La tierra en México: tres etapas del mismo proceso expropiatorio

Xicoténcatl

La Colonia.- En el México colonial el desarrollo de las ciudades estuvo estrechamente ligado a la producción minera. El Camino de la Plata (Real del Monte, Zacatecas, San Luis Potosí, Taxco, Santa Fe de Nuevo México) partía del centro hacia el Norte y en esa geografía se iban creando los centros mineros que serán más tarde las futuras ciudades.

Transformación y remodelación del territorio donde se fundan los presidios militares y las Misiones de la Compañía de Jesús a lo largo y ancho del Septentrión de la Nueva España constituyendo una cadena de fortificaciones para proteger el transporte de mercancías, la extracción de plata y las comunicaciones entre el centro y las explotaciones mineras recién descubiertas.

La línea de avance española se protegía con la creación de más presidios dentro de territorio chichimeca (nómadas), en la meseta central y en ambos lados de la Sierra Madre Occidental. Estas eran las directrices de la política para el poblamiento y colonización del Nuevo Reino de León (actual estado de Nuevo León) y de la colonia del Nuevo Santander (actual estado de Tamaulipas, una parte del estado de Nuevo León y una parte del sur de Texas). Misiones y presidios se volvieron polo de atracción de colonos para el establecimiento de nuevas misiones, pueblos, haciendas y villas.

La iglesia católica con sus diferentes Órdenes era la Institución más poderosa en la Nueva España, dueña de grandes propiedades, tenía un gran poder económico por la recaudación de diezmos, obtenciones parroquiales, donaciones piadosas y legados testamentarios; se calcula un capital disponible de 45 millones de pesos, empleados en realizar préstamos a agricultores, mineros y empresarios como hipoteca. Este poder junto con su adoctrinamiento evangelizador, se traducía en control político. Pero la tierra no existía aún como mercancía en sí misma; en el Antiguo Régimen dependía de los vínculos. Estaba vinculada a:

Los mayorazgos; el clero regular, secular y capellanías; las comunidades indígenas y los Ayuntamientos.

Las minas arrebataban la tierra a los pueblos, creando un entorno agrícola para la producción de alimentos. Destrucción del entorno para la creación de una economía monoexportadora y extractivista que, al entrar en crisis (siglo XVIII, hacia 1780), arrastró tras de sì la industria y el comercio de la Nueva España. En el siglo XVIII se volvió cada vez más difícil obtener “repartimientos de indios” y se favoreció el “trabajo libre”; el precio del trabajo aumentó. La extracción minera se realizaba cada vez a mayor profundidad y esto lógicamente encarecía los costos de producción; había un problema adicional: las minas frecuentemente se inundaban de agua. Cuando el movimiento insurgente contra el dominio español paralizó la producción minera (1811) la crisis de la minería mexicana ya arrastraba 30 años de decadencia y explotación extrema.

Perìodo liberal.- Entrado el siglo XIX el capitalismo moderno condiciona y regula las relaciones sociales; los latifundios implican el control de la propiedad, de la gente (ahora con una demografía en ascenso) y los mercados. La Hacienda posee la tierra y los pueblos la mano de obra.

El ideal de aquella generación de liberales (José María Luis Mora, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Gómez Farías…) era crear una clase de pequeños propietarios y emprendedores. En la concepción de aquellos líderes y gobernantes, la situación de miseria en la cual se encontraban los indígenas, se debía a su propia naturaleza, a su falta de espíritu empresarial y a su falta de individualismo. A principios del siglo XIX la tenencia comunal de la tierra denotaba un principio retrógrado, sobrevivencia de la época colonial, en la cual el indígena, segregado del resto de la población, había estado sujeto a una legislación especial. Consideraban que las tierras comunales de los pueblos eran las peor trabajadas y en las que no se aplicaba adelanto alguno ni en maquinaria ni en técnicas de cultivo. Era necesario pues un amplio proceso de privatización de la tierra y terminar así con el “vicio comunal”.

Desde la colonia el gobierno español otorgó a las comunidades indígenas la personalidad jurídica como propietarias y le concedió ciertas extensiones de tierra bajo la condición de ser usadas exclusivamente para el beneficio de sus miembros y no podían ser vendidas ni enajenadas. A pesar de esta protección legal en muchas ocasiones los campesinos perdieron el acceso a la tierra. La escasez de alimentos en épocas de malas cosechas o la necesidad de dinero por cualquier emergencia llevaba al campesino a ceder en arrendamiento su porción de tierra a cualquier cacique de la localidad a cambio de un préstamo que ya nunca le sería posible devolver.

Naturalmente el enemigo principal a tumbar era la Iglesia católica, por su condición de terrateniente y porque financiaba a los conservadores en sus agresivas pugnas contra la política liberal.

Se promulga la Ley Lerdo (1856) que decretaba la venta a particulares de las propiedades rurales de la iglesia católica y de las corporaciones civiles. La idea era fomentar la actividad económica para crear una clase media rural. Además de la iglesia la desamortización también aplicaba para las comunidades indígenas. En definitiva se trataba de una confrontación radical entre pasado y modernidad y de poner las bases para el fomento de una conciencia nacional y un Estado moderno (en el marco de reglas capitalistas). No hay que olvidar que la invasión norteamericana (1846-1848) y la pérdida de más de la mitad del territorio fueron el origen de una toma de conciencia por parte de los liberales en cuanto a la necesidad de transformar y modernizar a México o desaparecer como país.

Los liberales tenían el concepto de la tierra como fundamento de la vida económica y política de la nación y el impulso de sus ideas en la práctica desorganizó la vida de las comunidades y proletarizó a sus miembros favoreciendo el establecimiento de haciendas. La afectación continua por parte de los grupos de poder locales se tradujo en rebeliones de gran calado, como las que se produjeron en el Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Gorda de Querétaro y en la península de Yucatán.

En 1824 se expide la Ley General de Colonización que invitaba a inversores extranjeros a establecerse dentro del territorio nacional, a condición de respetar y acatar las leyes mexicanas. Se autorizó a las Compañías deslindadoras para delimitar y redistribuir la tierra entre quienes carecían de ella o lo solicitaban. El resultado fue al revés. De los 58 millones de hectáreas deslindadas, un tercio quedó en poder de las Compañías deslindadoras como pago por sus trabajos. Los dos tercios restantes fueron adquiridos a bajo precio por las mismas empresas o por individuos vinculados a ellas. Un individuo utilizando los nombres de sus familiares podía concentrar varias fincas de enorme extensión. En Baja California se otorgaron 12 millones de hectáreas a cinco concesionarios y en Chihuahua las Compañías deslindaron 14 millones de hectáreas que se repartieron entre 4 familias. Una fiesta que se prolongó todo el Porfiriato y que terminó en noviembre de 1910.

Extenderme en todo el siglo XX sería exceder los límites de este artículo y alejarme de la idea original, que es anotar algunas semejanzas entre aquella situación histórica que enfrentaron con decisión, pero con resultados contradictorios, los liberales encabezados por Benito Juárez y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en su concepción de desarrollo para México con un enfoque que deja de lado la importancia de recuperar la soberanía alimentaria y apoyar a los ejidos y la producción campesina local. Esto es compatible con la aplicación de modernas técnicas de cultivo, el aprovechamiento racional de los recursos y la defensa de una economía campesina. Pero parece claro que la apuesta del actual gobierno mexicano es por los megaproyectos.

Nomás apuntar la importancia del siglo de las drogas, como le llamó el sociólogo mexicano Luis Astorga al siglo pasado, en la redistribución del uso de la tierra en amplias regiones de México para la siembra de enervantes en perjuicio de la producción de alimentos. La aprobación en 1994 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la reforma al Artículo 27 de la Constitución, que desmontaron agresivamente la economía familiar campesina y provocaron un éxodo masivo de mexicanos en busca de altos salarios a cambio de explotación laboral, racismo y discriminación en los Estados Unidos.

Por último y muy importante, resaltar que la declaración de guerra contra las drogas y su impulso mediante la llamada Iniciativa Mérida aplicados durante el calderonato (2006-2012) y el sexenio siguiente (2012-2018) fueron el equivalente de la guerra contra México lanzada en 1846 por los Estados Unidos. López Obrador se sienta en la silla presidencial de un país destrozado en lo social, saqueado en lo económico por una deuda que compromete las necesidades básicas de varias generaciones y condicionado por presiones internas (el ejército) y externas (renovación del TLC, inversiones condicionadas y corrupción a derecha e izquierda, arriba y abajo).

Tercera etapa del proceso expropiatorio.- El siglo XXI presenta en México un panorama semejante para todos los países de economía dependiente, suministradores de materias primas y condicionados por Tratados de libre Comercio que son los nuevos instrumentos de imposición colonial para impedir el desarrollo de la investigación y la tecnología necesaria para beneficio de sus poblaciones.

Ligado con la exposición inicial sobre la minería en la colonia es necesario conocer el dato: Según cifras oficiales al mes de mayo de 2010 se habían otorgado 26 mil 559 concesiones mineras que abarcaban una superficie aproximada de 21.1 millones de hectáreas equivalentes al 13.8 % del territorio nacional. La Ley de Inversiones Extranjeras permite inversiones foráneas en minería del 100%. Las empresas mineras extranjeras y las nacionales pagan al erario mexicano cantidades simbólicas no en función del mineral extraído sino por hectárea de tierra concesionada (más de la cuarta parte del territorio nacional está concesionado a las mineras. El presidente López Obrador declaró en agosto de 2019 que durante su gobierno no se entregarían más concesiones mineras.

También se ha pronunciado contra el fracking, pero la Alianza Mexicana contra el Fracking confirma que continúan las actividades de perforación hidráulica. Según datos de Cartocrítica, Investigación mapas y datos para la sociedad civil, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta contaminante técnica, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.

En lo que a ganadería se refiere la llamada “revolución ganadera” llegó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), aprovechando las facilidades que se otorgan en México con salarios bajos y poca o ninguna regulación ambiental y acaparamiento de tierras rurales. El crecimiento de la demanda de proteínas animales fue aprovechado por las corporaciones trasnacionales que controlan la producción mundial de ganado. En 2017, 99% de las granjas familiares que producían carne habían desaparecido en favor de las granjas industriales propiedad de grandes corporaciones. La comunidad de Homún (Yucatán) con menos de 8 mil habitantes recién ganó la batalla contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola que no cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales prometida a la gente. Este viernes 6 de noviembre las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en materia del Trabajo y Administrativa de Yucatán, determinaron mantener la suspensión de las operaciones de la mega granja (más de 49 mil cerdos), por los riesgos que su funcionamiento representa para el medio ambiente, la salud y la niñez de las comunidades mayas de la zona.

Conflicto de intereses: la empresa Enerall fundada por Alfonso Romo, hasta hace unos días Jefe de la Oficina de la Presidencia destruyó impunemente un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados y apenas en marzo de este año utilizó la expresión “muertos de hambre” para referirse a los pobladores de Yucatán que no saben ni manejar sus propias tierras y a los que la empresa Enerall, que ahora administra su familia, les llevará el progreso. Para ello además del cenote destruido hubo que deforestar la zona, acabar con la fauna y obtener grandes márgenes de ganancias a costa de pagar sueldos miserables a los trabajadores en el acuífero más importante de México cuya disponibilidad ha disminuido en un 43%.

Los monocultivos de soya transgénica, la producción de cereales con agrotóxicos, la palma aceitera son un capítulo aparte (o integrado) a esa concepción del desarrollo que López Obrador comparte con los liberales del siglo XIX. Sí, López Obrador es pragmático e ideológicamente incoherente tal y como señalan en entrevista publicada en el diario La Jornada el 30 de noviembre pasado, el académico de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de México Enrique Rajchenberg y Nicolás Loza Otero investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso.

TREN MAYA: Un pragmatismo e incoherencia que se concretan en el proyecto estrella denominado TREN MAYA, que cambiará para siempre la fisonomía de una de las últimas selvas de México y de América Latina, impulsará el turismo de masas y utilizará la mano de obra barata con trabajos de baja cualificación a los pobladores de la zona. El proyecto está ligado al gigantesco movimiento de mercancías que, a nivel mundial se conectará con la transformación del Istmo de Tehuantepec para construir modernas vías de comunicación que faciliten las exportaciones e importaciones hacia Asia y América del Norte. Se calcula que el 70% de los ingresos de este mega negocio será por transporte de carga. Participan en esta transformación radical del territorio en el sureste mexicano y de los usos agrícolas del suelo empresas de Carlos Slim, la española FCC Construcción, S.A., la china Communications Construction Company Ltd. y también la Secretaría de la Defensa Nacional a la que se le ha asignado la construcción de los tramos 6 y 7. Pero la mega corporación que destaca como interesada en el proyecto es la banca de gestión de inversiones Blackrock, con sede en Nueva York, y considerada la banca más grande del mundo en gestión de activos. Controla 7.8 billones de dólares, o sea, el equivalente a más de 6 veces el PIB de México. Además de su participación en el Tren Maya, Tiene inversiones en 12 proyectos energéticos en la península de Yucatán.

López Obrador le apunta a una recuperación económica de México y a retomar la función del Estado como agente de desarrollo. Se mueve con las reglas del capitalismo y tiene unos claros límites de acción impuestos por el ejército mexicano y la oligarquía internacional.

El sociólogo de Flacso Loza Otero remata en la entrevista:

“Tiene apego a una economía mixta que se practicó después del cardenismo en México y que implica cierta intervención del Estado, cierta regulación de la actividad de la empresa privada. No tiene realmente una ideología coherente, sólida; puede parecer un señalamiento muy crítico, pero en realidad tampoco deberíamos pensar que la gente anda por la vida con una ideología muy coherente y sólida”.

Fuentes:

• La agricultura en tierras mexicanas desde sus orígenes hasta
  nuestros días. Teresa Rojas y María de los Angeles Romero Frizzi.
  Editorial Grijalbo
• Ana de Ita. Directora del Centro de Estudios para el Campo Mexicano
  (La Jornada 5 de junio 2020)
• Silvia Ribeiro. Investigadora del grupo ETC (La Jornada 5 de
  diciembre 2020)
• Greenpeace.org México. Los costos de una industria muy puerca en
  la península de Yucatán.
• José Luis Ríos Vera. La superexplotación del trabajo en México en
  el corazón de BlackRock. Revista Rebelión.

Pandemia: 16 millones de indígenas en vulnerabilidad absoluta

Zósimo Camacho

Hambre, desnutrición crónica y precaria infraestructura médica, la constante en las geografías de los pueblos originarios. No cuentan siquiera con información clara de la llegada de la enfermedad Covid-19. En el horizonte indígena podrían ocurrir los mayores estragos de la pandemia y la crisis económica

La Montaña de Guerrero es la región más depauperada del país y del Continente. Es netamente indígena, mayoritariamente monolingüe. A 550 mil na’saavi, me’phaa y nahuas de 19 municipios se les viene la pandemia encima. En toda la región hay sólo un hospital de segundo nivel con 30 camas –ya saturadas por mujeres en labores de parto y por pacientes con enfermedades crónico-degenerativas– y tres respiradores mecánicos, de los cuales sólo uno funciona.

Es la artillería hospitalaria con la que la Montaña espera el paso de la pandemia de Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, la mayor emergencia sanitaria mundial en más de 100 años.

“Viene una ola gigante y nuestro sistema de salud está desmantelado, obsoleto, sin personal médico suficiente”, advierte el antropólogo Abel Barrera Hernández desde Tlapa de Comonfort, el corazón de la Montaña, la única ciudad de la región que cuenta con 70 mil habitantes.

Pobres entre los pobres, el panorama es similar en la mayoría de las geografías indígenas del país, que según estimaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) suman 16 millones de personas. En localidades remotas no hay siquiera conciencia de lo que les llegará en las próximas semanas y meses. Y es que para ellos no hay ni mensajes informativos en su lengua.

“En este abismo de la desigualdad de nuestro país, estamos en el sótano de la miseria”, señala Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La pandemia viene a complicar “un laberinto donde de por sí parece que no hay salida, no hay forma de solucionar el problema del hambre”.

Carlos González, concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) e integrante de la Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena (CNI), coincide: “Los pueblos indígenas son los más vulnerables en cuanto a infraestructura clínica hospitalaria y en cuanto a la atención médica en general. Hay mucha desnutrición y muchos rezagos”.

La respuesta indígena organizada

Abogado especialista en derecho agrario, González señala que la amenaza de la enfermedad Covid-19 ha activado las alertas entre los pueblos indígenas del CNI, toda vez que golpea con más severidad a los viejos.

“En la sociedad [mexicana], pero marcadamente en los pueblos indígenas, los ancianos y las ancianas juegan un rol fundamental, vital, para la pervivencia de las comunidades y su reproducción. Es una preocupación muy seria”, explica.

Por ello, por ejemplo, el pueblo wirrárika (o huichol) de San Andrés Cohamiata, Tatei Kie, decidió suspender el ritual de Semana Santa, es decir, las celebraciones más importantes del ciclo anual de la comunidad.

La tribu yaqui, por su parte, considera no cancelar el ritual –también fundamental para su cultura– pero sí cerrar su territorio y no permitir el ingreso de los yoris (mestizos) a sus comunidades. Misma medida se está aplicando ya en algunas otras geografías indígenas como las del Istmo y los Valles Centrales de Oaxaca, y en algunas comunidades mayas de Yucatán.

Otro caso que se destaca es el de las comunidades guerrerenses del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), del Frente Nacional de Liberación del Pueblo (FNLP) y de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que de manera conjunta han ordenado un repliegue externo y un despliegue interno para enfrentar la pandemia y tomar el control del territorio.

Se trata de cientos de comunidades na’saavi (o mixtecas), me’phaa (o tlapanecas), ñamnkue (o amuzgas), nahuas, afromexicanas y mestizas que se declaran alertas y anuncian que no darán tregua a los oportunistas que quieran sacar ventaja de la emergencia.

En un documento emitido de manera conjunta, las tres organizaciones se reivindican integrantes del CNI y del CIG y denuncian “la falta de presupuesto de salud” en las regiones de Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.

Para Carlos González, con todo y la pobreza y el despojo, las comunidades indígenas organizadas y en rebeldía podrán generar algún tipo de defensa en sus geografías, gracias a su propia vida comunitaria.

La capacidad de respuesta será distinta conforme el grado de organización, la orografía y el contexto social de la región donde se encuentran las comunidades. No será lo mismo, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara que las Cañadas tsotsiles zapatistas.

Algunas comunidades podrán organizarse para que el contagio sea lento y podrán incluso hacer frente a la crisis económica con sus propios medios y recursos.

“Hay comunidades que resisten en condiciones muy difíciles, muy precarias, en sus regiones porque han sido desplazadas por el desarrollo urbano, industrial, la contaminación. Y hay otras comunidades, regiones, donde todavía hay buena cantidad de medios y hay una armonía con la Madre Tierra mucho mayor”, explica Carlos González.

El CNI prevé, por ello, que la peor situación para los indígenas se presentará, paradójicamente, en las ciudades, donde se encuentran los migrantes en trabajos precarios y sin ningún tipo de apoyo. Lejos de su comunidad, los indígenas son más vulnerables.

Es el caso de la comunidad ñäñho (u otomí) originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, que se encuentra en la Ciudad de México. Ya le han prohibido vender en las calles y no tiene acceso a alimentos, agua ni un lugar donde pernoctar. El propio CNI está realizando una colecta para apoyar a estas familias.

El activista y asesor de la comunidad, Diego García, señala que son 130 familias otomíes las que se encuentran en precariedad en la capital de República. Esta situación se agudizó luego del terremoto de 2017, cuando tuvieron que desalojar los edificios que ocupaban. Durante más de 18 meses, estas familias pernoctaron a las afueras dichos inmuebles, sin las condiciones mínimas de habitabilidad, salud, seguridad, trabajo y alimentación. El Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México no las contempló.

Peor aún, a los inmuebles les salieron “dueños” y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ordenó desalojar a las familias otomíes, hecho que se consumó violentamente el año pasado con más de 200 elementos del “desaparecido” cuerpo de granaderos.

Hoy en las calles, y a través de Diego García, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, las familias señalan que no tienen manera de protegerse de la pandemia. “Para evitar el contagio, la OMS [Organización Mundial de la Salud] y los gobiernos recomiendan lavarse las manos, y nosotros no tenemos agua potable para el consumo; sana distancia, y nosotros vivimos hacinados y en campamentos; resguardarse en casa, y nosotros no tenemos casa: vivimos en la calle, fuimos desalojados; hacer cuarentena, y somos desempleados, trabajamos en la calle y vivimos al día”.

El CNI tomó en serio la amenaza de la pandemia semanas antes de que el gobierno federal pusiera en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cerró en Chiapas sus Juntas de Buen Gobierno y sus Caracoles. Llamó a sus filas y bases de apoyo a prepararse para la pandemia con medias aplicadas internamente.

A nivel nacional, el CNI canceló las asambleas que estaban ya programadas en 10 sedes de todo el país para impulsar la defensa de territorios ante los megaproyectos. Dos de esas asambleas canceladas serían de carácter nacional e internacional. Las anfitrionas serían comunidades indígenas de Campeche.

El descobijo gubernamental

Al final, los casos anteriores son de pueblos, tribus y naciones indígenas organizadas en lucha por sus derechos. Articularán una respuesta. Caso distinto es la de las comunidades en precariedad absoluta, como las de la Montaña alta de Guerrero, las rarámuris de la Sierra Tarahumara, las chichimeca jonaz de Guanajuato y San Luis Potosí o las ñäñho del semidesierto queretano.

La estrategia gubernamental en la región de la Montaña de Guerrero es dar instrucciones que son casi imposibles de cumplir: lavarse constantemente las manos, donde apenas hay agua para beber, y usar gel antibacterial, donde ni siquiera se vende.

Pero no hay alguna acción gubernamental para que, ante la emergencia, se garantice el acceso de las comunidades al agua. Persiste la desigualdad económica, que se traduce en desigualdad de acceso a los servicios y desigualdad informativa, explica Abel Barrera.

Sin política comunicativa gubernamental efectiva para los pueblos indígenas, son las propias organizaciones las que tratan de prevenir la pandemia. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha realizado mensajes auditivos en las lenguas maternas de la región: nahua, t’un saavi y me’phaa.

En la zona, los gobiernos federal y estatal han difundido mensajes escritos que, aunque estén redactados en lenguas indígenas, la mayoría no sabe leer, además de que son sociedades de tradición oral. También hay difusión de mensajes a través de una radiodifusora pero resultan muy técnicos para la población y no generan conciencia alguna sobre lo que está por venir.

“No vemos acciones orientadas a establecer una comunicación acorde con la idiosincrasia de los pueblos, sus idiomas, su cultura; que mínimamente se garantice una información accesible, no tan técnica”, explica Abel Barrera, defensor de derechos humanos.

Contralínea solicitó entrevista con el director del INPI, Adelfo Regino Montes. El funcionario, máxima autoridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la atención a los pueblos originarios, declinó hablar con este medio de comunicación.

En su página de internet, el INPI sólo tiene como acciones contra el coronavirus en los pueblos indígenas la traducción a 10 idiomas (de las 68 que se hablan en el país) de carteles informativos para prevenir el contagio. Según se observa en la página, no habría alguna otra política para los pueblos originarios ante la pandemia.

La enfermedad no podía llegar en peor momento a la Montaña de Guerrero. Paupérrimas y con desnutrición crónica, las familias indígenas padecen un recrudecimiento de su situación económica. Las tres fuentes de dinero se colapsaron en el último año, meses y semanas: la siembra ilegal de amapola, las remesas y la asistencia gubernamental.

La primera de ellas, la venta de goma de opio que se obtiene del cultivo de la amapola. Los precios cayeron en el mercado negro internacional porque los consumidores estadunidenses de droga prefieren ahora el fentanilo. Han cambiado este estupefaciente por la heroína.

“Lamentablemente la venta de este producto ilícito pasó a ser parte de la economía precaria de los pueblos indígenas. Y se desfondó. Lo que costaba el kilo de goma en el mercado negro aquí en la región, pasó de 25 mil a 5 mil pesos. Eso vino a dar al traste con lo poquito que a veces lograban cosechar algunas personas que se atrevían a sembrar en las barrancas de la Montaña”, explica Abel Barrera.

Una segunda fuente de ingresos son las remesas. Y por la llegada de la pandemia a Estados Unidos, gran parte de los trabajadores migrantes en ese país han perdido sus empleos. Muchos se encuentran sin trabajo alguno y por ello han dejado de enviar dinero a sus familias. Incluso hay reportes del regreso de cientos que llegan a sus comunidades sin que sean objeto de revisión médica alguna.

La tercera fuente de ingresos son los programas de asistencia gubernamental. Con la llegada del nuevo gobierno se redujeron los apoyos. Antes las familias recibían recursos por número de hijos. Ahora es la misma cantidad para cada familia, independientemente de los integrantes.

Abel Barrera explica que la reconfiguración de los programas sociales llevados a cabo por el gobierno federal desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador no benefició a las familias montañeras. Por el contrario, devino en un recorte de recursos para los indígenas de la región.

Y es que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o de Apoyo a las Personas Discapacitadas, que podrían ser exitosos en otros lugares, no tienen aplicación alguna en las comunidades de la Montaña donde no hay trabajo remunerado. Otros que sí podrían tener aplicación práctica, como el de fertilizantes, sólo llegaron a las cabeceras municipales y a algunas comunidades, de acuerdo con datos de Tlachinollan.

Además, recuerda Barrera Hernández, acaba de pasar un año de catástrofes naturales –granizadas, deslaves, vientos– que acabaron con las cosechas de quienes sí pudieron sembrar.

El panorama es de emergencia. La pandemia viene a agudizar estas condiciones. Lo que podría ocurrir es “un caos, una situación crítica de malestar, de protesta… que no se pueda controlar; eso es lo que nos preocupa en un horizonte no muy lejano, como de 2 o 3 meses. Si ya es grave la situación, será peor. Puede haber un contexto de mayor polarización y violencia”.

Y es que desde las esferas gubernamentales no se prevé ninguna política que mitigue los estragos causados específicamente en las regiones más empobrecidas. Abel Barrera señala que no bastarán fórmulas generales. Deben diseñarse políticas dirigidas especialmente a determinadas regiones.

No bajarán la guardia

El CNI, por su parte, descarta suspender las luchas que libra. Que se suspendan reuniones masivas no significa que se abandonen las demandas. “Seguiremos en las luchas estratégicas que estamos llevando”, señala Carlos González.

Se refiere a la organización en defensa de la tierra y el territorio; el apoyo a la lucha de las mujeres, y a la de los trabajadores. Las actividades continuarán, pero con acciones locales y regionales cuando sean necesarias; se seguirán impulsando los procesos de lucha legal donde es posible.

“Ante la caída estrepitosa de las economías de los países ricos y de los pobres, es necesario insistir en que la vía de solución perdurable y de largo plazo es destruir al capitalismo. Es finamente éste el que nos está llevando a estas crisis. El deterioro de la Tierra y de la naturaleza van a seguir creciendo si como humanidad no ponemos un alto a este sistema”, considera el concejal nahua.

Además del tren, proyecto Transístmico incluye parques industriales y un gasoducto

Érika Ramírez

El Corredor Transístmico contempla en su modelo de negocio la instalación de 10 parques industriales, un tren, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios. En entrevista, el director del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, asegura que ya se realizó la consulta indígena para estos propósitos

El modelo de negocio del llamado Corredor Transístmico contempla no sólo la construcción de un tren, sino también la instalación de 10 parques industriales, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios, de acuerdo con el titular del proyecto federal, Rafael Marín Mollinedo. La inversión sexenal será del orden de 250 mil millones de pesos.

Considerado como uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste presenta discursos contradictorios al interior del gabinete: por un lado, Mollinedo –director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– asegura que la consulta indígena ya está hecha; por el otro, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice que se trata “no de una consulta, sino de un proceso de consulta” (edición 653).

En entrevista con Contralínea, el funcionario de Hacienda y empresario quintanarroense, expone que este proyecto pretende ser el “motor de desarrollo” del Sureste mexicano; también, una cortina de contención para que los migrantes centroamericanos tengan empleo.

Él es uno de los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que hicieron un trabajo arduo en Quintana Roo para que el presidente López Obrador obtuviera el triunfo en 2018, ahora encargado de ejecutar uno de los cuatro principales proyectos de infraestructura del sexenio: el Corredor Transístmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Opositores a este megaproyecto han denunciado que aún no se hace una consulta indígena, como lo marca el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de manera previa, libre e informada. Ante ello, el funcionario de la SHCP asegura que ya se llevó a cabo: “La gente, los indígenas ya nos aprobaron el proyecto”.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional “con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”.

El documento, publicado en el 12 de julio en Diario Oficial de la Federación expone que este proyecto aprovechará la posición del Istmo para “competir” en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Y que está avalado a través de una consulta realizada durante el 30 y 31 de marzo de este año, mediante asambleas regionales, “se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

El modelo de negocio

Entrevistado en sus oficinas de Palacio Nacional, Marín Mollinedo expone que el Corredor Transístmico pretende ser la “palanca del desarrollo” en el Sureste para “irradiar” esta región, la más atrasada en este momento.

A esta zona del país, arguye el empresario dedicado a comercialización de frutas y verduras a través de la compañía Tabana Banana, no se le ha invertido en infraestructura desde hace muchos años, se ha priorizado al centro y al Norte del país; entonces, “para tratar de equilibrar estos niveles de desarrollo, el presidente tiene cuatro proyectos estratégicos, principalmente: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y los programas de caminos de manos de obra, que son 300 caminos que se van a construir en las zonas más marginadas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y el cuarto es el corredor del Istmo de Tehuantepec”.

Este ha sido uno de los proyectos que han trascendido la historia, sin concluir, pues desde antes del porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido codiciada y los pueblos originarios han resistido.

Mollinedo expone que el proyecto va a descansar, principalmente, en modernizar la infraestructura que ya se tiene, los dos puertos: el de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y unirlos a través de una vía férrea existente: “lo que pasa es que éste es un proyecto ya muy viejo, tiene más de 100 años, lo creó Porfirio Díaz pero ha estado abandonado, y lo que vamos a hacer nosotros es modernizarlo para poder hacer el cruce de mercancías entre un océano y otro”.

Con ello, el gobierno federal acompañado de la aprobación de los gobiernos estatales, pretende abrir una nueva ruta de transporte marítimo, que cruce por el Istmo de Tehuantepec (que es la zona más estrecha de la República), “tenemos algunas ventajas comparativas con el canal de Panamá, en virtud de que estamos más cerca de Asia y de la Costa Este de Estados Unidos”, añade.

“Queremos generar esta nueva ruta y que las empresas vean que van a tener el acceso a cualquier mercado del mundo y que vengan a invertir en 10 parques industriales que vamos a instalar a lo largo de toda la vía del tren”, dice.

Entre los propósitos, indica, está la instalación de empresas para generar empleos y para transformar materias primas; agregar valor a las materias primas nacionales y, que pudieran venir materias primas del extranjero para que se terminen de transformar aquí y seguir su curso al mercado estadunidense, el más demandante.

Rafel Marín Mollinedo expone que el proyecto que se le ha encomendado tiene proyectada una inversión sexenal de 250 mil millones de pesos, aproximadamente, de los cuales el gobierno federal va a aportar alrededor de 100 mil millones y el resto será de la inversión privada.

En esta ruta también se pretende instalar una red de fibra óptica, que va a venir a un lado de la vía del tren, en el derecho de vía del tren, para darle internet a toda la zona, “vamos a detonar porque las empresas necesitan internet y gas, que ese es otro proyecto: un gasoducto”.

Marín Mollinedo enfatiza que la intención es que donde se establezcan los parques industriales y se tenga que arrendar o afectar la tierra los propietarios originales sean socios. “Que queden como socios en estos desarrollos. Si vamos a hacer un gasoducto, que los dueños de la tierra se pudieran considerar como socios para que los beneficios que dejen esos desarrollos, los propietarios los tengan permanentemente”.

Para la creación de los parques industriales, la administración de López Obrador todavía está en la definición de los polígonos, mismos que podrían ubicarse en terrenos particulares y gubernamentales.

Las nuevas ZEE y las consultas

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se promovieron las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE), que también pretendían “impulsar” la economía del Sureste mexicano. Esta estrategia fue cancelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no funcionaron.

La diferencia entre las ZEE y estos proyectos, comenta Rafael Marín Mollinedo, es que los anteriores se quedaron en “buenas intenciones, tan fácil como eso; y esto es un proyecto que se va a concretar porque ya estamos trabajando, invirtiendo. Es uno de los proyectos prioritarios y el presidente es una gente de palabra, si dijo que va, ¡va!”

Respecto de la consulta a los pueblos originarios refiere: “Estamos colaborando muy estrechamente con el INPI. Nosotros ya llevamos a cabo la consulta indígena. La gente, los indígenas ya nos aprobaron en proyecto. Es parte del proceso que se tiene que llevar a cabo para hacer otro tipo de obras de infraestructura, por mandato de la OIT”.

De las afectaciones que documentó Contralínea en Salina Cruz, por contaminación de Petróleos Mexicanos en la playa y la salinera, el funcionario dice: “Yo he estado ahí en la salinera y no ha habido comentarios al respecto. Nunca he visto un derrame de petróleo ni nada que me digan que les ha afectado. Hay problemas con Pemex, les deben dinero a algunos ejidatarios por los derechos de vía. Nosotros vamos a gestionar para que se resuelvan, es parte del compromiso”.

Otra de las problemáticas que se le plantea a Marín Mollinedo es el rechazo a los parques eólicos en Juchitán. Sobre el tema, el funcionario de la SHCP reconoce que el proyecto que encabeza también tiene contemplada la instalación de este tipo de infraestructura, por lo que están en arreglos con la Comisión Federal de Electricidad, que es la que tiene los proyectos. Pero “donde establezcamos estos parques vamos a ver el mecanismo de que los propietarios originales participen como socios en este proyecto, que no les des una renta sino que de las utilidades generadas, ellos tengan participación”.

El despliegue de la Guardia Nacional

El documento Situación de la Guardia Nacional, presentado en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el 13 de agosto, indica que la Guardia Nacional contará con un importante despliegue de sus efectivos, el cual asciende a 10 mil 445.

Al respecto, el encargado de desarrollar el Corredor Transístmico dice que este corresponde, en parte, a la demanda de los empresarios: “Cuando hemos hablado con ellos para invitarlos a participar y a invertir en la zona, la demanda es de seguridad”.

“Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos van a ayudar a diseñar un proyecto de seguridad para la zona. No es tan grave el problema de la seguridad, al menos en Oaxaca; lo duro está en Coatzacoalcos, Minatitlán (Veracruz). La zona del Norte está muy grave, pero en el Sur el problema está más tranquilo.”

El mismo documento indica que Veracruz contará con 13 mil 702 elementos desplegados por todo el estado. “Vamos a diseñar junto con ellos un programa de seguridad porque es lo que piden las empresas, tener seguridad pública para también invertir, sino no hay inversión”, enfatiza el servidor público.

Lo que esconde el Tren Maya: la “cuarta transformación” de las fronteras mexicanas

Sergio Prieto Diaz*

En realidad, el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente

Los espacios fronterizos son, por su propia definición y construcción, espacios de continuidad y de conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. La conflictividad emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente disputa, entre el país a quien pertenecen, y el resto de poderes con intereses sobre los mismos.

Esto es especialmente representativo de la frontera sur de México, y muy particularmente de la Península de Yucatán: un territorio geoestratégico por su posición, rico en biodiversidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue siendo, pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses (desde colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos y otros múltiples agentes foráneos). En esa disputa histórica, el factor (muchas veces también conflictivo) de la movilidad humana siempre ha estado presente.

Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec (la línea que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca) hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de ahí hacia Centroamérica), se desarrollan una serie de acciones, políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente, y que es necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura, más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la estructura.

Desde mediados de 2018, el Tren Maya es el proyecto icónico de la “cuarta transformación”: desarrollo turístico sin impacto ambiental, beneficios para las comunidades originarias, nuevas comunidades verdes y sostenibles. Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa, y presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han complejizado aquel simple ideario: progresivamente se ha incorporado y destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y combustibles; la reforestación de los árboles que sean dañados, justificado por su hipotético mayor beneficio social; se plantean novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para las comunidades, como los Fibras (Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces); así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más alto nivel (seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de hidrógeno…). A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos.

Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del Tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque.

En primer lugar, porque el proyecto del Tren Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De hecho, es una pequeña parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata de un “proyecto de reordenamiento territorial”, del cual el Tren es, siguiendo esta analogía, tan sólo el medio de transporte. En este proyecto integral (que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– de un Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y Centroamérica), el componente migratorio es axial pues se trata de “evitar la migración, que la gente pueda quedarse en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos; y en estos días más que nunca constatamos su relevancia en la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto (y sólo considero hasta el momento sus alcances “del lado mexicano”) se conformaría, además del Tren Maya, al menos por:

-El Proyecto Sembrando Vida, que ya se extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos que rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia (en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de los recursos de la Selva Lacandona y presionando a las comunidades zapatistas residentes).

-El Corredor Transístmico: para unir los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas de fibra óptica… Esta propuesta es también parte de un viejo sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unifos. Varias veces fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza.

-Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a las  ZEE que existen/existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una especialización productivo/comercial específica), existen indicios que apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus particulares “fronteras” y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente “zona libre” en clara identificación con la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como nueva “zona maquilera global” (sugerentemente bautizada como “zona de prosperidad”).

-La proliferación de proyectos vinculados a la llamada “economía verde”: energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generalización  expansión del acaparamiento de tierras para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y la utilización intensiva de recursos naturales escasos (como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la expansión de las talas clandestinas (llevadas a cabo por personas de origen chino, ruso, portugués…).

Por tanto, y como punto de arranque, resulta fundamental confrontar la “imagen idílica” que plantea el mapa oficial del Tren Maya… con la complejidad subyacente que no se muestra, y hasta cierto punto aún no está (físicamente) pero cuyos efectos y articulaciones pueden empezar a entretejerse…

El trasfondo de esta complejidad, de las contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo que yo considero un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable. Lo que muestran estos proyectos articulados, sus previsibles responsables, las ideas de los discursos oficiales e informales, es que hoy día, en la Península y la Frontera Sur, el “problema” de las migraciones regionales (que es un “problema” tan sólo para Estados Unidos) sirve como justificación y pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente. Que ese proceso de justificación de las políticas públicas, además no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de las personas migrantes, si no más bien crear una infraestructura en la que puedan ocuparse: se trata de hacer un “tapón migratorio” en el Istmo, y una industria para su incorporación y aprovechamiento. En el proceso de concesión y reparto de estos territorios, con cláusulas y arreglos que favorecen cada vez más a los potenciales inversores, si no la propiedad, al menos la gestión de los territorios queda en manos privadas y, en muchos casos, extranjeras.

Por tanto, desde mi punto de vista, más allá del proyecto sin proyecto del Tren Maya, más allá de la justificación sobre las necesidades, bondades o beneficios de esta articulación de megaproyectos, lo importante son las preguntas que hasta ahora no sólo no tienen respuesta, si no que ni siquiera se han planteado. Y sólo adelanto las dos que me parecen más urgentes:

-¿Cómo se relacionan territorios fronterizos, políticas públicas, y migraciones?

-¿Cuántas fronteras existen en el sur de México? ¿Quién está (o estará) a su cargo?

Los muros físicos pueden ser más evidentes, pero las barreras y límites más efectivos, sobre todo en un tema tan crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen ser simbólicas, se erigen sin apenas darnos cuenta, y son las más difíciles de identificar y superar.

 
*Migratólogo especialista en fronteras, territorios, (in)movilidades y megaproyectos; catedrático Conacyt en El Colegio de la Frontera Sur-Campeche

La Conquista de México 1519-1521

Enrique Dussel

En 1992 se debatió la problemática de la "invasión del Amerindia" (denominada eurocéntricamente el "descubrimiento de América") a 500 años de 1492. Sería bueno que en estos dos años (2019-2021) rememoremos la problemática todavía actual por sus efectos de la sangrienta conquista de las grandes culturas de Mesoamérica (la azteca, maya, zapoteca, otomí, etcétera) que fue un genocidio de significación mundial, porque aquí se produjo el choque y la dominación violenta del extremo occidente de Eurasia (España) sobre las culturas del extremo oriente del Asia (ya que nuestros pueblo originarios posiblemente llegaron procedentes del Asia oriental por el estrecho de Bering).

Ciertamente España (por su ocupación militar) y Roma (por la organización de la Cristiandad de las Indias occidentales) son autoras y cómplices de un genocidio.

En efecto, no bien conocidas las "Islas del Mar Océano" al occidente del recién descubierto Océano Atlántico, el Papa concede a los reyes de España por la bula Inter caetera del 3 de mayo de 1493 las tierras recién descubiertas con la obligación de evangelizar a sus habitantes. Aquí se encuentra ya el primer motivo que justifica "pedir perdón a los pueblos originarios" por parte del Papa. El mismo Bartolomé de las Casas se preguntaba qué: ¿con qué derecho el Papado otorgaba o donaba al rey de España tierras y pueblos sobre los que no tenía ningún conocimiento, posesión o dominio? Bartolomé le negaba al Papa este derecho, que además lo hacía cómplice del crimen injusto y genocida de la conquista, con sus matanzas y por la horrible servidumbre a la que habían reducido a los pueblos originarios del continente.

Y, con respecto a España y Portugal, y muy especialmente sus reyes y al Consejo de Indias, fueron responsables de la ferocidad, violencia, sangrientos enfrentamientos con armas desconocidas para los indígenas (tales como los cañones, ballestas, caballos, etcétera), y todo tipo de vejámenes que se cumplieron.

Valgan unas citas de cartas que tuve en mis manos en el Archivo de Indias de Sevilla, enviadas al rey mostrando la situación: "Mucha de la plata que de acá se saca y va a esos Reynos, se beneficia con la sangre de os indios y va envuelta en sus cueros"(Carta del obispo mechoacano Don Juan de Medina y Rincón del 13 de octubre de 1583; AGI, México 374).

Y otro: "Avra quatro años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió un aboca del infierno por la qual entra cada año gran cantidad de gente, que la cobdicia de los españoles sacrifica a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí" (Carta del obispo Domingo de Santo Tomás, del 1 de julio de 1550; AGI, Charcas 313) .

Quien ignore la violencia e injusticia de la conquista de Latinoamérica, y muy especialmente de México, lo mínimo que puede decirse que es un ignorante, y que al no tener mala conciencia de un verdadero crimen se hace hoy culpable de ese mismo crimen, aunque sea, y en mayor medida, el rey de España. He leído miles de Reales Cédulas en las que los reyes españoles estampaban un gran firma y que decía: YO EL REY, sin mayor indicación (había que averiguar por la fecha del documento el nombre del personaje).

Los conocidos historiadores demógrafos, Cook-Borah y Simpson dan para México una población de 11 millones de habitantes en 1519, que decreció en 1607 a los 2 millones de indígenas. Claro es que hubo enfermedades contra las cuales la población indígenas no estaba protegida, pero las matanzas en las guerras narradas por el Chalan Balam, el mal trato en la mita, la encomienda y las haciendas e ingenios, y el trabajo doméstico de las mujeres indígenas en las casas de los blancos (que se quedan amancebadas obligándolas a dejar a sus maridos para ser vejadas por los españoles y criollos), el cambio de territorio agrícola de los más fecundos a los desiertos estériles (lo que produjo hambrunas mortales como entre los tarahumaras) significará una crisis demográfica gigantesca.

Todo esto nos sugiere que es muy conveniente en México comenzar a tener presente, día a día, el 500 aniversario de la horrenda Conquista de México. Hay fechas emblemáticas: el 18 de febrero hace 500 años Hernán Cortés salía de La Habana con 600 hombres, 16 caballos, 10 cañones, 32 ballestas. El próximo 22 de abril hace 500 años que desembarcó en Veracruz; estando ya asentado en México Tenochtitlán vence el 30 de junio a Pánfilo Narváez. El próximo año, el 30 de junio se cumplirán los 500 años de los comienzos del asedio de México con el auxilio de los tlaxcaltecas y otros pueblos dominados por los aztecas. El 13 de agosto de 1521 tomarán y destruirán Tenochtitlán hace 500 años. Deben ser fechas recordadas y estudiadas día a día para tomar conciencia de que fuimos colonia, y después no hemos dejado de ser neocolonias del que no se tiene autoconciencia por el eurocentrismo cultural de nuestros criollos (los mexicanos blanco americanos hijos de españoles que quedan después en el poder hasta el presente).

La plena descolonización política, económica y cultural es necesaria en el futuro después de 500 años de la Conquista. Debe ser un propósito de la Cuarta Transformación.

¡Es tiempo ya que el rey de España y el Papa romano pidan perdón, no sólo por medio de palabras sino por actos objetivos, a los pueblos originarios por el crimen de la Conquista! ¡Pero también que pidamos perdón los criollos mexicanos, los blancos y principalmente los racistas a los pueblos originarios cumpliendo con los acuerdos de San Andrés y dando plena autonomía a los nobles y cultos herederos de las altas culturas milenarias mesoamericanas!

Enrique Dussel

El Tren Maya y su impacto en las comunidades

Judith Amador Tello 

Por más que se ostente como una obra que no depredará el ambiente, se hace necesaria una investigación antropológica a fondo antes de que se inicien los trabajos para construir la ruta del Tren Maya. Y es que para el antropólogo mayista Carlos Navarrete, hay que distinguir con claridad el trabajo de un proyecto arqueológico al de uno turístico, por más que se realicen juntos. Pone como ejemplo de deterioro comunitario a Cobá, que de ser un poblado monolingüe en 1971, habitado por “pobres dignos”, pasó a ser, en el gobierno de Salinas de Gortari –en el que trabajó–, de “miserables indignos”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el arqueólogo, historiador y antropólogo experto en la región maya, Carlos Navarrete Cáceres, advierte de los posibles impactos ecológicos, económicos, sociales, culturales y sobre el patrimonio arqueológico del proyecto Tren Maya.

En entrevista con Proceso, pide que, antes del inicio de los trabajos, se realice una investigación antropológica a fondo sobre las condiciones de vida de los pobladores de la región que resultarán afectados por el proyecto.

Pues aunque se anuncia como “un modelo de desarrollo sostenible”, que creará oportunidades laborales y crecimiento económico, y que brindará servicio de transporte hacia las zonas turísticas, “sin depredar el ambiente” (https://www.tren-maya.mx/), en su opinión es un proyecto “eminentemente turístico” sin una planeación cultural y que impactará de diversas maneras.

Dice que el trabajo de investigación arqueológica está identificado con el aspecto turístico, porque “trabajamos un sitio, lo exploramos, lo restauramos y queda en manos del turismo”, cuando en realidad la arqueología nada tiene que ver con el turismo, “es una ciencia histórico-social que reconstruye, rescata el pasado de los pueblos. Y el turismo es otra cosa, el turismo vende, es una cuestión de carácter económico”.

Formado en la escuela nacionalista de arqueología, “ligada a las escuelas mexicanas nacionalistas”, como la del cine, la música, la danza, el muralismo y la llamada Escuela Mexicana de Pintura –en una época en la cual el pintor Miguel Covarrubias daba clases en las escuelas de antropología y el arqueólogo Alfonso Caso colaboraba en proyectos culturales y artísticos–, el doctor en antropología pone énfasis en que había entonces un compromiso social. Y por ello piensa:

“La arqueología debe revertirse a los pueblos originarios. Ser una fuente pedagógica para los pueblos que no conocen su historia. Yo les digo a mis estudiantes que los arqueólogos tenemos el privilegio de hablar por aquellos que ya no pueden hacerlo, de darles la palabra. Para el turismo, un sitio prehispánico es sólo un objeto para explotar.”

Está previsto que el Tren Maya recorra mil 525 kilómetros y cuente con 15 estaciones, aunque en los diagramas difundidos aparecen más: Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Xpujil, Calakmul, Escárcega, Tenosique y Palenque. Del lado Este se suman Valladolid, Chichén Itzá, Izamal, Mérida, Maxcanú y Campeche.

No sólo atravesará por sitios arqueológicos e históricos, sino por yacimientos con restos prehispánicos poco o nada explorados, comunidades herederas de esas antiguas culturas, así como otras resultado del sincretismo, ricas en tradiciones vivas y que al mismo tiempo padecen diversos problemas socioeconómicos, de salud y desarrollo, entre otros.
Expone el investigador:

“Se dice que el Tren Maya no afectará a las comunidades, pero vea usted el impacto de algunos de los grandes proyectos arqueológicos con intención turística. Le pongo el caso de Cobá, en Quintana Roo. Hacia 1971, Cobá era una comunidad prácticamente monolingüe, de mayas muy sencillos, eran –podríamos decir– pobres dignos.”

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impulsaron 14 proyectos especiales de arqueología con recursos financieros extraordinarios, entre ellos Teotihuacán, Calakmul, Monte Albán, Chichén Itzá, Tajín, Palenque y Cobá. Este último a cargo del fallecido arqueólogo Alejandro Martínez Muriel, en el cual colaboró Navarrete Cáceres.

“Se hizo el proyecto y enseguida llegó el Club Mediterranée, empezaron todos los servicios turísticos para el sitio y ahora se puede decir que es en parte un lugar de miserables indignos. Los grandes beneficios son para los grandes hoteles, los restaurantes de lujo, no para la gente local. La gente del lugar queda igual o peor porque tiene que competir con servicios económicamente muy fuertes. Queramos o no, los arqueólogos estamos muy cerca de esto, porque trabajamos esos sitios arqueológicos.”

Menciona también el caso de Tajín, Veracruz, donde tiempo después de aquella inversión especial, a partir de 2000, se comenzó a realizar el Festival Cumbre Tajín como un ejemplo de un “turismo de explotación, más que cultural o social, como se quiere hacer pasar”:

“Ver cómo llevan a los ancianos a una champa o jacal para que expliquen su historia o les hagan curas y se confunda con conceptos de brujería. No creo que sea el destino de un sitio o una investigación arqueológica. Me pregunto si todo lo invertido en Tajín tiene alguna respuesta en estudios publicados, y no los tiene. De muchos de los grandes sitios que usted ve, donde se ha invertido, no hay publicaciones.

“El Tren Maya pasará por una serie de sitios arqueológicos de primera importancia, como Calakmul, el propio Palenque; tenemos algunos donde se ha trabajado menos, como Pomoná, en Tabasco. Hay, pues, toda una serie de posibilidades que podrían trabajarse en forma normal, lenta, planeada, con un proyecto de investigación serio, no uno hecho a la carrera para cumplir con una presentación, porque de eso se trataría, de hacer la presentación material para que el turismo acuda, pero cada sitio tiene detrás una historia que proyectos de esta naturaleza no logran nunca concluir.”

Nacido en Quetzaltenango, Guatemala, el 29 de enero de 1931, y arraigado en México desde los años cincuenta del siglo pasado, Navarrete aclara que la realización del Tren Maya ciertamente no implica que no se hará arqueología: hay una Dirección de Salvamento Arqueológico, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hará ese trabajo. Sin embargo, ante señalamientos de que se hará acorde con los tiempos de las obras de infraestructura o turísticas, tiene varias razones:

“Porque no hay más remedio, y porque los arqueólogos debemos salvar la información histórica, pero no somos quienes debemos promover una aventura o trabajo como el que se hará con el tren, no nos alegra hacer ese tipo de trabajo.

“El quehacer arqueológico es lento, de mucha delicadeza, necesita tiempo de trabajo de campo, de laboratorio para estudiar los materiales, y estos proyectos por lo general no dejan un presupuesto para que se pueda trabajar. Los proyectos de este tipo, inmiscuidos en el turismo, no tienen publicaciones.”

Evoca también el caso de  Teotihuacán, la zona arqueológica más visitada en el país, que en los años sesenta –cuando se hizo todo un programa de museos, como el Nacional de Antropología– recibió una inversión, pero se hizo “fachadismo”, es decir, se arreglaron los frentes de los edificios de la Calzada de los Muertos para abrirlo al turismo masivo, y hasta la fecha la parte de atrás está prácticamente en ruinas y no se hizo una sola publicación, sólo un folletón.

Estudio, no consulta

Como en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que fue sometido a consulta pública tras la cual se canceló el proyecto, se planteó una consulta para el Tren Maya para los días 24 y 25 de noviembre. La diferencia es que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dejó ver claramente su interés en el proyecto e hizo campaña en favor, incluso a través de un video con su caricatura.

Y desestimó el llamado que académicos, defensores y representantes de pueblos indígenas le hicieron el pasado 20 de noviembre para suspender la consulta. A través de una carta, le expresaron preocupación por el proyecto del Tren Maya y el del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, por tener “características similares a las de otros megaproyectos, como los promovidos dentro del Plan Puebla Panamá, localizados justamente en los frágiles ecosistemas del trópico mesoamericano y mexicano”.

Los intelectuales piden hacer una “consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas locales afectadas”, conforme se establece en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Un día después los especialistas en derechos culturales, José Manuel Hermosillo y Carlos Lara, dirigieron también una carta a López Obrador para señalar la necesidad de un estudio de factibilidad cultural previo, conforme lo establece la Ley de Planeación.

Navarrete cuestiona por qué se convoca a la consulta y al mismo tiempo se anuncia que el proyecto se iniciará el 16 de diciembre, pues no ve “lógica”. Y coincide en que la consulta a las comunidades debe hacerse antes de hacerles ofrecimientos:

“Me ha tocado ver cómo se hacen los compromisos y luego los malos resultados que muchas veces tienen.”

Además de la consulta, considera necesario realizar una investigación con un enfoque antropológico sobre las condiciones de vida de la gente, para conocer sus necesidades económicas, pero también históricas, antes de “meter ahí una vía de esa naturaleza y negar que alterará su vida”.

A pregunta expresa, dice que los arqueólogos y antropólogos, que trabajan de la mano con las comunidades, tampoco han sido consultados, ni tiene conocimiento de que las dependencias oficiales encargadas de la arqueología hayan recibido una invitación para formar parte del proyecto, siendo que “hay una bonita cantidad de sitios mayas que van a intervenirse”.

También advierte sobre los cambios de tipo ambiental. Insiste en el caso Cobá porque lo ha vivido de cerca. Antes de ser uno de los proyectos especiales de arqueología, la carretera llegaba a tres kilómetros de distancia porque atravesaba un antiguo camino maya, y ahí se detuvo su construcción.

Era una pequeña comunidad, con casitas de vara y paja, y cuando finalmente llegó la carretera asfaltada llegó también el turismo masificado, y la comunidad creció, se hicieron restaurantes de lujo, hoteles “–y si pudieran, hasta antros–”, y eso se repite en varias zonas arqueológicas; entonces, dice, “no es verdad que no se vaya a alterar la vida de la gente, se altera su vida económica y cultural sin proveerles de su historia, sin darles un respaldo de lo que son, los vamos a modernizar, eso preocupa”.

–En el proyecto se dice que el tren ayudará a garantizar el derecho de acceso al patrimonio cultural.

–El derecho lo tenemos, podemos ir a cualquier sitio arqueológico, será más bien el derecho de acceso de los grandes capitales que están promoviendo esto. El derecho de acceso a la cultura se cumple estudiándola, investigando el pasado, ya sea a través de un archivo, de una excavación, de las fuentes publicadas, pero no poniendo una venta de souvenirs.

El director del INAH, Diego Prieto, ratificado para el próximo gobierno, ha señalado que se supervisará que las obras del tren no causen daño al patrimonio. Considera que este tipo de proyectos benefician al instituto porque hay trabajos de salvamento, excavación e investigación. Y, como ha dicho frente a otras propuestas, reitera que el INAH no está para detener la inversión económica en el país ni para parar obras.

Navarrete considera, en este sentido, que deben respetarse las instituciones, como el INAH, y darles la fuerza suficiente para oponerse a proyectos de este tipo, cuando causan cambios tan fuertes, “debe tener una política adecuada para estos casos”. Añade que no tiene conocimiento de que en este momento esté trabajando algún grupo de arqueólogos en el Tren Maya, cuando ya deberían estar viendo las necesidades de los sitios arqueológicos para proyectar pedagógica y socialmente al pueblo mexicano.

Se debe recordar que además de los proyectos especiales del sexenio salinista, el gobierno de Felipe Calderón recuperó parte de ese proyecto turístico con el nombre de Mundo Maya. En su momento, los antropólogos Iván y Jorge Franco advirtieron que amén de poner en bandeja de plata las mejores playas y propiedades aledañas a las zonas arqueológicas, se abonaba el terreno para la explotación de riquezas naturales y minerales de la zona. Es, pues, una zona largamente codiciada.

“Indudablemente, no es sólo la cuestión turística –dice a su vez Navarrete–, habrá explotación de recursos naturales pues un tren de esta naturaleza no creo que se sostenga sólo del turismo, aunque ese sea su fin. No es un tren pollero, como les decimos a nuestros viejos trenes a donde se suben a vender tostadas y tacos, es un tren de ‘catego’, como se dice, de categoría.”

Detonará, además de los hoteles, paradores para turistas, caminos secundarios, hotelitos, hostales, comedores de todo tipo y, “por supuesto, la cercanía con los recursos naturales; toda la zona de Escárcega es rica en recursos hidráulicos y humedales, todos los recursos estarán a la vista y a la mano, y me imagino que los ganaderos estarán felices”.

El arqueólogo, quien realiza proyectos de arqueología de bajo presupuesto para recuperar e investigar los antiguos caminos mayas y seguir las rutas de los mecapaleros antiguos y actuales, recuerda que en su natal Guatemala los militares estuvieron metidos en las cuestiones turísticas y quisieron hacer un tren directo de la Alta Verapaz al sitio Mirador, atravesando todo el Petén; participaba también una organización llamada Pacomal, de altos financieros guatemaltecos empeñados en que se privatizara el Museo Nacional de Antropología.

Se compraron tierras y se desalojó a la población indígena para hacer una carretera transversal y “dizque avivar la economía de la zona”. Hubo oposición al proyecto, pues es un “tren fantasma, no hacía paradas intermedias, ¿cómo se sostiene un ferrocarril así, a qué costos de viaje?”.

Teme algo similar, por eso su insistencia en hacer un estudio con las comunidades para no poner en riesgo su identidad y su pasado:

“De pronto desaparece su forma de vida y empiezan a imponerle una forma modernísima, hasta las familias se descomponen, todo; es una descomposición social terrible lo que se viene.”