepec. Otros procesos de resistencia se han organizado en los municipios de Unión Hidalgo, Ciudad Ixtepec, La Venta, La Ventosa, Santo Domingo Ingenio.

Una gran amenaza se da con varios proyectos de explotación minera tanto en Chiapas como en Oaxaca que buscarían el puerto de Salina Cruz para mover su carga mineral. Tan sólo en el istmo de Tehuantepec son más de 47 mil hectáreas las que se han concesionadas a mineras como la canadiense Minaurum Gold Inc.

En este Istmo el capital impulsa el desarrollo del Proyecto Cinturón Transoceánico, que prevé la instalación de dos ductos subterráneos: uno de gas LP con origen en Pajaritos y otro de gas natural desde Chinameca, Morelos, corriendo en ambos casos hasta Salina Cruz, Oaxaca. Este proyecto permitiría abastecer de gas natural a la refinería y las empresas de la zona, pero sobre todo, procesarlo y exportarlo a mercados de Asia y Oceanía, fortaleciendo así el saqueo de los recursos naturales de la zona.

Dentro de este proceso de territorialización del capital, las concesiones mineras y la construcción de parques eólicos impactan en la vida campesina e indígena y en la producción agropecuaria disminuyendo la producción de cultivos básicos y también comerciales como el mango.

Con base en estas dinámicas del capital se inscribe también el proceso de instrumentación de las Zonas Económicas Especiales de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Estas Zonas Económicas Especiales son un proceso de despojo impresionante que plantea básicamente grandes procesos que ya se visualizan en el Istmo: 1) La reconversión productiva hacia el dominio agroenérgetico del campo con la construcción de fincas de energías eólicas o solares; 2) la privatización de recursos energéticos y del agua ya que se construyen presas hidroelectricas y acueductos; 3) el impulso al turismo convencional en detrimento de los bienes naturales y la vida sociocultural; y 4) el diseño de megaproyectos para obras de infraestructura como son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, etc.

Estas nuevas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades. Lo cual, probablemente generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de esta zona y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza.

Entre algunas empresas que llegarán con fuerza a las nuevas ZEE se encuentra el grupo brasileño Braskem que se une a IDESA México, con ellos esta también Hules Olmeca como complejo agroindustrial e impulso a la producción de hule en México y Southwestern Energy dedicada a la producción de gas y la explotación petrolera.

Braskem–IDESA

Plantea instalarse en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos gracias a las facilidades fiscales que implementa el gobierno mexicano. Su historia es particular, en 2010 se unen los corporativos Braskem de Brasil e Idesa de México y crean el mayor productor de resinas termoplásticas de toda América, todo ello con base el proyecto “Etileno XXI” que construyo el complejo petroquímico de polietileno en Nanchital de Lazaro Cárdenas en Veracruz. La inversión fue de 5 mil 200 millones de dólares y tan sólo en 2016 se tuvo una producción anual de 1 millon 50 mil toneladas de polietileno de alta y baja densidad. La asociación Braskem Idesa es controlada por Braskem con el 75% de la participación, mientras que Idesa tiene el otro 25%. Braskem Idesa tiene desde 2009 un contrato para que Pemex le suministre 66,000 barriles diarios de etanol durante 20 años para su producción, (Braskem, 2016) según la Auditoria Superior de la Federación esto le ha significado a Pemex pérdidas por 1 900 millones de pesos, al proporcionarle dicho producto por debajo del precio de mercado. Lo cierto es que dicha empresa esta envuelta en casos de corrupción que involucran a Odebrecht, Pemex y a los presidente de México: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por ello. Braskem acordó pagar unas multas en Brasil y Estados Unidos para zanjar los cargos que apuntaban a que planificó con uno de sus principales accionistas, Odebrecht SA, sobornar a políticos y ejecutivos en Brasil. Lo relevante es que diversos medios de comunicación (MCC, 2017) dan cuenta de como Braskem, la filial de petroquímica de Odebrecht, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, quien en aquellos días era el director de la compañía y que confeso en la operación Lava Jato. Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI y el resto es historia conocida. BRASKEM-IDESA tuvo ganancias superiores a los 600 millones de dólares el primer trimestre de 2017.

Hules Olmeca

También en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos se instalará esta empresa la cual es relevante porque forma parte de un proyecto agroindustrial que busca la fabricación de hule de alta calidad. Es un desarrollo italo-mexicano donde se da la unión de COPESA (Mx) con Process Engineering (It).

COPESA es muy fuerte en la zona de Coatzacoalcos ya que es operadora de un holding donde participan empresas china, hindúes y canadienses. Empresas como Petrojet, ZTE o Wabag tienen a COPESA como su operadora en la región.

En este caso llama la atención la instalación de esta empresa para el impulso del cultivo de hule en la región, ya que dentro de su plan se señala la intención de tener 3 mil hectáreas de hule disponibles para el procesamiento.

SouthWestern Energy

Por su parte en Salina Cruz va a instalarse la empresa Southwestern Energy de Estados Unidos con una inversión de 460 millones de dólares con la cual pretende construir un parque tecnológico y una planta de parafinas y lubricantes sintéticos. SWE es una empresa dedicada al gas natural, la explotación y producción petrolera, su sede se encuentra en Spring, Texas. Sus ingresos fueron de 2 mil 436 millones de dólares en el año 2016. Las principales actividades de la empresa se localizan en Arkansas y en New Brunswick, Canadá.

Es en Canadá donde esta empresa se enfrento mediáticamente y legalmente contra los residentes de localidades como Fredericton, Sussex, Hampton, Norton y Rexton de New Brunswick que se opusieron firmemente a la fractura hidráulica. En el años 2015 el gobierno provincial de New Brunswick impuso una moratoria a la fracturación hidráulica.

Con esos antecedentes ambientales ahora llega a esta región del Istmo rica en vida natural y cultural. De seguro enfrentará muchas resistencias.

*Agustín Ávila Romero. Economista de la UNAM, Profesor Visitante en IESA-Brasil

La lucha contra las Zonas Económicas Especiales apenas comienza

Alberto Colin Huizar

De vestimenta impecable, reloj de lujo, traje de importación y corbata azul finamente planchada, Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño titular de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se dispuso a conversar en televisión (canal once) con Ezra Shabot [1] sobre su vida empresarial, las reformas y el futuro del capital privado en México. No es la primera vez que lo hace. Acostumbrado a emitir mensajes en video, se propuso mostrar la potencia de los empresarios a la hora de construir políticas. Como si fuera parte del 1% del arriba que lo domina todo, planteó su gran proyecto de ZEE como el “ejemplo del desarrollo”. En su imagen idílica del país como tablero de apuestas y jugando a ser dios, intenta imponer su idea de que los campesinos e indígenas son como sujetos del videojuego de estrategia Age of Empires y se les puede dar la orden de trabajar o morir en el momento que se requiera. Este es el ideal de los empresarios, los cuales ven en las ZEE la mayor apuesta del sexenio.

En un texto anterior [2], señalé algunas ideas clave para entender qué son y cómo están operando los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE en el sur de México. Ahora me propongo examinar algunos artículos fundamentales contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y mostrar el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios aprovechando el desastre social provocado por los fenómenos naturales (en el caso de Oaxaca) y la violencia totalitaria (en el caso de Veracruz).

Legislar para el despojo

Considero que al menos cuatro artículos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales son fundamentales para entender la estrategia de despojo de la tierra y el territorio. El artículo 3ro explica cada procedimiento y etapa del proceso de implementación de las ZEE, desde las tareas del administrador integral hasta la definición de la zona. De manera ambigua, expone un plan de desarrollo con carácter ilimitado, lo cual permite la proliferación de megaproyectos que acompañen la creación de la ZEE aprovechando la infraestructura para movilizar recursos energéticos, como el agua o la electricidad para la operación de proyectos mineros o de hidrocarburos. Además, no se señala una delimitación geográfica para la zona, por lo que los polígonos territoriales que componen las ZEE, pueden modificarse de su plan inicial y tener afectaciones sobre otros pueblos más alejados de la zona de influencia, con lo que peligra el territorio de otros pueblos que no se hayan considerado afectados por la implementación de las ZEE y los cuales también corren el riesgo de perder su autonomía y modos de organización y distribución de la tierra, factor principal que está en juego.

El artículo 30 menciona que el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de una ZEE, se considerará causa de utilidad pública, lo cual permitiría la aplicación de medidas previstas en la Ley de Expropiación para proveer de bienes y servicios utilizados para las actividades económicas relacionadas con las ZEE. Esto quiere decir que bajo el eufemismo de utilidad pública, se planea la obtención de tierras bajo la expropiación, ya que la mayoría de los terrenos donde se planea posicionar las ZEE son municipios establecidos bajo criterios de propiedad privada, por lo que el Estado tiene que adquirir esos terrenos de alguna forma (comprando o expropiando). Por esta razón, las leyes instruyen una planeación que permita obtener las dimensiones de territorio que necesita para la implementación sin que le cueste dinero, con lo que cierran jurídicamente las posibilidades de los pueblos para ampararse ante políticas de aprovechamiento de la tierra tan intensas como las del proyecto de ZEE.

En concordancia con lo anterior, el articulo 32 plantea que las tierras o inmuebles requeridos por las ZEE se pagarán de acuerdo a lo que dictaminen las “instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o especialistas en materia de evaluación con cédula profesional expedida por autoridad competente”. Esto quiere decir que el mismo aparato estatal en contubernio con los empresarios del sector privado, definirán el precio de las tierras a partir de criterios propios, elaborados por estudios financieros encargados a modo. Esto permite poner precios muy bajos a las tierras, en casos donde no pueda aplicarse la expropiación. Sin duda, los inversionistas recurrirán a este método institucional para despojar a los campesinos de numerosas hectáreas de tierra pagando una miseria por grandes extensiones de tierra utilizadas para el ramo de la agroindustria.

Y para aumentar nuestra preocupación, el artículo 33, en su inciso once, habla literalmente sobre el control y reordenamiento territorial, que a la letra dice: “operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes”. Este apartado es de los más peligrosos, porque pone al descubierto el control policiaco-militar alrededor de las ZEE, lo que permitiría a los cuerpos de vigilancia (que pueden ser empresas privadas de un tipo similar al Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México –Cusaem-) controlar el territorio, evitar la entrada de ciertas personas (violando derechos elementales), reprimir a los que intenten protestar o hacer bloqueos y sobre todo, militarizar las zonas de conflicto donde el Estado ha podido mapear movimientos de resistencia a los proyectos de muerte (como les llaman los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena). Este apartado de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se articula con la iniciativa militar conocida como Ley de Seguridad Interior, actualmente en discusión ante las cámaras de diputados y senadores, luego de pasar 3 meses en la congeladora legislativa debido a las numerosas críticas.

Oaxaca ante el asedio empresarial

En el estado de Oaxaca las cosas no van a mejorar para los pueblos luego del sismo. En el contexto del pos-terremoto, el empresario Candiani, en compañía de toda una camada de cleptobarones, como les llamo Carlos Fazio [3], declaró que urgía “acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas” para “hacer algo extraordinario para el sur sureste de México” [4]. En Oaxaca por ejemplo, el terremoto “afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas- de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable, de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada” [5]. Aprovechando la destrucción de la infraestructura básica de miles de familias, los cleptobarones se pusieron el saco de la solidaridad y la humildad, escondiendo sus reales intenciones de hacer negocio con la desgracia de los pueblos.

En este contexto, la autoridad federal aseguró que “no hay nada que detenga la instalación de las Zonas Económicas Especiales en Salina Cruz”, y agrego que “antes de que concluya el año” se emitirá el decreto de instalación del megaproyecto [6] acompañada de la plaza comercial más grande la región: “plaza metropolitana”, con una inversión de 420 millones de pesos en una área de 15 mil metros. Los empresarios calcularon que a finales de diciembre quedará establecida la ZEE en Oaxaca y explicaron que el retraso tuvo su origen en la “donación” de la tierra, ya que la realizada en un primer momento “no contaba con la vocación” de uso industrial ni era lo suficientemente amplia. Por esta razón, las comunidades afectadas que necesitan reorganizar su vida de manera autónoma tras el sismo, quedaron en segundo plano. Mejor dicho, se convirtieron en el pretexto para renegociar la tierra y, aprovechando el caos, los empresarios gestionaron la “donación” de terrenos para proyectos del ramo energético, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más dañadas por el terremoto.

La buena noticia es que el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios está bien consciente de lo que representa este avance voraz del capital, por lo que están dispuestos a defender la vida tejidos a la Madre Tierra [7]. Por su parte, las mujeres zapotecas organizadas en el municipio de Ixtepec, también son conscientes de los ataques que vienen, pues su lucha “no es por una hectárea, ni diez y tampoco cien, son 8 mil 150 hectáreas que el gobierno federal de Felipe Calderón concesionó a las empresas mineras Plata Real -filial de la estadounidense Sunshine Mining and Refining-; y a la japonesa Dowa, como parte del corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)” [8]. Dicho corredor también afectaría a los municipios de Lachiguiri, Laollaga, Tapanatepec, Zanatepec y San Miguel Chimalapa. La resistencia se va construyendo poco a poco en frentes comunes por la dignidad y la vida.

En Veracruz continúa el terror

Para el caso de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, es innegable el rol que está jugando la violencia a partir del terror infundido por grupos delincuenciales al servicio del Estado que legitiman políticas de militarización. Actualmente la región petroquímica padece una economía a la baja, con una tasa de desempleo del 40% y sumergida en “un problema de inseguridad muy grande”, como aceptó el alcalde Joaquín Caballero [9]. En ese contexto, a finales de septiembre, el presidente Peña Nieto decretó la ZEE de Coatzacoalcos con una extensión de más ocho mil hectáreas. Luego de este evento, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, se reunió en la Ciudad de México con Gutiérrez Candiani, mandos policiaco-militares y representantes de las 50 empresas globales con más inversión en México. Ahí les invitó a invertir en materia de seguridad como un punto principal. Inversiones en seguridad que radican en la compra de equipamiento para los cuerpos policiacos (patrullas, armas, chalecos), tecnología de espionaje, cámaras de video-vigilancia y reforzamiento del C-4 en Veracruz-Boca del río [10].

La ZEE de Coatzacoalcos se compone de un polígono de producción enfocado a las actividades petroquímicas, petroleras, procesamiento de plásticos y agroindustrias. Son estas áreas las que han atraído a los inversionistas chinos, quienes acudieron en octubre pasado para firmar convenios para la creación de una empresa productora de juguetes de plástico que ofrecería alrededor de 5 mil empleos. También los empresarios mexicanos integrados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se vieron interesados en invertir en la zona costera, con un plan de producción en base a maquilas y una serie de empresas enfocadas en la proveeduría para la distribución de múltiples mercancías en el traslado global [11].

A pesar de tan sonadas promesas de seguridad y empleo, la población de esta sureña región, se mantiene con muchas reservas en cuanto a los beneficios del proyecto de ZEE. Las ejecuciones, los secuestros y los feminicidios no dejan de resonar en los periódicos locales, quienes se enfocan en tomar nota de los muertos de los que nadie más se ocupa. Autoridades locales, pequeños empresarios, trabajadores, amas de casa, estudiantes, nadie se salva. Los Zetas, grupo criminal que opera en la zona, ha impuesto toques de queda implícitos ante el amparo de las instituciones locales. La presión de los sicarios es tan fuerte que no hay señales de acción colectiva por parte de los vecinos. Esta condición de opresión le sirve al ensamble capital-Estado.

En otros municipios de la entidad se han organizado algunas acciones de protesta para exigir el cese a la violencia, como por ejemplo en el puerto de Veracruz, donde en octubre pasado fue torturado y ejecutado el neurocirujano David Casanova, crimen que causó la indignación a nivel estatal, provocando que los médicos y vecinos realizarán una movilización por las calles del puerto hasta el zócalo municipal con la exigencia de justicia [12]. Sin embargo, en Coatzacoalcos la violencia no ha detonado grandes acciones colectivas. En este escenario podemos observar que la violencia del narco desbarata las relaciones interpersonales, fragmenta la colectividad y sitúa en la desconfianza a los sujetos. En ese complejo terreno es fundamental restablecer el tejido social, vernos los rostros, platicar nuestras preocupaciones y encontrar rutas probables para la defensa colectiva.

Combatir un proyecto global

Las ZEE, también llamadas zonas francas o zonas libres no son procesos económicos aislados. Desde hace tiempo se vienen replicando como proyectos del capital global instalados en países concretos con el apoyo del imperialismo estadounidense y el Banco Mundial. La experiencia de varios países como Mauritania en el continente Africano, Honduras en Centroamérica, Blangladesh en Asia e Irlanda en el norte de Europa, demuestran la potencia del proyecto para posicionarse en todo el planeta de manera estratégica [13]. Aunque la información al respecto es escasa, en el caso de Honduras la experiencia fue desastrosa, militarizando pueblos y llevando a la gente a una explotación sin precedentes. En esta experiencia, los ganadores en inversión fueron Canadá (ocupando el 28% de la inversión total) y Estados Unidos (con el 48%).

La resaca de las ZEE en Centroamérica dejó un desgaste económico referente a la mano de obra de los hondureños, generando una masiva fuga de capital, lo que provocó sueldos muy pobres que no significaron una opción de vida para los habitantes de la zona de influencia. De ahí que se profundizará el éxodo de migración hacia los Estados Unidos. Además, se aceleraron distintos megaproyectos que atentaban contra bosques y ríos, los cuales eran usados como fuentes de producción para el sector energético, lo que desató una serie de conflictos socioambientales teniendo como principales actores de oposición a las organizaciones indígenas. En este caso, la articulación de los megaproyectos se acompañó de una fuerte militarización y proliferación de grupos paramilitares en los territorios, lo que impulsó la criminalización contra los movimientos opositores al “progreso”, convirtiendo a Honduras en el país más peligroso del mundo para lxs defensores ambientales, según el informe del observatorio internacional Global Witness [14].

Resistir frente al despojo

Derivado de este escenario, hace varios años que Pablo González Casanova ha venido afirmando en textos y discursos públicos, que hoy vivimos una recolonización de los pueblos mediante los megaproyectos extractivos que operan ”a través de la ocupación integral  de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, y a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad” [15], las cuales están generando nuevos procesos de dominación global. En el fondo de estos procesos, el plan es imponer “una guerra sin precedentes que renueve el crecimiento y simultáneamente elimine los excedentes de capital y trabajo mientras se apropia de recursos y territorios escasos. Producción, consumo y exterminio simultáneos” [16], como bien señala el activista colombiano Manuel Rozental.

La salida a estos proyectos extractivos no la podemos encontrar en el cambio de gobierno del próximo 2018, ni aunque se disfrace de gatopardismo. Los empresarios han aprendido que para que sus negocios surtan efecto, tienen que pensar transexenalmente, legislar con alevosía y ventaja y construir el andamiaje institucional que les permita imponer sus proyectos de muerte. Desde este análisis, es posible entender por qué una iniciativa de ley, como la Ley de Seguridad Interior se encuentre en vías de aprobación en los espacios de poder político. Los mandos militares, al servicio de intereses globales, están dispuestos a iniciar un Estado de excepción permanente (con el respaldo de la Iniciativa Mérida), donde el ejército ocupe las calles y realice labores de seguridad pública con la misión concreta de abatir a todo aquel grupo social que atente contra la “seguridad interior”, en una clara violación a los derechos elementales como seres humanos. Para ser claros, no es coincidencia que las ZEE se acompañen de leyes en materia de seguridad. El despojo encuentra en la violencia y el sometimiento físico su mejor método para doblegar al enemigo.

Necesitamos ser muy astutos desde abajo, para poder entender que planean los de arriba. El primer paso es aceptar que vivimos en guerra, estudiar las estrategias de los poderosos y desde ahí pensar/actuar para construir nuestras acciones colectivas con las cuales podamos enfrentarnos a la hidra. Como suele decir Marichuy, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno: hay que organizarnos para enfrentar la guerra todxs juntxs.

Referencias:
[1] Línea directa. Entrevista de Ezra Shabot con Gerardo Gutiérrez Candiani. Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=siDFjLjIYhk
[2]Véase mi artículo previo, “El extractivismo de las Zonas Económicas Especiales”, en Regeneración Radio. Disponible en: http://regeneracionradio.org/index.php/represion/despojo/item/4822-extractivismo-zonas-economicas-especiales
[3] Fazio, Carlos (2017), “El reality show para jodidos y los cleptobarones depredadores I”, en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/09/opinion/023a1pol
[4] “Tras sismo urge acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas: Gutiérrez”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/70504/tras-sismo-urge-acelerar-el-paso-en-las-zee-en-oaxaca-y-chiapas-gutierrez
[5] “Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca”, en Avispa Midia. Disponible en: http://avispa.org/mexico-se-aplica-doctrina-del-shock-tras-terremoto-en-oaxaca/
[6] “Salina Cruz será ZEE antes de que concluya el año: Gutiérrez Candiani”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/74732/salina-cruz-sera-zee-antes-de-que-termine-el-ano-gutierrez-candiani
[7] Véase el comunicado completo en: http://avispa.org/19412/
[8] “Por el derecho a la vida, mujeres zapotecas resisten frente a las Zonas Económicas Especiales”, en Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). Disponible en: https://www.ocmal.org/por-el-derecho-a-la-vida-mujeres-zapotecas-resisten-frente-a-las-zonas-economicas-especiales/
[9] “Roba Peña Nieto reflectores a Yunes; decreto de ZEE se hará en Chiapas”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170928_073540_763
[10] “Interesa a empresarios invertir en Zona Económica Especial de Veracruz”, en Am de Querétaro. Disponible en: http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2017/09/27/interesa-a-empresarios-invertir-en-zona-economica-especial-de-veracruz
[11] “Empresarios visitan la región sur por interés en ZEE; habría 5 mil empleos”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171030_085016_630
[12] “Asesinato de neurocirujano causa indignación en Veracruz; médicos exigen justicia”, en Revista Proceso. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/509160/asesinato-neurocirujano-causa-indignacion-en-veracruz-medicos-exigen-justicia
[13] “Zonas Económicas Especiales en México” (2016), Documento de trabajo Núm. 224, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de diputados. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-224-Zonas-Economicas-Especiales-en-Mexico
[14] “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta” (2017), en Informe Global Witness. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/
[15] López y Rivas, Gilberto (2013), “La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal”, en el Volcán Insurgente. Corriente crítica de los trabajadores de la cultura. Disponible en: http://www.enelvolcan.com/jun2013/262-la-recolonizacion-de-los-territorios-en-la-globalizacion-neoliberal
[16] Rozental, Manuel (2017), “Prefacio. ¿Cómo dejamos de hacer su historia con nuestras rebeldías? El desafío que nos reitera Vilma Almendra”, en Almendra, Vilma, Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos desde la lucha Nasa en Colombia, México, Pueblos en Camino, Grietas Editores, Pensaré Cartoneras, En cortito que´s pa´largo. Disponible en: http://pueblosencamino.org/?p=4495

La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales

Carlos Fazio

Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial.    

Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita por Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.  En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.

Lázaro Cárdenas: un ejemplo

Un caso paradigmático era el de Los Caballeros Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre  EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional.  En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial.  Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE).  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.

Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Enclaves productivos de exportación

Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.

En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural.  Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron  proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.

Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas.  También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros.  El proyecto forma parte de una estrategia  de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.

Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital.  Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).  El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales.  Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011.  El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión;  distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”.  Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

La sumisión y la entrega

Carlos Fazio

El 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de la plutocracia), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos (EU) y México. El régimen de Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde, PAN, PRD) habían aprobado varias iniciativas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación, y como vocero de la clase capitalista trasnacional, Gutiérrez Candiani dijo que dada la revolución energética que vivían EU y Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos socios (abismalmente asimétricos), y para ello había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos; avanzar en el reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países; invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

En la coyuntura, cuando amparadas en cláusulas de confidencialidad y bajo el signo de la opacidad se llevan a cabo las negociaciones para la modernización del tratado, un tema neurálgico ocultado a la opinión pública es la apertura de un nuevo capítulo de lo que llaman la seguridad energética e independencia de Norteamérica. El TLCAN plus, pues, como integración vertical espacial-geográfica de México a EU.

Trascendió que en las primeras dos rondas celebradas en Washington y Ciudad de México no se incluyó el tema de la energía (petróleo, gas natural, minería, agua, electricidad), porque los representantes de las corporaciones trasnacionales del sector, que cabildean en el llamado cuarto de junto los contenidos que aprobarán los negociadores oficiales de los tres países, no han encontrado la forma de asegurar −ante un probable cambio de gobierno en México tras los comicios de julio de 2018− que se protejan las inversiones de firmas como Exxon Mobil, Chevron Texaco, British Petroleum, Sempra Energy (y su subsidiaria mexicana Ienova, de Carlos Ruiz Sacristán), Halliburton, Shell, Total, Repsol, el grupo aurífero canadiense Goldcorp, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de Gortari), Grupo Carso Oil&Gas y Minería Frisco (Carlos Slim), Grupo México (Germán Larrea), Petrobal y Grupo Peñoles (Alberto Baillères), Evercore (Pedro Aspe), Monterra Energy/KKR (Luis Téllez), las españolas Gas Natural, Fenosa e Iberdrola y las financieras First Reserve y Black Rock (el fondo de capital privado más grande del mundo), y que no se modifique la contrarreforma energética alcanzada por Peña Nieto y el Pacto por México en 2015.

Esos objetivos, que profundizarán la ruta de la sumisión y la entrega iniciada por el colaboracionista Carlos Salinas de Gortari en 1992, con la contrarreforma al artículo 27 constitucional (en materia de minería y el régimen de tenencia de la tierra), integran el plan A de los quintacolumnistas locales Ildefonso Guajardo (Economía), Luis Videgaray (cancillería), Juan Carlos Baker (comercio exterior), Kenneth Smith (jefe de negociación técnica), Salvador Behar (jefe negociador adjunto), Juan Pablo Castañón (CCE), Valentín Diez Morodo (Comce), Moisés Kalach (coordinador general de rondas de negociación) y Eugenio Salinas (coordinador del secretariado técnico del cuarto de junto).

Vinculado con lo anterior −y como aspecto fundamental de los mecanismos inductores de la última fase de la desnacionalización integral de México, ahora en su versión TLCAN 2.0−, desde su toma de posesión Enrique Peña Nieto había echado a andar el proyecto de las zonas económicas especiales (ZEE), contenido en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Desde entonces, la multiplicación de megaproyectos que enlazan a los sectores de los hidrocarburos, minero/extractivista y de la electricidad con maquiladoras y ensambladoras a gran escala, agroindustrias de monocultivos, laboratorios y empresas para la manufactura y transformación de todo tipo de materias primas en clústers o parques industriales en el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha venido avanzando en su parte formal/legal (la constitucionalización de los intereses corporativos trasnacionales), lo que profundizará el modelo de México como país maquilador dependiente y subordinado a Estados Unidos.

En realidad, bajo la máxima de los neoliberales domésticos de privatizar para desnacionalizar y recolonizar, la infraestructura para la desposesión y el despojo de tierras y recursos geoestratégicos fue diseñada desde el sexenio de Ernesto Zedillo. De la mano de un equipo de neoporfiristas dirigido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán (el mismo que vía el sistema de la puerta giratoria representa hoy los intereses de Sempra Energy, por conducto de su subsidiaria Ienova), Zedillo, el privatizador de los ferrocarriles y de las redes de comunicación terrestres y aeroportuarias, lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, que, retomado ahora por Peña Nieto, busca comunicar y/o articular dos masas de agua (los océanos Atlántico y Pacífico), a través de los nodos conformados por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en un polígono (espacio físico interno) que abarca los estados de Veracruz y Oaxaca, con el objetivo principal de conectar a la parte este de Estados Unidos con el mercado del Asia/ Pacífico (Japón, China, Malasia, Vietnam, Corea del Sur), centro del comercio mundial.

Otros dos puntos clave, definidos como ZEE en función de su posición geopolítica y al servicio de una economía de enclave en el contexto de la territorialización de la contrarreforma energética, son los puertos de Lázaro Cárdenas, con proyección a los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero, y Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, como punto intermedio de un área geográfica que enlazará Salina Cruz con Guatemala.

Zonas Económicas Especiales del gran capital

David Luna Hernández

El Sur-Sureste Mexicano sufre desde hace 16 años del proceso acelerador de los planes de “integración Económica” con el ya antagónico Plan Puebla Panamá, que por cuestiones estratégicas del Imperialismo Norteamericano fue cambiado su nombre a un esquema micro, según el Estado Mexicano “Planes de Desarrollo Regional”.

Este Desarrollo Regional tienen como objetivo lo macroeconómico de la “Integración Imperialista”, el Plan Puebla Panamá sigue vivo, pero llamado de diferente forma; ahora en su tercera etapa es llamado por el Estado Mexicano como Zonas Económicas Especiales y debemos observar su consistencia para defender lo que aún es nuestro.

El pasado 1 de junio fue publicado en el diario oficial de la federación la Ley Federal de Zonas Económicas Especialesⁱ donde Enrique Peña Nieto pretende generar el desarrollo para la Zona Sur-Sureste del país principalmente; con el fundamento de abatir la desigualdad y permitir cerrar la creciente brecha de desarrollo regional, a partir del crecimiento económico equilibrado entre regiones de mayor rezago social. Dicha Ley presentada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el congreso de la Unión.ⁱⁱ

En el discurso el Estado Mexicano plantea impulsar “el crecimiento económico, reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos, y expandir las oportunidades para vidas saludables”. En realidad, el objetivo final, es otro.

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE) regulará toda acción que realice en la zona la iniciativa privada y social, pero no social de las organizaciones sociales sino de “Empresas Socialmente Responsables” como un ejemplo la Coca Cola, Shell, kellogg´s, Bimbo, McDonald´s etc.ⁱⁱⁱ. Para el gran capital estos tipos de empresas trasnacionales son de carácter social, por sus programas “supuestos” de responsabilidad social. En realidad su objetivo es el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y humanos, sin traer un verdadero beneficio social. La iniciativa privada es representada por las grandes multinacionales Mineras y aquellas empresas que son financiadas por el BM, FMI, OCDE, BID.

Con esta ley se adecuan las facilidades para las inversiones del gran capital, recibiendo aún más beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva. Es claro que el gran capital podrá adquirir hectáreas de tierras, caudales de ríos, mares y pozos de yacimientos de agua, gas, petróleo, y de explotación de minerales a cambio de generar “fuentes de empleos” en los lugares donde se establezcan aprovechando al máximo los recursos de vital importancia.

Recordemos que en esta zona el desarrollo en vías de comunicación en estos últimos tres sexenios ha sido acelerado con mega autopistas para el mayor y rápido desplazo de las mercancías de un lugar a otro, destruyendo a su paso las reservas nacionales en biodiversidad y el tejido social. Otro caso son los parques eólicos que se encuentran en la zona de istmo de Tehuantepec y Puebla sin traer algún beneficio. Refieren autoridades municipales que han estado realizando encuentros con otros municipios que se ven afectados por estos parques eólicos puesto que son un engaño, porque se les habían prometido pagar impuestos y realizar obras sociales en sus municipios.^iv Ninguno de los beneficios llegó.

Con la LFZEE, las administraciones privadas de estas zonas estarán coordinadas permanentemente con los tres niveles de gobierno y sin consensar a los ciudadanos. Se realizaran reordenamientos territoriales así como ejecutar acciones de seguridad pública, esto para tener control Y buen funcionamiento de las “Zonas Económicas”. No se podrá evaluar el funcionamiento a corto, mediano y largo plazo, sino será hasta cada 5 años que se evalué y realicen los ajustes necesarios para incrementar la productividad de las zonas. Con esto las empresas aprovecharan al máximo los mantos acuíferos, el aire, la tierra, el petróleo, el gas, los minerales, la fuerza de trabajo hasta saciar su sed de explotación e irse a otra zona estratégica o permanecer en ella.

Como nos damos cuenta esta Ley otorga todas las facilidades a las trasnacionales y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para generar obras de infraestructuras de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica, ambiental entre otras que requieran ejecutar en el exterior de la zona para operación de la misma.

El PPP en su Primera Etapa con Vicente Fox Quezada fue la apropiación de la biodiversidad y de las tierras originarias a costos bajos como consecuencia de políticas públicas que generaron pobreza e hizo que millones de mexicanos del sur sureste vendieran sus tierras a trasnacionales o al CCE y emigraran a Estados Unidos de Norteamérica con la esperanza del sueño americano; La Segunda Etapa con Felipe Calderón Hinojosa fue el rompimiento del tejido social de los pueblos con la supuesta lucha contra en narcotráfico, el acelerado desarrollo de las vías de comunicación, la creación de parques eólicos y la acelerada explotación minera, por consecuente desapariciones forzadas, familias divididas, sin tierras, sin agua, sin trabajo digno.

Y la tercera etapa, con Enrique Peña Nieto La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales plantea que estas zonas industriales atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos de las personas y pueblos de las áreas de influencia. Recordemos y no es difícil para el lector que estos han sido siempre los principios del Estado Mexicano, por lo cual, nunca de estos principios se cumplirán en la realidad, puesto que la explotación de los recursos naturales y humanos son los que siempre salen perdiendo; para esto es de suma importancia mencionar que en este sexenio se agudiza la superexplotación del trabajo, recomiendo le puedan echar un vistazo a un reporte de investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM^v donde se analiza la pérdida del poder adquisitivo del trabajador en el Neoliberalismo y el abaratamiento de la ganancia de la fuerza del trabajo en nuestro país. Sin duda nos dice este reporte que a pesar de que existan programas donde se inviertan fuertes cantidades millonarias de pesos, la pobreza de nuestro país crece. En 42 años, creció 58% la pobreza^vi y en la actual administración federal no hay mejoras. Hoy el déficit de empleo asciende a 34 millones de plazas, por ello 26 millones de mexicanos de la Población Económica Activa PEA se ven obligados a emplearse en la economía “informal” y 8 millones de personas buscan trabajo que nunca encuentran.^vii

Es un claro ejemplo que la pobreza está asociada a la Política Económica Neoliberal que durante los últimos cinco sexenios se han implementado, beneficiando por encima de la población al gran capital. Empobreciendo con los planes de desarrollo a cerca de 102 millones de mexicanos.

Con esta Tercera Etapa del PPP, la ley plantea generar fuentes de empleo; no se dice que tipo de empleos, lo más seguro es de outsourcing,^viii donde se tiene salarios bajos, condiciones de trabajo deplorables y sin prestación de ley alguna; lo más preocupante es que no se tiene certeza el tiempo que pueda durar una persona trabajando en esas zonas industriales, quedando al vil desamparo. Por otro lado la ley especifica que los permisos que se podrán otorgar a las sociedades mercantiles serán hasta por 40 años. Se desarrollará el flujo del capital trasnacional otorgando permisos a empresas como Wal-Mart, Aurrera, soriana para que los trabajadores compren sus productos y en esa circulación del capital el trabajador sea el que más pierda. (Su fuerza de trabajo-su salario-sus recursos naturales-su vida) las trasnacionales se apropian de la vida y fuente de la riqueza de los mexicanos.

El Estado Mexicano con esta ley garantiza para las trasnacionales la paz social y privada de las zonas industriales, prestando la vigilancia de la Policía estatal, gendarmería, fuerzas armadas, etc. Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, creo que nos equivocamos, los inversionistas ahora tendrán a su favor los fundamentos legales para construir edificaciones, instalar maquinarias y equipos para realizar actividades económicas productivas, obtener autorizaciones, licencias y permisos, obtener financiamiento tanto nacional como del extranjero para continuar con sus actividades de explotación.

Es sin duda analizar desde la geografía correspondiente, todo aquel intento; es cierto que el Sistema Político Mexicano está desgastado, podrido en la corrupción y no sirve, pero es ahí donde se está ejecutando todas las leyes que permiten este saqueo; sin embargo debemos de ser muy audaces en presionar con la lucha social y organizativa a los Cabildos Municipales, Congresos Locales y al Congreso de la Unión para rechazar estos planes Geopolíticos Económicos que benefician al Gran Capital. Debemos de exigir la derogación de esta ley y su rechazo nacional conjuntamente o nos estaremos lamentando. Necesitamos profundizar más prospectiva social para estar listos en esta colisión, los escenarios son muchos, pero hay una única necesidad; transformar esta realidad a través de la acción directa y organizada contra el poder político y económico del sistema.

“Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”^ix

Notas:
i http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016
ii El 14 de diciembre de 2015 la H. Cámara de Diputados aprobó el Dictamen relativo a la Iniciativa de la Ley de Zonas Económicas Especiales con 366 votos en pro, 1 en contra y 54 abstenciones; El 14 de abril del 2016 la H. Cámara de Senadores aprobó dicho dictamen con 89 votos en pro, 8 en contra y 0 abstenciones. El 19 de abril del 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta con Proyecto de Decreto por lo que se expide esta Ley de Zonas Económicas Especiales.
iii http://www.cemefi.org/esr/pdf/2015/Lista%20empresas%20ESR%202015%20OK%202110.pdf
iv http://www.jornada.unam.mx/2016/07/19/estados/026n1est
v http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-122
vi Ídem
vii http://cam.economia.unam.mx/mexico-fabrica-de-pobres
viii http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/13/el-outsourcing-sucio-negocio-del-gobierno/
ix Palabras del último discurso de Salvador Allende ante golpe de estado en chile, 11 de septiembre 1973.