Javier Buenrostro
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha ido de la mano
de la recesión económica más grande desde la Segunda Guerra Mundial
y, en el caso de Estados Unidos, desde la Gran Depresión de 1929.
Esta crisis ha sido denominada por los economistas como el "Gran
Cierre" (The Great Lockdown) debido a que las fronteras de muchos
países tuvieron que suspender la recepción de mercancías y personas.
Algo similar ocurrió con los mercados internos, donde muchísimos
negocios locales han tenido que permanecer cerrados.
A principios de mayo comenzó la reactivación de actividades en
España, Italia y Francia. En el caso de México, se ha previsto una
reapertura gradual, determinada por un semáforo que indicará qué
actividades se permiten, de acuerdo al color vigente y acordado
regionalmente. Estas cuestiones ayudan a controlar la pandemia pero
están afectando severamente las finanzas nacionales, y lo más grave
es que se vive una crisis de empleo que impacta directa y
profundamente a las economías familiares, especialmente a las de
menores ingresos.
Todo esto hace que la discusión haya girado en torno a cuál camino
recorrer para que la recuperación económica sea más expedita.
Existen distintos escenarios para esa recuperación y se especulan si
esta se dará en forma de L, U, V o W. Otra cuestión que lleva a
debate es la forma en que se debe promover esa recuperación: si con
deuda pública o privada, si con subsidios y transferencias directas
a los más necesitados o con créditos fiscales a las grandes
empresas, con un fortalecimiento de la industria nacional, dado que
el turismo no volverá a ser el de antes en el corto plazo, etc.
En el caso mexicano, hay un fuerte debate en torno a la conveniencia
del Estado por tomar deuda, principalmente de los organismos
internacionales, cuyas líneas de crédito son una vía para que el
dólar no se hunda estrepitosamente en esta crisis. Mientras que los
empresarios claman porque el Estado contraiga más deuda y los
rescate, como ha ocurrido en el pasado, el presidente López Obrador
se ha negado enfáticamente, debido a que una de sus principales
banderas siempre ha sido impedir que la deuda pública siga creciendo
como en el pasado.
¿Por qué esa reticencia (necedad, dicen los opositores) a tomar
deuda? Bueno, primero por la propia historia económica mexicana, que
enseña que esta ha sido un detonante para acciones fraudulentas que
hacen millonarios a privados con recursos públicos. El rescate
bancario de 1995, conocido como Fobaproa, permitió que las deudas
privadas de unos cuantos se convirtieron en una deuda pública casi
diez veces mayor al monto original, que no podrá ser cubierta antes
de 2070.
Este es el problema de la adquisición de deuda en realidad: el pago
de intereses. Una persona común y corriente, cuando usa su tarjeta
crédito con singular alegría, suele ser consciente del monto de
capital que debe pero pasa por alto los intereses que genera, y que
es lo que suele complicar tanto los pagos y compromete su
disponibilidad financiera en el futuro. Eso mismo ha pasado con
México y muchos países, a pesar de contar con economistas
aparentemente capaces.
Por ejemplo, el pago de intereses por el Fobaproa es de más del 70 %
de la deuda pública, por lo que en 2019 se destinaron alrededor de
25.000 millones de dólares, solo para cumplir con esta obligación.
Son 25.000 millones de dólares por intereses anuales que gana la
banca privada, por un préstamo que se hizo para rescatarlos
precisamente a ellos y a grandes empresarios amigos suyos. Suena
paradójico, por decir lo menos, pero siendo claros: esel cinismo de
la corrupción gubernamental y empresarial que pavimentó el más
grande fraude en la historia de México. Todo legal, por cierto.
Después del fraude electoral de 2006, llevado a cabo por la derecha
con la ayuda de las autoridades e instituciones "autónomas" del
foxismo, Felipe Calderón emprendió una "Guerra contra las drogas",
como manera de legitimarse ante el pueblo de México. Esta tarea se
la dejó a su mano derecha en los temas de seguridad, Genaro García
Luna, que el día de hoy está preso en Estados Unidos por sus
vínculos con el Cartel de Sinaloa, convirtiéndose en el primer
exsecretario mexicano a nivel federal procesado por narcotráfico.
Para financiar a García Luna y la "Guerra contra los drogas",
Calderón recurrió a un mayor deuda pública que, de 2007 a 2016,
creció del 28,8 a 48,7 % del PIB, lo que significa un aumento de
casi 70 % en una década.
Hoy en día, debido a la crisis económica y aun sin pedir más dinero,
ya ha habido un aumento de la deuda en proporción al PIB por la
fuerte contracción que tendrá este en 2020 y la depreciación del
peso, que ya se ubica alrededor del 52 % del PIB. Algunos afirman
que es un nivel de deuda manejable y que puede ampliarse, poniendo
como ejemplo a algunos países europeos o a Japón que tiene una deuda
del 200% del PIB. Olvidan de manera conveniente que, a diferencia de
estas economías que utilizan endeudamiento como financiamiento para
la reactivación económica, las tasas de interés aplicables a México
se encuentran entre las más altas a nivel internacional, ocasionando
un mayor costo financiero. Por ejemplo, Japón tiene mayor deuda pero
también tiene tasas de interés negativas.
El costo financiero de la deuda en México es más de lo que se le
destina a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad. Es dos
veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública y cuatro
veces lo destinado a los programas sociales. Y casi todo se va al
pago de intereses, por lo que la deuda permanece casi intacta.
Es la deuda de los gobiernos anteriores lo que mantiene a este
gobierno atado de pies y manos para ejercer un mayor gasto social.
Para evitar que el endeudamiento del gobierno mexicano y la
problemática que viene de la mano de este siga creciendo como una
bola de nieve, hay dos elementos claves a corto y mediano plazo. Uno
es aumentar la recaudación tributaria y el otro es la reducción de
las tasas de interés.
La recaudación de México es históricamente de las más bajas del
continente, con solo 16% del PIB, mientras que en la actualidad el
promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), a la que pertenece México, es del 34 %. Ya en
1960, el "Informe Kaldor" criticaba la mala recaudación que había en
México, algo que no cambió en estos sesenta años. Pero el gobierno
de López Obrador ha modificado esta inercia e incluso invertido la
tendencia mundial en esta crisis.
En los primeros cinco meses del año, la recaudación aumentó, con
todo y crisis, en un 5%, en contraste con Argentina, que cayó
alrededor de un 30%, o España, que tuvo una contracción del 70%.
Esta mayor recaudación tiene especial mérito porque se ha hecho sin
aumentar un solo impuesto, algo que también fue una promesa de
campaña de López Obrador, al menos para los primeros tres años de su
gobierno. Una proyección de lo hecho hasta ahora indica que sin una
crisis económica presente, la recaudación en México pudiera
aumentarse entre un 20 y 25 % anual continuando por la misma ruta,
sin necesidad de implementar nuevos impuestos. Con una reforma
fiscal en la segunda mitad de su sexenio se podría llegar quizás
hasta el doble.
Por otra parte, la reducción de las tasas de interés es
responsabilidad del Banco de México, un organismo autónomo del poder
ejecutivo que a lo largo del año ha recortado cuatro veces la Tasa
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) para ubicarse en la
actualidad en un 5,5 %. Estas medidas son positivas pero
insuficientes. El Banco de México ha estado actuando muy
timoratamente o quizás protegiendo los intereses de la banca
privada, porque la tasa de interés se podría colocar perfectamente
en 4 o 3,5 %, de acuerdo al resto de los indicadores de la economía.
Esta postura tardada y temerosa del Banco de México (probablemente
solo llegue a 4,5 en un futuro cercano) está ralentizando y
encareciendo la reactivación económica, por lo que una postura más
decidida ayudaría mucho al grueso de los mexicanos y no solo a la
banca privada.
El gobierno de López Obrador hace bien en evitar adquirir deuda que
solo ataría más el futuro de México. Hay que recordar el teorema de
equivalencia ricardiana, que afirma que la deuda de hoy son los
impuestos de mañana. Esto además conlleva una mayor presión de
gasto, por lo que hay que evitar un mayor endeudamiento hasta donde
sea posible, aunque tal vez pudiera ser inevitable.
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17.6.20
8.7.19
Hegemonía financiera y neodesarrollismo subordinado en México
José Luis Ríos Vera
Muy distinto a las políticas del Estado desarrollista en las décadas de los sesenta y setenta, el neodesarrollismo mexicano de nuestros días se inscribe como un modelo de “desarrollo económico” relativamente permisible dentro del orden político y económico del neoliberalismo financierista hegemónico.
El nuevo gobierno mexicano de “reconciliación nacional”, es decir, un orden político de representación pluriclasista, implica una coexistencia compleja, contradictoria y desigual de intereses de distintas clases y sectores sociales.
Es necesario conocer la naturaleza viva de esta coexistencia, sus repercusiones en el Estado y en el desenvolvimiento de la economía, así como reflexionar sobre su dinámica, sus tendencias, y sus efectos en las luchas populares.
Subordinación neodesarrollista
Las “políticas sociales” defendidas y principalmente promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), coexisten dentro de una reingeniería presupuestal construida por la secretaría de Hacienda, acotada y subordinada a las políticas económicas (monetaria, fiscal, cambiaria) dominadas por el capital financiero local e internacional.
El alcance de los “programas de bienestar” y de las “políticas redistributivas” está sujeto a lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 denomina -desde el inicio de su lectura- como el aseguramiento primordial de “las finanzas públicas y del sistema financiero”.
En su Carta a los inversionistas nacionales y extranjeros (Abril/2018) [1] , y a partir de ahí, en distintos informes y discursos, AMLO se ha comprometido a respetar los imperativos neoliberales del capital financiero:
1. Respeta la independencia del Banco de México: con ello renuncia al papel dinamizador de la economía del Banco Central y acepta que un equipo de “técnicos” “independientes” subordinen el crecimiento y desarrollo de la economía a los principios de “estabilización”;
2. Acepta los dictados de la disciplina fiscal: con el dogma del “equilibrio fiscal” AMLO renuncia a utilizar un poderoso instrumento de apalancamiento y expansión económica supeditando el crecimiento económico;
3. Avala la ortodoxia de la política monetaria: respetando las “metas inflacionarias” reproduce las elevadas ganancias de la fracción financiera mediante altas tasas de interés. [2]
Sometidas las finanzas públicas a la ortodoxia financierista neoliberal, y renunciando a una Reforma Hacendaria progresiva que establezca impuestos a quien más tiene, AMLO estrecha sus márgenes de intervención y recurre al “combate a la corrupción” y a la “austeridad republicana” como “nuevas políticas económicas” para financiar y generar el “desarrollo”. En este sentido, la raíz de la austeridad se encuentra en el marco incólume y dominante de la hegemonía neoliberal, reconocida desde su Carta a los inversionistas.
Ahora bien, no obstante el predominio de los intereses de las fracciones dominantes, un gobierno de “unidad nacional” puede caracterizarse por una relación conciliatoria y al mismo tiempo contradictoria con las fracciones políticas y económicas del gran capital.
Neodesarrollismo: Convergencia y contradicciones
En el proyecto neodesarrollista y de conciliación de clases, además de una convergencia con las fracciones dominantes (que expusimos en un artículo anterior [3] ), pueden presentarse –y se presentan– fuertes disputas y divergencias entre éstas y el Estado neodesarrollista.
Disputas y tensiones
Existen tensiones entre el neodesarrollismo que defiende el papel del Estado en la regulación de la economía, su papel de “promotor del desarrollo”, la construcción de un nuevo andamiaje institucional para este efecto, el papel estatal en la soberanía energética, la “justicia social”, etc., frente al neoliberalismo ortodoxo que postula a sangre y fuego el adelgazamiento estatal, organismos “autónomos”, y la libertad de mercado como principio de “racionalización” social.
Dentro de este cuadro, es notorio el descrédito de la oligarquía a los “programas sociales” del nuevo gobierno, ya que considera que un mayor “gasto social” debilita la “inversión pública” (productiva) e inhibe el crecimiento económico. [4] Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los recursos orientados a los “programas sociales” muestran “un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos”, por lo que demanda una austeridad “racional” y “estratégica”. [5]
Asimismo, dentro de estas contradicciones, se entienden las evaluaciones negativas de las calificadoras internacionales, verdaderas personificaciones del capital financiero.
A principios de junio, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda de Pemex y CFE, así como de la deuda del Estado mexicano. [6] En su análisis, arguyen sobre el deterioro del marco crediticio de Pemex, el carácter “insuficiente” de su inversión en su actividad principal que “podría llevar a una mayor caída de la producción y disminución de las reservas”. Ante la situación que asumen de Pemex, sostienen que existen “riesgos” para las finanzas públicas, los cuales profundizan la debilidad macroeconómica, todo lo cual, según las calificadoras, presiona hacia un recorte en la calificación soberana de México.
A todas luces, el gran capital local e internacional es contrario a los proyectos de capitalización de Pemex, a los planes de incremento de su capacidad de producción y refinación, al fortalecimiento de CFE, en suma, de soberanía energética. Distintas fracciones del capital, y el capital financiero por delante, tienen enormes intereses en la riqueza energética de México. De ahí que rechacen que el gobierno intervenga y amenace la “autonomía” de órganos reguladores, tales como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Los grandes capitales asumen como prácticas que “dinamitan” la “certidumbre de los inversionistas”, los siguientes actos del gobierno: 1) sometió a revisión los contratos de participación privada originados con la Reforma Energética; 2) procedió –hasta ahora– a la cancelación de procesos de licitación para empresas privadas principalmente de gas programadas para octubre de este año –farmouts–; 3) puso fin –hasta ahora– a la creación de nuevas subastas eléctricas y petroleras; 4) Pemex declaró la suspensión de proyectos de inversión en aguas profundas, priorizando los trabajos en aguas someras y proyectos en tierra para este sexenio; 5) el ejecutivo canceló el permiso de la CNH para el uso del fracking en el campo de Humapa.
Más recientemente, los grandes capitales de la mano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber), y de la embajada de Canadá, han rechazado que el gobierno lleve a tribunales internacionales a la empresa Ienova (de Sempra Energy), Carso Energy –Grupo Carso–, TC Energy TransCanada, y Fermaca grupo Carso, por las “cláusulas abusivas” derivadas de “contratos leoninos” que el gobierno anterior estableció con dichas empresas para la construcción de gasoductos, como el de Texas-Tuxpan (800 km.), y el que atraviesa de Samalayuca (Chihuahua) a Sásabe (Sonora), con una extensión de 650 km., entre otros.
El papel de las Calificadoras y el “terrorismo económico”
Las tensiones son de tal magnitud, que vemos la permanente vigilancia y presión de las calificadoras internacionales y grupos empresariales para encauzar y disciplinar las políticas del actual gobierno. En terrenos fundamentales como los expuestos al inicio de este artículo, el capital financiero ha subordinado al Estado neodesarrollista. En otros terrenos, como en la política energética, el Estado busca actuar dentro de ciertos márgenes de maniobra.
Uno de los principales instrumentos de fuerza de que dispone el poder financiero es el “terrorismo económico” y el “chantaje catastrofista”. Estos amenazan con la pérdida de la calificación crediticia de las empresas del Estado (Pemex, CFE) o del endeudamiento público y externo, esto es, la deuda soberana del Estado.
El “costo económico” de la degradación de la nota crediticia de la deuda soberana residiría en la elevación del endeudamiento, la salida de capitales del país, devaluación de la moneda, quema de reservas internacionales, cierre de empresas, aumento de la desocupación, etcétera. Un país periférico con la mayor vulnerabilidad y dependencia externa está a merced del poder financiero transnacional.
Como se evidenció con las amenazas de Trump de imponer cuotas arancelarias a las exportaciones “de México”, que hizo capitular la política migratoria del Estado mexicano, el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación tiene sobre sí la espada de Damocles de la finanza internacional, la cual, permanentemente busca su disciplinamiento ante cualquier movimiento que ponga en riesgo la “estabilidad financiera”. Es esta la siniestra dinámica del capital financiero internacional.
Ante ello, la pregunta es: ¿existen garantías locales o globales que aseguren la estabilidad económica? ¿Es posible contar con garantías contra la fuga de capitales? Si no existen tales garantías, ¿por qué el gobierno acepta el chantaje financierista?
La subordinación al poder financiero explica la abdicación del gobierno de “reconciliación nacional” respecto al trípode hegemónico neoliberal (fiscal, monetario, cambiario) e incluso en materia hacendaria, lo cual ha llevado a que el FMI, bancos comerciales y de inversión, celebren al nuevo gobierno por la “moderación” y “responsabilidad” del presupuesto público de 2019.
Cabe subrayar que desde la campaña electoral con su coalición “Juntos Haremos Historia”, AMLO se comprometió a respetar los compromisos suscritos por él y su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con el poder financiero.
Compromisos y límites para el bienestar
Además de la “disciplina fiscal” y los “equilibrios macroeconómicos”, los compromisos abarcan la estabilidad del endeudamiento público, la sumisión acrítica e incuestionable del saldo histórico de la deuda pública, y por consecuencia, del costo financiero de este endeudamiento (que incluye pago de intereses, comisiones, amortizaciones), y las metas del superávit primario, compromisos que en conjunto representan sólidas limitantes para el establecimiento de un Estado social de bienestar.
Es por ello el mayor énfasis puesto por AMLO a los “mecanismos de ahorro” y “financiamiento del gasto”, como son, el “combate a la corrupción” y la “austeridad republicana”. Esta última, lejos de limitarse a la llamada esfera dorada de la burocracia, impacta con fuerza en los trabajadores del servicio público del Estado, en su mayor parte en los trabajadores precarizados, sin organización sindical, y de la base de la estructura salarial (médicos, profesores, administrativos, artistas, etc.). En este cuadro de austeridad, agudizado en el contexto actual de desaceleración económica y ajuste, se intensifica su repercusión en el deterioro de los servicios esenciales del Estado (salud, educación, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, deporte, etc.,) que reproducen la penuria social legada por el neoliberalismo, y que acrecienta las manifestaciones de rechazo.
La oligarquía financiera subordina la política social
Los 18 proyectos sociales prioritarios del gobierno (entre los que destacan, Pensiones para Adultos Mayores, Tren Maya, Corredor Transístmico, Sembrando vida, Caminos rurales y modernización de Infraestructura, Universidades para el Bienestar, Internet para todos, Jóvenes Construyendo el Futuro, etc.), representan según datos de la secretaría de Hacienda, el 1% del PIB (equivalente a 251 mil millones de pesos) [7] . En contraste, el pago por el costo financiero de la deuda pública cubre el 3% del PIB, y es equivalente a poco más de 749 mil millones de pesos (mmp) en 2019. (Ibid, p. 132)
Si consideramos el superávit primario, que representa la diferencia entre los gastos del gobierno respecto a sus ingresos (sin considerar el pago de la deuda), el cual es transferido al pago de la deuda pública, asciende en este año al 1% del PIB, equivalente a poco más de 240mmp (Ibid, p. 132). Tan solo este superávit primario –otra raíz de la austeridad–, es equivalente a los programas sociales prioritarios de AMLO.
Al sumar el costo financiero y superávit primario (2019) y contrastarlo en relación a los programas sociales prioritarios, la proporción es de 4 a 1. Un billón de pesos que se transfiere a la oligarquía financiera frente a 251mmp en los programas de desarrollo social en el año de 2019. La oligarquía financiera subordina la política social de bienestar.
Al considerar solo el presupuesto de 2019 aprobado para Cultura, equivalente a $12 mil 894 millones de pesos, vemos que éste representa el 5% del superávit primario que el gobierno mexicano se comprometió a transferir a la esfera financiera. Si contrastamos el presupuesto de Cultura con el costo financiero del endeudamiento público en 2019, vemos que éste último representa más de 50 veces el presupuesto destinado al desarrollo de Cultura de la sociedad mexicana.
Como puede observarse, dada la hegemonía neoliberal en el orden de “las finanzas públicas y del sistema financiero”, son manifiestas las limitaciones en las políticas redistributivas y de bienestar promovidas por el gobierno dirigido por AMLO. Más que un modelo “posneoliberal”, lo que tenemos es un bienestarismo neoliberal.
Las tendencias del bienestarismo neoliberal bajo la hegemonía financiera
Son de gran significación las críticas y cuestionamientos al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación dada sus limitaciones respecto a la doctrina neoliberal y el poder financiero local e internacional, los cuales repercuten en la restricción del bienestar social.
De acuerdo con las “perspectivas económicas y fiscales de mediano plazo” elaboradas por la propia Secretaría de Hacienda dirigida por Carlos Urzúa, un hombre comprometido con el sistema financiero, el gobierno de la Cuarta Transformación estima mantener para el periodo 2020-2024, una transferencia de riqueza (en promedio anual) hacia la oligarquía financiera por concepto de costo financiero, el 3% del PIB, y por concepto de superávit primario, el 1% del PIB [8] . Se trata de exorbitantes montos de riqueza muy cercanos a los de 2019. Esto es, en conjunto suman alrededor de un billón de pesos anuales! ¿A título de quién acepta el nuevo gobierno estas transferencias que atentan contra la nación?
En este orden, si sumamos las transferencias estimadas para el conjunto del sexenio de la Cuarta Transformación, tenemos una transferencia programada de alrededor de 6 billones de pesos, ¡más de un Presupuesto Público de la Federación para la economía improductiva!
Llama la atención que el gobierno anterior que elevó el endeudamiento público cerca del 100% (más de 5 billones de pesos sin contrapartida en el crecimiento económico), solo en el año de 2017 y 2018 realizó superávit primario (1.4% y 0.6%, respectivamente). Además de que estableció un costo financiero mayor al sexenio de Felipe Calderón y mucho menor al programado por el nuevo gobierno. Son evidentes los compromisos del nuevo gobierno con la disciplina fiscal y financiera.
Como resultado, tenemos que el saldo histórico de los requerimientos del sector público en 2019 equivale al 45.3% del PIB, y se estima para el año 2024 en 44.9% del PIB (Ibid. p.106). Se entregaría más del 100% del Presupuesto Púbico (por ejemplo, el relativo al año 2019) en el sexenio, y se reducen solo cuatro décimas. ¡Es la dinámica del imperialismo financiero!
De acuerdo con estas tendencias, es fundamental cuestionar la naturaleza del endeudamiento público, su carácter antisocial, monopólico, corrupto e ilegítimo. Desde la socialización de las pérdidas de los bancos (Fobaproa/IPAB), hasta las prácticas monopólicas en que incurren intermediarios financieros con bonos que emite el Estado [9] , el nulo beneficio social y ambiental por el endeudamiento, entre otras muy distintas razones y argumentos, puede y debe ponerse en cuestionamiento el pago de las deudas heredadas por el “viejo régimen”.
Así como se ha llevado a arbitraje internacional cuestionándose los contratos “leoninos” en megaproyectos como los gasoductos, o se ha optado por la revisión de los contratos de inversión originados con la reforma energética, es de vital trascendencia demandar auditorías transparentes sobre el histórico endeudamiento público, e impugnar su pago en las partes y segmentos que requieran ser objetados.
Como señala el especialista en el problema de la Deuda y el sistema financiero, Eric Toussaint, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas ilegítimas (CADTM), la historia de México encierra una rica historia de impago. Benito Juárez, V. Carranza, A. Obregón, reclamando las facultades soberanas de la nación, impugnaron en su momento el pago de las deudas ilegítimas. Y más recientemente, Argentina (2001) y Ecuador (2007), en ejercicio de su soberanía, rechazaron el pago de las deudas ilegales. Contrario a las bravatas catastrofistas de “caos económico” e “inestabilidad financiera”, el resultado de estas experiencias fue la recuperación económica, el crecimiento sostenido del PIB, la creación de empleo, y la mejora de los indicadores sociales. [10]
El endeudamiento ilegítimo y su costo financiero socava el bienestar y reproduce el subdesarrollo. Las transferencias de riqueza hacia oligarquías locales y extranjeras acentúan la desigualdad y agravan la dependencia y vulnerabilidad respecto al exterior. Con la subordinación financierista, la economía mexicana agudiza los procesos de desacumulación consustanciales a la incesante dialéctica del capitalismo mundial que opera de modo estructural profundizando el divorcio entre el mundo subdesarrollado-dependiente y los países centrales-desarrollados.
El cuestionamiento del endeudamiento público, de las transferencias de valor y de los dictados del capital financiero, aún no emergen en la Cuarta Transformación.
Notas
[1] Léase la Carta, https://www.elfinanciero.com.
[2] Ver, “AMLO, la deuda pública y el imperialismo financiero”, 29/05/2019, http://www.cadtm.org/AMLO-la-
[3] Ver nuestro artículo, “Neodesarrollismo y reproducción ampliada de la dependencia”, 6/6/2019, https://www.lahaine.org/mundo.
[4] Susana González G., “Critican empresarios que la mayor parte del presupuesto se destine a gasto social”, La Jornada, 24/6/2019. https://www.jornada.com.mx/
[5] “Austeridad sí, pero racional”, 29/05/2019. https://coparmex.org.mx/
[6] El Financiero, 6/6/2019, https://www.elfinanciero.com.
[7] Secretaría de Hacienda: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019, https://www.finanzaspublicas.
[8] Estimado del Costo financiero (2020-2024) respecto al PIB: Año 2020 (3%); 2021 (2.8%); 2022 (2.8%); 2023 (2.7%); 2024 (2.7%). Estimado del superávit primario respecto al PIB: Año 2020 (1.1%); 2021 (1.1%); 2022 (1.1%); 2023 (0.9%); 2024 (0.9%). Ibid, p. 106.
[9] En abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el inicio de una investigación “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”, esto es, la colusión entre intermediarios bancarios para manipular el mercado de bonos cuyas operaciones son de alrededor de 100 mil millones de pesos diarios y por tanto, repercuten en graves daños al erario público. Los intermediarios financieros investigados son: Banco Santander, BBVA, JP Morgan Chase & Co, HSBC Holdings Pie, Barclays Pie, Citigroup lnc y Bank of America Corp, e involucra todos los instrumentos emitidos por el gobierno federal, estados y municipios, el IPAB, la banca de desarrollo, Pemex y CFE. Ver la “Proposición” por la que se exhorta a la COFECE, a informar al Senado sobre la investigación, http://infosen.senado.gob.mx/
[10] Sobre esto véase la entrevista (completa) a Eric Toussaint, 4/10/2018: https://aristeguinoticias.com/
Muy distinto a las políticas del Estado desarrollista en las décadas de los sesenta y setenta, el neodesarrollismo mexicano de nuestros días se inscribe como un modelo de “desarrollo económico” relativamente permisible dentro del orden político y económico del neoliberalismo financierista hegemónico.
El nuevo gobierno mexicano de “reconciliación nacional”, es decir, un orden político de representación pluriclasista, implica una coexistencia compleja, contradictoria y desigual de intereses de distintas clases y sectores sociales.
Es necesario conocer la naturaleza viva de esta coexistencia, sus repercusiones en el Estado y en el desenvolvimiento de la economía, así como reflexionar sobre su dinámica, sus tendencias, y sus efectos en las luchas populares.
Subordinación neodesarrollista
Las “políticas sociales” defendidas y principalmente promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), coexisten dentro de una reingeniería presupuestal construida por la secretaría de Hacienda, acotada y subordinada a las políticas económicas (monetaria, fiscal, cambiaria) dominadas por el capital financiero local e internacional.
El alcance de los “programas de bienestar” y de las “políticas redistributivas” está sujeto a lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 denomina -desde el inicio de su lectura- como el aseguramiento primordial de “las finanzas públicas y del sistema financiero”.
En su Carta a los inversionistas nacionales y extranjeros (Abril/2018) [1] , y a partir de ahí, en distintos informes y discursos, AMLO se ha comprometido a respetar los imperativos neoliberales del capital financiero:
1. Respeta la independencia del Banco de México: con ello renuncia al papel dinamizador de la economía del Banco Central y acepta que un equipo de “técnicos” “independientes” subordinen el crecimiento y desarrollo de la economía a los principios de “estabilización”;
2. Acepta los dictados de la disciplina fiscal: con el dogma del “equilibrio fiscal” AMLO renuncia a utilizar un poderoso instrumento de apalancamiento y expansión económica supeditando el crecimiento económico;
3. Avala la ortodoxia de la política monetaria: respetando las “metas inflacionarias” reproduce las elevadas ganancias de la fracción financiera mediante altas tasas de interés. [2]
Sometidas las finanzas públicas a la ortodoxia financierista neoliberal, y renunciando a una Reforma Hacendaria progresiva que establezca impuestos a quien más tiene, AMLO estrecha sus márgenes de intervención y recurre al “combate a la corrupción” y a la “austeridad republicana” como “nuevas políticas económicas” para financiar y generar el “desarrollo”. En este sentido, la raíz de la austeridad se encuentra en el marco incólume y dominante de la hegemonía neoliberal, reconocida desde su Carta a los inversionistas.
Ahora bien, no obstante el predominio de los intereses de las fracciones dominantes, un gobierno de “unidad nacional” puede caracterizarse por una relación conciliatoria y al mismo tiempo contradictoria con las fracciones políticas y económicas del gran capital.
Neodesarrollismo: Convergencia y contradicciones
En el proyecto neodesarrollista y de conciliación de clases, además de una convergencia con las fracciones dominantes (que expusimos en un artículo anterior [3] ), pueden presentarse –y se presentan– fuertes disputas y divergencias entre éstas y el Estado neodesarrollista.
Disputas y tensiones
Existen tensiones entre el neodesarrollismo que defiende el papel del Estado en la regulación de la economía, su papel de “promotor del desarrollo”, la construcción de un nuevo andamiaje institucional para este efecto, el papel estatal en la soberanía energética, la “justicia social”, etc., frente al neoliberalismo ortodoxo que postula a sangre y fuego el adelgazamiento estatal, organismos “autónomos”, y la libertad de mercado como principio de “racionalización” social.
Dentro de este cuadro, es notorio el descrédito de la oligarquía a los “programas sociales” del nuevo gobierno, ya que considera que un mayor “gasto social” debilita la “inversión pública” (productiva) e inhibe el crecimiento económico. [4] Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los recursos orientados a los “programas sociales” muestran “un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos”, por lo que demanda una austeridad “racional” y “estratégica”. [5]
Asimismo, dentro de estas contradicciones, se entienden las evaluaciones negativas de las calificadoras internacionales, verdaderas personificaciones del capital financiero.
A principios de junio, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda de Pemex y CFE, así como de la deuda del Estado mexicano. [6] En su análisis, arguyen sobre el deterioro del marco crediticio de Pemex, el carácter “insuficiente” de su inversión en su actividad principal que “podría llevar a una mayor caída de la producción y disminución de las reservas”. Ante la situación que asumen de Pemex, sostienen que existen “riesgos” para las finanzas públicas, los cuales profundizan la debilidad macroeconómica, todo lo cual, según las calificadoras, presiona hacia un recorte en la calificación soberana de México.
A todas luces, el gran capital local e internacional es contrario a los proyectos de capitalización de Pemex, a los planes de incremento de su capacidad de producción y refinación, al fortalecimiento de CFE, en suma, de soberanía energética. Distintas fracciones del capital, y el capital financiero por delante, tienen enormes intereses en la riqueza energética de México. De ahí que rechacen que el gobierno intervenga y amenace la “autonomía” de órganos reguladores, tales como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Los grandes capitales asumen como prácticas que “dinamitan” la “certidumbre de los inversionistas”, los siguientes actos del gobierno: 1) sometió a revisión los contratos de participación privada originados con la Reforma Energética; 2) procedió –hasta ahora– a la cancelación de procesos de licitación para empresas privadas principalmente de gas programadas para octubre de este año –farmouts–; 3) puso fin –hasta ahora– a la creación de nuevas subastas eléctricas y petroleras; 4) Pemex declaró la suspensión de proyectos de inversión en aguas profundas, priorizando los trabajos en aguas someras y proyectos en tierra para este sexenio; 5) el ejecutivo canceló el permiso de la CNH para el uso del fracking en el campo de Humapa.
Más recientemente, los grandes capitales de la mano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber), y de la embajada de Canadá, han rechazado que el gobierno lleve a tribunales internacionales a la empresa Ienova (de Sempra Energy), Carso Energy –Grupo Carso–, TC Energy TransCanada, y Fermaca grupo Carso, por las “cláusulas abusivas” derivadas de “contratos leoninos” que el gobierno anterior estableció con dichas empresas para la construcción de gasoductos, como el de Texas-Tuxpan (800 km.), y el que atraviesa de Samalayuca (Chihuahua) a Sásabe (Sonora), con una extensión de 650 km., entre otros.
El papel de las Calificadoras y el “terrorismo económico”
Las tensiones son de tal magnitud, que vemos la permanente vigilancia y presión de las calificadoras internacionales y grupos empresariales para encauzar y disciplinar las políticas del actual gobierno. En terrenos fundamentales como los expuestos al inicio de este artículo, el capital financiero ha subordinado al Estado neodesarrollista. En otros terrenos, como en la política energética, el Estado busca actuar dentro de ciertos márgenes de maniobra.
Uno de los principales instrumentos de fuerza de que dispone el poder financiero es el “terrorismo económico” y el “chantaje catastrofista”. Estos amenazan con la pérdida de la calificación crediticia de las empresas del Estado (Pemex, CFE) o del endeudamiento público y externo, esto es, la deuda soberana del Estado.
El “costo económico” de la degradación de la nota crediticia de la deuda soberana residiría en la elevación del endeudamiento, la salida de capitales del país, devaluación de la moneda, quema de reservas internacionales, cierre de empresas, aumento de la desocupación, etcétera. Un país periférico con la mayor vulnerabilidad y dependencia externa está a merced del poder financiero transnacional.
Como se evidenció con las amenazas de Trump de imponer cuotas arancelarias a las exportaciones “de México”, que hizo capitular la política migratoria del Estado mexicano, el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación tiene sobre sí la espada de Damocles de la finanza internacional, la cual, permanentemente busca su disciplinamiento ante cualquier movimiento que ponga en riesgo la “estabilidad financiera”. Es esta la siniestra dinámica del capital financiero internacional.
Ante ello, la pregunta es: ¿existen garantías locales o globales que aseguren la estabilidad económica? ¿Es posible contar con garantías contra la fuga de capitales? Si no existen tales garantías, ¿por qué el gobierno acepta el chantaje financierista?
La subordinación al poder financiero explica la abdicación del gobierno de “reconciliación nacional” respecto al trípode hegemónico neoliberal (fiscal, monetario, cambiario) e incluso en materia hacendaria, lo cual ha llevado a que el FMI, bancos comerciales y de inversión, celebren al nuevo gobierno por la “moderación” y “responsabilidad” del presupuesto público de 2019.
Cabe subrayar que desde la campaña electoral con su coalición “Juntos Haremos Historia”, AMLO se comprometió a respetar los compromisos suscritos por él y su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con el poder financiero.
Compromisos y límites para el bienestar
Además de la “disciplina fiscal” y los “equilibrios macroeconómicos”, los compromisos abarcan la estabilidad del endeudamiento público, la sumisión acrítica e incuestionable del saldo histórico de la deuda pública, y por consecuencia, del costo financiero de este endeudamiento (que incluye pago de intereses, comisiones, amortizaciones), y las metas del superávit primario, compromisos que en conjunto representan sólidas limitantes para el establecimiento de un Estado social de bienestar.
Es por ello el mayor énfasis puesto por AMLO a los “mecanismos de ahorro” y “financiamiento del gasto”, como son, el “combate a la corrupción” y la “austeridad republicana”. Esta última, lejos de limitarse a la llamada esfera dorada de la burocracia, impacta con fuerza en los trabajadores del servicio público del Estado, en su mayor parte en los trabajadores precarizados, sin organización sindical, y de la base de la estructura salarial (médicos, profesores, administrativos, artistas, etc.). En este cuadro de austeridad, agudizado en el contexto actual de desaceleración económica y ajuste, se intensifica su repercusión en el deterioro de los servicios esenciales del Estado (salud, educación, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, deporte, etc.,) que reproducen la penuria social legada por el neoliberalismo, y que acrecienta las manifestaciones de rechazo.
La oligarquía financiera subordina la política social
Los 18 proyectos sociales prioritarios del gobierno (entre los que destacan, Pensiones para Adultos Mayores, Tren Maya, Corredor Transístmico, Sembrando vida, Caminos rurales y modernización de Infraestructura, Universidades para el Bienestar, Internet para todos, Jóvenes Construyendo el Futuro, etc.), representan según datos de la secretaría de Hacienda, el 1% del PIB (equivalente a 251 mil millones de pesos) [7] . En contraste, el pago por el costo financiero de la deuda pública cubre el 3% del PIB, y es equivalente a poco más de 749 mil millones de pesos (mmp) en 2019. (Ibid, p. 132)
Si consideramos el superávit primario, que representa la diferencia entre los gastos del gobierno respecto a sus ingresos (sin considerar el pago de la deuda), el cual es transferido al pago de la deuda pública, asciende en este año al 1% del PIB, equivalente a poco más de 240mmp (Ibid, p. 132). Tan solo este superávit primario –otra raíz de la austeridad–, es equivalente a los programas sociales prioritarios de AMLO.
Al sumar el costo financiero y superávit primario (2019) y contrastarlo en relación a los programas sociales prioritarios, la proporción es de 4 a 1. Un billón de pesos que se transfiere a la oligarquía financiera frente a 251mmp en los programas de desarrollo social en el año de 2019. La oligarquía financiera subordina la política social de bienestar.
Al considerar solo el presupuesto de 2019 aprobado para Cultura, equivalente a $12 mil 894 millones de pesos, vemos que éste representa el 5% del superávit primario que el gobierno mexicano se comprometió a transferir a la esfera financiera. Si contrastamos el presupuesto de Cultura con el costo financiero del endeudamiento público en 2019, vemos que éste último representa más de 50 veces el presupuesto destinado al desarrollo de Cultura de la sociedad mexicana.
Como puede observarse, dada la hegemonía neoliberal en el orden de “las finanzas públicas y del sistema financiero”, son manifiestas las limitaciones en las políticas redistributivas y de bienestar promovidas por el gobierno dirigido por AMLO. Más que un modelo “posneoliberal”, lo que tenemos es un bienestarismo neoliberal.
Las tendencias del bienestarismo neoliberal bajo la hegemonía financiera
Son de gran significación las críticas y cuestionamientos al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación dada sus limitaciones respecto a la doctrina neoliberal y el poder financiero local e internacional, los cuales repercuten en la restricción del bienestar social.
De acuerdo con las “perspectivas económicas y fiscales de mediano plazo” elaboradas por la propia Secretaría de Hacienda dirigida por Carlos Urzúa, un hombre comprometido con el sistema financiero, el gobierno de la Cuarta Transformación estima mantener para el periodo 2020-2024, una transferencia de riqueza (en promedio anual) hacia la oligarquía financiera por concepto de costo financiero, el 3% del PIB, y por concepto de superávit primario, el 1% del PIB [8] . Se trata de exorbitantes montos de riqueza muy cercanos a los de 2019. Esto es, en conjunto suman alrededor de un billón de pesos anuales! ¿A título de quién acepta el nuevo gobierno estas transferencias que atentan contra la nación?
En este orden, si sumamos las transferencias estimadas para el conjunto del sexenio de la Cuarta Transformación, tenemos una transferencia programada de alrededor de 6 billones de pesos, ¡más de un Presupuesto Público de la Federación para la economía improductiva!
Llama la atención que el gobierno anterior que elevó el endeudamiento público cerca del 100% (más de 5 billones de pesos sin contrapartida en el crecimiento económico), solo en el año de 2017 y 2018 realizó superávit primario (1.4% y 0.6%, respectivamente). Además de que estableció un costo financiero mayor al sexenio de Felipe Calderón y mucho menor al programado por el nuevo gobierno. Son evidentes los compromisos del nuevo gobierno con la disciplina fiscal y financiera.
Como resultado, tenemos que el saldo histórico de los requerimientos del sector público en 2019 equivale al 45.3% del PIB, y se estima para el año 2024 en 44.9% del PIB (Ibid. p.106). Se entregaría más del 100% del Presupuesto Púbico (por ejemplo, el relativo al año 2019) en el sexenio, y se reducen solo cuatro décimas. ¡Es la dinámica del imperialismo financiero!
De acuerdo con estas tendencias, es fundamental cuestionar la naturaleza del endeudamiento público, su carácter antisocial, monopólico, corrupto e ilegítimo. Desde la socialización de las pérdidas de los bancos (Fobaproa/IPAB), hasta las prácticas monopólicas en que incurren intermediarios financieros con bonos que emite el Estado [9] , el nulo beneficio social y ambiental por el endeudamiento, entre otras muy distintas razones y argumentos, puede y debe ponerse en cuestionamiento el pago de las deudas heredadas por el “viejo régimen”.
Así como se ha llevado a arbitraje internacional cuestionándose los contratos “leoninos” en megaproyectos como los gasoductos, o se ha optado por la revisión de los contratos de inversión originados con la reforma energética, es de vital trascendencia demandar auditorías transparentes sobre el histórico endeudamiento público, e impugnar su pago en las partes y segmentos que requieran ser objetados.
Como señala el especialista en el problema de la Deuda y el sistema financiero, Eric Toussaint, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas ilegítimas (CADTM), la historia de México encierra una rica historia de impago. Benito Juárez, V. Carranza, A. Obregón, reclamando las facultades soberanas de la nación, impugnaron en su momento el pago de las deudas ilegítimas. Y más recientemente, Argentina (2001) y Ecuador (2007), en ejercicio de su soberanía, rechazaron el pago de las deudas ilegales. Contrario a las bravatas catastrofistas de “caos económico” e “inestabilidad financiera”, el resultado de estas experiencias fue la recuperación económica, el crecimiento sostenido del PIB, la creación de empleo, y la mejora de los indicadores sociales. [10]
El endeudamiento ilegítimo y su costo financiero socava el bienestar y reproduce el subdesarrollo. Las transferencias de riqueza hacia oligarquías locales y extranjeras acentúan la desigualdad y agravan la dependencia y vulnerabilidad respecto al exterior. Con la subordinación financierista, la economía mexicana agudiza los procesos de desacumulación consustanciales a la incesante dialéctica del capitalismo mundial que opera de modo estructural profundizando el divorcio entre el mundo subdesarrollado-dependiente y los países centrales-desarrollados.
El cuestionamiento del endeudamiento público, de las transferencias de valor y de los dictados del capital financiero, aún no emergen en la Cuarta Transformación.
Notas
[1] Léase la Carta, https://www.elfinanciero.com.
[2] Ver, “AMLO, la deuda pública y el imperialismo financiero”, 29/05/2019, http://www.cadtm.org/AMLO-la-
[3] Ver nuestro artículo, “Neodesarrollismo y reproducción ampliada de la dependencia”, 6/6/2019, https://www.lahaine.org/mundo.
[4] Susana González G., “Critican empresarios que la mayor parte del presupuesto se destine a gasto social”, La Jornada, 24/6/2019. https://www.jornada.com.mx/
[5] “Austeridad sí, pero racional”, 29/05/2019. https://coparmex.org.mx/
[6] El Financiero, 6/6/2019, https://www.elfinanciero.com.
[7] Secretaría de Hacienda: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019, https://www.finanzaspublicas.
[8] Estimado del Costo financiero (2020-2024) respecto al PIB: Año 2020 (3%); 2021 (2.8%); 2022 (2.8%); 2023 (2.7%); 2024 (2.7%). Estimado del superávit primario respecto al PIB: Año 2020 (1.1%); 2021 (1.1%); 2022 (1.1%); 2023 (0.9%); 2024 (0.9%). Ibid, p. 106.
[9] En abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el inicio de una investigación “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”, esto es, la colusión entre intermediarios bancarios para manipular el mercado de bonos cuyas operaciones son de alrededor de 100 mil millones de pesos diarios y por tanto, repercuten en graves daños al erario público. Los intermediarios financieros investigados son: Banco Santander, BBVA, JP Morgan Chase & Co, HSBC Holdings Pie, Barclays Pie, Citigroup lnc y Bank of America Corp, e involucra todos los instrumentos emitidos por el gobierno federal, estados y municipios, el IPAB, la banca de desarrollo, Pemex y CFE. Ver la “Proposición” por la que se exhorta a la COFECE, a informar al Senado sobre la investigación, http://infosen.senado.gob.mx/
[10] Sobre esto véase la entrevista (completa) a Eric Toussaint, 4/10/2018: https://aristeguinoticias.com/
31.5.19
AMLO, la deuda pública y el imperialismo financiero
John Freddy Gómez y Camila Andrea Galindo
CADTM
Este 1 de junio se cumplen los primeros 6 meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador – de aquí en adelante AMLO- como presidente de México, en los cuales ha trasegado un sin numero de controversias desde las distintas fracciones económicas, sociales y políticas adversas a sus ideales y políticas públicas con diferentes reveses en proyectos de envergadura nacional y con un gran despliegue desde los grandes medios masivos de comunicación a favor de la deslegitimación del actual gobierno
En este contexto observaremos en primer lugar, sus promesas de gobierno y haremos un balance sobre estas; y, en segundo lugar, abordaremos el proyecto económico del actual gobierno y nos enfocaremos en el problema de la deuda pública mexicana.
1. Políticas gubernamentales: flujos y reflujos del poder en México
Según los lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación 2018-2024 de MORENA -plataforma política del actual presidente-, se plantearon alrededor de 50 proyectos estructurales con el fin de transformar al país de un feudo de políticos y empresarios que manejan el destino del pueblo mexicano a su interés individual y de clase, hacia la construcción democrática y horizontal por parte del pueblo mexicano. (MORENA, 2016)
El proyecto de AMLO, aunque ambicioso para un país secuestrado por las mafias más esbirras en los últimos decenios, muestra limites en la construcción de una alternativa viable en tanto que las políticas expuestas señalan la recuperación de la institucionalidad por parte del pueblo, pero no evidencia y ataca el poder fundamental de este secuestro del Estado mexicano, que son las relaciones socioeconómicas que se tejen tanto en lo micro como en lo macro y que diseñan una sociedad basada en el austeritarismo -austeridad fiscal y autoritarismo- acompañada por la transferencia de valor y la configuración de una economía que se fundamenta en la subordinación al mercado internacional claramente subsumido por los intereses metropolitanos.
Y aunque esto suene pesimista, las alamedas democráticas se abren paso a paso y las construcciones alternativas deben recorrer los distintos procesos sin saltar ningún escollo ni tramo. Las construcciones alternativas deben pensar en la unificación de las necesidades básicas como son las expuestas por la plataforma MORENA encabezada por AMLO; sin embargo, se debe tener la claridad de los limites mismos de estas propuestas y como la contra ofensiva desde el capital a tales pequeñas reformas deben ser reforzadas y protegidas por el despliegue de propuestas cada vez mas estructurales, las que ataquen directamente el problema fundamental de nuestros países de carácter periférico, austeritario, reprimarizado y excluyente.
Es así como, nos encontramos con propuestas que, aunque bien intencionadas y de una necesidad imperante, no logran subvertir los poderes enquistados en la sociedad mexicana y que a la larga puede beneficiar a esta clase. Un ejemplo de ello es el hecho de mantener una política de cero endeudamiento acompañada por una baja inflación , donde la manutención de la baja inflación como ortodoxia es meramente la necesidad del capital financiero internacional a mantener una tasa de rentabilidad alta donde a menor tasa de inflación mayor rentabilidad dada la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación. (López Bolaños, 2019)
En este mismo sentido, otro punto discutible es la manutención de la autonomía del Banco Central mexicano, donde este no tiene el papel de agente dinamizador de la economía con las distintas políticas de apalancamiento y fomento, sino que responde a una tecnocracia pretendidamente apolítica y que en suma, no es más que la representación de la ideología neoliberal y de sus interés, que representa fielmente las políticas austeritarias donde se pretende la austeridad como fin y el autoritarismo de una cierta tecnocracia alba y neutral que configura el devenir económico del país a espaldas del mismo.
Por lo tanto, la democratización de la política debe pasar por la democratización del diseño económico y la subordinación del Banco Central mexicano al interés del desarrollo de la economía como fuente de justicia y dignidad del pueblo. Pero esto no es fácil y el transito debe partir de la concientización de las y los mexicanos de decidir el rumbo de su destino como individuo y como nación y develar los complejos e invisibles encadenamientos del neoliberalismo en nuestros países.
La madeja se desenreda por las partes más visibles, como la democratización política, pero se debe llegar al centro de la misma, la democratización de la economía, para poder trasgredir las instituciones estructuradas por el sistema neoliberal y responder a los verdaderos intereses de una sociedad sumida en procesos totalmente denigrantes y violentada de distintas formas.
Como manifiesta Ruy Mauro Marini: “en América Latina, hablar de democracia implica, como supuesto necesario, plantear el tema de su capacidad para autodeterminarse, es decir, de fijarse sus metas en libertad, atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos. Es, pues, evocar el tema de la dependencia en que se encuentra la región en el plano del capitalismo internacional, y conduce, por ello mismo, a entender la lucha por la democracia en tanto que lucha de liberación nacional” (Ruy Mauro , 2007, pág. 2)
2. La deuda pública en el gobierno de AMLO
El gobierno de AMLO recibe un país destrozado por la violencia física en tanto que las mafias y narcotraficantes controlan gran parte del territorio nacional de echo o de facto y sumerge a la sociedad a sus más viles intensiones; y, también recibe un país en una alta convulsión económica, bajo la fase de realización, concentración y acumulación del capital financiero internacional liderado por la Reserva Federal de Estados Unidos a partir del año 2014. (Gómez & Galindo, 2018)
AMLO se encuentra con un endeudamiento público neto de 10,73 billones de pesos mexicanos al día de su posesión. Endeudamiento que en los últimos 11 años ha pasado de 2,67 a 10,73 billones con un crecimiento alrededor del 300%. Una tasa de deuda externa que pasó en el mismo periodo de 61.600 a 199.759 millones de dólares con un crecimiento del 224%; y con una tasa de cambio que pasó de 13,773 a 20,168 pesos por dólar con una tasa de devaluación aproximada del 46%. Evidenciando el deteriorado panorama de la economía mexicana. (Galindo & Gómez John, 2018; Secretaria de Hacienda y Crédito público, 2018)
Anudado esto a los pronósticos de desaceleración del Producto Interno Bruto para el año 2019 que se encontraban en 2% y fue reducido en los últimos días a 1,6% derivado de: 1) la migración del triangulo norte de Centro América; 2) las políticas unilaterales de Donald Trump afectando la estabilidad de la economía; y, 3) la inestabilidad de los precios de los commodities , entre otros factores del contexto de desaceleración global y de concentración de capital desde Estados Unidos.
Si bien uno de los estandartes de la política de AMLO es la cero emisión de deuda pública o el control de este, se observa un aumento de 10,731 a 10,846 billones de pesos, de noviembre de 2018 a marzo de 2019, un crecimiento de aproximadamente 115 mil millones de pesos mexicanos, aproximadamente 20 mil millones por mes.
“Durante los dos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda del sector público creció a un ritmo de 1.147,2 millones de pesos diarios, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda” (infobae, 2019)
Sin embargo, este incremento de la deuda bruta no demuestra una política dirigida al endeudamiento cíclico por parte del gobierno de AMLO, es resultado de las dinámicas inerciales de la deuda pública, donde esta se mantiene en la franja del 45% con relación al PIB.
Este bajo o nulo incremento de la deuda pública en los primeros 6 meses del gobierno se acompasa por la puesta en marcha de la presión de las calificadoras de riesgo que han sancionado al gobierno con la reducción de la calificación crediticia, ocasionando el encarecimiento de la deuda en el mercado y la eventual fuga de capitales, escenario donde las calificadoras hacen de juez y parte en el mercado de la deuda pública denotando la siniestra dinámica de la mundialización financiera.
“(…) la calificadora Standard and Poor’s (S&P) cambió de «estable» a «negativa» la calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano, como lo hizo también con Pemex y la CFE” (infobae, 2019)
Los agentes de la dictadura de la mundialización financiera, como son las calificadoras de riesgo, ya han dado pasos al estrangulamiento del gobierno de AMLO, o al menos, han puesto en marcha la amenaza de asfixia económica al actual proyecto político, como lo han hecho con innumerables países en particular en la República Bolivariana de Venezuela.
3. Conclusión
Es menester prepararse ante el recrudecimiento de estos agentes, con políticas que den cara a las eventuales practicas sombrías, como es la puesta en marcha, de inmediato con la participación activa y decisoria del pueblo mexicano, y con la visión puesta a la soberanía nacional y justicia social y ambiental de una auditoría integral de la deuda pública para saber dónde, por qué, para qué y quién se benefició de ese aumento indiscriminado e insostenible de la deuda pública en por lo menos los últimos 11 años en México., con el fin de evidenciar y socializar las practicas onerosas de este imperialismo financiero y contraponer a la dictadura de la mundialización financiera con la democracia del pueblo, en donde se practique tanto la participación en política como en la economía y se diseñe un rumbo que beneficie a todas y todos los mexicanos.
Bibliografía
Galindo , C., & Gómez John. (15 de Abril de 2018). La Deuda Pública en México y su papel en la construccion de un Estado autoritario al servicio del capital. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-Deuda-Publica-en-Mexico-y-su
Gómez, J., & Galindo, C. (11 de Noviembre de 2018). América Latina en el laberinto de la deuda. Obtenido de Alainet: https://www.alainet.org/es/articulo/196484
infobae. (5 de Marzo de 2019). Aumentó deuda pública y gasto en inversión en los dos primeros meses de gobierno de López Obrador. Obtenido de infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2019/03/05/aumento-deuda-publica-y-gasto-en-inversion-en-los-dos-primeros-meses-de-gobierno-de-lopez-obrador/
López Bolaños, A. (2019). Banco cental autónomo y metas de inflacion atadura de manos al nuevo gobierno de México. Grupo de Trabajo CLACSO: Crisis y ecoonomía mundial #27, 10-11.
MORENA. (20 de Noviembre de 2016). LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN 2018-2024. Obtenido de MORENA: https://morena.si/lineamientos
Ruy Mauro , M. (25 de Octubre de 2007). La lucha por la democracia en América Latina. Obtenido de CLACSO: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/cuadernos/marini/marini.pdf
Secretaria de Hacienda y Crédito público. (28 de Diciembre de 2018). Información de finanzas públicas y deuda pública enero-noviembre de 2018. Obtenido de Secretaria de Hacienda y Crédito público: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso
CADTM
Este 1 de junio se cumplen los primeros 6 meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador – de aquí en adelante AMLO- como presidente de México, en los cuales ha trasegado un sin numero de controversias desde las distintas fracciones económicas, sociales y políticas adversas a sus ideales y políticas públicas con diferentes reveses en proyectos de envergadura nacional y con un gran despliegue desde los grandes medios masivos de comunicación a favor de la deslegitimación del actual gobierno
En este contexto observaremos en primer lugar, sus promesas de gobierno y haremos un balance sobre estas; y, en segundo lugar, abordaremos el proyecto económico del actual gobierno y nos enfocaremos en el problema de la deuda pública mexicana.
1. Políticas gubernamentales: flujos y reflujos del poder en México
Según los lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación 2018-2024 de MORENA -plataforma política del actual presidente-, se plantearon alrededor de 50 proyectos estructurales con el fin de transformar al país de un feudo de políticos y empresarios que manejan el destino del pueblo mexicano a su interés individual y de clase, hacia la construcción democrática y horizontal por parte del pueblo mexicano. (MORENA, 2016)
El proyecto de AMLO, aunque ambicioso para un país secuestrado por las mafias más esbirras en los últimos decenios, muestra limites en la construcción de una alternativa viable en tanto que las políticas expuestas señalan la recuperación de la institucionalidad por parte del pueblo, pero no evidencia y ataca el poder fundamental de este secuestro del Estado mexicano, que son las relaciones socioeconómicas que se tejen tanto en lo micro como en lo macro y que diseñan una sociedad basada en el austeritarismo -austeridad fiscal y autoritarismo- acompañada por la transferencia de valor y la configuración de una economía que se fundamenta en la subordinación al mercado internacional claramente subsumido por los intereses metropolitanos.
Y aunque esto suene pesimista, las alamedas democráticas se abren paso a paso y las construcciones alternativas deben recorrer los distintos procesos sin saltar ningún escollo ni tramo. Las construcciones alternativas deben pensar en la unificación de las necesidades básicas como son las expuestas por la plataforma MORENA encabezada por AMLO; sin embargo, se debe tener la claridad de los limites mismos de estas propuestas y como la contra ofensiva desde el capital a tales pequeñas reformas deben ser reforzadas y protegidas por el despliegue de propuestas cada vez mas estructurales, las que ataquen directamente el problema fundamental de nuestros países de carácter periférico, austeritario, reprimarizado y excluyente.
Es así como, nos encontramos con propuestas que, aunque bien intencionadas y de una necesidad imperante, no logran subvertir los poderes enquistados en la sociedad mexicana y que a la larga puede beneficiar a esta clase. Un ejemplo de ello es el hecho de mantener una política de cero endeudamiento acompañada por una baja inflación , donde la manutención de la baja inflación como ortodoxia es meramente la necesidad del capital financiero internacional a mantener una tasa de rentabilidad alta donde a menor tasa de inflación mayor rentabilidad dada la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación. (López Bolaños, 2019)
En este mismo sentido, otro punto discutible es la manutención de la autonomía del Banco Central mexicano, donde este no tiene el papel de agente dinamizador de la economía con las distintas políticas de apalancamiento y fomento, sino que responde a una tecnocracia pretendidamente apolítica y que en suma, no es más que la representación de la ideología neoliberal y de sus interés, que representa fielmente las políticas austeritarias donde se pretende la austeridad como fin y el autoritarismo de una cierta tecnocracia alba y neutral que configura el devenir económico del país a espaldas del mismo.
Por lo tanto, la democratización de la política debe pasar por la democratización del diseño económico y la subordinación del Banco Central mexicano al interés del desarrollo de la economía como fuente de justicia y dignidad del pueblo. Pero esto no es fácil y el transito debe partir de la concientización de las y los mexicanos de decidir el rumbo de su destino como individuo y como nación y develar los complejos e invisibles encadenamientos del neoliberalismo en nuestros países.
La madeja se desenreda por las partes más visibles, como la democratización política, pero se debe llegar al centro de la misma, la democratización de la economía, para poder trasgredir las instituciones estructuradas por el sistema neoliberal y responder a los verdaderos intereses de una sociedad sumida en procesos totalmente denigrantes y violentada de distintas formas.
Como manifiesta Ruy Mauro Marini: “en América Latina, hablar de democracia implica, como supuesto necesario, plantear el tema de su capacidad para autodeterminarse, es decir, de fijarse sus metas en libertad, atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos. Es, pues, evocar el tema de la dependencia en que se encuentra la región en el plano del capitalismo internacional, y conduce, por ello mismo, a entender la lucha por la democracia en tanto que lucha de liberación nacional” (Ruy Mauro , 2007, pág. 2)
2. La deuda pública en el gobierno de AMLO
El gobierno de AMLO recibe un país destrozado por la violencia física en tanto que las mafias y narcotraficantes controlan gran parte del territorio nacional de echo o de facto y sumerge a la sociedad a sus más viles intensiones; y, también recibe un país en una alta convulsión económica, bajo la fase de realización, concentración y acumulación del capital financiero internacional liderado por la Reserva Federal de Estados Unidos a partir del año 2014. (Gómez & Galindo, 2018)
AMLO se encuentra con un endeudamiento público neto de 10,73 billones de pesos mexicanos al día de su posesión. Endeudamiento que en los últimos 11 años ha pasado de 2,67 a 10,73 billones con un crecimiento alrededor del 300%. Una tasa de deuda externa que pasó en el mismo periodo de 61.600 a 199.759 millones de dólares con un crecimiento del 224%; y con una tasa de cambio que pasó de 13,773 a 20,168 pesos por dólar con una tasa de devaluación aproximada del 46%. Evidenciando el deteriorado panorama de la economía mexicana. (Galindo & Gómez John, 2018; Secretaria de Hacienda y Crédito público, 2018)
Anudado esto a los pronósticos de desaceleración del Producto Interno Bruto para el año 2019 que se encontraban en 2% y fue reducido en los últimos días a 1,6% derivado de: 1) la migración del triangulo norte de Centro América; 2) las políticas unilaterales de Donald Trump afectando la estabilidad de la economía; y, 3) la inestabilidad de los precios de los commodities , entre otros factores del contexto de desaceleración global y de concentración de capital desde Estados Unidos.
Si bien uno de los estandartes de la política de AMLO es la cero emisión de deuda pública o el control de este, se observa un aumento de 10,731 a 10,846 billones de pesos, de noviembre de 2018 a marzo de 2019, un crecimiento de aproximadamente 115 mil millones de pesos mexicanos, aproximadamente 20 mil millones por mes.
“Durante los dos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda del sector público creció a un ritmo de 1.147,2 millones de pesos diarios, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda” (infobae, 2019)
Sin embargo, este incremento de la deuda bruta no demuestra una política dirigida al endeudamiento cíclico por parte del gobierno de AMLO, es resultado de las dinámicas inerciales de la deuda pública, donde esta se mantiene en la franja del 45% con relación al PIB.
Este bajo o nulo incremento de la deuda pública en los primeros 6 meses del gobierno se acompasa por la puesta en marcha de la presión de las calificadoras de riesgo que han sancionado al gobierno con la reducción de la calificación crediticia, ocasionando el encarecimiento de la deuda en el mercado y la eventual fuga de capitales, escenario donde las calificadoras hacen de juez y parte en el mercado de la deuda pública denotando la siniestra dinámica de la mundialización financiera.
“(…) la calificadora Standard and Poor’s (S&P) cambió de «estable» a «negativa» la calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano, como lo hizo también con Pemex y la CFE” (infobae, 2019)
Los agentes de la dictadura de la mundialización financiera, como son las calificadoras de riesgo, ya han dado pasos al estrangulamiento del gobierno de AMLO, o al menos, han puesto en marcha la amenaza de asfixia económica al actual proyecto político, como lo han hecho con innumerables países en particular en la República Bolivariana de Venezuela.
3. Conclusión
Es menester prepararse ante el recrudecimiento de estos agentes, con políticas que den cara a las eventuales practicas sombrías, como es la puesta en marcha, de inmediato con la participación activa y decisoria del pueblo mexicano, y con la visión puesta a la soberanía nacional y justicia social y ambiental de una auditoría integral de la deuda pública para saber dónde, por qué, para qué y quién se benefició de ese aumento indiscriminado e insostenible de la deuda pública en por lo menos los últimos 11 años en México., con el fin de evidenciar y socializar las practicas onerosas de este imperialismo financiero y contraponer a la dictadura de la mundialización financiera con la democracia del pueblo, en donde se practique tanto la participación en política como en la economía y se diseñe un rumbo que beneficie a todas y todos los mexicanos.
Bibliografía
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infobae. (5 de Marzo de 2019). Aumentó deuda pública y gasto en inversión en los dos primeros meses de gobierno de López Obrador. Obtenido de infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2019/03/05/aumento-deuda-publica-y-gasto-en-inversion-en-los-dos-primeros-meses-de-gobierno-de-lopez-obrador/
López Bolaños, A. (2019). Banco cental autónomo y metas de inflacion atadura de manos al nuevo gobierno de México. Grupo de Trabajo CLACSO: Crisis y ecoonomía mundial #27, 10-11.
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Ruy Mauro , M. (25 de Octubre de 2007). La lucha por la democracia en América Latina. Obtenido de CLACSO: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/cuadernos/marini/marini.pdf
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