Adolfo Sánchez Rebolledo
Dice el historiador Josep Fontana que "desde la Revolución Francesa hasta los años 70 del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándolas a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario" ("Más allá de la crisis", Rebelión, 8/2/12). En ese extenso periodo los asalariados tuvieron que exigirlo todo: desde la libertad de reunión hasta la jornada de ocho horas o el ejercicio del voto, por no hablar de la contratación colectiva, el derecho de huelga o al "salario digno" al que todavía hoy alude utópicamente la OIT. Son esas "concesiones" las que marcan el progreso, la humanización de las relaciones capitalistas y con ello las formas de convivencia civilizadas más democráticas. La posguerra despertó nuevas inquietudes: la derrota del fascismo fortalecía en Europa al mundo del trabajo, inclinado al socialismo en una sociedad cada vez más polarizada entre dos extremos; pero la inteligencia de los hombres de Estado, que habían aprendido del New Deal –y los recursos a su disposición–, permitió un pacto político social que contuvo el "peligro" comunista, atemperando las desigualdades a favor de las grandes masas mientras crecían la productividad, el consumo y las ganancias del capital. Las cosas salieron tan bien que se creyó que el nuevo orden europeo –el floreciente Estado de bienestar– sería un estadio irreversible, más equilibrado y justo, sin grandes enemigos internos. Sin embargo, la propia guerra fría confirmaba que los temores de fondo del viejo capitalismo anticomunista (y sus actores) seguían presentes, prestos a convertirse en políticas de fuerza y no sólo frente a la amenaza proveniente del exterior.
La vieja pesadilla apenas comenzó a desvanecerse en los años 70, cuando, apunta Fontana, se hizo evidente "que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones" ni tampoco podían ganar la guerra fría. La crisis de los años 70 borró del mapa la actualidad de la revolución en los países desarrollados y probó que el Estado soviético, con todo y sus colmillos nucleares, era un tigre de papel sometido a una desconocida enfermedad terminal que acabaría extinguiéndolo. Lo que sigue es historia conocida: los gobiernos de Reagan y Thatcher, luego de la crisis del petróleo, iniciaron la gran reforma neoliberal, cuyo objetivo no era otro que volver a poner sobre sus pies al capitalismo, que buscaba elevar sus ganancias. No sería sencillo desmontar las conquistas laborales y sociales, pero se puso toda la carne en el asador para lograrlo, desde la destrucción del sindicato hasta la reducción de los derechos más emblemáticos. El mundo del trabajo perdió densidad y peso político. Simultáneamente se fomenta el libre comercio, la innovación tecnológica y se "deslocalizan" las industrias, tejiendo un red global que antes no existía. El resultado, apunta nuestro autor, es que los salarios reales bajaron 7 por ciento de 1976 a 2007 en Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis. En otras palabras, el mundo se hizo aún más desigual que en el pasado.
La euforia antiestatista devino culto obligatorio al mercado y el individualismo hizo parecer ridículas las obsesiones igualitarias del pasado. El éxito de la revolución neoliberal alcanzó el cénit con la caída del Muro de Berlín, presentada como la confirmación absoluta de su pertinencia, de modo que el pensamiento crítico se reduce al mínimo o se queda como expresión testimonial de los sueños utópicos. Es en ese momento cuando surge la "la gran divergencia", es decir, el proceso que, según Krugman, llevó al enriquecimiento del ya famoso uno por ciento a cuenta del empobrecimiento del resto de la humanidad. Lo extraordinario de esta situación, dice Fontana, es que la gran divergencia no es, como se repite, el resultado lógico, fatal, de la actividad del mercado, sino una construcción política puesta en juego para fortalecer, justamente, el peso específico de las grandes empresas que usan al Estado y la ley para reciclar sus privilegios. Dicho de otro modo, más allá de la crisis y sus secuelas, estaríamos ante una "transformación a largo plazo de las reglas del juego social", que afirmaría el poder del uno por ciento frente a la precarización universal del trabajo. Atrás quedaría "una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico" y se instalaría una "nueva era de desigualdad", gobernada por una oligarquía financiera. El resultado, hablando de Europa en particular, sería –según Fontana– “un golpe de Estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros”.
La dureza de las políticas de austeridad, los ataques a los derechos sindicales en España, la represión creciente a las disidencias "indignadas" en el globo entero, en fin, la crueldad del ajuste impuesto a Grecia, son ejemplos de hasta qué punto los grupos dirigentes actúan convencidos de que pueden imponerse sin desatar una situación de permanente ingobernabilidad haciendo irreversibles o permanentes las medidas adoptadas contra la crisis. Pero en este punto se olvidan de lo que los clásicos ya sabían antes de Marx: la lucha de clases existe.
20.2.12
Firmarán México y EU acuerdo sobre petróleo
El presidente Felipe Calderón será el testigo de honor
Luis Carriles
Los gobiernos de México y de Estados Unidos firmarán este lunes
el Acuerdo para la Exploración y Explotación de los Yacimientos
Transfronterizos. El documento será signado por la canciller
Patricia Espinosa junto con la secretaria de Estado de EU, Hillary
Clinton. El testigo de honor será el presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
Con la firma de este acuerdo se abre la posibilidad de que tanto
las empresas privadas de EU como Petróleos Mexicanos puedan
acceder a la explotación de los yacimientos petroleros que de
manera subterránea pasan por debajo de ambas fronteras.
El objetivo del acuerdo es que de manera ordenada se puedan
explorar las formaciones geológicas que cruzan ambos lados de la
frontera, como es el caso del Cinturón Plegado Perdido, en donde,
del lado estadounidense, ya hay tres pozos a menos de 10
kilómetros de la frontera: Great White, Trident y Hammer Head.
El acuerdo permite que haya una mayor posibilidad de definir los
alcances que en materia petrolera se pueden hacer en ambos
lados de la frontera, incrementar la cooperación sobre resultados
de exploración en la zona y permite analizar las estructuras
geológicas que podrían ser compartidas.
Luego de revisar que efectivamente sean estructuras compartidas
hay que definir que contienen aceite y luego si este aceite, en
efecto, pasa por ambos países.
Según la Secretaría de Energía (Sener), para llegar a esta firma se
realizaron seis reuniones técnicas bilaterales y se han llevado a
cabo tres reuniones formales de negociación.
El acuerdo se firmó en dos momentos: el interno que faculta al
gobierno mexicano a llevarlo a cabo luego de la Reforma a la Ley
Reglamentaria del 27 Constitucional en 2008. Esta reforma sentó
las bases jurídicas para la explotación de los yacimientos
transfronterizos amparados en un tratado internacional.
El segundo es la moratoria petrolera que se negoció con EU y que
estuvo vigente hasta enero de 2011, misma que se acordó
prorrogar tres años más, pero que será desactivada a partir de
este año.
La Secretaría de Energía, en coordinación con Relaciones
Exteriores, mantuvo los trabajos con el gobierno de EU mientras
se termina la moratoria de exploración en el polígono occidental.
Entre los primeros trabajos dentro del territorio marítimo
mexicano está el pozo Maximino. Pemex planea perforar un pozo a
3 mil 48 metros de profundidad en el primer cuatrimestre de
2012.
Luis Carriles
Los gobiernos de México y de Estados Unidos firmarán este lunes
el Acuerdo para la Exploración y Explotación de los Yacimientos
Transfronterizos. El documento será signado por la canciller
Patricia Espinosa junto con la secretaria de Estado de EU, Hillary
Clinton. El testigo de honor será el presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
Con la firma de este acuerdo se abre la posibilidad de que tanto
las empresas privadas de EU como Petróleos Mexicanos puedan
acceder a la explotación de los yacimientos petroleros que de
manera subterránea pasan por debajo de ambas fronteras.
El objetivo del acuerdo es que de manera ordenada se puedan
explorar las formaciones geológicas que cruzan ambos lados de la
frontera, como es el caso del Cinturón Plegado Perdido, en donde,
del lado estadounidense, ya hay tres pozos a menos de 10
kilómetros de la frontera: Great White, Trident y Hammer Head.
El acuerdo permite que haya una mayor posibilidad de definir los
alcances que en materia petrolera se pueden hacer en ambos
lados de la frontera, incrementar la cooperación sobre resultados
de exploración en la zona y permite analizar las estructuras
geológicas que podrían ser compartidas.
Luego de revisar que efectivamente sean estructuras compartidas
hay que definir que contienen aceite y luego si este aceite, en
efecto, pasa por ambos países.
Según la Secretaría de Energía (Sener), para llegar a esta firma se
realizaron seis reuniones técnicas bilaterales y se han llevado a
cabo tres reuniones formales de negociación.
El acuerdo se firmó en dos momentos: el interno que faculta al
gobierno mexicano a llevarlo a cabo luego de la Reforma a la Ley
Reglamentaria del 27 Constitucional en 2008. Esta reforma sentó
las bases jurídicas para la explotación de los yacimientos
transfronterizos amparados en un tratado internacional.
El segundo es la moratoria petrolera que se negoció con EU y que
estuvo vigente hasta enero de 2011, misma que se acordó
prorrogar tres años más, pero que será desactivada a partir de
este año.
La Secretaría de Energía, en coordinación con Relaciones
Exteriores, mantuvo los trabajos con el gobierno de EU mientras
se termina la moratoria de exploración en el polígono occidental.
Entre los primeros trabajos dentro del territorio marítimo
mexicano está el pozo Maximino. Pemex planea perforar un pozo a
3 mil 48 metros de profundidad en el primer cuatrimestre de
2012.
El eje Wojtyla-Ratzinger y Calderón
Carlos Fazio
Cuando en marzo de 2005 el papa Karol Wojtyla agonizaba en Roma, hacía ya años que había dejado de gobernar a la Iglesia católica. El dilema del cónclave de cardenales que debería designar a su sucesor era si elegirían a un pontífice que retomara el Concilio Vaticano II o uno que prolongara la contrarreforma católica. La incógnita estribaba en quién predominaría: ¿Juan XXIII o Juan Pablo II? ¿Una nueva transición o el continuismo?
El designado fue Joseph Ratzinger, quien de noviembre de 1981 al momento de su nombramiento como nuevo pontífice se había desempeñado como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Teólogo de profesión, durante el pontificado restaurador de Juan Pablo II ese teutón nacido en Baviera se había convertido en su verdadero alter ego, liderando desde el edificio de la antigua Inquisición, cual fiel cruzado, todas las guerras de Wojtyla contra los obispos, sacerdotes, religiosas y teólogos contestatarios que osaron poner en duda su magisterio, incluidos los juicios sumarísimos propios del ex Santo Oficio contra reputados teólogos de la talla de Hans Küng, Edward Schillebeeckx y Leonardo Boff, así como el acoso permanente a obispos proféticos como Sergio Méndez Arceo, Óscar Arnulfo Romero, Leónidas Proaño, Pedro Casaldáliga y Samuel Ruiz.
Duro, ortodoxo y "mordedor" –el diario británico Daily Mirror recibió su designación con una foto en portada coronada por un encabezado que rezaba: "De rottweiler de Dios a Benedicto XVI", mientras The Sun, el tabloide más popular del Reino Unido, tituló “De las juventudes de Hitler a papa Ratzi”, exhibiendo una foto de Ratzinger adolescente con el uniforme hitleriano–, el nuevo Papa había sido visto como forjador y continuador de la Iglesia de neocristiandad wojtyliana –"de reconquista en el sentido medieval, de contrarreforma y de antimodernismo" la había caracterizado Hans Küng años antes, cuando acusó al Vaticano de ser "el último Estado totalitario de Europa"–, que reafirmó como esenciales los valores del patriarcado y la represión sexual en la Iglesia (haciéndose de la vista gorda en los escandalosos casos de abusos sexuales contra menores perpetrados por obispos y sacerdotes), así como de la supeditación de la ciencia a la religión.
En un mundo capitalista depredador y globalizado, consumista y secularizado, y en el marco de una nueva guerra imperial por territorios y recursos geoestratégicos, la Iglesia católica se había inclinado ante el dios mercado y se hacía cada vez más romanocéntrica. Junto con el desaparecido Wojtyla, Ratzinger emergía como el hombre que "normalizó" a la Iglesia con un "estilo estalinista": sacando del paso a los incómodos. Como brazo de hierro de Juan Pablo II, ayudó a convertir a la Iglesia en un feudo. Para decirlo con las palabras que utilizó Leonardo Boff hace unos años, cuando señaló que el pontificado de Wojtyla era la última expresión de un tipo de Iglesia que nació en 1077 con Gregorio VII, el antiguo pontífice y su guardián de la ortodoxia forjaron "una Iglesia feudal controlada y dominada desde Roma"; clericalizaron la Iglesia a partir de una visión imperial, dando pie a "la dictadura del clero sobre toda la comunidad cristiana".
La nueva religión, el integrismo neoliberal –"el imperialismo del mercado total" lo llamó Franz Hinkelammert–, impuso una ideología global que llegó acompañada de un credo políticamente desactivador, que estimuló la pasividad y el conformismo. Wojtyla y Ratzinger contribuyeron a fomentar la amnesia histórica impuesta por el modelo de dominación imperial estadunidense, con la represión a la Iglesia popular en América Latina y sus teólogos de la liberación, y con sus llamados a la resignación ante el poder de los dueños del dinero. Al despuntar el siglo XXI y el pontificado de Ratzinger, el resultado es un mundo sin reglas (o desregulado), donde se ha instalado un neodarwinismo social, una lucha de todos contra todos. Un mundo medievalizado sumamente violento, signo que no escapa al México caóticamente sangriento de nuestros días, cuando fenece el sexenio de Felipe Calderón.
Wojtyla y Ratzinger respondieron a una de las más clásicas amenazas de falsificación del fenómeno religioso: la tentación de dominar a Dios y de mantenerlo "atado y bien atado", según la clásica expresión de la España franquista. La del cardenal Ratzinger fue la obsesión por una forma de ortodoxia que quiere tener la verdad amurallada, incontaminada. Lo que según el jesuita español José Ignacio González Faus corresponde a ese tipo de patología que la Escuela de Francfort denomina "la personalidad autoritaria" y que Max Horkheimer describía como "una entrega mecánica a los valores convencionales; sumisión ciega a la autoridad, junto a un odio ciego a todos los oponentes y marginados; pensamiento rígido y estereotipado".
En ese contexto, a partir de la matriz ideológica de Ratzinger, se puede conjeturar que su visita a México en marzo –dado que a nivel temporal y espacial la misma se verificará al filo del arranque de las campañas electorales por la Presidencia de la República y se circunscribirá a Guanajuato, tierra de raigambre cristera y gobernada los últimos dos decenios por el conservador Partido Acción Nacional– fue minuciosamente calculada para apoyar al PAN y avalar el sueño cristero de Felipe Calderón. La visita forma parte de la ofensiva de la ultraderecha y la jerarquía católica local en la perspectiva de construcción de un Estado confesional en México, que se incuba en la contrarreforma al artículo 24 constitucional a estudio en el Senado –que incluye la educación religiosa en las escuelas públicas, la posesión y administración de medios electrónicos por las asociaciones religiosas y la abierta participación política y electoral de los ministros de culto, de manera colectiva y fuera de los templos sin necesidad de pedir permiso a la autoridad– y se nutre del mesianismo de fin de sexenio que aqueja al "presidente católico" Calderón.
Cuando en marzo de 2005 el papa Karol Wojtyla agonizaba en Roma, hacía ya años que había dejado de gobernar a la Iglesia católica. El dilema del cónclave de cardenales que debería designar a su sucesor era si elegirían a un pontífice que retomara el Concilio Vaticano II o uno que prolongara la contrarreforma católica. La incógnita estribaba en quién predominaría: ¿Juan XXIII o Juan Pablo II? ¿Una nueva transición o el continuismo?
El designado fue Joseph Ratzinger, quien de noviembre de 1981 al momento de su nombramiento como nuevo pontífice se había desempeñado como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Teólogo de profesión, durante el pontificado restaurador de Juan Pablo II ese teutón nacido en Baviera se había convertido en su verdadero alter ego, liderando desde el edificio de la antigua Inquisición, cual fiel cruzado, todas las guerras de Wojtyla contra los obispos, sacerdotes, religiosas y teólogos contestatarios que osaron poner en duda su magisterio, incluidos los juicios sumarísimos propios del ex Santo Oficio contra reputados teólogos de la talla de Hans Küng, Edward Schillebeeckx y Leonardo Boff, así como el acoso permanente a obispos proféticos como Sergio Méndez Arceo, Óscar Arnulfo Romero, Leónidas Proaño, Pedro Casaldáliga y Samuel Ruiz.
Duro, ortodoxo y "mordedor" –el diario británico Daily Mirror recibió su designación con una foto en portada coronada por un encabezado que rezaba: "De rottweiler de Dios a Benedicto XVI", mientras The Sun, el tabloide más popular del Reino Unido, tituló “De las juventudes de Hitler a papa Ratzi”, exhibiendo una foto de Ratzinger adolescente con el uniforme hitleriano–, el nuevo Papa había sido visto como forjador y continuador de la Iglesia de neocristiandad wojtyliana –"de reconquista en el sentido medieval, de contrarreforma y de antimodernismo" la había caracterizado Hans Küng años antes, cuando acusó al Vaticano de ser "el último Estado totalitario de Europa"–, que reafirmó como esenciales los valores del patriarcado y la represión sexual en la Iglesia (haciéndose de la vista gorda en los escandalosos casos de abusos sexuales contra menores perpetrados por obispos y sacerdotes), así como de la supeditación de la ciencia a la religión.
En un mundo capitalista depredador y globalizado, consumista y secularizado, y en el marco de una nueva guerra imperial por territorios y recursos geoestratégicos, la Iglesia católica se había inclinado ante el dios mercado y se hacía cada vez más romanocéntrica. Junto con el desaparecido Wojtyla, Ratzinger emergía como el hombre que "normalizó" a la Iglesia con un "estilo estalinista": sacando del paso a los incómodos. Como brazo de hierro de Juan Pablo II, ayudó a convertir a la Iglesia en un feudo. Para decirlo con las palabras que utilizó Leonardo Boff hace unos años, cuando señaló que el pontificado de Wojtyla era la última expresión de un tipo de Iglesia que nació en 1077 con Gregorio VII, el antiguo pontífice y su guardián de la ortodoxia forjaron "una Iglesia feudal controlada y dominada desde Roma"; clericalizaron la Iglesia a partir de una visión imperial, dando pie a "la dictadura del clero sobre toda la comunidad cristiana".
La nueva religión, el integrismo neoliberal –"el imperialismo del mercado total" lo llamó Franz Hinkelammert–, impuso una ideología global que llegó acompañada de un credo políticamente desactivador, que estimuló la pasividad y el conformismo. Wojtyla y Ratzinger contribuyeron a fomentar la amnesia histórica impuesta por el modelo de dominación imperial estadunidense, con la represión a la Iglesia popular en América Latina y sus teólogos de la liberación, y con sus llamados a la resignación ante el poder de los dueños del dinero. Al despuntar el siglo XXI y el pontificado de Ratzinger, el resultado es un mundo sin reglas (o desregulado), donde se ha instalado un neodarwinismo social, una lucha de todos contra todos. Un mundo medievalizado sumamente violento, signo que no escapa al México caóticamente sangriento de nuestros días, cuando fenece el sexenio de Felipe Calderón.
Wojtyla y Ratzinger respondieron a una de las más clásicas amenazas de falsificación del fenómeno religioso: la tentación de dominar a Dios y de mantenerlo "atado y bien atado", según la clásica expresión de la España franquista. La del cardenal Ratzinger fue la obsesión por una forma de ortodoxia que quiere tener la verdad amurallada, incontaminada. Lo que según el jesuita español José Ignacio González Faus corresponde a ese tipo de patología que la Escuela de Francfort denomina "la personalidad autoritaria" y que Max Horkheimer describía como "una entrega mecánica a los valores convencionales; sumisión ciega a la autoridad, junto a un odio ciego a todos los oponentes y marginados; pensamiento rígido y estereotipado".
En ese contexto, a partir de la matriz ideológica de Ratzinger, se puede conjeturar que su visita a México en marzo –dado que a nivel temporal y espacial la misma se verificará al filo del arranque de las campañas electorales por la Presidencia de la República y se circunscribirá a Guanajuato, tierra de raigambre cristera y gobernada los últimos dos decenios por el conservador Partido Acción Nacional– fue minuciosamente calculada para apoyar al PAN y avalar el sueño cristero de Felipe Calderón. La visita forma parte de la ofensiva de la ultraderecha y la jerarquía católica local en la perspectiva de construcción de un Estado confesional en México, que se incuba en la contrarreforma al artículo 24 constitucional a estudio en el Senado –que incluye la educación religiosa en las escuelas públicas, la posesión y administración de medios electrónicos por las asociaciones religiosas y la abierta participación política y electoral de los ministros de culto, de manera colectiva y fuera de los templos sin necesidad de pedir permiso a la autoridad– y se nutre del mesianismo de fin de sexenio que aqueja al "presidente católico" Calderón.
18.2.12
El chantaje castrense a las elecciones
Alberto Pacheco
El acto festivo de la marcha de la lealtad este jueves 9 de febrero y que celebró aquel respaldo que el ejército mexicano dio a Francisco I Madero en febrero de 1913, justo días antes del golpe de estado ejecutado en la Decena Trágica a manos del general Victoriano Huerta, revela y a la vez esconde elementos de análisis de la coyuntura política que esta por celebrarse con la sucesión presidencial. Sin querer caer en la especulación y un falso paralelismo abordaremos elementos políticos que nos ayuden a entender los intereses que están atrás del actual proceso electoral.
Desde aquel estrepitoso descalabro sufrido por el PAN en las elecciones federales intermedias de 2009, Felipe Calderón, como jefe nato del blanquiazul se dedicó a buscar la recomposición de las fuerzas panistas para recuperar terreno ante un PRI que desde aquel entonces se perfilaba evidentemente hacia la recuperación de la presidencia en 2012. Desprestigiado por las insuficiencias del foxismo y tres años de una administración calderonista sin más logros que aumentar los índices de violencia en todo el territorio, el PAN sólo contaba con un instrumento: el ejército en las calles. Que “combatiendo” al narcotráfico los había medio resarcido ante la debilidad y falta de legitimidad que obtuvo el PAN después de su dudosa victoria en los comicios presidenciales de 2006 con el fraude electoral y que llevo a Calderón a los pinos.
Si bien el ejército había sido redimensionado y proyectado en la vida pública y de dirección y gobierno en el país durante el primer trienio calderonista, esta actitud se reforzó con creces en lo que va de la segunda mitad del sexenio. Nunca como antes el ejército empezó a figurar en los principales escenarios políticos nacionales, con discursos dirigidos a la población, impulsado por spots, programas centrales de distintas secretarías como la SS, la SEP y la SEDESO, así como su exagerada participación virtual en escenarios de desastres naturales. Y claro, apoyado por incentivos presupuestales y de orden salarial en todos sus estamentos.
Entendido como uno de los poderes fácticos principales, sino es que el principal, volvió a tener el papel preponderante que había perdido finalizando el primer tercio del siglo XX con el advenimiento del presidencialismo. Hay que recordar que el PRI se había encargado de enlodar el nombre del ejército ante la población al usarlo en la intervención y matanza del 59 y el 68 respectivamente, así como en la rebelión zapatista y las matanzas en guerrero y Chiapas en la guerra sucia, imagen aún hoy impopular por su actuar en esos escenarios fundamentalmente.
Así, el PAN, más que a la iglesia, ha colocado al ejército codo a codo al lado del presidente para gobernar el país en los hechos, cuestionando recurrentemente a las instituciones y en primer lugar al Congreso por la debilidad que ha presentado este para poder legalizar desde reformas el papel del ejército en las calles para sustituir paulatinamente el poder judicial y el ejecutivo sustituyendo las instituciones policiacas o militarizándolas. Una pelea abierta y velada entre las cámaras y el poder ejecutivo aliado con el ejército ha sido la constante en el último periodo.
Pero, ¿es solo una alianza de respaldo y lealtad institucional la que hace el ejército al presidente? ¿Ha sido sólo el fortalecimiento económico del ejército y la necesidad de ser restituida su imagen ante la población lo que ha motivado a la dirección castrense para salir a dar este respaldo? ¿Es en serio la lucha contra el narcotráfico la razón?
Limitarse a dar un sí a estas preguntas es pecar de ingenuidad y de visión de la lucha de clases que se libra en México y de la pugna por el poder que las distintas fracciones de la oligarquía nacional están dirimiendo, así como del papel fundamental que juega la guerra contra el narco para la intervención militar de los EEUU y sus intereses económicos (ver último artículo publicado de Luis Javier Garrido [1] en La Jornada el viernes 3 de febrero de este año).
Veamos, es indudable que el PAN en el poder y la casta de empresarios que lo respaldan, enriquecidos a partir de esta administración, una vez que han probado las mieles del poder no están dispuestos a perderlo, no al menos de manera completa y sin pelear. Por ello se han desatado las fuerzas más oscuras de la derecha (el Yunque entre ellas) que ven en buena medida al ejército como forma de luchar por mantener el poder una vez que en el terreno electoral no las llevan de ganar.
El PRI que en los sondeos y encuestas de opinión encabeza la disputa por el 2012 es la fuerza más preocupada de la actitud sistemática de protagonismo del ejército en las cuestiones nacionales y por supuesto al ir avanzando esta intentona al estar en los hechos en las calles. Hay que recordar que en noviembre del año pasado [2], Peña Nieto en su discurso de registro electoral señalaba que “no permitiremos que nuestra democracia se ponga en riesgo”. Después ante los resultados en las elecciones de Michoacán Calderón denunciaría el 6 de diciembre de 2011 que el crimen organizado está infiltrando las elecciones y que “sólo perjudica al PAN” [3], EPN en respuesta señaló también un día después que esperaba que “estos señalamientos no nos lleven a un escenario de querer conculcar los derechos políticos de la población” [4].
El hecho es que hemos venido observando escenarios políticos donde la ultraderecha está ejecutando su actividad terrorista (el asesinato del joven estudiante Carlos Sinhué en la UNAM momentos antes de la toma de protesta por la reelección de Narro y días después de que este se presentara con una propuesta de seguridad nacional en gobernación, curioso es que el doctor ha dejado de presentarse a dar declaraciones sobre los problemas nacionales; la misteriosa muerte de Blake Mora, el ataque a La Jornada desde la tribuna derechizada de Letras Libres, el asesinato premeditado de los normalistas guerrerenses, la reforma al artículo 24 constitucional, etc., etc.). Vemos una actividad militante y agresiva de las fuerzas mas retrogradas que caracterizan sino a todo el PAN, si a su ala más conservadora quien está al mando de la nación.
Con el discurso de Galván Galván se hilan los cabos: hasta hace poco se hacía alarde desde el gobierno federal de la victoria sobre el narco, de su debilitamiento al abatir (inconstitucionalmente) a los cabecillas del narco. La misma campaña de los medios de comunicación y el Gobierno panista de que “los mexicanos buenos somos más” hacía suponer que la guerra contra el narco se estaba librando, ahora, en los últimos meses estas declaraciones han sido contradichas por sus propios impulsores. El gobierno federal reconoció la muerte de 47000 a inicios de este año y de que iban en incremento, después las declaraciones de infiltración del narco a las elecciones por calderón suponen una alerta nacional y finalmente la declaración del general, que ojo, la hizo él sólo, hacia la población de manera directa en un acto donde ningún otro secretario habló ni el presidente, indicando claro que el ejército se está colocando en un papel de gobernante y administrador ya en los hechos de los problemas nacionales.
El discurso es más elocuente aún. Galván menciona que el crimen organizado ya ha rebasado a las instituciones en algunos lugares del país y por lo que propone al ejército como salvador de la situación. “es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada” “en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado” “es evidente que en aquéllas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado”, demando al congreso reformas en materia de seguridad que permitan “custodiar mejor a la comunidad y preservar la integridad y prestigio del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado”, señalando que “también es lealtad proponer y solicitar respetuosamente reformas al marco legal vigente”.
No podemos asegurar que la intención real es ganarle al PRI con un madruguete militar, que de madruguete pudiera tener poco pues los pasos dados en la calle con los cuarteles vacíos ya se dieron, pero hay que estar pendientes. Mas deberíamos estar evaluando que se está gestando un chantaje directo a la sucesión, por medio de una negociación que equilibrara el reparto de poderes, permitiendo un carro compartido en vez de uno completo para el PRI, equilibrio entre el ejecutivo y el congreso en cualquier combinación y nuevamente cerrar la puerta al lopezobradorismo. Pero por el análisis que pretendemos dar no estaría muy descabellado y lejos el aferrarse a lo que ha conseguido el PAN estos doce años, si es necesario utilizando ese respaldo y esa “lealtad”.
Alberto Pacheco. Ex CGH y miembro de Grupo Comunista Octubre
Notas:
[1] Que en paz descanse.
[2] El Universal, Lunes 28 de noviembre de 2011
[3] La Jornada, Martes 6 de diciembre de 2011
[4] La Jornada, Miércoles 7 de diciembre de 2011
El acto festivo de la marcha de la lealtad este jueves 9 de febrero y que celebró aquel respaldo que el ejército mexicano dio a Francisco I Madero en febrero de 1913, justo días antes del golpe de estado ejecutado en la Decena Trágica a manos del general Victoriano Huerta, revela y a la vez esconde elementos de análisis de la coyuntura política que esta por celebrarse con la sucesión presidencial. Sin querer caer en la especulación y un falso paralelismo abordaremos elementos políticos que nos ayuden a entender los intereses que están atrás del actual proceso electoral.
Desde aquel estrepitoso descalabro sufrido por el PAN en las elecciones federales intermedias de 2009, Felipe Calderón, como jefe nato del blanquiazul se dedicó a buscar la recomposición de las fuerzas panistas para recuperar terreno ante un PRI que desde aquel entonces se perfilaba evidentemente hacia la recuperación de la presidencia en 2012. Desprestigiado por las insuficiencias del foxismo y tres años de una administración calderonista sin más logros que aumentar los índices de violencia en todo el territorio, el PAN sólo contaba con un instrumento: el ejército en las calles. Que “combatiendo” al narcotráfico los había medio resarcido ante la debilidad y falta de legitimidad que obtuvo el PAN después de su dudosa victoria en los comicios presidenciales de 2006 con el fraude electoral y que llevo a Calderón a los pinos.
Si bien el ejército había sido redimensionado y proyectado en la vida pública y de dirección y gobierno en el país durante el primer trienio calderonista, esta actitud se reforzó con creces en lo que va de la segunda mitad del sexenio. Nunca como antes el ejército empezó a figurar en los principales escenarios políticos nacionales, con discursos dirigidos a la población, impulsado por spots, programas centrales de distintas secretarías como la SS, la SEP y la SEDESO, así como su exagerada participación virtual en escenarios de desastres naturales. Y claro, apoyado por incentivos presupuestales y de orden salarial en todos sus estamentos.
Entendido como uno de los poderes fácticos principales, sino es que el principal, volvió a tener el papel preponderante que había perdido finalizando el primer tercio del siglo XX con el advenimiento del presidencialismo. Hay que recordar que el PRI se había encargado de enlodar el nombre del ejército ante la población al usarlo en la intervención y matanza del 59 y el 68 respectivamente, así como en la rebelión zapatista y las matanzas en guerrero y Chiapas en la guerra sucia, imagen aún hoy impopular por su actuar en esos escenarios fundamentalmente.
Así, el PAN, más que a la iglesia, ha colocado al ejército codo a codo al lado del presidente para gobernar el país en los hechos, cuestionando recurrentemente a las instituciones y en primer lugar al Congreso por la debilidad que ha presentado este para poder legalizar desde reformas el papel del ejército en las calles para sustituir paulatinamente el poder judicial y el ejecutivo sustituyendo las instituciones policiacas o militarizándolas. Una pelea abierta y velada entre las cámaras y el poder ejecutivo aliado con el ejército ha sido la constante en el último periodo.
Pero, ¿es solo una alianza de respaldo y lealtad institucional la que hace el ejército al presidente? ¿Ha sido sólo el fortalecimiento económico del ejército y la necesidad de ser restituida su imagen ante la población lo que ha motivado a la dirección castrense para salir a dar este respaldo? ¿Es en serio la lucha contra el narcotráfico la razón?
Limitarse a dar un sí a estas preguntas es pecar de ingenuidad y de visión de la lucha de clases que se libra en México y de la pugna por el poder que las distintas fracciones de la oligarquía nacional están dirimiendo, así como del papel fundamental que juega la guerra contra el narco para la intervención militar de los EEUU y sus intereses económicos (ver último artículo publicado de Luis Javier Garrido [1] en La Jornada el viernes 3 de febrero de este año).
Veamos, es indudable que el PAN en el poder y la casta de empresarios que lo respaldan, enriquecidos a partir de esta administración, una vez que han probado las mieles del poder no están dispuestos a perderlo, no al menos de manera completa y sin pelear. Por ello se han desatado las fuerzas más oscuras de la derecha (el Yunque entre ellas) que ven en buena medida al ejército como forma de luchar por mantener el poder una vez que en el terreno electoral no las llevan de ganar.
El PRI que en los sondeos y encuestas de opinión encabeza la disputa por el 2012 es la fuerza más preocupada de la actitud sistemática de protagonismo del ejército en las cuestiones nacionales y por supuesto al ir avanzando esta intentona al estar en los hechos en las calles. Hay que recordar que en noviembre del año pasado [2], Peña Nieto en su discurso de registro electoral señalaba que “no permitiremos que nuestra democracia se ponga en riesgo”. Después ante los resultados en las elecciones de Michoacán Calderón denunciaría el 6 de diciembre de 2011 que el crimen organizado está infiltrando las elecciones y que “sólo perjudica al PAN” [3], EPN en respuesta señaló también un día después que esperaba que “estos señalamientos no nos lleven a un escenario de querer conculcar los derechos políticos de la población” [4].
El hecho es que hemos venido observando escenarios políticos donde la ultraderecha está ejecutando su actividad terrorista (el asesinato del joven estudiante Carlos Sinhué en la UNAM momentos antes de la toma de protesta por la reelección de Narro y días después de que este se presentara con una propuesta de seguridad nacional en gobernación, curioso es que el doctor ha dejado de presentarse a dar declaraciones sobre los problemas nacionales; la misteriosa muerte de Blake Mora, el ataque a La Jornada desde la tribuna derechizada de Letras Libres, el asesinato premeditado de los normalistas guerrerenses, la reforma al artículo 24 constitucional, etc., etc.). Vemos una actividad militante y agresiva de las fuerzas mas retrogradas que caracterizan sino a todo el PAN, si a su ala más conservadora quien está al mando de la nación.
Con el discurso de Galván Galván se hilan los cabos: hasta hace poco se hacía alarde desde el gobierno federal de la victoria sobre el narco, de su debilitamiento al abatir (inconstitucionalmente) a los cabecillas del narco. La misma campaña de los medios de comunicación y el Gobierno panista de que “los mexicanos buenos somos más” hacía suponer que la guerra contra el narco se estaba librando, ahora, en los últimos meses estas declaraciones han sido contradichas por sus propios impulsores. El gobierno federal reconoció la muerte de 47000 a inicios de este año y de que iban en incremento, después las declaraciones de infiltración del narco a las elecciones por calderón suponen una alerta nacional y finalmente la declaración del general, que ojo, la hizo él sólo, hacia la población de manera directa en un acto donde ningún otro secretario habló ni el presidente, indicando claro que el ejército se está colocando en un papel de gobernante y administrador ya en los hechos de los problemas nacionales.
El discurso es más elocuente aún. Galván menciona que el crimen organizado ya ha rebasado a las instituciones en algunos lugares del país y por lo que propone al ejército como salvador de la situación. “es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada” “en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado” “es evidente que en aquéllas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado”, demando al congreso reformas en materia de seguridad que permitan “custodiar mejor a la comunidad y preservar la integridad y prestigio del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado”, señalando que “también es lealtad proponer y solicitar respetuosamente reformas al marco legal vigente”.
No podemos asegurar que la intención real es ganarle al PRI con un madruguete militar, que de madruguete pudiera tener poco pues los pasos dados en la calle con los cuarteles vacíos ya se dieron, pero hay que estar pendientes. Mas deberíamos estar evaluando que se está gestando un chantaje directo a la sucesión, por medio de una negociación que equilibrara el reparto de poderes, permitiendo un carro compartido en vez de uno completo para el PRI, equilibrio entre el ejecutivo y el congreso en cualquier combinación y nuevamente cerrar la puerta al lopezobradorismo. Pero por el análisis que pretendemos dar no estaría muy descabellado y lejos el aferrarse a lo que ha conseguido el PAN estos doce años, si es necesario utilizando ese respaldo y esa “lealtad”.
Alberto Pacheco. Ex CGH y miembro de Grupo Comunista Octubre
Notas:
[1] Que en paz descanse.
[2] El Universal, Lunes 28 de noviembre de 2011
[3] La Jornada, Martes 6 de diciembre de 2011
[4] La Jornada, Miércoles 7 de diciembre de 2011
9.2.12
El baño de sangre y la cesión de la soberanía nacional
Marcos Chávez
Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y su gente a una nación extranjera; que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y la patria
Ignacio Ramírez, el Nigromante, 15 de septiembre de 1863
La decisión del presidente Felipe Calderón puede o no ser genuina, una especie de guiño o pacto de “caballeros”, aunque nunca se ha caracterizado por esa clase de mensajes. Al cabo que el expresidente Ernesto Zedillo contribuyó decisivamente en la derrota del Partido Revolucionario Institucional (que desprecia) en 2000, y al ascenso del panismo a la Presidencia, en una alternancia administrada por el bloque dominante de la derecha con los objetivos de asegurar la continuidad del autoritarismo político y los proyectos neoliberal de nación y de preservar los intereses creados alrededor del régimen. Quizá es un simple formalismo intrascendente. Acaso porque desea emplearla como moneda de cambio. O porque Calderón la animó o dejó que siguiera su curso, sin interferirla, como una advertencia, como parte de su sucia estrategia (en la que es experto) en la lucha contra el priísmo por la Presidencia en las próximas elecciones.
Cualesquiera que sea la razón que lo motivó, hace muy bien en solicitar –sincera o fingidamente– a los estadunidenses la inmunidad de Zedillo, dada la demanda que enfrenta en una corte federal de Connecticut por su presunta responsabilidad en el asesinato cometido en contra de 45 indígenas tzotziles, en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Podría decirse que es el sistema político, encarnado en Calderón, que defiende a sus hijos. Que busca protegerlo con una figura jurídica de dudosa existencia, toda vez que Zedillo no es un funcionario ni diplomático mexicano. Localmente una petición de esa naturaleza sería excéntrica. No le inquietaría, si es que le quita el sueño. No porque la denuncia carezca de sustancia, sino por la impunidad y arbitrariedad con que normalmente funciona el régimen. De imperar el estado de derecho en México, si existiera un Poder Judicial imparcial, que velara por la justicia y el imperio de las leyes, hace tiempo que la masacre de Acteal sería un caso legalmente juzgado.
Calderón aplica el principio de “hoy por ti, mañana por mí”. Es una especie de compra anticipada de su seguro de protección en la agonía de su mandato. Al apadrinarlo se defiende a sí mismo, debido a la demanda que gravita en su contra en la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad cometidos por los aparatos represivos del Estado, en la “guerra” contra el narco que terminó pisoteando los derechos constitucionales de la población. Como promotor de esa “guerra”, como jefe del Ejecutivo y máximo representante de las Fuerzas Armadas, es el responsable directo. Desde luego, nada garantiza que prosperará la petición de justicia internacional en contra de Zedillo y Calderón, ya que los tribunales foráneos operan con los mismos defectos y raseros que caracterizan a los mexicanos. Están al servicio del poder, aplican la “justicia de los vencedores” y protegen a sus siervos. Ello explica que personajes acusados como criminales de guerra, como el político y diplomático estadunidense, Henry Alfred Kissinger; los expresidentes de Estados Unidos, George WBush y William Clinton; el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Richard Dick Bruce Cheney; el exprimer ministro del Reino Unido, Anthony Blair, o el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desfruten plácidamente de la vida sin que nadie los moleste.
¿Alguien puede imaginarse que el próximo presidente abrirá el expediente de la guerra sucia calderonista y someterá a juicio a los culpables, como lo hace actualmente el gobierno de Argentina, progresista, elegido democráticamente, que una vez que eliminó las espurias leyes de impunidad inventadas por los militares para cubrirse las espaldas, empezó a llevar a los tribunales y encarcelar a quienes sometieron a un baño de sangre a su pueblo? Ese país es un espejo incómodo para Calderón y sus compañeros de aventura que representan una herencia maldita para la elite política, toda vez que involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que incumplieron con sus responsabilidades constitucionales, en lugar de anteponer la Carta Magna y las leyes, solaparon su “guerra”. Como muchos mexicanos, Human Rights Watch (organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos) acaba de solicitar que el siguiente gobierno investigue los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la lucha contra el crimen organizado y que evalúe la pertinencia de mantener a los militares en las calles.
Las posibilidades son remotas. Enrique Peña Nieto alzó su voz para defender a Calderón, al conocer la demanda levantada en su contra en la Haya, y promete mantener la “guerra” por la seguridad. Los precandidatos panistas la asumen como un legado legítimo que merece continuarse y levantarán el muro de protección. Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto.
De todos modos, como se rumora, hace bien Calderón en pensar poner tierra de por medio una vez que concluya su mandato. Piensa, en Estados Unidos o en España, donde puede ser protegido, ya sea por sus invaluables servicios prestados al imperio, o por su afinidad ideológico-política con el neofranquista Mariano Rajoy, presidente de ese país.
Su futuro se asemeja al del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Su pasado lo perseguirá. Convertido en un sayón, será socialmente despreciado. Un apestado por los grandes daños causados a las mayorías y a la nación.
¿Qué otra cosa puede esperar alguien que en lugar de ser un ejecutivo y un abogado ceñido al imperio de las leyes y a sus mandatarios, hundió al país en un baño de sangre, la corrupción, la impunidad y la miseria?
Al asumir como propia la “guerra” al narco planificada por Estados Unidos –uno de sus caballos de Troya que emplea para intervenir en los asuntos de otras naciones–, al convertir ese problema policiaco-judicial en una cuestión de seguridad nacional, al utilizar a los militares en esa tarea, al criminalizar la protesta social y al recortar los derechos constitucionales, como parte de su estrategia de legitimación a través de la venta de la seguridad y el uso del terror, Calderón estimuló la escalada de la violencia delincuencial; con la cual contribuyó con su retórica belicista, que deshumanizó a los infractores y los convirtió en una especie (in)digna del exterminio (a “esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país”), con su solapamiento de las violaciones cometidas por los aparatos de represión, refrendadas por el Poder Judicial.
La estela de violencia es atroz. Casi 50 mil muertos (¿cómo puede demostrar Calderón que el 95 por ciento son producto de los ajustes de cuenta entre los criminales?, como lo desafió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, experto en América Latina); 150 mil personas afectadas (familiares de los fallecidos); alrededor de 10 mil desaparecidos; miles de desplazados –en marzo de 2011, el Centro internacional de Monitoreo de Desplazados, con sede en Génova, Italia, estimó 230 mil; en noviembre, Fidel López García, académico del Instituto Mora y consultor de la Organización de las Naciones Unidas, calculó al menos 1.6 millones (Gloria Leticia Díaz, Proceso; http://www.proceso.com.mx/?p=289550); miles de inocentes heridos y vejados; zonas devastadas –en algunas de éstas el gobierno impone áreas “modelo”, que recuerdan las “aldeas estratégicas” de contención del enemigo, impuestas por los estadunidenses en Vietnam o en Centroamérica–, estados afectados.
¿Ha valido la pena el costo de esa manera de “limpiar por todos los rincones de la casa”, como reza la propaganda electoral panista?
De acuerdo con el experto en seguridad y narcotráfico y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia, en 2001, la delincuencia controlaba el 34 por ciento de los municipios; en 2006, 54 por ciento; en 2010, 73 por ciento y en 2011, el 71 por ciento (El Universal, 2 de enero 2012). México, indica Buscaglia, es un rompecabezas; cada pedazo del territorio nacional es controlado por un grupo mafioso, el cual es disputado violentamente por otro, donde el más fuerte devora al débil. Trabajan en éste al menos 22 tipos de mercados ilícitos (tráfico de personas, de migrantes y además de armas, contrabando) y otros lícitos (dirección de empresas, sectores de la construcción, farmacéutico, financiero) que les ha dado una gran fortaleza patrimonial. Su fuerza económica, social y política le ha permitido asediar, corromper y capturar a un Estado fragmentado, debilitado, que perdió su capacidad de control y gestión de la delincuencia. Que ha sido incapaz de establecer una alianza entre las facciones del poder político y económico que permitan purgar al sistema. El remedio calderonista, agrega, ha sido peor que la enfermedad. Es como tratar de apagar el fuego arrojándole gasolina.
El “remedio” ha hundido en el fango a los aparatos de seguridad estatal. El reciente informe de Human Rights Watches sobrecogedor: “Ha provocado un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. [Ha agravado] el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país. Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas e integrantes de las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas”. Se han documentado “casi 90 casos en los cuales se habían cometido violaciones de derechos humanos. Entre 2003 y 2006, se recibieron 691 denuncias, y 5 mil 800, entre 2007 y octubre de 2011”.
La tortura (sexual, golpizas, asfixia con bolsas de plástico y por ahogamiento, descargas eléctricas), la amenaza de muerte, el uso injustificado de la fuerza, la detención arbitraria, la incomunicación, la ejecución extrajudicial (civiles asesinados que murieron en la tortura, en los retenes militares o durante enfrentamientos armados), la desaparición forzada, el encubrimiento, son algunos de los tipos de abusos cometidos. Las confesiones obtenidas por esos medios usualmente son aceptadas por los jueces, sin investigar la denuncia de los abusos y las violaciones de derechos humanos. Los jueces “han abdicado”. Prevalecen prácticas perversas: las víctimas [tienen que] demostrar que sus derechos fueron cercenados, el arraigo hasta 80 días antes de ser acusadas de haber cometido un delito, el uso de leyes ambiguas para justificar las detenciones y medidas de prisión preventiva arbitrarias.
“La mayoría de los soldados que cometen violaciones casi nunca responden por sus actos ante la justicia. La Procuraduría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones sobre violaciones, y sólo 29 fueron condenados”. El 0.8 por ciento del total. (http://www.hrw.org/es/world-report-2012/m-xico; http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf).
La impunidad es la norma. Al igual que la denigrante cesión de la soberanía nacional por el calderonismo, solapada por el avestruz-Senado.
A cambio de 1 mil 600 millones de dólares, algunos helicópteros y tecnología de punta en satélites y comunicación, obtenidos con el Plan Mérida –la versión local del Plan Colombia–, firmado en 2008, Calderón ha aceptado la presencia estadunidense hasta en la cocina, abierta y encubierta, política, policial, militar y de inteligencia, la operación de aviones no tripulados del Pentágono; la incursión militar (Matamoros); la operación de un centro de inteligencia dentro de una base militar en Monterrey, la instalación de oficinas en el Distrito Federal, donde los agentes estadunidenses discuten la estrategia de combate al narco; el entrenamiento de policías y militares mexicanos por parte de la agencias Central de Inteligencia y la de Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés) y los operativos militares. La participación en operativos e interrogatorios; el tráfico masivo de armas (operativo Rápido y Furioso); el lavado de dinero de la droga (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ciega); la intervención de las telecomunicaciones; la contratación de mandos de la Procuraduría General de la República y las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, de al menos 80 exfuncionarios públicos expertos en seguridad, inteligencia, investigación y análisis, que espían, recopilan información y dan seguimiento a ciertos temas para la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; la presión del gobierno y de los legisladores estadunidenses; el alineamiento de la política exterior (por ejemplo, el pleno ingreso de Palestina a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Al someterse a lo que Estados Unidos considera como vital para su seguridad nacional, en aras de su legitimidad, Calderón y el Senado hipotecaron la soberanía nacional por unos cuantos dólares y algunos cacharros.
Una verdadera infamia. Tan vil como las del político y militar mexicano, Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. No se ría, así se llamaba.
Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y su gente a una nación extranjera; que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y la patria
Ignacio Ramírez, el Nigromante, 15 de septiembre de 1863
La decisión del presidente Felipe Calderón puede o no ser genuina, una especie de guiño o pacto de “caballeros”, aunque nunca se ha caracterizado por esa clase de mensajes. Al cabo que el expresidente Ernesto Zedillo contribuyó decisivamente en la derrota del Partido Revolucionario Institucional (que desprecia) en 2000, y al ascenso del panismo a la Presidencia, en una alternancia administrada por el bloque dominante de la derecha con los objetivos de asegurar la continuidad del autoritarismo político y los proyectos neoliberal de nación y de preservar los intereses creados alrededor del régimen. Quizá es un simple formalismo intrascendente. Acaso porque desea emplearla como moneda de cambio. O porque Calderón la animó o dejó que siguiera su curso, sin interferirla, como una advertencia, como parte de su sucia estrategia (en la que es experto) en la lucha contra el priísmo por la Presidencia en las próximas elecciones.
Cualesquiera que sea la razón que lo motivó, hace muy bien en solicitar –sincera o fingidamente– a los estadunidenses la inmunidad de Zedillo, dada la demanda que enfrenta en una corte federal de Connecticut por su presunta responsabilidad en el asesinato cometido en contra de 45 indígenas tzotziles, en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Podría decirse que es el sistema político, encarnado en Calderón, que defiende a sus hijos. Que busca protegerlo con una figura jurídica de dudosa existencia, toda vez que Zedillo no es un funcionario ni diplomático mexicano. Localmente una petición de esa naturaleza sería excéntrica. No le inquietaría, si es que le quita el sueño. No porque la denuncia carezca de sustancia, sino por la impunidad y arbitrariedad con que normalmente funciona el régimen. De imperar el estado de derecho en México, si existiera un Poder Judicial imparcial, que velara por la justicia y el imperio de las leyes, hace tiempo que la masacre de Acteal sería un caso legalmente juzgado.
Calderón aplica el principio de “hoy por ti, mañana por mí”. Es una especie de compra anticipada de su seguro de protección en la agonía de su mandato. Al apadrinarlo se defiende a sí mismo, debido a la demanda que gravita en su contra en la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad cometidos por los aparatos represivos del Estado, en la “guerra” contra el narco que terminó pisoteando los derechos constitucionales de la población. Como promotor de esa “guerra”, como jefe del Ejecutivo y máximo representante de las Fuerzas Armadas, es el responsable directo. Desde luego, nada garantiza que prosperará la petición de justicia internacional en contra de Zedillo y Calderón, ya que los tribunales foráneos operan con los mismos defectos y raseros que caracterizan a los mexicanos. Están al servicio del poder, aplican la “justicia de los vencedores” y protegen a sus siervos. Ello explica que personajes acusados como criminales de guerra, como el político y diplomático estadunidense, Henry Alfred Kissinger; los expresidentes de Estados Unidos, George WBush y William Clinton; el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Richard Dick Bruce Cheney; el exprimer ministro del Reino Unido, Anthony Blair, o el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desfruten plácidamente de la vida sin que nadie los moleste.
¿Alguien puede imaginarse que el próximo presidente abrirá el expediente de la guerra sucia calderonista y someterá a juicio a los culpables, como lo hace actualmente el gobierno de Argentina, progresista, elegido democráticamente, que una vez que eliminó las espurias leyes de impunidad inventadas por los militares para cubrirse las espaldas, empezó a llevar a los tribunales y encarcelar a quienes sometieron a un baño de sangre a su pueblo? Ese país es un espejo incómodo para Calderón y sus compañeros de aventura que representan una herencia maldita para la elite política, toda vez que involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que incumplieron con sus responsabilidades constitucionales, en lugar de anteponer la Carta Magna y las leyes, solaparon su “guerra”. Como muchos mexicanos, Human Rights Watch (organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos) acaba de solicitar que el siguiente gobierno investigue los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la lucha contra el crimen organizado y que evalúe la pertinencia de mantener a los militares en las calles.
Las posibilidades son remotas. Enrique Peña Nieto alzó su voz para defender a Calderón, al conocer la demanda levantada en su contra en la Haya, y promete mantener la “guerra” por la seguridad. Los precandidatos panistas la asumen como un legado legítimo que merece continuarse y levantarán el muro de protección. Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto.
De todos modos, como se rumora, hace bien Calderón en pensar poner tierra de por medio una vez que concluya su mandato. Piensa, en Estados Unidos o en España, donde puede ser protegido, ya sea por sus invaluables servicios prestados al imperio, o por su afinidad ideológico-política con el neofranquista Mariano Rajoy, presidente de ese país.
Su futuro se asemeja al del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Su pasado lo perseguirá. Convertido en un sayón, será socialmente despreciado. Un apestado por los grandes daños causados a las mayorías y a la nación.
¿Qué otra cosa puede esperar alguien que en lugar de ser un ejecutivo y un abogado ceñido al imperio de las leyes y a sus mandatarios, hundió al país en un baño de sangre, la corrupción, la impunidad y la miseria?
Al asumir como propia la “guerra” al narco planificada por Estados Unidos –uno de sus caballos de Troya que emplea para intervenir en los asuntos de otras naciones–, al convertir ese problema policiaco-judicial en una cuestión de seguridad nacional, al utilizar a los militares en esa tarea, al criminalizar la protesta social y al recortar los derechos constitucionales, como parte de su estrategia de legitimación a través de la venta de la seguridad y el uso del terror, Calderón estimuló la escalada de la violencia delincuencial; con la cual contribuyó con su retórica belicista, que deshumanizó a los infractores y los convirtió en una especie (in)digna del exterminio (a “esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país”), con su solapamiento de las violaciones cometidas por los aparatos de represión, refrendadas por el Poder Judicial.
La estela de violencia es atroz. Casi 50 mil muertos (¿cómo puede demostrar Calderón que el 95 por ciento son producto de los ajustes de cuenta entre los criminales?, como lo desafió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, experto en América Latina); 150 mil personas afectadas (familiares de los fallecidos); alrededor de 10 mil desaparecidos; miles de desplazados –en marzo de 2011, el Centro internacional de Monitoreo de Desplazados, con sede en Génova, Italia, estimó 230 mil; en noviembre, Fidel López García, académico del Instituto Mora y consultor de la Organización de las Naciones Unidas, calculó al menos 1.6 millones (Gloria Leticia Díaz, Proceso; http://www.proceso.com.mx/?p=289550); miles de inocentes heridos y vejados; zonas devastadas –en algunas de éstas el gobierno impone áreas “modelo”, que recuerdan las “aldeas estratégicas” de contención del enemigo, impuestas por los estadunidenses en Vietnam o en Centroamérica–, estados afectados.
¿Ha valido la pena el costo de esa manera de “limpiar por todos los rincones de la casa”, como reza la propaganda electoral panista?
De acuerdo con el experto en seguridad y narcotráfico y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia, en 2001, la delincuencia controlaba el 34 por ciento de los municipios; en 2006, 54 por ciento; en 2010, 73 por ciento y en 2011, el 71 por ciento (El Universal, 2 de enero 2012). México, indica Buscaglia, es un rompecabezas; cada pedazo del territorio nacional es controlado por un grupo mafioso, el cual es disputado violentamente por otro, donde el más fuerte devora al débil. Trabajan en éste al menos 22 tipos de mercados ilícitos (tráfico de personas, de migrantes y además de armas, contrabando) y otros lícitos (dirección de empresas, sectores de la construcción, farmacéutico, financiero) que les ha dado una gran fortaleza patrimonial. Su fuerza económica, social y política le ha permitido asediar, corromper y capturar a un Estado fragmentado, debilitado, que perdió su capacidad de control y gestión de la delincuencia. Que ha sido incapaz de establecer una alianza entre las facciones del poder político y económico que permitan purgar al sistema. El remedio calderonista, agrega, ha sido peor que la enfermedad. Es como tratar de apagar el fuego arrojándole gasolina.
El “remedio” ha hundido en el fango a los aparatos de seguridad estatal. El reciente informe de Human Rights Watches sobrecogedor: “Ha provocado un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. [Ha agravado] el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país. Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas e integrantes de las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas”. Se han documentado “casi 90 casos en los cuales se habían cometido violaciones de derechos humanos. Entre 2003 y 2006, se recibieron 691 denuncias, y 5 mil 800, entre 2007 y octubre de 2011”.
La tortura (sexual, golpizas, asfixia con bolsas de plástico y por ahogamiento, descargas eléctricas), la amenaza de muerte, el uso injustificado de la fuerza, la detención arbitraria, la incomunicación, la ejecución extrajudicial (civiles asesinados que murieron en la tortura, en los retenes militares o durante enfrentamientos armados), la desaparición forzada, el encubrimiento, son algunos de los tipos de abusos cometidos. Las confesiones obtenidas por esos medios usualmente son aceptadas por los jueces, sin investigar la denuncia de los abusos y las violaciones de derechos humanos. Los jueces “han abdicado”. Prevalecen prácticas perversas: las víctimas [tienen que] demostrar que sus derechos fueron cercenados, el arraigo hasta 80 días antes de ser acusadas de haber cometido un delito, el uso de leyes ambiguas para justificar las detenciones y medidas de prisión preventiva arbitrarias.
“La mayoría de los soldados que cometen violaciones casi nunca responden por sus actos ante la justicia. La Procuraduría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones sobre violaciones, y sólo 29 fueron condenados”. El 0.8 por ciento del total. (http://www.hrw.org/es/world-report-2012/m-xico; http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf).
La impunidad es la norma. Al igual que la denigrante cesión de la soberanía nacional por el calderonismo, solapada por el avestruz-Senado.
A cambio de 1 mil 600 millones de dólares, algunos helicópteros y tecnología de punta en satélites y comunicación, obtenidos con el Plan Mérida –la versión local del Plan Colombia–, firmado en 2008, Calderón ha aceptado la presencia estadunidense hasta en la cocina, abierta y encubierta, política, policial, militar y de inteligencia, la operación de aviones no tripulados del Pentágono; la incursión militar (Matamoros); la operación de un centro de inteligencia dentro de una base militar en Monterrey, la instalación de oficinas en el Distrito Federal, donde los agentes estadunidenses discuten la estrategia de combate al narco; el entrenamiento de policías y militares mexicanos por parte de la agencias Central de Inteligencia y la de Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés) y los operativos militares. La participación en operativos e interrogatorios; el tráfico masivo de armas (operativo Rápido y Furioso); el lavado de dinero de la droga (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ciega); la intervención de las telecomunicaciones; la contratación de mandos de la Procuraduría General de la República y las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, de al menos 80 exfuncionarios públicos expertos en seguridad, inteligencia, investigación y análisis, que espían, recopilan información y dan seguimiento a ciertos temas para la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; la presión del gobierno y de los legisladores estadunidenses; el alineamiento de la política exterior (por ejemplo, el pleno ingreso de Palestina a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Al someterse a lo que Estados Unidos considera como vital para su seguridad nacional, en aras de su legitimidad, Calderón y el Senado hipotecaron la soberanía nacional por unos cuantos dólares y algunos cacharros.
Una verdadera infamia. Tan vil como las del político y militar mexicano, Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. No se ría, así se llamaba.
8.2.12
Grecia en el espejo mexicano
Alejandro Nadal
¿La crisis económica y financiera global? Mucha gente piensa que se trata de un accidente. Algo inesperado, un tropiezo. Después de la caída, vendrá la recuperación. Hacia el futuro, habrá que tener más cuidado.
Sólo que las cosas no son así. La crisis es inherente al capitalismo. Sólo porque la gente se acostumbra a vivir bajo esta forma de producción, termina por verle como algo "natural". Por eso la inestabilidad y los problemas que acarrea aparecen como "accidentes".
Hay que subrayarlo: la crisis no es un accidente, es consustancial al capitalismo. Tiene muchas formas de manifestarse. Frecuentemente germina cuando la gente piensa que se abre una época de bonanza. Eso sucedió en Estados Unidos y Europa. Un "momento Minsky" de proporciones históricas: la estabilidad engendró la inestabilidad y la crisis.
Después viene la pregunta obligada: ¿cómo paga el capital por las crisis que genera? De ser necesario, sacrificando una generación, quizás todo un país.
Grecia atraviesa hoy por este calvario, anuncio de lo que espera a otros pueblos europeos. Esta semana continuaron las negociaciones para restructurar la deuda con los acreedores privados. Se habla de una quita de 50 por ciento y rebajas en tasas de interés, pero los privados todavía titubean. Quizás se llegue a un acuerdo pronto, pero eso no resolverá los problemas.
Para empezar, varios fondos de cobertura son acreedores de 70 mil millones de euros y no han aceptado la restructuración. El primer ministro Papademos amenaza con activar las cláusulas de acción colectiva para forzarlos a aceptar el recorte de 50 por ciento. Los fondos han respondido que llevarían el caso a la Corte europea. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) también tiene una buena parte de la deuda griega, pero insiste en que no aceptará quitas porque no es un acreedor privado.
Una parte importante de la deuda griega es detentada por bancos y compañías de seguros de ese país. La restructuración afectará sus estados financieros y eso reclamará más recursos para recapitalizarlos. No se ve qué entidades podrían aportar esos recursos. Por eso se sigue discutiendo el duro ajuste fiscal que se quiere imponer a Atenas. Las negociaciones involucran un paquete de "rescate" de 130 mil millones de euros (mmde) que debe ser aprobado por las autoridades políticas del país. Con elecciones en abril, eso puede ser el suicidio político de muchos.
Hace días Alemania propuso un control supranacional sobre las finanzas públicas griegas para otorgar prioridad suprema al servicio de la deuda. La propuesta fue rechazada pero ahora se busca el mismo objetivo con la creación de una cuenta especial de garantía (manejada por el FMI y el BCE) en la que se colocarían los recursos destinados al "rescate" para entregarlos a los acreedores.
¿Por qué se insiste tanto en el control de las finanzas griegas? Porque muchos juzgan insuficiente ese paquete de 130 mmde. Alemania y Holanda han indicado que no aportarán ni un céntimo más por arriba de ese monto. Se espera que con la cuenta de garantía se podrían atraer más recursos. No es seguro. Con una restructuración tan problemática con los acreedores privados, lo más probable es que Grecia caiga en moratoria y salga de la eurozona.
Afuera del parlamento griego, decenas de miles de trabajadores en huelga mantienen su rebeldía frente a esta injusta hipoteca sobre el pueblo griego. Tienen razón.
La historia económica de América Latina, en especial de México, en los últimos 30 años es la lección que Europa no debe olvidar. En 1982 México cayó en moratoria sobre su deuda externa y precipitó una crisis de la que nunca se recuperó. Los programas de ajuste de la década de los 80 fueron seguidos por la imposición del modelo neoliberal en su versión más pura. A principios de los 90 buena parte de la población compró la ilusión neoliberal, sólo para ver la crisis explotar en 1994. En esa crisis quebró todo el sistema bancario. Se requirió su ‘saneamiento’ con recursos públicos para poder entregarla a la banca extranjera, todo ello violando la legislación federal en materia de títulos, instituciones y operaciones de crédito. La nueva y pesada hipoteca que quedó sobre las finanzas públicas se sigue pagando al día de hoy. El señor Gurría, secretario general de la OCDE, fue uno de los arquitectos de este terrible episodio.
Por eso la economía mexicana ha permanecido estancada ya por tres décadas. El gasto público (en términos reales) en salud, educación, vivienda y otros rubros claves para el bienestar de una población se ha mantenido en niveles peligrosamente bajos. En cambio, el análisis de la cuenta pública revela cantidades astronómicas destinadas a pagar cargas financieras. Para frenar las presiones inflacionarias el salario real también fue castigado a la baja durante 30 años. El resultado fue el sacrificio de una generación y hoy enfrentamos la desintegración del Estado mexicano. Es el espejo en el que se refleja el futuro de Europa si sus pueblos fracasan en la lucha.
¿La crisis económica y financiera global? Mucha gente piensa que se trata de un accidente. Algo inesperado, un tropiezo. Después de la caída, vendrá la recuperación. Hacia el futuro, habrá que tener más cuidado.
Sólo que las cosas no son así. La crisis es inherente al capitalismo. Sólo porque la gente se acostumbra a vivir bajo esta forma de producción, termina por verle como algo "natural". Por eso la inestabilidad y los problemas que acarrea aparecen como "accidentes".
Hay que subrayarlo: la crisis no es un accidente, es consustancial al capitalismo. Tiene muchas formas de manifestarse. Frecuentemente germina cuando la gente piensa que se abre una época de bonanza. Eso sucedió en Estados Unidos y Europa. Un "momento Minsky" de proporciones históricas: la estabilidad engendró la inestabilidad y la crisis.
Después viene la pregunta obligada: ¿cómo paga el capital por las crisis que genera? De ser necesario, sacrificando una generación, quizás todo un país.
Grecia atraviesa hoy por este calvario, anuncio de lo que espera a otros pueblos europeos. Esta semana continuaron las negociaciones para restructurar la deuda con los acreedores privados. Se habla de una quita de 50 por ciento y rebajas en tasas de interés, pero los privados todavía titubean. Quizás se llegue a un acuerdo pronto, pero eso no resolverá los problemas.
Para empezar, varios fondos de cobertura son acreedores de 70 mil millones de euros y no han aceptado la restructuración. El primer ministro Papademos amenaza con activar las cláusulas de acción colectiva para forzarlos a aceptar el recorte de 50 por ciento. Los fondos han respondido que llevarían el caso a la Corte europea. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) también tiene una buena parte de la deuda griega, pero insiste en que no aceptará quitas porque no es un acreedor privado.
Una parte importante de la deuda griega es detentada por bancos y compañías de seguros de ese país. La restructuración afectará sus estados financieros y eso reclamará más recursos para recapitalizarlos. No se ve qué entidades podrían aportar esos recursos. Por eso se sigue discutiendo el duro ajuste fiscal que se quiere imponer a Atenas. Las negociaciones involucran un paquete de "rescate" de 130 mil millones de euros (mmde) que debe ser aprobado por las autoridades políticas del país. Con elecciones en abril, eso puede ser el suicidio político de muchos.
Hace días Alemania propuso un control supranacional sobre las finanzas públicas griegas para otorgar prioridad suprema al servicio de la deuda. La propuesta fue rechazada pero ahora se busca el mismo objetivo con la creación de una cuenta especial de garantía (manejada por el FMI y el BCE) en la que se colocarían los recursos destinados al "rescate" para entregarlos a los acreedores.
¿Por qué se insiste tanto en el control de las finanzas griegas? Porque muchos juzgan insuficiente ese paquete de 130 mmde. Alemania y Holanda han indicado que no aportarán ni un céntimo más por arriba de ese monto. Se espera que con la cuenta de garantía se podrían atraer más recursos. No es seguro. Con una restructuración tan problemática con los acreedores privados, lo más probable es que Grecia caiga en moratoria y salga de la eurozona.
Afuera del parlamento griego, decenas de miles de trabajadores en huelga mantienen su rebeldía frente a esta injusta hipoteca sobre el pueblo griego. Tienen razón.
La historia económica de América Latina, en especial de México, en los últimos 30 años es la lección que Europa no debe olvidar. En 1982 México cayó en moratoria sobre su deuda externa y precipitó una crisis de la que nunca se recuperó. Los programas de ajuste de la década de los 80 fueron seguidos por la imposición del modelo neoliberal en su versión más pura. A principios de los 90 buena parte de la población compró la ilusión neoliberal, sólo para ver la crisis explotar en 1994. En esa crisis quebró todo el sistema bancario. Se requirió su ‘saneamiento’ con recursos públicos para poder entregarla a la banca extranjera, todo ello violando la legislación federal en materia de títulos, instituciones y operaciones de crédito. La nueva y pesada hipoteca que quedó sobre las finanzas públicas se sigue pagando al día de hoy. El señor Gurría, secretario general de la OCDE, fue uno de los arquitectos de este terrible episodio.
Por eso la economía mexicana ha permanecido estancada ya por tres décadas. El gasto público (en términos reales) en salud, educación, vivienda y otros rubros claves para el bienestar de una población se ha mantenido en niveles peligrosamente bajos. En cambio, el análisis de la cuenta pública revela cantidades astronómicas destinadas a pagar cargas financieras. Para frenar las presiones inflacionarias el salario real también fue castigado a la baja durante 30 años. El resultado fue el sacrificio de una generación y hoy enfrentamos la desintegración del Estado mexicano. Es el espejo en el que se refleja el futuro de Europa si sus pueblos fracasan en la lucha.
4.2.12
Las razones de la crisis que no nos cuentan, o cómo se hace la lucha de clases desde arriba
Andrés Piqueras
En las sociedades europeas centrales a finales de la década de los 60 del siglo XX y muy especialmente a partir de la quiebra económico-energética de 1973, se evidenciaría el cierre del modelo de crecimiento keynesiano, ligado a lo que se llamó el “capitalismo organizado”, que entrañaba a su vez la prevalencia de la opción reformista o “socialdemócrata” en las relaciones Capital/Trabajo.
Dan cuenta de esa quiebra un par de razones estructurales, nunca aludidas en las pseudo-explicaciones de la crisis que machaconamente nos proporcionan desde todo tipo de plataformas y de medios de difusión de masas.
Por un lado, la automatización o, en general, la tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas, que se supone inherente a la acumulación capitalista, tiende a la mayor utilización de (e innovación en) tecnologías intensivas en capital. Estas últimas entrañan una significativa menor utilización de fuerza de trabajo por unidad de capital invertido, lo que además de provocar una tendencia hacia la eliminación de empleos implica una consecuencia realmente grave para el funcionamiento capitalista, que es la sobreacumulación de capital invertido por unidad de valor que se es capaz de generar (digamos que al reducirse la masa de valor representada por la fuerza de trabajo, se restringen cada vez más los impactos de los aumentos de la productividad en la elevación de la tasa de plusvalía, y se limita también la conversión de plusvalía extraordinaria en ganancia extraordinaria, que es el objetivo básico de la inversión capitalista). Este proceso transcurre paralelo a otro de igual calibre, y es que la tecnificación de los procesos productivos va dejando cada vez menos tiempo de trabajo excedente del que apropiarse para la obtención de plusvalía, ya que el trabajo necesario de los seres humanos (la mano de obra) va quedando más y más reducido con el desarrollo tecnológico. Esto implica que con cada aumento de composición orgánica de capital el aumento proporcional de la plusvalía es menor.
Por otra parte, se desata una feroz batalla en torno al I+D, que deviene cada vez más onerosa, dado que la rápida caducidad tecnológica no permite la satisfactoria amortización del capital invertido.
Estos procesos están en la base de la crisis de valorización del capital, que es la causa profunda o histórica de la crisis que padecemos en la actualidad, que no es sino la prolongación angustiosa de aquélla.
En todo este tiempo el capitalismo se ha desorganizado de nuevo a través de su versión “neoliberal”, dejando de lado la reforma progresiva de sí mismo y emprendiendo una ofensiva unilateral de clase en todos los frentes contra la población que vive de su trabajo.
Toda una trama de recetas “neoliberales” se pusieron en marcha, si no para salir de esa crisis (que en sí misma el capital no puede exorcizar), al menos para huir de ella hacia adelante. Entre las más importantes:
Aumentar la explotación de la fuerza de trabajo. Tanto extensiva (duración de la jornada, horas extras, aumento de días de trabajo anuales, elevación de la edad de jubilación…), como intensiva (a través del propio proceso de tecnificación de los procesos productivos y, en general, de desarrollo de fuerzas productivas).
Esto se hizo con relativa escasa resistencia de la población gracias a la alta capacidad de sustitución de la fuerza de trabajo que proporcionaron al capital principalmente tres factores: a) el incremento del ejército de reserva mundial que se produjo con la entrada del Segundo Mundo (URSS, China, etc.) en la órbita capitalista, con una fuerza de trabajo enormemente más barata; b) una fuerza de trabajo migrante a escala global, lista para desempeñar el papel de ejército de reserva a discreción; c) la deslocalización empresarial, que significa que son las empresas las que emigran allá donde los costos de capital variable y circulante son menores y las exacciones fiscales mayores.
Con ello el poder social de negociación de la población trabajadora se fue a pique, y la fortaleza sindical (de unos sindicatos que además habían adaptado sus estructuras y estrategias a la época de los pactos y a la institucionalización del conflicto) quedaba seriamente mermada.
Esto queda patente en la pérdida de poder adquisitivo de la fuerza de trabajo en general, así como en el reparto de la riqueza social. En el Reino de España, la participación depurada de los salarios bajó de casi el 75% al 61% del PIB, calculado según costes de factores, entre 1967 y 2007, lo que es congruente con el hecho de que el salario promedio real esté prácticamente estancado desde principio de los años 80.
En cuanto al aumento del tiempo de trabajo, para los años 1999 y 2002, según el CIS (Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo”), un 46,4% de los trabajadores prolonga su jornada laboral más allá de la jornada nominal, y la quinta parte del conjunto de la población asalariada (un 22,3%) lo hace sin compensación económica. Los asalariados a tiempo completo, según Eurostat1, trabajan un promedio de 8,5 horas extra a la semana, de las cuales 4,7 horas no son pagadas (lo que quiere decir que más del 10% de la jornada laboral regular acordada por convenio se le regala a la patronal). No hablemos ya de la temporalidad o en general precariedad laboral del mercado de trabajo español.
Recortar la parte de contribución al conjunto social que aporta el gran empresariado. En general, eximir de impuestos a los ricos, al tiempo que se aumenta la carga impositiva sobre la población trabajadora.
Así, tomando de nuevo el ejemplo español, si en 2005 las rentas del trabajo sufrían una carga impositiva del 16,4%, las rentas del capital sólo tenían un 7,4%, es decir, menos de la mitad. Trece años después, en 2008, la situación apenas ha variado: 16,7% para las rentas del trabajo, 8,6% para las del capital. Esto hace que lo recaudado en la actualidad de la población trabajadora sea más de 9 veces el monto total recaudado del mundo del capital. Todo ello sin contar la evasión fiscal consentida, como consentidos están los paraísos fiscales.
Según el GESTHA, organismo de los cargos técnicos e inspectores de Hacienda (http://www.gestha.es/), las grandes fortunas y empresas españolas evadieron 42.771 millones de euros sólo en 2010. Si a ello añadimos la evasión de la pequeña y mediana empresa, según esa misma fuente, obtenemos 59.032 millones. Sumando a esto el fraude a la seguridad social que se realiza a través de la economía sumergida, nos da la enorme suma de unos 90.000 millones de euros. Los recortes sociales impuestos por el gobierno del PSOE para el periodo 2010-2013 ascienden a 50.000 millones de euros. Es decir, se podría no hacer un solo recorte si los ricos pagaran lo que les corresponde (que ya de por sí es proporcionalmente muy poco en comparación con lo que paga el resto de la sociedad).
Reducir los servicios y gastos sociales en el conjunto de la población
Ya antes de la crisis de finales de la primera década de los 2000, si miramos los datos del Reino de España en protección social, entre 1994 y 2005 se redujeron esos gastos del 22,8 al 20,8% del PIB2. En la UE, a pesar de estar mucho más altos, como promedio también descendieron esos gastos: entre 1993 y 2002 pasaron del 27,4 al 26,9% del PIB3.
Apropiarse privadamente de los bienes públicos (esto es, la reprivatización o lo que se ha llamado también acumulación privada por desposesión colectiva).
Esto afecta tanto a los servicios públicos (sanidad, educación, transporte, comunicaciones, etc.), como a las infraestructuras (red viaria, instalaciones…), como a la riqueza natural o ecológica (territorios, recursos naturales, patentización del genoma de las especies…), etc.
Reducir sustancialmente el capital destinado a la inversión en producción, dado que ésta ya no es tan rentable por sobreacumulación, y dedicarlo al préstamo y al ‘juego’ bursátil, esto es, básicamente a la especulación. Como si imparablemente el dinero pudiera generar dinero por sí mismo, fuera de la producción. Pero como eso sólo era un espejismo lo que se generó fue una enorme pirámide invertida de capital de crédito-deuda y especulativo en relación al capital real. Es decir, se creó una ingente suma de capital ficticio.
El Bank for International Settlements en su Quarterly Review de junio de 2011, reportaba haber recibido datos bancarios hasta diciembre de 2010 por un total de 601 billones de dólares en derivados emitidos, lo que supone más de 10 veces el PIB mundial. Otras fuentes consultadas por el Observatorio Internacional de la Crisis (http://www.observatoriodelacrisis.org/), sin embargo, estiman ese monto de capital ficticio en torno a 30 veces la riqueza mundial “real” (es decir, ¡en torno a los 1200 billones de dólares!).
Esto ha sido posible gracias a la desregulación del sistema bancario y de las finanzas, que ha permitido crecer a costa de endeudamiento (proceso que recibe el nombre de “apalancamiento”). En este caso hablaríamos de “crecer ficticiamente” (dado que el apalancamiento ha sido a costa de un capital “ficticio”). Al mismo tiempo, los Estados hacen dejación de su soberanía, permitiendo que los Bancos Centrales se independicen de ellos, mientras que ellos mismos pasan a emitir títulos de deuda en los mercados financieros mundiales, con lo que entran como cualquier otra entidad en el “rating internacional de riesgo” dictaminado por agencias privadas, obligándose a llevar a cabo políticas ortodoxas monetarias y fiscales subordinadas a los intereses del capital financiero internacional.
A pesar de todo ello, el intento de resolución de la crisis de valorización a través del empobrecimiento de las poblaciones y del detraimiento del gasto público, ha venido generando más y más obstáculos para la realización de la ganancia (que sólo se puede consumar mediante la venta). Esto se conoce como crisis de realización que, por mucho que se haya intentado regatear a costa del crédito, la caducidad cada vez más prematura de los productos o el consumo de lujo entre otras opciones, no ha hecho sino agudizarse con los crecientes recortes salariales y sociales, agravando aún más, consecuentemente, la ya cronificada crisis de valorización, pues se entra en un bucle de sobreproducción-subconsumo, como causa derivada, del que en otros momentos históricos sólo se salió a través de la guerra o la expansión económica a nuevos territorios.
Lejos de atacar ese bucle, las medidas que se toman son sólo de evasión, destinadas a dar un poco más de tiempo a los grandes capitales. Porque en sí mismas son procíclicas, esto es, tendentes a perpetuar y reforzar la crisis. Así el creciente retraimiento de la inversión del Estado, la disminución de los servicios sociales, la bajada de salarios, el aumento de impuestos a la población trabajadora, la pérdida general del poder adquisitivo de las poblaciones y la drástica disminución del consumo conllevan la acentuación de la crisis de realización (esto es, a dificultar la venta que es como se realiza la ganancia capitalista). Socavan tan drástica como patentemente, además, los ingresos del Estado y por tanto su capacidad para intervenir como agente económico.
De todo esto se percata cualquiera. El capitalismo histórico no pudo salir de ninguna gran depresión sin una fuerte inyección de gasto público, sobre todo desde que alcanza su fase de monopolización en el último cuarto del siglo XIX. Sólo el fortalecimiento de los servicios y, en general, de la economía pública, podría dar algo más de margen a la acumulación capitalista. Luego, la pregunta clave es ¿porqué se están llevando a cabo políticas económicas procíclicas, esto es, tendentes a la depresión?
No valen las respuestas que apelan al “despiste” o a la “falta de cordura”, como se repiten por doquier últimamente cuando ya no parecen quedar otras “salidas” para explicar la crisis sistémica en la que nos encontramos.
Mejor ofrezcamos aquí algunas otras posibilidades de respuesta, que pasan por distintas claves:
I. Claves de relación de clase
Hay un profundo cambio en la composición interna del poder mundial y de los poderes en cada formación socio-estatal. La lucha de poder entre las clases dominantes y entre las distintas expresiones del capital, nos llevan a un escenario en el que el capital financiero mundial trata de hacerse con el mando del sistema, estrangulando el poder del capital productivo, y en que las entidades estatales siguen actuando para sí, más allá de la dimensión universal del capital, con la consiguiente pugna de intereses también entre las distintas burguesías estatales, combinada con la tradicional supeditación de las burguesías de las formaciones más débiles (lumpenburguesías y burguesías delegadas) a las de las más fuertes.
Sin embargo, ambos capitales (productivo y de interés-especulativo), junto al rentista, así como unas y otras burguesías estatales, se coordinan y aprovechan la coyuntura para reestructurar el poder de clase y golpear la fuerza histórica conseguida por el Trabajo, rebajando al máximo su poder social de negociación y desbaratando todos los dispositivos de preservación de esa fuerza y de regulación de la relación Capital/Trabajo, así como las formas institucionalizadas de pacto de clases, propias del “capitalismo organizado” keynesiano, e incluso del Estado popular o populista de muchas de las formaciones periféricas. Deprimiendo en general, más allá de ciertas excepciones que merecen análisis aparte (el grupo ALBA en América Latina, por ejemplo), las condiciones sociolaborales de las poblaciones.
II. Claves económico-estratégicas y geoestratégicas (político-militares).
Asistimos también a una lucha entre Estados vinculados al capital financiero-especulativo (los anglosajones, especialmente) y los ligados al capital productivo-extractivo (Alemania, China, Rusia, sobre todo).
Cruzándose con ella, se da la pugna del hegemón actual (EE.UU.) y países centrales subordinados (buena parte de la UE occidental, Japón, Canadá, Australia), con el potencial hegemón del siglo XXI (China), más sus posibles aliados (¿Rusia?). Las claves pasarán por un lado, por la toma de postura de unas y otras formaciones periféricas (especialmente India y los países decisivos de América Latina). Por otro, esas claves estarán vinculadas a la evolución de las crecientes rivalidades entre las potencias centrales y la decantación estratégica futura de la Gran Alemania (que puede ser la sustituidora de la UE, una vez que haya terminado de adueñarse de Europa o al menos de desencuadernar la capacidad agencial del resto de formaciones estatales europeas).
Estas medidas o procesos tienen, no obstante, al menos dos grandes elementos contradictorios y una constatación de gran importancia.
Las contradicciones:
El permanente socavamiento del capital productivo implica el estrangulamiento del propio modo de producción capitalista, pues sólo de él se genera la acumulación de capital.
b) Al mismo tiempo, al destruir la capacidad adquisitiva de los productores, se destruye, como hemos indicado ya, la de los consumidores (pues en el sistema capitalista unos y otros son los mismos y constituyen el único sustento final de la producción capitalista, dado que tanto las entidades empresariales como estatales son sólo consumidores intermedios del consumo final, que es el de la población).
La constatación es que no hay nadie al frente de la nave capitalista, no hay una entidad de comando. Lo cual ha sido el gran déficit de la universalización del sistema capitalista como Sistema Mundial: su incapacidad de desarrollar una entidad rectora del tipo del Estado que generó para su fase de acumulación socio-nacional.
A partir de todo ello, además, podemos atrevernos a formular algunas posibles implicaciones, aunque sea (todavía) en forma de preguntas.
La ruina consciente de sus propias bases de existencia, ¿quiere decir que de alguna manera el Capital está haciendo las maletas hacia otra forma de dominación? Si es así, ¿cuál?:
¿Una forma de extremación del capitalismo salvaje a escala mundial, funcionando a partir de un todavía muchísimo más reducido número de consumidores que en la actualidad?
¿Un postcapitalismo, con otras formas de acumulación-dominación y de apropiación de los (cada vez más escasos) recursos?
Para ambas salidas necesitaría de medidas drásticas frente a la Humanidad, y éstas pasarían de forma necesaria por la opción bélica a gran escala. Podría estar combinada con otros procesos catastróficos de carácter sanitario-epidémico y ecológico.
Irreformismo del sistema
En cualquier caso, y de momento, esta guerra de clases desde arriba, unilateralmente desatada por el Capital cuando en las formaciones centrales el Trabajo más amodorradamente integrado en el orden capitalista de consumo se encontraba (por más que en las últimas décadas fuera gracias al crédito –también en gran parte “ficticio”-), y en las periféricas ese consumo y niveles de vida se habían convertido en la aspiración legitimadora del sistema, no hace sino proclamar el agotamiento de las posibilidades del reformismo, parejo a la crisis sistémica y civilizatoria a que con toda probabilidad conducirá el colapso de la acumulación capitalista en sus núcleos centrales. El acoplamiento de las formaciones periféricas y la crisis ecológica nos dirá hasta qué punto y hasta cuándo será posible que esa acumulación se traslade a éstas.
Mientras tanto, el resultado es una acentuada deslegitimación del orden socioeconómico que la alternancia de dos partidos en las diferentes elecciones presidenciales no podrá frenar por mucho más tiempo4. Entramos, forzados por el desgaste del sistema y la ofensiva del gran capital, en una más que probable nueva era de enfrentamientos de clase. Estos se verán adaptados, más pronto o más tarde, a los nuevos contextos de dominación y de acumulación del capitalismo degenerativo. Su dinámica antagónica y sus resultados irán proporcionando los elementos constructivos del mundo del siglo XXI.
Se hace, en cualquier caso, cada vez más probable que en su desesperada salida cortoplacista, el mundo rico despierte al monstruo que dormía, al que tanto ha temido siempre: las fuerzas del trabajo organizado (y sublevado).
* El autor es miembro del Observatorio Internacional de la Crisis
Notas:
1 Ver para los datos citados aquí, Hans Schweiger y Antonio Rodríguez, “La participación de los salarios”, en Taifa, seminari d’economia critica, nº 4. Barcelona, 2007.
2 Colectivo IOE. Barómetro social de España. Análisis del periodo 1994-2006. Traficantes de sueños. Madrid, 2008.
3 Vicenç Navarro. El subdesarrollo social de España. Ediciones de Diario El Público. Madrid, 2009.
4 La creciente ilegitimidad e ingobernabilidad de las expresiones sociopolíticas capitalistas irán probablemente aconsejando a las clases dominantes hacer gobiernos de “concertación nacional”, e ir asumiendo directamente la dirigencia del Estado, desplazando al cuerpo de gestores-administradores intermediarios entre ellas y el resto de la población.
En las sociedades europeas centrales a finales de la década de los 60 del siglo XX y muy especialmente a partir de la quiebra económico-energética de 1973, se evidenciaría el cierre del modelo de crecimiento keynesiano, ligado a lo que se llamó el “capitalismo organizado”, que entrañaba a su vez la prevalencia de la opción reformista o “socialdemócrata” en las relaciones Capital/Trabajo.
Dan cuenta de esa quiebra un par de razones estructurales, nunca aludidas en las pseudo-explicaciones de la crisis que machaconamente nos proporcionan desde todo tipo de plataformas y de medios de difusión de masas.
Por un lado, la automatización o, en general, la tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas, que se supone inherente a la acumulación capitalista, tiende a la mayor utilización de (e innovación en) tecnologías intensivas en capital. Estas últimas entrañan una significativa menor utilización de fuerza de trabajo por unidad de capital invertido, lo que además de provocar una tendencia hacia la eliminación de empleos implica una consecuencia realmente grave para el funcionamiento capitalista, que es la sobreacumulación de capital invertido por unidad de valor que se es capaz de generar (digamos que al reducirse la masa de valor representada por la fuerza de trabajo, se restringen cada vez más los impactos de los aumentos de la productividad en la elevación de la tasa de plusvalía, y se limita también la conversión de plusvalía extraordinaria en ganancia extraordinaria, que es el objetivo básico de la inversión capitalista). Este proceso transcurre paralelo a otro de igual calibre, y es que la tecnificación de los procesos productivos va dejando cada vez menos tiempo de trabajo excedente del que apropiarse para la obtención de plusvalía, ya que el trabajo necesario de los seres humanos (la mano de obra) va quedando más y más reducido con el desarrollo tecnológico. Esto implica que con cada aumento de composición orgánica de capital el aumento proporcional de la plusvalía es menor.
Por otra parte, se desata una feroz batalla en torno al I+D, que deviene cada vez más onerosa, dado que la rápida caducidad tecnológica no permite la satisfactoria amortización del capital invertido.
Estos procesos están en la base de la crisis de valorización del capital, que es la causa profunda o histórica de la crisis que padecemos en la actualidad, que no es sino la prolongación angustiosa de aquélla.
En todo este tiempo el capitalismo se ha desorganizado de nuevo a través de su versión “neoliberal”, dejando de lado la reforma progresiva de sí mismo y emprendiendo una ofensiva unilateral de clase en todos los frentes contra la población que vive de su trabajo.
Toda una trama de recetas “neoliberales” se pusieron en marcha, si no para salir de esa crisis (que en sí misma el capital no puede exorcizar), al menos para huir de ella hacia adelante. Entre las más importantes:
Aumentar la explotación de la fuerza de trabajo. Tanto extensiva (duración de la jornada, horas extras, aumento de días de trabajo anuales, elevación de la edad de jubilación…), como intensiva (a través del propio proceso de tecnificación de los procesos productivos y, en general, de desarrollo de fuerzas productivas).
Esto se hizo con relativa escasa resistencia de la población gracias a la alta capacidad de sustitución de la fuerza de trabajo que proporcionaron al capital principalmente tres factores: a) el incremento del ejército de reserva mundial que se produjo con la entrada del Segundo Mundo (URSS, China, etc.) en la órbita capitalista, con una fuerza de trabajo enormemente más barata; b) una fuerza de trabajo migrante a escala global, lista para desempeñar el papel de ejército de reserva a discreción; c) la deslocalización empresarial, que significa que son las empresas las que emigran allá donde los costos de capital variable y circulante son menores y las exacciones fiscales mayores.
Con ello el poder social de negociación de la población trabajadora se fue a pique, y la fortaleza sindical (de unos sindicatos que además habían adaptado sus estructuras y estrategias a la época de los pactos y a la institucionalización del conflicto) quedaba seriamente mermada.
Esto queda patente en la pérdida de poder adquisitivo de la fuerza de trabajo en general, así como en el reparto de la riqueza social. En el Reino de España, la participación depurada de los salarios bajó de casi el 75% al 61% del PIB, calculado según costes de factores, entre 1967 y 2007, lo que es congruente con el hecho de que el salario promedio real esté prácticamente estancado desde principio de los años 80.
En cuanto al aumento del tiempo de trabajo, para los años 1999 y 2002, según el CIS (Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo”), un 46,4% de los trabajadores prolonga su jornada laboral más allá de la jornada nominal, y la quinta parte del conjunto de la población asalariada (un 22,3%) lo hace sin compensación económica. Los asalariados a tiempo completo, según Eurostat1, trabajan un promedio de 8,5 horas extra a la semana, de las cuales 4,7 horas no son pagadas (lo que quiere decir que más del 10% de la jornada laboral regular acordada por convenio se le regala a la patronal). No hablemos ya de la temporalidad o en general precariedad laboral del mercado de trabajo español.
Recortar la parte de contribución al conjunto social que aporta el gran empresariado. En general, eximir de impuestos a los ricos, al tiempo que se aumenta la carga impositiva sobre la población trabajadora.
Así, tomando de nuevo el ejemplo español, si en 2005 las rentas del trabajo sufrían una carga impositiva del 16,4%, las rentas del capital sólo tenían un 7,4%, es decir, menos de la mitad. Trece años después, en 2008, la situación apenas ha variado: 16,7% para las rentas del trabajo, 8,6% para las del capital. Esto hace que lo recaudado en la actualidad de la población trabajadora sea más de 9 veces el monto total recaudado del mundo del capital. Todo ello sin contar la evasión fiscal consentida, como consentidos están los paraísos fiscales.
Según el GESTHA, organismo de los cargos técnicos e inspectores de Hacienda (http://www.gestha.es/), las grandes fortunas y empresas españolas evadieron 42.771 millones de euros sólo en 2010. Si a ello añadimos la evasión de la pequeña y mediana empresa, según esa misma fuente, obtenemos 59.032 millones. Sumando a esto el fraude a la seguridad social que se realiza a través de la economía sumergida, nos da la enorme suma de unos 90.000 millones de euros. Los recortes sociales impuestos por el gobierno del PSOE para el periodo 2010-2013 ascienden a 50.000 millones de euros. Es decir, se podría no hacer un solo recorte si los ricos pagaran lo que les corresponde (que ya de por sí es proporcionalmente muy poco en comparación con lo que paga el resto de la sociedad).
Reducir los servicios y gastos sociales en el conjunto de la población
Ya antes de la crisis de finales de la primera década de los 2000, si miramos los datos del Reino de España en protección social, entre 1994 y 2005 se redujeron esos gastos del 22,8 al 20,8% del PIB2. En la UE, a pesar de estar mucho más altos, como promedio también descendieron esos gastos: entre 1993 y 2002 pasaron del 27,4 al 26,9% del PIB3.
Apropiarse privadamente de los bienes públicos (esto es, la reprivatización o lo que se ha llamado también acumulación privada por desposesión colectiva).
Esto afecta tanto a los servicios públicos (sanidad, educación, transporte, comunicaciones, etc.), como a las infraestructuras (red viaria, instalaciones…), como a la riqueza natural o ecológica (territorios, recursos naturales, patentización del genoma de las especies…), etc.
Reducir sustancialmente el capital destinado a la inversión en producción, dado que ésta ya no es tan rentable por sobreacumulación, y dedicarlo al préstamo y al ‘juego’ bursátil, esto es, básicamente a la especulación. Como si imparablemente el dinero pudiera generar dinero por sí mismo, fuera de la producción. Pero como eso sólo era un espejismo lo que se generó fue una enorme pirámide invertida de capital de crédito-deuda y especulativo en relación al capital real. Es decir, se creó una ingente suma de capital ficticio.
El Bank for International Settlements en su Quarterly Review de junio de 2011, reportaba haber recibido datos bancarios hasta diciembre de 2010 por un total de 601 billones de dólares en derivados emitidos, lo que supone más de 10 veces el PIB mundial. Otras fuentes consultadas por el Observatorio Internacional de la Crisis (http://www.observatoriodelacrisis.org/), sin embargo, estiman ese monto de capital ficticio en torno a 30 veces la riqueza mundial “real” (es decir, ¡en torno a los 1200 billones de dólares!).
Esto ha sido posible gracias a la desregulación del sistema bancario y de las finanzas, que ha permitido crecer a costa de endeudamiento (proceso que recibe el nombre de “apalancamiento”). En este caso hablaríamos de “crecer ficticiamente” (dado que el apalancamiento ha sido a costa de un capital “ficticio”). Al mismo tiempo, los Estados hacen dejación de su soberanía, permitiendo que los Bancos Centrales se independicen de ellos, mientras que ellos mismos pasan a emitir títulos de deuda en los mercados financieros mundiales, con lo que entran como cualquier otra entidad en el “rating internacional de riesgo” dictaminado por agencias privadas, obligándose a llevar a cabo políticas ortodoxas monetarias y fiscales subordinadas a los intereses del capital financiero internacional.
A pesar de todo ello, el intento de resolución de la crisis de valorización a través del empobrecimiento de las poblaciones y del detraimiento del gasto público, ha venido generando más y más obstáculos para la realización de la ganancia (que sólo se puede consumar mediante la venta). Esto se conoce como crisis de realización que, por mucho que se haya intentado regatear a costa del crédito, la caducidad cada vez más prematura de los productos o el consumo de lujo entre otras opciones, no ha hecho sino agudizarse con los crecientes recortes salariales y sociales, agravando aún más, consecuentemente, la ya cronificada crisis de valorización, pues se entra en un bucle de sobreproducción-subconsumo, como causa derivada, del que en otros momentos históricos sólo se salió a través de la guerra o la expansión económica a nuevos territorios.
Lejos de atacar ese bucle, las medidas que se toman son sólo de evasión, destinadas a dar un poco más de tiempo a los grandes capitales. Porque en sí mismas son procíclicas, esto es, tendentes a perpetuar y reforzar la crisis. Así el creciente retraimiento de la inversión del Estado, la disminución de los servicios sociales, la bajada de salarios, el aumento de impuestos a la población trabajadora, la pérdida general del poder adquisitivo de las poblaciones y la drástica disminución del consumo conllevan la acentuación de la crisis de realización (esto es, a dificultar la venta que es como se realiza la ganancia capitalista). Socavan tan drástica como patentemente, además, los ingresos del Estado y por tanto su capacidad para intervenir como agente económico.
De todo esto se percata cualquiera. El capitalismo histórico no pudo salir de ninguna gran depresión sin una fuerte inyección de gasto público, sobre todo desde que alcanza su fase de monopolización en el último cuarto del siglo XIX. Sólo el fortalecimiento de los servicios y, en general, de la economía pública, podría dar algo más de margen a la acumulación capitalista. Luego, la pregunta clave es ¿porqué se están llevando a cabo políticas económicas procíclicas, esto es, tendentes a la depresión?
No valen las respuestas que apelan al “despiste” o a la “falta de cordura”, como se repiten por doquier últimamente cuando ya no parecen quedar otras “salidas” para explicar la crisis sistémica en la que nos encontramos.
Mejor ofrezcamos aquí algunas otras posibilidades de respuesta, que pasan por distintas claves:
I. Claves de relación de clase
Hay un profundo cambio en la composición interna del poder mundial y de los poderes en cada formación socio-estatal. La lucha de poder entre las clases dominantes y entre las distintas expresiones del capital, nos llevan a un escenario en el que el capital financiero mundial trata de hacerse con el mando del sistema, estrangulando el poder del capital productivo, y en que las entidades estatales siguen actuando para sí, más allá de la dimensión universal del capital, con la consiguiente pugna de intereses también entre las distintas burguesías estatales, combinada con la tradicional supeditación de las burguesías de las formaciones más débiles (lumpenburguesías y burguesías delegadas) a las de las más fuertes.
Sin embargo, ambos capitales (productivo y de interés-especulativo), junto al rentista, así como unas y otras burguesías estatales, se coordinan y aprovechan la coyuntura para reestructurar el poder de clase y golpear la fuerza histórica conseguida por el Trabajo, rebajando al máximo su poder social de negociación y desbaratando todos los dispositivos de preservación de esa fuerza y de regulación de la relación Capital/Trabajo, así como las formas institucionalizadas de pacto de clases, propias del “capitalismo organizado” keynesiano, e incluso del Estado popular o populista de muchas de las formaciones periféricas. Deprimiendo en general, más allá de ciertas excepciones que merecen análisis aparte (el grupo ALBA en América Latina, por ejemplo), las condiciones sociolaborales de las poblaciones.
II. Claves económico-estratégicas y geoestratégicas (político-militares).
Asistimos también a una lucha entre Estados vinculados al capital financiero-especulativo (los anglosajones, especialmente) y los ligados al capital productivo-extractivo (Alemania, China, Rusia, sobre todo).
Cruzándose con ella, se da la pugna del hegemón actual (EE.UU.) y países centrales subordinados (buena parte de la UE occidental, Japón, Canadá, Australia), con el potencial hegemón del siglo XXI (China), más sus posibles aliados (¿Rusia?). Las claves pasarán por un lado, por la toma de postura de unas y otras formaciones periféricas (especialmente India y los países decisivos de América Latina). Por otro, esas claves estarán vinculadas a la evolución de las crecientes rivalidades entre las potencias centrales y la decantación estratégica futura de la Gran Alemania (que puede ser la sustituidora de la UE, una vez que haya terminado de adueñarse de Europa o al menos de desencuadernar la capacidad agencial del resto de formaciones estatales europeas).
Estas medidas o procesos tienen, no obstante, al menos dos grandes elementos contradictorios y una constatación de gran importancia.
Las contradicciones:
El permanente socavamiento del capital productivo implica el estrangulamiento del propio modo de producción capitalista, pues sólo de él se genera la acumulación de capital.
b) Al mismo tiempo, al destruir la capacidad adquisitiva de los productores, se destruye, como hemos indicado ya, la de los consumidores (pues en el sistema capitalista unos y otros son los mismos y constituyen el único sustento final de la producción capitalista, dado que tanto las entidades empresariales como estatales son sólo consumidores intermedios del consumo final, que es el de la población).
La constatación es que no hay nadie al frente de la nave capitalista, no hay una entidad de comando. Lo cual ha sido el gran déficit de la universalización del sistema capitalista como Sistema Mundial: su incapacidad de desarrollar una entidad rectora del tipo del Estado que generó para su fase de acumulación socio-nacional.
A partir de todo ello, además, podemos atrevernos a formular algunas posibles implicaciones, aunque sea (todavía) en forma de preguntas.
La ruina consciente de sus propias bases de existencia, ¿quiere decir que de alguna manera el Capital está haciendo las maletas hacia otra forma de dominación? Si es así, ¿cuál?:
¿Una forma de extremación del capitalismo salvaje a escala mundial, funcionando a partir de un todavía muchísimo más reducido número de consumidores que en la actualidad?
¿Un postcapitalismo, con otras formas de acumulación-dominación y de apropiación de los (cada vez más escasos) recursos?
Para ambas salidas necesitaría de medidas drásticas frente a la Humanidad, y éstas pasarían de forma necesaria por la opción bélica a gran escala. Podría estar combinada con otros procesos catastróficos de carácter sanitario-epidémico y ecológico.
Irreformismo del sistema
En cualquier caso, y de momento, esta guerra de clases desde arriba, unilateralmente desatada por el Capital cuando en las formaciones centrales el Trabajo más amodorradamente integrado en el orden capitalista de consumo se encontraba (por más que en las últimas décadas fuera gracias al crédito –también en gran parte “ficticio”-), y en las periféricas ese consumo y niveles de vida se habían convertido en la aspiración legitimadora del sistema, no hace sino proclamar el agotamiento de las posibilidades del reformismo, parejo a la crisis sistémica y civilizatoria a que con toda probabilidad conducirá el colapso de la acumulación capitalista en sus núcleos centrales. El acoplamiento de las formaciones periféricas y la crisis ecológica nos dirá hasta qué punto y hasta cuándo será posible que esa acumulación se traslade a éstas.
Mientras tanto, el resultado es una acentuada deslegitimación del orden socioeconómico que la alternancia de dos partidos en las diferentes elecciones presidenciales no podrá frenar por mucho más tiempo4. Entramos, forzados por el desgaste del sistema y la ofensiva del gran capital, en una más que probable nueva era de enfrentamientos de clase. Estos se verán adaptados, más pronto o más tarde, a los nuevos contextos de dominación y de acumulación del capitalismo degenerativo. Su dinámica antagónica y sus resultados irán proporcionando los elementos constructivos del mundo del siglo XXI.
Se hace, en cualquier caso, cada vez más probable que en su desesperada salida cortoplacista, el mundo rico despierte al monstruo que dormía, al que tanto ha temido siempre: las fuerzas del trabajo organizado (y sublevado).
* El autor es miembro del Observatorio Internacional de la Crisis
Notas:
1 Ver para los datos citados aquí, Hans Schweiger y Antonio Rodríguez, “La participación de los salarios”, en Taifa, seminari d’economia critica, nº 4. Barcelona, 2007.
2 Colectivo IOE. Barómetro social de España. Análisis del periodo 1994-2006. Traficantes de sueños. Madrid, 2008.
3 Vicenç Navarro. El subdesarrollo social de España. Ediciones de Diario El Público. Madrid, 2009.
4 La creciente ilegitimidad e ingobernabilidad de las expresiones sociopolíticas capitalistas irán probablemente aconsejando a las clases dominantes hacer gobiernos de “concertación nacional”, e ir asumiendo directamente la dirigencia del Estado, desplazando al cuerpo de gestores-administradores intermediarios entre ellas y el resto de la población.
23.1.12
Ayotzinapa
Carlos Fazio
Fue un crimen de Estado. Las ejecuciones sumarias extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron sendos crímenes de Estado que involucran, por acción y omisión, a los gobiernos estatal y federal. Pese a las evidencias periciales, testimoniales, gráficas y fílmicas que involucran a varios agentes estatales, a 42 días del uso desproporcionado de la fuerza pública en la Autopista del Sol, seguido de tratos crueles y tortura contra otros estudiantes, los criminales siguen impunes.
Desde un principio, la falta de cooperación de las autoridades fue evidente. Actuaron con dolo y de manera conspirativa. Ratificando su vocación represiva, autoritaria y criminal, procedieron al margen de los protocolos antimotines correspondientes y con total desprecio por los derechos humanos. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal mintieron de manera deliberada para distorsionar, enredar y ocultar los hechos. Las autoridades alteraron la escena del crimen y mediante una "operación barrido" destruyeron y/o desaparecieron pruebas y evidencias para encubrir a los responsables materiales e intelectuales de la violenta acción represiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el uso de la fuerza letal contra civiles desarmados obedeció a un acto consciente de causar daño más allá del control de la situación. Además se quiso fabricar un culpable. Un chivo expiatorio. Mediante tortura y la siembra de un fusil de asalto se intentó manufacturar un falso positivo a la mexicana. El estudiante Gerardo Torres Pérez fue doblemente victimizado. Capturado en el lugar de los hechos, fue aislado e incomunicado. Lo desnudaron, le mojaron el cuerpo y lo golpearon en la espalda, costillas y cara para que se incriminara. Después, sus captores lo llevaron a una casa abandonada en Zumpango y lo obligaron a disparar un arma AK-47 –cuerno de chivo– y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos con pólvora, con la intención de imputarle el asesinato de sus compañeros.
El montaje, atribuido por el estudiante al comandante de la policía ministerial David Urquizo (quien sigue activo), lo divulgó mediáticamente el ex procurador estatal Alberto Rosas López, quien manejó la presencia en el lugar –con fines desestabilizadores, dijo– de "grupos civiles ajenos" al gobierno y los estudiantes. Y sin la autopsia correspondiente, a pocas horas del crimen "reveló" que las víctimas presentaban impactos de arma AK-47, "que no usan las corporaciones del estado, cuyos elementos acudieron al lugar desarmados".
El uso excesivo de fuerza letal frente a la protesta social de los estudiantes de Ayotzi se dio en el marco del operativo Guerrero seguro, donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República) que responden a una coordinación interinstitucional, cuyo mando superior se ubica en el gabinete de seguridad nacional de Felipe Calderón. La estrategia es coordinada por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En la acción también intervinieron agentes de las policías preventiva y ministerial del estado de Guerrero.
El operativo estuvo a cargo del subsecretario de Seguridad Pública local, general Ramón Miguel Arriola Ibarra, quien declaró a los medios: "El gobernador me pidió limpiar y la carretera está limpia". Durante la "limpieza" hubo un uso excesivo de armas de fuego. No hubo enfrentamiento. Se empleó fuerza letal para reprimir estudiantes desarmados. Diversas videograbaciones permitieron contabilizar 300 detonaciones de fusiles de asalto y 200 disparos con escuadras, revólveres y rifles de bajo calibre en sólo ocho minutos. Muchos tiros fueron al aire. Pero varios autobuses donde se refugiaron estudiantes exhibieron impactos de bala en vidrios y carrocería. La tragedia pudo ser mayor.
Los homicidios no debieron ocurrir. Pero alguien dio la orden y ésta bajó por la cadena de mando. El o los asesinos tiraron a matar; lo hicieron a sangre fría. Herrera recibió un tiro en la cabeza; Echeverría, en el cuello. Los autores materiales de los disparos son agentes de un poder violento. Quien ordenó tirar lo hizo con lúcida conciencia. Fue una acción intencional y calculada que obedeció a una estrategia de poder, como engranaje o eslabón imprescindible de un sistema de gobierno o una provocación interpares.
Quedan muchas preguntas pendientes: ¿cuál fue la línea de mando?, ¿quién estuvo a cargo del operativo?, ¿quién ordenó el envío de efectivos con fusiles de asalto a desalojar una manifestación de estudiantes?, ¿quién en la cadena de mando político y operativo ordenó abrir fuego y con qué criterios?, ¿quién ordenó modificar la escena del crimen y desaparecer evidencias?, ¿quiénes coaccionaron, previa tortura física y sicológica, al estudiante Gerardo Torres para que accionara un arma sembrada y se incriminara?, ¿por qué no están detenidos los torturadores?, ¿por qué no se tomó declaración al general Arriola, quien proporcionó un testimonio incontrovertible: "El gobernador me ordenó limpiar"? ¿Quién incendió la bomba de gasolina: un joven furioso, "hasta la madre" por tanta injusticia y violencia, un agente provocador, una bala o granada? ¿A qué actores políticos, grupos caciquiles o poderes fácticos convenía, en la antesala de un año electoral, montar una provocación criminal en Chilpancingo? ¿Quiénes tienen capacidad para hacerlo? ¿Hubo terceros instigadores del uso de la violencia sistémica que al intentar "incendiar" Guerrero perseguían profundizar la desestabilización del país?
El martirio de Echeverría y Herrera es referente simbólico de punición para toda la comunidad de Ayotzinapa y fue planificado para conducir a una parálisis social, mediante el terror y amedrentamiento, de la protesta estudiantil. No alcanza el grito indignado ¡Nunca más! Es necesario comprender qué ocurrió y cómo ocurrió. Conocer la verdad histórica. Ambos crímenes de Estado no deben quedar impunes.
Fue un crimen de Estado. Las ejecuciones sumarias extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron sendos crímenes de Estado que involucran, por acción y omisión, a los gobiernos estatal y federal. Pese a las evidencias periciales, testimoniales, gráficas y fílmicas que involucran a varios agentes estatales, a 42 días del uso desproporcionado de la fuerza pública en la Autopista del Sol, seguido de tratos crueles y tortura contra otros estudiantes, los criminales siguen impunes.
Desde un principio, la falta de cooperación de las autoridades fue evidente. Actuaron con dolo y de manera conspirativa. Ratificando su vocación represiva, autoritaria y criminal, procedieron al margen de los protocolos antimotines correspondientes y con total desprecio por los derechos humanos. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal mintieron de manera deliberada para distorsionar, enredar y ocultar los hechos. Las autoridades alteraron la escena del crimen y mediante una "operación barrido" destruyeron y/o desaparecieron pruebas y evidencias para encubrir a los responsables materiales e intelectuales de la violenta acción represiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el uso de la fuerza letal contra civiles desarmados obedeció a un acto consciente de causar daño más allá del control de la situación. Además se quiso fabricar un culpable. Un chivo expiatorio. Mediante tortura y la siembra de un fusil de asalto se intentó manufacturar un falso positivo a la mexicana. El estudiante Gerardo Torres Pérez fue doblemente victimizado. Capturado en el lugar de los hechos, fue aislado e incomunicado. Lo desnudaron, le mojaron el cuerpo y lo golpearon en la espalda, costillas y cara para que se incriminara. Después, sus captores lo llevaron a una casa abandonada en Zumpango y lo obligaron a disparar un arma AK-47 –cuerno de chivo– y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos con pólvora, con la intención de imputarle el asesinato de sus compañeros.
El montaje, atribuido por el estudiante al comandante de la policía ministerial David Urquizo (quien sigue activo), lo divulgó mediáticamente el ex procurador estatal Alberto Rosas López, quien manejó la presencia en el lugar –con fines desestabilizadores, dijo– de "grupos civiles ajenos" al gobierno y los estudiantes. Y sin la autopsia correspondiente, a pocas horas del crimen "reveló" que las víctimas presentaban impactos de arma AK-47, "que no usan las corporaciones del estado, cuyos elementos acudieron al lugar desarmados".
El uso excesivo de fuerza letal frente a la protesta social de los estudiantes de Ayotzi se dio en el marco del operativo Guerrero seguro, donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República) que responden a una coordinación interinstitucional, cuyo mando superior se ubica en el gabinete de seguridad nacional de Felipe Calderón. La estrategia es coordinada por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En la acción también intervinieron agentes de las policías preventiva y ministerial del estado de Guerrero.
El operativo estuvo a cargo del subsecretario de Seguridad Pública local, general Ramón Miguel Arriola Ibarra, quien declaró a los medios: "El gobernador me pidió limpiar y la carretera está limpia". Durante la "limpieza" hubo un uso excesivo de armas de fuego. No hubo enfrentamiento. Se empleó fuerza letal para reprimir estudiantes desarmados. Diversas videograbaciones permitieron contabilizar 300 detonaciones de fusiles de asalto y 200 disparos con escuadras, revólveres y rifles de bajo calibre en sólo ocho minutos. Muchos tiros fueron al aire. Pero varios autobuses donde se refugiaron estudiantes exhibieron impactos de bala en vidrios y carrocería. La tragedia pudo ser mayor.
Los homicidios no debieron ocurrir. Pero alguien dio la orden y ésta bajó por la cadena de mando. El o los asesinos tiraron a matar; lo hicieron a sangre fría. Herrera recibió un tiro en la cabeza; Echeverría, en el cuello. Los autores materiales de los disparos son agentes de un poder violento. Quien ordenó tirar lo hizo con lúcida conciencia. Fue una acción intencional y calculada que obedeció a una estrategia de poder, como engranaje o eslabón imprescindible de un sistema de gobierno o una provocación interpares.
Quedan muchas preguntas pendientes: ¿cuál fue la línea de mando?, ¿quién estuvo a cargo del operativo?, ¿quién ordenó el envío de efectivos con fusiles de asalto a desalojar una manifestación de estudiantes?, ¿quién en la cadena de mando político y operativo ordenó abrir fuego y con qué criterios?, ¿quién ordenó modificar la escena del crimen y desaparecer evidencias?, ¿quiénes coaccionaron, previa tortura física y sicológica, al estudiante Gerardo Torres para que accionara un arma sembrada y se incriminara?, ¿por qué no están detenidos los torturadores?, ¿por qué no se tomó declaración al general Arriola, quien proporcionó un testimonio incontrovertible: "El gobernador me ordenó limpiar"? ¿Quién incendió la bomba de gasolina: un joven furioso, "hasta la madre" por tanta injusticia y violencia, un agente provocador, una bala o granada? ¿A qué actores políticos, grupos caciquiles o poderes fácticos convenía, en la antesala de un año electoral, montar una provocación criminal en Chilpancingo? ¿Quiénes tienen capacidad para hacerlo? ¿Hubo terceros instigadores del uso de la violencia sistémica que al intentar "incendiar" Guerrero perseguían profundizar la desestabilización del país?
El martirio de Echeverría y Herrera es referente simbólico de punición para toda la comunidad de Ayotzinapa y fue planificado para conducir a una parálisis social, mediante el terror y amedrentamiento, de la protesta estudiantil. No alcanza el grito indignado ¡Nunca más! Es necesario comprender qué ocurrió y cómo ocurrió. Conocer la verdad histórica. Ambos crímenes de Estado no deben quedar impunes.
20.1.12
La prerrogativa
Luis Javier Garrido
El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.
1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el "derecho a matar", como lo documentan múltiples casos.
2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada "política antiterrorista" del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta "capturó a miles de sospechosos" (para ella) de ser terroristas "y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo", en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales "en lugar de intentar capturarlos con vida" (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.
3. Ese "derecho de matar" a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente "una violación del derecho internacional". Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.
4. La doctrina Obama sobre "el derecho a matar" a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman "eje del mal") y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de "estados" a los países que albergan los que a su juicio son "terroristas", todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.
5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del "derecho a matar". Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.
6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado "gabinete de seguridad" –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.
7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado "seguir estrechando" (¿aún más?) los lazos en materia "de seguridad", no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también "de común acuerdo" con Washington, en función de un "memorando de entendimiento".
8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.
9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.
10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de "¡Ya basta!" debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.
El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.
1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el "derecho a matar", como lo documentan múltiples casos.
2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada "política antiterrorista" del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta "capturó a miles de sospechosos" (para ella) de ser terroristas "y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo", en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales "en lugar de intentar capturarlos con vida" (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.
3. Ese "derecho de matar" a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente "una violación del derecho internacional". Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.
4. La doctrina Obama sobre "el derecho a matar" a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman "eje del mal") y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de "estados" a los países que albergan los que a su juicio son "terroristas", todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.
5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del "derecho a matar". Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.
6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado "gabinete de seguridad" –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.
7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado "seguir estrechando" (¿aún más?) los lazos en materia "de seguridad", no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también "de común acuerdo" con Washington, en función de un "memorando de entendimiento".
8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.
9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.
10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de "¡Ya basta!" debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.
12.1.12
Me la pelas y otros síndromes de la élite
Pedro Miguel
Ve tú a saber qué infierno personal pueda haber en la génesis del energúmeno evidenciado esta semana en las redes sociales y que responde al nombre de Miguel Sacal Smeke, rápidamente bautizado como El gentleman de las Lomas. El punto es que los modos de este agresor ("¡me la pelas!"), al igual que los de Azalia Ojeda y María Vanessa Polo Cajica, las Ladies de Polanco, videograbadas en agosto del año pasado cuando maltrataron a policías de un puesto de control de alcohol ("¡nacos asalariados!"), así como la indiscreción tuitera de una hija de Enrique Peña Nieto (“bola de pendejos envidiosos, parte de la prole”) y el cándido racismo feisbuquero del panista Carlos Talavera hacia las mujeres indígenas ("huele impresionantemente feo, pero pues pobresillas: no es lo suyo la higiene"), retratan de manera fiel las actitudes de la élite que detenta el poder económico, político y mediático en el país. Desde hace muchos años, en el México posrevolucionario, conforme la élite política y empresarial se iba convirtiendo en una oligarquía privilegiada y saqueadora, fue desarrollando un desprecio profundo por la mayor parte de la sociedad, hasta empatarse en actitudes con los catrines porfirianos o incluso con los encomenderos del virreinato.
El fenómeno no es nuevo; lo que pasa es que hoy en día la masificación de los registros en texto, foto y video ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado, y cualquier persona está más expuesta que antes a exhibirse tal como es, a que se conozca lo que realmente piensa y a que sus dichos y actos cotidianos queden registrados para regocijo o indignación.
En la indignada reacción masiva han proliferado expresiones simétricamente fóbicas, espejo de las palabras de menosprecio, propósitos de linchamiento: el empresario agresor es grosero porque es judío, las procaces de Polanco son pirujas y los políticos (y sus hijos) son todos unos patanes. En las personas mencionadas en el primer párrafo se ha concentrado, para su desgracia, extraviadas reacciones insultantes, racistas y discriminatorias al insulto y la discriminación que resultan lamentables en sí mismas, pero también porque dificultan la comprensión de un clasismo y un elitismo mucho más extendido, profundo y preocupante que unas cuantas insolencias difundidas urbi et orbi por la magia de Youtube y de Twitter.
Vamos a ver: tal clasismo tiene como núcleo central la noción –no muy apartada de la realidad, hasta ahora– de que se puede y debe ejercer el poder político y económico en forma absoluta, arbitraria, ilimitada e impune, e incluso en abierta violación a las leyes y reglamentos que debieran entenderse como constitutivos de esos poderes. Por eso, las Ladies de Polanco se sienten posibilitadas para infringir el Reglamento de tránsito. Si unos efectivos policiales pretenden impedirlo, bastará, para ponerlos en su lugar, con verbalizar la diferencia de clase que respalda cualquier infracción: "¡Nacos asalariados!".
Para sorpresa, o no tanto, el conjuro, que es la erección de una barrera social instantánea, surte su efecto y los agentes del orden se ven de inmediato reducidos a la impotencia por el poder de tales palabras. Poco importa que las majaderas pertenezcan a una desesperada clase media y que el incidente videograbado de Polanco las haya pillado cuando apenas están haciendo sus inciertos pininos en la incorporación al mundo del espectáculo: la injuria impresiona porque se asume, sin dudar, que sólo unas personas realmente picudas pueden pronunciarla.
La discriminación verbal es un arma arrojadiza de alta eficacia. "¡Pinche naco jodido!", se oye en la grabación de un pleito de cantina protagonizado durante el Mundial de Futbol de Sudáfrica entre el es director del Fonatur, Miguel Gómez Mont, y su parentela, y familiares del futbolista Cuauhtémoc Blanco. Cualquiera de los bandos pudo pronunciar la expresión, porque ambos podían sentirse con derecho a ello.
En ese reducido universo social, para cuyos integrantes no existe frontera alguna entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, los poderosos no se equivocan y el que sostenga lo contrario miente. Cómo se les ocurre que Papá podría desempeñarse mal en un acto público. Si sostienen tal cosa no es porque tengan razón, sino porque son “resentidos, envidiosos, pendejos y prole”.
Si el empresario de Bosques de Las Lomas estaciona mal su vehículo y una grúa se lo lleva, el resto de la sociedad –representada, bien o mal, por los operadores del vehículo de arrastre y por un testigo que videograba los hechos– "se la pela", y por él, que vaya a sancionar "a su puta madre". Él nada más es beneficiario de la ley y el orden y no está obligado a nada. Los miles de pesos que paga por mantenimiento en el edificio donde vive lo convierten en dueño de los empleados del multifamiliar y, para que no quede duda, la emprende a golpes contra uno de ellos que se niega a acatar una orden disparatada y arbitraria.
"Me la pelas" es la verbalización de una actitud generalizada de un ejercicio de poder político, empresarial y mediático desorbitado y enloquecido que no tiene empacho en hacer pedazos al país con tal de hacer negocios jugosos de toda suerte. La expresión representa fielmente a Ernesto Zedillo pretendiendo prolongar su inmunidad presidencial 12 años más de que prescribiera, para evitar que lo juzguen por la masacre de Acteal, propiciada por su gobierno; a Carlos Salinas, quien se placea de manera impúdica, al suponer que ya se nos olvidó el enorme daño que su gestión le causó a México; a Felipe Calderón, empecinado en seguir alimentando un conflicto armado sangriento y absurdo y en vendernos a más del doble de su costo una porquería que, si llega a ser conmemorativa, lo será de la corrupción monumental de su administración; a Peña Nieto, quien supone que puede emitir en público todos los rebuznos que desee sin que ello afecte su popularidad, porque cuenta con los recursos para mandarse a hacer encuestas que le resulten favorables.
Nada de esto es (tan) nuevo. Ya en décadas pasadas Fidel Velázquez se ufanaba de que los legisladores de oposición habían pretendido interpelar a Miguel de la Madrid y "se la pelaron" (Proceso, 3/09/88), Emilio Azcárraga Milmo se enorgullecía de hacer televisión para "un país de jodidos" (Televisión sin fronteras, Florence Toussaint, p. 114) y el ex góber precioso Mario Marín (reaparecido hace unos días al lado de Peña Nieto) presumía al empresario Kamel Nacif de una impunidad que le permitía "darle un coscorrón a esta vieja cabrona", en el marco de la conjura que ambos organizaron en contra de la periodista Lydia Cacho.
Las aplicaciones tecnologías debilitan severamente las fronteras entre los vicios privados y las virtudes públicas y han permitido que los primeros estén mucho más expuestos que antes. Pero la exhibición no basta para erradicarlos, como no basta tampoco la indignación que provocan. En tanto no decidamos en forma colectiva poner fin a este estado de cosas, seguiremos siendo unos "pinches nacos jodidos" que "se la pelan" a los poderosos.
* * *
Vaya un dato: mientras Felipe Calderón anuncia impúdicos subsidios para beneficio de la banca comercial privada y a cualquier cantidad de universidades particulares patito, en lo que constituye un nuevo golpe a la educación superior pública, en la Universidada Autónoma de la Ciudad de México siguen agarrados de la greña en un duelo de tod@s contra tod@s.
Ve tú a saber qué infierno personal pueda haber en la génesis del energúmeno evidenciado esta semana en las redes sociales y que responde al nombre de Miguel Sacal Smeke, rápidamente bautizado como El gentleman de las Lomas. El punto es que los modos de este agresor ("¡me la pelas!"), al igual que los de Azalia Ojeda y María Vanessa Polo Cajica, las Ladies de Polanco, videograbadas en agosto del año pasado cuando maltrataron a policías de un puesto de control de alcohol ("¡nacos asalariados!"), así como la indiscreción tuitera de una hija de Enrique Peña Nieto (“bola de pendejos envidiosos, parte de la prole”) y el cándido racismo feisbuquero del panista Carlos Talavera hacia las mujeres indígenas ("huele impresionantemente feo, pero pues pobresillas: no es lo suyo la higiene"), retratan de manera fiel las actitudes de la élite que detenta el poder económico, político y mediático en el país. Desde hace muchos años, en el México posrevolucionario, conforme la élite política y empresarial se iba convirtiendo en una oligarquía privilegiada y saqueadora, fue desarrollando un desprecio profundo por la mayor parte de la sociedad, hasta empatarse en actitudes con los catrines porfirianos o incluso con los encomenderos del virreinato.
El fenómeno no es nuevo; lo que pasa es que hoy en día la masificación de los registros en texto, foto y video ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado, y cualquier persona está más expuesta que antes a exhibirse tal como es, a que se conozca lo que realmente piensa y a que sus dichos y actos cotidianos queden registrados para regocijo o indignación.
En la indignada reacción masiva han proliferado expresiones simétricamente fóbicas, espejo de las palabras de menosprecio, propósitos de linchamiento: el empresario agresor es grosero porque es judío, las procaces de Polanco son pirujas y los políticos (y sus hijos) son todos unos patanes. En las personas mencionadas en el primer párrafo se ha concentrado, para su desgracia, extraviadas reacciones insultantes, racistas y discriminatorias al insulto y la discriminación que resultan lamentables en sí mismas, pero también porque dificultan la comprensión de un clasismo y un elitismo mucho más extendido, profundo y preocupante que unas cuantas insolencias difundidas urbi et orbi por la magia de Youtube y de Twitter.
Vamos a ver: tal clasismo tiene como núcleo central la noción –no muy apartada de la realidad, hasta ahora– de que se puede y debe ejercer el poder político y económico en forma absoluta, arbitraria, ilimitada e impune, e incluso en abierta violación a las leyes y reglamentos que debieran entenderse como constitutivos de esos poderes. Por eso, las Ladies de Polanco se sienten posibilitadas para infringir el Reglamento de tránsito. Si unos efectivos policiales pretenden impedirlo, bastará, para ponerlos en su lugar, con verbalizar la diferencia de clase que respalda cualquier infracción: "¡Nacos asalariados!".
Para sorpresa, o no tanto, el conjuro, que es la erección de una barrera social instantánea, surte su efecto y los agentes del orden se ven de inmediato reducidos a la impotencia por el poder de tales palabras. Poco importa que las majaderas pertenezcan a una desesperada clase media y que el incidente videograbado de Polanco las haya pillado cuando apenas están haciendo sus inciertos pininos en la incorporación al mundo del espectáculo: la injuria impresiona porque se asume, sin dudar, que sólo unas personas realmente picudas pueden pronunciarla.
La discriminación verbal es un arma arrojadiza de alta eficacia. "¡Pinche naco jodido!", se oye en la grabación de un pleito de cantina protagonizado durante el Mundial de Futbol de Sudáfrica entre el es director del Fonatur, Miguel Gómez Mont, y su parentela, y familiares del futbolista Cuauhtémoc Blanco. Cualquiera de los bandos pudo pronunciar la expresión, porque ambos podían sentirse con derecho a ello.
En ese reducido universo social, para cuyos integrantes no existe frontera alguna entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, los poderosos no se equivocan y el que sostenga lo contrario miente. Cómo se les ocurre que Papá podría desempeñarse mal en un acto público. Si sostienen tal cosa no es porque tengan razón, sino porque son “resentidos, envidiosos, pendejos y prole”.
Si el empresario de Bosques de Las Lomas estaciona mal su vehículo y una grúa se lo lleva, el resto de la sociedad –representada, bien o mal, por los operadores del vehículo de arrastre y por un testigo que videograba los hechos– "se la pela", y por él, que vaya a sancionar "a su puta madre". Él nada más es beneficiario de la ley y el orden y no está obligado a nada. Los miles de pesos que paga por mantenimiento en el edificio donde vive lo convierten en dueño de los empleados del multifamiliar y, para que no quede duda, la emprende a golpes contra uno de ellos que se niega a acatar una orden disparatada y arbitraria.
"Me la pelas" es la verbalización de una actitud generalizada de un ejercicio de poder político, empresarial y mediático desorbitado y enloquecido que no tiene empacho en hacer pedazos al país con tal de hacer negocios jugosos de toda suerte. La expresión representa fielmente a Ernesto Zedillo pretendiendo prolongar su inmunidad presidencial 12 años más de que prescribiera, para evitar que lo juzguen por la masacre de Acteal, propiciada por su gobierno; a Carlos Salinas, quien se placea de manera impúdica, al suponer que ya se nos olvidó el enorme daño que su gestión le causó a México; a Felipe Calderón, empecinado en seguir alimentando un conflicto armado sangriento y absurdo y en vendernos a más del doble de su costo una porquería que, si llega a ser conmemorativa, lo será de la corrupción monumental de su administración; a Peña Nieto, quien supone que puede emitir en público todos los rebuznos que desee sin que ello afecte su popularidad, porque cuenta con los recursos para mandarse a hacer encuestas que le resulten favorables.
Nada de esto es (tan) nuevo. Ya en décadas pasadas Fidel Velázquez se ufanaba de que los legisladores de oposición habían pretendido interpelar a Miguel de la Madrid y "se la pelaron" (Proceso, 3/09/88), Emilio Azcárraga Milmo se enorgullecía de hacer televisión para "un país de jodidos" (Televisión sin fronteras, Florence Toussaint, p. 114) y el ex góber precioso Mario Marín (reaparecido hace unos días al lado de Peña Nieto) presumía al empresario Kamel Nacif de una impunidad que le permitía "darle un coscorrón a esta vieja cabrona", en el marco de la conjura que ambos organizaron en contra de la periodista Lydia Cacho.
Las aplicaciones tecnologías debilitan severamente las fronteras entre los vicios privados y las virtudes públicas y han permitido que los primeros estén mucho más expuestos que antes. Pero la exhibición no basta para erradicarlos, como no basta tampoco la indignación que provocan. En tanto no decidamos en forma colectiva poner fin a este estado de cosas, seguiremos siendo unos "pinches nacos jodidos" que "se la pelan" a los poderosos.
* * *
Vaya un dato: mientras Felipe Calderón anuncia impúdicos subsidios para beneficio de la banca comercial privada y a cualquier cantidad de universidades particulares patito, en lo que constituye un nuevo golpe a la educación superior pública, en la Universidada Autónoma de la Ciudad de México siguen agarrados de la greña en un duelo de tod@s contra tod@s.
9.1.12
Sobre guerra y verdad
Carlos Fazio
Hace tiempo que la realidad nacional está invadida por la guerra. Y aunque está ocurriendo ahora, la dimensión alcanzada por la "guerra" de Felipe Calderón requiere la búsqueda de la razón histórica. La búsqueda de la verdad. Como dice Horst Kurnitzky, vivimos en la época de una "contra-Aufklärung". Una "contra-ilustración" que no sólo involucra a una doctrina económica dirigida por una supuesta mano invisible y sus correspondientes formas de gobierno, sino también a unos medios masivos de comunicación que operan como monopolios de la "contra-Aufklärung", y que con las formas y los métodos de la propaganda comercial conducen los sentimientos y las emociones y determinan todas las relaciones sociales.
Recuerda Jean Robert que Michel Foucault exhortaba a sus auditorios a "pensar lo impensable". Y pensar lo impensable significa romper las seguridades mentales engendradas por el discurso del orden. Supone, por ejemplo, pensar la "guerra" de Calderón como negocio. Como una guerra capitalista por territorios y recursos geoestratégicos que implica, entre otras cosas, destrucción y reconstrucción. La destrucción del tejido social y de la identidad colectiva de la nación, y un nuevo reordenamiento poblacional de facto sobre el territorio conquistado. En su dimensión internacional, el eje destrucción/reconstrucción (o "la guerra arriba y la muerte abajo" diría el sub Marcos) forma parte del nuevo reordenamiento geopolítico en curso (Colombia, Afganistán, Irak, Libia) y un negocio redondo para el complejo militar-industrial-energético estadunidense.
Tiene razón Robert cuando afirma que "la verdad ya no tiene dueño ni el poder lugar legítimo". Que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito es una verdad de Perogrullo. Peor aún, cuando una práctica extendida del sexenio es que en lugar de capturar y juzgar a los delincuentes, se les mata. Según el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, "cuando la Marina interviene no hay heridos ni detenidos, sólo muertos". Dice que el Ejército también ha tenido esa práctica. Si el Estado emula a las organizaciones criminales, ¿cómo puede seguir legitimando su violencia? Máxime, si la violencia homicida estatal contra civiles inocentes, niños incluidos, es encubierta, farisaicamente, como "daños colaterales".
Instalado en el discurso del miedo –que como arma mediática legitimadora del accionar oficial utiliza un lenguaje maniqueo que enfrenta a los malos criminales con las fuerzas del Estado bueno–, Calderón ha permitido y fomentado la burocratización de la tortura, la desaparición forzada y los homicidios dolosos extrajudiciales. Al convertir a las víctimas en simples números estadísticos sin nombres, sin historia ni circunstancia de muerte y mucho menos investigaciones, el gobierno volvió anónimas las ejecuciones sumarias, y al negar la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo sistemático para arrancar y/o fabricar confesiones, "normalizó" la barbarie.
No es un problema de percepción. La realidad ha sido encubierta, en parte, mediante campañas de intoxicación (des)informativa. Los llamados de Calderón a la ciudadanía a "plantar cara al enemigo" y "batirse en combate en nombre de México desde todas las trincheras" (seas militar o no), son el sustrato de una retórica ideológica seudonacionalista que intenta la manipulación colectiva. Como elementos de control social, la manufacturación de enemigos fantasmales y la exhibición de la violencia caótica en los medios buscan evadir y ocultar la responsabilidad estatal en flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El país vive una catástrofe humanitaria. Esa crisis humanitaria ha colocado a México ante una emergencia nacional. Negarlo es vivir fuera de la realidad. La "línea dura" adoptada por Calderón en su cruzada contra la criminalidad ha llevado la violencia a niveles "más altos que en muchas zonas de guerra" (Declaración de Ginebra, La Jornada, 28/10/2011). La responsabilidad política de la militarización de la seguridad pública (tarea preventiva de esencia policial), recae sobre el titular del Ejecutivo.
En cuanto a métodos, es bien conocida la relación simbiótica entre los cuerpos policiales y la delincuencia. Y parafraseando a Calderón, la "metástasis" alcanza ya al Ejército y la Marina. El "abatimiento" de criminales es un elemento central en los promocionales gubernamentales. A ello se suma, en clave de discurso legitimador de las matanzas, el argumento de que “los narcos se están matando entre ellos”. Cifras conservadoras hablan de 63 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos. Sólo en 20 días de caravanas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó 800 desapariciones. Hay más de 250 mil desplazados internos forzosos; una forma de reordenamiento poblacional/territorial utilizada antes en Colombia vía el accionar militar y paramilitar.
Hace casi dos décadas Hans M. Enzensberger advirtió sobre la guerra civil molecular; ya entonces se estaba incubando en México. Aunque existan actores externos, se trata de un proceso endógeno. Lejos de la lógica gubernamental, la violencia autista de los "combatientes" –reducidos a "cucarachas" a exterminar en la jerga socialdarwinista de Calderón– no es exclusiva de los perdedores del sistema reclutados por grupos criminales. Los contendientes se parecen cada vez más tanto en comportamiento como en moralidad. En las zonas conflictivas del país, el Ejército y la Marina actúan como si fueran una banda más. Unidades de elite practican la pena de muerte preventiva; jóvenes adictos y pequeños delincuentes son víctimas de la limpieza social de escuadrones paramilitares.
Los porfiados hechos están ahí. Examinar, dudar, criticar lo que parece evidente, lógico, natural, he ahí el verdadero significado de la ilustración hoy, versus la contra-Aufklärung practicada por falsificadores y oportunistas de ocasión.
Hace tiempo que la realidad nacional está invadida por la guerra. Y aunque está ocurriendo ahora, la dimensión alcanzada por la "guerra" de Felipe Calderón requiere la búsqueda de la razón histórica. La búsqueda de la verdad. Como dice Horst Kurnitzky, vivimos en la época de una "contra-Aufklärung". Una "contra-ilustración" que no sólo involucra a una doctrina económica dirigida por una supuesta mano invisible y sus correspondientes formas de gobierno, sino también a unos medios masivos de comunicación que operan como monopolios de la "contra-Aufklärung", y que con las formas y los métodos de la propaganda comercial conducen los sentimientos y las emociones y determinan todas las relaciones sociales.
Recuerda Jean Robert que Michel Foucault exhortaba a sus auditorios a "pensar lo impensable". Y pensar lo impensable significa romper las seguridades mentales engendradas por el discurso del orden. Supone, por ejemplo, pensar la "guerra" de Calderón como negocio. Como una guerra capitalista por territorios y recursos geoestratégicos que implica, entre otras cosas, destrucción y reconstrucción. La destrucción del tejido social y de la identidad colectiva de la nación, y un nuevo reordenamiento poblacional de facto sobre el territorio conquistado. En su dimensión internacional, el eje destrucción/reconstrucción (o "la guerra arriba y la muerte abajo" diría el sub Marcos) forma parte del nuevo reordenamiento geopolítico en curso (Colombia, Afganistán, Irak, Libia) y un negocio redondo para el complejo militar-industrial-energético estadunidense.
Tiene razón Robert cuando afirma que "la verdad ya no tiene dueño ni el poder lugar legítimo". Que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito es una verdad de Perogrullo. Peor aún, cuando una práctica extendida del sexenio es que en lugar de capturar y juzgar a los delincuentes, se les mata. Según el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, "cuando la Marina interviene no hay heridos ni detenidos, sólo muertos". Dice que el Ejército también ha tenido esa práctica. Si el Estado emula a las organizaciones criminales, ¿cómo puede seguir legitimando su violencia? Máxime, si la violencia homicida estatal contra civiles inocentes, niños incluidos, es encubierta, farisaicamente, como "daños colaterales".
Instalado en el discurso del miedo –que como arma mediática legitimadora del accionar oficial utiliza un lenguaje maniqueo que enfrenta a los malos criminales con las fuerzas del Estado bueno–, Calderón ha permitido y fomentado la burocratización de la tortura, la desaparición forzada y los homicidios dolosos extrajudiciales. Al convertir a las víctimas en simples números estadísticos sin nombres, sin historia ni circunstancia de muerte y mucho menos investigaciones, el gobierno volvió anónimas las ejecuciones sumarias, y al negar la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo sistemático para arrancar y/o fabricar confesiones, "normalizó" la barbarie.
No es un problema de percepción. La realidad ha sido encubierta, en parte, mediante campañas de intoxicación (des)informativa. Los llamados de Calderón a la ciudadanía a "plantar cara al enemigo" y "batirse en combate en nombre de México desde todas las trincheras" (seas militar o no), son el sustrato de una retórica ideológica seudonacionalista que intenta la manipulación colectiva. Como elementos de control social, la manufacturación de enemigos fantasmales y la exhibición de la violencia caótica en los medios buscan evadir y ocultar la responsabilidad estatal en flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El país vive una catástrofe humanitaria. Esa crisis humanitaria ha colocado a México ante una emergencia nacional. Negarlo es vivir fuera de la realidad. La "línea dura" adoptada por Calderón en su cruzada contra la criminalidad ha llevado la violencia a niveles "más altos que en muchas zonas de guerra" (Declaración de Ginebra, La Jornada, 28/10/2011). La responsabilidad política de la militarización de la seguridad pública (tarea preventiva de esencia policial), recae sobre el titular del Ejecutivo.
En cuanto a métodos, es bien conocida la relación simbiótica entre los cuerpos policiales y la delincuencia. Y parafraseando a Calderón, la "metástasis" alcanza ya al Ejército y la Marina. El "abatimiento" de criminales es un elemento central en los promocionales gubernamentales. A ello se suma, en clave de discurso legitimador de las matanzas, el argumento de que “los narcos se están matando entre ellos”. Cifras conservadoras hablan de 63 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos. Sólo en 20 días de caravanas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó 800 desapariciones. Hay más de 250 mil desplazados internos forzosos; una forma de reordenamiento poblacional/territorial utilizada antes en Colombia vía el accionar militar y paramilitar.
Hace casi dos décadas Hans M. Enzensberger advirtió sobre la guerra civil molecular; ya entonces se estaba incubando en México. Aunque existan actores externos, se trata de un proceso endógeno. Lejos de la lógica gubernamental, la violencia autista de los "combatientes" –reducidos a "cucarachas" a exterminar en la jerga socialdarwinista de Calderón– no es exclusiva de los perdedores del sistema reclutados por grupos criminales. Los contendientes se parecen cada vez más tanto en comportamiento como en moralidad. En las zonas conflictivas del país, el Ejército y la Marina actúan como si fueran una banda más. Unidades de elite practican la pena de muerte preventiva; jóvenes adictos y pequeños delincuentes son víctimas de la limpieza social de escuadrones paramilitares.
Los porfiados hechos están ahí. Examinar, dudar, criticar lo que parece evidente, lógico, natural, he ahí el verdadero significado de la ilustración hoy, versus la contra-Aufklärung practicada por falsificadores y oportunistas de ocasión.
16.12.11
Carta de apoyo a los estudiantes de Guerrero
Cristóbal León Campos
A los heroicos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
A los dignos estudiantes de Guerrero
Nuestro país vive una de las peores crisis económicas y morales de su historia. La creciente pauperización de las clases trabajadoras provocada por las políticas neoliberales que la burguesía gobernante ha implementado durante las últimas décadas, y la creciente degradación moral de los seres humanos por el narcotráfico avalado y fomentado por el actual régimen ilegal que ostenta el poder, son algunas de las más serias amenazas que internamente van día a día desintegrando las esperanzas de los mexicanos de un futuro mejor.
La frontera militarizada, el racismo contra los migrantes y las acusaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, son parte de las amenazas externas que se ciñen contra nuestra patria. La cada día mayor entrega del espurio al régimen imperial y la demagogia acompañan este oscuro panorama.
La privatización que se agudiza, amenaza con destruir lo que nos queda de las heroicas gestas de Independencia y Revolución, nos han robado los poderosos la seguridad social, nos quitan las tierras que trabaja el campesino, persiguen nuestras identidades de etnia, genero e ideología, nos llaman criminales y utilizan hasta el último recurso de sus aparatos estatales para reprimirnos: ¡Y sin embargo, aquí estamos!
El poder pretende que el pensamiento crítico ante la grave situación del país desaparezca, no se reproduzca más, que sea exterminado. Para ello necesita controlar las universidades y las escuelas normales por ser los centros rectores del quehacer intelectual. Por ser las universidades y las escuelas normales los lugares donde los jóvenes adquieren el conocimiento que permite comprobar lo equivocado del poder.
El poder golpea a la educación reduciendo el presupuesto, modificando los planes de estudio, controlando las organizaciones estudiantiles, persiguiendo a la crítica, para finalmente privatizar los centros de enseñanza y convertirlos en centros de enajenación y de producción de mano de obra califica que sólo tiene como fin; el ser explotada.
La autonomía de los centros de enseñanza cada día es más un recuerdo, la mano del poder está dentro manoseando las conquistas y pretendiendo controlar todo. Aquí, en nuestro Yucatán, la obra del socialismo que dirigió Felipe Carrillo Puerto al crear la Universidad y abrir sus puertas a todo el pueblo, está siendo aniquilada por la derecha. Todos los derechos universitarios están siendo modificados o eliminados, el pueblo tiene menos acceso a las aulas del saber, las políticas capitalistas con su lógica de mercado dirigen las curriculas que se imparten. Los organismos estudiantiles son en la práctica una extensión de los partidos políticos, no sirven más que para la enajenación de los estudiantes.
Es por ello hermanos guerrerenses: que nosotros los que resistimos en Yucatán, miramos en ustedes un ejemplo a seguir. Las conquistas democráticas que han logrado, son la estrella que brilla más fuerte en esta larga noche del capitalismo, esa estrella es una muestra de dignidad estudiantil para todo el país.
Hermanos Guerrerenses: no permitan que esa estrella se apague, que el oscurantismo regrese a controlar sus escuelas, colegios, universidades y normales, no dejen que el avance conseguido retroceda por los conservadores serviles del poder, por aquellos que solo pueden dar mentiras como hechos.
Desde aquí en Yucatán, les decimos que la digna lucha que vienen realizando es fundamental, es la que llevará a la educación a una vida democrática firme, a una vinculación con la sociedad fuerte y solidaria, en la cual, la conciencia social será rectora de los actos, donde la autonomía sea el garante de la democracia estudiantil.
Ustedes hermanos decidieron este camino, el de la democracia, ahora toca defenderlo ante los retrogradas, ante los enemigos de la educación y del pueblo. ¡Seamos como Lucio Cabañas y hagamos pueblo!
Hermanos; aquí en Yucatán, tenemos la convicción de que la justicia saldrá vencedora, sabemos que defenderán hasta lo último la democracia y que la extenderán por todas las normales y escuelas del país.
Su rabia y su dolor, son nuestros también, repudiamos con toda nuestra fuerza los crimines que se han cometido contra sus compañeros y, nos sumamos al grito de ¡Castigo para los actores materiales e intelectuales de esta nueva masacre!
¡Exigimos enérgicamente, el fin del hostigamiento y persecución de todos los estudiantes dignos del Estado de Guerrero, y del país entero!
Gritamos con ustedes: ¡Libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos!
Hermanos guerrerenses: tengan la seguridad de que su lucha es nuestra, de que levantaremos nuestras voces para exigir justicia y difundir sus justas demandas.
¡No demos paso atrás!
¡Desde aquí va el más caluroso saludo y el más fuerte abrazo!
¡Defendamos la Educación y la Democracia!
¡Vivan los estudiantes de guerrero! ¡Viva el pueblo guerrerense!
¡Venceremos!
A los heroicos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
A los dignos estudiantes de Guerrero
Nuestro país vive una de las peores crisis económicas y morales de su historia. La creciente pauperización de las clases trabajadoras provocada por las políticas neoliberales que la burguesía gobernante ha implementado durante las últimas décadas, y la creciente degradación moral de los seres humanos por el narcotráfico avalado y fomentado por el actual régimen ilegal que ostenta el poder, son algunas de las más serias amenazas que internamente van día a día desintegrando las esperanzas de los mexicanos de un futuro mejor.
La frontera militarizada, el racismo contra los migrantes y las acusaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, son parte de las amenazas externas que se ciñen contra nuestra patria. La cada día mayor entrega del espurio al régimen imperial y la demagogia acompañan este oscuro panorama.
La privatización que se agudiza, amenaza con destruir lo que nos queda de las heroicas gestas de Independencia y Revolución, nos han robado los poderosos la seguridad social, nos quitan las tierras que trabaja el campesino, persiguen nuestras identidades de etnia, genero e ideología, nos llaman criminales y utilizan hasta el último recurso de sus aparatos estatales para reprimirnos: ¡Y sin embargo, aquí estamos!
El poder pretende que el pensamiento crítico ante la grave situación del país desaparezca, no se reproduzca más, que sea exterminado. Para ello necesita controlar las universidades y las escuelas normales por ser los centros rectores del quehacer intelectual. Por ser las universidades y las escuelas normales los lugares donde los jóvenes adquieren el conocimiento que permite comprobar lo equivocado del poder.
El poder golpea a la educación reduciendo el presupuesto, modificando los planes de estudio, controlando las organizaciones estudiantiles, persiguiendo a la crítica, para finalmente privatizar los centros de enseñanza y convertirlos en centros de enajenación y de producción de mano de obra califica que sólo tiene como fin; el ser explotada.
La autonomía de los centros de enseñanza cada día es más un recuerdo, la mano del poder está dentro manoseando las conquistas y pretendiendo controlar todo. Aquí, en nuestro Yucatán, la obra del socialismo que dirigió Felipe Carrillo Puerto al crear la Universidad y abrir sus puertas a todo el pueblo, está siendo aniquilada por la derecha. Todos los derechos universitarios están siendo modificados o eliminados, el pueblo tiene menos acceso a las aulas del saber, las políticas capitalistas con su lógica de mercado dirigen las curriculas que se imparten. Los organismos estudiantiles son en la práctica una extensión de los partidos políticos, no sirven más que para la enajenación de los estudiantes.
Es por ello hermanos guerrerenses: que nosotros los que resistimos en Yucatán, miramos en ustedes un ejemplo a seguir. Las conquistas democráticas que han logrado, son la estrella que brilla más fuerte en esta larga noche del capitalismo, esa estrella es una muestra de dignidad estudiantil para todo el país.
Hermanos Guerrerenses: no permitan que esa estrella se apague, que el oscurantismo regrese a controlar sus escuelas, colegios, universidades y normales, no dejen que el avance conseguido retroceda por los conservadores serviles del poder, por aquellos que solo pueden dar mentiras como hechos.
Desde aquí en Yucatán, les decimos que la digna lucha que vienen realizando es fundamental, es la que llevará a la educación a una vida democrática firme, a una vinculación con la sociedad fuerte y solidaria, en la cual, la conciencia social será rectora de los actos, donde la autonomía sea el garante de la democracia estudiantil.
Ustedes hermanos decidieron este camino, el de la democracia, ahora toca defenderlo ante los retrogradas, ante los enemigos de la educación y del pueblo. ¡Seamos como Lucio Cabañas y hagamos pueblo!
Hermanos; aquí en Yucatán, tenemos la convicción de que la justicia saldrá vencedora, sabemos que defenderán hasta lo último la democracia y que la extenderán por todas las normales y escuelas del país.
Su rabia y su dolor, son nuestros también, repudiamos con toda nuestra fuerza los crimines que se han cometido contra sus compañeros y, nos sumamos al grito de ¡Castigo para los actores materiales e intelectuales de esta nueva masacre!
¡Exigimos enérgicamente, el fin del hostigamiento y persecución de todos los estudiantes dignos del Estado de Guerrero, y del país entero!
Gritamos con ustedes: ¡Libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos!
Hermanos guerrerenses: tengan la seguridad de que su lucha es nuestra, de que levantaremos nuestras voces para exigir justicia y difundir sus justas demandas.
¡No demos paso atrás!
¡Desde aquí va el más caluroso saludo y el más fuerte abrazo!
¡Defendamos la Educación y la Democracia!
¡Vivan los estudiantes de guerrero! ¡Viva el pueblo guerrerense!
¡Venceremos!
8.12.11
Pemex: entrega total
Javier Jiménez Espriú
El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –"hasta la ignominia antes que la renuncia"– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para "legalizar" con su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su "voto razonado", fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
Foto
Piso de perforación en la plataforma de exploración Bicentenario de Industrial Perforadora Campeche, Grupo R, pozo Talipao 1, en agosto pasadoFoto José Carlo González
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la "espada de Damocles" de nuestro "año de Hidalgo" –¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática "posición Moreira" de que "él sólo sabía que no sabía nada", y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
"En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás", dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado "precandidato único del PRI"–: "En la privatización de Pemex, ni un paso atrás".
El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –"hasta la ignominia antes que la renuncia"– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para "legalizar" con su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su "voto razonado", fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
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Piso de perforación en la plataforma de exploración Bicentenario de Industrial Perforadora Campeche, Grupo R, pozo Talipao 1, en agosto pasadoFoto José Carlo González
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la "espada de Damocles" de nuestro "año de Hidalgo" –¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática "posición Moreira" de que "él sólo sabía que no sabía nada", y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
"En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás", dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado "precandidato único del PRI"–: "En la privatización de Pemex, ni un paso atrás".
29.11.11
Carta abierta
Pedro Miguel
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.
Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.
Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, "afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México". Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado "las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos", que "en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma" y que sólo en 18 meses ocurrió "un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas".
En suma, señor Calderón, pienso que quienes "afectan terriblemente el buen nombre de México" son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.
Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.
Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.
Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, "afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México". Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado "las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos", que "en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma" y que sólo en 18 meses ocurrió "un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas".
En suma, señor Calderón, pienso que quienes "afectan terriblemente el buen nombre de México" son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.
Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.
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