Fernando Dorado
En 1989 se derrumbó la URSS y se oficializó
la caída del “socialismo de Estado”. La globalización neoliberal parecía
alzar vuelo a todo vapor; no obstante, 18 años después, la crisis
económica y financiera (2007-8) introdujo al mundo del capital en una
fase de grave recesión permanente. En ese entorno, el “capitalismo
asiático” de China ha entrado en escena con relativa fuerza y ha puesto
en jaque la hegemonía estadounidense y de occidente.
La reacción
de algunos sectores capitalistas de EE.UU. y de países europeos
(Brexit) ha sido renegar de la globalización neoliberal y promover
–precipitada e impulsivamente– una política proteccionista que intenta
revertir los efectos negativos que trajo la globalización para
determinados sectores de la industria y la manufactura de sus países.
Los trabajadores de vieja generación (fordistas) apoyan esa política que
adquiere forma “nacional-populista”.
La mayor parte de la
“izquierda socialista” –sin el referente de los trabajadores o de otros
sectores sojuzgados– se puso detrás de la burguesía global. Para no
quedar bajo la dirección de los Obama, Clinton o Merkel, colocan a los
líderes de las potencias orientales (Xi, Putin) al frente de los
intereses “progresistas” de la humanidad. Según ellos, son los únicos
que pueden derrotar al “nuevo fascismo” que encabeza Trump, Bannon,
Salvini, Bolsonaro, etc.
En esa línea se pronuncia el creador
del sello del “Socialismo del siglo XXI”, Heinz Dieterich Stefan, en su
último artículo titulado “Trump pierde Guerra imperialista contra China”,
en la que presenta una interesante información que, sin embargo, nos
lleva a una interpretación muy diferente a la del sociólogo alemán, no
reducida a los análisis geopolíticos.
¿En realidad que es lo que está ocurriendo?
La burguesía china,
que durante este período aprovechó una serie de ventajas comparativas
(inversión extranjera, protección y subsidios estatales, mano de obra
súper-barata, permisividad en temas ambientales y otras), ha construido
una línea globalista “hacia afuera” y un relato nacionalista “hacia
adentro”, para contrarrestar la agresiva política de Trump. En ese
sentido, Xi Jinping encabeza actualmente a toda la burguesía financiera
globalizadora tanto de EE.UU. como de Europa y del mundo (en Colombia es
Santos y casi toda la “izquierda”, la que se identifica con dicha
política).
Pero no seamos ingenuos, esa alianza no se hace en
favor de los intereses de la humanidad y menos de los intereses de los
trabajadores u otros sectores oprimidos. Es, simplemente, lo que tiene
que hacer la burguesía china para avanzar hacia un mundo multipolar en
donde sus inversiones tienen que abrirse más espacio global. Pero tratar
de presentar ese comportamiento como beneficioso para los trabajadores
no solo es cándido, sino que puede ser provocador.
Hay quienes
ante la dispersión y debilidad organizativa de los trabajadores (que
algunos ya enterraron o desconocen su existencia), aspiran ilusamente
que sean las burguesías las que resuelvan los problemas entre ellas. Por
ello, colocan a Putin y a Xi, como la cabeza del supuesto frente
anti-imperialista que hay que organizar contra Trump, ya no para avanzar
hacia modelos de sociedad que –por lo menos– enfrenten los graves
problemas estructurales que vive la humanidad sino solo para salvar y
proteger las reglas “racionales” que le sirven a la burguesía financiera
para mantener su estabilidad global.
En vez de denunciar que
el uso de la fuerza, la imposición unilateral de aranceles, el chantaje
comercial y tecnológico, y la amenaza de confrontación bélica, así como
el uso criminal de los medios de comunicación para atacar y derrotar a
los enemigos del nuevo poder que se tomó la dirección política del
imperio estadounidense, los teóricos de “izquierda” al servicio de la
burguesía globalista, llaman –ahora– a defender las reglas de las
instituciones financieras que dominan el mundo (ONU, OMC, FMI, etc.).
Ahora sus aliados son Obama, Clinton, Merkel o Lagarde. Además, hasta
los citan en sus escritos.
En América Latina ocurrió otro
tanto. Las burguesías emergentes de la región aprovecharon las luchas
populares, especialmente de sectores sociales relegados y excluidos del
mundo del capital (indígenas, campesinos, trabajadores informales,
etc.), para acceder a los gobiernos y establecer lo que ellos llaman
“socialismo”. En realidad, ese socialismo no tiene nada que ver con la
“apropiación social y colectiva de la riqueza creada por la sociedad”,
sino se reduce al viejo Estado de Bienestar que la burguesía creó
después de la 2ª guerra mundial para contrarrestar el “socialismo de
Estado” de la URSS y demás países.
A ello se han reducido las
pretensiones de los “socialistas” actuales. Consiste solo en un
capitalismo que ofrece servicios mínimos de “salud”, “educación”, agua
potable, electricidad y vivienda a la población pero que no cuestiona
para nada el modelo de civilización y de “desarrollo” que destruye la
vida a todos los niveles (pueblos, comunidades, naturalezas,
pensamientos, sentimientos). Es el modelo de la inequidad (monopolios),
desigualdad (pobreza camuflada con cifras en medio de inmensas fortunas
de millonarios y mega-millonarios), injusticia (ley solo para los
pobres), sobre-explotación (a todo nivel), etc. No obstante, la crisis
sistémica de reproducción del capital es tan profunda que ni siquiera
les permitió a los “progresistas latinoamericanos” sacar adelante ese
intento de reforma. AMLO ya es el nuevo ejemplo.
La derrota
histórica de los trabajadores durante el siglo XX y principios del XXI,
no ha sido aún asimilada por cuanto seguimos pensando con las
herramientas epistemológicas del pasado. Pero las ciencias de la
complejidad en desarrollo, las nuevas miradas filosóficas no
reduccionistas ni dualistas, y las luchas de “los de abajo” (mujeres,
jóvenes, ecologistas, hackers libres, nuevos trabajadores, etc.) vienen
en nuestro auxilio.
Además, las soluciones que propone Trump y
sus supuestos opositores (que en realidad solo son rivales), son solo
flor de un día. La crisis económica y política se va a seguir
agudizando. La mínima tasa de ganancia del capital obliga a las
burguesías a violar sus propias normas y legalidades. Por ello, se
requiere no arriar las banderas “anti-sistémicas” sino levantar nuevas
consignas de carácter civilizatorio 1,
que solo pueden alzar los trabajadores y pueblos oprimidos para
responder a los nuevos retos de la lucha que está en pleno desarrollo.
Nota:
1
Un ideario civilizatorio a trabajar debería tener en cuenta: miradas
complejas, no lineales; planetarias, no nacionalistas; colaborativas y
comunitarias, no colectivistas; humanistas, no “multi-culturalistas”;
ecologistas, no anti-tecnológicas; post-generistas, no feministas;
espirituales pero científicas; postcapitalistas, no anti-capitalistas;
post-extractivistas, no anti-extractivistas; utilitaristas y prevenidas
frente al Estado, no estatistas ni anti-estatistas; y, en general,
miradas críticas, que rechacen las teorías generalizantes y valoren lo
concreto.
22.6.19
El nuevo modelo de seguridad pública
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 26 de marzo se publicó el decreto por el que se reformaron varios preceptos constitucionales en materia de seguridad pública. Como buena parte de la discusión se concentró en la Guardia Nacional y, todavía más, en su necesario carácter civil, se perdió de vista que con las reformas aprobadas se estaba dando lugar a un nuevo modelo de seguridad pública. Dentro de los cambios a que dio lugar la reforma, destaca el otorgamiento de competencias al Congreso de la Unión para organizar la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública federales, así como para emitir las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones.
Continuando con la mala técnica legislativa seguida desde hace tiempo, en los artículos transitorios del decreto de reformas se fijaron los contenidos mínimos que el legislador federal debía establecer al momento de emitir las leyes que habrían de desarrollar la reforma constitucional. Para la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo relativo a la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública y la regulación del sistema nacional de información en la materia. Para la Ley de la Guardia Nacional, los supuestos para la coordinación y colaboración de ella con las instituciones de seguridad de las entidades federativas y municipios; las reglas de aportación de estos órdenes de gobierno por la colaboración de la Guardia Nacional en tareas locales; la estructura jerárquica, régimen de disciplina, ascensos, desempeño, prestaciones, ingreso, educación, capacitación y profesionalización; las responsabilidades y tareas que puedan homologarse a las disposiciones aplicables a las Fuerzas Armadas; la posesión, portación y uso de armas de fuego; las hipótesis para delimitar la actuación de sus integrantes y las bases del informe que el presidente de la República habrá de rendir al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Respecto de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se determinó su finalidad, alcance y definición; los sujetos obligados, así como los derechos y obligaciones de los integrantes de las instituciones competentes; su sujeción a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad; la previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas mediante el control físico y las armas incapacitantes, letales y no letales; y las reglas de portación, de adiestramiento y gestión. Finalmente, respecto de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, se previeron las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación; los momentos y procedimientos para llevarlo a cabo; el tratamiento de los datos personales de los detenidos y los criterios para clasificar la información; las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso, fundamentalmente.
Atendiendo a los plazos y contenidos impuestos, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expidió las de Guardia Nacional, Uso de Fuerza y Registro de Detenciones. Todas estas leyes fueron publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo pasado y entraron en vigor al día siguiente. Para que el modelo de seguridad pública llegue a estar completo, se requiere que el presidente de la República emita los correspondientes reglamentos, y las autoridades administrativas, los protocolos y manuales de operación. Sólo al tenerlos sabremos cabalmente cuáles son las posibilidades de intervención de las policías, el tipo de acciones que pueden realizar en ejercicio de sus facultades, incluido el uso de la fuerza letal. Sin embargo, teniendo a la vista las reformas constitucionales y la nueva legislación, es posible identificar ya las notas que animan y animarán la seguridad pública nacional federal en los próximos años y en las graves condiciones en las que su contrapartida, la inseguridad, se encuentra. Me concentro en los tres ordenamientos principales.
Lo que se hizo con la Ley de Seguridad Pública fue otorgarle a la federación las competencias necesarias para crear, integrar y utilizar un sistema nacional de información acerca de la delincuencia. Los artículos reformados o adicionados dotan de facultades a las autoridades federales para allegarse de información a fin de crear estadísticas, bases de datos y medios semejantes, para con ellos formar o reestablecer, según se vea, el llamado Centro Nacional de Información. Así, la federación se asignó las tareas de inteligencia del fenómeno delincuencial para, esperemos, estar en posibilidad de fijar políticas generales y coordinar las tareas de los diversos cuerpos de seguridad.
La Ley de la Guardia Nacional terminó siendo, como debía ser, un ordenamiento de carácter orgánico en el que quedaron definidos los objetivos y competencias del cuerpo, sus jerarquías y modos de integración, capacidades, adiestramientos y tipo de controles parlamentarios y judiciales a que sus actuaciones quedarán sometidas. Con independencia de las muchas reticencias que, en lo personal, me genera la existencia de este cuerpo, debo reconocer que la ley está bien hecha. Por una parte, recoge las determinaciones impuestas por los artículos transitorios; por otra, no desborda los preceptos constitucionales, excepción hecha de algunos procesos de investigación que, sin embargo, pudieran quedar comprendidos en la obligación genérica de proceder mediante autorización judicial (artículo 100) y, finalmente, porque ordena bien lo que se quiere llegar a lograr con la corporación.
A la Ley del Uso de la Fuerza debemos verla con dos enfoques. Entendiendo que, al contar con una normatividad, ella es marco de actuación y condiciones y, al mismo tiempo, marco de inhibición. La falta de una ley hacía difícil saber lo que a cuento del uso de la fuerza se hacía, si era o no adecuado e, igualmente, si la conducta misma era o no posible. En adelante, quienes estén autorizados para usarla saben que su proceder está regulado, que hay situaciones de uso legitimado de la fuerza y situaciones en las que ésta puede ser ilegal o hasta delictiva.
En la Ley Nacional del Uso de la Fuerza se describen las facultades y las obligaciones de los agentes que realizan funciones de fuerza, definidas como la posibilidad de inhibir a una persona por medios mecánicos o biomecánicos, momentánea o permanentemente, conforme a los principios de absoluta necesidad, legalidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas. Las armas a utilizar se distinguen entre letales y no letales, según puedan producir la muerte o graves lesiones o no conduzcan a ello. En la escala de actuación, uno de los temas centrales del ordenamiento, se prevé la siguiente progresividad: persuasión, entendida como cese de la resistencia por indicaciones verbales o presencia de la autoridad; restricción, como determinación de un perímetro para controlar la agresión; sujeción, como uso moderado de la fuerza física para controlar o asegurar individuos; inmovilización, como restricción de la movilidad de las personas para lograr su aseguramiento mediante el uso intenso de fuerza física; incapacitación, como neutralización de la resistencia y la violencia a través del uso intensivo de fuerza física y empleo de armas menos letales, a sabiendas de que pueden causarse lesiones que no pongan en riesgo la vida; lesión grave, como neutralización de los agresores por medio del uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de proteger la integridad de la autoridad o de otras personas a sabiendas de la alta probabilidad de dañar gravemente al agresor y, finalmente, la muerte, que implica el uso de fuerza letal como acción excepcional con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión al no existir otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia.
De los temas de la Ley de Uso de la Fuerza que es importante reflexionar, hay tres que desde ahora dejo señalados. El primero es que la misma enuncia como finalidad determinar el uso de ella para las fuerzas de seguridad de cualquier tipo y adscripción y, más relevante por la situación confusa que ahora vivimos, de las Fuerzas Armadas que realicen funciones de seguridad pública. Si conforme al artículo quinto transitorio del decreto de reformas constitucionales de marzo pasado, durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada de forma permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ¿cuál es el estatus jurídico de estas fuerzas en tales circunstancias? Desde mi punto de vista, deben actuar conforme a la Ley de Uso de la Fuerza, es decir, en una condición policial y no militar. Ello implica la no aplicación del fuero ni de los protocolos o normatividades militares o navales, sino de los civiles. Piénsese, para dimensionar la relevancia de estos cambios, en lo que los integrantes del Ejército hubieran podido y debido hacer a la luz a de la nueva normatividad en situaciones como la vivida recientemente en La Huacana, Michoacán. ¿Qué y cómo debieron haber respondido ante tal acontecimiento?
Un segundo asunto tiene que ver con lo que ya varias organizaciones de la sociedad civil han advertido. En el artículo 27 de la Ley se establece que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto “lícito”. La amplitud de la expresión deja un margen de discrecionalidad, cuando no hay la posibilidad de definir, ex ante, si la manifestación tiene tal calidad y, en su caso, las condiciones del uso de la fuerza que pueden ser impuestas. El tercer aspecto a destacar es la importancia de los protocolos del uso de la fuerza que habrán de expedirse. En ellos radicarán muchas de las posibilidades operativas de lo que, efectivamente, sucederá en las circunstancias concretas del día a día.
Con la descripción y los apuntes anteriores, me parece que ha quedado claro que en el país se está tratando de establecer un nuevo modelo de seguridad pública. Sin embargo, el mismo enfatiza al ámbito federal y, por lo mismo, incide menos en el de las entidades federativas y los municipios. Después de estas transformaciones, la federación cuenta con un Sistema de Información y su correspondiente Centro, una nueva policía en la forma de la Guardia Nacional y un sistema de registro de las detenciones; y, adicionalmente, la federación, las entidades y los municipios con un marco de uso de la fuerza para todas sus corporaciones. El problema es que no se imaginaron ni previeron nuevas competencias o modos de organización del sistema nacional de las policías ni de la seguridad. Una vez más, se dejó a los estados y municipios la tarea de pensar y constituir sus cuerpos y ejecutar sus acciones en sus limitados ámbitos espaciales y materiales. Ya varios expertos lo han señalado, se persistió en una equivocada idea. Como, se asume, los grandes delitos y la peligrosidad social son federales, en sus instituciones habrá de ponerse el acento.
Si analizamos los dos Planes Nacionales de Desarrollo, el del presidente y el de su administración, pronto nos daremos cuenta que es poco y malo lo que de manera integral se dice de la seguridad pública. Es cierto que están tocados algunos de los temas relacionados con las cuatro leyes acabadas de señalar. Sin embargo, es muy poco lo que se plantea en procuración e impartición de justicia. Suponiendo que todo lo vinculado con las nuevas leyes saliera bien, faltaría mucho por hacer para que ello quedara vinculado en un sólido sistema. El gobierno de López Obrador está reproduciendo los mismos errores de sus antecesores. Nadie está liderando el movimiento por el ajuste y actualización de las competencias del Ministerio Público, las defensorías, los servicios periciales o las adecuaciones que diversas leyes debieran sufrir.
Lo que resulta de los cambios apuntados, básicamente, es el otorgamiento de más funciones policiales a la federación, más capacidad de fuego a los agentes, y la legitimación para que las Fuerzas Armadas actúen como policías. Con esos elementos en mente, cabe preguntarse si se va en la ruta adecuada para enfrentar a la delincuencia y pacificar al país o si, por el contrario, únicamente se está haciendo más de lo mismo, eso sí, con otras justificaciones y distintos actores.
@JRCossio
Ministro en retiro.
Miembro de El Colegio Nacional.
15.6.19
El neocolonialismo se reinventa en el T-MEС
María Luisa Ramos Urzagaste
El nuevo Tratado México-EEUU-Canadá, T-MEC, que reemplazará al TLCAN, tendrá un impacto positivo en el PIB real y el empleo de EEUU. Para defender su mercado interno y lograr sus metas de exportación, Trump aprobó la Ley de mejora de la agricultura, que prevé 867.000 millones de dólares en subsidios.
A decir de Trump, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) fue un pésimo acuerdo para EEUU, pues ocasionó la pérdida de 4 millones de empleos en el sector manufacturero, un déficit de más de 2 billones de dólares. Además, el sector automovilístico habría perdido un 25% de puestos de trabajo.
Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, remitió el T-MEC al Congreso para su aprobación. "Consideramos que nos conviene, que es benéfico para que haya más inversión extranjera, que se estimule la participación de las empresas, para la creación de empleos bien pagados en el país", afirmó.
La pobreza no se redujo con el TLCAN
Durante los 20 años de vigencia del TLCAN, las exportaciones totales de México han crecido un 525%, siendo el sector de maquila el más dinámico. No obstante, el Senado mexicano reconoce que el bajo costo de la mano de obra sigue siendo un factor fundamental para la instalación de empresas manufactureras norteamericanas en México.
En el periodo de vigencia del TLCAN, las maquiladoras han creado apenas 700.000 empleos, en un país con una población económicamente activa de 54 millones de personas, de las cuales 30,5 millones tienen trabajos informales y las subocupadas suman 3,8 millones.
Un informe gubernamental afirma que México exporta a sus socios del TLCAN por un valor de 36 millones de dólares cada hora. Pero más allá de los millones, es más que curioso que casi la mitad de los mexicanos aún continúan viviendo en la pobreza.
Un acuerdo para eliminar el déficit de EEUU
Según el Gobierno de EEUU, con la firma del T-MEC han logrado "un acuerdo del siglo XXI de alto estándar" que les permitirá eliminar el déficit de 71.000 millones de dólares en comercio de bienes y mejorar el superávit de casi 7.000 millones de dólares en servicios.
La Comisión de Comercio Internacional de los EEUU (USITC, por sus siglas en inglés), hizo una evaluación del posible impacto del T-MEC que arrojó como resultado que las exportaciones estadounidenses a Canadá y México aumentarán en 19.000 y 14.000 millones de dólares, respectivamente.
En cuanto a las importaciones estadounidenses desde Canadá y México, aumentarán en un 5% y un 3,8%, respectivamente. El modelo usado por la USITC estima que el acuerdo tendrá un impacto positivo en todos sus sectores industriales.
Estados Unidos entiende que debe preparar a sus empresas para defender su mercado interno y conquistar nuevos. Para ello, el presidente Trump promulgó la Ley de mejora de la agricultura 2018, que dispone 867.000 millones dólares en ayuda al sector para los próximos cinco años.
Las trampas del T-MEC: propiedad intelectual
Uno de los pilares del T-MEC es el referido a la propiedad intelectual, que, entre otros aspectos, define procedimientos judiciales para "evitar la divulgación de secretos comerciales" de las compañías transnacionales en casos de litigio.
Esto le vendrá muy bien a los contaminadores, pues estarán protegidos de no difundir información de los químicos que utilizan. También podrá favorecer a los productores de transgénicos que no estarán obligados a informar, amparándose en el 'secreto comercial'.
Según el Gobierno de EEUU, el capítulo de propiedad intelectual "moderniza y proporciona una protección sólida y efectiva" a sus innovadores y creadores.
Estado Gendarme para proteger a las transnacionales
La oficina para el comercio de EEUU informó que, por primera vez, un acuerdo comercial establece que, 'de oficio', las autoridades deberán impedir la circulación de las mercancías falsificadas o pirateadas en cada fase de entrada, salida y tránsito por el territorio de cualquiera de los países parte del T-MEC.
El Estado mexicano deberá crear una gran infraestructura legal y policiaca para proteger las inversiones de sus socios.
De este modo, el Estado se convierte en gendarme defensor de los intereses de empresas transnacionales, pues de no hacerlo sufrirá sanciones y demandas por no proteger la inversión.
Es sabido que la piratería es una plaga internacional y para combatirla no bastan leyes o policías, pues es también un problema de pobreza, que por lo visto en el TLCAN no solucionará tampoco el T-MEC.
UPOV 1991, la trampa de la 'letra chica'
El T-MEC establece que los países deberán ratificar varios tratados internacionales sobre propiedad intelectual, entre ellos UPOV 1991, que es el tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
UPOV 1991 ha sido foco de críticas y resistencia en el mundo porque establece derechos de monopolio muy amplios a favor de los obtentores de variedades vegetales, a quienes define como "aquella persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal".
Esos nuevos derechos abarcan toda la cadena productiva y reproductiva del vegetal en cuestión, incluyendo la producción, reproducción, venta, exportación e importación, que deberá ser autorizada por el obtentor. Dicha 'autorización' implica el pago por el uso.
Este nuevo acuerdo constituye una amenaza para la propiedad colectiva del conocimiento tradicional y abre las puertas de par en par a la biopiratería, pues equipara el concepto de 'descubrimiento' con el de 'invención', que no son lo mismo.
Es aún más preocupante que el artículo 20 del T-MEC establece que cada país "dispondrá que las patentes puedan obtenerse para cualquier invención, ya sea un producto o un procedimiento, en todos los campos de la tecnología".
Se podrá patentar vegetales, genes, microorganismos, etc., etc., de la misma forma que se patentan las invenciones industriales.
Es la típica visión colonialista, donde el descubridor, por el mero hecho de haber encontrado algo, se lo apropia, lo patenta y se lucra sin límites. Se trata incluso de una imposición de paradigma, que elimina el conocimiento colectivo de libre acceso y promueve la apropiación y lucro privado.
Según el Instituto de Política Agrícola y Comercial, con el TLCAN los agricultores mexicanos fueron devastados por el maíz barato de los EEUU y casi dos millones de ellos fueron expulsados de la agricultura, muchos se convirtieron en subcontratados y otros se vieron obligados a emigrar.
Los textos del T-MEC y sus anexos conforman cientos de páginas, donde el capítulo de propiedad intelectual es apenas una parte, pero suficiente para constatar que EEUU ha logrado imponer sus reglas neocoloniales, constituyéndose esto en un peligroso antecedente.
UPOV 91 y T-MEC violan los derechos campesinos
La reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que trabajan en las zonas rurales instituye que los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos.
El artículo 19 establece el derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha.
¿Podrá AMLO hacer cumplir estos derechos luego de la entrada en vigor del T-MEC y UPOV 91?
It's just business!
Para el año 2050 se prevé que la población mundial alcance los 10.000 millones. Eso conlleva que la demanda mundial de alimentos aumente en un 70%.
La creciente demanda de granos, aceites y vegetales es un motor importante para el mercado mundial de semillas, que está valuado en 59.000 millones de dólares y se prevé que llegue a 90.000 millones de dólares en 2024. Este es precisamente el negocio que ahora EEUU y sus transnacionales pretenden monopolizar.
Ocho empresas representan alrededor del 50% del mercado mundial de semillas, entre ellas Monsanto, Vilmorin & Cie., Syngenta (ahora china, ChemChina-Syngenta), DowDupont Inc., Bayer y DLF Seeds.
Paradójicamente, son los campesinos los principales proveedores de alimentos para más del 70% de la población mundial, que producen con reducidos recursos.
¿Se acordará AMLO del plan de Ayala Siglo XXI 2.0?
Durante la campaña electoral, AMLO comprometió con su firma incorporar en su plan de Gobierno el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, que tuvo el respaldo de más de 100 organizaciones agrícolas mexicanas.
Dicho documento definió prohibir la siembra de transgénicos y suspender el uso de pesticidas prohibidos.
El plan precisa que "es necesario renegociar el TLCAN y sustituirlo por un Acuerdo Trinacional de Cooperación para el Desarrollo que, a diferencia de aquel no sacrifique nuestra soberanía alimentaria, además de que incluya la legalización de los indocumentados y el derecho a la movilidad transfronteriza".
¿Tan pronto se habrá olvidado AMLO del Plan Ayala siglo XXI?
El nuevo Tratado México-EEUU-Canadá, T-MEC, que reemplazará al TLCAN, tendrá un impacto positivo en el PIB real y el empleo de EEUU. Para defender su mercado interno y lograr sus metas de exportación, Trump aprobó la Ley de mejora de la agricultura, que prevé 867.000 millones de dólares en subsidios.
A decir de Trump, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) fue un pésimo acuerdo para EEUU, pues ocasionó la pérdida de 4 millones de empleos en el sector manufacturero, un déficit de más de 2 billones de dólares. Además, el sector automovilístico habría perdido un 25% de puestos de trabajo.
Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, remitió el T-MEC al Congreso para su aprobación. "Consideramos que nos conviene, que es benéfico para que haya más inversión extranjera, que se estimule la participación de las empresas, para la creación de empleos bien pagados en el país", afirmó.
La pobreza no se redujo con el TLCAN
Durante los 20 años de vigencia del TLCAN, las exportaciones totales de México han crecido un 525%, siendo el sector de maquila el más dinámico. No obstante, el Senado mexicano reconoce que el bajo costo de la mano de obra sigue siendo un factor fundamental para la instalación de empresas manufactureras norteamericanas en México.
En el periodo de vigencia del TLCAN, las maquiladoras han creado apenas 700.000 empleos, en un país con una población económicamente activa de 54 millones de personas, de las cuales 30,5 millones tienen trabajos informales y las subocupadas suman 3,8 millones.
Un informe gubernamental afirma que México exporta a sus socios del TLCAN por un valor de 36 millones de dólares cada hora. Pero más allá de los millones, es más que curioso que casi la mitad de los mexicanos aún continúan viviendo en la pobreza.
Un acuerdo para eliminar el déficit de EEUU
Según el Gobierno de EEUU, con la firma del T-MEC han logrado "un acuerdo del siglo XXI de alto estándar" que les permitirá eliminar el déficit de 71.000 millones de dólares en comercio de bienes y mejorar el superávit de casi 7.000 millones de dólares en servicios.
La Comisión de Comercio Internacional de los EEUU (USITC, por sus siglas en inglés), hizo una evaluación del posible impacto del T-MEC que arrojó como resultado que las exportaciones estadounidenses a Canadá y México aumentarán en 19.000 y 14.000 millones de dólares, respectivamente.
En cuanto a las importaciones estadounidenses desde Canadá y México, aumentarán en un 5% y un 3,8%, respectivamente. El modelo usado por la USITC estima que el acuerdo tendrá un impacto positivo en todos sus sectores industriales.
Estados Unidos entiende que debe preparar a sus empresas para defender su mercado interno y conquistar nuevos. Para ello, el presidente Trump promulgó la Ley de mejora de la agricultura 2018, que dispone 867.000 millones dólares en ayuda al sector para los próximos cinco años.
Las trampas del T-MEC: propiedad intelectual
Uno de los pilares del T-MEC es el referido a la propiedad intelectual, que, entre otros aspectos, define procedimientos judiciales para "evitar la divulgación de secretos comerciales" de las compañías transnacionales en casos de litigio.
Esto le vendrá muy bien a los contaminadores, pues estarán protegidos de no difundir información de los químicos que utilizan. También podrá favorecer a los productores de transgénicos que no estarán obligados a informar, amparándose en el 'secreto comercial'.
Según el Gobierno de EEUU, el capítulo de propiedad intelectual "moderniza y proporciona una protección sólida y efectiva" a sus innovadores y creadores.
Estado Gendarme para proteger a las transnacionales
La oficina para el comercio de EEUU informó que, por primera vez, un acuerdo comercial establece que, 'de oficio', las autoridades deberán impedir la circulación de las mercancías falsificadas o pirateadas en cada fase de entrada, salida y tránsito por el territorio de cualquiera de los países parte del T-MEC.
El Estado mexicano deberá crear una gran infraestructura legal y policiaca para proteger las inversiones de sus socios.
De este modo, el Estado se convierte en gendarme defensor de los intereses de empresas transnacionales, pues de no hacerlo sufrirá sanciones y demandas por no proteger la inversión.
Es sabido que la piratería es una plaga internacional y para combatirla no bastan leyes o policías, pues es también un problema de pobreza, que por lo visto en el TLCAN no solucionará tampoco el T-MEC.
UPOV 1991, la trampa de la 'letra chica'
El T-MEC establece que los países deberán ratificar varios tratados internacionales sobre propiedad intelectual, entre ellos UPOV 1991, que es el tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
UPOV 1991 ha sido foco de críticas y resistencia en el mundo porque establece derechos de monopolio muy amplios a favor de los obtentores de variedades vegetales, a quienes define como "aquella persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal".
Esos nuevos derechos abarcan toda la cadena productiva y reproductiva del vegetal en cuestión, incluyendo la producción, reproducción, venta, exportación e importación, que deberá ser autorizada por el obtentor. Dicha 'autorización' implica el pago por el uso.
Este nuevo acuerdo constituye una amenaza para la propiedad colectiva del conocimiento tradicional y abre las puertas de par en par a la biopiratería, pues equipara el concepto de 'descubrimiento' con el de 'invención', que no son lo mismo.
Es aún más preocupante que el artículo 20 del T-MEC establece que cada país "dispondrá que las patentes puedan obtenerse para cualquier invención, ya sea un producto o un procedimiento, en todos los campos de la tecnología".
Se podrá patentar vegetales, genes, microorganismos, etc., etc., de la misma forma que se patentan las invenciones industriales.
Es la típica visión colonialista, donde el descubridor, por el mero hecho de haber encontrado algo, se lo apropia, lo patenta y se lucra sin límites. Se trata incluso de una imposición de paradigma, que elimina el conocimiento colectivo de libre acceso y promueve la apropiación y lucro privado.
Según el Instituto de Política Agrícola y Comercial, con el TLCAN los agricultores mexicanos fueron devastados por el maíz barato de los EEUU y casi dos millones de ellos fueron expulsados de la agricultura, muchos se convirtieron en subcontratados y otros se vieron obligados a emigrar.
Los textos del T-MEC y sus anexos conforman cientos de páginas, donde el capítulo de propiedad intelectual es apenas una parte, pero suficiente para constatar que EEUU ha logrado imponer sus reglas neocoloniales, constituyéndose esto en un peligroso antecedente.
UPOV 91 y T-MEC violan los derechos campesinos
La reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que trabajan en las zonas rurales instituye que los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos.
El artículo 19 establece el derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha.
¿Podrá AMLO hacer cumplir estos derechos luego de la entrada en vigor del T-MEC y UPOV 91?
It's just business!
Para el año 2050 se prevé que la población mundial alcance los 10.000 millones. Eso conlleva que la demanda mundial de alimentos aumente en un 70%.
La creciente demanda de granos, aceites y vegetales es un motor importante para el mercado mundial de semillas, que está valuado en 59.000 millones de dólares y se prevé que llegue a 90.000 millones de dólares en 2024. Este es precisamente el negocio que ahora EEUU y sus transnacionales pretenden monopolizar.
Ocho empresas representan alrededor del 50% del mercado mundial de semillas, entre ellas Monsanto, Vilmorin & Cie., Syngenta (ahora china, ChemChina-Syngenta), DowDupont Inc., Bayer y DLF Seeds.
Paradójicamente, son los campesinos los principales proveedores de alimentos para más del 70% de la población mundial, que producen con reducidos recursos.
¿Se acordará AMLO del plan de Ayala Siglo XXI 2.0?
Durante la campaña electoral, AMLO comprometió con su firma incorporar en su plan de Gobierno el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, que tuvo el respaldo de más de 100 organizaciones agrícolas mexicanas.
Dicho documento definió prohibir la siembra de transgénicos y suspender el uso de pesticidas prohibidos.
El plan precisa que "es necesario renegociar el TLCAN y sustituirlo por un Acuerdo Trinacional de Cooperación para el Desarrollo que, a diferencia de aquel no sacrifique nuestra soberanía alimentaria, además de que incluya la legalización de los indocumentados y el derecho a la movilidad transfronteriza".
¿Tan pronto se habrá olvidado AMLO del Plan Ayala siglo XXI?
14.6.19
Lo que esconde el Tren Maya: la “cuarta transformación” de las fronteras mexicanas
En realidad, el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente
Los espacios fronterizos son, por su
propia definición y construcción, espacios de continuidad y de
conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria
línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con
mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. La conflictividad
emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que
permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente
disputa, entre el país a quien pertenecen, y el resto de poderes con
intereses sobre los mismos.
Esto es especialmente representativo de
la frontera sur de México, y muy particularmente de la Península de
Yucatán: un territorio geoestratégico por su posición, rico en
biodiversidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue siendo,
pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses (desde
colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos
y otros múltiples agentes foráneos). En esa disputa histórica, el
factor (muchas veces también conflictivo) de la movilidad humana siempre
ha estado presente.
Hoy día, en el territorio que va desde
el Istmo de Tehuantepec (la línea que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz,
con Salina Cruz, Oaxaca) hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de
ahí hacia Centroamérica), se desarrollan una serie de acciones,
políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente, y que es
necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura,
más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la
estructura.
Desde mediados de 2018, el Tren Maya es
el proyecto icónico de la “cuarta transformación”: desarrollo turístico
sin impacto ambiental, beneficios para las comunidades originarias,
nuevas comunidades verdes y sostenibles. Al ser un proyecto que aún no
tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al
respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa, y
presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el
paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han
complejizado aquel simple ideario: progresivamente se ha incorporado y
destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio
diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y
combustibles; la reforestación de los árboles que sean dañados,
justificado por su hipotético mayor beneficio social; se plantean
novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para
las comunidades, como los Fibras (Fideicomisos para la Inversión en
Bienes Raíces); así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más
alto nivel (seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas
biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de
hidrógeno…). A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una
justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos.
Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del Tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque.
En primer lugar, porque el proyecto del
Tren Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De hecho, es una pequeña
parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a
la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata de un
“proyecto de reordenamiento territorial”, del cual el Tren es, siguiendo
esta analogía, tan sólo el medio de transporte. En este proyecto
integral (que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– de un Programa
Integral de Desarrollo del Sur de México y Centroamérica), el componente
migratorio es axial pues se trata de “evitar la migración, que la gente
pueda quedarse en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados
Unidos; y en estos días más que nunca constatamos su relevancia en la
renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la
amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto (y sólo
considero hasta el momento sus alcances “del lado mexicano”) se
conformaría, además del Tren Maya, al menos por:
-El Proyecto Sembrando Vida, que ya se
extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos que
rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han
planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de
viveros de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia
Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a
reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en
resistencia (en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de
los recursos de la Selva Lacandona y presionando a las comunidades
zapatistas residentes).
-El Corredor Transístmico: para unir los
puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina
Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas
de fibra óptica… Esta propuesta es también parte de un viejo sueño
imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del
territorio de Estados Unifos. Varias veces fracasó, pero vuelve a
resurgir con fuerza.
-Las Zonas Económicas Especiales (ZEE):
pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del
sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a
las ZEE que existen/existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina
Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una
especialización productivo/comercial específica), existen indicios que
apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus
particulares “fronteras” y su integración en una gran zona económica,
también llamada sugerentemente “zona libre” en clara identificación con
la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar
una construcción de la región como nueva “zona maquilera global”
(sugerentemente bautizada como “zona de prosperidad”).
-La proliferación de proyectos
vinculados a la llamada “economía verde”: energéticos, ecoturísticos,
producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí
misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se
contrasta con la generalización expansión del acaparamiento de tierras
para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas
disfrazadas), y la utilización intensiva de recursos naturales escasos
(como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la
expansión de las talas clandestinas (llevadas a cabo por personas de
origen chino, ruso, portugués…).
Por tanto, y como punto de arranque,
resulta fundamental confrontar la “imagen idílica” que plantea el mapa
oficial del Tren Maya… con la complejidad subyacente que no se muestra, y
hasta cierto punto aún no está (físicamente) pero cuyos efectos y
articulaciones pueden empezar a entretejerse…
El trasfondo de esta complejidad, de las
contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre
tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo que yo considero un
proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte
del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un
nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan
de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del
capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el
desarrollo verde y sustentable. Lo que muestran estos proyectos
articulados, sus previsibles responsables, las ideas de los discursos
oficiales e informales, es que hoy día, en la Península y la Frontera
Sur, el “problema” de las migraciones regionales (que es un “problema”
tan sólo para Estados Unidos) sirve como justificación y pretexto para
un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas
regionales a la lógica neoextractiva vigente. Que ese proceso de
justificación de las políticas públicas, además no tiene ninguna
intención de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de
las personas migrantes, si no más bien crear una infraestructura en la
que puedan ocuparse: se trata de hacer un “tapón migratorio” en el
Istmo, y una industria para su incorporación y aprovechamiento. En el
proceso de concesión y reparto de estos territorios, con cláusulas y
arreglos que favorecen cada vez más a los potenciales inversores, si no
la propiedad, al menos la gestión de los territorios queda en manos
privadas y, en muchos casos, extranjeras.
Por tanto, desde mi punto de vista, más
allá del proyecto sin proyecto del Tren Maya, más allá de la
justificación sobre las necesidades, bondades o beneficios de esta
articulación de megaproyectos, lo importante son las preguntas que hasta
ahora no sólo no tienen respuesta, si no que ni siquiera se han
planteado. Y sólo adelanto las dos que me parecen más urgentes:
-¿Cómo se relacionan territorios fronterizos, políticas públicas, y migraciones?
-¿Cuántas fronteras existen en el sur de México? ¿Quién está (o estará) a su cargo?
Los muros físicos pueden ser más
evidentes, pero las barreras y límites más efectivos, sobre todo en un
tema tan crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen
ser simbólicas, se erigen sin apenas darnos cuenta, y son las más
difíciles de identificar y superar.
*Migratólogo especialista en fronteras, territorios, (in)movilidades y megaproyectos; catedrático Conacyt en El Colegio de la Frontera Sur-Campeche
8.6.19
Imperialismo, neoproteccionismo y aranceles en la relación México-Estados Unidos
Adrián Sotelo Valencia*
Con un marcado complejo de inferioridad al sentirse el mandamás del mundo, una suerte de emperador omnipotente global, en el marco de su precampaña presidencial para su reelección del año entrante 2020, el 30 de mayo el magnate de la Casa Blanca amenazó a México con la imposición de aranceles (es decir impuestos) a sus exportaciones que irían desde un 5% hasta el 25% en el lapso de este año cada mes hasta octubre, si el país no adopta las medidas y las políticas “recomendadas” por Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Entre otras, figura la presión para que Mexico firme un acuerdo donde acepte su status de Tercer País Seguro (solicitado por el gobierno de Trump con el envío de una cantidad de miembros de la recién creada Guardia Nacional) lo que lo obligaría a asilar primero a los migrantes que transitan por territorio mexicano antes de que lo soliciten a Estados Unidos. Ello implicaría por lo menos en una primera oleada que el gobierno mexicano acepte, ipso facto, albergar en nuestro territorio a alrededor de 400.000 retornados-expulsados-indocumentados de aquel país. También se rumora, según la agencia británica de noticias Reuters, que se estaría presionando para que el gobierno mexicano envíe unos 6.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México con el objeto de detener a los migrantes de cualquier nacionalidad que intenten cruzar la frontera desde Guatemala.
Hasta ahora el tema ha sido tratado en general como una simple disputa comercial, pasajera, y como un asunto “aislado” propio de la tradicional relación México-Estados Unidos. A lo sumo, se menciona la “estrecha relación” existente entre ambas naciones; la “buena vecindad” y las relaciones de “cooperación”. Destaca el reduccionismo de la prensa internacional y de las propias autoridades mexicanas al vislumbrar sólo el aspecto económico y la pérdida de empleos que la imposición imperialista generaría en caso de prosperar las medidas impositivas. En segundo o tercer plano quedan los trabajadores y los pueblos de ambas naciones así como los efectos desastrosos que implicarían para los miles de inmigrantes que no tendrían otra alternativa más que la de retornar a sus países de origen —que son los verdaderos expulsores de esa fuerza de trabajo hacia Estados Unidos vía México— o bien, permanecer en este último que acusa altísimos niveles de pobreza, pobreza extrema, desempleo e informalidad (cerca del 60% de la PEA).
Al empresariado (o más bien a la lumpenburguesía mexicana) sólo le interesa mantener y garantizar sus exportaciones, sus ganancias y los mercados del país del norte, y de esto habla su celo con que defiende el renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que todavía tiene que ser ratificado por los tres gobiernos, a pesar de que, desde su entrada en vigor en 1994 —que entre otras cosas estímulo la insurrección zapatista— ha quedado demostrado que ha sido completamente negativo para el país y para la mayoría de los mexicanos.
El trasfondo del problema en curso relativo a los aranceles, o imposición unilateral de impuestos, es la profunda dependencia histórico-estructural de México —como país subdesarrollado— de Estados Unidos, país capitalista imperialista central, y de la que nada, o casi nada, se habla en la prensa especializada, entre la intelectualidad de izquierda y derecha y, aún, en los altos círculos gubernamentales.
¿Qué significa lo anterior? Que el ciclo histórico de producción y reproducción del capital (en México) depende del ciclo económico y, hasta cierto punto político, del capitalismo norteamericano en crisis y decadencia secular. Es así como casi el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia ese país, mientras un porcentaje similar corresponde a sus importaciones. De esta forma en 2018, el valor total de las exportaciones de México sumó 450.320 millones de dólares, mientras que en 2017 esa cifra fue de 409.849 millones de dólares (cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).
En 2018, México exportó a Estados Unidos un valor total de 346.500 millones de dólares, mientras que las exportaciones norteamericanas a México alcanzaron 265.000 millones de dólares. De lo anterior resulta la alta dependencia de México, ya que del total exportado, el 77% correspondió a Estados Unidos. Los principales productos-mercancías vendidos a este país fueron: vehículos con motor de émbolo, de cilindrada mayor a 1.500 centímetros cúbicos pero menor a 3.000 centímetros cúbicos; unidades de proceso (unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida); vehículos con peso mayor a 2.721 kilogramos, pero menor de 4.536 kilogramos; televisores, incluyendo receptor de radiodifusión, de grabación, de reproducción de sonido o de imagen; videomonitores y videoproyectores de pantalla plana; aparatos de recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluyendo los de conmutación y enrutamiento. Información más reciente revela que entre enero-abril de 2019 las ventas a Estados Unidos sumaron 117.011 millones de dólares, un incremento, respecto al mismo período del año anterior, de 6.4% (Reforma, 06 de junio de 2019).
Según información oficial, las ramas de la economía mexicana que registran los mayores volúmenes de exportación a Estados Unidos, a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, son: los vehículos motorizados (19%), partes de vehículos motorizados (14%), los equipos de computación (8%), el petróleo y gas (4%) y los equipos eléctricos (3%).
Es importante subrayar que estás ramas están fuertemente penetradas y monopolizadas por las grandes empresas trasnacionales, principalmente norteamericanas, que operan en la llamada industria maquiladora de exportación (IME) que acusa bajísimos niveles de vinculación con el conjunto de las ramas y cadenas productivas del país no superando el 5%, cuestión que demuestra que el proceso se realiza en función y beneficio de la acumulación y reproducción del capital de Estados Unidos. Sin que este “modelo” sea cuestionado, ni por el gobierno mexicano ni por el de Estados Unidos, estos han iniciado conversaciones encaminadas a alcanzar algún acuerdo que pueda “resolver” el complejo y candente asunto migratorio exacerbado en los últimos meses.
Muy poco excedente queda, pues, para dirigirlo a otros mercados cuya diversificación es prácticamente inexistente en México, a diferencia de lo que sucede en otros países y mercados que son más diversificados, como el de Brasil o Chile que, ante contingencias desfavorables, poseen mayor capacidad para contrarrestarlas en mucho mayor magnitud que México, que como dijimos su “destino” está hasta ahora completamente subordinado al del imperialismo norteamericano en su modalidad Estados Unidos puesto que se trata de un sistema mundial, al decir de los clásicos del marxismo como Lenin o Bujarin, donde comparecen otros imperialismos de estatura menor como el alemán, el británico, el francés o el japonés.
Por tanto, priva en la economía capitalista mexicana dependiente, un patrón de producción y reproducción especializado en las exportaciones de manufacturas mediante la actividad maquiladora, fuertemente controlado por el gran capital internacional y sus empresas transnacionales, particularmente norteamericanas.
Lo anterior hace extremadamente vulnerable al gobierno mexicano cuyo presidente ha optado en primera instancia por el “diálogo” y la “negociación” en un entorno donde tanto las fuerzas de la derecha mexicana, como las calificadoras internacionales lo presionan para que desista del impulso de algunas medidas de corte desarrollistas y reasuma el sendero neoliberal a ultranza adoptado por las anteriores administraciones. Al respecto basta con señalar que las calificadoras Moody’s y Fitch —verdaderos instrumentos de presión del capital financiero— han degradado la posición crediticia de Mexico a causa del aumento de la deuda de PEMEX y de la presunta “inestabilidad” que generan las decisiones económicas del presidente López Obrador que “desalientan la inversión” y ponen en “riesgo” el potencial crediticio de México. No bastando lo anterior se incrementan las caravanas provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, para internarse en México rumbo al país del norte que las rechaza. Estos problemas evidentemente los aprovechan tanto el gobierno norteamericano como los organismos financieros y monetarios internacionales (FMI, BM) para “recomendar” la adopción e imposición de las mal llamadas “reformas estructurales” —léase privatización, apertura indiscriminada de la economía, finanzas públicas sanas, recortes presupuestarios, control de la inflación, bajos salarios y privatización de las pensiones, etcétera— para volver a la senda del “crecimiento” y del “progreso” a partir de la confianza que garantice el flujo de las inversiones privadas (nacionales e internacionales) “generadoras” de empleo, ingresos y bienestar social.
Evidentemente que el problema no se va a solucionar ni en el corto ni en el mediano plazos, como pretende y reclama el presidente Trump en el marco de sus intereses geoestratégicos imperialistas guiados por el impulso de la genocida construcción del muro de la ignominia entre las fronteras de ambos países. Yendo incluso más allá de la miopía del magnate, alumbrada sólo por su obsesión de imponer a sangre y fuego el poder imperialista en todo el planeta, el presidente mexicano, López Obrador, ha reiterado que en el problema migratorio se requiere ir, según él, a la raíz del problema que radica, justamente, en los temas de la pobreza, de la falta de empleo y en la ausencia de factores de retención socio-económica y política de las poblaciones de los países expulsores constituidos por el llamado triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) donde la mayoría de los migrantes son oriundos del primer país gobernado por una dictadura represiva consentida y tutelada por Washington al igual que lo hace con los gobiernos conservadores de derecha afines como el de Colombia, Brasil o Argentina que sirven a sus intereses estratégicos.
Sin embargo, ambos presidentes pasan por alto que el problema-raíz, el eje nuclear y la idea fuerza de la reproducción del incremento de las migraciones e inmigraciones radica en esos países atrasados, subdesarrollados y dependientes cuyas oligarquías —sobre todo en Honduras y Guatemala— se mantienen en el poder mediante la represión y el apoyo incondicional de Estados Unidos que más bien, para este, significan, no naciones-Estado, sino espacios-territorio para apropiarse de sus recursos naturales y asentar sus bases militares con proyección regional y continental.
Tendrían que pasar décadas para que esos países pudieran solventar y resolver internamente sus problemas estructurales y, así, dar los pasos necesarios para abordar el complejo y masivo problema de la migración, lo que implica superar completamente el capitalismo y, más aún el dependiente, y al mismo tiempo construir nuevos modos de producción, de vida y de trabajo en el entorno de nuevas formaciones económico-sociales y culturales no capitalistas.
Obviamente que el gobierno norteamericano de ninguna manera pretende solucionar el tema migratorio, ni en América latina y en otras partes del mundo; sino utilizarlo para presionar al gobierno mexicano para que éste asuma, tarde o temprano, las políticas y estrategias del imperialismo en temas sensibles como migración, la “crisis” de Venezuela y la “remoción” de Maduro, la moderación o eliminación de las “políticas populistas” y su reorientación y sustitución neoliberal, la Iniciativa Mérida y la prevalencia de la hegemonía de las inversiones norteamericanas en los sectores estratégicos del país. Todo ello en el marco de su lucha por mantener su mermada hegemonía en el marco de los estados y de las relaciones internacionales
Evidentemente que el capitalismo, por su propia naturaleza, tanto en Estados Unidos como en México, nunca va a resolver —“de raíz”— ninguno de los problemas de las mayorías y, en particular, de las migraciones que en el enfoque empresarial-capitalista sólo constituyen flujos de fuerza de trabajo barata y supernumeraria para nutrir y satisfacer la demanda de los mercados de trabajo de Norteamérica, incluyendo a Canadá. No en balde se calcula que en la actualidad existen en el mundo alrededor de 174 millones de trabajadores migrantes en todos los continentes que representan el 7,4% de un total de 2.351 millones de trabajadores en todo el planeta.
El tema migratorio, por consiguiente, si se quiere entender en su integridad tiene que asumirse en una visión total que implica contemplar, dentro del entorno de la crisis y de la decadencia secular del capitalismo histórico, las relaciones y contradicciones que lo configuran como una necesidad del capital para intentar resolver no solamente su crisis de acumulación, sino fundamentalmente la profunda caída de las tasas de ganancia y de rentabilidad determinadas esencialmente por su cada vez mayor imposibilidad de generar los quantums de valor y de plusvalía que sólo produce la fuerza de trabajo y que constituyen la base de aquéllas.
*Adrián Sotelo Valencia. Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM, México.
Con un marcado complejo de inferioridad al sentirse el mandamás del mundo, una suerte de emperador omnipotente global, en el marco de su precampaña presidencial para su reelección del año entrante 2020, el 30 de mayo el magnate de la Casa Blanca amenazó a México con la imposición de aranceles (es decir impuestos) a sus exportaciones que irían desde un 5% hasta el 25% en el lapso de este año cada mes hasta octubre, si el país no adopta las medidas y las políticas “recomendadas” por Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Entre otras, figura la presión para que Mexico firme un acuerdo donde acepte su status de Tercer País Seguro (solicitado por el gobierno de Trump con el envío de una cantidad de miembros de la recién creada Guardia Nacional) lo que lo obligaría a asilar primero a los migrantes que transitan por territorio mexicano antes de que lo soliciten a Estados Unidos. Ello implicaría por lo menos en una primera oleada que el gobierno mexicano acepte, ipso facto, albergar en nuestro territorio a alrededor de 400.000 retornados-expulsados-indocumentados de aquel país. También se rumora, según la agencia británica de noticias Reuters, que se estaría presionando para que el gobierno mexicano envíe unos 6.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México con el objeto de detener a los migrantes de cualquier nacionalidad que intenten cruzar la frontera desde Guatemala.
Hasta ahora el tema ha sido tratado en general como una simple disputa comercial, pasajera, y como un asunto “aislado” propio de la tradicional relación México-Estados Unidos. A lo sumo, se menciona la “estrecha relación” existente entre ambas naciones; la “buena vecindad” y las relaciones de “cooperación”. Destaca el reduccionismo de la prensa internacional y de las propias autoridades mexicanas al vislumbrar sólo el aspecto económico y la pérdida de empleos que la imposición imperialista generaría en caso de prosperar las medidas impositivas. En segundo o tercer plano quedan los trabajadores y los pueblos de ambas naciones así como los efectos desastrosos que implicarían para los miles de inmigrantes que no tendrían otra alternativa más que la de retornar a sus países de origen —que son los verdaderos expulsores de esa fuerza de trabajo hacia Estados Unidos vía México— o bien, permanecer en este último que acusa altísimos niveles de pobreza, pobreza extrema, desempleo e informalidad (cerca del 60% de la PEA).
Al empresariado (o más bien a la lumpenburguesía mexicana) sólo le interesa mantener y garantizar sus exportaciones, sus ganancias y los mercados del país del norte, y de esto habla su celo con que defiende el renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que todavía tiene que ser ratificado por los tres gobiernos, a pesar de que, desde su entrada en vigor en 1994 —que entre otras cosas estímulo la insurrección zapatista— ha quedado demostrado que ha sido completamente negativo para el país y para la mayoría de los mexicanos.
El trasfondo del problema en curso relativo a los aranceles, o imposición unilateral de impuestos, es la profunda dependencia histórico-estructural de México —como país subdesarrollado— de Estados Unidos, país capitalista imperialista central, y de la que nada, o casi nada, se habla en la prensa especializada, entre la intelectualidad de izquierda y derecha y, aún, en los altos círculos gubernamentales.
¿Qué significa lo anterior? Que el ciclo histórico de producción y reproducción del capital (en México) depende del ciclo económico y, hasta cierto punto político, del capitalismo norteamericano en crisis y decadencia secular. Es así como casi el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia ese país, mientras un porcentaje similar corresponde a sus importaciones. De esta forma en 2018, el valor total de las exportaciones de México sumó 450.320 millones de dólares, mientras que en 2017 esa cifra fue de 409.849 millones de dólares (cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).
En 2018, México exportó a Estados Unidos un valor total de 346.500 millones de dólares, mientras que las exportaciones norteamericanas a México alcanzaron 265.000 millones de dólares. De lo anterior resulta la alta dependencia de México, ya que del total exportado, el 77% correspondió a Estados Unidos. Los principales productos-mercancías vendidos a este país fueron: vehículos con motor de émbolo, de cilindrada mayor a 1.500 centímetros cúbicos pero menor a 3.000 centímetros cúbicos; unidades de proceso (unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida); vehículos con peso mayor a 2.721 kilogramos, pero menor de 4.536 kilogramos; televisores, incluyendo receptor de radiodifusión, de grabación, de reproducción de sonido o de imagen; videomonitores y videoproyectores de pantalla plana; aparatos de recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluyendo los de conmutación y enrutamiento. Información más reciente revela que entre enero-abril de 2019 las ventas a Estados Unidos sumaron 117.011 millones de dólares, un incremento, respecto al mismo período del año anterior, de 6.4% (Reforma, 06 de junio de 2019).
Según información oficial, las ramas de la economía mexicana que registran los mayores volúmenes de exportación a Estados Unidos, a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, son: los vehículos motorizados (19%), partes de vehículos motorizados (14%), los equipos de computación (8%), el petróleo y gas (4%) y los equipos eléctricos (3%).
Es importante subrayar que estás ramas están fuertemente penetradas y monopolizadas por las grandes empresas trasnacionales, principalmente norteamericanas, que operan en la llamada industria maquiladora de exportación (IME) que acusa bajísimos niveles de vinculación con el conjunto de las ramas y cadenas productivas del país no superando el 5%, cuestión que demuestra que el proceso se realiza en función y beneficio de la acumulación y reproducción del capital de Estados Unidos. Sin que este “modelo” sea cuestionado, ni por el gobierno mexicano ni por el de Estados Unidos, estos han iniciado conversaciones encaminadas a alcanzar algún acuerdo que pueda “resolver” el complejo y candente asunto migratorio exacerbado en los últimos meses.
Muy poco excedente queda, pues, para dirigirlo a otros mercados cuya diversificación es prácticamente inexistente en México, a diferencia de lo que sucede en otros países y mercados que son más diversificados, como el de Brasil o Chile que, ante contingencias desfavorables, poseen mayor capacidad para contrarrestarlas en mucho mayor magnitud que México, que como dijimos su “destino” está hasta ahora completamente subordinado al del imperialismo norteamericano en su modalidad Estados Unidos puesto que se trata de un sistema mundial, al decir de los clásicos del marxismo como Lenin o Bujarin, donde comparecen otros imperialismos de estatura menor como el alemán, el británico, el francés o el japonés.
Por tanto, priva en la economía capitalista mexicana dependiente, un patrón de producción y reproducción especializado en las exportaciones de manufacturas mediante la actividad maquiladora, fuertemente controlado por el gran capital internacional y sus empresas transnacionales, particularmente norteamericanas.
Lo anterior hace extremadamente vulnerable al gobierno mexicano cuyo presidente ha optado en primera instancia por el “diálogo” y la “negociación” en un entorno donde tanto las fuerzas de la derecha mexicana, como las calificadoras internacionales lo presionan para que desista del impulso de algunas medidas de corte desarrollistas y reasuma el sendero neoliberal a ultranza adoptado por las anteriores administraciones. Al respecto basta con señalar que las calificadoras Moody’s y Fitch —verdaderos instrumentos de presión del capital financiero— han degradado la posición crediticia de Mexico a causa del aumento de la deuda de PEMEX y de la presunta “inestabilidad” que generan las decisiones económicas del presidente López Obrador que “desalientan la inversión” y ponen en “riesgo” el potencial crediticio de México. No bastando lo anterior se incrementan las caravanas provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, para internarse en México rumbo al país del norte que las rechaza. Estos problemas evidentemente los aprovechan tanto el gobierno norteamericano como los organismos financieros y monetarios internacionales (FMI, BM) para “recomendar” la adopción e imposición de las mal llamadas “reformas estructurales” —léase privatización, apertura indiscriminada de la economía, finanzas públicas sanas, recortes presupuestarios, control de la inflación, bajos salarios y privatización de las pensiones, etcétera— para volver a la senda del “crecimiento” y del “progreso” a partir de la confianza que garantice el flujo de las inversiones privadas (nacionales e internacionales) “generadoras” de empleo, ingresos y bienestar social.
Evidentemente que el problema no se va a solucionar ni en el corto ni en el mediano plazos, como pretende y reclama el presidente Trump en el marco de sus intereses geoestratégicos imperialistas guiados por el impulso de la genocida construcción del muro de la ignominia entre las fronteras de ambos países. Yendo incluso más allá de la miopía del magnate, alumbrada sólo por su obsesión de imponer a sangre y fuego el poder imperialista en todo el planeta, el presidente mexicano, López Obrador, ha reiterado que en el problema migratorio se requiere ir, según él, a la raíz del problema que radica, justamente, en los temas de la pobreza, de la falta de empleo y en la ausencia de factores de retención socio-económica y política de las poblaciones de los países expulsores constituidos por el llamado triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) donde la mayoría de los migrantes son oriundos del primer país gobernado por una dictadura represiva consentida y tutelada por Washington al igual que lo hace con los gobiernos conservadores de derecha afines como el de Colombia, Brasil o Argentina que sirven a sus intereses estratégicos.
Sin embargo, ambos presidentes pasan por alto que el problema-raíz, el eje nuclear y la idea fuerza de la reproducción del incremento de las migraciones e inmigraciones radica en esos países atrasados, subdesarrollados y dependientes cuyas oligarquías —sobre todo en Honduras y Guatemala— se mantienen en el poder mediante la represión y el apoyo incondicional de Estados Unidos que más bien, para este, significan, no naciones-Estado, sino espacios-territorio para apropiarse de sus recursos naturales y asentar sus bases militares con proyección regional y continental.
Tendrían que pasar décadas para que esos países pudieran solventar y resolver internamente sus problemas estructurales y, así, dar los pasos necesarios para abordar el complejo y masivo problema de la migración, lo que implica superar completamente el capitalismo y, más aún el dependiente, y al mismo tiempo construir nuevos modos de producción, de vida y de trabajo en el entorno de nuevas formaciones económico-sociales y culturales no capitalistas.
Obviamente que el gobierno norteamericano de ninguna manera pretende solucionar el tema migratorio, ni en América latina y en otras partes del mundo; sino utilizarlo para presionar al gobierno mexicano para que éste asuma, tarde o temprano, las políticas y estrategias del imperialismo en temas sensibles como migración, la “crisis” de Venezuela y la “remoción” de Maduro, la moderación o eliminación de las “políticas populistas” y su reorientación y sustitución neoliberal, la Iniciativa Mérida y la prevalencia de la hegemonía de las inversiones norteamericanas en los sectores estratégicos del país. Todo ello en el marco de su lucha por mantener su mermada hegemonía en el marco de los estados y de las relaciones internacionales
Evidentemente que el capitalismo, por su propia naturaleza, tanto en Estados Unidos como en México, nunca va a resolver —“de raíz”— ninguno de los problemas de las mayorías y, en particular, de las migraciones que en el enfoque empresarial-capitalista sólo constituyen flujos de fuerza de trabajo barata y supernumeraria para nutrir y satisfacer la demanda de los mercados de trabajo de Norteamérica, incluyendo a Canadá. No en balde se calcula que en la actualidad existen en el mundo alrededor de 174 millones de trabajadores migrantes en todos los continentes que representan el 7,4% de un total de 2.351 millones de trabajadores en todo el planeta.
El tema migratorio, por consiguiente, si se quiere entender en su integridad tiene que asumirse en una visión total que implica contemplar, dentro del entorno de la crisis y de la decadencia secular del capitalismo histórico, las relaciones y contradicciones que lo configuran como una necesidad del capital para intentar resolver no solamente su crisis de acumulación, sino fundamentalmente la profunda caída de las tasas de ganancia y de rentabilidad determinadas esencialmente por su cada vez mayor imposibilidad de generar los quantums de valor y de plusvalía que sólo produce la fuerza de trabajo y que constituyen la base de aquéllas.
*Adrián Sotelo Valencia. Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM, México.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)