Desde que se formó
el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos padecido
espionaje, denostación y difusión de información dolosa y falaz. Vigilan
en todo momento nuestros movimientos y monitorean nuestras reuniones.
Interceptan nuestras llamadas telefónicas y amenazan a las víctimas que
acompañamos, para que se desistan de sus denuncias. Hemos enfrentado
denuncias penales, en que nos señalan como miembros de la guerrilla.
En la década de 1990, por defender los derechos humanos de algunos
maestros democráticos que fueron torturados, acusados de pertenecer a
organizaciones político-militares, nos asociaron con grupos armados y
dijeron que éramos defensores de guerrilleros. Tuvimos acceso a un
documento que llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, donde ubicaban
a sacerdotes católicos como promotores de movimientos subversivos. Como
director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, me
señalaron como parte de la línea dura de la teología de la liberación,
que pregonaba que sólo las armas cambiarían la realidad de la Montaña.
Fue un documento auspiciado por los militares y elaborado por el Cisen.
En esos años se trataba de ubicar a las organizaciones sociales y
movimientos religiosos que supuestamente apoyaban al EZLN.
Cuando defendimos a Valentina Rosendo e Inés Fernández, víctimas de
violación y tortura sexual por militares, enfrentamos junto con ellas
amenazas graves, al grado de que debimos cerrar nuestras oficinas en
Ayutla. Valentina con su pequeña hija tuvo que huir del estado. Pese a
las denuncias, los ministerios públicos se negaron a investigar. En
febrero de 2009, criminales, coludidos con el presidente municipal de
Ayutla, desaparecieron y asesinaron a dos defensores del pueblo Tu un
savi, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. En lugar de indagar a las
autoridades, filtraron la información de que Raúl pertenecía a la
guerrilla, justificando su homicidio. Sus ejecuciones se enmarcan dentro de la guerra de contrainsurgencia aplicada en Guerrero contra los luchadores sociales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas
provisionales para proteger a Inés Fernández, Valentina Rosendo, así
como al equipo de Tlachinollan. En 2010 la Corte Interamericana declaró
por unanimidad que el Estado mexicano resultó internacionalmente
responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a
la dignidad, a la vida privada y a las garantías judiciales de Inés
Fernández y Valentina Rosendo. Varios soldados fueron responsables de
violaciones y torturas sexuales contra Inés y Valentina. El cumplimiento
de las dos sentencias y el castigo a los responsables ha implicado
riesgos y amenazas para las familias de las dos compañeras y para los
miembros de Tlachinollan.
Ante la decisión unilateral de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) de construir una presa hidroeléctrica en el afluente del río
Papagayo, los campesinos opositores del núcleo comunal de Cacahuatepec
se organizaron para defender su río y sus tierras. Crearon el Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), que bajo
el liderazgo de Marco Antonio Suástegui ejercieron su derecho a la
protesta y públicamente se opusieron a ser despojados y desplazados de
su territorio. Los tres niveles de gobierno criminalizaron su
movimiento. Causaron divisiones, provocaron enfrentamientos y consumaron
varios asesinatos. Encarcelaron a Marco Antonio y lo trasladaron al
penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Como Tlachinollan asumimos su
defensa y demostramos su inocencia. En los tribunales agrarios ganamos
cinco juicios y echamos abajo los planes aviesos de construir la presa,
que con el apoyo de la Procuraduría Agraria, la presidencia municipal de
Acapulco y los gobernadores en turno, trataron de imponerla utilizando
la fuerza pública.
Para contrarrestar la presencia del Cecop en las comunidades pobres
del Acapulco rural, las autoridades municipales se coludieron con
empresarios corruptos y grupos criminales. La extracción ilegal de los
recursos pétreos y el trasiego de la droga en la región son los
problemas que más afectan a los campesinos que en todo momento han
pedido la intervención de las autoridades. En lugar de proteger sus
tierras comunales se ha incrementado el despojo y la violencia, al grado
que en la región la disputa territorial es sangrienta por la presencia
del grupo delincuencial Los Rusos y la UPOEG. Las dos
organizaciones junto con elementos de la policía ministerial de Acapulco
tienen que ver con la desaparición de Vicente Suástegui, defensor del
territorio y hermano de Marco Antonio.
La documentación divulgada en las últimas semanas como resultado del hackeo
contra la Sedena, evidencia que se ha espiando a los defensores y
líderes sociales del Cecop y de Tlachinollan. Sus informes están
plagados de mentiras. Falsamente y sin fundamento, se nos acusa de una
amenaza para el gobierno. Nos tratan como delincuentes. Por el
contrario, no se investiga con seriedad a los grupos criminales que han
devastado el río Papagayo, los que están vinculados con el negocio de la
droga y la venta de armas y han causado terror en la población del
Acapulco rural.
Los aparatos de inteligencia se han convertido en fábrica de
mentiras, en enemigos de las organizaciones sociales y los defensores de
derechos humanos. Las falsas acusaciones en nuestra contra señalándonos
como promotores de la ingobernabilidad en la región, desacreditan
nuestra labor y nos colocan en alto riesgo. La criminalización contra
los defensores y luchadores sociales debe cesar.
Toparnos con la cerrazón del Ejército y con las pésimas actuaciones de
la Fiscalía General de la República han sido las pruebas más duras que
como padres de los 43 normalistas desaparecidos enfrentamos con el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los cuatro años de intensas
batallas, Enrique Peña Nieto se empeñó en destruir nuestras vidas con su
falsa versión de la verdad histórica. Torturaron a los detenidos para
que se autoinculparan y se encargaran de describir las atrocidades que
cometieron contra nuestros hijos. Nos taladraron el alma, nos
desangraron y nos colocaron al borde de la exasperación. No pudieron
vencernos. Nuestro amor inquebrantable y nuestro afán de justicia nos
mantienen con gran firmeza y en pie de lucha. La solidaridad de
innumerables organizaciones nos reanimó y nos ayudaron a cruzar el
pantano de la muerte.
El informe que presentó Alejandro Encinas desenmascaró la urdimbre
delincuencial que se teje en los gobiernos federal y estatal. Las
autoridades civiles y militares de Guerrero trabajan coordinadamente
desde hace décadas, no para proteger la vida de los ciudadanos, sino
para destruir a quienes consideran sus enemigos, para afianzar los
intereses económicos de caciques y capos delictivos. Los actores armados
del estado se han especializado en la guerra sucia. Son expertos en
desaparecer a luchadores sociales y a quienes consideran que amenazan al
gobierno. Para nosotros no fue una novedad que el informe señalara a
militares como responsables de la desaparición de nuestros 43 hijos.
Desde un inicio dijimos que era un crimen de Estado; sin embargo, los
políticos guardaron silencio y hasta se unieron para encubrir a los
criminales. Enterraron en nuestro corazón la daga de los horrores que
cometieron contra nuestros hijos. Nos desquiciaron los actos perversos
de los políticos mal nacidos y de los policías asesinos. Quedaron
evidenciados los guachos que siempre han estado coludidos con los jefes
de las bandas criminales para desaparecer y enterrar a inocentes en
fosas clandestinas.
El oro y la droga que se vende en Iguala y se llevan a Chicago, Atlanta y
Nueva York es un negocio bien armado entre políticos y delincuentes,
que son de la misma calaña. Por décadas, los caciques abrieron rutas
nacionales e internacionales, con sus autobuses y camiones de carga para
asegurar la droga que se procesa en la sierra. Es una calamidad padecer
el flagelo de la delincuencia que controla las policías y las
presidencias municipales. José Luis Abarca es el clásico político
guerrerense que se encumbra en el poder con la protección y apoyo de
caciques, militares y jefes de la delincuencia. En Iguala Guerreros
Unidos desplazaron a Los Rojos, para controlar la zona norte hasta
Cuernavaca, Morelos. Eso lo lograron con apoyo de los caciques, el
Ejército, los policías de varios municipios, los ministeriales y la
entonces procuraduría del estado. Hasta hoy las autoridades federales no
se atreven a desmantelar estas redes criminales. Continúan las
desapariciones, los asesinatos, los periodistas desplazados y privados
de la vida. Las mismas empresas mineras se han beneficiado del crimen
organizado para pactar con los criminales y asegurar sus meganegocios en
los municipios de Cocula, Teloloapan y Eduardo Neri.
No entendemos por qué se sigue protegiendo tanto a los delincuentes como
a los que armaron la verdad histórica y están dentro de la fiscalía
general. También quisiéramos saber por qué se protege tanto al Ejército.
En Guerrero sabemos todo lo que han hecho y ningún gobierno los
castigó. Ahora con López Obrador les dieron más poder y más dinero. El
mismo general Cresencio se engalló más. Apenas dijo que el Ejército vela
por la seguridad nacional y la unión de los mexicanos y que los que
defendemos nuestros derechos tenemos intereses y ambiciones personales.
Que queremos desprestigiarlos para que la gente ya no confíe en ellos.
Dice que el Ejército y la Guardia Nacional tienen como misión respetar
los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no quieren que se investigue al
ejército? ¿Por qué se niegan a proporcionar toda la información que
tienen? y ¿por qué no cumplen con el compromiso que asumieron de
colaborar con la comisión de Ayotzinapa brindado toda la información que
hay en sus archivos?
Como padres de los 43 vemos que hay enojo del Ejército. Nosotros somos
los que estamos ofendidos por todo lo que hicieron con nuestros hijos.
No nos pueden impedir que protestemos y que manifestemos nuestro dolor y
nuestro coraje. No vamos a permitir que la fiscalía general pisotee
nuestros derechos, que ellos mismos se pongan del lado de quienes tienen
órdenes de aprehensión. ¿Por qué, ante el reclamo del general Cresencio
de que hay personajes interesados en afectar la imagen de las fuerzas
armadas, a los tres días se da el desistimiento de las órdenes de
aprehensión contra los militares?
¿Queremos saber qué intereses defienden los funcionarios de la fiscalía
que pidieron que se cancelaran las órdenes de aprehensión contra 16
militares y contra los ex funcionarios de Guerrero como Iñaki y
Lambertina? Con esto vemos que no se quiere avanzar en las
investigaciones y mucho menos detener a los militares. ¿Dónde está el
compromiso con nuestros derechos humanos?
Ahora el Presidente dice que en nuestro movimiento hay infiltrados, que
hay intereses ajenos que pretenden desestabilizar su gobierno. Estamos
realmente preocupados, porque más bien vemos que muchos quieren
descalificar nuestras protestas, para que no se haga visible nuestro
enojo. En verdad estamos muy molestos, porque la fiscalía nos ha pegado
con la puerta en la cara al cancelar las órdenes de aprehensión. Ni
siquiera se toman la molestia de explicarnos por qué lo hicieron. El
fiscal siempre nos ha ignorado. Vemos que hay intereses políticos muy
grandes que obligan a los funcionarios de la vieja procuraduría, a
maniobrar de manera sucia para que no metan a la cárcel a los militares
ni a los funcionarios que tienen órdenes de aprehensión.
Ya nada es igual en nuestras vidas desde que desaparecieron a nuestros
43 hijos. Dejamos a nuestras familias y parcelas, perdimos a tres papás y
una mamá. Nos han golpeado los políticos con sus desprecios y
traiciones, y las enfermedades nos quieren tumbar. Aunque se inunden
nuestras casas con las lluvias y se agrieten nuestras paredes por los
temblores no dejaremos de luchar, hasta saber dónde están nuestros
amados hijos.
* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan
El informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa,
presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, vino a
ratificar lo que siempre se supo y se quiso ocultar: "Fue un crimen de
Estado". Con esas cinco palabras iniciamos el texto publicado en esta
sección de La Jornada el 13 de octubre de 2014, a sólo dos semanas de
los hechos. Entonces, a partir de la información periodística y
testimonios de estudiantes sobrevivientes de los sucesos de Iguala la
noche del 26 para el 27 de septiembre hace ocho años, por simple lógica
llegamos a esa conclusión elemental. Seis personas fueron asesinadas
−tres de ellas estudiantes, uno de los cuáles, Julio César Mondragón,
fue torturado y desollado vivo− y 43 jóvenes de la Normal Raúl Isidro
Burgos fueron detenidos de manera tumultuaria y luego desaparecidos en
un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera
deliberada, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
Escribimos: "No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho
aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y
estigmatización clasista (y racista) de los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas.
Agentes estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y
una fue torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes
del Estado, seguido de la negativa a reconocer el acto y del
ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición
forzada". (C. Fazio, "Ayotzinapa, terror clasista", La Jornada, 13 y
27/10/14).
Como tantas veces antes desde 1968, asistíamos a una acción conjunta,
coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte o
paramilitares (luego se confirmó la participación del grupo de élite de
la policía municipal de Iguala conocido como Los Bélicos), apoyados por
sicarios de un cártel de la economía criminal ( Guerreros Unidos), cuya
"misión" fue realizar "limpieza social" y/o desaparecer lo disfuncional
al régimen de dominación mediante operaciones encubiertas coordinadas
por los servicios de inteligencia del Estado.
Como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, la
desaparición forzada no es un exceso de grupos fuera de control, sino
una tecnología represiva adoptada de manera racional y centralizada, que
entre otras funciones persigue la diseminación del terror. Los intentos
iniciales del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam
(plasmados luego en su mentira "histórica"), de tipificar el caso de los
43 como "secuestro" y "asesinato" a manos de un grupo criminal, buscaba
evitar que se le imputara al Estado la perpetración de un delito grave
del derecho internacional humanitario: la desaparición forzada, noción
que comprende varios crímenes, incluidos la detención ilegal y la
negación del debido proceso, lo que por lo general implica la tortura y a
menudo también el asesinato (ejecución extrajudicial), y que si se
practica de forma "generalizada" o "sistemática" (como en México), es
considerado crimen contra la humanidad continuado e imprescriptible, sin
posibilidad de indulto o amnistía.
Constatamos también que hubo un uso desproporcionado de la fuerza
coercitiva del Estado, e insistimos que había que investigar la cadena
de mando de las autoridades que intervinieron en los hechos: las
policías federal, estatal/ministerial y municipales (de Iguala, Cocula,
Huitzuco, Tepecoacuilco); los agentes del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen); los oficiales y soldados del 27 Batallón de
Infantería de Iguala, al mando del coronel José Rodríguez Pérez,
subordinado del general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la
35 Zona Militar, y del denominado Tercer Batallón, una unidad de fuerzas
especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Con
posterioridad, en su tercer informe sobre Ayotzinapa, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), confirmaría que
desde 2010 la Secretaría de la Defensa Nacional (al igual que el Cisen,
las policías Federal y la estatal de Guerrero) realizaba acciones de
espionaje, infiltración y seguimiento de normalistas, por militares
encubiertos con fachada de estudiantes que realizaban tareas de
contrainsurgencia como parte del Órgano de Búsqueda de Información
(OBI); se comprobaron al menos tres casos, uno, el del soldado Julio
César López Patolzin, adscrito al 50 batallón de Infantería de
Chilpancingo, que figura entre los 43 estudiantes
detenidos-desaparecidos. Entre sus funciones estaba detectar nexos de
los estudiantes con "grupos subversivos, de la delincuencia organizada y
todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la
seguridad nacional". A ello se sumaban la ilegal intervención de
conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos
electrónicos de los estudiantes, a través de la plataforma ( malware)
Pegasus instalada en el Campo Militar 1 y el monitoreo en tiempo real
vía el C-4.
Los hechos de Iguala siguieron los cánones de la guerra no convencional
(o irregular) plasmados en los manuales del Pentágono y la Agencia
Central de Inteligencia −asimilados por la Sedena en cursos de
contrainsurgencia de la Escuela de las Américas remozados en el marco de
la Iniciativa Mérida−, y pudieron incluir a agentes extranjeros de la
CIA y de la DEA que actúan en México de manera clandestina desde la
guerra fría.
Encinas señaló la presunta participación del entonces coronel José
Rodríguez Pérez (ascendido a general brigadier un año después) y
elementos del 27 Batallón de Iguala en el asesinato y desaparición de
seis de los 43 estudiantes que todavía permanecían "vivos" el 30 de
septiembre de 2014, e involucró en el crimen al general Alejandro
Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo
(ascendido luego a general de división y jefe del estado mayor de la
Defensa Nacional) y al teniente Francisco Macías, mando inmediato
superior del soldado López Patolzin, infiltrado entre los normalistas. A
su vez, los almirantes Marco A. Ortega, jefe de la Unidad de
Operaciones Especiales y Eduardo Redondo, titular de Inteligencia Naval
de la Secretaría de Marina, participaron como "enlaces operativos" en la
maquinación urdida por Murillo Karam. Como señala el Centro
Tlachinollan, "los hilos que [aún] hoy cubren la verdad están en los
cuarteles".
El encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que
manufacturó una escena de un crimen y una historia de
narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país.
Los normalistas iban asustados pero decididos a conseguir los quince
autobuses para llegar a una conmemoración más de la matanza de
estudiantes el 2 de octubre de 1968. En Chilpancingo, unas horas
antes, la policía los había perseguido y las líneas de transportes
se habían negado esta vez. Pero tenían el compromiso. Lo habían
adquirido el 19 de septiembre, en la reunión de las 17 normales en
la Emiliano Zapata, de Amilcingo, Morelos. Una vez que la normal de
Tenería, en el Estado de México, se declaró incapaz de operar la
logísitica de la movilización, que incluía comida y estancia por
varias noches, Ayotzinapa se obligó a ello. Eran la normal de Genaro
Vázquez Rojas, de Lucio Cabañas, de Othón Salazar. No podían quedar
mal. Después del revés en Chilpancingo, decidieron mandar a los de
primer ingreso a la toma de los camiones en Iguala. La mayoría tenía
16, 17 años y estaban rapados. Sabían que era el territorio de los
Casarrubias Salgado, los “Guerreros Unidos” que se dedicaban desde
hacía décadas al tráfico tanto de heroína como de metanfetaminas.
Los criminales, dueños de autolavados, tenían en un puño a las
policías municipales de Guerrero hasta Morelos, pasando por las del
Estado de México. Eran las 5 y media de la tarde del 26 de
septiembre de 2014 cuando los muchachos salieron de Tixtla.
No había forma de separar a las policías municipales de “Guerreros
Unidos”: a “Los Bélicos”, el grupo de élite encargado de la
seguridad en Iguala y Cocula; el cartel los uniformaba, dotaba de
armas, y salarios. De hecho, los policías eran el brazo armado de
los delincuentes, y no al revés. “Guerreros Unidos” se habían hecho
del control, entre otras, de las indeminizaciones que les
corresponían a los ejidatarios del Carrizalillo y Mezcala, por el
uso de sus tierras para la extracción de oro, plata y cobre por
parte de varias mineras canadienses. Había muchos negocios con las
mineras: desde el pago por derecho de piso, el uso de los
transportes y las rutas, hasta la venta de heroína para los mineros
que se fracturaban los huesos. Ni policías ni sicarios, sino un
cuerpo intermedio entre autoridad legal e ilegal, “los bélicos”
llegaron a ser secretarios de seguridad del estado de Guerrero. Nada
sorprendente en el país de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Se
encargaban de cobrar venta de protección, extorsiones, y levantones
para el crimen organizado. El informe de la Comisión sobre
Ayotzinapa nos recuerda tan sólo que Víctor Jorge León Maldonado, el
coordinador general de la SIEDO de Eduardo Medina Mora como
procurador, integró mal la averiguación que permitió la liberación
de Salomón Pineda, acusado de atacar a los normalistas. Después, el
gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo invitó a ser el
subprocurador del estado. Esos eran los policías como brazo ejecutor
del crimen. No hay por qué considerarlos por separado.
El Ejército tenía espiados los movimientos y comunicaciones de los
estudiantes de Ayotzinapa desde 2010, mediante el programa Pegasus.
Para ellos, eran subversivos y los trataron con planes de
contrainsurgencia. Por haber inflitrado a tres estudiantes, entre
ellos a Julio López Patolzin, que llevaba dos años dentro del
internado normalista, los militares sabían de las movilizaciones,
los debates, los apodos, los nombres y procedencias de los demás
alumnos y maestros. El teniente de infantería, Francisco Macías
Barbosa era a quien reportaban en el 27 Batallón. Éste recibía
órdenes directas del Coronel José Rodríguez Pérez. El Comandante de
la 35 Zona Militar en Chilpancingo, el General Alejandro Saavedra,
estaba al tanto de todas las comunicaciones en tiempo real. Después
de Ayotzinapa, el secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos,
pensó en él como su sucesor, y así se lo pidió al Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, pero él se negó.
A las 7 y cuarto de la tarde, los normalistas toman un autobus Costa
Line que venía de Acapulco. A las 8 otros negocian con un chofer en
la central camionera de Iguala pero se niega a manejar a la Normal.
Una hora más tarde, llegan los estudiantes que se habían quedado
boteando en la caseta de Iguala y en Rancho de la Cura. Recorren los
andenes en busca de otro camión que les de chance. Se les permiten
dos autobuses de Costa Line y uno de Estrella Roja. Antes de subirse
a los camiones, es la última vez que estarán juntos. A eso de las
nueve 25 de la noche salen en cinco autobuses rumbo a su escuela.
Pero la policía estatal comienza a seguirlos. Le disparan a uno y se
detiene en la carretera Iguala-Chilpancingo. Otro, es detenido
debajo del puente con rumbo al Palacio de Justicia. A los otros
tres, un operativo policiaco de bloqueos les impide dar vuelta a
derecha o izquierda por la Calle Juan N. Álvarez. Cuando los
estudiantes pretenden mover una de las patrullas atravesadas, un
balazo le da en la cabeza al normalista de 19 años, Aldo Gutiérrez
Solano. Es entonces que las policías desatan una balacera
indiscriminada contra los autobuses. Algunos tienen 96 impactos. Los
estudiantes se comunican con sus compañeros en Tixtla y Chilpancingo
para pedir ayuda. Un personaje que el informe identifica como “El
Caminante” sirve de enlace entre los policías que disparan y los
“halcones” de “Guerreros Unidos”. Es en ese momento que el
subdirector de la policía de Cocula, César Nava González, se
desplaza hacia el tiroteo en Iguala sin que nadie se lo ordene.
También lo hace el director de policía de Huizuco, Javier Nuñez
Duarte con sus dos hijos, Celedonio y Ariel, en cinco camionetas con
casi la mitad de los policías del municipio, que son 89. Son los que
hacen las detonaciones contra un camión del equipo de futbol
Avispones y contra unos taxis, y participan en el ataque al autobus
de los estudiantes en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
Mueren un jugador, el chofer del autobus del equipo de futbol, y una
pasajera del taxi. También se apersonan hasta ahí los policías
federales. Su jefe, Victor Manuel Colmenares Campos y sus oficiales,
Luis Dorantes y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, justo en el
puente, cobijados de las cámaras de videovigilancia. “Guerreros
Unidos” bloquea las carreteras a Chilpancingo y hacia Teloloapan.
Entonces tenemos que se instala un cerco a los autobuses por parte
de los policías, desde las 9 y media de la noche hasta casi las
once. Dentro de ese sitio se dispara a civiles desarmados. Están
heridos, tumbados boca abajo en las calles, esposados. Esa noche hay
6 asesinados por las fuerzas policiaco-sicario. Hay 40 heridos de
bala. En la clínica Cristina, un capitán del ejército, José Martínez
Crespo, toma nota de los heridos, les pide identificaciones, y se
va. Durante todo el episodio homicida, el ejército patrulló
vigilando el evento y lo comunicó en tiempo real. El CISEN de la
secretaría de Gobernación de Osorio Chong también lo estuaba
monitoreando.
La desaparición de los 43 es una orden. Algunos de los normalistas
que están detenidos a las once y media de la noche en la barandilla
de Iguala, son sacados por los policías de Cocula. Son
desaparecidos. Se les va separando en grupos, de diez, de quince,
para irlos moviendo en camionetas, con los policías vestidos de
civiles. Los normalistas que alcanzan a escapar por un cerro se unen
a los maestros de la Coordinadora en Guerrero, la CETEG, y organizan
una conferencia de prensa pasada la media noche. Quince minutos dura
su aparición porque llegan disparando sicarios de “Guerreros Unidos”
y asesinan a dos normalistas que acababan de llegar de Tixtla en
apoyo a sus compañeros. Uno corre por la calle Juárez, Julio Cesar
Mondragón, a quien después se encontrará sin rostro. Son “Los
Bélicos”, el grupo de élite policiaco, el que se encarga de las
desapariciones. Son las 3 de la mañana cuando se da esa orden. La da
alguien desde la ciudad de México, un “licenciado”, llamado el A1,
que promete que todo se va a enfriar rápido. Son asesinados,
despedazados, y puestos en bolsas que se dispersarán en las
siguientes horas en las inmediaciones de Iguala y, otros, cremados
en las dos sedes de funeraria “El Ángel”. Luego, las bolsas se
disgregan en pozos de minas, cerros, y dentro de las instalaciones
del ejército en Guerrero. A quienes participan en esta
monstruosidad, se les prometen cinco mil pesos extras. Un grupo de
seis jóvenes que están en un lugar oscuro llamado La Bodega Vieja
permanecen con vida todavía hasta el 30 de septiembre. Hay
evidencias telefónicas de que muchos de los cuerpos, llamados
“paquetes”, son llevados al cuartel del 27 Batallón del ejército.
Ahí, el Coronel José Rodríguez Pérez, los resguarda. Los batallones
y zonas militares cuentan con crematorios. A pesar de que uno de sus
inflitrados, Julio López Patolzin es uno de los desaparecidos, el
ejército no hará nada por rescatarlo, como ordena su protocolo y
código militares. El secreto es más potente que la institución.
El día siguiente comienza la otra historia de Ayotzinapa: la del
encubrimiento de lo que había sucedido. A eso se le llamó “la verdad
histórica”. Se trata de hacer pasar a las víctimas como
narcotraficantes. Se inventa una versión en la que el encargado de
la toma de los autobuses por parte de los estudiantes, Bernardo
Flores Alcaraz, a quien apodaban “El Cochiloco” —por la película El
infierno—, era parte del cartel enemigo, “Los Rojos”, así como el
mismísimo director de la normal “Isidro Burgos”, José Luis Hernández
Rivera. Las declaraciones son obtenidas mediante tortura. El 27 de
octubre, la Marina graba con un dron cómo el Procurador Jesús
Murillo Karam y el Tomás Zerón, el encargado de la investigación
criminal en el país, siembra bolsas con restos en un basurero de
Cocula, encienden un fuego para, después, dar paso a los forenses
que acrediten la escena. Lo que vimos en marzo pasado fue el video
de la Marina expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, el GIEI, donde se comprueba que se fabricó una
escena del crimen que iba a ser ratificada como real por los
miembros de “Guerreros Unidos” bajo tortura física y amenazas. 77 de
esos saldrían libres, sin que el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura
Ramos, investigara quién y por qué los había torturado para declarar
contra los normalistas desaparecidos y asegurar que los 43 había
sido incinerados en un basurero. Otra magistrada, ahora de Guerrero,
mandó destruir los videos de vigilancia tomadas por las cámaras
callejeras en el Palacio de Justicia la noche del 26 al 27 de
septiembre de 2014. A esto se le acompañó de una película, libros, y
cientos de columnas y primeras planas en los principales medios de
comunicación. 26 testigos de los hechos murieron en el transcurso de
estos ocho años, incluyendo al jefe de “Guerreros Unidos”, Mario
Casarrubias Salgado. Hasta el jefe de gobierno en la ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera participa del encubrimiento: el 20 de
noviembre de ese año, ordena que el cuerpo de granaderos embista a
una multitud de 220 mil personas que nos manifestábamos en el Zócalo
capitalino.
La orden de la desaparición la dio alguien llamado A1. El
encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que
manufacturó una escena de un crimen y una historia de
narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país. En esos
días, el gobierno de Peña Nieto celebraba en Guadalajara el Día
Mundial del Turismo, enaltecía los discursos del Presidente en
Naciones Unidas, el secretario de Hacienda, Luis Vidergaray, era
nombrado ministro de finanzas del año por la revista Euromoney. La
idea era darle vuelta a la página. El 5 de diciembre del año de la
desaparición, Peña Nieto declara: “Superemos esta etapa de dolor y
demos un paso adelante”. Un mes después, delante de los rectores de
las universidades, insiste: “Este instante de pena, tragedia y
dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”.
Esta columna contiene la pregunta por los motivos de Ayotzinapa. El
informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, implica
que, en el llamado “quinto” camión había una “mercancía” que les
importaba a los criminales. Quizás droga, quizás dinero. Se insiste
en que, en un retén de sus adversarios en Puebla, unos meses antes,
se habían perdido paquetes de heroína por un valor de 30 millones de
dólares. El otro motivo que aduce el Informe es que los “Guerreros
Unidos” creyeron los autobuses de los normalistas eran de un grupo
rival que les disputaba el control de la zona minera recién
conquistada. Lo cierto es que, para saber el motivo, hay que
recurrir a la historia.
Una mañana del 28 de junio de 1995, cuando a Guerrero lo gobernaba
un compadre del Presidente Zedillo, Rubén Figueroa Alcocer, unos
campesinos que cultivaban café tomaron unos camiones para ir a
Coyuca de Benítez para participar en un mitin que exigía que los
apoyos al campo se cumplieran. Un grupo de policías judiciales, les
paró el alto, y los bajó de los camiones de carga. Una vez
sometidos, los fusiló. Ahí murieron 17 campesinos desarmados de la
Organización Campesina Sierra del Sur. Tras matarlos y herir a 40
más, la policía judicial les sembró armas a los cadáveres para que
pareciera un enfrentamiento. El motivo fue tan difuso como el de
Ayotzinapa: desprecio por los pobres, incredulidad de que su muerte
tendrá repercusiones, certeza de que, desde las altas esferas de la
autoridad, se puede fabricar y comprar la verdad.
“Para atención de la
superioridad”, así tituló su reporte en 1974 el general Alberto
Sánchez López, jefe del estado mayor de la Defensa Nacional,
expresando que conviene dejar asentado que la efervescencia
del estado de Guerrero tiene su proyección en situación
militar (y que) el Ejército ha tenido que absorber los
problemas para garantizar en la medida de sus posibilidades la
tranquilidad del sector rural.
En 1960 Guerrero era el estado más pobre del país; más de 60
por ciento de analfabetismo y 74 por ciento de su población se
distribuía en pequeños núcleos rurales, en condiciones
deplorables y total aislamiento. Sólo Acapulco, Taxco,
Zihuatanejo y la capital del estado contaban con carretera
pavimentada.
La creación de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) por los
maestros Genaro Vázquez Rojas y Darío Vázquez Carmona despertó
muchas expectativas entre pobladores del estado, para hacer
frente al gobernador Raúl Caballero Aburto, quien reprimía a la
oposición política, utilizando a policías y al Ejército. Se
focalizó la persecución en maestros disidentes que eran
expulsados de las escuelas por impulsar la organización de
padres de familia en defensa de la educación gratuita.
Con la revuelta que enarboló la lucha por la autonomía de la
universidad de Guerrero, el 30 de diciembre de 1960, el
gobernador arremetió contra estudiantes y maestros en
Chilpancingo, usando las tropas que asesinaron a 19 personas.
Por ello el Senado decretó la desaparición de poderes en el
estado. La lucha contra los cacicazgos políticos y los
acaparadores de tierras desencadenó un movimiento campesino que
puso en jaque al partido oficial. La ACG lanzó sus candidaturas
para disputar la gubernatura, las diputaciones locales y las
alcaldías. Esta acumulación de fuerza social alertó al cacicazgo
priísta que pidió al gobierno federal el apoyo del Ejército para
que controlara las instituciones e impidiera el triunfo de la
oposición. Se intensificó la persecución contra la ACG que
representaba una amenaza para el régimen represor.
Ante la cerrazón política y la represión, Genaro Vázquez creó
la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) como
organización armada para declarar la guerra al Ejército Mexicano
y los poderes establecidos en Guerrero. Fueron años sangrientos
por la implantación de una estrategia de contrainsurgencia del
Ejército, que impuso el toque de queda en las regiones
convulsas. El secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca
Díaz, aplicó el Plan Telaraña, que se propuso eliminar
a la guerrilla. El Ejército tomó el control de las regiones del
Centro, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica para reprimir a la
población. Los detenidos eran trasladados a sedes militares o
cárceles clandestinas para torturarlas y desaparecerlas.
Existen testimonios de que el Campo Militar número uno fue
usado de centro de tortura para los guerrilleros y sus
familiares. Un informe de la Dirección Federal de Seguridad
reporta el traslado de varias personas detenidas a la 27 zona
militar, en Atoyac de Álvarez. Perpetraba estas detenciones un
grupo clandestino de policías y militares denominado Sangre.
Tras ser torturados para arrancarles información sobre la
guerrilla de Lucio Cabañas, los detenidos eran forzados a tomar
gasolina para posteriormente prenderles fuego. Desfigurados, los
cuerpos eran abandonados cerca de Acapulco.
Con el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa la represión se
recrudeció con más grupos de gavilleros para enfrentar a la
guerrilla y aterrorizar al pueblo. Los generales Arturo Acosta
Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo y el capitán Francisco
Javier Barquín formaron grupos de policías judiciales y militares
que detenían a sospechosos y los torturaban en los separos del
Fraccionamiento de Costa Azul. Los asesinaban y trasladaban a la
base aérea militar siete de Pie de la Cuesta.
De acuerdo con Gustavo Tarín, ex miembro de inteligencia de la
Policía Militar, de 1974 a 1981 detuvieron a unas mil 500 personas
que las interrogaban en las oficinas de policía y tránsito de
Acapulco. Desde ahí las personas eran vendadas y atadas para
trasladarlas a Pie de la Cuesta, donde se encontraba Acosta
Chaparro, acompañado por Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre y
otros, quienes disparaban en la nuca a los detenidos con una
pistola calibre 380, llamada la espada justiciera. Los
ejecutados eran encostalados y trasladados al avión Arava del
Ejército, que realizaba tres o cuatro vuelos nocturnos a la costa
de Oaxaca.
La guerra sucia en Guerrero dejó más de 850
desaparecidos. Ningún gobierno se ha atrevido a indagar al
Ejército; más bien en los últimos sexenios le han asignado la
guerra contra el narcotráfico. Con los gobiernos caciquiles
establecieron alianzas para impulsar la siembra de enervantes en
regiones inhóspitas. Facilitaron el comercio ilegal de armas,
pactaron con caciques regionales y grupos criminales para el
trasiego internacional de mariguana y amapola. Acapulco devino en
el centro de operaciones de los grandes narcos que
abrieron rutas por mar y aire a Sudamérica.
El Ejército mantuvo su estrategia contrainsurgente, ocupando
comunidades, violando mujeres, desapareciendo a líderes
comunitarios y ejecutando a presuntos guerrilleros. En
contrapartida, los negocios de la economía criminal se afianzaron
en el estado con el apoyo de caciques. La guerra antinarco
reposicionó al Ejército y a la Marina, dejando intacta la
estructura criminal que opera en las instituciones de seguridad y
justicia del Estado. La colusión entre agentes del Estado y crimen
organizado ha aumentado la cifra de desaparecidos, en su mayoría
jóvenes residentes en las periferias de las ciudades, mujeres
jóvenes y estudiantes, madres de familia, pequeños comerciantes,
líderes sociales y ecologistas, defensores comunitarios, maestros
de la Ceteg y estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Las
desapariciones en Guerrero tienen el sello de impunidad, porque no
se indaga a autoridades militares ni civiles que forman parte de
las redes de la macrocriminalidad que imperan en México.
Entre el polvo asfixiante del escombro y la
pestilencia de la clase política mexicana y sus cuerpos de “seguridad”,
queremos preguntar: ¿Qué deja al descubierto el sismo de 7.1 grados que
azotó la Ciudad de México el martes 19 de Septiembre de 2017?
Se hace
evidente, ante todo, la militarización a la que fue sometida la
población en las zonas en donde ocurrieron los colapsos y derrumbes de
los edificios. Pocas horas después del sismo, y ante la organización
espontánea de los habitantes para emprender las primeras tareas de
rescate en los lugares siniestrados, la SEDENA, SEMAR y PF, así como la
policía de la CDMX, implementaron el “Plan MX”, cuyo aparente objetivo
es, según Presidencia, “proteger la vida y el patrimonio de los
mexicanos de todas las regiones de nuestro territorio, antes, durante y
después de una contingencia.”1
Sin embargo, como hemos podido constatar a lo largo de estos días, el
operativo instrumentado por estos cuerpos de seguridad del Estado
mexicano tuvo como objetivo el control de la población; en primer lugar,
asegurando las zonas siniestradas al crear cordones de seguridad
que replegaron e impidieron el paso de la población civil a dicha
zonas; en segundo lugar, el control y la manipulación de la
información, en donde, desde el guión elaborado por los militares, los
principales medios de comunicación sirvieron para dichos fines.2
Se construyó una coartada que fue inhibiendo de manera súbita, y
después poco a poco, la respuesta y organización de los civiles.
Protección civil, tanto federal como a nivel CDMX, bajo el argumento de
estar capacitados y “saber” que-hacer ante el terremoto, desarticuló,
malinformó y obstaculizó las labores de rescate emprendidas por la
población civil, delegando la tarea a la SEMAR, SEDENA y a sus pequeñas
brigadas no capacitadas. En diferentes escenarios se pudo observar la
falta de diligencia de dichas instituciones en las tareas de rescate,
no así en el aseguramiento de la s zonas, como fue el caso de los
edificios ubicados en: calle Álvaro Obregón 286, calle Coquimbo en
Lindavista y calle San Luís Potosí esquina con Medellín, por mencionar
algunos.
A lo anterior ha de añadirse que en diferentes
poblaciones, ya desde el sismo del 7 de Septiembre, la SEMAR tomó el
control de la distribución de los víveres y, en algunos casos, se
hicieron con el control de la ayuda proveniente de otros lugares para
posteriormente resguardarla y entregarla a nombre de sus instituciones y
del gobierno federal .3
La respuesta del Estado mexicano, fue, una vez más, siguiendo los manuales de contrainsurgencia4 dictados por USA, la militarización y el control de la población.
Se hace evidente, por otra parte, la red de corrupción tejida entre las
inmobiliarias, las constructoras y las autoridades delegacionales.
Los permisos de construcción otorgados a las constructoras incumplen
las normas de edificación proyectadas para la CDMX; además, se ponen
en evidencia los trabajos de los funcionarios responsables de
Protección Civil de las delegaciones, los responsables de obra, que por
orden de la constructora o debido al desvío de materiales, emplean
materiales de baja calidad, incompletos o no se cumplen los procesos y
normas en el armado de las estructuras de carga y del concreto.
La mayoría de edificios que colapsaron son edificios construidos
después de 1985, algunos, incluso, no tienen ni un año de haberse
terminado. Las zonas, casualmente, en donde se derribaron la mayor parte
de ellos son zonas en proceso de gentrificación.5
A todo ello debe agregarse el vínculo entre políticos y funcionarios
de la CDMX con los empresarios inmobiliarios que hacen del derecho a la
ciudad un negocio de cuantiosas ganancias en donde lo que menos
importa es la calidad y la seguridad de las viviendas que construyen;
así como la indiferencia frente al impacto ambiental que generan dichas
construcciones.
Frente a esta tragedia, los partidos políticos
enfilan sus estrategias de cara al 2018 y hacen de la desolación su
botín político; reciclan propuestas para destinar los fondos de campaña a
la reconstrucción de los lugares devastados, condicionan la ayuda
proveniente de la sociedad civil a los afiliados a sus partidos, se
toman fotos y prometen cosas que jamás han cumplido ni cumplirán; o de
manera más descarada, como el caso del gobernador de Morelos, Graco
Ramírez y su esposa, la presidenta del DIF, Elena Cepeda 6, retienen , desvían y se apropian de la ayuda enviada para usarla con fines electorales.
La población civil, mayoritariamente compuesta por jóvenes, salió a
las calles a prestar ayuda. La solidaridad desplegada por los
diferentes sectores de la población de la CDMX muestra que los tejidos
comunitarios que creíamos rotos, aún existen. Sin embargo, la
articulación que lograron a partir de las necesidades inmediatas frente
al sismo es una articulación despolitizada, carente no sólo de
referentes, sino carente de perspectivas que puedan derivar en procesos
organizativos que posibiliten la impugnación y la transformación de
las políticas implementadas en los últimos 30 años que han dejado al
país en una crisis estructural en todos los ámbitos.
Es evidente
el grado de inconformidad de la sociedad y el enojo ante la clase
política que sigue los mandatos de las grandes empresas no sólo de la
construcción, sino de las transnacionales que acaparan la producción y
distribución de energía, alimentos, productos y servicios. Pero,
también es evidente que si continúa la articulación despolitizada de
estos sectores, la solidaridad no logrará generar un proceso que
reconfigure el escenario de catástrofe que sigue desplegándose ante
nuestros ojos como si soplara el viento, esta vez no del progreso, sino
de la mera y llana barbarie. Por ello, politizar el enojo y la
indignación es una tarea de primer orden.
Quizá vaya siendo hora
de romper la unilateralidad de las demandas inmediatas y la
esponteneidad, efectiva, pero efímera, y vayamos enfrentando
comunitariamente la totalidad de problemas que hoy asoman a partir de
un sismo que horadó el concreto, pero también, que abrió una
situación posible de peligro, de peligro potencial para el edificio
llamado Estado mexicano. Notas: 1Así lo define Presidencia: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/ya-sabes-que-es-el-plan-mx
2Queda
al descubierto, también, que existen diferencias operativas y políticas
dentro de la SEMAR. Las declaraciones contradictorias entre dos altos
mandos de dicha institución, en torno a la inexistente niña Frida Sofía,
muestra los conflictos internos que existen.
4Sobre este tema, puede consultarse el libro de Gilberto López y Rivas, Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos:http://www.rebelion.org/docs/157900.pdf
Para Noam Chomsky, la tarea de los corporativos
mediáticos consiste en crear un público pasivo y obediente, no
un participante activo en la toma de decisiones. Se busca crear
una comunidad atomizada y aislada, de forma que no pueda
organizarse y ejercer sus potencialidades para convertirse en
una fuerza poderosa e independiente que pueda hacer saltar por
los aires todo el tinglado de la concentración del poder. (Un
ejemplo de cómo ejercer la fuerza organizada en una democracia
participativa y protagónica, son los 8 millones 89 mil 320
votantes que el 30 de julio, a despecho de las amenazas
militaristas de D. Trump y la ofensiva terrorista paramilitar,
decidieron empoderar a las/os nuevos constituyentes
venezolanos).
Para que el mecanismo que genera un público sumiso y obsecuente
funcione, es necesario, también, el adoctrinamiento de los
medios. Su domesticación; generar una mentalidad de manada.
Hacer que los periodistas y la comentocracia huyan de todo
imperativo ético y caigan en las redes de la propaganda o el
doble pensar. Es decir, que se crean su propio cuento y lo
justifiquen por autocomplacencia, pragmatismo puro,
individualismo exacerbado o regodeo nihilista. Y que,
disciplinados, escudados en la razón de Estado, asuman
la ideología del patrioterismo reaccionario.
En definitiva, el miedo a manifestar el desacuerdo termina
trastocando la prudencia en asimilación, sometimiento y
cobardía. A su vez, el pensamiento reaccionario se refuerza bajo
un discurso de desprecio y odio xenófobo, racista y clasista:
siete jóvenes fueron quemados en Venezuela por parecer chavistas.
No se vale, pues, discrepar con el consenso. Sólo se debe
pensar en la dirección presentada por el sistema de dominación
capitalista. Y si para garantizar el consentimiento es necesario
aplicar las herramientas de la guerra sicológica para el control
de masas (azuzar el miedo y generar un terror paralizantes), los
vigilantes del Gran Hermano entran en operación bajo el paraguas
de lo políticamente correcto, amparados por todo un sistema de
dádivas y premios que brindan migajas de confort y poder
acomodaticio.
Aduladores de los poderes fácticos que actúan en zonas de
penumbra, los social-conformistas de los medios practican el
lenguaje operacional del orden sistémico, reproduciendo de forma
expansiva la lógica de la dominación de clase. Cada día en
Ciudad de México, Madrid, Bogotá o Buenos Aires, el pensamiento
reaccionario apuntala la contrarrevolución en Venezuela. Y ello
es así porque el poder real ha creado un ejército de paraperiodistas
dedicados a mantener y reproducir la ideología neoliberal y
desarticular el pensamiento crítico; a frenar el cambio social y
democrático de los de abajo mediante la mentira del silencio
(Sader). Es decir, negando la existencia de lo que no se quiere
que se conozca: por ejemplo, silenciando la formidable victoria
del chavismo bravío el 30/J.
Los saberes políticamente correctos forman parte del modelo de
dominación y marcan el ritmo de la pulsión del poder: quienes
levanten la voz y se aparten de la manada serán denigrados,
hostigados y/o castigados. El poder reclama una única
racionalidad. Por eso, como la división de un ejército vasallo
en el frente externo −y dado que toda intervención militar es
precedida por una campaña de intoxicación mediática con eje en
la guerra sicológica−, los paraperiodistas tienen la misión de
vigilar, hostigar y presionar a quienes, como Luis Hernández y
la línea editorial de La Jornada, se apartan del
consenso de la elite reaccionaria.
Los hornos crematorios del nazismo funcionaron a plena luz del
día; el genocidio de Hitler fue un acto consentido por el pueblo
alemán. Con distintas modalidades y ante un mundo pasivo, el
horror y la solución final de Auschwitz, Dachau y
Treblinka se replican hoy en Afganistán, Irak, Libia, Siria,
Colombia y el México de la necropolítica y las fosas clandestinas.
En pleno siglo XXI, las víctimas mortales de las aventuras
coloniales del Pentágono y la OTAN en Afganistán, Pakistán e Irak
ascienden a cuatro millones. Los escombros de Damasco y Palmira,
en Siria, exhiben los horrores de la guerra. La seguridad
democrática de Álvaro Uribe generó 6.5 millones de
desplazados internos. La prensa libre de Occidente ha
apoyado, distorsionado o justificado esas atrocidades. Es fácil
predecir qué ocurrirá en caso de estallar una intervención humanitaria
en Venezuela auspiciada por Estados Unidos.
El uso de la mentira, el fanatismo y la histeria de guerra, y los
ataques difamatorios con fines de explotación política son de
vieja data. En 1950, el informe de la Comisión Tydings sobre el
macartismo y el senador Joseph McCarthy, señaló: “Hemos visto
utilizar por primera vez en nuestra historia la técnica de ‘la
gran mentira’. Hemos visto cómo, mediante la insistencia y la
mezcla de falsedades (simples habladurías, tergiversaciones,
murmuraciones y mentiras deliberadas), es posible engañar a un
gran número de gente”. Los periodistas, editores y directores de
la prensa estadunidense sabían que McCarthy mentía y divulgaron
sus dichos, dejando que el lector, que no tenía ningún medio de
averiguarlo, intentara deducir la verdad. El senador republicano
John Bricker le dijo a McCarthy: Joe, usted es realmente un
hijo de puta. Pero a veces es conveniente tener hijos de puta a
nuestro alrededor para que se encarguen de los trabajos sucios.
El propósito del macartismo fue destruir las instituciones de
Estados Unidos, minar la Declaración de Derechos y revertir el
pacto social keynesiano (el Estado benefactor) que redistribuía
parte de las ganancias del capital hacia abajo. La revolución
conservadora de Ronald Reagan profundizó el proyecto neoliberal,
con epicentro en la liquidación de los bienes del Estado y la
esfera pública y la mercantilización y privatización radical de
todo. El macartismo hizo escuela y el trabajo sucio lo practican
hoy legiones de paraperiodistas en el caso Venezuela… pero sus
madres no tienen culpa.
Hoy, cuando la canalla mediática está desatada
en el mundo occidental, no está de más recordar que como otros términos
del discurso político, la palabra “democracia” tiene un significado
técnico orwelliano cuando se usa en exaltaciones retóricas o en el
“periodismo” habitual, para referirse a los esfuerzos de Estados Unidos y
de sus aliados para imponer la democracia liberal representativa a
Estados considerados “forajidos” como la Venezuela actual.
En ese
contexto, se ha convertido en un lugar común que cuando más democracia y
libertades se dice reconocer y defender, más se reprime la facultad de
pensar; sobre todo, la actividad de pensar a contracorriente. Con la
novedad de que en la persecución del pensamiento crítico ya no hay
fronteras. Pero sucede, además, que en el nuevo panóptico planetario y
en el marco de la guerra de espectro completo en curso, quienes
cuestionan el orden hegemónico o no se ajustan al marco del dogma
establecido por los amos del universo, pueden convertirse en un objetivo
político-militar.
Pensar entraña riesgos y trae consecuencias.
Ello ocurre en las ciencias sociales y las humanidades, pero también en
el periodismo. En la actual coyuntura, bien lo saben, entre otros,
Atilio Borón (Página 12, Rebelión.org,) y Luis Hernández (coordinador de Opinión de La Jornada),
quienes por practicar el ejercicio crítico de pensar con cabeza propia,
son objeto de mofa, presiones y campañas de estigmatización y
criminalización por un puñado de diletantes vigilantes del pensamiento
único neoliberal que responden a un mismo y nauseabundo guión de
Washington.
“Nicolás Maduro dictador” emite la voz del amo
desde las usinas del poder mundial, y el eco es amplificado urbi et orbi
por una cohorte de amanuenses subvencionados y tarifados. El esquema es
simple: para el periodismo mercenario, el “Maduro dictador” sustituye
hoy a “las armas de destrucción masivas” de Sadam Hussein, en 2003. El
saldo de la mentira del Pentágono como arma de guerra costó más de un
millón de muertos; pero eran iraquíes.
El modelo
“comunicacional” está bien engrasado. Permite debates, críticas y
discrepancias, en tanto se permanezca fielmente dentro del sistema de
presupuestos y principios que constituyen el consenso de la elite. Es un
sistema tan poderoso que puede ser interiorizado en su mayor parte, sin
tener conciencia de ello. En general, quien tiene ideas equivocadas o
intenta romper el molde es apartado o ignorado; pero en ocasiones puede
ser satanizado por los llamados intelectuales públicos, los pensadores
políticamente correctos, la gente que escribe editoriales y cosas así, y
es colocado frente al paredón de la “prensa libre”.
Recuerda
Marcos Roitman que los ideólogos del actual sistema de dominación han
reinterpretado los saberes y el conocimiento bajo una única
racionalidad: la del capital. El capital niega su carácter totalitario.
En su dimensión política, el capitalismo socializa la violencia y
deslastra la historia que le resulta incómoda. Bajo los criterios de la
“colonialidad del saber”, es capaz de eliminar al nazismo y al fascismo
−también al franquismo, al somocismo, al duvalierismo y el pinochetismo−
como fenómenos inherentes a su racionalidad.
W. Lippmann y la ingeniería del consenso
Hace más de un cuarto de siglo, en Los guardianes de la libertad
(Grijalbo Mondadori, 1990), Noam Chomsky y Edward S. Herman develaron
el uso operacional de los mecanismos de todo un modelo de propaganda al
servicio del “interés nacional” (de EU) y la dominación imperial. Nos
enseñaron a examinar la estructura de los medios (la riqueza del
propietario) y cómo se relacionan con otros sistemas de poder y de
autoridad. Por ejemplo, el gobierno (que les da publicidad, fuente
principal de ingresos), las corporaciones empresariales, las
universidades.
Asimismo, diseccionaron a los medios de elite (The New York Times, The Washington Post,
CBS y otros) que marcan “la agenda” de los gestores políticos,
empresariales y doctrinarios (profesores universitarios), pero también
la de otros periodistas, analistas y “expertos” de los medios de
difusión masiva que se ocupan de organizar el modo en que la gente debe
pensar y ver las cosas.
Demostraron, en síntesis, cómo mediante
la violencia psicológica o simbólica e indignantes campañas de
intoxicación lingüística (des)informativas y supresiones (“las peores
mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se
conozca”, nos alerta a su vez Emir Sader); manipulaciones, normas
doble-estándares y duplicidades; sesgos sistemáticos, matizaciones,
énfasis y tonos, y de la selección del contexto, las premisas y el orden
del día general, se lleva a cabo el control elitista de la sociedad
mediante lo que Walter Lippmann denominó “la ingeniería del consenso”.
Ese modelo de propaganda −por lo general dicotómico o maniqueo:
verbigracia “Maduro dictador vs. la oposición democrática de la MUD”;
las hordas chavistas vs. los luchadores de la libertad de D. Trump− deja
entrever que el “propósito social” de los medios es inculcar y defender
el orden del día económico, social y político de los grupos
privilegiados. Para ello, la fórmula es sencilla: los dueños de la
sociedad utilizan a una “clase especializada” −conformada por “hombres
responsables” y “expertos” que tienen acceso a la información y a la
comprensión, en particular, académicos, intelectuales y periodistas−
para que regule las formas de organización del rebaño desconcertado;
para manufacturar el consentimiento y mantener a la chusma a raya.
Todo el sistema de ideas políticas del imperialismo tiende a argumentar
su derecho a la dominación, a la supeditación del Estado a los
monopolios en todas las esferas de la vida; a la manipulación de las
masas y la desinformación de la “opinión pública. Según Lippmann, la
labor del público es limitada. El público no razona, no investiga, no
convence, no negocia o establece. Por ese motivo, “hay que poner al
público en su lugar”. La multitud aturdida, que da golpes con los pies y
ruge, “tiene su función: ser el espectador interesado de la acción”. No
el participante.
Medios domesticados: la mentira del silencio
Para
Chomsky, la tarea de los medios privados que responden a los intereses
de sus propietarios, consiste en crear un público pasivo y obediente, no
un participante en la toma de decisiones. Se trata de crear una
comunidad atomizada y aislada, de forma que no pueda organizarse y
ejercer sus potencialidades para convertirse en una fuerza poderosa e
independiente que pueda hacer saltar por los aires todo el tinglado de
la concentración del poder. ¿Ejemplo? Los 8.089.320 votantes que a
despecho de las amenazas imperiales y la ofensiva terrorista paramilitar
decidieron empoderar a los/as nuevos constituyentes.
Sólo que
para que el mecanismo funcione, es necesaria, también, la domesticación
de los medios; su adoctrinamiento. Es decir, generar una mentalidad de
manada. Hacer que los periodistas y columnistas huyan de todo imperativo
ético y caigan en las redes de la propaganda o el doble pensar. Es
decir, que se crean su propio cuento y lo justifiquen por
autocomplacencia, pragmatismo puro, individualismo exacerbado o regodeo
nihilista. Y que, disciplinados, escudados en la “razón de Estado” o el
“deber patriótico”, asuman –por intereses de clase o por conservar su
estabilidad laboral− la ideología del patrioterismo reaccionario. En
definitiva, el miedo a manifestar el desacuerdo termina trastocando la
prudencia en asimilación, sumisión y cobardía.
Moraleja: no se
vale discrepar con el consenso. Solo se debe pensar en una sola
dirección, la presentada por el sistema de dominación capitalista. Y si
para garantizar el consentimiento es necesario aplicar las herramientas
de la guerra psicológica para el control de las masas (como azuzar el
miedo, fomentar la sumisión y generar un pánico y terror paralizantes),
los comisarios del gran hermano entran en operación bajo el paraguas de
lo políticamente correcto, amparados por todo un sistema de dádivas y
premios que brindan un poco de confort y poder acomodaticio.
La no noticia y el Consenso de Lima
Ya
encarrerado, el pensamiento reaccionario se refuerza bajo un discurso
de desprecio y odio clasista, xenófobo y racista. Siete jóvenes han sido
quemados por parecer “chavistas” por los “demócratas” que defienden los
12 presidentes latinoamericanos del “Consenso de Lima”.
En
consecuencia, aduladores de los poderes fácticos que actúan en las zonas
de penumbra, los social-conformistas de los grandes medios –con el
periódico El País de Madrid como buque insignia de la prensa en
español− practican a diario el lenguaje operacional del orden sistémico,
reproduciendo la lógica de la dominación de manera expansiva.
Así, casi cada día durante los últimos cuatro meses, en Ciudad de
México, Madrid, Bogotá o Buenos Aires, el pensamiento reaccionario
apuntala la contrarrevolución en Venezuela. Y ello es así porque el
poder real ha creado un ejército de hombres y mujeres dedicados a
mantener y reproducir la ideología dominante y desarticular el
pensamiento crítico; dedicados a frenar el cambio social y democrático
de los de abajo mediante “la mentira del silencio” (Sader). Es decir,
negando la existencia de lo que no se quiere que se conozca, por
ejemplo, en la coyuntura, la formidable victoria del chavismo bravío y
los nuevos constituyentes antisistémicos (anticapitalistas y
antimperialistas). O, como señala Ángeles Díez, sustituyendo la
información principal por la “no noticia”: un atentado de los violentos
de la MUD se atribuyó mágicamente a la “represión” de Maduro (aderezado
con titulares que reforzaban una matriz de opinión con eje en el
autogolpe de Estado, la violencia, el caos y la emergencia humanitaria),
para difuminar la verdadera noticia: que el 30/J ocho millones
respaldaron la Constituyente.
El poder reclama una única
racionalidad, un solo orden, una sola intransigencia verdadera. Es por
eso, también, que a la manera de divisiones y/o francotiradores de un
ejército vasallo en el frente externo −y dado que toda intervención
militar es precedida por una campaña de intoxicación mediática con eje
en la guerra psicológica−, los paraperiodistas tienen la misión de
vigilar, hostigar y presionar a quienes, como Atilio Borón y Luis
Hernández, se apartan del consenso de la elite reaccionaria.
A
la biopolítica del cuerpo se suma hoy la psicopolítica de la mente
(Roitman). Y así, los saberes políticamente correctos forman parte del
modelo de dominación y marcan el ritmo de la pulsión del poder: quienes
levanten la voz y se aparten de la manada serán denigrados, hostigados
y/o castigados. En sentido contrario, y en el marco de la guerra no
convencional y asimétrica que libran el Pentágono y la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) contra el gobierno constitucional y legítimo de
Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela, una agenda con la atención
constante hacia las víctimas de la represión de la “dictadura”
venezolana, ayuda a convencer al público de la maldad del enemigo y
prepara el terreno para justificar la subversión de la MUD y una
eventual intervención “humanitaria” del Pentágono.
Auschwitz, el trabajo sucio y los neomaccarthistas
El
genocidio de Hitler y la Alemania nazi fue un acto consentido por el
pueblo alemán; los hornos crematorios funcionaron a plena luz del día.
Con distintas modalidades, el horror de Auschwitz y Treblinka se replica
hoy en Afganistán, Irak, Libia, Siria, Colombia y en el México de las
fosas comunes. Las víctimas mortales de las guerras coloniales del
Pentágono y la OTAN en Afganistán, Pakistán e Irak ascienden a cuatro
millones. En general, la “buena prensa” de Occidente ha apoyado o
justificado todas esas atrocidades. Es fácil predecir qué ocurriría en
caso de estallar una intervención “humanitaria” o una guerra civil
auspiciada por Estados Unidos en Venezuela.
El uso de la
mentira con fines políticos es de vieja data. En 1950, el informe de la
Comisión Tydings sobre el senador Joseph McCarthy y el maccarthismo,
señaló: “Hemos visto utilizar aquí por primera vez en nuestra historia
la técnica de ‘la gran mentira’. Hemos visto cómo, mediante la
insistencia y la mezcla de falsedades (simples habladurías,
tergiversaciones, murmuraciones y mentiras deliberadas), es posible
engañar a un gran número de gente”.
Los periodistas, editores y
directores de la gran prensa estadunidense, que con frecuencia sabían
que McCarthy estaba mintiendo, escribían y divulgaron lo que él decía y
dejaban que el lector, que no tenía ningún medio de averiguarlo,
intentara deducir la verdad. Un día, el senador republicano John
Bricker, le dijo a McCarthy: “Joe, usted es realmente un hijo de puta.
Pero a veces es conveniente tener hijos de puta a nuestro alrededor para
que se encarguen de los trabajos sucios”.
El propósito del
maccarthismo fue revertir el pacto social keynesiano (el Estado
benefactor) que redistribuía parte de las ganancias del capital hacia
abajo. Ronald Reagan profundizó el proyecto conocido hoy como
neoliberalismo, con epicentro en la liquidación de los bienes y la
esfera pública y la mercantilización y privatización radical de todo. El
macartismo hizo escuela y lo practican ahora muchos periodistas en el
caso Venezuela (¡estúpidos, es el petróleo!), pero las madres no tienen
la culpa…
Durante años el gobierno mexicano ha usado una poderosa
herramienta cibernética para espiar a los ciudadanos. En teoría
nadie escapó al fisgoneo de sus cuentas de correo, redes sociales,
llamadas telefónicas, mensajes de texto. Y esa herramienta la
maneja una compañía, Hacking Team, que tiene entre sus clientes,
además de la federal, a muchas administraciones estatales. Pero la
empresa del superespionaje fue espiada y vulnerada, así que la
información ilegal –política, financiera e incluso personal– de
sus espiados está ahora al alcance de casi cualquiera en internet.
El ataque cibernético en contra de la empresa italiana Hacking
Team –asunto que se hizo público el domingo 5– fue catastrófico
para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y una docena de
gobernadores. La intervención y filtración de las bases de datos
de la empresa productora de programas y desarrollos informáticos
puso al descubierto que desde el sexenio pasado las autoridades
mexicanas espían a sus ciudadanos.
Aunque la información se refiere sólo a una empresa proveedora de
ese tipo de software, las bases de datos hackeadas (es decir,
vulneradas, descifradas y robadas) demuestran la intensidad de los
gobernantes mexicanos en materia de espionaje. La referencia
principal es que, hasta antes del ataque, México era la principal
fuente de ingresos de Hacking Team. Por entidades, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) era su tercer cliente
más importante en el mundo.
La puerta de entrada de Hacking Team a México fue el propio Peña
Nieto. Cuando era gobernador del Estado de México, su
administración contrató en 2009 a esa empresa de Milán. El
propósito fue equipar a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del
Estado de México (Cusaem) con un software que le permitiera hacer
el seguimiento de personas, instituciones y organizaciones
consideradas “objetivos” de su gobierno.
Computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos, cuentas
de correo, redes sociales, contactos, mensajes escritos o de voz,
chats, conversaciones por Skype, imágenes… toda la información de
esos “objetivos” ha sido hurgada desde entonces no sólo por el
gobierno del Estado de México, sino por el federal y, desde hace
dos años, por otros gobiernos estatales y hasta por Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Abierto así el camino en México, Hacking Team es desde hace seis
años proveedor del gobierno federal, y desde hace dos, de una
creciente lista de administraciones estatales.
El principal producto que han comprado es un potente sistema
llamado Remote Control System, capaz de penetrar de manera
simultánea “miles” de celulares y computadoras, desde donde
infiltra las cuentas personales en Facebook, Google, Yahoo, Gmail,
etcétera, para extraer imágenes, correos, chats y mensajes de
texto con archivos adjuntos de voz. También puede extraer datos y
multimedia y hacer inútil la encriptación.
Con México como uno de sus principales compradores, hasta antes
del ataque cibernético Hacking Team tenía planeado expandirse.
Para octubre próximo está anunciado como uno de los patrocinadores
del encuentro internacional Telestrategias, que se realizará en la
Ciudad de México organizado por ISS World Latin America, empresa
dedicada a los sistemas de apoyo de inteligencia para intercepción
legal, vigilancia electrónica y obtención de ciberinteligencia.
Pero más importantes eran las intenciones de compra que le habían
manifestado tanto el gobierno federal como algunos estatales, una
vez que pasaran las elecciones del pasado 7 de junio.
Tierra de oportunidades
En el gobierno federal, los programas de la empresa italiana han
sido comprados desde el sexenio pasado para las secretarías de
Gobernación (Cisen y Policía Federal), de la Defensa Nacional
(Sedena), de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR)
y hasta para Pemex.
Entre la información de la empresa hecha pública el lunes 6, está
el plan estratégico de Hacking Team para México, al cual la
empresa caracteriza como clave para sus ventas en el Continente
Americano.
Además del gobierno federal, el plan identifica como clientes a
los del Estado de México, Querétaro, Puebla, Campeche, Tamaulipas,
Yucatán, Durango, Jalisco y Baja California. La peculiaridad común
es que la agencia responsable ante la empresa italiana es, en
todos los casos, la “oficina del gobernador”. Por el tiempo en que
esos gobiernos compraron los equipos se trata de los actuales
mandatarios estatales.
En el caso del Estado de México, los equipos han sido para los
Cusaem y la Procuraduría General de Justicia.
Además, según la información intervenida, Sonora y Nayarit eran
considerados el año pasado por la empresa como “oportunidades”,
mientras que los actuales gobiernos de Chihuahua, Guerrero y
Zacatecas, además de la Sedena y la Policía Federal (PF), tenían
prometidas compras para el tercer trimestre del año pasado. En el
caso de la Defensa, por 510 mil euros, y en el de los gobiernos,
350 mil cada uno.
Desde 2009 la inversión conjunta del gobierno federal y los
estatales ha sido de 5 millones 808 mil euros, que al tipo de
cambio actual equivalen a unos 100 millones de pesos, que han
salido de los presupuestos públicos. Un costo relativamente bajo
para las ganancias que las autoridades federales y estatales han
obtenido en el conocimiento de sus blancos a seguir.
Pero 2015 iba a disparar esa cifra. Pasadas las elecciones, los
vendedores de Hacking Team respondieron a solicitudes de
cotizaciones por parte de varias instituciones y entidades para
adquirir la última versión de su sistema Galileo.
Días antes del hackeo y de la exhibición de la base de datos de
la empresa, sus intermediarios advertían que los contratos estaban
prácticamente ganados. Otra vez, para el gobierno federal y otros
gobiernos estatales. Para la PF se elevaba a 785 mil euros. Para
la Sedena, a más de 1 millón 500 mil euros. Para la Unidad
Antisecuestro de Jalisco, a 925 mil euros. La propuesta para
Guerrero, fechada al 21 de enero de 2014 y calificada de
“extremadamente confidencial”, se elevaba a 610 mil euros.
Las bases de datos de Hacking Team incluyen listas e historial de
sus clientes, las empresas intermediarias que colocaron el equipo
en México y otros países, nombres de ejecutivos y operadores,
correos electrónicos, facturas, cartas de crédito, bitácoras y
todo tipo de información que muestra las relaciones comerciales de
la empresa.
En total, más de 400 gigabytes de la empresa italiana y sus
clientes, entre los que destaca México. Otros de los compradores
de software de intrusión son Marruecos, Arabia Saudita, Malasia,
Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Chile, además de
Italia y Estados Unidos.
Desde el sexenio pasado
El sofisticado ataque cibernético llevó días, incluso semanas,
superando nuestras defensas, explica a Proceso Eric Rab, jefe de
marketing y oficial de comunicaciones de Haking Team. “Hemos
hablado con nuestros clientes, les hemos explicado lo que sabemos
del ataque y les hemos pedido suspender cualquier investigación
que tengan en curso. Todos los clientes han acordado hacer eso”,
respondió vía electrónica.
En esa condición se encuentran por lo menos una veintena de
compradores mexicanos, a decir de la información consultada por
este semanario. Después de las compras en 2009 del gobierno de
Peña Nieto en el Estado de México, se desató la adquisición de
equipo por parte del entonces gobierno de Felipe Calderón y luego
de gobiernos estatales.
En 2010 el gobierno federal empezó a comprar a través del Cisen y
de la PF. Al siguiente año, la Marina se convirtió en nuevo
cliente. Según lo reportado por las propias dependencias a la
empresa italiana, el Cisen tenía 140 “objetivos”; la Marina, 100,
y los Cusaem, 100.
A cargo entonces de Guillermo Valdés Castellanos, el Cisen ha
sido el principal comprador de software intrusivo y ofensivo a
Hacking Team.
Entre los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, la agencia de
seguridad del Estado mexicano ha comprado a la empresa italiana
equipos y software por 1 millón 390 mil euros.
El Cisen y los Cusaem han sido los únicos adquirientes mexicanos
directos de ese tipo de programas informáticos. Las demás
autoridades mexicanas han adquirido el llamado software
“defensivo” y lo han hecho a través de empresas privadas.
Las empresas identificadas como intermediarias son Teva Tech de
México, Sym Servicios Integrales, Elite by Carga y Dynamic Trading
Exchange, con contratos firmados. También están como
distribuidores oficiales Neolinx, Grego y Cloudsec, aunque hasta
donde indica la información no habían concretado ventas en el
momento del hackeo.
El empresario de seguridad Eduardo Margolis, implicado por
Florence Cassez en su caso judicial en México, también intentó
convertirse en intermediario de Hacking Team con su empresa Epel,
al ofrecer a los ejecutivos italianos sus “relaciones de alto
nivel con el gobierno mexicano” y sus contactos con el de Israel.
De acuerdo con las facturas exhibidas, esas empresas
intermediarias adquirieron entre 2012 y 2014 licencias para
explotar el Remote Control System, en sus sucesivas versiones,
primero Da Vinci y luego el más sofisticado Galileo, capaces de
penetrar varios targets (objetivos) al mismo tiempo.
Mina mexiquense
Después del Cisen, la entidad que más ha gastado en el software
de la empresa italiana es el Estado de México. Con Peña Nieto, en
2009, gastó 400 mil euros; después, en 2012, ya en el actual
gobierno de Eruviel Ávila, 783 mil euros para la Procuraduría
General de Justicia (PGJ).
En el primer caso, el responsable de los Cusaem era Ciro Mendoza
Becerril, considerado protegido del entonces gobernador Peña
Nieto. El organismo dependía de la Agencia de Seguridad Estatal
–hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana–, a cargo entonces de David
Garay Maldonado, actual responsable de la Unidad de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación.
Por lo que hace a la PGJ mexiquense, la primera vez que entró en
contacto con la empresa de Milán fue en 2012. Ese año la
procuraduría tuvo dos titulares: Alfredo Castillo, excomisionado
del gobierno de Peña Nieto en Michoacán y actual director de la
Comisión Nacional del Deporte; y Miguel Ángel Contreras Nieto,
actual secretario de Medio Ambiente del gobierno de Eruviel Ávila
y procurador de Protección Ambiental del gobierno estatal de Peña
Nieto.
Después del Estado de México y el gobierno federal, a partir de
2013 los gobiernos estatales empezaron a comprar el software y su
actualización. Ese año fueron Querétaro, Puebla y Campeche; además
de Pemex, con Emilio Lozoya Austin como director.
En 2014 se sumaron Tamaulipas, la Secretaría de Planeación y
Finanzas de Baja California, Yucatán, Durango y Jalisco. De
acuerdo con los reportes, durante 2015 esas entidades han hecho o
tienen que hacer pagos de mantenimiento.
En cuanto se conoció que México era un importante comprador de
software para espiar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, de quien depende el actual director del Cisen,
Eugenio Ímaz, aseguró que la adquisición había ocurrido en el
sexenio pasado. Pero las bases de datos demuestran que el gobierno
de Peña Nieto ha pagado 410 mil euros para mantenimiento y
actualización del software.
En México Hacking Team enfrenta a la competencia del programa
FinFischer –desarrollado por la alemana Gamma Group– y del oneroso
sistema Pegaso, producido por la israelí NSO Group y que
distribuye aquí Security Tracking Devices.
Durante las administraciones panistas, el Cisen y la PF
adquirieron, mediante esa empresa, equipo de espionaje de Estados
Unidos, según contratos del Departamento de Estado publicados por
este semanario en 2013 (Proceso 1915).
Uno de los operadores fue el entonces secretario de Seguridad
Pública federal, Genaro García Luna, quien antes ya se había hecho
de equipos de espionaje también a través de esa oficina del
gobierno estadunidense, cuando era director de la entonces Agencia
Federal de Investigaciones (AFI), en el gobierno de Vicente Fox.
En ese entonces, García Luna pidió “la intercepción de llamadas
objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica,
Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.
La sucesora de la AFI en la PGR es la Agencia de Investigación
Criminal, a cargo de Tomás Zerón de Lucio, quien aparece en las
comunicaciones internas de Hacking Team como uno de los
principales negociadores por parte de México.
Con García Luna como secretario de Seguridad Pública, la PF
estaba a cargo de Facundo Rosas cuando Hacking Team vendió
software a la corporación en 2010. De él dependían los programas
informáticos de espionaje, pero debió salir de la institución en
2012 tras un fallido operativo en la normal rural de Ayotzinapa,
que dejó dos estudiantes muertos.
En abril siguiente fue rescatado por su paisano, el gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle, quien lo designó secretario de
Seguridad Pública estatal. En 2013 Moreno Valle compró por primera
vez el software de Hacking Team para “10 objetivos”. Según las
bases de datos intervenidas, hasta agosto del año pasado la
administración de Moreno Valle había pagado 428 mil 835 euros,
entre compra, mantenimiento y actualización de los programas.
En el caso de Querétaro, la compra fue hecha también en 2013 por
el gobierno de José Calzada mediante la empresa Teva, y manifestó
sólo cinco “objetivos”. El gobierno de Fernando Ortega Barnés, en
Campeche, adquirió el software a través de Servicios Integrales
para 25 “objetivos”.
En el caso de Tamaulipas, ya en 2014, el equipo fue a parar a la
Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general de brigada
Arturo Gutiérrez García, quien relevó a Rafael Lomelí Martínez. En
Yucatán, el software lo compró la administración de Rolando Zapata
Bello; en Durango, la de Jorge Herrera Caldera, y en Jalisco, la
de Aristóteles Sandoval.
Entrevistado por Proceso, Eric Rab aseguró que con su “código
fuente imprudentemente puesto en internet, ahora está disponible a
cualquiera que le quiera dar un uso bueno o malo. Consideramos que
subir este código a la red mundial es un acto impactante e
intolerable que debe ser castigado por cualquier medio legal
posible”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de la partida del país del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en
inglés) se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se
encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de
la República sobre el caso Ayotzinapa. A continuación se reproduce
íntegramente el texto escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith.
El 20 y 21 de abril, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coordinadora del
Mecanismo y también Relatora para México, y el Secretario Ejecutivo de
la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente de Ayotzinapa. Al
concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su
preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto
en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de
las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El
GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los
representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo
internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y
atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades
mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del
GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano
no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los
estudiantes.
El trabajo del GIEI en México fue esencial para desmentir la “verdad
histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la
investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y
sus cuerpos incinerados y arrojados en un río aledaño y para
contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso. El
GIEI también logró avanzar en la investigación del caso.
El GIEI descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles
para indagar. Además, el GIEI consideró que un motivo para explicar la
magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los
estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y
recomendaron perseguir esta línea de investigación. El GIEI también
reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la
obstrucción de justicia. Durante su tiempo en México, el GIEI publicó
dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre
cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril
de 2016.
En julio de 2016, la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para
el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano y
las familias de los estudiantes y sus representantes. Su plan de trabajo
establece entre otras cosas los objetivos del Mecanismo y su cronograma
de actividades que incluye cuatro visitas oficiales de la CIDH a
México.
Un caso emblemático que el gobierno mexicano tiene la obligación de resolver
El gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la
investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de
justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la
investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias
manipuladas o pérdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener
declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a
la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido
sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a
los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea
dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para
investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su
voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las
desapariciones en el país.
Un año después de la salida del GIEI y dos años y medio después de
que los estudiantes desaparecieron, estas son algunas de las respuestas
que el gobierno todavía debe a las familias y las víctimas:
El gobierno se niega a abandonar una “verdad histórica” que ya ha sido desmentida
El gobierno mexicano se niega a abandonar su teoría oficial del caso a
pesar de las conclusiones del grupo internacional de expertos. En una
audiencia del 17 de marzo de 2017 ante la CIDH, el gobierno mexicano
declaró que su única hipótesis consolidada sobre el caso es que los
estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de
un grupo de crimen organizado–a pesar de que esta teoría fue desmentida
por el GIEI y varios estudios científicos. La CIDH consideró muy grave
la defensa del gobierno mexicano de su “verdad histórica” y reiteró que
la Comisión ya descartó esta teoría del caso.
En su visita a México, la CIDH expresó su preocupación por las
declaraciones públicas de altas autoridades mexicanas que validan esta
hipótesis. Tras la audiencia, el gobierno mexicano emitió en un
comunicado manifestando que agotará “todas las líneas de investigación
posibles” y atenderá las recomendaciones del GIEI. Ahora debe
transformar esas declaraciones en acciones concretas.
Obstáculos en la investigación interna
Una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una
investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por
parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado
por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de
Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón, es observado en el Río
San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados
fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno
de los estudiantes—la única identificación positiva en el caso. Los
registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron
descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a
Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave
quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre—un día antes de que
las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General
de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una
investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que
sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las
familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su
cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times
obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13
graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la
PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso
recomendado una investigación más profunda para determinar si la
conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales.
Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Chávez fue reemplazado por una nueva Visitadora General, Adriana
Campos López, quien concluyó oficialmente la investigación interna y
entregó su informe oficial en diciembre de 2016. Su informe no cuestiona
la versión original del gobierno del caso y solamente indica siete
irregularidades menores por parte de autoridades que son infracciones
mínimas que podrían conllevar sanciones administrativas.
Evidencias fundamentales fueron ocultadas al GIEI
En noviembre de 2016, trascendió en medios que el actual jefe de la
AIC, Omar García Harfuch, podría tener vínculos con la organización
criminal de Guerreros Unidos. García fue anteriormente el coordinador
estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero; se
trasladó a la AIC después de la salida de Tomás Zerón, en septiembre de
2016. El diario mexicano Proceso obtuvo una resolución judicial en
contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder de los Guerreros Unidos
detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo
una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado,
entre ellos García Harfuch. Esta información no fue compartida con el
Grupo de Expertos durante su estancia en México.
Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada
con el alias “El Uruguayo”. Los abogados de las víctimas investigaron
este alias y descubrieron que “El Uruguayo” es Gonzalo Martín Souza
Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en
julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes,
en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que
estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas
ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando
“compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en
autobuses de pasajeros.”
Esta evidencia es clave porque, como se comentó anteriormente,
durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el
ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en
los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una
operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para
traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago,
Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de
Justicia de este país.
El gobierno mexicano no había investigado esta hipótesis y tardó
varios meses en solicitar información al Departamento de Justicia sobre
la investigación en Chicago. Ahora es claro que el gobierno mexicano
tenía evidencia previa sobre la práctica de Guerreros Unidos de usar
autobuses para traficar drogas a los Estados Unidos. Esta información se
omitió deliberadamente del Grupo de Expertos, que en múltiples
ocasiones solicitó información sobre casos previos relacionados con el
uso de autobuses para traficar drogas.
Avances limitados en la investigación y en la búsqueda de los estudiantes
En los últimos meses, las autoridades mexicanas han logrado algunos
avances en la determinación de la participación de diferentes
autoridades en los ataques contra los estudiantes. Un rastreo a través
de antenas de los teléfonos celulares confirmó la participación de
policías de Huitzuco, un pueblo vecino a Iguala, en los ataques.
Autoridades siguen analizando los datos telefónicos de los estudiantes
desaparecidos y de algunos detenidos. Compañías telefónicas han
entregado miles de sábanas de datos de más de mil números telefónicos
que están en análisis.
Además autoridades mexicanas han empleado el uso de la tecnología
LIDAR para identificar a posibles fosas clandestinas que puedan contener
los restos de los estudiantes desaparecidos. En diciembre de 2016 y
febrero de 2017 se hicieron nuevas búsquedas en zonas alrededor de
Iguala con información derivada del uso de la tecnología LIDAR. Es
importante seguir estos esfuerzos pero también las autoridades mexicanas
deben organizar de una manera más efectiva su registro de fosas
clandestinas y comunes para evitar que se realice una búsqueda en una
fosa ya descubierta previamente por las autoridades.
Pasos claves pendientes
Realizar esfuerzos serios para localizar a los estudiantes y
sancionar a los responsables de su desaparición forzada: Las autoridades
mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, incluyendo a
través del uso de la tecnología LIDAR. En su visita, la CIDH también
recomendó que el gobierno mexicano creara “una base de datos de fosas
que pueda ser replicada en todas las entidades federativas.” Además, los
investigadores mexicanos deben culminar la telefonía – tanto para
conocer lo que revela sobre el paradero de los estudiantes como para
conocer la participación de diferentes autoridades durante la noche de
los ataques en contra de los estudiantes.
Sobre todo, el gobierno mexicano debe respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda de los estudiantes.
Asegurar que funcionarios que actuaron en forma irregular o ilegal
durante la investigación del caso sean sancionados: Dadas las
diferencias significativas en el informe interno final presentado por la
Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las
autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna
sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción
de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades
de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los
antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia
en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados
Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos
entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada.
Indagar plenamente la hipótesis sobre el tráfico de drogas: Dado que
se han descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de
autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades
mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de
que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su
participación no intencional en una operación de narcotráfico. La
Comisión Interamericana considera como urgente la profundización de esta
línea de investigación.
Seguir investigando las responsabilidades de otras autoridades en los
hechos: Aunque se ha identificado la participación de elementos de la
policía municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el
gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía
Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde
desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta
responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las
responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que
estuvieron presentes durante los hechos.
Resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el
país: El gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para
asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como
desaparecidas ni para facilitar la identificación de restos y la
localización de fosas. El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los
más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México.
La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en
México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de
funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y
con vida e investigar a los responsables.
En los últimos meses, se han descubierto en México fosas clandestinas
y restos humanos no identificados en fosas comunes oficiales lo cual
evidencia la necesidad de mejorar las capacidades forenses en México. En
un informe especial sobre desapariciones, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2007 y 2016, se han localizado
oficialmente 855 fosas clandestinas en México. De éstas se han inhumado
1.548 cadáveres, de los cuales cerca de la mitad han sido
identificados. En marzo de 2017, las autoridades en Veracruz revelaron
que se habían descubierto en Veracruz 125 fosas comunes con 14 mil
restos óseos desde agosto de 2016. En los esfuerzos por buscar a los
estudiantes de Aytozinapa, investigadores han encontrado innumerables
fosas comunes en Guerrero.
Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de
Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y
el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para
investigar los casos de desapariciones. El congreso de México tomó un
paso positivo en julio de 2015 cuando reformó la Constitución para
otorgar a los legisladores la competencia para aprobar la legislación
aplicable en todo el país sobre el tema de las desapariciones.
El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México
venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el
senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual
enviados por el poder ejecutivo representan un retroceso a las
propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones
civiles y expertos. Los familiares de personas desaparecidas en México
han dado un voto de confianza al gobierno mexicano para emitir una ley
que de una vez por todas termine con las desapariciones en México. Toca
al gobierno mexicano honrar su palabra. Los legisladores mexicanos deben
priorizar la aprobación de una ley integral que tenga en cuenta las
exigencias de las víctimas y los grupos de la sociedad civil.
