26.11.17

Sistemas de seguridad y justicia colapsaron: General Gallardo; México vive “crisis humanitaria”

Juan Luis García Hernández

El General Francisco Gallardo Rodríguez considera que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto será incapaz de cambiar el rumbo de la seguridad del país en el último año de su gestión, “debido a que colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”, por lo que hoy México atraviesa “una crisis humanitaria”.

El crítico militar advierte del peligro de la militarización de los cuerpo de seguridad civil y sostiene que ya es evidente el mismo: “Tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: ‘A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria’, pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado”.

Peña Nieto, quien incluyó concepto México en Paz” en el Plan Nacional de Desarrollo publicado el 20 de mayo del 2013, que entonces rezaba en su primera línea: “A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente”. Hoy a cinco años de su Gobierno, el país presenta las cifras más altas de homicidio doloso, de acuerdo con datos oficiales y las propuestas del Ejecutivo no abandonaron la vía castrense.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto continuó el uso del Ejército en las calles violentando la Constitución, pese a que las tropas están entrenadas para “aniquilar” al enemigo y no para hacer funciones de seguridad pública, reclama el General Francisco Gallardo Rodríguez.
Un timonazo en el último año del sexenio en materia de seguridad será inviable debido a la falta de capacidad del Estado, sostiene el desencantado el General: “Ellos mismos lo colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”.
El pasado miércoles, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong expuso en su comparecencia en el Senado de la República que la Ley de Seguridad es para la seguridad de los ciudadanos, para “regular la actuación de las fuerzas armadas, no es para darles protección”.
La afirmación de Osorio Chong, critica el también doctor en administración por la UNAM, es un intento de evadir su responsabilidad en el tema. “Él es el Secretario de Seguridad Interior, aquí todo el mundo se avienta la pelotita, sin un diagnóstico sólido y claro”.
Los esfuerzos de militarización no han aminorado los problemas de los cárteles de drogas, ni la violencia que sacude al país. En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña se presentaron más de 10 mil 751.

La violencia se agrava. El último mes de octubre continuó la tendencia al alza de homicidios dolosos en el país. Con 2 mil 371 carpetas por homicidio doloso en el fuero común- estados-, el último mes se colocó como el más violento desde que inició el conteo oficial en 1997 y coloca al año más cerca de ser el más violento de las últimas dos décadas.

En una entrevista a este medio, el General Gallardo expone que el Presidente Enrique Peña Nieto abandonó la tarea de dar seguridad a los mexicanos en el último sexenio y critica el manejo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad interna.

***

—¿Piensa que esta administración ya tiró la toalla en el tema de seguridad?
—Por supuesto. Porque está colapsado el sistema de seguridad en México, ellos mismos lo colapsaron, al igual que el sistema de justicia. No puede ser que haya una impunidad del 99 por ciento en los delitos, no puede haber tantas masacres, muertos, todos los días vemos muertos asesinados, fosas que encuentran en todos lados.
—¿Hay base legal para que el Ejército realice tareas de seguridad pública en las calles?
—En primer lugar, si estamos hablando de seguridad, quien debe respetar primero la Ley es la autoridad. Y me refiero a lo que dice la Constitución en su Artículo 129, que el personal militar no puede realizar otras funciones que tengan conexión con la disciplina militar. Entonces, la autoridad inventó una jurisprudencia en colusión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCKN), es lo grave, y llegan a la conclusión de que cuando la autoridad solicita la intervención militar es legal. Pero, sigue siendo inconstitucional. El otro punto que tiene que ver es el artículo 21 que indica que la seguridad pública es una función exclusiva de la autoridad civil.

—Sin embargo, el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos impulsa una Ley de Seguridad Interior…

—El Secretario de la Defensa dice que urge que se hagan los marcos normativos para que el Ejército mexicano tenga límites. Y yo le diría a Cienfuegos, ‘a ver los límites ya están en la Constitución’. Lo que ellos quieren es legalizar su actuación que es un actuación inconstitucional.

—De reglamentarse las operaciones del Ejército. ¿Se perpetuarían su presencia en estos operativos?

—La función presidencial tiene la facultad para utilizar la máxima fuerza del Estado, que es el Ejército en los asuntos del orden interno, lo debe hacer cómo lo marca la Constitución. El artículo 29 previene un estado de excepción, y ahí dice ese artículo que cuando la sociedad está en grave peligro o en una crisis, el Presidente de la República tiene que dictar un estado de excepción. Y en ese estado, a través de la participación de todos los actores sociales de los poderes públicos, llegan a la conclusión de que la única forma es utilizar a las Fuerzas Armadas. Y hay una temporalidad, cuánto tiempo va a durar las Fuerzas Armadas haciendo esa función, y en dónde van a actuar, cuánto se va ejercer del presupuesto y a eso le toca entrometerse a la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva. Ya en el asunto de operación, manejo de tropas, etcétera, ahí interviene el Senado.

—¿Hubo este consenso cuando inició la guerra contra las drogas?
—Absolutamente nada, fue una decisión unilateral de Felipe Calderón Hinojosa, en donde el dijo que le declaraba la guerra al narcotráfico. Y ya con esa orden todo mundo salió. Ese es uno de los puntos por los cuales estamos como estamos. La violación a la Constitución.
—¿Está sobredimensionada la violencia que provocan los cárteles en México?

—Aquí el asunto es el siguiente, estamos hablando de una función del Estado, el tema de seguridad. Por eso se creó el Estado. Pero, si hay una matanza, si hay una ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas, el caso de Ayotzinapa, la autoridad muy cínicamente sale y dice que son ajuste de cuenta entre cárteles.

—Se ha vuelto una justificación dice…
—Aquí te van unas preguntas: ¿Qué hace el Estado?, ¿por qué hay una disputa de cárteles? y, ¿por qué hay cárteles? ¿Por qué hay territorios exclusivos de esos grupos delincuenciales? Pues yo te contesto: Hay vacíos de poder porque la autoridad no tiene la capacidad de respuesta para tutelar a la población civil, y todas las autoridades de procuración de justicia y espacios carcelarios no tienen capacidad. Entonces, lo que sucede es que la activa participación del Ejército hace un rompimiento del tejido institucional del Estado.
—¿En qué lugar queda la responsabilidad de los estados por la seguridad de sus entidades?
—¿Qué es lo que pasa con esta intromisión federal? Tienen todos los recursos del mundo y lo único que pueden es actuar en delitos que están catalogados como federales. De 100 delitos que se cometen a nivel nacional dos o tres son federales, pero le ponen toda la estructura y los recursos a lo federal. Y a lo local lo tienen desprotegido. Están violando el federalismo porque el sistema federal trata sobre una delegación de funciones de lo administrativo como el tema de la seguridad.
—En ese sentido, ¿ve en la propuesta de Mando Único una imposición federal?

—El Mando Único tiene por objeto romper el orden federal del Estado y sacarle a sus municipios la función exclusiva de seguridad. La seguridad debe venir desde la base hacia arriba, no desde la cúpula hacia abajo.

—Además de la salida del Ejército a las calles hay casos en los que las policías están recibiendo una capacitación militarizada.
—Por ejemplo, estuvo el asunto de Ayotzinapa. Dicen que actuó el Ejército, la policía estatal y la municipal. Y yo les digo: a ver, las fuerzas del estado de Guerrero son militares o tienen entrenamiento militar, o tienen los mandos militares. Por lo tanto, tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: ‘A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria’, pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado.
—¿Esto ha provocado una crisis?
Ha provocado una crisis humanitaria. Ahora bien un policía debe tener una preparación, física y de conocimiento de manejo de armas. Yo estoy de acuerdo. Hace como 30 años se retiró el Servicio Militar Nacional. Anteriormente cuando funcionaba el Servicio, todos los jóvenes de 18 años sabían manejar armas, tenían conocimiento de meter las manos y defenderse, hacer trampas, manejos de explosivos, orientación. Temas de carácter castrense.
—Qué disparó que Felipe Calderón lanzará una guerra contra el narco…

—Desde que Felipe Calderón firma la iniciativa Mérida, que trata sobre la ayuda y asistencia militar, lo hacen con la intromisión de las fuerzas armadas en los asuntos internos de los países.

—Es una injerencia de Estados Unidos lo que no permite cambiar la estrategia…
—Aquí esa percepción nosotros la tenemos que cambiar, pero no la podemos cambiar cuando estamos recibiendo adoctrinamiento a través de esas personas en donde se responde a otros intereses. Y los intereses que están subsumidos, debajo de todos estos tratados, son los intereses de Estados Unidos.
—¿Qué se puede hacer ante eso?

—En una reunión antier con un grupo de compañeros de Estados Unidos, que están haciendo un tribunal internacional para revisar este tema de la asistencia militar. Es decir, la política exterior de Estados Unidos en el tema militar. Hay una Ley llamada “Leahy”, que explica cómo una organización civil en cualquier parte del mundo puede increpar hasta el Congreso de Estados Unidos la ayuda y asistencia militar que está dando en México. Nosotros hemos hecho ese pronunciamiento pero les vale. Es vergonzoso que el Congreso mexicano teniendo en cuenta la violaciones de Derechos Humanos que vive México siga ayudando.

23.11.17

Peña Nieto, el bullying y los derechos humanos

Carlos Fazio

“Señoras y señores, quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez…” El craso error político-diplomático de Enrique Peña Nieto al recibir al mandatario uruguayo en Palacio Nacional el 14 de noviembre lo pinta de cuerpo entero. Pero tan burdo o más grave, aún, fue calificar, un día después, como rufianes, matones, crueles y déspotas (derivaciones todas de la definición convencional de bully), a quienes critican el accionar de los aparatos de seguridad del Estado.

Más allá de que es materialmente imposible que la sociedad civil haga bullying (es decir, hostigue, intimide, agreda o acose física o sicológicamente) a policías, soldados y marinos que desde hace 11 años son coprotagonistas de una violencia criminal sin límites y de la militarización y paramilitarización de México, el falso victimismo gubernamental exhibe el talante autoritario de quien hacia el final de su desgobierno sabe que una vez que deje el cargo podría ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Empezando por el caso de las torturas físicas, sicológicas y sexuales de agentes policiales a un grupo de mujeres en Atenco y el penal de Santiaguito, en mayo de 2006 −cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México–, cuyos autores materiales e intelectuales permanecen impunes, ventilado la semana pasada en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada la proverbial ineficiencia de la justicia mexicana.

Las mujeres en Atenco forman parte de un paisaje crónico que exhibe un largo rosario de víctimas de la violencia criminal y estatal, que son revictimizadas después al ser tratadas con cinismo, desidia y desprecio por funcionarios y agentes del Estado. Un Estado cuyo nivel de barbarie quedó condensado en el caso Iguala/Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014, que desnudó aún más a ese reino de la impunidad que es el México de hoy −según describió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la sentencia del Capítulo México en noviembre de ese año−, donde hay homicidios sin asesinos, tortura sin torturadores y violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidades en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

Pero la impunidad en México no es sólo ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades de agentes policiales e integrantes de las fuerzas armadas en la práctica de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias extrajudiciales, cometidas como parte de un mecanismo educativo y disciplinador del Estado, que busca imponer un sentido de impotencia a la sociedad mediante un terror paralizante; una violencia estatal y un miedo como parte de una estrategia contrainsurgente de control de población.

Ese mecanismo disciplinador responde a una lógica estructural, consustancial a un esquema de violencia institucional aplicada por el sistema político mexicano para imponer medidas económicas que responden al interés de la plutocracia. Es decir, de los megamillonarios marca Forbes. En general, los medios de difusión masiva silencian o invisibilizan que la actual catástrofe humanitaria en México es responsabilidad de un aparato estatal que actúa en absoluta colusión con los intereses del capital trasnacional, las políticas de Estados Unidos y organizaciones criminales, en lo que fue caracterizado por la fiscalía del TPP como un proceso de desvío de poder.

El desvío de poder es caracterizado como una transformación del aparato estatal que, a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población, utilizando al poder público para la consecución de intereses particulares.

Dicho desvío de poder se realiza en todos los planos del funcionamiento estatal: político-legislativo (verbigracia, el Pacto por México); judicial (siguen impunes las matanzas de Ocosingo, San Cristóbal, Chicomuselo, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ostula, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, etcétera), y económico (contrarreformas neoliberales, en particular la energética como vía para el despojo de tierras y recursos geoestratégicos), en tanto expropiación o secuestro del aparato público que, asaltado en su capacidad de decidir y usurpada su legitimidad, queda vaciado.

Definida como un ilícito atípico, la actitud más anómala de la desviación de poder en tanto mecanismo criminal, consiste en el uso de los gobiernos federal, estatal y municipal, representantes políticos y poderes fácticos, de las capacidades políticas, económicas, culturales y jurídico-institucionales del Estado, con el propósito de satisfacer o beneficiar los intereses de la clase capitalista trasnacional.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México en 2005, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales, exterminio, tortura, desaparición forzada de personas, violación, privación grave de libertad, esclavitud, etcétera), que adquieren dicha condición cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.

En el contexto de una violencia sistemática, generalizada, endémica, de alcance nacional y con masacres de proporciones bélicas −como las señaladas en el informe que disparó la ira controlada de Peña Nieto−, hablar de bullying a las instituciones de seguridad del Estado exhibe el empaque autocrático de quien no admite la crítica de sus gobernados y, a la vez, indicios de que siente que ha entrado en la cuenta regresiva de la pérdida de poder político y teme por los crímenes de lesa humanidad que se le puedan imputar hacia el final de su mandato.

9.11.17

Socialismo y antiimperialismo

Claudio Katz

La relación entre el socialismo y antiimperialismo presentó varias certezas durante el siglo XX. La meta anticapitalista sería alcanzada a través de diversos caminos nacionales en una lucha contra la opresión imperialista. La radicalización de esas batallas determinaría el debut del socialismo en cada país de la periferia. ¿Cómo se procesó esa dinámica? ¿Cuál es su vigencia en el siglo XXI? 
ANTECEDENTES Y CONFIRMACIONES

Los primeros vínculos entre el socialismo y el antiimperialismo fueron establecidos por Marx en sus denuncias de la opresión colonial. Supuso que la transformación socialista se localizaría en Europa y que la periferia jugaría un rol secundario en esa mutación.

Posteriormente el autor de El Capital resaltó el efecto positivo de los grandes levantamientos en las regiones subdesarrolladas y elogió especialmente la sublevación de Irlanda. Destacó que su convergencia con las luchas sociales de Inglaterra favorecía la gestación de una conciencia solidaria en el proletariado.

El internacionalismo cosmopolita inicial de Marx evolucionó hacia un enfoque centrado en el empalme de los movimientos anticoloniales, con las acciones obreras en las metrópolis.

En el escenario de guerras inter-imperialistas de principios del siglo XX, Lenin transformó esa hipótesis en una estrategia integral. Rechazó las ideas socialdemócratas de padrinazgo sobre las colonias, denunció frontalmente al imperialismo y objetó la distinción entre modalidades regresivas y benévolas de esa dominación.

Con esa actitud postuló la retroalimentación de las luchas nacionales y sociales, en el complejo mosaico de Europa Oriental. Subrayó el derecho de los pueblos oprimidos a la auto-determinación y polemizó con los partidarios del internacionalismo puro, que cuestionaban las potencialidades progresivas de ese reclamo. Estas ideas contribuyeron a forjar la corriente comunista que lideró la insurrección bolchevique.

Cuando la expectativa revolucionaria decayó en Europa y se desplazó a Oriente, Lenin precisó su política antiimperialista. Distinguió el nacionalismo conservador de los capitalistas locales del nacionalismo revolucionario de los sectores oprimidos. Propició distintos puentes con esa vertiente para apuntalar desemboques socialistas .

Esta estrategia guió a los marxistas de posguerra durante el esplendor del antiimperialismo. Ese florecimiento acompañó a la descolonización de África y Asia y a los triunfos revolucionarios en China y Vietnam. Estas victorias indujeron, además, a percibir cómo el antiimperialismo contribuía a iniciar transiciones económicas socialistas para erradicar el subdesarrollo.

Para alcanzar esas metas la mayoría de los Partidos Comunistas promovía una etapa inicial de capitalismo nacional, en alianza con la burguesía. Los críticos de izquierda objetaban la viabilidad o conveniencia de ese periodo intermedio.

Esas corrientes postulaban estrategias de revolución permanente o ininterrumpida, enfatizando el protagonismo del Tercer Mundo o la confluencia con la clase obrera de las metrópolis. Todos coincidían en la prioridad de confrontar con el atropello estadounidense a los países que actuaban con independencia.

ÉXITOS Y FRUSTRACIONES

La estrecha conexión entre radicalización antiimperialista y desemboque socialista fue confirmada por la revolución cubana. Esa sublevación respondió a las agresiones yanquis con transformaciones anticapitalistas.

Ese curso demostró que era posible iniciar un proceso socialista a 90 millas de Miami. También aportó argumentos a los críticos de la estrategia de forjar alianzas con la burguesía y reforzó las propuestas de convergencias con el nacionalismo revolucionario.

La revolución cubana intentó una extensión continental a través de la gesta del Che. Postuló que el socialismo debía plasmarse a escala regional, en fuerte contrapunto con la Unión Soviética que apostaba a la coexistencia pacífica con Estados Unidos. Con este espíritu se forjó la OLAS y se convocaron las Conferencias Tricontinentales.

La revolución era el principal presupuesto de esa estrategia. Se esperaba desplazar por esa vía a las clases dominantes del manejo del Estado. Esa convicción sintonizaba con la preeminencia de dictaduras sostenidas por el Pentágono. La vía soviético-insurreccional y el camino guerrillero de guerra popular prolongada eran vistas como las principales opciones para la conquista del poder.

Una transición pacífica al socialismo era poco imaginable en el Tercer Mundo. Esos senderos eran promovidos en Europa Occidental, apostando a un efecto imitativo de los éxitos obtenidos por el bloque socialista.

Como todas las revoluciones irrumpían en la periferia para alcanzar alguna meta nacional, democrática o agraria, la idea de radicalizar esos procesos contaba con gran aceptación.

Ese período de esperanzas en un acelerado avance del proyecto socialista se cerró en América Latina en los años 80 con tres grandes frustraciones. La primera decepción fue la derrota de los movimientos guerrilleros, que generó balances muy críticos de la estrategia foquista.

El fracaso de la Unidad Popular en Chile fue el segundo shock. Como ese país arrastraba una larga tradición de continuidad institucional, algunos pensaban que allí era factible soslayar el eslabón revolucionario.

Salvador Allende intentó ese curso gradual mediante un acuerdo con la oposición. Pero quedó entrampado en la tolerancia suicida al golpe y no supo utilizar el respaldo popular para desbaratar al pinochetismo. Esa trágica experiencia confirmó la necesidad de la revolución en disyuntivas críticas.

La tercera frustración fue lo ocurrido en Nicaragua. El triunfo contra la dictadura y el acoso de bandas financiadas por el Pentágono parecían repetir al principio el camino cubano.

Pero los sandinistas sucumbieron ante el cerco militar, detuvieron las transformaciones sociales y pactaron con sus viejos adversarios. Al perder las elecciones precipitaron un clima de gran pesar en toda la izquierda regional.

Los resultados de esas experiencias no refutaron la centralidad de la radicalización antiimperialista para alcanzar la meta socialista. Más bien indicaron erróneos cursos para desenvolver esa estrategia. Pero la actualidad de esta política debe evaluarse a la luz de las enormes mutaciones de los últimos 30 años.

TRES CAMBIOS SUSTANCIALES

La primera modificación del periodo ha sido la etapa neoliberal, que empezó en los años 80 con la instauración de un modelo capitalista muy alejado del keynesianismo de posguerra.

El neoliberalismo es una práctica reaccionaria, un pensamiento conservador y un sistema de agresión contra trabajadores. Genera deterioro del salario y precarización laboral, mediante el desplazamiento de la industria a Oriente. Utiliza la informática para ampliar el desempleo, acentuar la marginalidad urbana y ensanchar la desigualdad.

Ese esquema opera al servicio de empresas transnacionales que promueven el libre-comercio para bajar aranceles y demoler competidores locales. Aprovechan la revolución digital para incrementar utilidades y facilitar la actividad especulativa de bancos mundiales que operan sin ningún control.

Ese modelo potencia los sufrimientos populares y precipita grandes crisis. Estas convulsiones irrumpen por la contracción de los ingresos populares, la sobreproducción y la expansión de las burbujas financieras.

El capitalismo neoliberal transmite ilusiones en la sabiduría de los mercados, la prosperidad espontánea y el derrame de beneficios. Pero también multiplica el miedo al desempleo y socava la legitimidad de los sistemas políticos. Si la izquierda no logra canalizar el descontento social, ese malestar es capturado por la derecha.

El segundo cambio del periodo derivó de la caída de la Unión Soviética. La relevancia de este acontecimiento fue corroborada por la periodización del siglo XX como una centuria corta (1917-1989), fechada en el surgimiento y desaparición de ese sistema.

El neoliberalismo se consolidó con ese desplome. La existencia de la URSS había aterrorizado a las clases dominantes que otorgaron concesiones sociales inéditas. El estado de bienestar, la gratuidad de ciertos servicios básicos, el objetivo del pleno empleo y el aumento del consumo popular surgieron por temor al comunismo. Con el fin de la URSS los capitalistas retomaron los mecanismos clásicos de la explotación.

Los problemas económicos no determinaron el derrumbe de ese sistema. La URSS superaba a sus equivalentes en PBI per cápita, calidad de vida o niveles de salud y educación.

El desplome del régimen fue consecuencia de un vaciamiento político. Los gobernantes apostaban a su propia conversión en burgueses. Cuando encontraron la oportunidad para consumar ese salto, abandonaron el incómodo maquillaje socialista.

La población toleró ese viraje al cabo de varias décadas de inmovilidad y despolitización. Con la frustración del último gran intento de renovación (Primavera de Praga) se extinguió la oportunidad de rehabilitar el socialismo.

El tercer cambio del período se localiza en la estructura del imperialismo. Ese dispositivo incluye mayor coordinación de las acciones de gendarme, para lidiar con la nueva integración mundial de los capitales.

Estas formas de gestión colectivas prevalecen frente a la extinción de las viejas guerras inter-imperialistas. Nadie vislumbra la repetición de conflictos armados entre Estados Unidos, Alemania o Japón. La ausencia de proporcionalidad entre la supremacía económica y la hegemonía político-militar de las distintas potencias, impide la reaparición de esas conflagraciones.

A pesar de su relativa pérdida de preeminencia económica Estados Unidos mantiene su función protectora del capitalismo. Preserva una preponderancia militar absoluta y una dirección de las operaciones internacionales más riesgosas.

Pero los imperios centrales ya no actúan como únicos protagonistas de la gobernanza mundial. Apéndices integrados a la estructura dominante (Israel, Australia, Canadá) tienen mayor relevancia y formaciones subimperiales autónomas (Turquía, India) son más gravitantes a escala regional. Cumplen un papel tan reaccionario como desestabilizador del orden global.

También los adversarios de largo plazo de Estados Unidos (Rusia, China) son más influyentes. Actúan en forma defensivas frente al imperialismo y de manera ofensiva hacia sus vecinos. Buscan forjar estructuras propias de dominación.

Estos convulsivos roles de las potencias centrales, los apéndices, los subimperios y los imperios en formación se verifican en escenarios de guerra permanente, como Medio Oriente.

¿En este contexto de neoliberalismo, desaparición de la URSS y remodelación de los dispositivos imperiales sigue gravitando el antiimperialismo?

OTRO PERFIL DEL MISMO DATO

Algunos analistas estiman que el antiimperialismo perdió incidencia con la globalización. Estiman que decayó junto al declive de los senderos nacionales, en el nuevo escenario de luchas anti-sistémicas a escala mundial.

Pero no brindan ejemplos de esas resistencias directamente globales. Es evidente que las tradiciones, organizaciones y programas nacionales continúan singularizando las movilizaciones de cada región.

Otros autores afirman el antiimperialismo es obsoleto. Consideran que se extinguió junto a los movimientos de liberación nacional, en un contexto de pocas colonias y muchos países soberanos.

Pero no registran cómo la opresión nacional ha resurgido con nuevas guerras, migraciones y rediseños de fronteras. Tampoco notan hasta qué punto la intervención imperial se ha intensificado con pretextos humanitarios. Basta observar la demolición de Medio Oriente o la desintegración de África para dimensionar las consecuencias de ese atropello.

Hay pensadores que reconocen la gravitación del antiimperialismo, pero lo observan como un dato negativo. Señalan que divide a los trabajadores, generando tensiones artificiales por las costumbres, idiomas o razas de cada grupo nacional.

Este cuestionamiento es ciertamente válido para el nacionalismo reaccionario de Trump o Le Pen. Pero no se aplica a Chávez-Maduro o Evo Morales. Ambas variantes están separadas por el mismo abismo que en el pasado oponía a un Mussolini con un Sandino.

Es absurdo clasificar a esa diversidad de liderazgos dentro de un paquete común de “populistas”. La nueva combinación de neoliberalismo con xenofobia -para restringir inmigración- se ubica en las antípodas del nacionalismo radical de Venezuela, Bolivia o Palestina.

Es también erróneo suponer que el antiimperialismo conduce al abandono de posturas anticapitalistas. La experiencia ha demostrado que las demandas nacionales y sociales no son antagónicas. Constituyen dos formas de reacción frente a la explotación padecida por los asalariados y la sujeción nacional, racial o religiosa sufrida por los oprimidos. Esa adversidad compartida conduce al empalme de resistencias comunes.

El antiimperialismo persiste como un dato central del siglo XXI. Esa gravitación ha sido confirmada por todos los procesos latinoamericanos de las últimas dos décadas.

En esa región se registraron significativos cambios en los levantamientos populares. Las clásicas revoluciones del siglo XX ( México en 1910, Bolivia en 1952, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979) fueron reemplazadas por rebeliones de otro alcance. Ya no irrumpieron formas de poder paralelo, ni organismos desafiantes del estado para coronar desenlaces militares.

Hubo importantes alzamientos populares en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina que superaron el alcance de cualquier revuelta, sin traspasar el umbral de las revoluciones. Esas sublevaciones modificaron los regímenes políticos, pero no demolieron al Estado, ni su ejército o instituciones.

Esos levantamientos mantuvieron un contenido antiimperialista mixturado con demandas contra neoliberalismo. En Bolivia las sucesivas “guerras del agua y del gas” (2000-03) confrontaron con las empresas extranjeras que lucraban con las privatizaciones. En Ecuador (1997-2000) se libraron batallas contra los bancos extranjeros, la entrega del petrolero y la presencia de bases militares estadounidenses.

En Argentina (2001) la lucha de los desocupados y la clase media confrontó con los ajustes del FMI. También en Venezuela (1989) las revueltas apuntaron contra el encarecimiento de la gasolina y las confiscaciones impuestas por el custodio de los bancos internacionales.

En todos los casos la deuda externa operó como un gran detonante. El pago de ese pasivo generó recortes de salarios que precipitaron movilizaciones por la auditoría y la moratoria. La masividad de esa demanda confirmó su centralidad en las economías dependientes. En todos los casos el antiimperialismo continuó operando como un eje articulador de la lucha popular.

VIGENCIA EN DISTINTOS GOBIERNOS

Es también llamativa la permanencia de la problemática antiimperialista en las distintas variantes de gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas.

Esa centralidad se verificó en las administraciones de centroizquierda (Lula-Dilma, Kirchner, Correa), que introdujeron reformas en el sistema político e intentaron modelos económicos neo-desarrollistas. Ensayaron cierta autonomía frente a los Estados Unidos, tomaron distancia de la OEA y trataron de ampliar el margen de UNASUR.

Pero cuando declinaron los proyectos de integración regional abandonaron esas pretensiones. Fueron gobiernos autónomos pero no antiimperialistas y esa carencia explica su total adaptación a la agenda de las clases dominantes.

La segunda variante de mandatarios mantuvo un perfil derechista (México, Perú o Colombia), que se ha expandido con la restauración conservadora perpetrada a través de victorias electorales (Argentina) y golpes institucionales (Brasil, Honduras, Paraguay).

En estos casos se verifica la contracara del antiimperialismo, a través de una descarada asunción de políticas pro-estadounidenses. Como siempre ocurre en América Latina, los gobiernos ultra-liberales son fanáticamente afines a la preeminencia de su viejo tutor.

Todos apuntalan la política exterior de Trump, convalidan la agresión contra México, recomponen la OEA, participan en las conspiraciones propiciadas por la CIA y delegan soberanía en materia de espionaje. Si en los gobiernos de centroizquierda hubo carencia de antiimperialismo, en sus pares de derecha abruma el sometimiento a Washington.

La gravitación de la problemática imperial se verifica finalmente en los gobiernos radicales de Venezuela y Bolivia. Esas administraciones han implementado políticas de redistribución de la renta, en choque con las clases dominantes y el padrino estadounidense.

Venezuela se ha transformado actualmente en el epicentro de esos conflictos. Resiste las pretensiones estadounidenses de recuperar el control de la principal reserva continental de crudo. El Departamento de Estado trata de repetir los operativos de Irak o Libia, busca instaurar el modelo de privatización imperante en México e intenta expulsar a Rusia y China de su patio trasero.

Esos objetivos explican la escalada de violencia que genera la oposición, ensayando variantes golpistas que combinan el sabotaje de la economía con la virulencia callejera.

Esta confrontación definirá el próximo escenario de la región. Un triunfo derechista generalizaría la sensación de impotencia frente al imperio y un resultado inverso permitiría apuntalar la nueva oleada de luchas sociales.

El antiimperialismo continúa definiendo la dinámica política latinoamericana. Su gravitación aumenta frente el proyecto recolonizador de Trump, que complementa la agresión contra Venezuela con el reforzamiento del embargo a Cuba. Esos atropellos reavivan la gran memoria de rechazo al intervencionismo estadounidense.

SINGULARIDADES LATINOAMERICANAS

El caso latinoamericano también ilustra la especificidad regional de la relación entre emancipación nacional y social. En ese terreno no hay recetas comunes para todo el planeta. Sólo existe un enfoque general de objetivos socialistas contrapuestos a la opresión imperial, que se adaptan a las diferentes situaciones de cada lugar.

La singularidad latinoamericana está determinada por la resistencia histórica al imperialismo estadounidense. El Pentágono ya no ejerce su dominación a través de dictaduras e intervenciones abiertas. Pero mantiene una gran primacía geopolítica (que no comparte con las potencias europeas).
Trump intenta utilizar ese poderío para retomar la supremacía total de Estados Unidos, frente a la novedosa presencia de China. Percibe que esa llegada no ha desbordado aún el terreno económico.

La impactante incursión del gigante asiático reviva todos los debates sobre el antiimperialismo. Durante los años de bonanza de las exportaciones latinoamericanas, no se aprovechó la posibilidad de una asociación integral con China para contrapesar la subordinación a Estados Unidos.

En vez de negociar en bloque con la nueva potencia, los gobiernos mantuvieron el bilateralismo. Ahora China tiende a erigirse como un referente del libre-comercio frente a Trump y ambas potencias disputan la apropiación del botín latinoamericano.

Otra peculiaridad del antiimperialismo regional es su estrecha conexión con el anhelo de unidad. Ese objetivo constituye una asignatura histórica pendiente. En la última década hubo algunos esbozos de integración con UNASUR y varias iniciativas solidarias del ALBA, contrapuestas a los tratados neoliberales de libre-comercio y diferenciadas del regionalismo capitalista del MERCOSUR.

Pero la oportunidad para concretar esos proyectos se frustró y los gobiernos de derecha recrean nuevamente la balcanización. Congelan UNASUR y paralizan el MERCOSUR para facilitar los negocios excluyentes de cada burguesía.

Como ese vaciamiento empalma con la crisis del Tratado del Pacífico (que promovían Obama y Clinton) predomina un clima de indefiniciones. Esa incertidumbre facilita el relanzamiento de los planteos antiimperialistas.

CONTRASTES CON MEDIO ORIENTE Y EUROPA

Las singularidades del antiimperialismo se clarifican en los contrastes entre regiones. América Latina comparte con el mundo árabe una batalla común contra el saqueo. Ambas zonas han sido avasalladas y colonizadas por distintos imperios. Pero la reacción frente a esos atropellos transita por carriles diferentes.

En Medio Oriente las demandas antiimperialistas están entremezcladas con agudas tensiones regionales y globales, en escenarios bélicos. Como ya ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en una misma confrontación se combinan choques entre potencias, batallas democráticas y resistencias antiimperialistas.

Las demandas nacionales en el mundo árabe están mixturadas con esos intrincados conflictos geopolíticos. Esa complejidad explica, por ejemplo, que triunfos del movimiento nacional kurdo (y su conquista de zonas autónomas) se logren bajo la coyuntural protección de Estados Unidos. Una sintonía de ese tipo es inconcebible en América Latina.

Otra peculiaridad son los yihadistas, que disputan con el Pentágono mediante acciones totalmente ajenas al antiimperialismo. Operan como movimientos reaccionarios que han sido tan enemigos de la primavera árabe, como las dictaduras de la región. Esta dualidad tampoco tiene parangón en América Latina.

Por distintas razones históricas -como el peso de la teocracia y la sofocación de los procesos de democratización secular- la relación entre emancipación nacional y social presenta en el mundo árabe, complejidades muy superiores a las imperantes en América Latina.

Las diferencias con Europa son también significativas. En el Viejo Continente conviven en un mismo radio geográfico opresores imperiales y naciones dependientes (Alemania con Grecia, Inglaterra con Irlanda). Comparten la misma integración a los organismos de la Unión Europea.

Esa estructura neoliberal afronta manifiestos rechazos populares cada vez que se vota. También suscita un fuerte despertar nacional contra la burocracia de Bruselas, al servicio de las empresas multinacionales. Esta tensión recuerda las resistencias nacionales de principios del siglo XX contra los viejos imperios.

En estos rechazos resurgen contradictorios sentimientos de soberanía y desintegración nacional. La gran variedad de culturas, tradiciones e idiomas que irrumpen en esos conflictos contrasta con la mayor homogeneidad de la configuración latinoamericana. Por esa razón el tipo de problemas creados con la fragmentación de Yugoslavia, la partición de Checoeslovaquia o los impulsos soberanistas de Cataluña y Escocia no se verifica en el Nuevo Mundo.

Sólo el ajuste impuesto por la Troika a Grecia presenta parecidos. Ahí se verifica el mismo catálogo de crueldades que padece América Latina. Alemania comandó la cirugía económica y Estados Unidos reforzó su primacía militar en las bases helenas de la OTAN.

En Grecia se procesó también una gran experiencia de resistencia popular. Esa lucha quedó abortada por el sometimiento a la Troika, generando frustraciones superiores a las experimentadas durante el ciclo progresista latinoamericano.

Los contrastes con el mundo árabe y con Europa ilustran la centralidad y las peculiaridades del antiimperialismo contemporáneo. ¿Pero su vigencia se extiende a la meta socialista?

PERSISTENCIA DE UN PROYECTO

Algunos pensadores retoman las viejas críticas al proyecto igualitario estimando que el socialismo perdió sentido. Señalan que es innecesario en los períodos de estabilidad y peligroso en las coyunturas de crisis.

Pero no explican cómo el capitalismo podría erradicar los sufrimientos populares, las guerras o la destrucción del medio ambiente. Tampoco han podido demostrar de qué manera podría ser reformado o humanizado un régimen que funciona acrecentando esas desgracias.

El neoliberalismo ha confirmado que el capitalismo se asienta en la explotación. También demuestra que la conquista de mayor democracia y logros sociales requiere implantar otro modelo de sociedad.

Es indudable que la caída de la URSS afectó seriamente la batalla por el socialismo, pero no generó la primera derrota sufrida por los oprimidos, ni ha implicado el fin de ese proyecto.

La historia de la humanidad incluye victorias inesperadas y amargas decepciones. La URSS fue un ensayo de socialismo que no logró eliminar la desigualdad. Pero conviene recordar que en otros casos (como la revolución francesa) los ideales de igualdad política se plasmaron en períodos muy posteriores.

Las ideas del socialismo no han perdido vigencia por su identificación con la Unión Soviética. Muchos conceptos sufrieron una deformación semejante y nunca fueron reemplazados. La bandera de la democracia ha sido utilizada para todo tipo de tropelías y esa usurpación no disoció ese concepto de la soberanía popular.

Al igual que otros principios de la acción política, el socialismo no tiene sustituto para batallar por el ideario pos-capitalista. La lucha por esa meta requiere nociones y estrategias que no se sustituyen con vaguedades sobre el pos-capitalismo .

El socialismo del siglo XXI recobra fuerza en su contraposición con el capitalismo, que es actualmente percibido como sinónimo de desempleo, pobreza y exclusión. El ideal comunista no es más utópico que el imaginario neoliberal del mercado, ni más irrealizable que las fantasías heterodoxas de intervención estatal. El socialismo ofrece un horizonte de emancipación real, a los jóvenes indignados que protestan en todo el mundo.

EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS

En cada región el socialismo está asociado con ciertas experiencias. En América Latina está muy identificado con el proceso cubano, que aportó a varias generaciones el mayor ideario de transformación social.

Cuba también demostró cómo un esquema económico-social no capitalista permite evitar el hambre, la delincuencia generalizada y la deserción escolar en una economía con pocos recursos .

La isla ya no está en condiciones de continuar el camino precedente. Debió intentar una renovación luego del colapso de la URSS, mediante la expansión del turismo, la llegada de empresas extranjeras y los mercados de divisas. Este curso generó serios problemas de segmentación social entre los receptores y huérfanos de remesas.

Ahora el país necesita ampliar la gravitación del mercado, ahorrar divisas y reanimar la agricultura, sin consagrar el retorno al capitalismo y evitando la formación de una clase dominante. Ese curso requiere reforzar las cooperativas, superar los ahogos burocráticos, transformar las divisas atesoradas en inversión y facilitar la pequeña propiedad.

Esa estrategia permitiría lograr altas tasas de crecimiento, limitando al mismo tiempo la desigualdad social. Es un curso que exige ejemplaridad de los dirigentes y continuidad de los sistemas educativos y sanitarios públicos.

La epopeya cubana afronta los nuevos desafíos en condiciones regionales adversas. Pero mientras el ideal socialista persista en la isla, esa meta permanecerá abierta también para América Latina.

Es importante registrar el estrecho camino que existe en la actualidad para mantener el proyecto de emancipación. Lo más peligroso para Cuba sería volver al período especial. Las reformas son tan necesarias como impedir la restauración capitalista.

Con la misma óptica hay que evaluar a Venezuela. El proceso bolivariano se desenvolvió junto a un enunciado socialista, que alcanzó gran difusión en las misiones, los hospitales, las empresas y las comunas. También la crítica a la burguesía fue incorporada al lenguaje corriente de amplios sectores populares. Ese giro ideológico empezó con la rehabilitación que hizo Chávez del proyecto comunista.

Todo ese rumbo afronta actualmente una crisis de gran alcance. Pero en lugar de sepultar los logros alcanzados corresponde discutir dónde se localizan las fallas, en un país (que a diferencia de Cuba) no consumó un debut del socialismo.

En Venezuela existe un grave problema económico por la obstrucción que impone la renta a cualquier proyecto de desarrollo igualitario. El socialismo es incompatible con ese escollo.

Bajo el chavismo la renta fue redistribuida a favor de los sectores populares, pero no fue utilizada para gestar una economía productiva. Por eso la industrialización quedó bloqueada y se recreó la convivencia con la burguesía, olvidando que la condición de un proyecto socialista es privar a la clase dominante de su poder económico.

También falló la política económica por una errónea utilización de las divisas, que potenció el desabastecimiento y la inflación. No hubo expansión del empleo productivo y en lugar de apuntalar un esquema combinado de plan, mercado y desarrollo socialista, persistió el consumo irracional y la baja productividad.

Además, se soslayaron ciertas nacionalizaciones claves -como los bancos y el comercio exterior- y se abuso de otras, que se volvieron perniciosas. Estos errores recrearon una larga tradición rentista de ineficiencia, que impide utilizar los ingresos petroleros para el desenvolvimiento industrial. No se pudo (o no se quiso) generar una cultura pos-rentista de producción y responsabilidad .

La corrección de esos desaciertos depende del desenlace de la crisis actual. Si la derecha triunfa el ideal socialista quedara afectado por mucho tiempo. Una victoria del proceso bolivariano permitiría, por el contrario, encarar un programa de erradicación de la boliburguesía y la corrupción. El escenario es difícil, pero los grandes proyectos revolucionarios siempre despegaron en la adversidad.

La experiencia de Bolivia transita por carriles menos dramáticos. En el plano económico hubo un manejo austero de la macroeconomía y en el plano político se recuperó el orgullo nacional y la auto-estima.

El gobierno de Evo logró consolidar una nueva configuración plurinacional del estado para ejercer su autoridad sobre todo el territorio. Las tensiones han sido menores a partir de un piso de subdesarrollo mayor. El Altiplano tampoco afrontó una hostilidad estratégica equiparable a Venezuela por parte del imperialismo estadounidense

VIGENCIA DE UNA ESTRATEGIA

En la última década el socialismo volvió a discutirse en América Latina. Ese proyecto recobró vitalidad a partir de las nuevas experiencias de Cuba, Venezuela, Bolivia y el ALBA.

Resulta necesario debatir con seriedad las luces y sombras de esos procesos sin indulgencia, ni derrotismo. El desenlace de la crisis en Venezuela influirá sobre el alcance de la resistencia social, los procesos electorales y los resultados de la agresión imperial.

En estos turbulentos escenarios la meta socialista continúa tan vigente como la mediación antiimperialista para alcanzarla. La dinámica clásica de radicalización persiste pero con nuevos ritmos y formas. La combinación de lucha nacional y social asume inéditos contornos y transita por inesperados senderos.