Ni iguales ni soberanos: la política del miedo

Jose Romero


Uno de los rasgos más persistentes de la política mexicana es el temor estructural de sus funcionarios a contradecir, incomodar o incluso malinterpretar la voluntad de Estados Unidos. No es un miedo irracional ni una cobardía individual, sino una conducta aprendida y normalizada. Nace de la historia, se refuerza con la dependencia económica y se reproduce en una élite formada bajo la lógica del poder dominante. Lo que se dice, se calla o se decide frecuentemente se filtra según lo que Washington puede tolerar.

La raíz es profunda. Tras la guerra de 1846-1848, México perdió más de la mitad de su territorio y quedó marcado por una relación desigual con su vecino del norte. En el siglo XX, esa subordinación se expresó desde la ocupación de Veracruz en 1914 hasta las presiones tras la expropiación petrolera de 1938. En los 80, la crisis de la deuda colocó al país bajo la tutela del Tesoro estadunidense, el FMI y el Banco Mundial. Fue el inicio de un condicionamiento sofisticado pero limitante.

El TLCAN, firmado en 1994, profundizó esa lógica. Presentado como un acuerdo entre iguales, en la práctica insertó a México en las cadenas de valor de Norteamérica como proveedor de bajo costo. Hoy, más de 84 por ciento de nuestras exportaciones va a Estados Unidos, las remesas alcanzaron 63 mil 300 millones de dólares en 2023 –4.1 por ciento del PIB–, y 95 por ciento provino de connacionales en Estados Unidos. Más de 50 por ciento de la inversión extranjera es estadunidense y más de 70 por ciento del sistema bancario opera con capital extranjero. Esta red de vínculos configura dependencia: cualquier gesto de autonomía se percibe como amenaza.

En ese contexto, las represalias comerciales o diplomáticas no necesitan concretarse para surtir efecto. México se anticipa y se regula a sí mismo. Basta con la expectativa. El país actúa como si ya hubiese sido reprendido, incluso antes de decidir por sí mismo.

Pero el miedo no es sólo económico. También es expresado en lo simbólico y cultural. Una gran parte de la élite política y técnica se formó en universidades y organismos multilaterales moldeados por Estados Unidos. Esto engendró un "colonialismo académico" que no impone dominio por la fuerza, sino por legitimidad intelectual. Incluso quienes estudiaron en instituciones nacionales lo hicieron bajo la tutela intelectual de profesores formados en el extranjero, herederos de visiones ajenas. Si algún funcionario o analista propone una postura que no encaja con lo que Washington o los mercados esperan, se le considera ingenuo o poco profesional. El alineamiento ya no se impone desde el exterior: se introyecta, se normaliza y se convierte en sentido común. Así surge una élite que no sólo teme contradecir a Washington, sino que ni siquiera puede imaginar una alternativa.

En este marco, la política exterior mexicana ha sido reactiva. Se practica una política de "no molestar": ni a Washington ni a los mercados, tampoco a organismos internacionales. Las decisiones no se toman por el bien de México, sino para no incomodar actores externos. Y así, la soberanía se disuelve en los márgenes invisibles de la prudencia.

Un caso revelador fue la amenaza de Trump en 2019 de imponer aranceles de 5 por ciento si no se contenía la migración. En menos de 48 horas, México desplegó a la Guardia Nacional y aceptó, de hecho, ser "tercer país seguro". No hubo defensa jurídica ni consulta al Congreso: sólo acatamiento automático.

Esta lógica persiste. Hoy el gobierno enfrenta nuevas formas de coacción: amenazas arancelarias, exigencias en seguridad, presiones por el fentanilo, restricciones agrícolas y reglas sobre aviación internacional. Bajo el T-MEC, las decisiones internas se evalúan desde el exterior por supuesto cumplimiento. Se exige cooperación, pero casi nunca negociación. México sigue operando en el margen del miedo, no del interés propio.

Sin embargo, sí existen márgenes para mayor autonomía. México no pertenece a alianzas militares ni enfrenta sanciones y conserva posición diplomática gracias a su neutralidad. Tiene ubicación geoestratégica, acceso a dos océanos, frontera con la principal economía del mundo y relaciones crecientes con América Latina, Asia y Europa. Existe capacidad para diversificar alianzas y mercados. Lo que falta no es permiso, sino voluntad política e instituciones capaces de sostener una estrategia propia.

Hace falta una política industrial como auténtica estrategia de transformación productiva nacional. Esto exige articular políticas financieras, cambiarias, fiscales, comerciales, tecnológicas y de formación de capacidades. En el centro deben estar las empresas mexicanas, con la inversión extranjera en una posición periférica y regulada. El objetivo es construir un aparato productivo nacional, con valor agregado, empleo calificado y soberanía económica. Para ello, se requiere un proceso de innovación acumulativa mediante el aprendizaje del propio sector manufacturero. Las empresas mexicanas deben aprender a producir por sí mismas, dominar tecnología y dejar la dependencia externa. Eso es lo que ha faltado en los últimos 43 años: una estrategia de largo plazo para fortalecer nuestras capacidades internas de producción, innovación y autonomía tecnológica.

Persiste un temor paralizante: el de violar compromisos del T-MEC o provocar represalias transitorias. ¿Para qué seguir cuidando normas de un tratado que, en los hechos, ya está muerto? Fue presentado como entre iguales, pero firmado entre países profundamente desiguales. Ha funcionado como una arquitectura jurídica de subordinación más que como marco de cooperación. Hoy opera como instrumento de presión unilateral. Ese miedo inhibe cualquier intento serio de regulación o impulso al capital nacional.

Ese miedo no se vence con discursos abstractos. Se supera con banca, industria y ciencia nacionales; con universidades comprometidas con el desarrollo y desvinculadas del tutelaje extranjero. Hace falta una élite que piense desde México, con mirada crítica y compromiso con el bien común. Hoy existen condiciones políticas, respaldo popular y legitimidad institucional para dar ese paso. El cambio no será inmediato. Requerirá años, quizá décadas, pero debe comenzar hoy. Hoy, ante un nuevo ciclo político, esa decisión no puede seguir postergándose. La soberanía no se decreta: se construye paso a paso, con visión y voluntad. Recuperarla exige que rompamos los automatismos del miedo y nos atrevamos a pensar con voz propia.

Plan C

Fabrizio Mejía Madrid


“Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder Judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con ligereza ‘autoritarismo'”.


Empezaré por el desplegado de Enrique Krauze y Aguilar Camín en el que apoyan a Xóchitl Gálvez. El manifiesto urgente que llama “integrantes de la comunidad cultural” lo mismo a ex funcionarios del gobierno de Fox y de Calderón que a los fabricantes de mentiras desde la Operación Berlín, y hasta a quien fundó una editorial de poesía con el dinero que le pagó Raúl Salinas de Gortari por publicarlo, Mendiola. No dejo de lado al vocero del propio Carlos Salinas cuando fue presidente, Carreño, o a la neutral académica que elaboró las preguntas sesgadas del INE en el primer debate presidencial, Reguillo. En muchos casos, estos serían parte de una “comunidad cultural”, sólo si pensamos que la corrupción es cultura.

Al manifiesto le veo, al menos, tres contradicciones: una es que llaman a votar por el PRI y el PAN para que no haya una “regresión autoritaria”. Pues, ¿qué no es el PRIAN el régimen del autoritarismo, el Partido Único, los fraudes electorales, el saqueo descarado? Los historiadores nos llaman a votar por Alito Moreno y Manlio Fabio Beltrones, porque no vaya a ser la de malas que regresemos a los tiempos del PRI. La siguiente es que se quejan de la polarización pero ellos mismos promueven. Dicen los firmantes del manifiesto a favor del PRIAN: “Las elecciones de junio serán una confrontación entre autoritarismo y democracia. La opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez”. ¿Así o más polarizados los historiadores? Imagínense si esto fuera cierto: más de 30 millones de votantes de Claudia Sheinbaum estaríamos votando por el autoritarismo. Y los electores de Máynez estarían flotando en el aire de la deriva del alma. Sólo los 10 o 12 millones de votantes de Xóchitl serían auténticos demócratas. ¿Cuál es el rasero? Pues que están de acuerdo con Krauze y Camín. La democracia soy yo. No hay más ruta que la nuestra. Y la tercera contradicción de su manifiesto es que hablan de polarización y fueron ellos mismos, los intelectuales de Nexos, Letras Libres y la élite de la UNAM, los que llamaron a eliminar la pluralidad y concentrar todo en la alianza PRI-PAN-PRD. Si eso no es eliminar la pluralidad, no sé qué es. Pero ellos mismos lo advierten y, entonces, le dan una barnizada al hecho de que votar por Xóchitl es votar por el PRI, Ricardo Anaya, Lilly Téllez, y Jesús Zambrano. Dicen con un alto nivel poético: “Apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición”. Pero se equivocan, otra vez. No es un asunto de cuantos colores tienen los partidos, sino de qué se trata de su única y solitaria opción electoral, donde no hay ni siquiera un proyecto sobre el que se hayan puesto de acuerdo entre tantos multicolores. Para que haya pluralidad no es necesario que tengan muchos logotipos —la pluralidad no es diseño gráfico— sino que se expliciten los principios, programas de cada uno. En el caso del PRIAN esto no existió y en lo único que pudieron ponerse de acuerdo fue en que ellos representaban la democracia y, por consiguiente, 8 de cada 10 mexicanos que apoyamos al Presidente López Obrador, somos “autoritarios”. Ahora representan, también, el colorido, la paleta, los tintes, las tonalidades, la vistosidad de su candidata que, hace muchos meses, se declaró daltónica.

Pero hasta aquí con el célebre manifiesto de su “comunidad cultural”. Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder Judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con ligereza “autoritarismo”. Lo que ha sucedido es que la Suprema Corte ha cambiado en los hechos el régimen político del país al usurpar las facultades del poder legislativo. Esos ministros a los que nadie vota, suplantaron al Congreso de la Unión en estos seis años de obradorismo. Lo ha dicho Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte: esta instancia ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Para dimensionar esto, hay que recordar que en el sexenio de Zedillo, que jubiló de un plumazo a toda la Suprema Corte el primero de enero de 1995, nunca le anularon una sola ley; en el de Fox, 3; con Calderón, 7; y con Peña, 16. La Corte desaprobó esa cifra de 74 leyes votadas por mayoría en las Cámaras de diputados y senadores, con un argumento tramposo, inconstitucional: que no se debate lo suficiente. Inventaron para ello que los jueces deberían proteger algo llamado “democracia deliberativa”, que no existe en nuestra Constitución y menos en la realidad, si recordamos que la propia opisición del McPRIAN se negó a siquiera leer las iniciativas que mandaba el Presidente López Obrador en su “moratoria legislativa” que —por cierto— apoyaron los abajofirmantes de la “comunidad cultural”. Entonces, si la oposición se negó a debatir y la mayoría electa democráticamente votó las 74 leyes, ¿por qué usa la Corte aquello de que no se discutió suficiente? El invento es notable porque sirvió para anular las decisiones del Congreso electo. Lo que hizo la Suprema Corte fue tomar un artícul, el 26 constitucional, que tiene que ver con la planeación del estado y los programas nacionales de desarrollo, y decir que eso se refiere a las cámaras de diputados y senadores. Y no, se refiere a la economía, a la planeación en la que deben participar los afectados en las comunidades, por ejemplo, donde se planean minas de cielo abierto o desviación de ríos, es decir, está hecha para proteger a las minorías sociales, no al PRIAN. De hecho, el término fue inventado por el filósofo alemán Jürgen Habermas para contrarrestar las decisiones que se dicen “puramente técnicas” de la élite experta. Habermas se refería a la “democracia deliberativa” en la sociedad alemana e instaba a los medios de comunicación a dar información suficiente para formar una opinión pública racionalista, donde no intervengan las emociones. Es por eso, por ahistórica, que la “democracia deliberativa” de Habermas cayó hace décadas en desuso porque, como podemos atestiguar todos los días, la política no separa razón y emoción, sino que potencia ambas. La idea de Habermas es un modelo racional en un mundo en el que no existen conflictos ni deseos, ni articulaciones colectivas de cómo uno quiere que sea su país, sino unos solitarios ciudadanos que usan la información para tomar decisiones muy racionales. Según el filósofo alemán la democracia deliberativa llegaría a una “suave coacción” del mejor argumento. Pero esa idea está desconectada de la práctica y de la historia. Es un modelo. Pero, aún si la Constitución tuviera ese modelo, el artículo usado por la Corte no se refiere a las sesiones de las cámaras, ni al tiempo que le dedicaron a discutir las leyes, sino a otra cosa completamente distinta: la economía, la planeación de industrias que debe tomar en cuenta a las comunidades que afecta y que éstas puedan tener una voz en esas discusiones. Es decir, se refiere a algo que la Suprema Corte desdeña, junto con el resto del bloque opositor: las consultas populares. “La justicia no se consulta”, sentenció el magistrado de las empresas eléctricas extranjeras, Laynez Potisek.

En realidad, más allá de la usurpación de funciones que hizo la Corte del Congreso legislador, hay otra suplantación de las minorías reales, las sociales, sustituyéndolas por las minorías millonarias, como Iberdrola, las mineras canadienses, Bonafont, Coca Cola, y Bimbo. Esto lo hemos visto cada vez que la Suprema Corte anula una ley del Congreso: considera minoría a la élite económica trasnacional. Esta suplantación si arde porque la “democracia deliberativa” estaba concebida en Alemania para proteger a los obreros y los campesinos, no a los corporativos globales. Estaba pensada contra la decisiones técnicas de los expertos que afectaron la vida de millones, a favor de una argumentación que, según Habermas, podía arrojar resultados racionales. No eran para el PRIAN.

Sujetar al escrutinio judicial los actos políticos de los parlamentarios los condujo a anular 74 leyes en este sexenio para proteger a una minoría que no es social sino electoral y parlamentaria. Así, la Suprema Corte se convirtió en el último recurso de los que no quisieron leer las iniciativas presidenciales. Por ejemplo, en junio de 2023, cuando el Plan B de la ley electoral para desaparecer plurinominales, bajar el presupuesto a los partidos, y terminar con los gastos excesivos de las burocracias del partidismo, el ministro Laynez Potisek argumentó que los diputados opositores no “habían sabido cuál iniciativa se estaba votando”, cuando el que la puso a votación fue su líder, Santiago Creel. Es decir, la Suprema Corte acabó anulando la ley electoral, el Plan B, por la distracción de los dipuatdos opositores. Así, en vez de decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes impugnadas por el McPRIAN, el magistrado supremo decidió sobre una circunstancia de despiste, de descuido de la oposición. Imagínense esa “democracia deliberativa” donde Habermas dijera: “no a ver, se anula esta ley, estábamos muy distraídos cuando la votamos”. Así se lo dijo la oficina jurídica de la Presidencia: “El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.

Otro ejemplo, cuando desecharon la ley eléctrica, Aguilar Morales y Pérez Dayán protegieron un derecho humano que no existe: la libre competencia. Es como si las empresas eléctricas españolas fueran individuos o comunidades indígenas y no mega consorcios multinacionales. Su sentencia dice, entre otras joyas: “el mecanismo que decide cuáles centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional transgrede los principios de competencia y libre concurrencia”. Imagínense lo que tienen en la cabeza algunos magistrados: todo mundo se conecta a la red de la CFE y sube sin pleaneación su energía porque la “libre comptencia” es más importante que sobrecargar la red y que explote. Total. Siempre va a ser culpa de quien tiene los cables de transmisión que es la CFE.

De 2019 a 2023, la Suprema Corte emitió 425 sentencias de acciones de inconstitucionalidad, en 102 de ellas se analizó el tema de violaciones al proceso legislativo, en 74 sentencias se decretó la invalidez de leyes, 38 de manera total y 36 de forma parcial, es decir, que la Suprema Corte actuó como vigilante, no de la Constittución, sino del procedimiento que impide, en cualquier democracia, que una minoría suplante a la mayoría electa por el voto popular.

Pero hay algo más grave que la anulación del poder legislativo por parte de los jueces. Y es que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y las compañías fantasmas. El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. En este caso, de la inocencia de las factireras y del crimen organizado.

El 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró.

Pero así, también, le dieron el golpe mortal a la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa. El 14 de septiembre de 2022, Samuel Ventura Ramos, Juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria por el delito de secuestro a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala y presunto autor intelectual del ataque a los estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa. El 21 de septiembre dé 2022, este mismo juez liberó a 24 policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido procesados por haber participado en el intento de homicidio contra el estudiante normalista Aldo Gutiérrez, quien permanece en estado vegetativo al haber recibido un tiro en la cabeza la noche del 26 de septiembre de 2014. El 30 de agosto de 2019, este mismo juez Ventura Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, presunto líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y enlace del exalcalde José Luis Abarca, anteriormente procesado por el delito de secuestro en contra de los normalistas. En total, la Secretaría de Gobernación señala que el juez Samuel Ventura Ramos ha dictado 120 sentencias absolutorias de liberación a favor de presuntos implicados en el Caso Ayotzinapa. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la mayoría de las sentencias absolutorias dictadas por el juez Samuel Ventura Ramos desestimaron de las pruebas argumentando —una vez más— procedimientos. En este caso, el juez estimó que los torturados para justificar la “Verdad Histórica”, eran inocentes y no, como dice la ley, que toda declaración obtenida bajo tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores. El juez eliminó todo y los dejó en libertad. Tampoco acusó a los torturadores, es decir, Murillo Karam y Tomás Zerón. Tampoco obedeció la Ley General de Víctimas que obliga a las autoridades a tratar preferentemente el derecho de las víctimas, no el de los criminales. Puede decirse que ese juez de Matamoros, tamaulipas, reventó por sí mismo la investigación de Ayotzinapa, con lo cual facilitó que se acusara a la Fiscalía, a la Secretaría de Gobernación y al propio Presidente, de no querer resolver el caso y hasta de proteger al ejército. Quien no tome en cuenta la decisión de Ventura Ramos en esto, es un malintencionado o muy inocente.

Llegamos así al verdadero carácter de este régimen secuestrado por el poder judicial. El autoritarismo que señalan los de la “comunidad cultural” viene del Poder Judicial. Ese es el que no ha dado cuentas a nadie cuando suplantó al poder legislativo y hasta a la Fiscalía General de la República, en el caso Ayotzinapa. Eso es lo que hay que cambiar. No que haya muchísimos colores en los partidos, sino lo de fondo, el derecho a la justicia de los millones que saldremos este 2 de junio a votar por el Plan C.

GUERRA ASIMETRICA Y URBICIDIO EN GAZA

Carlos Fazio

Habrá un antes y un después tras la operación Diluvio de Al-Aqsa, de 

Hamas, y la ofensiva de retaliación y exterminio lanzada en la franja 

de Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel, el 7 de octubre, con el 

apoyo político y militar de la administración Biden.

Con el paso de los días el régimen colonial y expansionista de 

Benjamin Netanyahu elevó el urbicidio a su máxima expresión. 

Interrumpida por una tregua humanitaria de cuatro días, la actual fase 

de guerra no convencional urbana, asimétrica, tiene como principal 

objetivo declarado exterminar a la resistencia palestina 

-singularizada en Hamas con fines de propaganda bélica por el ejército 

de ocupación israelí-, enemigo difuso y disperso que se configura a 

través de una red de células o unidades pequeñas, semindependientes, 

pero coordinadas, que cuentan con una extrema flexibilidad de movimientos.

Hasta el presente, parte de la guerra asimétrica entre Israel (un 

ejército de 170 mil efectivos y 360 mil reservistas movilizados, 

modernos equipos militares y de inteligencia, y apoyadas por la Fuerza 

Delta del Pentágono), y la resistencia palestina (que vive hacinada en 

un campo de concentración a cielo abierto y no cuenta con ejército 

profesional, marina ni aviación), se manifestaba por el control 

absoluto del espacio aéreo por las fuerzas israelíes y el dominio 

palestino de la guerra subterránea a través de una red de túneles.

Antes del 7 de octubre, y desde 1948 (cuando se produjo la Nakba 

[catástrofe], que dio inicio a la destrucción de la sociedad y patria 

palestinas), la ocupación de los territorios árabes por sucesivos 

regímenes sionistas de Israel, ha involucrado una serie de procesos de 

dominación colonial y ocupación militar que incluye, hasta la 

configuración del actual apartheid automatizado, asentamientos de 

colonos supremacistas con armamento militar en puntos estratégicos 

alrededor de las principales zonas urbanas (como dispositivos 

panópticos urbanos [disciplinarios] para dividir el espacio y 

controlar las aldeas palestinas, lo que tipifica como crimen de guerra 

en virtud del Estatuto de Roma); la construcción de redes de 

vigilancia de alta tecnología (como el Cuerpo de Defensa de Fronteras, 

que recopila información mediante cámaras, dispositivos de detección y 

orientación mediante sensores acústicos, algoritmos informáticos y 

mapas, y son responsables de vigilar entre 15 y 30 kilómetros de 

terreno las 24 horas del día, proporcionando información de 

inteligencia en tiempo real a sus colegas militares en zonas 

ocupadas), a lo que se suman francotiradores robóticos capaces de 

disparar contra intrusos (como las ametralladoras de inteligencia 

artificial desarrollada por las empresas Rafael y Smartshooter, que 

pueden disparar granadas aturdidoras, balas de goma y gases lacrimógenos).

Lo anterior se complementa con sistemas interconectados: los muros de 

apartheid; la subdivisión y zonificación territorial, con carreteras y 

autopistas de circunvalación para uso único israelí; bases militares y 

puestos de control ( check points) e inspección con tecnología láser, 

torniquetes, detectores de metales y sistemas de escaneo; grabación 

electrónica de información mediante la intervención telefónica (vía el 

sistema de espionaje Pegasus) y la intercepción de mensajes 

electrónicos, televisión con circuito cerrado y vigilancia por video, 

sistemas de geoposicionamiento; tarjetas y software de identificación 

biométrica retiniana y facial Red Wolf (Lobo Rojo), de la empresa 

BriefCam, que permite detectar, rastrear, extraer, clasificar y 

catalogar (fichar) a los palestinos que aparecen en las grabaciones de 

videovigilancia en tiempo real; redes de espionaje dentro de poblados 

y comunidades (con colaboradores, informantes e infiltrados 

palestinos); uso de drones y aviones tripulados (para recabar 

inteligencia y llevar a cabo asesinatos selectivos, incluidas familias 

de combatientes y periodistas) y un conjunto de leyes y medidas 

burocrático-militares que traumatizan a la población gazatí.

Toda una suerte de urbanismo militar concentracionario de exportación 

(probado en el laboratorio palestino por el complejo militar 

industrial israelí, quinto exportador mundial de armas y líder en 

tecnología de vigilancia de fronteras), que se combina con una guerra 

híbrida, asimétrica y urbana en espacios densamente poblados, donde la 

infraestructura y la población civil se convirtieron en una fuente de 

objetivos y amenazas (de potenciales enemigos terroristas), y para lo 

cual las Fuerzas de Defensa de Israel y su servicio de inteligencia 

aérea, naval y de campo, el AMAN, junto con el Mosad (Instituto de 

Inteligencia y Operaciones Especiales) y el Shin Bet (el 

contraespionaje israelí), utilizan técnicas bélicas de rastreo y 

ataque, que deben dominar y controlar todos los espacios de la vida 

cotidiana en Gaza y Cisjordania, lo que ha dado lugar a una noción de 

la guerra como ejercicio permanente e ilimitado.

Esa doctrina militar israelí en los territorios ocupados ha sido 

descrita por Stephen Graham como urbicidio, esto es, la destrucción 

planificada, deliberada y sistemática de zonas urbanas, 

infraestructura civil y objetivos simbólicos de la vida y cultura 

palestina (transformadores de electricidad, depósitos de agua, 

carreteras, edificios de apartamentos, hospitales, escuelas, 

universidades, mezquitas, centros de refugiados de la ONU) como método 

permanente de invasión y estrangulamiento y de coacción física y 

sicológica sobre la insurgencia y la población civil.

Un patrón de tierra arrasada y asesinatos en masa que se ha venido 

agudizando como un continuum en el siglo XXI (por ejemplo, la 

Operación Plomo Fundido en 2008 y 2009), y que llegó a su máxima 

expresión con la incursión terrestre israelí a partir del 28 de 

octubre pasado, que desató una orgía de terror (de terrorismo de 

Estado israelí) ante los ojos del mundo en vivo y en directo, con una 

matanza deliberada e indiscriminada de civiles sin paralelo (Antonio 

Guterres dixit), incluidos bebés prematuros en incubadoras y pacientes 

con diálisis o graves que necesitaban cirugías de emergencia, como 

ocurrió en el bombardeo, asalto y destrucción del Hospital Al-Shifa (y 

en el nosocomio árabe cristiano Al Ahli y el Hospital Indonesio), 

sendos actos de castigo colectivo fríamente calculados y metódicos. A 

lo que se suma el asesinato selectivo de periodistas en Gaza y Líbano 

para ocultar las huellas del genocidio.

Tras la llamada pausa humanitaria de siete días que permitió el 

intercambio de mujeres y niños capturados por ambas partes -y con el 

veto de Estados Unidos al proyecto de resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU que buscaba un alto al fuego inmediato en la 

franja de Gaza-, el pasado 1º de diciembre el régimen de ocupación de 

Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra reiniciaron las operaciones 

de asesinato a gran escala mediante bombardeos de saturación contra la 

población palestina, que ya pueden equiparse con la devastación de 

Dresde, Hamburgo y Colonia durante la Segunda Guerra Mundial.

El objetivo de EU es preservar a Israel como cabeza de puente imperial 

en Medio Oriente, para controlar una zona estratégica que concentra 

las mayores reservas mundiales de recursos energéticos no renovables 

(petróleo, gas, uranio) y dominar las rutas del comercio marítimo -en 

particular el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el 

océano Índico-, lo que le daría además ventajas militares claves. De 

allí que mientras finge impotencia y frustración al no poder controlar 

el horror generado por el ejército israelí -exhibido día tras día urbi 

et orbi en imágenes con cuerpos inertes de niños palestinos que son 

sacados de los escombros-, Biden y Netanyahu impulsan de manera 

conjunta un plan cuyo objetivo es la despoblación total de Gaza, 

empujando a los sobrevivientes del genocidio hacia la desértica 

península del Sinaí en Egipto (como sugirió un documento interno de la 

ministra de Inteligencia, Gila Gamliel) o a un reasentamiento en otros 

países de acogida, como Turquía, Irak y Yemen, que recibirían 

generosas ayudas de EU.

Se pretende desaparecer la franja de Gaza o convertirla en una tierra 

vaciada de sus habitantes y abierta a la colonización –un verdadero 

gran remplazo-, para apoderarse definitivamente manu militari de los 

yacimientos submarinos de gas natural situados en aguas territoriales 

palestinas, como parte del proyecto de Washington y Tel Aviv de 

aterrizar el proceso de acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, 

que incluía la construcción (ya iniciada) del canal Ben Gurión 

(alternativo al canal de Suez, por donde pasa 12 por ciento del 

comercio mundial), que debería desembocar en Gaza, lo que permitiría 

poner un cordón sanitario a la Ruta de la Seda china... Y después seguir 

con la limpieza étnica de Cisjordania.

Sin embargo, hasta el presente, con su incursión en la franja de Gaza 

Israel y EU no obtuvieron ningún logro militar ni político de 

consideración. Y el fracaso en su intención de destruir a Hamas los 

obligó a negociar indirectamente con los grupos político-militares de 

la resistencia anticolonialista, antimperialista y de liberación 

nacional palestinos, que pese a sus diferencias tácticas e 

ideológicas, actúan de manera coordinada bajo el lema unidad de 

caminos (una suerte de bloque histórico –según el concepto gramsciano– 

de actores no estatales) y lograron cambiar el equilibrio estratégico 

en varias dimensiones a favor de Palestina.

Aunque existen evidentes indicios de que los servicios de inteligencia 

israelíes tenían información sobre los preparativos de un ataque 

palestino y se sospecha incluso de algún tipo de complicidad, todo 

indica que no se previó la magnitud de la operación militar el Diluvio 

de Al-Aqsa, que requirió una gran planificación y ejecución operativa, 

táctica y estratégica, que adquiere hoy proporciones casi míticas 

entre los pueblos árabes de Medio Oriente. La leyenda 

sionista-occidental sobre la invencibilidad de las Fuerzas de Defensa 

de Israel y la infalibilidad de la inteligencia del Mosad (que en la 

hipótesis de que pudieron inducir la acción, se les salió de control 

por la envergadura de los hechos), se hizo añicos tras la incursión de 

Hamas en el principal cuartel del ejército de ocupación israelí en el 

sur, que se presentaba como una joya tecnológica; la captura de dos 

generales; la liberación de 20 asentamientos y la retirada de los 

insurgentes a sus búnkeres subterráneos debajo de Gaza con más de 200 

rehenes israelíes.

Desde esa perspectiva, la tregua humanitaria y el intercambio de 

rehenes entre ambas partes representaron una victoria para el bloque 

de la resistencia palestina y una derrota humillante para Israel. La 

política de tierra arrasada y castigo colectivo sobre la población e 

infraestructura de Gaza, echó mano del sistema basado en inteligencia 

artificial Habsora (El Evangelio), descrito como una fábrica de 

asesinatos en masa, con énfasis en la cantidad de daños colaterales 

(civiles) y no en la calidad (combatientes abatidos) para ahorrar 

tiempo de inteligencia humana. Habsora es una herramienta de la 

Doctrina Dahiya (una adaptación israelí de la doctrina estadunidense 

de Conmoción y pavor [ Shock and awe]), basada en el uso de una fuerza 

masiva y desproporcionada, y demostraciones espectaculares de fuerza 

para paralizar la percepción del adversario en el campo de batalla, 

destruir su voluntad de luchar y empujar a los civiles a presionar a Hamas.

Pero Hamas y la Yihad Islámica no han sido aniquiladas sobre el 

terreno. Y el mito de la disuasión de Israel y EU ha sido superado por 

las tácticas de la nueva guerra asimétrica, tecnológicamente más 

compleja y multidimensional. A pesar de las grandes pérdidas, 17 mil 

997 muertos y unos 49 mil heridos en Gaza (una matanza sin precedentes 

con un patrón de actuación deliberado, cuyo saldo es superior a la 

media de víctimas civiles en todos los conflictos del mundo durante el 

siglo XX, donde los civiles representaron, aproximadamente, la mitad 

de los muertos), Palestina se ha convertido en una guerra existencial 

-no sólo de liberación nacional–, y se aplaste o no a Hamas, es hoy el 

símbolo de un despertar en el mundo árabe: el fin de siglos de 

humillación regional. Y tal vez, la chispa que encienda una 

transformación de raíz en la conciencia de todo Medio Oriente.

Aunque dialécticamente también podría ser el detonante de un conflicto 

geopolítico alentado por el Estado profundo que controla los pasos de 

Joe Biden, que ante la pérdida de hegemonía imperial, no duda en 

desencadenar una confrontación de dimensiones inimaginables que 

podrían derivar, incluso, en una Tercera Guerra Mundial. Si no, ¿cómo 

explicar el incremento de tropas y material bélico en las bases del 

Pentágono en Israel y toda la región y el enorme despliegue militar 

naval de EU y la OTAN en la zona del Mediterráneo frente a Irán y Líbano?