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6.9.19

Además del tren, proyecto Transístmico incluye parques industriales y un gasoducto

Érika Ramírez

El Corredor Transístmico contempla en su modelo de negocio la instalación de 10 parques industriales, un tren, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios. En entrevista, el director del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, asegura que ya se realizó la consulta indígena para estos propósitos

El modelo de negocio del llamado Corredor Transístmico contempla no sólo la construcción de un tren, sino también la instalación de 10 parques industriales, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios, de acuerdo con el titular del proyecto federal, Rafael Marín Mollinedo. La inversión sexenal será del orden de 250 mil millones de pesos.

Considerado como uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste presenta discursos contradictorios al interior del gabinete: por un lado, Mollinedo –director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– asegura que la consulta indígena ya está hecha; por el otro, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice que se trata “no de una consulta, sino de un proceso de consulta” (edición 653).

En entrevista con Contralínea, el funcionario de Hacienda y empresario quintanarroense, expone que este proyecto pretende ser el “motor de desarrollo” del Sureste mexicano; también, una cortina de contención para que los migrantes centroamericanos tengan empleo.

Él es uno de los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que hicieron un trabajo arduo en Quintana Roo para que el presidente López Obrador obtuviera el triunfo en 2018, ahora encargado de ejecutar uno de los cuatro principales proyectos de infraestructura del sexenio: el Corredor Transístmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Opositores a este megaproyecto han denunciado que aún no se hace una consulta indígena, como lo marca el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de manera previa, libre e informada. Ante ello, el funcionario de la SHCP asegura que ya se llevó a cabo: “La gente, los indígenas ya nos aprobaron el proyecto”.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional “con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”.

El documento, publicado en el 12 de julio en Diario Oficial de la Federación expone que este proyecto aprovechará la posición del Istmo para “competir” en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Y que está avalado a través de una consulta realizada durante el 30 y 31 de marzo de este año, mediante asambleas regionales, “se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

El modelo de negocio

Entrevistado en sus oficinas de Palacio Nacional, Marín Mollinedo expone que el Corredor Transístmico pretende ser la “palanca del desarrollo” en el Sureste para “irradiar” esta región, la más atrasada en este momento.

A esta zona del país, arguye el empresario dedicado a comercialización de frutas y verduras a través de la compañía Tabana Banana, no se le ha invertido en infraestructura desde hace muchos años, se ha priorizado al centro y al Norte del país; entonces, “para tratar de equilibrar estos niveles de desarrollo, el presidente tiene cuatro proyectos estratégicos, principalmente: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y los programas de caminos de manos de obra, que son 300 caminos que se van a construir en las zonas más marginadas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y el cuarto es el corredor del Istmo de Tehuantepec”.

Este ha sido uno de los proyectos que han trascendido la historia, sin concluir, pues desde antes del porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido codiciada y los pueblos originarios han resistido.

Mollinedo expone que el proyecto va a descansar, principalmente, en modernizar la infraestructura que ya se tiene, los dos puertos: el de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y unirlos a través de una vía férrea existente: “lo que pasa es que éste es un proyecto ya muy viejo, tiene más de 100 años, lo creó Porfirio Díaz pero ha estado abandonado, y lo que vamos a hacer nosotros es modernizarlo para poder hacer el cruce de mercancías entre un océano y otro”.

Con ello, el gobierno federal acompañado de la aprobación de los gobiernos estatales, pretende abrir una nueva ruta de transporte marítimo, que cruce por el Istmo de Tehuantepec (que es la zona más estrecha de la República), “tenemos algunas ventajas comparativas con el canal de Panamá, en virtud de que estamos más cerca de Asia y de la Costa Este de Estados Unidos”, añade.

“Queremos generar esta nueva ruta y que las empresas vean que van a tener el acceso a cualquier mercado del mundo y que vengan a invertir en 10 parques industriales que vamos a instalar a lo largo de toda la vía del tren”, dice.

Entre los propósitos, indica, está la instalación de empresas para generar empleos y para transformar materias primas; agregar valor a las materias primas nacionales y, que pudieran venir materias primas del extranjero para que se terminen de transformar aquí y seguir su curso al mercado estadunidense, el más demandante.

Rafel Marín Mollinedo expone que el proyecto que se le ha encomendado tiene proyectada una inversión sexenal de 250 mil millones de pesos, aproximadamente, de los cuales el gobierno federal va a aportar alrededor de 100 mil millones y el resto será de la inversión privada.

En esta ruta también se pretende instalar una red de fibra óptica, que va a venir a un lado de la vía del tren, en el derecho de vía del tren, para darle internet a toda la zona, “vamos a detonar porque las empresas necesitan internet y gas, que ese es otro proyecto: un gasoducto”.

Marín Mollinedo enfatiza que la intención es que donde se establezcan los parques industriales y se tenga que arrendar o afectar la tierra los propietarios originales sean socios. “Que queden como socios en estos desarrollos. Si vamos a hacer un gasoducto, que los dueños de la tierra se pudieran considerar como socios para que los beneficios que dejen esos desarrollos, los propietarios los tengan permanentemente”.

Para la creación de los parques industriales, la administración de López Obrador todavía está en la definición de los polígonos, mismos que podrían ubicarse en terrenos particulares y gubernamentales.

Las nuevas ZEE y las consultas

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se promovieron las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE), que también pretendían “impulsar” la economía del Sureste mexicano. Esta estrategia fue cancelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no funcionaron.

La diferencia entre las ZEE y estos proyectos, comenta Rafael Marín Mollinedo, es que los anteriores se quedaron en “buenas intenciones, tan fácil como eso; y esto es un proyecto que se va a concretar porque ya estamos trabajando, invirtiendo. Es uno de los proyectos prioritarios y el presidente es una gente de palabra, si dijo que va, ¡va!”

Respecto de la consulta a los pueblos originarios refiere: “Estamos colaborando muy estrechamente con el INPI. Nosotros ya llevamos a cabo la consulta indígena. La gente, los indígenas ya nos aprobaron en proyecto. Es parte del proceso que se tiene que llevar a cabo para hacer otro tipo de obras de infraestructura, por mandato de la OIT”.

De las afectaciones que documentó Contralínea en Salina Cruz, por contaminación de Petróleos Mexicanos en la playa y la salinera, el funcionario dice: “Yo he estado ahí en la salinera y no ha habido comentarios al respecto. Nunca he visto un derrame de petróleo ni nada que me digan que les ha afectado. Hay problemas con Pemex, les deben dinero a algunos ejidatarios por los derechos de vía. Nosotros vamos a gestionar para que se resuelvan, es parte del compromiso”.

Otra de las problemáticas que se le plantea a Marín Mollinedo es el rechazo a los parques eólicos en Juchitán. Sobre el tema, el funcionario de la SHCP reconoce que el proyecto que encabeza también tiene contemplada la instalación de este tipo de infraestructura, por lo que están en arreglos con la Comisión Federal de Electricidad, que es la que tiene los proyectos. Pero “donde establezcamos estos parques vamos a ver el mecanismo de que los propietarios originales participen como socios en este proyecto, que no les des una renta sino que de las utilidades generadas, ellos tengan participación”.

El despliegue de la Guardia Nacional

El documento Situación de la Guardia Nacional, presentado en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el 13 de agosto, indica que la Guardia Nacional contará con un importante despliegue de sus efectivos, el cual asciende a 10 mil 445.

Al respecto, el encargado de desarrollar el Corredor Transístmico dice que este corresponde, en parte, a la demanda de los empresarios: “Cuando hemos hablado con ellos para invitarlos a participar y a invertir en la zona, la demanda es de seguridad”.

“Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos van a ayudar a diseñar un proyecto de seguridad para la zona. No es tan grave el problema de la seguridad, al menos en Oaxaca; lo duro está en Coatzacoalcos, Minatitlán (Veracruz). La zona del Norte está muy grave, pero en el Sur el problema está más tranquilo.”

El mismo documento indica que Veracruz contará con 13 mil 702 elementos desplegados por todo el estado. “Vamos a diseñar junto con ellos un programa de seguridad porque es lo que piden las empresas, tener seguridad pública para también invertir, sino no hay inversión”, enfatiza el servidor público.

15.7.19

Migración: la emboscada de Estados Unidos a México

José Reyez

La respuesta del gobierno federal a las amenazas en materia arancelaria por parte de Estados Unidos devino en la militarización fronteriza y en férreo control del tránsito de personas mediante la Guardia Nacional y organismos de inteligencia. Se acabó la política de puertas abiertas y trato digno a los migrantes que huyen de la miseria y la violecia centroamericana


El mayor riesgo a la seguridad nacional de México no es ni el terrorismo ni los ataques económicos, sino la intervención de potencias extranjeras, particularmente de Estados Unidos, afirman especialistas y expertos en relaciones bilaterales. Intervención que puede ser directa o indirecta, como la lograda por Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos que ha devenido, inicialmente, en un cambio de rumbo en la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Emilio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias políticas y catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), estima que lo más grave en el caso de los migrantes es que “coloca a la Guardia Nacional como una especie de organismo de usos múltiples, en lugar de ser preventiva, lo que genera dispersión de fuerzas y significa que el trabajo de inteligencia pasa a un nivel de obsolescencia porque los únicos que aparecen son los delincuentes, y se dispersa la fuerza para su combate, sin logística”.

Es decir, antes de las presiones de Trump en materia económica, no estaban contemplados 6 mil elementos para la frontera Sur, lo cual impacta porque se distrae el tema migratorio que conlleva a problemas de infraestructura para soldados, militares y policías, considera el experto en temas de seguridad nacional.

Agrega que se ha dicho que no sólo se busca contener, sino disuadir la migración, porque no hay frontera: hay porosidad. Sin embargo, considera, la migración no desaparecerá con 6 mil elementos, porque hay 52 zonas de paso en la frontera Sur del país. Es decir, queda desprotegida la zona selvática, la zona Norte de la frontera Sur. Va a ser muy difícil que se pretenda poner un muro humano, es muy costoso: el personal no va resistir 24 horas, aunque sean militares.

El doctor Vizarretea Rosales explica que López Obrador tendrá que cambiar su estrategia: “se fue a la basura, al enajenar su política de puertas abiertas, de acompañamiento y buen trato; eso se acabó, se llegó a un punto en que la frontera Sur tiende a ser revisada como si fueran las Fuerzas Armadas: hemos cerrado la frontera a cualquier migrante”.

El tema arancelario, estima, era de resistir y plantear ante la Organización Mundial de Comercio, con lo cual se hubiera obligado a Trump a tomar otras medidas. Eso le hubiera costado más al presidente estadunidense en su proceso electoral de reelección y se hubiera tenido una resistencia para valorar la medida y el alcance incluso de efecto de unidad nacional en Latinoamérica.

Para el experto, lo que ocurrió es una emboscada de Estados Unidos desde el lado más positivo; pero desde el lado más grave: una capitulación, lo que significa –en términos de una guerra– una derrota sin haber estado en combate, en la que México se volvió el lugar de contención, todo un muro para la migración hacia Estados Unidos.

Por su parte, el doctor y exinvestigador del Instituto Nacional de Migración, Carlos Calleros Alarcón, observa que la seguridad nacional se debe entender como la condición de soberanía, integridad territorial y salvaguarda de instituciones nacionales, así como gobernabilidad democrática y estado de derecho.

El también y exdirector General Adjunto de la Oficina de la Presidencia de la República explica las diferencias entre ambas naciones en seguridad nacional, al señalar que mientras Estados Unidos habla de seguridad hemisférica de círculos concéntricos en los cuales se incluye a sus vecinos del Norte (Canadá) y el Sur, para México es de índole interna con temas domésticos de guerrilla, migración y ciberseguridad, entre otros.

Agrega que en materia migratoria, México ha avanzado en modernizar la verificación de documentación de extranjeros en puntos de internación terrestre, marítimos y aéreos, para detección de personas buscadas por delitos de contrabando, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, entre otros.

También se ha avanzado en el intercambio de información con los servicios de inteligencia nacionales, digitalización del Registro Nacional de Extranjeros, realización de operativos coordinados con instituciones de seguridad nacional, que forman parte del entramado de medidas de inteligencia puesto en marcha por ambos gobiernos para el control del flujo migratorio.

No obstante, el experto advierte problemas en materia de seguridad cibernética, como la confiabilidad de listas de información avanzada de pasajeros, sistemas biométricos confiables y verificables, homonimias y posibles errores en información en sus fichas particulares de inteligencia, seguridad cibernética de que pueda haber ataques a la base de datos. También, la ausencia de Habeas Data en los derechos de los afectados: el mecanismo para que los ciudadanos puedan revisar su información, porque pueden aparecer erróneamente vinculadas con ataques terroristas o delictivos o en alerta migratoria, como ha ocurrido con algunos extranjeros que han optado por su naturalización, sin que haya mecanismos para que puedan corregirlo.

“Estados Unidos considera su seguridad nacional fronteras afuera, mientras que en México la seguridad nacional ha tenido que de ver fronteras adentro, con la búsqueda de enemigos internos que pretenden desestabilizar al país, por vía guerrillera o presencia comunista extranjera”, apunta el doctor Calleros Alarcón.

Al distinguir las amenazas a la seguridad nacional de México, entre ellas la migración, el experto señala que algunas son más probables que otras: algunos riesgos son posibles pero no necesariamente probables, y algunos pueden ser de seguridad pública, pero no de seguridad nacional.

Sin embargo, subraya necesario atender las amenazas con responsabilidad y seriedad y sin caer en paranoias, ni enfrascarse en una seguridad estricta. Del problema migratorio, dice, no debe dislocar ni alterar la vida fronteriza, antes bien debe contribuir al desarrollo económico regional, en el que la seguridad fronteriza debe ir acompañada de respeto a los derechos humanos.

México ha reforzado la seguridad en las fronteras Norte y Sur, incluye la revisión exhaustiva a pasajeros y equipaje, lo cual ha dado lugar a la inclusión del control información biométrica en pasaportes, visas y registro en la Lista de Información Avanzada de Pasajeros, alimentadas por órganos y agencias de inteligencia de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, Europa e Israel, acota.

Asimismo, Calleros Alarcón destaca el Sistema Integral de Operación Migratoria del INM, el Cobada en la Secretaría de Gobernación, y la cooperación con Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, para reforzar los sistemas de software, equipamiento y producción de visas con tecnología de punta para detectar posibles internaciones a territorio mexicano con propósitos lesivos a la seguridad nacional.

Para el especialista en seguridad nacional e inteligencia, los nuevos paradigmas de amenazas para México en la materia, además del acecho estadunidense permanente (espionaje, intervención extranjera, bloqueo ante delincuencia organizada, entre otros), que lo llevó a elaborar lo que considera la Agenda Nacional de Riesgos que comparte con este semanario.

El reto de las Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública

Yadira Gálvez Salvador, profesora investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que con la operación de la Guardia Nacional aún hay muchas dudas e incertidumbre sobre su “conformación y desarrollo; sus alcances, organización, estructura, doctrina, equipamiento, mecanismos de control de confianza y certificación; protocolos de uso de la fuerza, y de actuación con los detenidos”.

Agrega que “López Obrador apuesta por dar un papel central a los militares en la estrategia de seguridad y creación de la Guardia Nacional, a partir de considerar que las Fuerzas Armadas son las instituciones más confiables; no hay policías capaces de enfrentar a la criminalidad y éstas son corruptas o están infiltradas por la delincuencia; y la crisis de inseguridad requiere de respuestas inmediatas, incluyendo el despliegue de este cuerpo”.

Así, dice la catedrática, la ampliación del rol de los militares en seguridad pública se debate entre los referentes de la “policialización” militar y “militarización” de la seguridad pública; relaciones civiles-militares, conducción y control civil de las políticas de seguridad en un régimen democrático, transparencia y rendición de cuentas; y los retos de conformación de la Guardia Nacional en su estructura, diseño de fuerzas, reclutamiento y capacitación.

Gálvez Salvador, quien participa en el proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneas, de la UNAM –parte del cual comparte con Contralínea–, asegura que en el corto plazo es imposible prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia organizada.

“La capacidad de fuego, apropiación de territorios y daños que provoca la convierten en un problema de seguridad nacional que ha requerido de la participación militar para enfrentarlo”, acota.

El punto fino al respecto, señala, es la insistencia del Ejecutivo de apoyarse en las Fuerzas Armadas para atender la seguridad pública a partir de su despliegue y presencia permanente, situación que, si bien esta prevista en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional, no resuelve el problema de fondo sobre la inexistencia de un marco legal que regule la participación militar en estas tareas en términos de temporalidad, tipo de operaciones y límites de su actuación.

Y el punto clave es el tipo de participación que tienen los militares y su relación con las autoridades civiles: “si se trata de apoyo logístico, operacional, de información e inteligencia a las policías para actuar contra las organizaciones criminales, con temporalidad determinada y acciones concretas; o bien si su participación se profundiza, se mantiene en el tiempo y gradualmente o se amplía hacia las tareas de seguridad pública, hasta llegar a ejercer esas funciones que son propias de las autoridades civiles.

Gálvez Salvador indica que la apuesta por la Guardia Nacional debería ser hacia el primer escenario, con el objetivo de consolidar una nueva fuerza que permita restituir las fronteras entre seguridad interior y seguridad pública, y se acoten las funciones militares en esta última hasta retirarlos.

“Los resultados dependerán tanto de la implementación del nuevo cuerpo y de sus capacidades para desarticular las organizaciones criminales, atender los delitos de alto impacto y reducir la violencia, como de la trayectoria de las Fuerzas Armadas, en la medida en que han señalado que la prioridad de éstas es la seguridad de la población”, subraya.

Para la investigadora, el problema de fondo es la brecha que existe en la concepción de la Guardia Nacional: la oposición, las organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, pugnaron por garantizar el carácter civil de la misma y porque se creara un cuerpo policial respetuoso de los derechos humanos.

“En cambio, el presidente y su equipo mantienen la perspectiva de un cuerpo más apegado a la lógica militar, para garantizar la disciplina interna y potenciar sus capacidades de actuación, poniendo énfasis en que estarán apegados a las normas de uso de la fuerza proporcional y al respeto de los derechos humanos”.

Agrega que “el mando de la Guardia Nacional es importante, por las implicaciones que ello tiene en términos operativos y sobre el tipo de doctrina, disciplina y formación que se desarrollará al interior de este cuerpo. De nada servirá que sus miembros se presenten como sumamente disciplinados y con capacidades físicas (en términos militares), si su formación no va acompañada de preparación para el ejercicio de tareas policiales, respeto a derechos humanos y protección de personas.”

Al tiempo que, necesariamente, los miembros de la Guardia Nacional tienen que pasar por medidas de control de confianza y la institución debe establecer procesos de certificación, tanto internos como externos. Por lo tanto, uno de los retos que tendrá que enfrentar la Guardia Nacional será la capacitación de sus elementos en tareas policiales, lo que incluye asuntos relativos a su participación en investigación, manejo de los detenidos y su presentación ante las autoridades correspondientes, y protocolos para el uso de la fuerza.

El análisis de las relaciones cívico-militares debe centrarse en prerrogativas militares de organización interna, ejercicio de los recursos, participación en el diseño de las políticas públicas de seguridad, seguimiento y control de actividades y operaciones desplegadas, incluyendo transparencia y rendición de cuentas. El ejercicio de estas funciones y la limitación de las actividades militares es una clara responsabilidad de los civiles.

La Guardia Nacional tendrá que desarrollarse a partir de una estructura que incluya capacidades de atención a la población y proximidad, pero también de unidades especializadas dedicadas a la atención de los delitos de alto impacto y de las actividades de los grupos de delincuencia organizada.

La integración de los elementos provenientes de tres distintas fuerzas es una cuestión que va más allá de los números y se relaciona con la estructura, cultura organizacional, formación, doctrina y disciplina de cada una de las corporaciones.

A mediano y largo plazo, la consolidación de la Guardia Nacional requerirá de la homologación de la doctrina, los elementos disciplinares, la estructura de mando y, lo más difícil, el desarrollo del espíritu de cuerpo y de su identidad.

El reto que enfrenta el gobierno de López Obrador no es menor: reducir la violencia, frenar la criminalidad, consolidar un cuerpo de seguridad nacional en 5 años y, por supuesto, impulsar un proyecto más amplio de seguridad para desarticular organizaciones criminales, políticas de prevención de la delincuencia y violencia, así como la atención a las causas profundas de estos fenómenos, sin que se caiga en la criminalización de la pobreza.

Emilio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias políticas por la UNAM y experto en seguridad nacional, asegura que la Guardia Nacional tenía dificultades menores, de opinión ideológica y política que de pleno conocimiento de causa, pero ahora ya están las cuatro leyes complementarias de la reforma al Artículo 21 constitucional. Por ello se recuperó la discusión sobre el uso de las armas, letalidad, detención preventiva en primera instancia y cómo construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que implica una reestructuración de la forma en que participan los gobiernos de los estados.

Había un modelo muy ambicioso de seguridad nacional que permitía entender que se podía combatir a fondo la delincuencia organizada con un trabajo sólido con las áreas de inteligencia, sin embargo se ha limitado, sobre todo por los recursos económicos; ése es el verdadero problema: están haciendo reservas de dinero para que no les falte a los programas sociales y proyectos prioritarios del presidente.

El catedrático indica que el problema de la Guardia Nacional está en el reclutamiento, por la razón de que al principio dijeron que ganarían 20 mil pesos al mes, luego lo bajaron a 10 mil, para quedar en 15 mil por recluta, lo cual no es atractivo para los jóvenes y gente que deseara hacer carrera.

Así, la expectativa en ese cuerpo ha decrecido rápidamente en todos los aspectos: “se buscaba una policía de proximidad, de reconocimiento, intocables que conocieran el barrio y actuaran en él, pero no se logrará integrar hasta dentro de 3 años, lo cual va a chocar con la conformación de la Guardia Nacional”, concluye el doctor Vizarretea Rosales.

22.6.19

El nuevo modelo de seguridad pública



CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 26 de marzo se publicó el decreto por el que se reformaron varios preceptos constitucionales en materia de seguridad pública. Como buena parte de la discusión se concentró en la Guardia Nacional y, todavía más, en su necesario carácter civil, se perdió de vista que con las reformas aprobadas se estaba dando lugar a un nuevo modelo de seguridad pública. Dentro de los cambios a que dio lugar la reforma, destaca el otorgamiento de competencias al Congreso de la Unión para organizar la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública federales, así como para emitir las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones.

Continuando con la mala técnica legislativa seguida desde hace tiempo, en los artículos transitorios del decreto de reformas se fijaron los contenidos mínimos que el legislador federal debía establecer al momento de emitir las leyes que habrían de desarrollar la reforma constitucional. Para la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo relativo a la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública y la regulación del sistema nacional de información en la materia. Para la Ley de la Guardia Nacional, los supuestos para la coordinación y colaboración de ella con las instituciones de seguridad de las entidades federativas y municipios; las reglas de aportación de estos órdenes de gobierno por la colaboración de la Guardia Nacional en tareas locales; la estructura jerárquica, régimen de disciplina, ascensos, desempeño, prestaciones, ingreso, educación, capacitación y profesionalización; las responsabilidades y tareas que puedan homologarse a las disposiciones aplicables a las Fuerzas Armadas; la posesión, portación y uso de armas de fuego; las hipótesis para delimitar la actuación de sus integrantes y las bases del informe que el presidente de la República habrá de rendir al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Respecto de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se determinó su finalidad, alcance y definición; los sujetos obligados, así como los derechos y obligaciones de los integrantes de las instituciones competentes; su sujeción a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad; la previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas mediante el control físico y las armas incapacitantes, letales y no letales; y las reglas de portación, de adiestramiento y gestión. Finalmente, respecto de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, se previeron las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación; los momentos y procedimientos para llevarlo a cabo; el tratamiento de los datos personales de los detenidos y los criterios para clasificar la información; las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso, fundamentalmente.

Atendiendo a los plazos y contenidos impuestos, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expidió las de Guardia Nacional, Uso de Fuerza y Registro de Detenciones. Todas estas leyes fueron publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo pasado y entraron en vigor al día siguiente. Para que el modelo de seguridad pública llegue a estar completo, se requiere que el presidente de la República emita los correspondientes reglamentos, y las autoridades administrativas, los protocolos y manuales de operación. Sólo al tenerlos sabremos cabalmente cuáles son las posibilidades de intervención de las policías, el tipo de acciones que pueden realizar en ejercicio de sus facultades, incluido el uso de la fuerza letal. Sin embargo, teniendo a la vista las reformas constitucionales y la nueva legislación, es posible identificar ya las notas que animan y animarán la seguridad pública nacional federal en los próximos años y en las graves condiciones en las que su contrapartida, la inseguridad, se encuentra. Me concentro en los tres ordenamientos principales.

Lo que se hizo con la Ley de Seguridad Pública fue otorgarle a la federación las competencias necesarias para crear, integrar y utilizar un sistema nacional de información acerca de la delincuencia. Los artículos reformados o adicionados dotan de facultades a las autoridades federales para allegarse de información a fin de crear estadísticas, bases de datos y medios semejantes, para con ellos formar o reestablecer, según se vea, el llamado Centro Nacional de Información. Así, la federación se asignó las tareas de inteligencia del fenómeno delincuencial para, esperemos, estar en posibilidad de fijar políticas generales y coordinar las tareas de los diversos cuerpos de seguridad.

La Ley de la Guardia Nacional terminó siendo, como debía ser, un ordenamiento de carácter orgánico en el que quedaron definidos los objetivos y competencias del cuerpo, sus jerarquías y modos de integración, capacidades, adiestramientos y tipo de controles parlamentarios y judiciales a que sus actuaciones quedarán sometidas. Con independencia de las muchas reticencias que, en lo personal, me genera la existencia de este cuerpo, debo reconocer que la ley está bien hecha. Por una parte, recoge las determinaciones impuestas por los artículos transitorios; por otra, no desborda los preceptos constitucionales, excepción hecha de algunos procesos de investigación que, sin embargo, pudieran quedar comprendidos en la obligación genérica de proceder mediante autorización judicial (artículo 100) y, finalmente, porque ordena bien lo que se quiere llegar a lograr con la corporación.

A la Ley del Uso de la Fuerza debemos verla con dos enfoques. Entendiendo que, al contar con una normatividad, ella es marco de actuación y condiciones y, al mismo tiempo, marco de inhibición. La falta de una ley hacía difícil saber lo que a cuento del uso de la fuerza se hacía, si era o no adecuado e, igualmente, si la conducta misma era o no posible. En adelante, quienes estén autorizados para usarla saben que su proceder está regulado, que hay situaciones de uso legitimado de la fuerza y situaciones en las que ésta puede ser ilegal o hasta delictiva.

En la Ley Nacional del Uso de la Fuerza se describen las facultades y las obligaciones de los agentes que realizan funciones de fuerza, definidas como la posibilidad de inhibir a una persona por medios mecánicos o biomecánicos, momentánea o permanentemente, conforme a los principios de absoluta necesidad, legalidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas. Las armas a utilizar se distinguen entre letales y no letales, según puedan producir la muerte o graves lesiones o no conduzcan a ello. En la escala de actuación, uno de los temas centrales del ordenamiento, se prevé la siguiente progresividad: persuasión, entendida como cese de la resistencia por indicaciones verbales o presencia de la autoridad; restricción, como determinación de un perímetro para controlar la agresión; sujeción, como uso moderado de la fuerza física para controlar o asegurar individuos; inmovilización, como restricción de la movilidad de las personas para lograr su aseguramiento mediante el uso intenso de fuerza física; incapacitación, como neutralización de la resistencia y la violencia a través del uso intensivo de fuerza física y empleo de armas menos letales, a sabiendas de que pueden causarse lesiones que no pongan en riesgo la vida; lesión grave, como neutralización de los agresores por medio del uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de proteger la integridad de la autoridad o de otras personas a sabiendas de la alta probabilidad de dañar gravemente al agresor y, finalmente, la muerte, que implica el uso de fuerza letal como acción excepcional con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión al no existir otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia.

De los temas de la Ley de Uso de la Fuerza que es importante reflexionar, hay tres que desde ahora dejo señalados. El primero es que la misma enuncia como finalidad determinar el uso de ella para las fuerzas de seguridad de cualquier tipo y adscripción y, más relevante por la situación confusa que ahora vivimos, de las Fuerzas Armadas que realicen funciones de seguridad pública. Si conforme al artículo quinto transitorio del decreto de reformas constitucionales de marzo pasado, durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada de forma permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ¿cuál es el estatus jurídico de estas fuerzas en tales circunstancias? Desde mi punto de vista, deben actuar conforme a la Ley de Uso de la Fuerza, es decir, en una condición policial y no militar. Ello implica la no aplicación del fuero ni de los protocolos o normatividades militares o navales, sino de los civiles. Piénsese, para dimensionar la relevancia de estos cambios, en lo que los integrantes del Ejército hubieran podido y debido hacer a la luz a de la nueva normatividad en situaciones como la vivida recientemente en La Huacana, Michoacán. ¿Qué y cómo debieron haber respondido ante tal acontecimiento?

Un segundo asunto tiene que ver con lo que ya varias organizaciones de la sociedad civil han advertido. En el artículo 27 de la Ley se establece que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto “lícito”. La amplitud de la expresión deja un margen de discrecionalidad, cuando no hay la posibilidad de definir, ex ante, si la manifestación tiene tal calidad y, en su caso, las condiciones del uso de la fuerza que pueden ser impuestas. El tercer aspecto a destacar es la importancia de los protocolos del uso de la fuerza que habrán de expedirse. En ellos radicarán muchas de las posibilidades operativas de lo que, efectivamente, sucederá en las circunstancias concretas del día a día.

Con la descripción y los apuntes anteriores, me parece que ha quedado claro que en el país se está tratando de establecer un nuevo modelo de seguridad pública. Sin embargo, el mismo enfatiza al ámbito federal y, por lo mismo, incide menos en el de las entidades federativas y los municipios. Después de estas transformaciones, la federación cuenta con un Sistema de Información y su correspondiente Centro, una nueva policía en la forma de la Guardia Nacional y un sistema de registro de las detenciones; y, adicionalmente, la federación, las entidades y los municipios con un marco de uso de la fuerza para todas sus corporaciones. El problema es que no se imaginaron ni previeron nuevas competencias o modos de organización del sistema nacional de las policías ni de la seguridad. Una vez más, se dejó a los estados y municipios la tarea de pensar y constituir sus cuerpos y ejecutar sus acciones en sus limitados ámbitos espaciales y materiales. Ya varios expertos lo han señalado, se persistió en una equivocada idea. Como, se asume, los grandes delitos y la peligrosidad social son federales, en sus instituciones habrá de ponerse el acento.

Si analizamos los dos Planes Nacionales de Desarrollo, el del presidente y el de su administración, pronto nos daremos cuenta que es poco y malo lo que de manera integral se dice de la seguridad pública. Es cierto que están tocados algunos de los temas relacionados con las cuatro leyes acabadas de señalar. Sin embargo, es muy poco lo que se plantea en procuración e impartición de justicia. Suponiendo que todo lo vinculado con las nuevas leyes saliera bien, faltaría mucho por hacer para que ello quedara vinculado en un sólido sistema. El gobierno de López Obrador está reproduciendo los mismos errores de sus antecesores. Nadie está liderando el movimiento por el ajuste y actualización de las competencias del Ministerio Público, las defensorías, los servicios periciales o las adecuaciones que diversas leyes debieran sufrir.

Lo que resulta de los cambios apuntados, básicamente, es el otorgamiento de más funciones policiales a la federación, más capacidad de fuego a los agentes, y la legitimación para que las Fuerzas Armadas actúen como policías. Con esos elementos en mente, cabe preguntarse si se va en la ruta adecuada para enfrentar a la delincuencia y pacificar al país o si, por el contrario, únicamente se está haciendo más de lo mismo, eso sí, con otras justificaciones y distintos actores.

@JRCossio
Ministro en retiro.
Miembro de El Colegio Nacional.

24.3.19

La Guardia Nacional y el lenguaje de la pacificación



CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El intenso debate en torno a la creación de la Guardia Nacional, aprobada el 28 de febrero por el Congreso de la Unión con un consenso generalizado también entre la opinión pública, se redujo a dos puntos esenciales que, por lo menos al nivel político, ya fueron resueltos. Primero, el Ejército, que aún conduce tareas de seguridad en numerosas ciudades y regiones del país, volverá a sus cuarteles en un plazo de cinco años. Y segundo, la Guardia Nacional –adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana– obedecerá a un mando civil y sin fuero castrense para los 35 mil elementos de la Policía Militar y los 8 mil de la Policía Naval, quienes junto con agentes de la Policía Federal y nuevos reclutas integrarán un cuerpo de 80 mil oficiales a finales de 2019.

Aunque estos puntos son cruciales para garantizar el proceso de desmilitarización de la seguridad pública del país, es necesario examinar otro aspecto clave en la creación de la Guardia Nacional: la cancelación del discurso oficial que durante 12 años de supuesta “guerra contra el narco” movilizó a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional justificando incluso crímenes de lesa humanidad.

En una forma de reiterada narrativa que criminalizó a los sectores más vulnerables del país, ese discurso de guerra legitimó el terrible saldo de más 272 mil asesinatos y más de 40 mil desapariciones forzadas en México.

Ahora que sabemos con mayor certeza que la violencia atribuida a los “narcos” es resultado directo de la estrategia de militarización para supuestamente combatirlos, tenemos el reto de exigir un lenguaje de pacificación que impida a este y a cualquier otro gobierno la creación de nuevos enemigos domésticos; que imposibilite, en suma, una nueva declaración de guerra en contra de la sociedad.

Independientemente de afiliaciones políticas, los críticos de las primeras propuestas para la creación de la Guardia Nacional externaron en su momento, no sin razón, el temor de revivir la profunda herida social de la siniestra “guerra contra el narco”. Sus objeciones marcaron con claridad los peligros que conlleva dejar en manos de soldados tareas de seguridad pública que siempre debieron estar bajo una autoridad civil.

“Desmilitarizar militarizando no parecía la mejor receta porque remite a una medicina que no funcionó: la política criminal de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –valorada por el crecimiento de las muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas– implicó un trágico desastre”, observó el académico y periodista Ricardo Raphael.

Pero aun con un mando civil y con el Ejército emplazado para regresar a los cuarteles, es válido señalar, con el analista de seguridad Jaime López Aranda, que el esquema de la Guardia Nacional recién aprobado “operativamente no cambia nada”, pues se trata de una corporación híbrida compuesta por soldados y policías que, según él, será “la misma gente que va a hacer exactamente lo mismo”.

Aunque merecen ser considerados con seriedad, todos estos reparos permanecen, en mi opinión, en la superficie del problema real: el discurso de guerra que ha fundado el estado de excepción en México. Como explica Giorgio Agamben, el estado de excepción es la función constitutiva de todo Estado moderno, la condición que permite el desborde entre lo inscrito en el derecho y el evento que no puede ser anticipado por la ley.

Ese es el punto ciego de mucha de la crítica, pues sin detenerse en el realismo político del estado de excepción y su discurso de guerra, limita su reclamo a la constitucionalidad de la Guardia Nacional y a la impunidad de los militares suplementando la función de las policías civiles; es decir, al borde mismo del estado de excepción, pero sin adentrarse en él.

Agamben muestra que el estado de excepción –a la vez dentro y fuera de lo establecido por una Constitución– es “aquello que funda el nexo entre violencia y derecho y, a la vez, en el punto en el cual se vuelve ‘efectivo’ aquello que rompe este nexo”. En otras palabras, la pregunta de fondo no se reduce al hecho de mantener o no al Ejército a cargo de la seguridad pública del país. El problema de raíz tampoco se localiza en la constitucionalidad de un mando militar o civil, temporal o permanente.

La militarización, si hemos comprendido bien las lecciones históricas de nuestra política de seguridad nacional, ha sido la forma más reciente del estado de excepción, pero no su contenido. Este último no reside en los mandos militares sino en el Poder Ejecutivo, en la razón de guerra que se dicta a los soldados y en la construcción simbólica del enemigo que se dice combatir.

La “guerra contra el narco” produjo ríos de sangre no por haber sido ejecutada por militares, sino porque los militares fueron instrumentalizados por el Poder Ejecutivo para ocupar el territorio nacional en contra de un enemigo cuidadosamente confeccionado para ser exterminado sin consideración legal, ética o política alguna. Dicho de otro modo: la estrategia de militarización se basó en la invención de la guerra que, como advirtió el propio Felipe Calderón desde el primer día de su gobierno, sería larga, costosa, destructiva, implacable.

Un estudio mostró que los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas mexicanas entre 2008 y 2011 rebasaban los de la Policía Militar en Brasil aun en sus más brutales operativos de exterminio en las favelas de Río de Janeiro. Quedó evidenciado así el recurrente uso del asesinato extrajudicial como método normalizado entre los soldados mexicanos.

Pero la letalidad de las Fuerzas Armadas en México fue apenas el efecto, no la causa. “Un discurso de ‘guerra’ en contra de la delincuencia que en el caso mexicano fue impulsado desde el propio Ejecutivo federal y apoyado por buena parte de los actores políticos, económicos y sociales del país” fue la razón fundamental de la oleada de violencia. “Este discurso ha adoptado características del derecho penal del enemigo”.

Así lo comprobaron los periodistas Daniela Rea, Mónica González y Pablo Ferri en su extraordinaria investigación sobre la “cadena de mando” establecida entre militares. Un soldado entrevistado resume el terrible contenido de ese discurso durante los años de la “guerra contra el narco”:

Tu enemigo es el sicario, es el narco. Te enseñan lenguaje corporal para saber identificarlos, te dicen algunas señas. Al principio (los narcos) traían camionetas o carros con potencia de arranque, de ocho cilindros. Después todo eso cambió para despistarnos, ya andaban en motos, en coches de cuatro cilindros. Después nos la cambiaron, andaban una pareja con un niño, ya era bien difícil identificar a la maña. Antes ocupaban al típico pelón, tatuado, rapado, después nos la cambiaron con playeritas polo, bien cortaditos del pelo, los que eran sicarios de élite.

Hasta donde podemos constatar, ese lenguaje está siendo transformado tanto en materia legal como política. Los integrantes de la Guardia Nacional, según se explicita en el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión, “se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género”.

Por otra parte, y aunque no del todo exenta de ambigüedad e imprecisión, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha articulado también un cambio de paradigma en su plataforma de seguridad que podría neutralizar el violento espacio de guerra construido por la militarización de los gobiernos anteriores.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el equipo de transición de AMLO anunció el rechazo al prohibicionismo estadunidense como problema de “seguridad nacional” para, en cambio, promover un proceso de pacificación general de la sociedad considerando el tráfico de drogas como un mero problema de salud pública.

“La única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación.”

Luego, desde agosto de 2018, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso despenalizar la mariguana y la amapola para la producción y consumo de drogas con fines medicinales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, refrendó a su vez la propuesta ante gobernadores del país convocados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública –el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer políticas de seguridad– el 25 de enero de 2019.

“Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común”, dijo Durazo Montaño. “Proponemos pasar de un concepto militar de combate a la violencia a uno de carácter consistente en construir la paz a partir de garantizar empleo, salud, bienestar y educación, especialmente en las comunidades donde los criminales se han convertido en la autoridad”.

Esta transformación del discurso de “seguridad nacional”, que no debe subestimarse como algo meramente simbólico, llegó a su punto más relevante con una rueda de prensa mañanera del 31 de enero de 2019, cuando AMLO anunció el fin de la política antidrogas de los gobiernos anteriores: “Ya no hay guerra (contra el narcotráfico), oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz y vamos a conseguirla”.

(La aparente contradicción de AMLO al pronunciarse a favor de un mando militar para la Guardia Nacional podría explicarse, como lo hace Jorge Volpi, suponiendo que los congresistas de Morena votaron por un mando civil con el consentimiento implícito del presidente y como parte de “un meticuloso plan para arrebatarles (a los militares) la seguridad pública sin perder su apoyo”).

De este modo, sin la construcción simbólica de ese ubicuo “narco” que se extrapolaba a casi cualquier ciudadano del país, la violencia podría disminuir aún con el Ejército patrullando en las calles porque carecería precisamente de un escenario de guerra y de un enemigo doméstico a combatir. Esto dependerá, desde luego, de que este nuevo lenguaje funcione verdaderamente como el principio rector del entrenamiento y las estrategias de operatividad de la Guardia Nacional.

En tanto, quienes insisten en que el problema esencial es la militarización por si sola, pueden remitirse a los sistémicos abusos policiales que cotidianamente martirizan la vida de la población negra e hispana minoritaria en Estados Unidos. Sin militares de por medio, el alarmante número de asesinatos de ciudadanos desarmados se debe en buena medida a una codificación simbólica del negro y del hispano precarizados como enemigos del orden social.

En ese contexto, el mando civil tiene escasa relevancia entre corporaciones policiacas con altos grados de impunidad, con deliberadas políticas de ocultamiento de información sobre los asesinatos de civiles y con una continua militarización de sus agentes por medio de entrenamiento y equipo proveniente de las zonas de guerra controladas por el ejército estadunidense.   

Intercambiar militares por policías con un mando civil o militar en nuestro país, igualmente acostumbrado a la impunidad policiaca y militar como expresión normalizada del aparato judicial, no hará mella en la ola de violencia si primero no cambia nuestra percepción de aquellos a quienes nos hemos acostumbrado a imaginar como enemigos de la sociedad (“narcos”, migrantes indocumentados, “huachicoleros”, pandilleros, etcétera) negándoles el derecho a la ciudadanía que nos apresuramos a defender para nosotros mismos.  

El filósofo francés Étienne Balibar concibe los procesos de emancipación no como el desarrollo depurado de un mejor gobierno estructurado en nobles políticas de bienestar social. De hecho, explica, “la historia entera de la emancipación no está tanto en la historia de los reclamos de derechos desconocidos sino en la verdadera lucha por gozar de los derechos que ya se han declarado. Y agrega: “la batalla en contra de la negación de la ciudadanía es de hecho el corazón vital de las políticas de emancipación”.

Sin un discurso de guerra, ya no habrá un enemigo doméstico supuestamente acechándonos en las orillas de la sociedad civil. Completemos el proceso de pacificación impidiendo que el Estado declare otra vez su violencia en contra de quienes no podrán defenderse, de quienes de hecho no pudieron defenderse en los últimos 12 años: los pobres, los desplazados, los que no recibieron una educación, los faltos de recursos, y luego, trágicamente, de futuro. Obliguemos a la Guardia Nacional a reconocer para todos, sin excepción, las garantías de una misma ciudadanía en tiempos de paz.
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* Oswaldo Zavala es periodista y profesor investigador en la City University of New York (CUNY). Parte de esta reflexión proviene de su más reciente libro Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (Malpaso 2018). Twitter: @oswaldo_zavala. 
Publicado en la edición 2211 de Proceso

1  “Guardia Nacional contará con 80 mil oficiales para fin de año, prevé Durazo”, Notimex (28 de febrero, 2019).
2  Isaí Lara Bermúdez, “150 mil 992 ejecutados: la herencia de Peña”, Zeta (3 de diciembre, 2018).
3  Véase, entre otros estudios: Valeria Espinosa y Donald B. Rubin, “Did the Military Interventions in the Mexican Drug War Increase the Violence?”, The American Statistician, 69.1 (2015): 17-27.
 4 Ricardo Raphael, “Guardia Nacional: ¿desmilitarizar militarizando?”, Proceso (15 de enero, 2019).
5  Kirk Semple y Paulina Villegas, “México aprueba una Guardia Nacional de sesenta mil elementos que, según sus críticos, es más de lo mismo”, The New York Times (1 de marzo, 2019).
6 Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo sacer II, I (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005, p. 15).
7  “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que debemos librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”. “Presidente Calderón: discurso completo en el auditorio”, El Universal (1 de diciembre, 2006).
8 Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas, “Índice de letalidad 2008-2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad”, Perfiles Latinoamericanos (25.50. Flacso México, pp. 331-359, p. 334).
9 Daniela Rea, Mónica González y Pablo Ferri, Cadena de mando (cadenademando.org.).
10 “El Senado aprueba por unanimidad la creación de la Guardia Nacional con mando civil”, Animal Político (21 de febrero, 2019).
11 Andrés Manuel López Obrador, “Plan nacional de paz y seguridad. 2018-2024”, Transición.mx, 2018.
12  Idem, pp. 8-9.
13  “El próximo gobierno planteará a la ONU despenalizar drogas: Sánchez Cordero”, Proceso (22 de agosto, 2018).
14 Dennis A. García y Fabiola Martínez, “Cesará persecución a consumidores de droga: Durazo Montaño”, La Jornada (25 de enero, 2019).
15 Rubén Mosso y Jannet López, “Ya no hay guerra: AMLO”, Milenio (31 de enero, 2019).
16 Jorge Volpi, “Civil”, Reforma (23 de febrero, 2019).
17  Germán López, “American police shoot and kill far more people than their peers in other countries”, Vox (14 de noviembre, 2018).
18 Étienne Balibar, Politics and the Other Scene (New Yok: Verso, 2002, p. 6).

24.1.19

La Guardia Nacional, un grave retroceso




CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se ha presentado ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar algunos artículos de la Constitución Política relacionados con la Guardia Nacional. Es la primera. Se anuncia otra con el fin de cambiar el artículo 19.

El nuevo gobierno, a pesar de haber estado unos 40 días en el poder, ya incurrió en los vicios de los anteriores. Tres de ellos son graves: uno, el de reformar la Constitución una y otra vez; el otro, utilizar a las Fuerzas Armadas para “combatir” a la delincuencia, y el último, proponer la desaparición de la Guardia Nacional como una institución ciudadana y convertirla en un apéndice del Ejército y de la Armada de México.

Se pretende pacificar el país, restablecer el orden y el respeto a la ley, a base de reiterar fórmulas que no dieron resultado en el pasado y que, en cambio, derivaron en agravios de la sociedad, en demérito del estado de derecho y sacrificio de la sociedad civil.

El militarismo que prevaleció en buena parte del siglo XIX y en los inicios del XX llevó a los constituyentes de 1917 a someter las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, a excluirlas de la política activa y a salvaguardar de la acción de los militares a los particulares.

A ninguna otra institución le han sido impuestas más limitantes que a las Fuerzas Armadas. Lo hicieron tanto los constituyentes de 1857 como el de 1917. El primer jefe Carranza fue el más acérrimo adversario de los militares; a pesar de ser jefe del Ejército Constitucionalista, nunca aceptó ostentar un grado militar. Tenía sobradas razones para desconfiar de ellos: Victoriano Huerta y otros generales habían acabado con Madero, Pino Suárez y muchos más. Los casos de Veracruz en 1879, y posteriormente los de Huitzilac, Tlatelolco, Tlatlaya y otros son ejemplos que pondrían sobre aviso a cualquiera.

La Constitución Política prevé la existencia y el funcionamiento de la Guardia Nacional; dispone que debe existir en forma paralela al ejército regular, estar conformada por civiles armados y disciplinados. También dispone que son los miembros de ella los que deben elegir a sus jefes y oficiales en forma democrática; los gobernadores de las entidades son los responsables de instruirla y, llegado el caso, de disponer de ella para hacer frente a los problemas de violencia que superen a la policía preventiva, al Ministerio Público y a la policía ministerial.

En el fondo, la existencia de la Guardia Nacional se previó con el fin de neutralizar al ejército regular. En el pasado gente ignorante de la historia, para hacer frente a un problema de delincuencia, en forma irresponsable sacó al ejército de sus cuarteles. Lo hizo en contra de lo dispuesto por el texto constitucional. La actual administración quiere ir más allá: para hacer frente a un problema transitorio, se propone suprimir de manera permanente el marco constitucional civilista, someter la Guardia Nacional a las autoridades militares y dar base jurídica para que éstos asuman de manera permanente la función de perseguir a los delincuentes.

Es torpe destruir instituciones, aunque sean teóricas, para ver qué pasa. Es impolítico, sin existir necesidad, ponerse en manos de alguien que pudiera salir de control. No es aconsejable encender un cerillo para ver cuánta gasolina tiene un depósito.

La Constitución cuenta con los instrumentos para hacer frente a fenómenos políticos para los cuales las instituciones regulares se muestran incapaces. El presidente Juárez, en su momento, no dudó en recurrir al artículo 29 para suspender los derechos y garantías y asumir el ejercicio de facultades extraordinarias. Mediante ellas salvó la República y la independencia nacional.

México está urgido de un nuevo Juárez, de contar con un dirigente que con altura de miras y valor lo salve de la delincuencia generalizada, la anarquía y la corrupción. No necesita un Victoriano Huerta.

En un Estado gobernado por civiles es peligroso sacar al ejército y los tanques a la calle; la experiencia ha demostrado, en México y América Latina, que una vez que salen de sus cuarteles, por estar obligados a mirar siempre al frente, olvidan el camino de regreso; desconocen su sumisión a sus jefes civiles y pasan por alto el respeto a las leyes.

Victoriano Huerta esperó la oportunidad para traicionar a las autoridades civiles; con la reforma que se propone, sus promotores están dando a los militares la oportunidad de volver a hacerlo.

Respecto de la iniciativa de reformas a la Constitución se presentan varias opciones:

La primera, que se acepte la propuesta en sus términos, lo que implicará la desaparición permanente de la institución civilista llamada Guardia Nacional y que, bajo el mismo nombre, se dé origen a un apéndice de las Fuerzas Armadas para realizar funciones que no tienen exacta conexión con la disciplina militar, en violación del sentido del actual artículo 129 constitucional.

De aprobarse en sus términos, con la reforma se eliminarían algunos aciertos que existen en los textos vigentes; también se quedaría corta porque no eliminaría los vicios que se observan en esos mismos textos; entre otros los siguientes:

De conformidad con la fracción III del artículo 31 constitucional, la Guardia Nacional tiene por objeto “asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior”.

Por virtud de la reforma desaparecerían del texto constitucional los fines, por demás encomiables, que por ese mandamiento debe tener la Guardia Nacional.
Por otra parte, se propone reformar la fracción XV del artículo 73 constitucional, pero existe incongruencia entre el texto de la reforma y la exposición de motivos. En la propuesta se propone facultar al Congreso de la Unión “para expedir leyes que reglamenten la organización…”.

En cambio, en la exposición de motivos se alude a que “dispone como facultad del Congreso la de expedir la ley relativa al ámbito de actuación y el diseño organizativo de la Guardia Nacional. Dicha ley establecerá además …”.

En este caso lo correcto y adecuado sería aludir a una sola ley, tal como se hace en la fracción XXIX H del propio artículo 73: “Para expedir la ley que instituya el Tribunal…”.

La fracción XV pudiera quedar de la siguiente manera:

“XV. Para expedir la ley que regule la existencia, organización, funcionamiento, atribuciones, disciplina, profesionalización y uso de la Guardia Nacional”.
En la iniciativa se propone modificar la fracción VII del artículo 89; esta parte del proyecto atenta contra la autonomía de las entidades federativas y rompe con el sistema de distribución de facultades previsto en la Constitución. Es el más defectuoso de la iniciativa.

De conformidad con los artículos 21 y 124 constitucionales, la seguridad interior de las entidades federativas es una función que se han reservado ellas y la ejercen como una característica de su autonomía.

Por virtud de los principios que regulan el Pacto Federal (artículos 39, 40 y 41 constitucionales) y de lo dispuesto por el artículo 121 de la Carta Magna, los poderes y autoridades de las entidades federativas únicamente pueden actuar dentro de sus límites territoriales. Ciertamente, en ejercicio de la atribución de perseguir a delincuentes sorprendidos in fraganti, pueden rebasar los límites de su entidad, pero esto es excepcional.

Del texto del proyecto parece desprenderse que, por una orden de la dependencia correspondiente, la policía auxiliar de una entidad podrá operar fuera de los límites territoriales de cada entidad. Lo anterior atenta contra lo dispuesto por el Pacto Federal y los artículos 119 y 121 constitucionales.

También sería contrario a los principios que regulan el Pacto Federal el confiar a una “dependencia” la facultad de ordenar, disponer y reglamentar a la policía auxiliar. Organizar esta policía es una facultad que corresponde a las legislaturas de las entidades, que lo hacen a través de una ley. Los reglamentos locales son los que determinan la disciplina y mandos de esos cuerpos de policía.

Las facultades de ordenar y reglamentar han sido confiadas, por regla general, al presidente de la República (artículos 89, fracción I y 92). Cuando se trata de coordinar una actividad entre la Federación y las entidades, ello siempre se hace a través de una ley que da el Congreso de la Unión.

En la iniciativa, en forma por demás defectuosa, se prevé la posibilidad de que lo haga “la dependencia correspondiente”.

En el caso la exposición de motivos, a base de repetir el texto del proyecto, más que aclarar la intención de la reforma la hace confusa.

De insistirse en que se apruebe la reforma pese a sus múltiples vicios y defectos, habría que afinar la iniciativa y, en lo posible, eliminar los defectos técnicos y de redacción. El proyecto, en general, es defectuoso. El manejo del español y de la gramática no es el fuerte de sus autores. Sólo ellos fueron capaces de redactar lo siguiente:

Artículo 16 constitucional: “Los detenidos deberán ser puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil. En todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención.”

Tan fácil hubiera sido disponer, por ejemplo:

“Sin demora los detenidos deben ser puestos a disposición de las autoridades civiles competentes. En todos los casos se llevará un registro de la detención.”
Artículo 21 del proyecto: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, las cuales actuarán bajo la conducción jurídica del primero en el ejercicio de esta función.”

El precepto podría quedar más claro, por ejemplo, con la siguiente fórmula:

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional; éstas, en el ejercicio de sus funciones, actuarán bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.”

El vínculo que une a un individuo con las Fuerzas Armadas es indisoluble; sólo termina con la muerte. Alguien que ha sido dado de baja siempre puede ser llamado a filas. Por ello, disponer que para ser jefe de la Guardia Nacional sea requisito no pertenecer a las Fuerzas Armadas al momento de la designación, no es ninguna garantía. Se correrá el riesgo de actuar en fraude a la ley al acordar la baja de un militar en activo únicamente con el propósito de eludir una supuesta limitante. Habrá que evitarlo. La solución apunta en el sentido de que en la fracción XIV del artículo 73, que pretende reformarse, se incluya una cláusula en los siguientes términos:

“Art. 73, frac. XV: Para ser jefe de la Guardia Nacional se requiere ser mexicano por nacimiento, en pleno uso de sus derechos, con una edad mínima de treinta y cinco años y no haber pertenecido al Ejército, Marina o Fuerza Aérea.”

Existe una diferencia entre lo que es un estado de derecho auténtico y otro que no lo es: en el primero existe, como virtud, el buscar cumplir la ley y como vicio el eludirla; en la segunda clase, es un vicio cumplir la ley y una virtud el buscar cómo no cumplirla. No convirtamos en vicio lo que debe ser virtud.

En materias tan delicadas no es aconsejable precipitarse. Lo ideal sería que la reforma no pasara. Si se insiste en que siga adelante habrá que cambiar la iniciativa en el fondo y la forma. Sería deseable que los legisladores de oposición frenen el intento de militarizar el país o se esfuercen en corregir la iniciativa. Pero no hay muchas esperanzas: los partidos a los que representan, en los hechos militarizaron anteriormente el país.
 
* Profesor de derecho constitucional por más de 50 años y autor de un tratado en la materia en cuatro tomos