Peña Nieto (y Mancera) provocadores y escarmentadores del Estado represor

Miguel Ángel Adame C.

En ocasiones como la presente se hace visible la violencia estructural del sistema […]. El régimen había exhibido parcialmente la violencia latente; había usado el miedo y la violencia institucionalizada como herramientas para el disciplinamiento social, logrando una cierta adhesión pasiva de sectores de población que más bien se asemejaba a una sumisión servil […]. La violencia practicada desde el poder para conservar las injustas estructuras en beneficio de unos pocos es producto de la falta de razón. La violencia institucionalizada es la irracionalidad social exacerbada. Atrapado, desenmascarado por los hechos de Atlatlaya e Iguala, el régimen ha quedado desnudo. Las fuerzas del orden exhibidas. Con base en recursos demagógicos, sofismas y mentiras, Peña y sus acólitos en los medios pretenden dividir a los mexicanos entre buenos y malos, pacíficos y violentos. Llaman orden al desorden, paz al miedo, justicia al hambre y desarrollo al desempleo. Buscan seducir, persuadir, ablandar, y usan agentes provocadores y propaganda negra como bandera falsa para “legitimar” detenciones arbitrarias y sembrar un terror paralizante entre los jóvenes. Quieren desactivar el descontento, la protesta, la rebeldía; la digna rabia y la contraviolencia de los de abajo […] ante la violencia estructural y su corolario, la violencia institucionalizada.

Carlos Fazio

Para describir política y diplomáticamente la situación actual que vive concretamente la presidencia de la República, y de manera más general, su gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, se han utilizado varios términos semejantes y, de alguna manera, complementarios: deslegitimado, desprestigiado, arrinconado, desesperado, acorralado, atrapado.

Tiene pocos meses (febrero de 2014) de que lo medios conservadores periodísticos publicitarios, representados por la Revista norteamericana Time, le concedieron la portada bajo el cristiano lema de Saving Mexico; y en sendas entrevistas a sus secretarios de Gobernación y de Hacienda los llamaron en este mismo medio “Comité para salvar México”. Igualmente en su visita a Estados Unidos la fundación interreligiosa La Appeal of Conscience le entregó, el "Premio Estadista Mundial 2014" por su liderazgo y por tomar decisiones que han dado un "decidido impulso hacia adelante a su país y a su pueblo"¹. Michael Crowley en el Time internacional consigna en su entrevista a Peña Nieto que éste se concibe a sí mismo como “un fresco y joven reformista”². Todos los organismos y agencias mundiales del capitalismo neoliberal estaban de plácemes con la imposición al pueblo mexicano del segundo ciclo de reformas neoliberales logradas en un año por su gobierno a través del “Pacto por México”. Especialmente el gobierno y las trasnacionales norteamericanas que veían que nuevamente se le ponía “la mesa servida” para sus neo-negocios y neo-dominios. Así es como Barack Obama declara en ese mismo mes que: “Un México pujante pondrá viento en las velas económicas de Estados Unidos y reducirá aún más el número de migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal”.

La matanza con tiros de gracia de Atlatlaya (Estado de México), la madrugada del 20 de junio de 2014, de jóvenes supuestamente delincuentes, a manos de miembros del ejército mexicano y la manipulación de la escena por parte de los militares asesinos empezó a crear dudas de la actuación de esa agencia militar sustento primordial de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña.

Pero fue a raíz del 27 de septiembre de 2014, un día después de la masacre de Iguala de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que las cosas comenzaron a cambiar para Peña Nieto y su gobierno. Su falta de reacción, su incapacidad para dar respuestas, su lavado de manos inicial, su contrarreacción tardía, débil, evasiva y timorata mostraron su verdadero rostro (el de él, el de su gobierno y el del Estado neoliberal criminal mexicano³). Las acciones y movilizaciones populares masivas encabezadas por los normalistas que sobrevivieron y por los padres de los secuestrados-desaparecidos, le arrancaron su guapa y altanera máscara: apareció la calavera con su guadaña⁴. Este suceso retrata con exactitud el cambio que sufrió en la percepción internacional de las élites en unos días el estatus de Peña Nieto y su gobierno. Un titular periodístico atina en señalar lo sucedido: “A Peña Nieto se le cayó el show del Saving México”⁵. Inmediatamente aparecieron las declaraciones y las opiniones de preocupación y luego de alarma en torno a sus capacidades antes alabadas. Ni la entrevista que tuvo el presidente el 29 de octubre en la casa oficial con los padres y familiares de los 43 desaparecidos y los jóvenes muertos lograron calmar las cosas; por el contrario, ante incumplimientos de acuerdos signados en los Pinos y las tácticas desviacionistas hacia la búsqueda con vida de los desparecidos, los familiares y un buen sector de la sociedad mexicana agraviada después de más de 30 años de neoliberalismo extremo en México, aumentaron sus exigencias de presentación con vida de los secuestrados por el narcoEstado militar-policial mexicano: ¡vivos e los llevaron, vivos los queremos! El montaje preparado por el titular de la PGR Murillo Karam para demostrar que los estudiantes desparecidos habían sido calcinados por el grupo de sicarios “los guerreros unidos”, y para justificar la gira presidencial al extranjero (9 al 15 de noviembre), le echó más diesel al fuego de la indignación y el hartazgo contra el gobierno. Justo en el momento de su partida se extendió como reguero de pólvora la noticia de la adquisición por parte de la pareja presidencial de una casa superlujosa valuada en 7 millones de dólares de la en la zona superexclusiva de la ciudad de México conocida como Las Lomas de Chapultepec. El vocero presidencial quiso aminorar el escándalo pero lo que hizo fue la opinión pública asociara esa casa a actos corruptos de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, la actriz exclusiva del consorcio televisivo que impulsó y apoyó la candidatura de su marido.

Presagios de la mano dura y la cara maquillada

Después de su viaje internacional a China y a Australia, Peña Nieto puso inmediatamente manos a la obra al ver que el enardecimiento social seguía y ahora él y su familia estaban señalados de enriquecimiento ilícito. Lo primero que hizo a su llegada a México fue advertir y amenazar a las protestas sociales y al periodismo denunciador al endurecer sus discursos declarando cosas como las siguientes: “El Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza y para restablecer el orden”, “no se pude permitir los actos de la violencia o de vandalismo, y más cuando afectan derechos de terceros”. Unos días después manejó la hipótesis de los grupos desestabilizadores, de la siguiente manera: “ Al amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror (...) hemos advertido los movimientos de violencia que, al amparo y al escudo de esta pena, pretenden hacer valer protestas que, a veces, no está claro su objetivo”. “Pareciera que respondieran a un interés general de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”⁶.

Mientras tanto la pareja presidencial se afanó inútilmente en aclarar el caso de la propiedad de la Lomas llamada popularmente “La casa blanca”; esta vez la protagonista fue la actriz y primera dama Angélica Rivera que a través de la difusión televisiva de un video previamente grabado trató de justificar, a partir de sus ingresos de años de trabajo en Televisa, la compra de ese multimillonaria mansión, y terminó su alocución diciendo que vendería dicha propiedad. Las actitudes mostradas por la “primera dama” no convencieron a nadie más que a su marido y los días siguientes el video-clip y su contenido fueron objeto de mofas, de desmentidos y de contra-videos en las redes virtuales. Mientras tanto los discursos del presidente insistían en la condena a los desórdenes y en el imperio la fuerza del Estado y del estado de derecho, al tiempo que desde su experiencia de estratega represor de Atenco (2006) preparaba su plan para iniciar la contención social mediante el amedrentamiento, la infiltración y la brutalidad policiaca. En efecto, el tradicional desfile militar en el Zócalo capitalino se suspendió y Peña Nieto y su Gabinete se refugiaron en la campo militar marte en la ceremonia de elogios, condecoraciones y ascensos militares (marina y ejército).

Todo esto en vísperas y durante la realización de la Cuarta gran jornada de acción global por Ayotzinapa. Este día, 20 de noviembre, es emblemático para la conmemoración de la gesta revolucionaria de 1910; de esta manera, después de que por algunos días tres Caravanas de los normalistas y los familiares habían recorrido varias partes del país, se concentrarían en tres puntos simbólicos (plaza de las culturas en Tlatelolco, Ángel de la Independencia y plaza de la Revolución) para marchar junto con los cientos de miles de indignados mexicanos rumbo a la plancha del centro histórico de la Ciudad de México.

EL escenario

El escenario estaba preparado para el plan provocador, represor y escarmentador del narcoEstado mexicano (con aval por acción, aceptación u omisión de la mayoría de la clase política y la oligarquía mexicana, y con asesoría e intervención directa del FBI y la DEA norteamericanas “infiltradas” en los altos mandos de la marina, del ejército y de los cuerpos policíacos).

Escena 1

El 19 de noviembre a temprana hora Peña Nieto, su gabinete de seguridad y sus asesores se reúnen para ultimar los detalles del plan. Peña Nieto personalmente da las instrucciones precisas y contundentes y pide acatarlas por el bien de su proyecto de “salvación nacional” ante el embate de los desestabilizadores (anarquistas, marxistas, terroristas, guerrilleros, conspiradores, etc.) de toda calaña. Manda con sigilo y presteza girar órdenes a todos los mandos policíaco–militares (particularmente estado mayor presidencial, batallones del ejército y la marina en el DF, y cuerpo de granaderos para tareas especiales) de que lleven a cabo coordinadamente y puntualmente el plan, señala que todas las autoridades (políticas y judiciales) están de acuerdo y avisadas y que Miguel Ángel Mancera ha colaborado entusiastamente con él y ha puesto a su total disposición a sus subordinados; especialmente destaca el papel que tendrán la PGR (Procuraduría General de la República) Y PGJDF (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Escena 2

Es el inicio de la represión anunciada. El día 20 de noviembre por la mañana. Se ven por varias de las avenidas de la ciudad de México algunos camiones del ejército mexicano repletos de militares vestidos de civil y embozados listos para actuar, se dirigen a las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), donde se preparan para actuar violentamente infiltrándose a un contingente de aproximadamente 100 jóvenes que intentaban bloquear los accesos al Aeropuerto; hay varios enfrentamientos entre estos grupos con piquetes de policías-granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). Éstos repelen a los embozados y golpean, maltratan y apresan “selectivamente” a jóvenes implicados y no implicados en los hechos⁷.

Escena 3

Entrando la noche, los contingentes de la multitudinaria y combativa marcha llegan masivamente a la plancha del zócalo, siguen incansables coreando sus consignas “Fue el Estado” y “Fuera Peña Nieto”. A mitad de la plancha los festivos manifestantes queman un enorme monigote con la efigie del ocupante de los “Pinos”. En el templete principal los familiares y compañeros de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa denuncian que el país está plagado de fosas clandestinas, que el gobierno sabe dónde están los 43 normalistas, de que están decididos a cambiar de una vez por todas el país, de que si Peña se dice facultado para usar la fuerza pública el pueblo también tiene facultades y de que invitan a los asistentes a que se retiren a sus casas tranquilamente a meditar que pasos hay que seguir para que la lucha se fortalezca.

Mientras los cansados pero no agotados familiares van saliendo de la plancha ya pasadas las 8 de la noche; los cuerpos represivos civiles y militares, previamente drogados y adiestrados de cómo actuar, se alistan para actuar la siguiente parte del plan. Un grupo de jóvenes que se decían “anarquistas”, la mayoría nuevamente embozados (eran casi los mismos de la escena 2), comienzan a remover las vallas metálicas que resguardaban el acceso al palacio nacional, a pesar de los gritos insistentes de la mayoría de los manifestantes asistentes que todavía quedaban de “no a la violencia “y “fuera provocadores”; los embozados arrojan objetos incendiarios, botellas, cohetones y piedras contra los elementos del Estado mayor Presidencial y granaderos de la policía federal que se encontraban apostados afuera de los accesos del palacio nacional⁸. Éstos estuvieron respondiendo (también bajo los estímulos de las drogas) por un buen rato intermitentemente con chorros de gases pero no avanzaban, fue hasta que se lanzaron dos bengalas al aire (cerca de las 10 de la noche) como señal del inició de la operación “barrido” que los granaderos se lanzaron indiscriminadamente contra todos las personas (manifestantes o no, incluidos periodistas, vendedores, comensales de restaurantes, niños y personas mayores) que estaban en el zócalo y sus alrededores, toleteando, pateando, golpeando, aplastando, gaseando y deteniendo “selectivamente” a los jóvenes “sospechosos”. Varias de las personas agredidas que pidieron auxilio a las camionetas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apostadas en esas calles fueron ignoradas a propósito.

Los policías hasta donde se sabe no desaparecieron a los detenidos, pero los concentraron al lugar previamente acordado: la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Escena 4

Durante todo el 20 de noviembre Peña Nieto recibía información de los operativos del plan, media hora antes de la medianoche finalmente recibió el reporte final que fueron a notificarle personalmente los mandos superiores militares, marinos y policíacos incluido el jefe de la SSPDF. Todo había salido conforme al Script, Peña Nieto hizo dos llamadas rápidas primero al embajador norteamericano para darle la buena nueva y luego habló con Mancera para felicitarlo por su cooperación, éste le dijo que estaba a sus órdenes y se alegraba por el escarmiento; posteriormente buscó a Angélica para darle la noticia y juntos se fueron a dormir muy satisfechos, pues –dijeron- parte de su orgullo herido comenzaba a recuperarse.

A esa misma hora los infiltrados militares vestidos de civil que participaron embozados en las refriegas ya roncan plácidamente en sus habitaciones después de haber cenado opíparamente.

Escena 5

El 21 y 22 de noviembre, los 31 detenidos están en los separos de la SEIDO, la PGR de Murillo Karam a partir de las acusaciones de los policías-granaderos represores (y a éstos ¿quién los puede acusar, enjuiciar y castigar?) les fincan en colaboración estrecha con la PGJDF un catálogo de delitos “aplicando todo el peso de la ley” (dice más que satisfecho el procurador) como: ataques de la paz pública, portación de objetos aptos para agredir, ultrajes a la autoridad, daño en propiedad ajena, lesiones; y especialmente a 11 de ellos (7 varones mexicanos un chileno y 3 mujeres) se les imputa terrorismo, homicidio en grado de tentativa y delincuencia organizada, pero finalmente se les consigna por asociación delictuosa, motín y homicidio. Se les remite al Centro de Readaptación Social 5 oriente en Villa Aldama Veracruz y a las mujeres al Centro Federal Femenil Noroeste Tepic Nayarit.

A ninguno de ellos y ellas se les respetaron mínimamente sus derechos humanos pues todas les detenciones fueron arbitrarias pero “selectivas” (ser joven y traer mochilas, usar tenis, tener el pelo largo, etcétera). Fueron no sólo agredidos y golpeados sino también incomunicados, amenazados y torturados. Además los propios encargados de los procesos, los agentes ministeriales del Ministerio público de la Federación señalaron que por órdenes de “muy arriba” les sembraron esos graves delitos; todo conforme al Script del escarmiento ejemplar.

Las comunidades de las escuelas y de los lugares de donde provenían lo manifestantes pacíficos que las policías tomaron como “chivos expiatorios” se movilizan, por las redes sociales se llama a nuevas protestas para sacarlos de los centros de disciplinamiento. Por el lado de los inquietos y rebeldes de la sociedad en vez de miedo crece la rabia pero ahora recorre con más claridad las necesidades de avanzar en la autodefensa y la precaución colectivas, y en generar otras maneras más organizadas de lograr los objetivos inmediatos: ¡libres y vivos se los llevaron, libres y vivos los queremos! y ¡fuera Peña, fuera Mancera, fuera todos!

Escena 6

Los días siguientes vienen los cínico discursos re-legitimadores del orden social re-establecido: a) para generar la percepción que los responsables de la inseguridad del país no son los del Estado sino los que protestan; b) para justificar sus violencias y arbitrariedades amparados en el estado de derecho burgués; y c) para –según ellos– abonar a que Peña Nieto y todos los poderes legales y fácticos del Estado-gobierno tengan un respiro e impongan “ nuevos pactos cupulares engañabobos” y “nuevas medidas placebas“

Veamos cuatro ejemplos. El Jefe de Gobierno del DF Miguel Ángel Mancera: “Si hay violencia la Policía responderá” (¡clap, clap, clap!) El secretario de gobernación Osorio Chong: “Jamás será la violencia vía para obtener justicia” (¡clap, clap, clap!). El elocuente secretario de Marina Castro Soberón: reprobó los actos violentos protagonizados por encapuchados, que son grupos minoritarios “mezquinos” que generan violencia y destrucción . Soberón dijo que ante la situación que vive el país, están dispuestos a combatir la ilegalidad y hacer cumplir la ley y el orden pues es lo que en estos momentos los mexicanos demandan. Finalmente Indicó que las Fuerzas Armadas respaldarán las firmes decisiones del presidente Enrique Peña Nieto para consolidar su proyecto, que es “mover a México”⁹ (¡super claps, claps, claps!).

El Director de la policía del DF Rodríguez Almeida: “Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo porque restablecieron el orden público le guste a quien le guste” (¡super sic!)

A manera de conclusiones

Como en todos los represores encumbrados en el poder habidos en la historia, la alharaca discursiva en torno a la legitimidad de la violencia estatal y luego el paso justificatorio de la represión planeada para inhibir las protestas sociales reflejan un perfil pusilánime y cobarde. Peña Nieto desde que fue gobernador en el Estado de México mostró y demostró ese perfil. Siendo candidato presidencial en el 2012, ante la pregunta cuestionadora de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana sobre su papel y su responsabilidad en los hechos de Atenco en 2006, sin ambages declaró que él había sido el que había tomado la determinación de usar todo el peso de la fuerza pública para mantener el orden, es decir, justificó ante la comunidad escolar y los medios que se encontraban en el auditorio su actitud represiva. En esa ocasión los estudiantes lo interpelaron, lo increparon y lo abuchearon ante tal descaro, así tuvo que salir por la puerta trasera y refugiarse con sus guaruras en los baños. Pero en su mentalidad la represión es recurso válido y ni importa si en Atenco se hayan violentado derechos humanos: detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, daños físicos, golpes, torturas, encarcelamientos ejemplares. Si Peña Nieto lo hizo como gobernador y lo defendió públicamente como método impositivo como candidato del PRI en aquella ocasión (11 de mayo de 2012); obviamente bajo la situación actual justo antes de que cumpla 2 años de mandato, bajo situación de acorralamiento múltiple y objeto del repudio popular con la quema simbólica de su monigote en el zócalo, lo vuelve a utilizar con esta modalidad: se atrincheró tras los costados del Palacio Nacional y con su operación «barrida» intentó arrasar con sus cuestionadores, no con los provocadores embozados infiltrados, sino con los que se atrevieron a hacerlo cenizas.

Lo necesitaba volver a hacer, pues ya no le quedan muchos recursos, pues sus iniciativas antes de nacer aparecen desgastadas y pocos efectivas de enderezar la legalidad y la legitimidad perdidas. Pero requiere mandar señales de fuerza estatal para intentar recuperar un mínimo de credibilidad ante los poderes neoliberales internacionales y nacionales que lo impusieron. Recurrir a la represión y a cerrar filas represivas en los aparatos idem del Estado era la manera de infundir miedos y amedrentamientos a las movilizaciones populares. Ahora piensa que las demás medidas simulatorias que vienen en los próximos días-meses (administrativas, políticas, etcétera) podrán asimilarse o digerirse más fácilmente.

Corazas duras y corazas blandas para encubrir ausencias de cerebro y corazón sus ineptitudes, sus desprestigios desmoronados y sus falsas salidas solucionadores de los graves problemas nacionales. Su reformas neoliberales de segundo ciclo y sus desplantes son ya inaguantables.

Como el PRD, el gendarme Mancera ha traicionado a sus votantes en el Distrito Federal que votaron por un gobierno de izquierda y progresista que los defendiera de los embates del neoliberalismo no que los dejara a la disponibilidad de las formas represivas de la que él mismo contribuyó. Él ha sido cómplice voluntario pero trata de moderarlo al reconvenirle a Almeida de que no sea tan descarado: la represión una vez hecha no se elogia, se camuflajea, le dice.

Así pues con la trampa del 20 de noviembre se cierra la doble pinza del Estado represor: Peña Nieto y su fiel colaborador Mancera.

¡La historia los juzgará, más temprano que tarde!

Notas:


1 “Recibe Peña Nieto el premio Estadista mundial 2014#, Excélsior en línea; 24/09/2014 09:28 Enrique Sánchez. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/24/983227

2 “¿Saving México, lo que dice Time sobre Peña Nieto”, SDP Noticias.com, 13 de febrero de 2014, http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/02/13/saving-mexico-lo-que-dice-time-sobre-pena-nieto
 
3 Véase mi artículo en Rebelión “El Estado mexicano Forbes y el qué hacer en la coyuntura Iguala-Ayotzinapa”, 18-11 de 2014, www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=192130

4 En Facebook han circulado parodias de portadas del Time re-hechas donde aparecen el cuerpo y la cara de Peña Nieto modificadas: como virgen, como títere, como encubridor de Salinas de Gortari, como pro-yanqui, etcétera. Entre las que destaca la de la muerte con su guadaña.
 
5 Aristegui noticias que cita a la revista inglesa The Economist que en un artículo dice que “La absoluta anarquía del área, a unas cuantas horas de distancia de la capital por carretera, encuentra eco en una presunta masacre en junio en Tlatlaya, no lejos de Iguala, en la que soldados mataron a 22 personas sospechosos de ser delincuentes”. “Las dos atrocidades –dice The Economist– parecen lo suficientemente serias para cambiar el rumbo del gobierno de dos años del Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes”, 20 de octubre de 2014 por Dolia Estevez http://aristeguinoticias.com/2010/mexico/a-pena-nieto-se-le-cayo-el-show-del-saving-mexico/

6 Véase Excélsior, 16 de noviembre de 2014.

7 Véase Olivares, Arellano Servín: “Impide la policía bloqueo al AICM”, La Jornada, 21 de noviembre de 2014. http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/politica/004n2pol

8 Véase Camacho, Olivares y Urrutia: “Enfrentamiento frente a Palacio Nacional”, la Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/politica/004n1pol

9 Ver “Condena secretario de Marina violencia de encapuchados; son grupos ‘minoritarios’ dice”, Diario contrapoder en Chiapas, 23 de noviembre de 2014, http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/2014/index.php/nacional/5140-condena-secretario-de-marina-violencia-de-encapuchados-son-grupos-minoritarios-dice

Estado, monopolio de la violencia y legitimidad

Ángel Guerra Cabrera

Max Weber afirmó que el Estado ejerce el monopolio de la violencia por definición. Pero añadía que esa facultad debe cumplirse a través de un proceso “de legitimación”, que en el caso de las monarquías absolutas es aceptada por los subordinados como derecho divino; pero también puede provenir de un liderazgo carismático (los subordinados aceptan el poder basándose en la santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) o de una legitimidad racional (los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e impersonales) que deviene en sinónimo de legalidad. De una manera sencilla y más de un siglo antes, el lúcido Rousseau establece que la legitimidad la otorga la “voluntad general” de los sometidos al poder. Versión que se aviene con el concepto moderno de democracia como gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, feliz definición de Abraham Lincoln.

Lo que ocurre con estas definiciones es que flotan en el aire si no se considera al Estado como portador del interés de las clases sociales dominantes.

En América Latina tenemos gobiernos de orientación popular y política exterior independiente de Washington, que en distintos grados representan y defienden los intereses de las clases populares. Entre ellos Cuba y los demás estados integrantes del Alba han avanzado considerablemente en instituir la participación popular en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Pero también los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil escuchan al pueblo y tratan de abrirle canales de participación en las decisiones.

Mientras tanto, México, Colombia, Perú y Chile, miembros de la Alianza del Pacífico, se reconocen como aliados de Estados Unidos y su política exterior e interior responde, aunque no siempre totalmente, a los dictados de Washington.

En Chile, aunque se mantienen en lo esencial las políticas neoliberales en la esfera económica y no se reconocen sus derechos al pueblo mapuche, la presidenta Bachelet trata de acercarse más al proceso de unidad latino-caribeño y de dar repuesta al formidable movimiento estudiantil y popular a favor de la educación pública y gratuita y en contra de la hiriente desigualdad social.

El gobierno de derecha de Santos en Colombia debe su elección al apoyo de la izquierda y del movimiento popular en virtud de su compromiso con el proceso de paz en contra de la voluntad del feroz sector oligárquico encabezado por Álvaro Uribe y apoyado por la extrema derecha yanqui. Si el proceso de paz llegara a buen puerto implicará un empoderamiento de los sectores más conscientes, que seguramente presionarán para debilitar o abrogar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, impulsar la soberanía alimentaria, la vigencia de los derechos políticos y sociales y reclamar participación en la decisión del destino del país.

En México se observa una profundización de las políticas neoliberales que privatizaron el enorme patrimonio público y crearon una rapaz plutocracia cuya única divisa es la ganancia, empobrecieron a más de la mitad de la población, anularon importantes derechos garantizados por la Constitución de 1917 y generalizan un clima de extrema violencia, corrupción e impunidad que ha llevado a una insondable crisis de legitimidad de todas las instituciones del Estado, la mayor desde los albores de la Revolución de 1910.

Aquellas lacras no son nuevas pero el neoliberalismo las ha catalizado exponencialmente al expulsar a la población del campo hacia Estados Unidos o las ciudades, privar de la oportunidad de estudiar y trabajar a generaciones enteras de jóvenes, y desencadenar una guerra, supuestamente contra el narco, pero cuya víctima principal es el pueblo. Mientras tanto, la droga continúa fluyendo eficientemente hacia el mercado estadunidense y de allá siguen llegando puntualmente las armas con que se mata a decenas de miles de mexicanos, inocentes en su mayoría. El ecocidio avanza a la par que la minería y las nuevas concesiones a las transnacionales.

La tragedia de Iguala, con todo y lo indignante y doloroso que resultan sus seis muertos y 43 desaparecidos ha venido a confrontar a la sociedad con la realidad de que los mencionados procesos llegaron a su punto crítico. La digna, valiente y unida actitud de los padres de los 43 ha actuado como desencadenante de una acumulación de sentimientos y aspiraciones de amplísimos sectores del pueblo, que estaban madurando, pugnando por salir a flote, y de repente han encarnado en la conciencia social.

La violencia y la razón desesperada

Carlos Fazio

 

En el México actual se vislumbran tres de los factores que Nicos Poulantzas detectó como síntomas indicativos de todo proceso de fascistización: la radicalización de los partidos burgueses hacia formas de Estado de excepción, una distorsión característica entre poder formal y “poder real, y, por último, la ruptura del vínculo representantes-representados. Mediante una violencia estatal camuflada como guerra a las drogas, Felipe Calderón introdujo primero la excepción, luego la convirtió en rutina y después la transformó en regla. Todo régimen de excepción se origina en una crisis política o ideológica, o en ambas a la vez. México vive hoy una crisis profunda. Pero la crisis venía de atrás, y se ha profundizado en la coyuntura tras los hechos de Iguala.

Acorralado por las consignas masivas pronunciadas urbi et orbi: Fue el Estado, Fuera Peña Nieto, el Pre­sidente de la República está enojado y el general secretario de la Defensa Nacional, también. Mala cosa. El coraje les ha nublado la visión y el entendimiento de lo que está aconteciendo en México, y llevado a emitir pronunciamientos irresponsables. También los puede empujar a tomar dramáticas decisiones equivocadas.

Como en crisis anteriores ha reaparecido el vocabulario maniqueo del poder, bordado con base en un manojo de contradicciones tales como paz/violencia, orden/anarquía, estado de derecho/caos desestabilizador. Se trata de una sintaxis enmohecida que contiene un tufo autoritario y represivo diazordacista; amenazador. La violencia no tiene nada de ambigua. La violencia es. Ahí están Auschwitz, Hiroshima, Tlatelolco. O la violencia de Iguala, con sus torturados, asesinados y los 43 detenidos-desaparecidos. Pero también, en la vida cotidiana, en la relación opresor-oprimido, la violencia supone el sometimiento de éste por aquél.

Ante las circunstancias de la hora cabe recordar que no se puede desprender la violencia de su contexto político, erigirla aisladamente, presentarla como un monstruo abominable y predicar en torno a ella las viejas mentiras. Exponentes de la antigua forma de hacer política, el presidente Peña, su gabinete y los tarifados papagayos mediáticos pronuncian palabras sin contenido social que no pueden apoyarse en realidades; usan un lenguaje caducado y hablan de la violencia como si fuese algo distinto del poder del Estado y de las artes de la política. Olvidan −o pretenden olvidar− que la ley y el orden son el disfraz de la violencia del sistema. La definición que ellos aplican a una conducta que consideran como antisocial, desestabilizadora, vandálica, es la racionalización de todo un proceso de descomposición de la sociedad, que ellos mismos −gobierno y medios− han llevado a cabo, enmascarado en una ideología justificadora de las situaciones violentas que han creado.

Remedo del antiguo régimen, el nuevo PRI trata de convencernos de que la subversión es siempre el peligro latente que justifica el orden social a cualquier precio. La subversión, o sea, la “acción de trastornar, revolver, desordenar, destruir…”, siempre ha sido definida en términos negativos. El subversivo es el enemigo de la sociedad. Sin embargo, por paradójico que parezca, la gran subversiva de nuestro tiempo es la plutocracia. Los verdaderos antisociales y antihistóricos son los que mandan, los poderes fácticos, los grandes capitalistas agremiados en el Consejo Coordinador Empresarial, que el pasado 29 de octubre impulsaron un pacto para el fortalecimiento del Estado mexicano, con su llamado a acometer con energía el reto de garantizar seguridad y la vigencia plena del estado de derecho, en nombre de la modernización y el progreso. Palabrería hueca, simple retórica. El poder, el poder real, está empecinado en que nada cambie. O hacen algunos cambios que les aseguren mantener las formas de poder que detentan. Cambiar algo para que todo quede como está. Y para eso cuenta con la violencia organizada; con la fuerza bruta.

La vieja política ha cambiado de afeites muchas veces, pero no ha modificado su rostro. En ocasiones como la presente se hace visible la violencia estructural del sistema. Hasta ahora, Peña Nieto había podido absorber los conflictos por medio del acondicionamiento sociológico, la propaganda y la manipulación. El régimen había exhibido parcialmente la violencia latente; había usado el miedo y la violencia institucionalizada como herramientas para el disciplinamiento social, logrando una cierta adhesión pasiva de sectores de población que más bien se asemejaba a una sumisión servil.

Ortega y Gasset llamaba a la violencia la razón desesperada. Sin embargo, la violencia practicada desde el poder para conservar las injustas estructuras en beneficio de unos pocos, es producto de la falta de razón. De la sin razón. La violencia institucionalizada es la irracionalidad social exacerbada. Atrapado, desenmascarado por los hechos de Tlatlaya e Iguala, el régimen ha quedado desnudo. Las llamadas fuerzas del orden, exhibidas. Con base en recursos demagógicos, sofismas y mentiras, Peña y sus acólitos en los medios pretendan dividir a México entre buenos y malos, pacíficos y violentos. Llaman orden al desorden, paz al miedo, justicia al hambre y desarrollo al desempleo. Buscan seducir, persuadir, ablandar, y usan agentes provocadores y propaganda negra como bandera falsa para legitimar detenciones arbitrarias y sembrar un terror paralizante entre los jóvenes. Quieren desactivar el descontento, la protesta, la rebeldía; la digna rabia y la contraviolencia de los de abajo, que ante la violencia estructural y su corolario, la violencia institucionalizada, esgrimen la razón desesperada.

La revuelta juvenil expresa que cada día son más los que comprenden que el caos y la anarquía se han institucionalizado, y se rebelan contra ese estado de cosas. Los jóvenes saben, instintivamente, que hay algo que se llama derecho a la vida y que cuando no es contemplado hay algo que se llama derecho a la resistencia.

Cuadratura del círculo o la perversa geometría del régimen político mexicano

Dejan Mihailovic

Ángulo superior derecho: la clase política 

¿Viejos dinosaurios o lagartijas nuevas? Da lo mismo. Envilecidas por el poder, las elites políticas mexicanas mantienen secuestrada la democracia con el propósito de obstruir cualquier iniciativa y participación significativa de la población en los procesos de toma de decisiones sobre la vida nacional. Reducida a un aburrido ritual de contar los votos, la democracia en México funciona como un macabro montaje de ingeniería política de compra-venta de ideas huecas, acciones improvisadas y proyectos políticos detrás de los que se esconde una clase política mayoritariamente inepta y parasitaria. A pesar de no ser un invento exclusivo de la escena política mexicana, el hecho de que los partidos políticos operan como auténticas firmas de negocios ralla al extremo del absurdo. Corrupción explicita, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, difamación mutua entre los partidos y otros tantos fenómenos que, continuamente, adornan la vida política nacional, mantienen un statu quo en donde la ciudadanía rebajada a una multitud contabilizable asiste a un burdo espectáculo pseudo-democrático en el que salen vencedores muñecos de porcelana hollywoodizados y no los más aptos para ocupar un cargo público. Las democracias consolidadas se caracterizan por una clara diferenciación teórico-práctica entre Estado, gobierno y régimen. Este último hace referencia a un conjunto de pautas que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos del gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos a ese acceso, y los recursos o estrategias que pueden emplear para ganar tal acceso (O´ Donnell y Schmitter). Dicho de otro modo, el régimen es un espectro que visibiliza la calidad del gobierno. En México, un sector mafioso ejerce una especie de parapolítica completamente funcional de un régimen autoritario disfrazado de un Estado presuntamente democrático. La ausencia del principio de legalidad, el imperio de la ley y, finalmente, de un Estado de derecho es la principal causa del actual brote de violencia institucional que va más allá de la ley. Es de sobra conocido que el Estado dispone de la exclusividad del uso de la violencia física legitima (Weber dixit). Sin embargo, cuando ese monopolio viola la propia ley en la que se basa y, además, se mofa de los derechos de los ciudadanos, comienza un difícil e incierto proceso de recomposición del orden constitucional en el cual se multiplican vertiginosamente los escenarios posibles. Uno de ellos, y el más deseado por las mayorías en el país azteca en este momento es, precisamente, aquel que implica un definitivo adiós al simulacro democrático a cargo de una clase política cuya fecha de caducidad expira ante nuestras miradas ansiosas de desarrollo, prosperidad y estabilidad.


Ángulo superior izquierdo: la oligarquía posmoderna 

México es un ejemplo por excelencia en el que la total despolitización de la economía se aceptó como si fuera una simple imposición del estado objetivo de las cosas. Pasaron varias décadas, pero el patrón civilizatorio neoliberal y su descabellada utopía global del mercado total sigue en curso y es, una y otra vez, políticamente reajustado y económicamente adaptado a los insaciables apetitos de los dueños de grandes capitales de nuestro país. Un Alien tricéfalo: liberalización (precios), desregulación (capitales) y privatización (bienes públicos) es el juguete preferido de nuestras elites económicas retrogradas, decadentes y envueltas en su delirio cleptocrático que no les permite ver la calle desde los helicópteros, aviones lujosos, yates o carros blindados que usan para recorrer las distancias entre Davos, bolsas de valores, bancos, centros comerciales y otros rincones de una mega burbuja en espera de un piquete definitivo. En algunos casos, la única diferencia entre un “exitoso hombre de negocios” y un vil capo reside en el hecho de que el primero tiene una excelente asesoría legal. Tejida por los escudos familiares, la mayor parte de la red empresarial mexicana del big business está estrechamente vinculada a los grandes capitales extranjeros en espera de una bursatilización definitiva de la riqueza nacional de nuestro país. De nada sirve que se escude detrás de los principios tales como la responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible (por cierto, todo un oxímoron) o la compasión mediatizada vía teletonización de las causas sociales. Desvinculada de la realidad, la oligarquía posmoderna nacional con el domicilio permanente en la opulencia contribuye de manera sustancial al mantenimiento del régimen autoritario, abogando por las libertades (del mercado, claro está), y anulando cualquier posibilidad de control social sobre el capital. La clase política gobernante y la oligarquía posmoderna son la más vulgar expresión de un matrimonio por conveniencia. Unos hacen la política para enriquecerse y otros la practican para conservar y aumentar su riqueza. En este ambiente, las actuales reformas “estructurales” están diseñadas a la medida de las expectativas y necesidades de ambos bandos. Cocinadas en el subsuelo político nacional, estas reformas son bautizadas como “estructurales”, no porque implican un cambio de estructura en los niveles organizacional y operacional, sino porque, al contrario, mantendrán las mismísimas estructuras en las relaciones de un poder coercitivo siempre encaminado a pisotear los derechos de la nación como sujeto político y titular único de nuestro patrimonio.

Ángulo inferior izquierdo: la dictadura mediática 

Para que la clase política y su aliada, la burguesía posmoderna, puedan llevar a cabo su proyecto de poderes ilimitados, se necesita un tercer ángulo (soporte) a cargo de los medios de comunicación ejecutando la tarea, nada fácil por cierto, de adiestramiento poblacional mediante una serie de ejercicios (rituales cotidianos) para impones la disciplina y control. Se dice que un sistema político es tan democrático, en la medida en que es capaz de proveer fuentes de información alternativas a su respectiva ciudadanía (Dahl). En algunos casos, encontrar información verídica, oportuna, contextualizada y más allá del oficialismo administrado, en México requiere a veces, un avanzado dominio de la arqueología. El blindaje institucional del mercado informativo doméstico permite a unas cuantas familias y pandilleros de la información (disfrazados de “líderes de opinión”) usurpar los espacios de la interacción social creando una realidad aparte. Basta pasar cinco minutos ante la pantalla televisiva en cualquier hora del día, para enterarse que los principales problemas de México son la caspa, el villano del “Que pase el desagraciado” o la inconsistencia en el rendimiento de la selección nacional de futbol. La obviedad del rol preponderante que los medios de comunicación masiva juegan en la composición/distribución de los poderes globales, regionales y estado-nacionales en la fase actual del sistema-mundo capitalista, no basta para enmascarar su indiscutible influencia, a menudo decisiva, en la presentación/interpretación y la forma de asentar los hechos en la conciencia colectiva, mediante la dosis diaria del info-entretenimietno suministrado a los consumidores de la información moldeando de manera directa sus estructuras de pensamiento axiológicas, hermenéuticas, epistemológicas o de alguna otra índole. Es por ello que varios estudiosos en el tema, alertan sobre el riesgo de nombrar a las principales cadenas de televisión, radio, prensa escrita o portales de Internet como medios de comunicación de masas, sin antes comprobar que se trata de verdaderos y auténticos vehículos de información que brindan a los ciudadanos un espacio significativo para expresarse y, a la vez, ser informados oportuna y verídicamente. En muchas ocasiones sucede precisamente lo contrario, los así llamados "medios de comunicación masivos" actúan como monopolios de información, mecanismos de control social y poderosos agentes, defensores de intereses particulares totalmente subordinados al gran capital y los centros del poder hegemónico tradicional. Los fenómenos tales como la distorsión, tergiversación o la simple y vulgar mentira han sido acompañantes continuos de la presentación mediática de la realidad nacional montada a la medida de las inagotables necesidades de legitimar lo indefendible (impunidades, injusticias sociales, explotación, marginación, falta de oportunidades, desigualdad y violación del orden constitucional). Confundidos por falta de contexto y mareados por el amarillismo, “los ojos embobinados y cerebros pasteuirzados” (Vázquez Montealbán) del ciudadano “promedio”, prefieren permanecer en el horizonte superficial de un mundo virtual, más allá del tedio de una realidad agobiante y generadora de problemas.

Ángulo inferior derecho: un sistema (des)educativo agonizante 

La “Maestra” se nos fue, pero el albismo continúa. Un último elemento que sostiene al régimen político autoritario/represor en México, es la inexistencia crónica de un proyecto educativo sólido, incluyente, viable, y ajustado a las expectativas de un país con enorme potencial humano. Dicha inexistencia es resultado de un plan que combina métodos de una administración subordinada a los intereses ajenos a los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, con la ejecución de un despliegue omnipresente del aparato represivo-controlador de los sujetos que protagonizan la experiencia educativa donde sea que esté. La miserable partición (proporcional) del PIB destinada al sector educativo mantiene en rezago a millones de niños y jóvenes del país que, una vez terminando con sus respectivos ciclos escolares, están condenados a enfrentar un mercado laboral cada vez más selectivo y excluyente. La enseñanza básica, media y media superior presentan graves carencias en infraestructura, programas y planes de estudios, preparación y actualización de la planta docente, hecho que coloca a México en los ranking mundiales en materia educativa a la par de los países que padecen el mayor retraso educativo. Por otro lado, el sector de la educación superior acabó siendo presa fácil de un falso debate sobre la privatización. En medio de esta lucha doctrinaria que ha empujado la educación pública al abismo de la escasez y que ha convertido la educación privada en una antesala de reclutamiento empresarial tecno-burocrático en función de las “leyes de mercado”, la posibilidad de reinventar y revitalizar la concepción humanista de la educación basada en la creación intelectual crítica y responsable, abierta y elaborada para atender las demandas de nuestra sociedad se ve considerablemente disminuida. Hoy en día, el régimen invierte todos los recursos disponibles para obstruir la posibilidad de una educación que presupone la integridad ética de los sujetos educativos, la independencia frente a los poderes supremos y la autonomía relativa con respecto al mercado. La apuesta es por un modelo que suspende cualquier intento de generar el pensamiento crítico e independiente, favoreciendo la formación de personas cuya dimensión intelectual quede devaluada y fácil de sustituirse por un complejo de procedimientos y técnicas que programan la obsolencia del libre y creativo trabajo humano (Chomsky). Meta final de ese pseudo-sistama educativo: clonar profesionistas obedientes, ejecutores de decisiones ajenas a la sociedad en su conjunto, productores de riquezas disciplinados y consumidores controlados por un big brother que mueve todas las piezas en un tablero siguiendo sus caprichos y manejando a su antojo el destino de una nación entera.

Epilogo

Un círculo perfecto, símbolo de un gatopardismo perpetuado. Cambios constantes en la superficie, para que la base siga siendo siempre la misma. Pero, el truco ya está descubierto por la mayoría de la población políticamente consciente y éticamente comprometida con un objetivo cuya realización, prácticamente, no implica ningún riesgo. Parafraseando a Marx, lo único que podemos perder son nuestras propias cadenas. Envejecido y senil, el actual régimen político mexicano asiste a su propia cuenta regresiva. Su desarticulación, será lenta, para algunos tal vez dolorosa, pero necesaria si queremos recuperar realmente el control sobre nuestras vidas. Arrebatar la democracia de las manos de una clase política que ya no tiene a quien engañar, someter los capitales de la oligarquía posmoderna a los mecanismos de transparencia y control social, romper los cercos mediáticos que administran el silencio y siembran el virus de la indiferencia y, finalmente, levantar un nuevo sistema educativo que nos devuelva la dignidad y el derecho originario a disentir y romper los limites. El aliado tradicional de ellos siempre fue el miedo, el nuestro siempre fue y será la esperanza. Después de Ayotzinapa, el concepto de crimen organizado jamás será el mismo. Por el simple hecho de que crea un nuevo dilema: ¿crimen organizado.....por el Estado o más allá de él?

No hay diferencia entre narco, burguesía y élites

Raúl Zibechi

 

Propongo que dejemos de hablar de narco (narcotráfico o tráfico de drogas) como si fuera un negocio distinto a otros que realizan las clases dominantes. Atribuir los crímenes a los narcos contribuye a despolitizar el debate y desviar el núcleo central que revelan los terribles hechos: la alianza entre la élite económica y el poder militar-estatal para aplastar las resistencias populares. Lo que llamamos narco es parte de la élite y, como ella, no puede sino tener lazos estrechos con los estados.

La historia suele ayudar a echar luz sobre los hechos actuales. La piratería, como práctica de saqueo y bandolerismo en el mar, jugó un papel importante en la transición hegemónica, debilitando a España, potencia colonial decadente, por parte de las potencias emergentes Francia e Inglaterra. La única diferencia entre piratas y corsarios es que éstos recibían patentes de corso, firmadas por monarcas, que legalizaban su actuación delictiva cuando la realizaban contra barcos y poblaciones de naciones enemigas.

Las potencias disponían así de armadas adicionales sin los gastos que implicaban y conseguían debilitar a sus enemigos tercerizando la guerra. Además, utilizaban los servicios de los corsarios sin pagar costos políticos, como si los destrozos que causaban fueran desbordes fuera del control de las monarquías, cuando en realidad no tenían la menor autonomía de las élites en el poder. La línea que separa lo legal de lo ilegal es tenue y variable.

Encuentro varias razones para dejar de considerar a los narcos como algo diferente de la burguesía y del Estado.

La primera, es histórica. Es bien conocido el caso de Lucky Luciano, jefe de la Cosa Nostra preso en Estados Unidos. Cuando las tropas estadunidenses desembarcaron en Sicilia, en 1943, para combatir al régimen de Mussolini, contaron con el apoyo activo de la mafia. El gobierno de Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Luciano, por el cual éste movilizó a sus partidarios a favor de los aliados a cambio de su posterior deportación a Italia, donde vivió el resto de su vida organizando sus negocios ilegales.

Los mafiosos eran, además, fervientes anticomunistas, por lo que fueron usados en el combate a las fuerzas de izquierda en el mundo y como fuerza de choque contra los sindicatos estadunidenses.

En segundo lugar, la superpotencia utilizó el negocio de las drogas en su intervención militar en el sureste de Asia, en particular en la guerra contra Vietnam. Pero también a escala local, en el mismo periodo, para destruir al movimiento revolucionario Panteras Negras. En ambos casos la CIA jugó un papel destacado. Sobre estos dos primeros puntos hay decenas de publicaciones, lo que hace innecesario entrar en detalles.

En tercer lugar, Colombia ha sido el principal banco de pruebas en el uso de las bandas criminales contra las organizaciones revolucionarias y los sectores populares. Un informe de Americas Watch de 1990 establece que el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, atacaba sistemáticamente a líderes sindicales, profesores, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de izquierda, particularmente de la Unión Patriótica (Americas Watch, La guerra contra las drogas en Colombia, 1990, p. 22).

A renglón seguido destaca que los narcotraficantes se han convertido en grandes terratenientes y, como tal, han comenzado a compartir la política de derecha de los terratenientes tradicionales y a dirigir algunos de los más notorios grupos paramilitares.

Este es el punto clave: la confluencia de intereses entre dos sectores que buscan enriquecerse y mantener cuotas de poder, o adquirir más poder, a costa de los campesinos, los sectores populares y las izquierdas. Todo indica que la experiencia colombiana –en modo particular, la alianza de los narcos y los demás sectores de las clases dominantes– está siendo replicada en otros países como México y Guatemala, y está disponible para aplicarla donde las élites globales lo crean necesario. De más está decir que esto no podía hacerse sin el concurso de la agencia antidrogas estadunidense, así como de sus fuerzas armadas.

En cuarto lugar, hace falta comprender que el negocio de las drogas forma parte de la acumulación por desposesión, tanto en su forma como en su contenido. Funciona como una empresa capitalista, como una actividad económica racional, como concluye el libro Cocaína & Co., de los sociólogos colombianos Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento (Tercer Mundo Ediciones, 1991). Tiene algunas diferencias con los demás negocios capitalistas, sólo por tratarse de una actividad ilegal.

La violencia criminal, considerada a veces como demencial, es el argumento que suelen utilizar los medios y las autoridades para enfatizar los aspectos especiales del negocio de las drogas. Es tan falso como lo sería atribuir un carácter criminal al cultivo y comercialización de bananas porque en diciembre de 1928 fueron asesinados mil 800 huelguistas que trabajaban en la United Fruit Company en la Ciénaga de Santa Marta, norte colombiano. Algo similar podría atribuirse al negocio minero o al petrolero, manchados de sangre en todo el mundo.

El negocio de las drogas está en sintonía con la financierización de la economía global, con la cual confluye a través de los circuitos bancarios donde se lavan sus activos. Es bueno recordar que durante la crisis de 2008 el dinero del narco mantuvo la fluidez del sistema financiero, sin cuyos aportes hubiera padecido un cuello de botella que habría paralizado buena parte de la banca.

Por último, eso que mal llamamos narco tiene exactamente los mismos intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se mimetiza, que consiste en destruir el tejido social, para hacer imposible e inviable la organización popular. Nada peor que seguir a los medios que presentan a los narcos como forajidos irracionales. Tienen una estrategia, de clase, la misma a la que pertenecen.

Ayotzinapa, terror clasista II

Carlos Fazio

El Estado mexicano vive una profunda crisis. A raíz de los graves hechos de Iguala ha quedado exhibida, una vez más, la violencia de un Estado terrorista asentado en la cadena corrupción-impunidad-simulación. Con su sistema de tapaderas y su fachada seudodemocrática, el pacto de impunidad de la clase política le reventó en la cara a Enrique Peña Nieto, el estadista del año. La catástrofe humanitaria del calderonismo, profundizada durante su mandato, obligó al jefe del Ejecutivo a realizar operaciones de control de daños. ¿Objetivo? Eludir su responsabilidad en los crímenes de Estado y lesa humanidad configurados tras las ejecuciones extrajudiciales de seis personas, la práctica de la tortura y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.

Por acción u omisión, la responsabilidad del Eje­cutivo federal es ineludible. Según el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril, las fuerzas armadas, por sus características –entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta y de fuego−, son el cuerpo necesario e indispensable para reducir la violencia y garantizar la paz social en México. Desde las 21 horas del 26 de septiembre el gabinete de Seguridad Nacional recibió reportes y comunicaciones sobre qué estaba ocurriendo en Iguala. La detención-desaparición de los 43 normalistas ocurrió con el conocimiento, en tiempo real, de agentes de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen/Gobernación), y los mandos de la Se­cretaría de la Defensa Nacional. No se puede argüir fallas de inteligencia; tampoco dudar de la movilidad y capacidad de respuesta del batallón de infantería 27 acantonado en esa ciudad desde los años 70. Es previsible que alguien haya informado al responsable de la cadena de mando y comandante supremo, el Presidente de la República.

Peña Nieto cambió la narrativa, pero no la esencia represiva del Estado y su gobierno. Huelga decir que la figura de la desaparición forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror. El Estado terrorista encarna una filosofía que aparece cuando la normatividad pública autoimpuesta por los que mandan es incapaz de defender el orden social capitalista y contrarrestar con eficacia necesaria la contestación de los de abajo. Por ende, debe incorporarse una actividad permanente y paralela del Estado mediante una doble faz de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes (que en México no se cumple) y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal.

Es un modelo de Estado público y clandestino. Como un Jano bifronte. Con un doble campo de actuación, que adquiere modos clandestinos estructurales e incorpora formas no convencionales (o irregulares) de lucha. Un instrumento clave del Estado clandestino es el terror como método. El crimen y el terror. Se trata de una concepción arbitraria, pero no absurda. Responde a una necesidad imperiosa del imperialismo y de las clases dominantes. Aparece cuando el control discrecional de la coerción y de la subordinación de la sociedad civil ya no resulta eficaz. Cuando el modelo de control tradicional se agota y el sistema necesita una reconversión. No tiene que ver con fuerzas oscuras enquistadas en los sótanos del viejo sistema autoritario. Tampoco con grupos de incontrolados o algunas manzanas podridas dentro del Ejército y la policía.

Tiene que ver, fundamentalmente, con la reconversión del modelo de concentración del capital monopólico y la imposición de políticas de transformación del aparato productivo acorde con la nueva división internacional del trabajo. Y con la imposición del paquete de contrarreformas neoliberales, que incluye la apropiación de la tierra por grandes latifundistas y corporaciones trasnacionales que profundizarán el saqueo de los recursos geoestratégicos de la nación.

Pero el terror del Estado es también una respuesta al ascenso de las luchas políticas y reivindicativas de las masas populares; a la protesta de los de abajo, como la de los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Frente a la resistencia y la contestación, los amos del país necesitan una adecuación del Estado represivo. Entonces aparece el terror como fuerza disuasoria. La otra faz del Estado, la clandestina. La que recurre a fuerzas paramilitares. A los escuadrones de la muerte. A los grupos de limpieza social y los sicarios. A la guerra sucia. A los fantasmas sin rastro que ejecutan operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia del Estado. A fuerzas anónimas que gozan de una irrestricta impunidad fáctica y jurídica. Aparece la otra cara de un Estado que construye su poder militarizando la sociedad y desarticulándola mediante el miedo y el horror. De manera selectiva o masiva, según las circunstancias. Pero siempre con efectos expansivos, haciéndole sentir al conjunto social que ese terror puede alcanzarlo.

Iguala exhibe la cara oculta de un Estado que hace un uso sistemático, calculado y racional de la violencia, de acuerdo con una concepción y una ideología que se enseña en las academias militares. Que forman parte de una doctrina de contrainsurgencia. De la guerra sicológica que experimentó Estados Unidos en Vietnam, cuando la Operación Ojo Negro desplegada por escuadrones clandestinos puso en práctica la fórmula: contraguerrilla=demagogia+terror. En ese contexto, quedan para la reflexión o interpretación las palabras del secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, ante Peña Nieto en el Campo Militar número uno: no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad; las fuerzas armadas no pueden cometer actos propios de delincuentes.

Un Estado fallido planificado

Raúl Zibechi

El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.

Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.

Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el expresidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.

Peor que el Estado Islámico

Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).

La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000 (Russia Today, 21 de octubre de 2014).

Los carteles llevan a cabo cientos de decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales”.

Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.

La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.

Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, incluyendo al PRD, de centro izquierda, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.

Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.

En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.

Controlar la sociedad

Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.

Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).

Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.

Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.

Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.

Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.

Rector de la Universidad de Morelos llama a no votar en el 2015

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez llamó a los mexicanos a realizar “un boicot político” en las elecciones federales del 2015.

A continuación se reproduce el discurso íntegro pronunciado por el rector Vera Jiménez el miércoles 22 de octubre.

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha tomado las calles de Cuernavaca y desde aquí, hermanada en una sola voz, con otras instituciones de educación superior en el país, más de 100, les expresa a los deudos de las 6 personas asesinadas en Iguala, el pasado 26 de septiembre, así como a los familiares, compañeros y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa su más profunda solidaridad, y como bien lo expresó el Ejército Zapatista: su dolor es nuestro dolor, su rabia es nuestra rabia, sus exigencias son también las nuestras.

De manera especial, quiero enviar un saludo solidario y fraterno a la familia de José Luis Luna Torres, joven de 20 años, originario de Amilcingo Morelos y estudiante de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, quien se encuentra entre los 43 desaparecidos.

Familiares de José Luis, familia Luna Torre, Marisol que estás aquí con nosotros, no estás sola, los universitarios de Morelos estamos con ustedes y con todas las víctimas del país, nos ponemos a sus órdenes para lo que necesiten y se les ofrezca, nos ponemos a sus órdenes para seguir luchando.

Ciudadanos de Morelos, colegas universitarios, jóvenes estudiantes.

Desde esta plaza pública exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales, la aparición con vida, ya, de los 43 jóvenes desaparecidos.

Exigimos también, el que se haga en este caso y en general en el caso de todas las víctimas que día a día se acumulan en las escandalosas cifras de desaparecidos y configuran una profunda emergencia nacional, justicia verdadera. Justicia para los familiares de Ricardo Esparza Villegas, alumno del Centro Universitario de Los Lagos, quien fue asesinado este lunes.

No nos van a callar, no nos van a desmovilizar, antes al contrario, junto con universidades hermanas, junto con estudiantes y jóvenes de todos los rincones del país, junto con la sociedad civil, nos daremos a la tarea de enfrentar la crisis de Estado en la que nuestro país está inmerso, dándonos desde abajo, nuevas instituciones.

Desafortunadamente los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, no son hechos aislados: “entre fines de 2006 y mediados de 2014 han desaparecido más de 22 mil personas en México. Es decir, llevamos poco menos de 8 años con un promedio de 240 desaparecidos al mes, lo cual equivale a un contingente como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa cada 6 días”.

Sin duda lo sucedido en Ayotzinapa es escalofriante, como lo es también lo sucedido en Tlatlaya, pero vistos en el contexto nacional no son particularmente excepcionales y ello es lo grave.

Ello es lo que nos indigna, ello es lo que no produce una profunda rabia, porque vemos que la clase política mexicana está más empeñada en defender sus cotos de poder, que en impulsar políticas que reviertan la dinámica de barbarie en la que nos encontramos.

La clase política se rasgó las vestiduras cuando se habló de que México era un Estado fallido y hoy, con los sucesos de Guerrero y antes en Michoacán y en Tamaulipas, y en el Estado de México, y en Veracruz y en nuestro propio Estado de Morelos, nos da elementos para afirmar que México es hoy, un narco Estado y no lo vamos a permitir.

¿Cuál es el terreno que ha permitido que la semilla del narco estado crezca y florezca en nuestro país?

La desigualdad, la impunidad y la corrupción.

En México, la población más rica obtiene 19 veces más ingreso, que el 10% de la población más pobre. Eso es inadmisible ya, eso es inaceptable, es en verdad indigna una clase política que camina por la izquierda y después cambia para tomar camino por la derecha, que no es capaz de llevar a buen puerto, políticas distributivas y revertir en sus condiciones y raíces la creciente desigualdad.

Es en verdad inaceptable que como sociedad estemos sepultando la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, acicateados por la caca del diablo, el dinero.
Es en verdad inaceptable que como país, estemos condenando a nuestros niños y jóvenes a la desesperanza, a la miseria y a la frustración.

¡Ya basta!

“La impunidad en México es total”, tituló ayer el periódico español El Mundo a la nota en la que informaba a sus lectores sobre los acontecimientos en Iguala, Guerrero.

No está lejos de la verdad, la PGR afirma que en México quedan en la impunidad el 93% de los delitos. A ello hay que añadir que el 92 % de los delitos no se denuncia.

Es en verdad una verdadera catástrofe, es la prueba fehaciente de que hoy en México, no hay Estado de Derecho, ¡Basta ya de simulaciones y mentiras!

Nuestra convivencia está seriamente lastimada por la impunidad y en especial la impunidad de quienes han propiciado el estado de cosas que hoy vivimos. Combatir la violencia con violencia es en verdad un despropósito, es querer apagar el fuego con gasolina.

Revelémonos en contra de la impunidad, no permitamos que se diluyan en la palabrería demagógica de la clase política y de los partidos que los cobijan, exijamos que quienes tienen responsabilidades, bien sea por un actuar ilícito, bien sea por omisión, reciban castigo. Y las víctimas de los familiares justicia verdadera.

No basta pedir perdón, hay que aceptar las responsabilidades y someterse al imperio de la ley. Es claro hoy, que en lo de Iguala hay muchos políticos omisos. Exigimos sean llevados ante la ley.

En el 2013, México se ubicó en la posición 106 de 177 países en la percepción de la corrupción.

Entre los países que integran la OCDE, México se ubica en la última posición de la tabla en materia de corrupción, por debajo de países como Italia y Grecia.

La corrupción en nuestro país es una verdadera gangrena que ha corroído la trama institucional y ha contaminado de manera brutal la relación de los ciudadanos con los gobernantes, con la clase política.

“El que no transa no avanza” decimos con cínica picardía los ciudadanos, pero la clase política en este país lo ha tomado como el lema de su actuar cotidiano.

¡Ya basta! México y los mexicanos no nos merecemos gobiernos y políticos tan corruptos como los que tenemos.

¡Ya basta! la corrupción es el agua que riega las semillas de la impunidad y es la impunidad la patente de corso para delinquir.

“La corrupción legalizada –dice Edgardo Buscaglia– es el aparato circulatorio de la delincuencia organizada y es lo primero que hay que cambiar”.

Desigualdad, impunidad y corrupción son sin lugar a dudas, los problemas estructurales que configuran la emergencia nacional en la que estamos inmersos.

Las fosas que a propósito de los hechos en Iguala el pasado 26 de septiembre, han aparecido, le dan la razón al Padre Solalinde, quien expresó en días recientes en la Ciudad de Puebla: “En este sistema económico político la gente no vale, no importa, y sólo es un instrumento para generar riqueza. Al mismo tiempo, vemos una degradación política. Vemos una función pública que va por el poder y el dinero. Vemos un país que es una fosa común general. Por donde rasquen, vemos muertos”.

Como dice el compañero Javier Sicilia: ¡Ya basta, estamos hasta la madre!

Y si los políticos no lo entienden y si los políticos no lo quieren entender porque en su decir cuentan con indicadores y encuestas que les muestran que las cosas marchan bien, que con su pan se lo coman.

Es hora de que los ciudadanos, de cara a las próximas elecciones de 2015, empecemos ya, a explorar alternativas.

Convoquemos a un gran debate nacional, convoquemos a múltiples movilizaciones nacionales que se ocupen del tema y, si la voluntad de los ciudadanos, nuestra voluntad, es ausentarnos de las urnas, hagámoslo, hagámosles a los políticos, un boicot político, un paro político, dejémoslos con su boletas y sus urnas, no nos convirtamos en cómplices, no los legitimemos. A los rectores de las más de 100 universidades les invito a que no aceptemos cargos de elección popular, que no nos hagamos cómplices. Compañeros rectores no aceptemos sus migajas sigamos luchando desde nuestra trinchera de la educación y el desarrollo de nuestro país, por nuestros jóvenes sigamos con el lápiz y el papel luchando para sacar adelante este país.

Hago mías las palabras de Edgardo Buscaglia y propongo que ustedes también se apropien de ellas: “Este tsunami de sangre ha despertado a la sociedad civil en México, ¬–dice Buscaglia– pero hay que ir más allá de pedir justicia por la tragedia en Iguala; hay que prevenir que más masacres ocurran. Hay que rescatar al Estado de los gobernantes que lo han secuestrado. Se trata de salvar vidas y para ello se necesita un movimiento social fuerte y unido desligado de estos poderes formales, cómplices de la delincuencia”.

Compañeros no nos presentamos a las urnas, no hagamos de esto un circo como el que han hecho tantos políticos, y mientras sigan sin aparecer los 43 compañeros de Ayotzinapa y mientras sigan presentándonos candidatos vinculados al narco y a los filtros de selección de candidatos de los partidos políticos no estén transparentados por la ciudadanía, digamos no a las elecciones.

Hoy, parafraseando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los Universitarios de la UAEM les decimos a todas las víctimas de nuestro país, en especial a las que como dijera la hermana de José Luis Luna Torres, como dijera Marisol: “…su sufrimiento es como estar muriendo lento”, por los asesinatos en Iguala y por la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que su dolor es nuestro dolor, que su rabia es nuestra rabia.

“Están muertos”

Álvaro Delgado

MEXICO, D.F. (apro).- “Todos están muertos”, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde, el viernes 17, y desnudó la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para pagar el menor costo político por los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen oficialmente desaparecidos desde el viernes 26 de septiembre.

Si de por sí tiene poca valía la palabra del gobierno federal, que tardó diez días en intervenir pese a la magnitud de la tragedia en Iguala –y sólo ante el escándalo mundial–, el macabro manejo de ésta para paliar los costos políticos, aun con el sufrimiento de las familias, corresponde a seres miserables.

El jueves 9, a 13 días de la desaparición de los normalistas a manos presuntamente de policías que los entregaron a sicarios de la banda criminal Guerreros Unidos, el propio Peña dejó entrever que estaban muertos, en un discurso en Irapuato, Guanajuato:

“Tenemos que ir a profundidad y, tope donde tope, llegar a los responsables, a aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala y que, lamentablemente, de confirmarse, jóvenes estudiantes hubiesen perdido la vida”.

Ese mismo día, el procurador Jesús Murillo Karam anunció la captura de cuatro implicados en la desaparición de los 43 estudiantes y la ubicación de otras cuatro fosas clandestinas, además de las halladas el sábado previo, donde presuntamente también fueron incinerados los cadáveres de personas no identificadas.

Desde entonces se hizo más ostensible en esa zona de Guerrero el despliegue del gobierno federal para, supuestamente, dar con el paradero de los “desaparecidos”: Más de mil 200 elementos de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército y la Marina buscaban por todas partes.

La propaganda gubernamental, difundida con gran despliegue en los medios televisivos, ha incluido que los elementos policiacos y militares están siendo auxiliados por helicópteros Black-Hawk y que, provistos de mapas de la geografía local, buscan también a los desaparecidos en ríos y presas de la sierra guerrerense.

Es un gran despliegue operativo, acompañado de una vasta estrategia mediática que comenzó cuando estaba ya en entredicho la imagen internacional de Peña.

Y es que tras la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, Peña fue desdeñoso y su primera intervención al respecto se produjo hasta el 30 cuando, en una gira por el Estado de México, dijo que la responsabilidad era sólo del gobierno de Guerrero.

“Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”, dijo ese martes, pero la condena internacional escaló, sumada al fusilamiento de algunos de los 22 jóvenes muertos en Tlatlaya, en el estado que él gobernó.

Otro elemento que obligó a su intervención, y que lo obligó a emitir un mensaje desde Palacio Nacional, el lunes 6, se produjo el sábado 4, cuando el perredista René Bejarano aseguró haber informado al procurador Jesús Murillo Karam y al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, de los nexos con el crimen organizado del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, involucrado en la desaparición.

En el Consejo Nacional del PRD, que eligió a Carlos Navarrete como presidente, Bejarano aseguró haber presentado pruebas de que Abarca asesinó al perredista Arturo Hernández Cardona y que enteró de esos hechos a los dos funcionarios federales y a la dirigencia de su partido.

El gobierno de Peña trató de neutralizar lo afirmado por Bejarano a través de las opiniones de dos periodistas: El miércoles 8, la Secretaría de Gobernación emitió, como un comunicado oficial, “fragmento de mesa de análisis en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula”.

Estas opiniones de López Dóriga y José Fonseca, difundidas como comunicado oficial por la Secretaría de Gobernación, tenían una clara intención: Desacreditar la información de René Bejarano y encomiar a Osorio Chong y a Murillo Karam:

“José Fonseca: René Bejarano no aportó, ni ha aportado, pruebas que sustenten sus acusaciones contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“Joaquín López-Dóriga: Lo dijo el procurador (Murillo Karam) que nunca presentó la denuncia en la PGR como dijo.

“Y como me dijo el secretario de Gobernación, Osorio Chong: ‘A mí René Bejarano jamás me trató el tema de Iguala’. O sea, el secretario Osorio Chong está desmintiendo el señalamiento de Bejarano, que también está jalando agua para su corriente”.

Pero toda esta estrategia de arropamiento a Peña y a los más altos funcionarios de su gobierno, exhibidos como cómplices al menos por omisión del gobernador y del alcalde fugitivo, se está viniendo abajo con la afirmación del padre Solalinde de que los 43 normalistas ya no viven.

“Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento. Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”.

Quizá por eso al sacerdote, a quien no se tiene por mentiroso, nadie lo quiso recibir en la PGR, este lunes, para presentar una denuncia.

El teatro macabro de Peña ya empezó a derrumbarse…

Ayotzinapa, terror clasista

Carlos Fazio

Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala, donde seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados −uno con muerte cerebral− y resultaron detenido-desaparecidos de manera forzosa 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuran crímenes de lesa humanidad.

Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Fuentes −a quien, con la modalidad propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel de su rostro−, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista y racista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas.

En ejercicio de sus funciones −o con motivo de ellas−, agentes estatales actuaron con total desprecio por los derechos humanos, violando el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue antes torturada de manera salvaje. Asimismo, los 43 desaparecidos fueron detenidos con violencia física por agentes del Estado y trasladados en patrullas oficiales, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzosa.

De acuerdo con el artículo 149 bis del Código Penal Federal, también podría configurarse el delito de genocidio, dado que se procedió a la destrucción parcial de un grupo nacional (los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa), quienes han sido sometidos a un hostigamiento sistemático, continuado y prolongado a través de los medios de difusión masiva, con la participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de los hechos.

Al respecto, cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de esa Normal Rural fueron ejecutados de manera sumaria extrajudicial en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero; cuatro más resultaron heridos y 24 fueron sometidos a torturas y tratos crueles y degradantes por funcionarios policiales. Capturado en el lugar de los hechos, el estudiante Gerardo Torres fue aislado, incomunicado y trasladado a una casa abandonada en Zupango, donde lo desnudaron y torturaron. Después, con la intención de fabricar un culpable o chivo expiatorio, le sembraron un arma AK- 47 de las llamadas cuernos de chivo y lo obligaron a disparar y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos de pólvora, con la intención de imputarle la muerte de sus dos compañeros.

Entonces de determinó que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado y de las armas de fuego −es decir, se actuó al margen de los protocolos antimotines y con armamento de alto poder−, con el objetivo de contener una manifestación pública. Dos agentes policiales sindicados como autores materiales de los homicidios están hoy en libertad.

A dos años y medio de aquellos hechos, existen evidencias testimoniales de que entre los policías, ministerios públicos y militares del estado de Guerrero existe un desprecio y odio criminal contra los estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora como entonces, como tantas veces desde 1968 (cuando la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas), asistimos a una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte, cuya “misión” es desaparecer lo disfuncional al actual régimen de dominación.

Huelga decir que la figura de la desaparición forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror.

Ante la gravedad de los hechos y el escrutinio mundial −el gobierno de Enrique Peña Nieto vive en la coyuntura una aguda crisis producto de las presiones a que está siendo sometido por la ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comunidad Europea y distintas organizaciones humanitarias que demandan la aparición con vida de los 43 muchachos detenido-desaparecidos−, autoridades estatales y federales han venido posicionando mediáticamente la hipótesis del “crimen organizado y las fosas comunes”, coartada que de manera recurrente ha sido utilizada como estrategia de desgaste, disolución de evidencias y garantía de impunidad.

Se trata de una lógica perversa que, en el caso de Iguala, busca difuminar responsabilidades y encubrir complicidades oficiales, y juega con el dolor y la digna rabia de los familiares de las víctimas y sus compañeros. Como dicen las madres y los padres de los 43 desaparecidos, “las autoridades andan buscando muertos, cuando lo que queremos es encontrar a nuestros muchachos vivos”.

No es creíble que los hechos hayan respondido a una acción inconsulta de un grupo de efectivos policiales. Resulta en extremo sospechoso que desde un principio no se contemplara la cadena de mando en el marco del Operativo Guerrero Seguro donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República), y que incluso se facilitaran las fugas del director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares y de su jefe, el alcalde con licencia José Luis Abarca, de quien ahora todos dicen que “sabían” que estaba vinculado al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Dieciséis de los 22 policías municipales procesados dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio −es decir, dispararon sus armas− y podrían ser los autores materiales de los asesinatos. Falta saber quiénes son los responsables intelectuales y cuál fue el verdadero móvil de los hechos, incluidas las 43 detenciones-desapariciones forzadas.

Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las autoridades ministeriales no procedieron a realizar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar con prontitud a los jóvenes detenido-desaparecidos. Agentes del Ministerio Público actuaron con negligencia e insensibilidad y podrían resultar cómplices en la acción de manipular evidencias y enturbiar y enredar los hechos. Amnistía Internacional calificó la investigación judicial como “caótica y hostil” hacia los familiares y compañeros de las víctimas. Hostilidad que ha sido extensiva a las peritas del equipo técnico de forenses argentinas, en quien familiares y estudiantes han depositado su confianza y ven como único mecanismo de certeza en el caso de una eventual aparición de restos.

Cabe reiterar que una vez más hubo un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado. Y hay que insistir en la cadena de mando. Los hechos ocurrieron en presencia de las policías estatal y federal, y de los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política del régimen). Pero también de elementos del Batallón de Infantería Nro. 27, que depende de la 35 Zona Militar. En particular, del denominado Tercer Batallón, una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Ambos batallones tienen sus cuarteles en Iguala. Además de que en ese estado existen Bases de Operación Mixtas (BOM), que suelen ser coordinadas por las fuerzas armadas (Ejército o Marina de Guerra).

Además, si como declaró públicamente el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, había informado con anterioridad a los hechos del 26 y 27 de septiembre a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Cisen y a la Procuraduría General de la República, de los presuntos nexos del edil de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Guerreros Unidos, se supone que la Subprocuraduría Especializada en Investigación Organizada (Seido) debía tener bajo la lupa ese municipio.

Entre las inconsistencias o lagunas del caso, es necesario decir que entre la primera y segunda balacera el Ejército dejó pasar tres horas. El por qué sigue siendo una incógnita. Como denunció el joven Omar García, representante del comité estudiantil de Ayotzinapa y quien estuvo esa noche en el lugar de los hechos, luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, “efectivos castrenses” sometieron a los normalistas. García narró que al hospital Cristina −adonde llevaron al estudiante Édgar Andrés Vargas herido con un balazo en la boca− “los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Édgar”.

En Guerrero, el control territorial lo tiene el Ejército. Un Ejército que actúa bajo la lógica de la contrainsurgencia −es decir, del “enemigo interno”− y vive obsesionado con la presencia de la guerrilla (cuatro de las cuales, por cierto, se han manifestado a raíz de los trágicos hechos: EPR, FAR-LP, Milicias Populares y ERPI). Más allá de ello, y de los fines políticos mezquinos de los partidos políticos con vista a los comicios intermedios de 2015 y los presidenciales de 2018, resulta obvio que por acción u omisión, los mandos castrenses de la zona tienen responsabilidad en los hechos protagonizados por policías y paramilitares de Iguala, además de que quedó demostrada, una vez más, la delegación parcial del monopolio de la fuerza del Estado en un grupo paramilitar y/o delincuencial.

Existen indicios que sugieren el montaje de una gran provocación. Pudo tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecución extrajudicial de 22 personas por el Ejército en Tlatlaya, estado de México, y el encubrimiento de los responsables. Desde 2006 las fuerzas armadas han venido exterminando “enemigos” en el marco de un Estado de excepción permanente de facto. Los hechos de Iguala confirman la regla: fue un crimen de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional mintió en el caso Tlatlaya; todas las autoridades pueden estar mintiendo ahora.

En ese contexto, y en el de una conflictividad en aumento −los sucesos del lunes 13, cuando resultaron incendiadas las sedes del gobierno y la legislatura estatales y de la alcaldía de Chilpancingo−, cabe enfatizar el sentir de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa: búsqueda con vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos; castigo a los culpables, y apoyo a las normales rurales que quieren ser desaparecidas, también, por el gobierno federal en el marco de la contrarreforma educativa aprobada en 2013.
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!