1.7.19

Trump y el Estado policiaco global


En muy corto plazo, la guerra de migrantes por aranceles desatada el 30 de mayo por Donald Trump derivó en una grave crisis humanitaria en México. Y de manera vertiginosa, también, la imagen progresista y humanista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se trasmutó en la de un país que opera como un módulo más del Estado policiaco global, como característica principal del capitalismo actual, asentado en sistemas cada vez más ubicuos y omnipresentes de control social de masas y humanidad superflua mediante la represión estatal y guerras difusas, como forma militarizada de acumulación de capital por despojo.

Más allá de la narrativa populista, el neoliberalismo con esteroides de Trump (William I. Robinson dixit) es una respuesta clasista de la ultraderecha a la crisis de legitimidad del sistema, que descansa sobre un mensaje nacionalista y proteccionista de corte neonazi, dirigido, en particular, a generar emociones y movilizar al sector más reaccionario de su electorado blanco, anglosajón y protestante (WASP, por sus siglas en inglés), que en 2016 resultó deslumbrado por el narcisismo, el rostro rosado, la gorra roja y el grito de campaña America first! del actual inquilino de la Casa Blanca.

Entonces como ahora, la fanfarronería imperial y el discurso supremacista blanco y xenófobo de Trump −que criminaliza al Otro, ese extranjero− están dirigidos a despertar el sentimiento antimexicano y antinmigrante en ese sector de trabajadores estadunidenses perjudicados por el TLCAN, para que canalicen su temor e inseguridad hacia una conciencia racista de su condición; lo que alienta la reproducción de milicias privadas, organizaciones fundamentalistas de todo tipo y grupos de vigilancia antinmigrantes.

En la coyuntura, la retórica de construir el muro y el fuerte incremento de las redadas y las detenciones de personas sin papeles que huyen del horror, la persecución y la violencia criminal (delincuencial y estatal) forman parte de una estrategia más amplia para desarticular en EU a las llamadas minorías en resistencia. A lo que se suma la necesidad de la economía estadunidense y la clase capitalista trasnacional, de remplazar el actual sistema de superexplotación de la mano de obra indocumentada con un masivo programa de trabajadores con visas, que sería más eficaz en conjugar la superexplotación y nuevas formas autoritarias de disciplina laboral con la vigilancia en masa y el supercontrol social.

De allí la guerra (no) declarada de Trump contra los inmigrantes, los refugiados y las pandillas (los bad hombres), que se combina con la construcción de muros fronterizos, cárceles y centros de detención de inmigrantes (lucrativos negocios todos), incluso fuera de EU, como es el caso de México en la coyuntura. Un sistema concentracionario que se va gestando a la par del surgimiento de una cultura neofascista mediante la militarización de sociedades enteras, la xenofobia, la misoginia y la imposición de una ideología que abarca una supremacía racial/cultural que normaliza la guerra, la dominación y la violencia social.

Pero la cultura militarista y masculinista de Trump viene de atrás. Las políticas de Hitler se inspiraron en el racismo institucionalizado de EU y el pragmatismo del derecho consuetudinario; en Mein Kampf, el futuro führer alabó las restricciones de EU a la inmigración. Los nazis consideraban a EU modelo para la raza blanca, un imperio racial nórdico que había conquistado una ingente cantidad de lebensraum (espacio vital). Rasse y raum −raza y espacio vital− eran para los nazis pala­bras claves tras el triunfo de EU en el mundo. Los nazis veían a los judíos, los zíngaros, etcétera, como inferiores, igual que los sureños blancos veían a los esclavos negros y sus descendientes como una raza extranjera de invasores que amenazaba con tomar la delantera.

Asimismo, y a la luz de la historia, el magnate especulador inmobiliario de Nueva York no habría llegado a la Oficina Oval, si antes el senador republicano Barry Goldwater no sentara las bases del neoconservadurismo extremista de estirpe racista, que abrazaría después Ronald Reagan. El eslogan Make America great again fue creado y usado por primera vez por Reagan en 1980. Por lo que Trump no es una falla crítica del sistema, sino la culminación de ese proceso.

Como dice James Petras, Trump está completamente integrado en la estructura más profunda del imperialismo estadunidense; durante su mandato, las instituciones permanentes del Estado se han mantenido sin cambios. A pesar de sus ocasionales referencias a la no intervención en guerras en el extranjero, Trump sigue los pasos de sus predecesores. Sus diferencias con Barack Obama se limitan al estilo y la retórica. Con su demagogia seudoprogresista Obama expulsó a una cifra récord de trabajadores mexicanos (2 millones en ocho años); Trump ha continuado la senda prometiendo aumentar las deportaciones. Pero inmigrantes y refugiados son producto del cambio climático, de la depredación ecológica, de la acumulación de capital por despojo. Y de las guerras directas y encubiertas de Obama; de sus políticas de cambio de régimen que provocaron desplazamientos forzosos, la muerte de millones de civiles y miseria por doquier. Obama derramó la sangre y a Trump le toca arreglar el caos. México no escapa a esa lógica.

26.6.19

Xi Jinping a la cabeza de la burguesía global contra Trump

Fernando Dorado

En 1989 se derrumbó la URSS y se oficializó la caída del “socialismo de Estado”. La globalización neoliberal parecía alzar vuelo a todo vapor; no obstante, 18 años después, la crisis económica y financiera (2007-8) introdujo al mundo del capital en una fase de grave recesión permanente. En ese entorno, el “capitalismo asiático” de China ha entrado en escena con relativa fuerza y ha puesto en jaque la hegemonía estadounidense y de occidente.

La reacción de algunos sectores capitalistas de EE.UU. y de países europeos (Brexit) ha sido renegar de la globalización neoliberal y promover –precipitada e impulsivamente– una política proteccionista que intenta revertir los efectos negativos que trajo la globalización para determinados sectores de la industria y la manufactura de sus países. Los trabajadores de vieja generación (fordistas) apoyan esa política que adquiere forma “nacional-populista”.

La mayor parte de la “izquierda socialista” –sin el referente de los trabajadores o de otros sectores sojuzgados– se puso detrás de la burguesía global. Para no quedar bajo la dirección de los Obama, Clinton o Merkel, colocan a los líderes de las potencias orientales (Xi, Putin) al frente de los intereses “progresistas” de la humanidad. Según ellos, son los únicos que pueden derrotar al “nuevo fascismo” que encabeza Trump, Bannon, Salvini, Bolsonaro, etc.

En esa línea se pronuncia el creador del sello del “Socialismo del siglo XXI”, Heinz Dieterich Stefan, en su último artículo titulado “Trump pierde Guerra imperialista contra China”, en la que presenta una interesante información que, sin embargo, nos lleva a una interpretación muy diferente a la del sociólogo alemán, no reducida a los análisis geopolíticos.

¿En realidad que es lo que está ocurriendo?

La burguesía china, que durante este período aprovechó una serie de ventajas comparativas (inversión extranjera, protección y subsidios estatales, mano de obra súper-barata, permisividad en temas ambientales y otras), ha construido una línea globalista “hacia afuera” y un relato nacionalista “hacia adentro”, para contrarrestar la agresiva política de Trump. En ese sentido, Xi Jinping encabeza actualmente a toda la burguesía financiera globalizadora tanto de EE.UU. como de Europa y del mundo (en Colombia es Santos y casi toda la “izquierda”, la que se identifica con dicha política).

Pero no seamos ingenuos, esa alianza no se hace en favor de los intereses de la humanidad y menos de los intereses de los trabajadores u otros sectores oprimidos. Es, simplemente, lo que tiene que hacer la burguesía china para avanzar hacia un mundo multipolar en donde sus inversiones tienen que abrirse más espacio global. Pero tratar de presentar ese comportamiento como beneficioso para los trabajadores no solo es cándido, sino que puede ser provocador.

Hay quienes ante la dispersión y debilidad organizativa de los trabajadores (que algunos ya enterraron o desconocen su existencia), aspiran ilusamente que sean las burguesías las que resuelvan los problemas entre ellas. Por ello, colocan a Putin y a Xi, como la cabeza del supuesto frente anti-imperialista que hay que organizar contra Trump, ya no para avanzar hacia modelos de sociedad que –por lo menos– enfrenten los graves problemas estructurales que vive la humanidad sino solo para salvar y proteger las reglas “racionales” que le sirven a la burguesía financiera para mantener su estabilidad global.

En vez de denunciar que el uso de la fuerza, la imposición unilateral de aranceles, el chantaje comercial y tecnológico, y la amenaza de confrontación bélica, así como el uso criminal de los medios de comunicación para atacar y derrotar a los enemigos del nuevo poder que se tomó la dirección política del imperio estadounidense, los teóricos de “izquierda” al servicio de la burguesía globalista, llaman –ahora– a defender las reglas de las instituciones financieras que dominan el mundo (ONU, OMC, FMI, etc.). Ahora sus aliados son Obama, Clinton, Merkel o Lagarde. Además, hasta los citan en sus escritos.

En América Latina ocurrió otro tanto. Las burguesías emergentes de la región aprovecharon las luchas populares, especialmente de sectores sociales relegados y excluidos del mundo del capital (indígenas, campesinos, trabajadores informales, etc.), para acceder a los gobiernos y establecer lo que ellos llaman “socialismo”. En realidad, ese socialismo no tiene nada que ver con la “apropiación social y colectiva de la riqueza creada por la sociedad”, sino se reduce al viejo Estado de Bienestar que la burguesía creó después de la 2ª guerra mundial para contrarrestar el “socialismo de Estado” de la URSS y demás países.

A ello se han reducido las pretensiones de los “socialistas” actuales. Consiste solo en un capitalismo que ofrece servicios mínimos de “salud”, “educación”, agua potable, electricidad y vivienda a la población pero que no cuestiona para nada el modelo de civilización y de “desarrollo” que destruye la vida a todos los niveles (pueblos, comunidades, naturalezas, pensamientos, sentimientos). Es el modelo de la inequidad (monopolios), desigualdad (pobreza camuflada con cifras en medio de inmensas fortunas de millonarios y mega-millonarios), injusticia (ley solo para los pobres), sobre-explotación (a todo nivel), etc. No obstante, la crisis sistémica de reproducción del capital es tan profunda que ni siquiera les permitió a los “progresistas latinoamericanos” sacar adelante ese intento de reforma. AMLO ya es el nuevo ejemplo.

La derrota histórica de los trabajadores durante el siglo XX y principios del XXI, no ha sido aún asimilada por cuanto seguimos pensando con las herramientas epistemológicas del pasado. Pero las ciencias de la complejidad en desarrollo, las nuevas miradas filosóficas no reduccionistas ni dualistas, y las luchas de “los de abajo” (mujeres, jóvenes, ecologistas, hackers libres, nuevos trabajadores, etc.) vienen en nuestro auxilio.

Además, las soluciones que propone Trump y sus supuestos opositores (que en realidad solo son rivales), son solo flor de un día. La crisis económica y política se va a seguir agudizando. La mínima tasa de ganancia del capital obliga a las burguesías a violar sus propias normas y legalidades. Por ello, se requiere no arriar las banderas “anti-sistémicas” sino levantar nuevas consignas de carácter civilizatorio 1, que solo pueden alzar los trabajadores y pueblos oprimidos para responder a los nuevos retos de la lucha que está en pleno desarrollo.

Nota:
1 Un ideario civilizatorio a trabajar debería tener en cuenta: miradas complejas, no lineales; planetarias, no nacionalistas; colaborativas y comunitarias, no colectivistas; humanistas, no “multi-culturalistas”; ecologistas, no anti-tecnológicas; post-generistas, no feministas; espirituales pero científicas; postcapitalistas, no anti-capitalistas; post-extractivistas, no anti-extractivistas; utilitaristas y prevenidas frente al Estado, no estatistas ni anti-estatistas; y, en general, miradas críticas, que rechacen las teorías generalizantes y valoren lo concreto.

22.6.19

El nuevo modelo de seguridad pública



CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 26 de marzo se publicó el decreto por el que se reformaron varios preceptos constitucionales en materia de seguridad pública. Como buena parte de la discusión se concentró en la Guardia Nacional y, todavía más, en su necesario carácter civil, se perdió de vista que con las reformas aprobadas se estaba dando lugar a un nuevo modelo de seguridad pública. Dentro de los cambios a que dio lugar la reforma, destaca el otorgamiento de competencias al Congreso de la Unión para organizar la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública federales, así como para emitir las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones.

Continuando con la mala técnica legislativa seguida desde hace tiempo, en los artículos transitorios del decreto de reformas se fijaron los contenidos mínimos que el legislador federal debía establecer al momento de emitir las leyes que habrían de desarrollar la reforma constitucional. Para la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo relativo a la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública y la regulación del sistema nacional de información en la materia. Para la Ley de la Guardia Nacional, los supuestos para la coordinación y colaboración de ella con las instituciones de seguridad de las entidades federativas y municipios; las reglas de aportación de estos órdenes de gobierno por la colaboración de la Guardia Nacional en tareas locales; la estructura jerárquica, régimen de disciplina, ascensos, desempeño, prestaciones, ingreso, educación, capacitación y profesionalización; las responsabilidades y tareas que puedan homologarse a las disposiciones aplicables a las Fuerzas Armadas; la posesión, portación y uso de armas de fuego; las hipótesis para delimitar la actuación de sus integrantes y las bases del informe que el presidente de la República habrá de rendir al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Respecto de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se determinó su finalidad, alcance y definición; los sujetos obligados, así como los derechos y obligaciones de los integrantes de las instituciones competentes; su sujeción a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad; la previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas mediante el control físico y las armas incapacitantes, letales y no letales; y las reglas de portación, de adiestramiento y gestión. Finalmente, respecto de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, se previeron las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación; los momentos y procedimientos para llevarlo a cabo; el tratamiento de los datos personales de los detenidos y los criterios para clasificar la información; las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso, fundamentalmente.

Atendiendo a los plazos y contenidos impuestos, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expidió las de Guardia Nacional, Uso de Fuerza y Registro de Detenciones. Todas estas leyes fueron publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo pasado y entraron en vigor al día siguiente. Para que el modelo de seguridad pública llegue a estar completo, se requiere que el presidente de la República emita los correspondientes reglamentos, y las autoridades administrativas, los protocolos y manuales de operación. Sólo al tenerlos sabremos cabalmente cuáles son las posibilidades de intervención de las policías, el tipo de acciones que pueden realizar en ejercicio de sus facultades, incluido el uso de la fuerza letal. Sin embargo, teniendo a la vista las reformas constitucionales y la nueva legislación, es posible identificar ya las notas que animan y animarán la seguridad pública nacional federal en los próximos años y en las graves condiciones en las que su contrapartida, la inseguridad, se encuentra. Me concentro en los tres ordenamientos principales.

Lo que se hizo con la Ley de Seguridad Pública fue otorgarle a la federación las competencias necesarias para crear, integrar y utilizar un sistema nacional de información acerca de la delincuencia. Los artículos reformados o adicionados dotan de facultades a las autoridades federales para allegarse de información a fin de crear estadísticas, bases de datos y medios semejantes, para con ellos formar o reestablecer, según se vea, el llamado Centro Nacional de Información. Así, la federación se asignó las tareas de inteligencia del fenómeno delincuencial para, esperemos, estar en posibilidad de fijar políticas generales y coordinar las tareas de los diversos cuerpos de seguridad.

La Ley de la Guardia Nacional terminó siendo, como debía ser, un ordenamiento de carácter orgánico en el que quedaron definidos los objetivos y competencias del cuerpo, sus jerarquías y modos de integración, capacidades, adiestramientos y tipo de controles parlamentarios y judiciales a que sus actuaciones quedarán sometidas. Con independencia de las muchas reticencias que, en lo personal, me genera la existencia de este cuerpo, debo reconocer que la ley está bien hecha. Por una parte, recoge las determinaciones impuestas por los artículos transitorios; por otra, no desborda los preceptos constitucionales, excepción hecha de algunos procesos de investigación que, sin embargo, pudieran quedar comprendidos en la obligación genérica de proceder mediante autorización judicial (artículo 100) y, finalmente, porque ordena bien lo que se quiere llegar a lograr con la corporación.

A la Ley del Uso de la Fuerza debemos verla con dos enfoques. Entendiendo que, al contar con una normatividad, ella es marco de actuación y condiciones y, al mismo tiempo, marco de inhibición. La falta de una ley hacía difícil saber lo que a cuento del uso de la fuerza se hacía, si era o no adecuado e, igualmente, si la conducta misma era o no posible. En adelante, quienes estén autorizados para usarla saben que su proceder está regulado, que hay situaciones de uso legitimado de la fuerza y situaciones en las que ésta puede ser ilegal o hasta delictiva.

En la Ley Nacional del Uso de la Fuerza se describen las facultades y las obligaciones de los agentes que realizan funciones de fuerza, definidas como la posibilidad de inhibir a una persona por medios mecánicos o biomecánicos, momentánea o permanentemente, conforme a los principios de absoluta necesidad, legalidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas. Las armas a utilizar se distinguen entre letales y no letales, según puedan producir la muerte o graves lesiones o no conduzcan a ello. En la escala de actuación, uno de los temas centrales del ordenamiento, se prevé la siguiente progresividad: persuasión, entendida como cese de la resistencia por indicaciones verbales o presencia de la autoridad; restricción, como determinación de un perímetro para controlar la agresión; sujeción, como uso moderado de la fuerza física para controlar o asegurar individuos; inmovilización, como restricción de la movilidad de las personas para lograr su aseguramiento mediante el uso intenso de fuerza física; incapacitación, como neutralización de la resistencia y la violencia a través del uso intensivo de fuerza física y empleo de armas menos letales, a sabiendas de que pueden causarse lesiones que no pongan en riesgo la vida; lesión grave, como neutralización de los agresores por medio del uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de proteger la integridad de la autoridad o de otras personas a sabiendas de la alta probabilidad de dañar gravemente al agresor y, finalmente, la muerte, que implica el uso de fuerza letal como acción excepcional con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión al no existir otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia.

De los temas de la Ley de Uso de la Fuerza que es importante reflexionar, hay tres que desde ahora dejo señalados. El primero es que la misma enuncia como finalidad determinar el uso de ella para las fuerzas de seguridad de cualquier tipo y adscripción y, más relevante por la situación confusa que ahora vivimos, de las Fuerzas Armadas que realicen funciones de seguridad pública. Si conforme al artículo quinto transitorio del decreto de reformas constitucionales de marzo pasado, durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada de forma permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ¿cuál es el estatus jurídico de estas fuerzas en tales circunstancias? Desde mi punto de vista, deben actuar conforme a la Ley de Uso de la Fuerza, es decir, en una condición policial y no militar. Ello implica la no aplicación del fuero ni de los protocolos o normatividades militares o navales, sino de los civiles. Piénsese, para dimensionar la relevancia de estos cambios, en lo que los integrantes del Ejército hubieran podido y debido hacer a la luz a de la nueva normatividad en situaciones como la vivida recientemente en La Huacana, Michoacán. ¿Qué y cómo debieron haber respondido ante tal acontecimiento?

Un segundo asunto tiene que ver con lo que ya varias organizaciones de la sociedad civil han advertido. En el artículo 27 de la Ley se establece que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto “lícito”. La amplitud de la expresión deja un margen de discrecionalidad, cuando no hay la posibilidad de definir, ex ante, si la manifestación tiene tal calidad y, en su caso, las condiciones del uso de la fuerza que pueden ser impuestas. El tercer aspecto a destacar es la importancia de los protocolos del uso de la fuerza que habrán de expedirse. En ellos radicarán muchas de las posibilidades operativas de lo que, efectivamente, sucederá en las circunstancias concretas del día a día.

Con la descripción y los apuntes anteriores, me parece que ha quedado claro que en el país se está tratando de establecer un nuevo modelo de seguridad pública. Sin embargo, el mismo enfatiza al ámbito federal y, por lo mismo, incide menos en el de las entidades federativas y los municipios. Después de estas transformaciones, la federación cuenta con un Sistema de Información y su correspondiente Centro, una nueva policía en la forma de la Guardia Nacional y un sistema de registro de las detenciones; y, adicionalmente, la federación, las entidades y los municipios con un marco de uso de la fuerza para todas sus corporaciones. El problema es que no se imaginaron ni previeron nuevas competencias o modos de organización del sistema nacional de las policías ni de la seguridad. Una vez más, se dejó a los estados y municipios la tarea de pensar y constituir sus cuerpos y ejecutar sus acciones en sus limitados ámbitos espaciales y materiales. Ya varios expertos lo han señalado, se persistió en una equivocada idea. Como, se asume, los grandes delitos y la peligrosidad social son federales, en sus instituciones habrá de ponerse el acento.

Si analizamos los dos Planes Nacionales de Desarrollo, el del presidente y el de su administración, pronto nos daremos cuenta que es poco y malo lo que de manera integral se dice de la seguridad pública. Es cierto que están tocados algunos de los temas relacionados con las cuatro leyes acabadas de señalar. Sin embargo, es muy poco lo que se plantea en procuración e impartición de justicia. Suponiendo que todo lo vinculado con las nuevas leyes saliera bien, faltaría mucho por hacer para que ello quedara vinculado en un sólido sistema. El gobierno de López Obrador está reproduciendo los mismos errores de sus antecesores. Nadie está liderando el movimiento por el ajuste y actualización de las competencias del Ministerio Público, las defensorías, los servicios periciales o las adecuaciones que diversas leyes debieran sufrir.

Lo que resulta de los cambios apuntados, básicamente, es el otorgamiento de más funciones policiales a la federación, más capacidad de fuego a los agentes, y la legitimación para que las Fuerzas Armadas actúen como policías. Con esos elementos en mente, cabe preguntarse si se va en la ruta adecuada para enfrentar a la delincuencia y pacificar al país o si, por el contrario, únicamente se está haciendo más de lo mismo, eso sí, con otras justificaciones y distintos actores.

@JRCossio
Ministro en retiro.
Miembro de El Colegio Nacional.

15.6.19

El neocolonialismo se reinventa en el T-MEС

María Luisa Ramos Urzagaste

El nuevo Tratado México-EEUU-Canadá, T-MEC, que reemplazará al TLCAN, tendrá un impacto positivo en el PIB real y el empleo de EEUU. Para defender su mercado interno y lograr sus metas de exportación, Trump aprobó la Ley de mejora de la agricultura, que prevé 867.000 millones de dólares en subsidios.

A decir de Trump, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) fue un pésimo acuerdo para EEUU, pues ocasionó la pérdida de 4 millones de empleos en el sector manufacturero, un déficit de más de 2 billones de dólares. Además, el sector automovilístico habría perdido un 25% de puestos de trabajo.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, remitió el T-MEC al Congreso para su aprobación. "Consideramos que nos conviene, que es benéfico para que haya más inversión extranjera, que se estimule la participación de las empresas, para la creación de empleos bien pagados en el país", afirmó.
 
La pobreza no se redujo con el TLCAN

Durante los 20 años de vigencia del TLCAN, las exportaciones totales de México han crecido un 525%, siendo el sector de maquila el más dinámico. No obstante, el Senado mexicano reconoce que el bajo costo de la mano de obra sigue siendo un factor fundamental para la instalación de empresas manufactureras norteamericanas en México.

En el periodo de vigencia del TLCAN, las maquiladoras han creado apenas 700.000 empleos, en un país con una población económicamente activa de 54 millones de personas, de las cuales 30,5 millones tienen trabajos informales y las subocupadas suman 3,8 millones.

Un informe gubernamental afirma que México exporta a sus socios del TLCAN por un valor de 36 millones de dólares cada hora. Pero más allá de los millones, es más que curioso que casi la mitad de los mexicanos aún continúan viviendo en la pobreza.
 
Un acuerdo para eliminar el déficit de EEUU

Según el Gobierno de EEUU, con la firma del T-MEC han logrado "un acuerdo del siglo XXI de alto estándar" que les permitirá eliminar el déficit de 71.000 millones de dólares en comercio de bienes y mejorar el superávit de casi 7.000 millones de dólares en servicios.

La Comisión de Comercio Internacional de los EEUU (USITC, por sus siglas en inglés), hizo una evaluación del posible impacto del T-MEC que arrojó como resultado que las exportaciones estadounidenses a Canadá y México aumentarán en 19.000 y 14.000 millones de dólares, respectivamente.

En cuanto a las importaciones estadounidenses desde Canadá y México, aumentarán en un 5% y un 3,8%, respectivamente. El modelo usado por la USITC estima que el acuerdo tendrá un impacto positivo en todos sus sectores industriales.

Estados Unidos entiende que debe preparar a sus empresas para defender su mercado interno y conquistar nuevos. Para ello, el presidente Trump promulgó la Ley de mejora de la agricultura 2018, que dispone 867.000 millones dólares en ayuda al sector para los próximos cinco años.
 
Las trampas del T-MEC: propiedad intelectual

Uno de los pilares del T-MEC es el referido a la propiedad intelectual, que, entre otros aspectos, define procedimientos judiciales para "evitar la divulgación de secretos comerciales" de las compañías transnacionales en casos de litigio.

Esto le vendrá muy bien a los contaminadores, pues estarán protegidos de no difundir información de los químicos que utilizan. También podrá favorecer a los productores de transgénicos que no estarán obligados a informar, amparándose en el 'secreto comercial'.

Según el Gobierno de EEUU, el capítulo de propiedad intelectual "moderniza y proporciona una protección sólida y efectiva" a sus innovadores y creadores.
 
Estado Gendarme para proteger a las transnacionales

La oficina para el comercio de EEUU informó que, por primera vez, un acuerdo comercial establece que, 'de oficio', las autoridades deberán impedir la circulación de las mercancías falsificadas o pirateadas en cada fase de entrada, salida y tránsito por el territorio de cualquiera de los países parte del T-MEC.

El Estado mexicano deberá crear una gran infraestructura legal y policiaca para proteger las inversiones de sus socios.

De este modo, el Estado se convierte en gendarme defensor de los intereses de empresas transnacionales, pues de no hacerlo sufrirá sanciones y demandas por no proteger la inversión.

Es sabido que la piratería es una plaga internacional y para combatirla no bastan leyes o policías, pues es también un problema de pobreza, que por lo visto en el TLCAN no solucionará tampoco el T-MEC.
 
UPOV 1991, la trampa de la 'letra chica'

El T-MEC establece que los países deberán ratificar varios tratados internacionales sobre propiedad intelectual, entre ellos UPOV 1991, que es el tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

UPOV 1991 ha sido foco de críticas y resistencia en el mundo porque establece derechos de monopolio muy amplios a favor de los obtentores de variedades vegetales, a quienes define como "aquella persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal".

Esos nuevos derechos abarcan toda la cadena productiva y reproductiva del vegetal en cuestión, incluyendo la producción, reproducción, venta, exportación e importación, que deberá ser autorizada por el obtentor. Dicha 'autorización' implica el pago por el uso.

Este nuevo acuerdo constituye una amenaza para la propiedad colectiva del conocimiento tradicional y abre las puertas de par en par a la biopiratería, pues equipara el concepto de 'descubrimiento' con el de 'invención', que no son lo mismo.

Es aún más preocupante que el artículo 20 del T-MEC establece que cada país "dispondrá que las patentes puedan obtenerse para cualquier invención, ya sea un producto o un procedimiento, en todos los campos de la tecnología".

Se podrá patentar vegetales, genes, microorganismos, etc., etc., de la misma forma que se patentan las invenciones industriales.

Es la típica visión colonialista, donde el descubridor, por el mero hecho de haber encontrado algo, se lo apropia, lo patenta y se lucra sin límites. Se trata incluso de una imposición de paradigma, que elimina el conocimiento colectivo de libre acceso y promueve la apropiación y lucro privado.

Según el Instituto de Política Agrícola y Comercial, con el TLCAN los agricultores mexicanos fueron devastados por el maíz barato de los EEUU y casi dos millones de ellos fueron expulsados de la agricultura, muchos se convirtieron en subcontratados y otros se vieron obligados a emigrar.

Los textos del T-MEC y sus anexos conforman cientos de páginas, donde el capítulo de propiedad intelectual es apenas una parte, pero suficiente para constatar que EEUU ha logrado imponer sus reglas neocoloniales, constituyéndose esto en un peligroso antecedente.
UPOV 91 y T-MEC violan los derechos campesinos
La reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que trabajan en las zonas rurales instituye que los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos.

El artículo 19 establece el derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha.

¿Podrá AMLO hacer cumplir estos derechos luego de la entrada en vigor del T-MEC y UPOV 91?
 
It's just business!

Para el año 2050 se prevé que la población mundial alcance los 10.000 millones. Eso conlleva que la demanda mundial de alimentos aumente en un 70%.

La creciente demanda de granos, aceites y vegetales es un motor importante para el mercado mundial de semillas, que está valuado en 59.000 millones de dólares y se prevé que llegue a 90.000 millones de dólares en 2024. Este es precisamente el negocio que ahora EEUU y sus transnacionales pretenden monopolizar.

Ocho empresas representan alrededor del 50% del mercado mundial de semillas, entre ellas Monsanto, Vilmorin & Cie., Syngenta (ahora china, ChemChina-Syngenta), DowDupont Inc., Bayer y DLF Seeds.

Paradójicamente, son los campesinos los principales proveedores de alimentos para más del 70% de la población mundial, que producen con reducidos recursos.
 
¿Se acordará AMLO del plan de Ayala Siglo XXI 2.0?

Durante la campaña electoral, AMLO comprometió con su firma incorporar en su plan de Gobierno el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, que tuvo el respaldo de más de 100 organizaciones agrícolas mexicanas.

Dicho documento definió prohibir la siembra de transgénicos y suspender el uso de pesticidas prohibidos.

El plan precisa que "es necesario renegociar el TLCAN y sustituirlo por un Acuerdo Trinacional de Cooperación para el Desarrollo que, a diferencia de aquel no sacrifique nuestra soberanía alimentaria, además de que incluya la legalización de los indocumentados y el derecho a la movilidad transfronteriza".

¿Tan pronto se habrá olvidado AMLO del Plan Ayala siglo XXI?

14.6.19

Lo que esconde el Tren Maya: la “cuarta transformación” de las fronteras mexicanas

Sergio Prieto Diaz*

En realidad, el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente


Los espacios fronterizos son, por su propia definición y construcción, espacios de continuidad y de conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. La conflictividad emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente disputa, entre el país a quien pertenecen, y el resto de poderes con intereses sobre los mismos.

Esto es especialmente representativo de la frontera sur de México, y muy particularmente de la Península de Yucatán: un territorio geoestratégico por su posición, rico en biodiversidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue siendo, pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses (desde colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos y otros múltiples agentes foráneos). En esa disputa histórica, el factor (muchas veces también conflictivo) de la movilidad humana siempre ha estado presente.

Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec (la línea que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca) hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de ahí hacia Centroamérica), se desarrollan una serie de acciones, políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente, y que es necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura, más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la estructura.

Desde mediados de 2018, el Tren Maya es el proyecto icónico de la “cuarta transformación”: desarrollo turístico sin impacto ambiental, beneficios para las comunidades originarias, nuevas comunidades verdes y sostenibles. Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa, y presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han complejizado aquel simple ideario: progresivamente se ha incorporado y destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y combustibles; la reforestación de los árboles que sean dañados, justificado por su hipotético mayor beneficio social; se plantean novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para las comunidades, como los Fibras (Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces); así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más alto nivel (seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de hidrógeno…). A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos.

Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del Tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque.

En primer lugar, porque el proyecto del Tren Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De hecho, es una pequeña parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata de un “proyecto de reordenamiento territorial”, del cual el Tren es, siguiendo esta analogía, tan sólo el medio de transporte. En este proyecto integral (que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– de un Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y Centroamérica), el componente migratorio es axial pues se trata de “evitar la migración, que la gente pueda quedarse en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos; y en estos días más que nunca constatamos su relevancia en la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto (y sólo considero hasta el momento sus alcances “del lado mexicano”) se conformaría, además del Tren Maya, al menos por:

-El Proyecto Sembrando Vida, que ya se extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos que rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia (en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de los recursos de la Selva Lacandona y presionando a las comunidades zapatistas residentes).

-El Corredor Transístmico: para unir los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas de fibra óptica… Esta propuesta es también parte de un viejo sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unifos. Varias veces fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza.

-Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a las  ZEE que existen/existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una especialización productivo/comercial específica), existen indicios que apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus particulares “fronteras” y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente “zona libre” en clara identificación con la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como nueva “zona maquilera global” (sugerentemente bautizada como “zona de prosperidad”).

-La proliferación de proyectos vinculados a la llamada “economía verde”: energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generalización  expansión del acaparamiento de tierras para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y la utilización intensiva de recursos naturales escasos (como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la expansión de las talas clandestinas (llevadas a cabo por personas de origen chino, ruso, portugués…).

Por tanto, y como punto de arranque, resulta fundamental confrontar la “imagen idílica” que plantea el mapa oficial del Tren Maya… con la complejidad subyacente que no se muestra, y hasta cierto punto aún no está (físicamente) pero cuyos efectos y articulaciones pueden empezar a entretejerse…

El trasfondo de esta complejidad, de las contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo que yo considero un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable. Lo que muestran estos proyectos articulados, sus previsibles responsables, las ideas de los discursos oficiales e informales, es que hoy día, en la Península y la Frontera Sur, el “problema” de las migraciones regionales (que es un “problema” tan sólo para Estados Unidos) sirve como justificación y pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente. Que ese proceso de justificación de las políticas públicas, además no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de las personas migrantes, si no más bien crear una infraestructura en la que puedan ocuparse: se trata de hacer un “tapón migratorio” en el Istmo, y una industria para su incorporación y aprovechamiento. En el proceso de concesión y reparto de estos territorios, con cláusulas y arreglos que favorecen cada vez más a los potenciales inversores, si no la propiedad, al menos la gestión de los territorios queda en manos privadas y, en muchos casos, extranjeras.

Por tanto, desde mi punto de vista, más allá del proyecto sin proyecto del Tren Maya, más allá de la justificación sobre las necesidades, bondades o beneficios de esta articulación de megaproyectos, lo importante son las preguntas que hasta ahora no sólo no tienen respuesta, si no que ni siquiera se han planteado. Y sólo adelanto las dos que me parecen más urgentes:

-¿Cómo se relacionan territorios fronterizos, políticas públicas, y migraciones?

-¿Cuántas fronteras existen en el sur de México? ¿Quién está (o estará) a su cargo?

Los muros físicos pueden ser más evidentes, pero las barreras y límites más efectivos, sobre todo en un tema tan crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen ser simbólicas, se erigen sin apenas darnos cuenta, y son las más difíciles de identificar y superar.
 
*Migratólogo especialista en fronteras, territorios, (in)movilidades y megaproyectos; catedrático Conacyt en El Colegio de la Frontera Sur-Campeche

8.6.19

Imperialismo, neoproteccionismo y aranceles en la relación México-Estados Unidos

Adrián Sotelo Valencia*

Con un marcado complejo de inferioridad al sentirse el mandamás del mundo, una suerte de emperador omnipotente global, en el marco de su precampaña presidencial para su reelección del año entrante 2020, el 30 de mayo el magnate de la Casa Blanca amenazó a México con la imposición de aranceles (es decir impuestos) a sus exportaciones que irían desde un 5% hasta el 25% en el lapso de este año cada mes hasta octubre, si el país no adopta las medidas y las políticas “recomendadas” por Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Entre otras, figura la presión para que Mexico firme un acuerdo donde acepte su status de Tercer País Seguro (solicitado por el gobierno de Trump con el envío de una cantidad de miembros de la recién creada Guardia Nacional) lo que lo obligaría a asilar primero a los migrantes que transitan por territorio mexicano antes de que lo soliciten a Estados Unidos. Ello implicaría por lo menos en una primera oleada que el gobierno mexicano acepte, ipso facto, albergar en nuestro territorio a alrededor de 400.000 retornados-expulsados-indocumentados de aquel país. También se rumora, según la agencia británica de noticias Reuters, que se estaría presionando para que el gobierno mexicano envíe unos 6.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México con el objeto de detener a los migrantes de cualquier nacionalidad que intenten cruzar la frontera desde Guatemala.

Hasta ahora el tema ha sido tratado en general como una simple disputa comercial, pasajera, y como un asunto “aislado” propio de la tradicional relación México-Estados Unidos. A lo sumo, se menciona la “estrecha relación” existente entre ambas naciones; la “buena vecindad” y las relaciones de “cooperación”. Destaca el reduccionismo de la prensa internacional y de las propias autoridades mexicanas al vislumbrar sólo el aspecto económico y la pérdida de empleos que la imposición imperialista generaría en caso de prosperar las medidas impositivas. En segundo o tercer plano quedan los trabajadores y los pueblos de ambas naciones así como los efectos desastrosos que implicarían para los miles de inmigrantes que no tendrían otra alternativa más que la de retornar a sus países de origen —que son los verdaderos expulsores de esa fuerza de trabajo hacia Estados Unidos vía México— o bien, permanecer en este último que acusa altísimos niveles de pobreza, pobreza extrema, desempleo e informalidad (cerca del 60% de la PEA).

Al empresariado (o más bien a la lumpenburguesía mexicana) sólo le interesa mantener y garantizar sus exportaciones, sus ganancias y los mercados del país del norte, y de esto habla su celo con que defiende el renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que todavía tiene que ser ratificado por los tres gobiernos, a pesar de que, desde su entrada en vigor en 1994 —que entre otras cosas estímulo la insurrección zapatista— ha quedado demostrado que ha sido completamente negativo para el país y para la mayoría de los mexicanos.

El trasfondo del problema en curso relativo a los aranceles, o imposición unilateral de impuestos, es la profunda dependencia histórico-estructural de México —como país subdesarrollado— de Estados Unidos, país capitalista imperialista central, y de la que nada, o casi nada, se habla en la prensa especializada, entre la intelectualidad de izquierda y derecha y, aún, en los altos círculos gubernamentales.

¿Qué significa lo anterior? Que el ciclo histórico de producción y reproducción del capital (en México) depende del ciclo económico y, hasta cierto punto político, del capitalismo norteamericano en crisis y decadencia secular. Es así como casi el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia ese país, mientras un porcentaje similar corresponde a sus importaciones. De esta forma en 2018, el valor total de las exportaciones de México sumó 450.320 millones de dólares, mientras que en 2017 esa cifra fue de 409.849 millones de dólares (cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).

En 2018, México exportó a Estados Unidos un valor total de 346.500 millones de dólares, mientras que las exportaciones norteamericanas a México alcanzaron 265.000 millones de dólares. De lo anterior resulta la alta dependencia de México, ya que del total exportado, el 77% correspondió a Estados Unidos. Los principales productos-mercancías vendidos a este país fueron: vehículos con motor de émbolo, de cilindrada mayor a 1.500 centímetros cúbicos pero menor a 3.000 centímetros cúbicos; unidades de proceso (unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida); vehículos con peso mayor a 2.721 kilogramos, pero menor de 4.536 kilogramos; televisores, incluyendo receptor de radiodifusión, de grabación, de reproducción de sonido o de imagen; videomonitores y videoproyectores de pantalla plana; aparatos de recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluyendo los de conmutación y enrutamiento. Información más reciente revela que entre enero-abril de 2019 las ventas a Estados Unidos sumaron 117.011 millones de dólares, un incremento, respecto al mismo período del año anterior, de 6.4% (Reforma, 06 de junio de 2019).

Según información oficial, las ramas de la economía mexicana que registran los mayores volúmenes de exportación a Estados Unidos, a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, son: los vehículos motorizados (19%), partes de vehículos motorizados (14%), los equipos de computación (8%), el petróleo y gas (4%) y los equipos eléctricos (3%).

Es importante subrayar que estás ramas están fuertemente penetradas y monopolizadas por las grandes empresas trasnacionales, principalmente norteamericanas, que operan en la llamada industria maquiladora de exportación (IME) que acusa bajísimos niveles de vinculación con el conjunto de las ramas y cadenas productivas del país no superando el 5%, cuestión que demuestra que el proceso se realiza en función y beneficio de la acumulación y reproducción del capital de Estados Unidos. Sin que este “modelo” sea cuestionado, ni por el gobierno mexicano ni por el de Estados Unidos, estos han iniciado conversaciones encaminadas a alcanzar algún acuerdo que pueda “resolver” el complejo y candente asunto migratorio exacerbado en los últimos meses.

Muy poco excedente queda, pues, para dirigirlo a otros mercados cuya diversificación es prácticamente inexistente en México, a diferencia de lo que sucede en otros países y mercados que son más diversificados, como el de Brasil o Chile que, ante contingencias desfavorables, poseen mayor capacidad para contrarrestarlas en mucho mayor magnitud que México, que como dijimos su “destino” está hasta ahora completamente subordinado al del imperialismo norteamericano en su modalidad Estados Unidos puesto que se trata de un sistema mundial, al decir de los clásicos del marxismo como Lenin o Bujarin, donde comparecen otros imperialismos de estatura menor como el alemán, el británico, el francés o el japonés.

Por tanto, priva en la economía capitalista mexicana dependiente, un patrón de producción y reproducción especializado en las exportaciones de manufacturas mediante la actividad maquiladora, fuertemente controlado por el gran capital internacional y sus empresas transnacionales, particularmente norteamericanas.

Lo anterior hace extremadamente vulnerable al gobierno mexicano cuyo presidente ha optado en primera instancia por el “diálogo” y la “negociación” en un entorno donde tanto las fuerzas de la derecha mexicana, como las calificadoras internacionales lo presionan para que desista del impulso de algunas medidas de corte desarrollistas y reasuma el sendero neoliberal a ultranza adoptado por las anteriores administraciones. Al respecto basta con señalar que las calificadoras Moody’s y Fitch —verdaderos instrumentos de presión del capital financiero— han degradado la posición crediticia de Mexico a causa del aumento de la deuda de PEMEX y de la presunta “inestabilidad” que generan las decisiones económicas del presidente López Obrador que “desalientan la inversión” y ponen en “riesgo” el potencial crediticio de México. No bastando lo anterior se incrementan las caravanas provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, para internarse en México rumbo al país del norte que las rechaza. Estos problemas evidentemente los aprovechan tanto el gobierno norteamericano como los organismos financieros y monetarios internacionales (FMI, BM) para “recomendar” la adopción e imposición de las mal llamadas “reformas estructurales” —léase privatización, apertura indiscriminada de la economía, finanzas públicas sanas, recortes presupuestarios, control de la inflación, bajos salarios y privatización de las pensiones, etcétera— para volver a la senda del “crecimiento” y del “progreso” a partir de la confianza que garantice el flujo de las inversiones privadas (nacionales e internacionales) “generadoras” de empleo, ingresos y bienestar social.

Evidentemente que el problema no se va a solucionar ni en el corto ni en el mediano plazos, como pretende y reclama el presidente Trump en el marco de sus intereses geoestratégicos imperialistas guiados por el impulso de la genocida construcción del muro de la ignominia entre las fronteras de ambos países. Yendo incluso más allá de la miopía del magnate, alumbrada sólo por su obsesión de imponer a sangre y fuego el poder imperialista en todo el planeta, el presidente mexicano, López Obrador, ha reiterado que en el problema migratorio se requiere ir, según él, a la raíz del problema que radica, justamente, en los temas de la pobreza, de la falta de empleo y en la ausencia de factores de retención socio-económica y política de las poblaciones de los países expulsores constituidos por el llamado triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) donde la mayoría de los migrantes son oriundos del primer país gobernado por una dictadura represiva consentida y tutelada por Washington al igual que lo hace con los gobiernos conservadores de derecha afines como el de Colombia, Brasil o Argentina que sirven a sus intereses estratégicos.

Sin embargo, ambos presidentes pasan por alto que el problema-raíz, el eje nuclear y la idea fuerza de la reproducción del incremento de las migraciones e inmigraciones radica en esos países atrasados, subdesarrollados y dependientes cuyas oligarquías —sobre todo en Honduras y Guatemala— se mantienen en el poder mediante la represión y el apoyo incondicional de Estados Unidos que más bien, para este, significan, no naciones-Estado, sino espacios-territorio para apropiarse de sus recursos naturales y asentar sus bases militares con proyección regional y continental.

Tendrían que pasar décadas para que esos países pudieran solventar y resolver internamente sus problemas estructurales y, así, dar los pasos necesarios para abordar el complejo y masivo problema de la migración, lo que implica superar completamente el capitalismo y, más aún el dependiente, y al mismo tiempo construir nuevos modos de producción, de vida y de trabajo en el entorno de nuevas formaciones económico-sociales y culturales no capitalistas.

Obviamente que el gobierno norteamericano de ninguna manera pretende solucionar el tema migratorio, ni en América latina y en otras partes del mundo; sino utilizarlo para presionar al gobierno mexicano para que éste asuma, tarde o temprano, las políticas y estrategias del imperialismo en temas sensibles como migración, la “crisis” de Venezuela y la “remoción” de Maduro, la moderación o eliminación de las “políticas populistas” y su reorientación y sustitución neoliberal, la Iniciativa Mérida y la prevalencia de la hegemonía de las inversiones norteamericanas en los sectores estratégicos del país. Todo ello en el marco de su lucha por mantener su mermada hegemonía en el marco de los estados y de las relaciones internacionales

Evidentemente que el capitalismo, por su propia naturaleza, tanto en Estados Unidos como en México, nunca va a resolver —“de raíz”— ninguno de los problemas de las mayorías y, en particular, de las migraciones que en el enfoque empresarial-capitalista sólo constituyen flujos de fuerza de trabajo barata y supernumeraria para nutrir y satisfacer la demanda de los mercados de trabajo de Norteamérica, incluyendo a Canadá. No en balde se calcula que en la actualidad existen en el mundo alrededor de 174 millones de trabajadores migrantes en todos los continentes que representan el 7,4% de un total de 2.351 millones de trabajadores en todo el planeta.

El tema migratorio, por consiguiente, si se quiere entender en su integridad tiene que asumirse en una visión total que implica contemplar, dentro del entorno de la crisis y de la decadencia secular del capitalismo histórico, las relaciones y contradicciones que lo configuran como una necesidad del capital para intentar resolver no solamente su crisis de acumulación, sino fundamentalmente la profunda caída de las tasas de ganancia y de rentabilidad determinadas esencialmente por su cada vez mayor imposibilidad de generar los quantums de valor y de plusvalía que sólo produce la fuerza de trabajo y que constituyen la base de aquéllas.

*Adrián Sotelo Valencia. Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM, México.

31.5.19

AMLO, la deuda pública y el imperialismo financiero

John Freddy Gómez y Camila Andrea Galindo
CADTM 

Este 1 de junio se cumplen los primeros 6 meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador – de aquí en adelante AMLO- como presidente de México, en los cuales ha trasegado un sin numero de controversias desde las distintas fracciones económicas, sociales y políticas adversas a sus ideales y políticas públicas con diferentes reveses en proyectos de envergadura nacional y con un gran despliegue desde los grandes medios masivos de comunicación a favor de la deslegitimación del actual gobierno


En este contexto observaremos en primer lugar, sus promesas de gobierno y haremos un balance sobre estas; y, en segundo lugar, abordaremos el proyecto económico del actual gobierno y nos enfocaremos en el problema de la deuda pública mexicana.

1. Políticas gubernamentales: flujos y reflujos del poder en México

Según los lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación 2018-2024 de MORENA -plataforma política del actual presidente-, se plantearon alrededor de 50 proyectos estructurales con el fin de transformar al país de un feudo de políticos y empresarios que manejan el destino del pueblo mexicano a su interés individual y de clase, hacia la construcción democrática y horizontal por parte del pueblo mexicano. (MORENA, 2016)

El proyecto de AMLO, aunque ambicioso para un país secuestrado por las mafias más esbirras en los últimos decenios, muestra limites en la construcción de una alternativa viable en tanto que las políticas expuestas señalan la recuperación de la institucionalidad por parte del pueblo, pero no evidencia y ataca el poder fundamental de este secuestro del Estado mexicano, que son las relaciones socioeconómicas que se tejen tanto en lo micro como en lo macro y que diseñan una sociedad basada en el austeritarismo -austeridad fiscal y autoritarismo- acompañada por la transferencia de valor y la configuración de una economía que se fundamenta en la subordinación al mercado internacional claramente subsumido por los intereses metropolitanos.

Y aunque esto suene pesimista, las alamedas democráticas se abren paso a paso y las construcciones alternativas deben recorrer los distintos procesos sin saltar ningún escollo ni tramo. Las construcciones alternativas deben pensar en la unificación de las necesidades básicas como son las expuestas por la plataforma MORENA encabezada por AMLO; sin embargo, se debe tener la claridad de los limites mismos de estas propuestas y como la contra ofensiva desde el capital a tales pequeñas reformas deben ser reforzadas y protegidas por el despliegue de propuestas cada vez mas estructurales, las que ataquen directamente el problema fundamental de nuestros países de carácter periférico, austeritario, reprimarizado y excluyente.

Es así como, nos encontramos con propuestas que, aunque bien intencionadas y de una necesidad imperante, no logran subvertir los poderes enquistados en la sociedad mexicana y que a la larga puede beneficiar a esta clase. Un ejemplo de ello es el hecho de mantener una política de cero endeudamiento acompañada por una baja inflación , donde la manutención de la baja inflación como ortodoxia es meramente la necesidad del capital financiero internacional a mantener una tasa de rentabilidad alta donde a menor tasa de inflación mayor rentabilidad dada la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación. (López Bolaños, 2019)

En este mismo sentido, otro punto discutible es la manutención de la autonomía del Banco Central mexicano, donde este no tiene el papel de agente dinamizador de la economía con las distintas políticas de apalancamiento y fomento, sino que responde a una tecnocracia pretendidamente apolítica y que en suma, no es más que la representación de la ideología neoliberal y de sus interés, que representa fielmente las políticas austeritarias donde se pretende la austeridad como fin y el autoritarismo de una cierta tecnocracia alba y neutral que configura el devenir económico del país a espaldas del mismo.

Por lo tanto, la democratización de la política debe pasar por la democratización del diseño económico y la subordinación del Banco Central mexicano al interés del desarrollo de la economía como fuente de justicia y dignidad del pueblo. Pero esto no es fácil y el transito debe partir de la concientización de las y los mexicanos de decidir el rumbo de su destino como individuo y como nación y develar los complejos e invisibles encadenamientos del neoliberalismo en nuestros países.

La madeja se desenreda por las partes más visibles, como la democratización política, pero se debe llegar al centro de la misma, la democratización de la economía, para poder trasgredir las instituciones estructuradas por el sistema neoliberal y responder a los verdaderos intereses de una sociedad sumida en procesos totalmente denigrantes y violentada de distintas formas.

Como manifiesta Ruy Mauro Marini: “en América Latina, hablar de democracia implica, como supuesto necesario, plantear el tema de su capacidad para autodeterminarse, es decir, de fijarse sus metas en libertad, atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos. Es, pues, evocar el tema de la dependencia en que se encuentra la región en el plano del capitalismo internacional, y conduce, por ello mismo, a entender la lucha por la democracia en tanto que lucha de liberación nacional” (Ruy Mauro , 2007, pág. 2)

2. La deuda pública en el gobierno de AMLO

El gobierno de AMLO recibe un país destrozado por la violencia física en tanto que las mafias y narcotraficantes controlan gran parte del territorio nacional de echo o de facto y sumerge a la sociedad a sus más viles intensiones; y, también recibe un país en una alta convulsión económica, bajo la fase de realización, concentración y acumulación del capital financiero internacional liderado por la Reserva Federal de Estados Unidos a partir del año 2014. (Gómez & Galindo, 2018)

AMLO se encuentra con un endeudamiento público neto de 10,73 billones de pesos mexicanos al día de su posesión. Endeudamiento que en los últimos 11 años ha pasado de 2,67 a 10,73 billones con un crecimiento alrededor del 300%. Una tasa de deuda externa que pasó en el mismo periodo de 61.600 a 199.759 millones de dólares con un crecimiento del 224%; y con una tasa de cambio que pasó de 13,773 a 20,168 pesos por dólar con una tasa de devaluación aproximada del 46%. Evidenciando el deteriorado panorama de la economía mexicana. (Galindo & Gómez John, 2018; Secretaria de Hacienda y Crédito público, 2018)

Anudado esto a los pronósticos de desaceleración del Producto Interno Bruto para el año 2019 que se encontraban en 2% y fue reducido en los últimos días a 1,6% derivado de: 1) la migración del triangulo norte de Centro América; 2) las políticas unilaterales de Donald Trump afectando la estabilidad de la economía; y, 3) la inestabilidad de los precios de los commodities , entre otros factores del contexto de desaceleración global y de concentración de capital desde Estados Unidos.

Si bien uno de los estandartes de la política de AMLO es la cero emisión de deuda pública o el control de este, se observa un aumento de 10,731 a 10,846 billones de pesos, de noviembre de 2018 a marzo de 2019, un crecimiento de aproximadamente 115 mil millones de pesos mexicanos, aproximadamente 20 mil millones por mes.

“Durante los dos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda del sector público creció a un ritmo de 1.147,2 millones de pesos diarios, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda” (infobae, 2019)

Sin embargo, este incremento de la deuda bruta no demuestra una política dirigida al endeudamiento cíclico por parte del gobierno de AMLO, es resultado de las dinámicas inerciales de la deuda pública, donde esta se mantiene en la franja del 45% con relación al PIB.

Este bajo o nulo incremento de la deuda pública en los primeros 6 meses del gobierno se acompasa por la puesta en marcha de la presión de las calificadoras de riesgo que han sancionado al gobierno con la reducción de la calificación crediticia, ocasionando el encarecimiento de la deuda en el mercado y la eventual fuga de capitales, escenario donde las calificadoras hacen de juez y parte en el mercado de la deuda pública denotando la siniestra dinámica de la mundialización financiera.

“(…) la calificadora Standard and Poor’s (S&P) cambió de «estable» a «negativa» la calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano, como lo hizo también con Pemex y la CFE” (infobae, 2019)

Los agentes de la dictadura de la mundialización financiera, como son las calificadoras de riesgo, ya han dado pasos al estrangulamiento del gobierno de AMLO, o al menos, han puesto en marcha la amenaza de asfixia económica al actual proyecto político, como lo han hecho con innumerables países en particular en la República Bolivariana de Venezuela.

3. Conclusión

Es menester prepararse ante el recrudecimiento de estos agentes, con políticas que den cara a las eventuales practicas sombrías, como es la puesta en marcha, de inmediato con la participación activa y decisoria del pueblo mexicano, y con la visión puesta a la soberanía nacional y justicia social y ambiental de una auditoría integral de la deuda pública para saber dónde, por qué, para qué y quién se benefició de ese aumento indiscriminado e insostenible de la deuda pública en por lo menos los últimos 11 años en México., con el fin de evidenciar y socializar las practicas onerosas de este imperialismo financiero y contraponer a la dictadura de la mundialización financiera con la democracia del pueblo, en donde se practique tanto la participación en política como en la economía y se diseñe un rumbo que beneficie a todas y todos los mexicanos.

Bibliografía

Galindo , C., & Gómez John. (15 de Abril de 2018). La Deuda Pública en México y su papel en la construccion de un Estado autoritario al servicio del capital. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-Deuda-Publica-en-Mexico-y-su

Gómez, J., & Galindo, C. (11 de Noviembre de 2018). América Latina en el laberinto de la deuda. Obtenido de Alainet: https://www.alainet.org/es/articulo/196484

infobae. (5 de Marzo de 2019). Aumentó deuda pública y gasto en inversión en los dos primeros meses de gobierno de López Obrador. Obtenido de infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2019/03/05/aumento-deuda-publica-y-gasto-en-inversion-en-los-dos-primeros-meses-de-gobierno-de-lopez-obrador/

López Bolaños, A. (2019). Banco cental autónomo y metas de inflacion atadura de manos al nuevo gobierno de México. Grupo de Trabajo CLACSO: Crisis y ecoonomía mundial #27, 10-11.
MORENA. (20 de Noviembre de 2016). LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN 2018-2024. Obtenido de MORENA: https://morena.si/lineamientos

Ruy Mauro , M. (25 de Octubre de 2007). La lucha por la democracia en América Latina. Obtenido de CLACSO: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/cuadernos/marini/marini.pdf

Secretaria de Hacienda y Crédito público. (28 de Diciembre de 2018). Información de finanzas públicas y deuda pública enero-noviembre de 2018. Obtenido de Secretaria de Hacienda y Crédito público: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso

17.5.19

La dominación imperialista en Latinoamérica y Europa: notas para una discusión

Atilio A. Boron

La desorbitada beligerancia del imperio

Una pregunta que no dejan de hacerse víctimas y testigos de la creciente agresividad del imperialismo refiere a la inexistencia, o en todo caso debilidad, de las fuerzas y actores internacionales que deberían impedir o por lo menos tratar de limitar los alcances de la intensificación de la ofensiva lanzada contra Venezuela, Cuba y Nicaragua por parte de la Administración Trump.1

La historia de los imperios demuestra sobradamente que en su fase de declinación éstos se tornan más violentos y sanguinarios, y que sus líderes tienden a ser más toscos y brutales. No sólo sus líderes, como lo demuestra con claridad Donald Trump. También su entorno de asesores y consejeros refleja similar involución, llegando a constituir algo semejante a lo que Harold Laski, refiriéndose a los dirigentes del fascismo europeo, denominaba “elites de forajidos”. 2 No hace falta remitirse al profeta Moisés y las Tablas de la Leypara concluir que torvos personajes como John Bolton, Elliot Abrams, Mike Pompeo, Juan Cruz, Marco Rubio y la directora de la CIA, Gina Haspel, son una pandilla de hampones que sólo como producto de la acelerada descomposición moral y política del imperio trasiegan por las oficinas de la Casa Blanca cuando el sitio apropiado para sus afanes debería ser una cárcel de máxima seguridad en el desierto de Nevada. No hay entre ellos un solo estadista o un intelectual capaz de ofrecer una visión realista y sofisticada de la realidad contemporánea. Ninguno resistiría diez minutos de debate con Vladimir Putin o Serguéi Lavrov, eventualmente con Xi Jiping, porque serían intelectualmente destrozados de manera fulminante.

¿Hampones? Sí, pero también algo más. En una entrevista relativamente reciente Madelein Albright sentenció que “un fascista es un matón con ejército”, definición que calza como anillo al dedo para definir a la actual dirigencia estadounidense.3 Son fascistas que dirigen un ejército de alcance planetario. No sorprende que el diagnóstico sobre la situación internacional de estos personajes sea de un espeluznante simplismo, a la Hollywood. Están los buenos y los malos, los primeros son ellos, los estadounidenses, y los demás, los malos que se subdividen en dos tipos. Una tropa de cobardes poco dispuestos a pagar por su defensa (como los europeos, según el círculo áulico de Trump) y un enorme conglomerado de holgazanes, ladrones, narcotraficantes, asesinos y violadores que seríamos todos los restantes habitantes del planeta. Este desaforado maniqueísmo lo expresó de manera rotunda otra eminente mediocridad que ocupó la Oficina Oval de la Casa Blanca: George W. Bush quien, al lanzar su campaña “antiterrorista” después del 11-S advirtió a los pueblos del mundo que “quien no esté con nosotros estará contra nosotros”. Con nosotros, los buenos, o los malos redimidos; contra nosotros, y ateniéndose a las consecuencias, todos los demás.

Por consiguiente, la actual escalada belicista instrumentada mediante la aplicación de todos los capítulos de la Ley Helms-Burton en contra de Cuba y un torrente de sanciones económicas en contra de Venezuela, Nicaragua y, allende del Atlántico, Rusia y Corea del Norte, es expresión de la tambaleante situación que atraviesa el imperio americano, cuyos más lúcidos analistas y estrategas coinciden en señalar que los días del apogeo imperial ya quedaron definitivamente atrás. De ahí que Trump y sus secuaces hayan arrojado por la borda las sutilezas y los delicados pasos de minué propios del juego diplomático (ejemplificado al reducir el presupuesto y funciones del Departamento de Estado y designar a un “hombre de acción” como Mike Pompeo como su Secretario) y exaltado el papel de la coerción y la violencia como instrumentos para reconstruir aquel orden mundial con que muchos se ilusionaron: el “nuevo siglo americano”, infantil espejismo con que se entretuvieron muchos académicos y analistas tras el derrumbe de la Unión Soviética pensando que este siglo veintiuno sería el del predominio absoluto e incontestable de Estados Unidos. Se equivocaron de medio a medio, y a la inicial frustración derivada del incumplimiento de tan rosados designios siguió una apuesta tan tenebrosa como temeraria por la violencia.

Una vieja obsesión y la guerra de quinta generación

Sería injusto decir que todo esto sobreviene, como un rayo en un día sereno, de la mano de Trump. Tiene orígenes lejanos. Como lo hemos demostrado en nuestro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo 4 la opción guerrerista estaba ya firmemente instalada en los planes de la Administración Clinton y Madelein Albright fue una de sus más elocuentes voceras cuando advertía a propios y ajenos que para Washington la opción por el multilateralismo sería respetada “cuando fuera posible”; en caso contrario “el unilateralismo seguiría siendo necesario”. Traducción: negociación diplomática multilateral en el marco de la ONU en la medida que sea posible -y conveniente- para los intereses de EEUU; si esto no funciona el músculo militar deberá aplicarse cada vez que sea necesario. No podemos olvidar que fue el presidente Barack Obama quien en el 2015 abrió las puertas a la violencia desatada por Trump contra Venezuela cuando emitió una infame orden ejecutiva declarando que la situación del país sudamericano obligaba a la Casa Blanca a declarar una “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que la patria de Bolívar y Chávez representaba para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.5

El razonamiento anterior permite comprender las razones por las que ante el evidente fracaso diplomático de EEUU para lograr un consenso a favor de su criminal bloqueo a Cuba –repudiado masivamente año tras año en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas- o de hacer que la “comunidad internacional” se encuadre tras las directivas golpistas de Washington para designar a un fantoche impresentable como “presidente encargado” de Venezuela la respuesta del gobierno estadounidense haya sido recurrir a las nuevas armas de la guerra, esas que constituyen lo que algunos analistas denominan como “guerra de quinta generación.” Ya de poco o nada sirven los tratados de control de armas de la época de la Guerra Fría porque hoy las guerras se libran cada vez con mayor frecuencia con artefactos distintos de los convencionales: ataques informáticos, pulsos electromagnéticos teledirigidos, propaganda, terrorismo mediático, sanciones económicas, presiones diplomáticas, nanotecnología y robótica aplicadas al campo militar. No es que las armas tradicionales hayan caído en desuso sino que las tareas de “ablande” de la resistencia ante el agresor imperialista, que antaño realizaban los bombardeos y los ataques convencionales con helicópteros artillados o misiles lanzados desde navíos de guerra, hoy esas tareas se llevan a cabo apelando a una propaganda que sataniza al enemigo, promueve el caos y la desintegración social a la vez que lanza formidables agresiones económicas (bloqueos comerciales, confiscaciones de activos, amenazas a proveedores de insumos básicos o compradores de lo producido por una economía, etcétera)y ataques informáticos a centros neurálgicos de un país -una usina hidroeléctrica, por ejemplo- como lo demuestra el caso de Venezuela en estos días. Nuevas armas para un nuevo tipo de guerra que sin disparar un solo tiro pueden ocasionar inmensos daños a la infraestructura de un país al privarlo de energía eléctrica -y, por ende, de iluminación, agua, gasolina, transporte, internet, etcétera -y causar enormes sufrimientos a su población. En el caso del país bolivariano la apuesta del imperio es que ante tamañas penurias y sufrimientos se produzca un incontenible levantamiento popular que ponga fin a la revolución bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro. Fracasaron, y seguirán fracasando porque subestiman la capacidad de resistencia de venezolanas y venezolanos; y porque los ataques de Estados Unidos han consolidado aún más la vocación antiimperialista del pueblo venezolano al paso que la oposición –por su cipayismo, su falta de patriotismo, su desprecio por la historia nacional y por la autodeterminación popular- ha quedado reducida a casi nada. Carente por completo de capacidad de liderazgo. Guaidó se desdibuja como una figura fantasmal en acelerado proceso de evaporación, sostenido a duras penas por la canalla mediática y los gobiernos tributarios de la Casa Blanca que se desviven por satisfacer las órdenes del nuevo Calígula, el más monstruoso de los emperadores romanos según el historiador Suetonio.6

La agresión económica, hoy perfeccionada como un puntal del nuevo tipo de guerra, ya fue ensayada sin éxito con Cuba desde hace más de sesenta años. En un memorando elocuentemente titulado (con una enorme dosis de wishful thinking) “La declinación y caída de Castro”, fechado el 6 de Abril de 1960 y dirigido al Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Roy R. Rubottom Jr.se reconocía que la mayoría de los cubanos apoyaban al gobierno revolucionario y que, como hoy en Venezuela, no existía oposición efectiva, ante lo cual lo se concluía que el “único medio previsible para alienar el apoyo interno a Castro era el desencanto y la desafección basados en la insatisfacción y las penurias económicas.” Era responsabilidad de Washington, por lo tanto, desatar toda clase de iniciativas tendientes a producir, precisamente, los sufrimientos y privaciones que encenderían la chispa de la rebelión.7

La incentivación de este tipo de conducta es lo que, con las renovadas presiones económicas y financieras, está en los planes actuales de Washington en relación no sólo a Venezuela sino también Cuba y Nicaragua. Al principio de esta nota nos preguntábamos por la ausencia, o a la menos notoria debilidad, de fuerzas compensatorias en el marco internacional que pudieran atenuar, cuando no neutralizar, los letales efectos de la brutal contraofensiva norteamericana encaminada a recuperar el control absoluto de Nuestra América. Es indiscutible que en el emergente mundo policéntrico o multipolar estas fuerzas compensatorias existen y, hasta ahora, han tenido una cierta eficacia en impedir que Estados Unidos apelara, como lo hiciera rutinariamente a lo largo de todo el siglo veinte, a la “opción militar”, que al decir de los personeros de Washington “está siempre sobre la mesa.” Basta con recordar lo ocurrido en Santo Domingo en 1965, Granada en 1983 y Panamá en 1989 para constatar lo mucho que ha cambiado el mundo y la declinante capacidad de Estados Unidos para apelar unilateralmente a la intervención militar para deshacerse de gobiernos desobedientes. Hoy es muy poco probable que lo vuelva a intentar, y esto es de por sí una gran noticia. Claro que si esa alternativa parece descartada se debe menos a los escrúpulos morales de la dirigencia norteamericana que a los límites que impone una correlación internacional de fuerzas en donde países como Rusia y China se han manifestado, de modo rotundo, en contra de la misma con declaraciones de una inusual dureza. Pero la neutralización de una guerra económica, o de una pertinaz propaganda satanizadora de gobiernos revolucionarios, o del terrorismo mediático para ni hablar de los ataques informáticos es algo mucho más difícil de concretar.

Europa y el imperialismo norteamericano

Lo anterior obedece, en buena medida, a la lamentable deserción de los gobiernos europeos de sus responsabilidades en el mantenimiento del orden y la legalidad internacionales. Un efectivo contrapeso a las sanciones económicas arbitrariamente impuestas por Washington a los países que, en su parecer, representan una amenaza a la paz mundial o a la seguridad nacional de Estados Unidos sólo puede ser interpuesto por gobiernos que cuenten con una cierta gravitación internacional. No es algo que esté al alcance de la enorme mayoría de los países de la periferia mundial del capitalismo, carentes de los recursos económicos, intelectuales y tecnológicos para neutralizar los dispositivos de la guerra de quinta generación que ha lanzado Estados Unidos. Pero sí es algo que las viejas potencias coloniales pueden hacer y desgraciadamente no hacen. Países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Holanda y Bélgica, amén de algunos otros, podrían rechazar de plano la antidemocrática e ilegal “extraterritorialidad” de las leyes dictadas por el Congreso de Estados Unidos, y sin embargo no lo hacen. Al contrario, aceptan sin chistar este humillante avasallamiento de la soberanía nacional. Las leyes de los países europeos carecen de aplicación en Estados Unidos, pero las de éste se imponen, como corresponde a un imperio, en casi todo el mundo. Un ejemplo extremo, pero no por ello único, es lo ocurrido con el principal banco de Francia, el BNP Paribas que en Junio de 2014 fue condenado a pagar una multa de 8.834 millones de dólares (unos 6.450 millones de euros) por desobedecer las sanciones económicas impuestas contra Sudán, Irán y Cuba. No sólo eso: por órdenes del Departamento del Tesoro de EEUU el BNP Paribas tuvo también que despedir a 13 funcionarios involucrados en esas operaciones y al jefe de operaciones internacionales del banco. Y ante tamaño atropello las autoridades francesas no tuvieron las agallas para rechazar de plano la insolente injerencia estadounidense en su propio país limitándose a refunfuñar que aquella decisión “no era razonable” (el canciller Laurent Fabius dixit); o que le parecía “desproporcionada” (el presidente François Hollande) mientras el General Charles de Gaulle se revolvía asqueado en su tumba. 8

Lo antes dicho confirma que la apuesta de la Casa Blanca para construir un imperio mundial encuentra en la casi totalidad de los gobiernos europeos vasallos dispuestos a convalidar dicha pretensión, convencidos, en su estúpida ingenuidad, que en algún momento podrán recoger las migajas de esa aventura y ser copartícipes en un ilusorio “condominio imperial”. La realidad es muy diferente y lo que queda en evidencia es que esos países se encuentran sometidos a una relación de subordinación tan asfixiante como la que caracteriza a las naciones de América Latina y el Caribe.

Tres dimensiones de la autonomía nacional-estatal

¿Europa sometida, al igual que Latinoamérica, a la dominación imperialista? Algunos podrán fruncir el ceño ante semejante afirmación. Pero si examinamos detalladamente el asunto veremos que no hay exageración alguna. Un examen sobrio de la relación entre el imperialismo norteamericano y los países europeos revela que éstos se encuentran sometidos a aquél con lazos tan asfixiantes como los que encontramos en Latinoamérica. En las tres dimensiones críticas de la actividad gubernamental: la gestión de la economía, la defensa y la política exterior la sumisión de los países de la Unión Europea a las directivas emanadas de la Casa Blanca es inocultable. En efecto, basta con recordar que ningún presupuesto de los países que pertenecen a la UE puede ser sometido al parlamento sin contar primero con el visto bueno del Banco Central Europeo. La firma de su presidente -Mario Draghi, italiano, ex director ejecutivo nada menos que de Goldman Sachs en Europa y del Banco Mundial- es la que establece cuánto se puede gastar, cómo y de qué modos financiar el gasto público. A los devaluados “representantes del pueblo”, democráticamente electos, les resta la ingrata tarea de adecuar sus promesas electorales a las duras realidades impuestas por el capital financiero global a través del BCE. Va de suyo que éste funciona en línea con el FMI y desempeña, en el ámbito europeo, las mismas funciones que la institución basada en Washington realiza en Latinoamérica. A lo anterior hay que agregar otro dato muy significativo: la mayoría de los países de la Unión Europea pertenecen también a la Zona Euro lo cual, en la práctica significa que sus gobiernos no disponen de un instrumento fundamental de gobernanza macroeconómica: la política monetaria, que permite a un país establecer un tipo de cambio, administrar la tasa de interés y devaluar o sobrevaluar su moneda en función de las cambiantes realidades de los mercados mundiales y del comercio internacional. La dictadura del Euro responde en realidad a las necesidades de la economía alemana (y en muchísimo menor medida a las economías más débiles de Europa), estando aquella íntimamente articulada con el capital financiero internacional que encuentra su expresión institucional en el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y su expresión informal, pero de enorme gravitación, en Wall Street y en menor medida en la City londinense. Por consiguiente, la autonomía nacional en una materia tan sensitiva como la política monetaria es igual a cero en los países integrados a la Zona Euro, lo que refuerza su subordinación y su dependencia de los Estados Unidos. 9 Tomando en cuenta todas estas consideraciones la soberanía popular definitoria de la democracia en temas como el presupuesto -la “ley de leyes”, como suele decirse- queda al igual que en los países del Sur global reducida a un mero simulacro. La infortunada experiencia de Grecia en donde la voluntad popular expresada en las urnas fue desestimada por la troika que maneja la economía de la UE -el BCE, la Comisión Europea y Alemania a través de la Canciller Ángela Merkel- es un triste recordatorio de la subordinación de la democracia a los imperativos del capital financiero y los mercados.

¿Qué decir de las políticas de defensa? Si en materia económica la dictadura del BCE es humillante no lo es menos a la hora de hablar de la defensa “nacional”. Esta sólo existe en los papeles y en las encendidas declaraciones oficiales porque esta política -la que establece una hipótesis de conflicto, define quién es el enemigo y como defenderse de él o la forma de atacarlo- la decide la OTAN y no los gobiernos europeos. Sus ministerios de defensa son museos en donde se exhiben uniformes militares y armas del pasado pero sin que allí se tome decisión alguna acerca de cómo defender la soberanía nacional y la integridad territorial. No sorprende, porque hace ya bastante tiempo que los gobernantes europeos han arrojado por la borda cualquier pretensión de sostener la una y la otra, consideradas como molestas antiguallas en la era de la globalización en donde, según se dice, los estados nacionales son reliquias reducidas a una vida apenas espectral.

Y el nervio y el corazón de la OTAN, tal como lo reafirman continuamente los expertos, no es otro que el Pentágono. 10 De ahí se deduce que los enemigos de los europeos no pueden ser otros que los rivales de Estados Unidos. Esto no es una novedad de los últimos años sino una realidad con una historia de casi tres cuartos de siglo que se desprende de la Segunda Guerra Mundial, el orden bipolar instaurado a partir de su finalización y el desarrollo de la alianza atlántica anti-soviética cristalizada en el Plan Marshall y la creación de la OTAN. Y las guerras que se libren tendrán lugar, apropiadamente, en territorio europeo (recordar la ex Yugoslavia) o en sus cercanías (Cercano Oriente), y serán los europeos quienes tendrán que recibir a los millones de refugiados, como ha venido ocurriendo luego de los ataques a Siria, a Afganistán, a Libia, a Irak, mientras que ninguno de ellos se arriesgaría a atravesar en una patera o un bote de goma el Atlántico Norte para llegar a la Ellis Island y ser recibidos por la Estatua de la Libertad. Influjo descontrolado de refugiados que, sabemos, suele alimentar las reacciones más racistas y xenofóbicas en amplios sectores de la población y proyectar a primer plano a fuerzas de la derecha radical antaño reducidas a expresiones marginales en la vida política europea. En suma: en este terreno la subordinación de los países europeos a las prioridades militares y de defensa de Washington no sólo no es menor que la que tienen los países latinoamericanos (con algunas conocidas excepciones) sino mucho mayor, dado que Europa y la cuenca del Mediterráneo son el escenario principal de la confrontación geopolítica global. Los enemigos de Estados Unidos se convierten, automáticamente y en contra del interés nacional y de seguridad de los europeos, en los enemigos de Europa.

Tercero, la política exterior. Un país independiente debe definirla en función de sus intereses nacionales. El imperio es muy claro en este tema: John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos sentenció que “Estados Unidos no tiene amistades permanentes sino intereses permanentes.” Y éstos no pueden ser otros que consolidar y expandir hasta donde sea posible los confines del imperio, batallar en contra de sus adversarios y enemigos y unificar la tropa de sus amigos y aliados. Pero como los gobiernos europeos han abdicado de toda pretensión de afianzar su autodeterminación y dado que desde la época de la Guerra Fría y el Plan Marshall optaron por asumir como propios los dictados de la política exterior de Estados Unidos en su competencia con la Unión Soviética y como, luego de desintegrada ésta, se entregaron a la estrategia de Washington que definió a Rusia como el rival a vencer (¡y posteriormente a China!) las capitales europeas se plegaron a las posturas más reaccionarias de la Casa Blanca en América Latina y el Caribe. Acompañaron durante más de medio siglo el criminal bloqueo contra Cuba. Más recientemente, fueron cómplices de la bufonesca maniobra de Juan Guaidó en Venezuela, estruendosamente fracasada. Esto demuestra como gobiernos de países que en su época de esplendor (que ciertamente no es la actual) dieron origen a algunas de las doctrinas y teorías que ensalzaban el estado de derecho, la legalidad internacional y el respeto a la autodeterminación de las naciones cayeron en la más abyecta sumisión al reconocer al autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela ungido como tal por el mandamás de la Casa Blanca. Pocas veces la historia vio un espectáculo tan bochornoso como ese, cuyas consecuencias no serán fácilmente olvidadas. Por consiguiente, los gobiernos europeos renunciaron a elaborar una política exterior propia para una región que es un imperio formidable de bienes comunes y recursos naturales de todo tipo, desde agua a biodiversidad; desde petróleo a gas y energía hidroeléctrica; desde alimentos a minerales estratégicos, y asumen como propia la política exterior de saqueo y pillaje que los gobernantes estadounidenses tienen reservada desde los tiempos de la Doctrina Monroe (1823) para Nuestra América.

Resumiendo: al abstenerse de elaborar una política exterior independiente de Washington –no sólo en relación a América Latina y el Caribe sino en general, en referencia al conjunto de países que conforman la comunidad internacional- los gobiernos europeos actúan en desmedro de sus propios intereses. Si durante el apogeo del poderío soviético y con una Europa absorbida por las tareas de su reconstrucción de posguerra aquella era una opción inescapable, en la situación actual signada por el debilitamiento de la hegemonía estadounidense y la reconfiguración del tablero geopolítico mundial este curso de acción conduce a los pueblos de Europa hacia un peligroso atolladero. Entre otras cosas, aparte del riesgo de un enfrentamiento bélico en las puertas –cuando no al interior mismo- de Europa porque la aplicación integral de la Ley Helms-Burton perjudicará a Cuba y otro tanto a Venezuela y Nicaragua pero también afectará a numerosas empresas europeas –sólo en Cuba más de 200- que verán menoscabados, cuando no arruinados, sus negocios en estos países. Sordas protestas se dejan oír en varias capitales europeas y mismo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini alertó -en un comunicado conjunto también firmado por la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström- a la Casa Blanca que su organización acudiría a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar la decisión de aplicar con todo rigor la ley Helms-Burton y en especial su título III. Para Trump y sus hampones la intensificación de los padecimientos económicos de la población cubana, recomendada en el memorándum de 1960 que citáramos más arriba, es un arma de la guerra de quinta generación que no sólo afectará a la Isla rebelde sino también a los países europeos, que Washington los prefiere debilitados para que corran en busca de la protección que pudiera ofrecerle con sus armas convencionales. Claro que una política de este tipo podría, bajo ciertas condiciones, provocar un cambio en la conciencia de las dirigencias europeas y convencerlas que tienen poco o nada que ganar siendo furgón de cola de un imperio en decadencia y mucho que ganar estableciendo relaciones de respeto mutuo y cooperación con los dos grandes rivales de Estados Unidos, que no son sus rivales sino posibles socios de un proyecto que beneficie a todos por igual. Difícil, porque significa nada menos que revertir los férreos lazos forjados con Estados Unidos en la segunda posguerra. Pero no sería la primera vez en la historia europea en donde alianzas aparentemente inconmovibles son puestas en cuestión o viejos antagonismos dan nacimiento a nuevos acuerdos y coaliciones.

El antiimperialismo y las tareas del momento actual

De lo anterior se desprenden tres tareas urgentes. Primero, lograr un pronunciamiento a escala europea de los movimientos sociales, fuerzas políticos y de ser posible de los gobiernos y organismos regionales europeos en contra de la pretensión de Washington de profundizar la agresión económica en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este sentido la reciente creación del Frente Antiimperialista Internacionalista en el Estado Español es un alentador paso hacia adelante. Deberá también denunciarse el descarado intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de terceros países, ninguno de los cuales es una provincia de Estados Unidos, como lo manifestara en un duro comunicado la cancillería rusa. Y subrayar, además, que la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton no sólo afectaría a los países latinoamericanos sino que haría lo propio con los europeos.

Segundo, concientizar a las poblaciones europeas de que ellas también están sometidas a los rigores de la dominación imperialista, que ésta no sólo se ejerce sobre los países de la periferia, y que, por esa causa, si en su locura Washington decidiera escalar su confrontación con Rusia y China y lanzar un ataque militar contra esas potencias las réplicas que éstas dispongan afectarían gravemente a los países europeos, sedes de innumerables bases militares estadounidenses que se convertirían en blancos inmediatos de la represalia afectando no sólo las instalaciones del Pentágono sino también a las poblaciones aledañas. No existe conciencia de este peligro en Europa, y es urgente e impostergable que este tema sea objeto de un muy informado debate.

Será preciso, además, acometer una tercera tarea porque no basta con la concientización: habrá que movilizar y organizar a las masas populares europeas para poner fin de su sumisión al dominio imperialista. El antiimperialismo es una lucha tan decisiva en Latinoamérica como lo es en Europa y la coordinación internacional de estas luchas es un imperativo categórico de la hora actual. Esto requiere exigir la disolución de OTAN –creada para “contener” a un enemigo, la Unión Soviética, que desapareció hace casi treinta años- y, tras cartón, clausurar las bases militares que Estados Unidos tiene en Europa que solo servirán para atraer la represalia de los países agredidos por el imperio. No es un dato menor para demostrar el sometimiento el imperialismo de los gobiernos europeos recordar el elevado número de bases militares estadounidenses asentadas en Europa, superior en cantidad y calidad a las estacionadas en Latinoamérica y el Caribe. En todos los casos poniendo en gravísimo riesgo a las poblaciones civiles que rodean a las bases, algo que, va de suyo, no despierta la menor preocupación a los estrategas del Pentágono curtidos en centenares de operaciones en donde los “daños colaterales” son cosas de todos los días.

A modo de conclusión: es imprescindible librar una batalla para que los pueblos de Europa tomen conciencia de que están tan sometidos a la dominación imperialista como sus contrapartes allende el Atlántico. Si por los latinoamericanos el imperio manifiesta sin tapujos su desprecio, en su relacionamiento con Europa prevalece un simulado respeto en lo formal que no alcanza para ocultar el vasallaje real que imponen sobre todos sus gobiernos sin excepción. Será necesario crear las condiciones para que los pueblos de Europa puedan romper el pesado velo de la ignorancia, producto de su errónea creencia en la amistad y la admiración que supuestamente les prodiga la clase dominante de Estados Unidos. Falsa conciencia cultivada con esmero por la ideología dominante y sus vehículos de divulgación y que impide que caigan en la cuenta que los principales problemas que hoy afectan a Europa: el crecimiento de la derecha radical; la xenofobia; la ruptura de la integración social; la hegemonía del capital financiero y sus efectos recesivos: el paro, la precarización laboral y la concentración de la riqueza; el incontenible flujo de refugiados por las guerras en Cercano Oriente o emigrados por la crisis económica en África así como el vaciamiento de los procesos democráticos tienen su origen en el imperialismo y las políticas que impone gracias al colaboracionismo de las decadentes burguesías europeas y sus representantes políticos. Concientizarlos también que los pueblos de Europa están en peligro porque si llegara a producirse una escalada en la rivalidad entre Washington con Moscú y Beijing Europa se convertiría ipso facto en el principal teatro de operaciones bélicas y los europeos en rehenes de ambas partes en conflicto, con las catastróficas consecuencias que es fácil de imaginar. A lo anterior hay que añadir la reaparición del terrorismo yihadista como respuesta a la abominable islamofobia del imperio y sus criminales políticas en Cercano Oriente. Batalla de ideas, por supuesto, pero combate organizacional también, porque la correlación de fuerzas existente no se podrá cambiar apelando tan sólo a discursos y argumentos teóricos. Si los pueblos no se organizan y ganan la calle el imperio seguirá perpetrando sus tropelías. Como lo está haciendo ahora en Venezuela, Cuba y Nicaragua y más pronto que tarde también, de nueva cuenta, volverá a hacerlo en Europa. Sólo una eficaz resistencia popular antiimperialista, articulada internacionalmente, podrá erigir límites infranqueables a su criminal accionar.

Notas
1 Quiero agradecer los comentarios y sugerencias formulados a una versión preliminar de este trabajo por Ángeles Diez Rodríguez y Txema Sánchez. Quedan eximidos de toda responsabilidad por los yerros o deficiencias que puedan subsistir en el presente escrito, producto exclusivo del empecinamiento de su autor.
2 Harold Laski, Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (Buenos Aires: Editorial Abril, 1945), pp. 117 y ss.
3 En https://elpais.com/elpais/2018/09/20/eps/1537435497_152676.html
4. Ediciones en varios países. Original en Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2012.
5 https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150309_ultnot_eeuu_venezuela_sanciones
6 Cf. sus Vidas de los Doce Césares, ediciones varias.
7. Ver: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d499)
8. Sobre este tema: https://plazafinanciera.com/mercados/empresa/mayor-sancion-banco-historia-eeuu-bnp-paribas/ y también https://elpais.com/economia/2014/06/30/actualidad/1404118266_164607.html
9 Pertenecen a la zona Euro: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Por fuera de dicha zona se encuentran Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
10 Sobre esto ver Mahdi Darius Nazemroaya, OTAN. La globalización del terror (Prefacio de Miguel d’Escoto y Prólogo de Atilio A. Boron) Managua: PAVSA, 2015.

 Atilio A. Boron Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Director del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Historia del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Investigador del IEALC, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.