Arturo Rodríguez García
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún no ocurrían
los operativos policiacos contra maestros disidentes en Oaxaca y
Chiapas (en junio), ni su extensión a los pobladores que los apoyaban en
la sangrienta jornada de Nochixtlán, pero la estadística dejaba ver que
las violaciones a los derechos humanos de quienes se dedican a
defenderlos se mantenían como parte de una espiral represiva iniciada en
el sexenio de Felipe Calderón, aunque nunca tan radical y dispuesta a
asumir los costos políticos como ocurrió a partir del 1 de diciembre de
2012.
Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores de
Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el
Comité Cerezo México, emiten el único informe que documenta –con nombre,
fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y defensores de
derechos humanos en el país.
En su edición 2016, dicho informe fue intitulado “Defender los
derechos humanos en México: la normalización de la represión política”, y
sus conclusiones parten de interpretar los datos obtenidos mediante el
registro de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial,
prisión política, así como de las diferentes modalidades de agresiones
cometidas contra defensores de derechos humanos.
Desde sus primeras páginas el documento da cuenta de las diferencias
entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto: con el
primero se llamaba la atención sobre una guerra contra el narco que
servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la violencia ya
normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en quienes se
oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas, centrando el
discurso político en los beneficios que habrá con la implementación.
Es decir, después de Calderón el proceso represivo entró a un segundo
momento: “Lo que estamos viendo no es sólo un aumento en las
estrategias represivas y una mayor selectividad, sino que estamos
presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está dispuesto a
pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos
represivos”.
Desaparecer la disidencia
Cuando cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz,
Claudia Ivonne Vera García se sumó a la búsqueda. Desde 2011, cuando su
sobrina de seis años desapareció en esa entidad, reclamaba al gobierno
su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas de localización,
algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo ella misma
desapareció.
Veracruz es uno de los estados con mayor registro de agresiones
contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales desde que
Javier Duarte asumió el poder, y en su último año de gobierno la entidad
ascendió al primer lugar en desapariciones de personas activas en el
movimiento social.
Además de Claudia Ivonne, también desaparecieron el académico René
Hernández Luis (en agosto de 2015) y el activista Naviel Pérez Pérez (el
3 de enero), aunque sólo en ese caso se le localizó sin vida 10 días
después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de las siete
desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo pasado.
Los otros estados donde ocurrieron hechos con el mismo tinte son:
Tamaulipas, donde en julio de 2015 desapareció Enrique López Gutiérrez;
Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en octubre siguiente; Ciudad de
México, donde la Policía Federal desapareció a Julio Emmanuel Marcel de
Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas, entidad en la que
Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado.
La edición anterior del informe mencionaba que desde el inicio del
sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo de 2015, 81 personas defensoras de
los derechos humanos o dirigentes sociales habían sido víctimas de
desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de 2015 fueron 52, es
decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han contabilizado.
Este año hay una diferencia, pues entre junio de 2015 y mayo de 2016
desaparecieron sólo siete personas (el informe anterior incluía a los 43
estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una disminución significativa
respecto del período anterior. Pero en suma se trata de 89 víctimas en
lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición, 17 fueron
víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron liberadas y siete
quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo una incógnita.
La desaparición de dirigentes sociales en la última década se observa
en 15 estados de la República, pero son Guerrero (69), Michoacán (16),
Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete), los que encabezan la
lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa grave violación
a los derechos humanos.
Adiós al refugio
Rubén Espinosa era un fotorreportero cercano al movimiento social
veracruzano y su trabajo se había vuelto incómodo al gobierno de Javier
Duarte, así que, amenazado, decidió trasladarse a la Ciudad de México,
el refugio de los periodistas que en el resto del país se encuentran en
riesgo.
Semanas después se reunió con Nadia Vera, una joven que acompañaba
diferentes movimientos sociales, y en especial el universitario
veracruzano, que mediante los cauces regulares de la protesta social
confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la Ciudad de
México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las acciones
violentas contra estudiantes se radicalizaron.
El 31 de julio de 2015, Rubén y Nadia aparecieron muertos junto con
tres mujeres, dos que compartían la renta con Nadia y la empleada
doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el multihomicidio
continúa impune.
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra defensores de
derechos humanos y dirigentes sociales registran un incremento notable
en la administración de Peña Nieto:
En 2007, apenas se registraron tres casos; entre 2008 y 2010, hubo en
total 21. Pero a partir de 2011, la incidencia creció hasta sumar 20
casos, y la tendencia se mantiene, pues en 2012 hubo 21 ejecuciones
extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en 2015, y en los primeros
cinco meses de 2016 ya sumaban nueve.
Al comparar por sexenio, con Calderón fueron asesinadas 67 personas.
En lo que iba del gobierno peñanietista, hasta mayo pasado sumaban 66,
una cifra que se incrementó en los meses siguientes.
Sólo con los casos de mayor cobertura, de junio a la fecha –que no
son contemplados aun por el Informe–, el incremento es claro en 2016,
pues a los nueve casos mencionados se suman los ocho muertos en
Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más murieron en
junio.
Para mayo pasado, el informe había documentado siete casos en Oaxaca,
la entidad con más ejecuciones extrajudiciales; cuatro en Chiapas; tres
en Guerrero, y dos casos más en la Ciudad de México.
Redadas y prisión
Durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015, integrantes del
Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron por el desarrollo
comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron embestidos por un
operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales 25 fueron
consignadas y siguen presas.
El FPR es una de las organizaciones sociales que más ha padecido de
represiones en el país, y en Oaxaca suele ser objeto de las distintas
formas de represión. En el caso de los 25 presos de aquella jornada
electoral, el proceso no avanzó porque el juez tercero de distrito,
Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y zapoteco,
lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron a penales
de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia.
Por ser una detención masiva y haber sucedido en Oaxaca, el caso es
emblemático. Y es que al aspecto de la masificación enfatizado por el
informe, se suma el hecho de que se trata de una de las entidades con
mayor registro de defensores de derechos humanos o miembros de
movimientos sociales presos.
Junto con Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Chiapas son los
estados donde el uso de las detenciones arbitrarias y la prisión por
motivos políticos es mayor. Pero en el último año el encarcelamiento de
dirigentes se amplió a los estados de Michoacán, Jalisco y Morelos.
En el informe anterior, Guerrero tuvo el primer lugar en detenciones
arbitrarias, todas relacionadas con el movimiento magisterial,
precisamente el que en el último año sumó más de cien casos, sólo en
Oaxaca y Michoacán.
En el rubro no sólo se contabilizan los casos de quienes son sujetos a
proceso penal, sino de aquellos que aun siendo detenidos por unas
horas, lo son a consecuencia de su participación en el movimiento
social. No obstante, los redactores del informe previenen que muchas de
las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre es posible
documentarlos y la estadística podría ser superior.
Hasta el pasado mayo sumaban 497 casos de detenciones arbitrarias
ocurridas en los 12 meses previos, por lo que la cifra aumentó, dado que
en 2015 se documentaron 459 casos.
Respecto de quienes están sometidos a proceso penal o fueron
sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015 estaban presas 224 personas
por motivos políticos en México, y actualmente, hasta el 31 de mayo de
2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que están
detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21
años en prisión.
El incremento en las detenciones y prisión para dirigentes sociales
es notorio en la estadística. Los informes de represión abarcan cada año
de junio a mayo siguiente, y por lo que respecta al período 2012-2013,
se registraron sólo 50 casos, para 2014 sumaron 175, en 2015 la cifra
ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta mayo, se acumularon
277 casos.
En el tiempo que lleva Peña Nieto, el número de detenciones
arbitrarias aumentó casi al doble respecto del sexenio anterior, pues en
tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones arbitrarias, lo que
por otra parte representa 62% del total de detenciones arbitrarias
realizadas desde 2006.
Un dato adicional es que alrededor del 70% de los detenidos están
libres sin cargo alguno, es decir, no existió ningún elemento para
mantenerlos en prisión y ese simple hecho convierte en arbitraria una
detención. De acuerdo con los redactores del informe, constata el hecho
de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las manifestaciones
organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al derecho humano a
la protesta.
Hasta el cierre de este informe, el número de personas que fueron
detenidas de manera arbitraria y que se encuentran en prisión asciende a
81; además, 67 personas que están libres bajo caución o con reservas de
ley.
Finalmente, a diferencia del informe anterior, donde la mayoría de
las personas fueron detenidas bajo delitos del fuero común –lo que
señalaba que eran ejecutadas por las autoridades y policías de los
estados–, actualmente hay un porcentaje similar entre aquellos a los que
les fueron imputados delitos del fuero común y aquellos imputados por
delitos del fuero federal.
Ataques, amenazas, hostigamiento…
A unos cien metros del caserío, en la villa de Cloete, en Coahuila,
los caciques de la región intentan extraer carbón. Sin embargo, un grupo
de deudos de mineros muertos en los socavones y la defensora de
derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han opuesto por la vía
judicial.
Los priistas Antonio Nerio, padre e hijo homónimo, cuando no son
alcaldes son diputados. Ambos controlan parte del transporte carbonero y
también tienen minas irregulares, una de las cuales exhibió Auerbach.
La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también priista, en el
municipio de Sabinas.
Además de las amenazas, demandas, vigilancias y difamaciones en
medios de comunicación, Auerbach Benavides también fue víctima –el
pasado 30 de marzo– del allanamiento de las oficinas de la Organización
Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo clientelar del PRI
regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que documenta el
informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a defensores
de derechos humanos en todo el país.
Se trata de 136 eventos que contienen 446 ataques que afectaron a 165
personas, 48 organizaciones y 15 comunidades. En 2015 se habían
documentado 330 ataques que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y
35 comunidades.
La aparente disminución en los eventos y los actos registrados del
informe de 2015 al de 2016, muestra que los ataques fueron masivos.
Sobre los estados en los que ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83
ataques) de todos los actos documentados, seguido de Chiapas con 15%
(67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán (48) con 10.7%, Veracruz con 8.9%
(40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).
El informe expresa su convicción de que la alta concentración de
casos en Guerrero es una respuesta del Estado a la efervescencia del
movimiento social motivada por la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también explica que sean los
estados con movimiento magisterial los que registraron más ataques.
Por su tipología, se observa una intensificación de la violencia
represiva, pues a diferencia del año pasado, cuando el hostigamiento fue
el tipo de ataque más utilizado, actualmente son las agresiones las que
se presentan como el acto más usado con 261 casos (58.5% del total),
seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%); criminalización, con 61
(13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios (9.6%).
Para las organizaciones que emitieron el informe, la estadística en
general no es sólo un recuento o exposición de datos. Se trata, en
síntesis, de un gobierno que intenta imponer las reformas estructurales y
sus políticas y programas derivados, mediante una estrategia de control
social que con militarización, paramilitarismo y la construcción de un
enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias que deben vencerse”–
perfeccionó un modelo represivo que pretende normalizar.
