Desde 2007 y
hasta junio pasado México había detenido a más de 1 millón 400 mil
migrantes procedentes de América Central, en específico, de los países
del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Les
corta el paso rumbo a Estados Unidos. Que no lleguen siquiera a la
Frontera Norte a molestar al amo. Sólo entre 2013 y hasta la mitad de
este 2018 la cifra, obtenida de la Secretaría de Gobernación, ascendía a
750 mil.
Esta política de Estado, traducida en
persecución, encarcelamiento y deportación de cientos de miles, muestra
claramente el sometimiento de México a las directrices estadunidenses.
El problema es de ellos, pero los mexicanos hacen el trabajo sucio. El
gobierno mexicano lo llama Plan Frontera Sur.
¿Cómo detener el paso de los millones
que huyen de la miseria, el crimen, la violencia, la persecución
política? Lo que las autoridades mexicanas han implantado –con el
“consejo”, la asesoría y el beneplácito de los gringos–, es
criminalizarlos, acorralarlos y encarecer su trayecto. Que caigan en
manos del crimen organizado es responsabilidad también de las
autoridades mexicanas, pues obligan a los migrantes a escoger las rutas
más peligrosas para no ser detectados por el Instituto Nacional de
Migración.
Un informe del Servicio de Investigación
del Congreso estadunidense da cuenta de los “apoyos” que los mexicanos
reciben para implantar una política migratoria desarrollada por Estados
Unidos.
El reporte Mexico’s Immigration Control Efforts (que podría traducirse como Esfuerzos de México en el control de la inmigración)
señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha establecido 12 bases
navales en los ríos de la Frontera Sur del país. El estudio no los
menciona por sus nombres pero deben tratarse del Suchiate, el Usumacinta
y el Río Hondo. Además, México ha establecido tres “cordones de
seguridad” que se extienden “por más de 100 millas al norte de las
Fronteras México-Guatemala y México-Belice, y un programa de vigilancia
de drones”.
Es decir, 160 kilómetros país adentro
México ha instalado otras “fronteras” para detectar a los migrantes. Y a
este operativo se suma la utilización de drones para interceptarlos.
En el informe se advierte que México no
tiene una policía fronteriza y que el Instituto Nacional de Migración es
la única agencia con autoridad legal para detener a inmigrantes, aunque
ahora tiene “asistencia de la Policía Federal”. Celebra que el
Instituto haya mejorado la infraestructura en los pasos fronterizos y
haya creado “numerosos puestos de control móviles”.
Esto podría explicar por qué, durante
los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el Instituto,
contrario a lo que de él disponen las leyes, se transformó cínicamente
en una corporación policiaca (igualmente corrupta y violatoria de
derechos humanos). No fue casualidad que los dos titulares que tuvo
durante el sexenio peñista –Ardelio Vargas Fosado y Gerardo García
Benavente– provengan del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen).
Volviendo al documento, el reporte
reconoce, sin embargo, que “muchos grupos de derechos humanos han
expresado su preocupación de que el Plan Frontera del Sur haga poco para
abordar la corrupción entre la policía y los funcionarios de
migración”: la mayoría de los crímenes cometidos contra los migrantes
quedan en la impunidad “y los controles internos del Instituto y de las
fuerzas de seguridad siguen siendo débiles”.
Además señala que la mayoría de niños
migrantes detenidos no son conducidos a refugios del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de grupos de la
sociedad civil, como lo señala la ley. “Dadas las limitaciones de
capacidad”, muchos niños terminan en los centros de detención de
inmigrantes. Debido a la vulnerabilidad de los menores y las mujeres,
reconoce “preocupaciones humanitarias”.
En el informe preparado para los
legisladores estadunidenses se destaca que el Departamento de Estado de
ese país ha asignado más de 100 millones de dólares (unos 1 mil 850
millones de pesos) de la Iniciativa Mérida a “apoyar los esfuerzos de la
Frontera Sur de México”.
Informa que desde el mes pasado México
está recibiendo nuevos “apoyos” por 32 millones de dólares (alrededor de
591 millones de pesos) para el mismo Plan Frontera Sur: “principalmente
en forma de equipos de inspección no intrusiva, kioscos móviles,
equipos caninos, vehículos y capacitación en la aplicación de la ley de
inmigración”.
El objetivo de Estados Unidos es que
antes de que Peña Nieto deje el poder se haya construido “una red segura
de comunicaciones para las agencias mexicanas en la región fronteriza
del sur”. ¿Gratis? Claro que no. Para 2019 los gringos quieren que
México recopile “información biométrica” de los migrantes en todas las
estaciones migratorias para “interactuar con las bases de datos de
Estados Unidos”.
En México la migración no es un delito,
me explicó en una entrevista la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero,
próxima secretaria de Gobernación. La jurista dijo entonces que
ingresar al país sin documentos es, acaso, una falta administrativa:
“como conducir sin licencia”.
El Artículo 11 de la Constitución parece
no dejar lugar a dudas: “Toda persona tiene derecho para entrar en la
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes […]”.
A Sánchez Cordero el encarcelamiento de
migrantes le resultaba escandaloso, pues se trata de detenciones
llanamente ilegales. “La Constitución es absoluta y totalmente tajante
en este sentido. Si nosotros pretendemos volver a la Constitución y que
la Constitución se aplique, tenemos que acatarla de forma irrestricta”,
concluyó inequívoca, palmaria.
Ahora que será secretaria de Gobernación
tendrá la oportunidad de echar abajo esa política impuesta por Estados
Unidos. Tiene la oportunidad de honrar sus palabras.
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