19.1.16

El gobierno y el miedo a que Kate del Castillo cuente su versión


MÉXICO, DF (apro).- Lo que para unos es la escena número 33 del absurdo que es la teatralización de la justicia en México, para otros puede significar un encarcelamiento injusto o incluso la muerte a razón de una venganza de la delincuencia organizada. El caso de Joaquín Guzmán Loera ha desatado la rabia de la Procuraduría General de la República (PGR) y de los medios de comunicación: el escarnio, la ridiculización de una situación por demás grave, sumadas a la estrategia de la PGR y de la Secretaría de Gobernación para denostar a la actriz y productora Kate del Castillo en todas las formas posibles. A mi me interesa mucho más comprender lo que la autoridad y los capos ocultan que aquello que le obsequian a una sociedad hambrienta de sangre y espectáculo más que de comprensión y justicia.

Lo que sabemos de cierto es lo más importante: Kate del Castillo la actriz mexicana ha participado en más de 23 películas y en algunas telenovelas y en series televisivas estadunidenses, se jugó la suerte mudándose a Los Ángeles hace catorce años en busca de fortalecer su carrera; ha trabajado también como productora de series y películas. Lleva años incursionando en el mundo del cine desde diferentes ámbitos, de allí que no sea una casualidad que ella, al igual que Oliver Stone, Sean Penn, Leonardo Di Caprio y otro puñado de gente de cine hayan pensado en buscar la posibilidad de que el líder del Cártel de Sinaloa cuente su versión para unirla a las muchas otras de víctimas y autoridades.

Hace años don Julio Scherer entrevistó al socio de Guzmán Loera, El Mayo Zambada aún fugitivo, lo hizo como periodista, porque deseaba desentrañar en lo posible una historia de vida que lleva a un chico humilde a convertirse en un multimillonario criminal capaz de negociar lo mismo con gobernadores que con militares, agentes de la DEA y empresarios para avanzar en la construcción de un emporio económico que vive de la muerte y el sufrimiento de millones. Un capo que se nutre de la gozadera del consumo de drogas de millones de personas y que disfruta las ganancias de la trata de mujeres y niñas. Los ataques a don Julio fueron duros, pero ganó la batalla por su derecho a la Libertad de Expresión, a pesar de que en algún momento la PGR intentó inculparlo de que su revista ganaría dinero gracias a la entrevista y por tanto habría algún vínculo económico; ese sinsentido no fue suficiente para ejecutar la venganza de la autoridad, porque un periodista podía sentarse con el capo y las autoridades eran, o fingen ser, incapaces de encontrarlo.

Sabemos que Del Castillo escribió en 2012 en un tuit su reflexión personal de cómo ella ve y sobre todo cómo siente a su país. Criticó las formas en que se construyen la injusticia y la desigualdad, aseguró que cree más en El Chapo que en los políticos porque al menos él se muestra tal como es, los políticos en cambio, viven de la impostura y el engaño. Kate invitó al Chapo a traficar con amor en lugar de con drogas y personas, le pidió que en lugar de drogas transporte medicamentos y las curas contra el cáncer y el VIH-Sida que los gobiernos nos ocultan o cuyo acceso se limita a las personas con recursos. Su opinión recibió lo mismo aplausos que críticas y burlas. El lenguaje de Kate es directo, transparente, muestra la ingenuidad real de Kate, esa que ha trabajado durante diez años con organizaciones contra la trata de personas y como activista contra la violencia hacia las mujeres, que es activamente la Embajadora Corazón Azul de la ONU contra esos crímenes; la que ha trabajado con PETA por los derechos de los animales, la mexicana que pasó un mes en Bolivia trabajando infiltrada con activistas en el ambiente de la explotación sexual de adolescentes para hacer una película sobre el tema.

Kate del Castillo es claramente una gran actriz, pues convenció al mundo de ser una despiadada narcotraficante. Lo mismo que Michael C. Hall, el actor de Dexter, la serie de un asesino al que la gente en el supermercado le huía confundiendo al actor con su personaje; la PGR juega con el imaginario colectivo de Teresa Mendoza.

Guzmán Loera es afecto a las redes sociales, leyó el tuit y quiso encontrarla. El Chapo, como han revelado la PGR y el artículo de Sean Penn, buscó a Kate para pedirle que fuese ella quien contara su vida en una película. Por las conversaciones reveladas por la autoridad sabemos que el líder del Cártel de Sinaloa era uno entre millones de fans enfatuados con el personaje de Teresa Mendoza de la narco-novela La Reina del Sur. Por su parte Kate, llámele ingenua o estúpidamente, creyó que el capo tendría un lado humano, que leyó el tuit y reflexionó sobre lo que ella le pide “sea el héroe, use su poder para el bien”, ella creyó que él en verdad querría contar su historia ya que estaba preso y no tendría mucho que perder. No sería el primer caso en que un mafioso encarcelado decide revelar su biografía.

Los informes de las periciales aplicadas al Chapo Guzmán cuando éste estuvo detenido por segunda vez, revelan que tiene una personalidad megalómana con tendencias depresivas, que muestra una personalidad escindida con pérdidas del Factor Realidad, ausencia de empatía, incapacidad para la compasión y una creatividad fuera de serie; al mismo tiempo que tiene fuertes vínculos de valores familiares, cree en el matrimonio y es romántico. Es claro que él, como muchos capos, quisiera ser visto como un personaje de ficción que no paga las consecuencias de sus actos antes que como un despiadado hombre de negocios criminales imposibilitado de disfrutar de su riqueza ¿cómo pretendía contarle su historia a Kate del Castillo? Nunca lo sabremos porque la autoridad está decidida a impedir que esa película se haga. Sabemos que antes de ser detenido el Chapo ya había ordenado a sus hombres que investigaran cómo podría cavarse un túnel para salir del penal de La Palma y que envió a su ingeniero favorito a Alemania a estudiar la construcción del túnel que le dio la libertad en complicidad con autoridades federales.

Sabemos que luego de que sus abogados lograran contactar a Kate del Castillo pidiendo sus datos en la ANDA, ella tardó semanas en responderles, estaba filmando Dueños del Paraíso, otra narco-novela. Luego ella viajó a ver a los abogados, quienes explicaron que desde prisión el jefe pedía que fuera ella la que produjera la película que Leonardo di Caprio quería hacer. Los registros de las intervenciones telefónicas en manos de SEIDO nos dicen que seis diferentes productores de Hollywood habían contactado al capo en La Palma para pedirle los derechos de su vida para un filme. Hay evidencia que demuestra que la actriz se reunió inmediatamente con los productores de Oliver Stone: Fernando Sulichin y Jose Ibanez, quienes prontamente contactaron a su despacho de abogados para consultar las dudas de la actriz ¿era legal pedir los derechos de su historia al Capo? PGR tiene en su poder los dos contratos que Kate y los productores llevaron a los abogados del Chapo (recordemos que todas las reuniones fueron sólo con los abogados excepto la única con el capo para la entrevista), en las comunicaciones intervenidas es claro que no habrá ningún intercambio de dinero entre las partes, esos documentos que demuestran que lo primero que hizo Del Castillo fue buscar asesoría legal para saber si no incurría en algún delito y para evitar hacerlo por ignorancia. Recuerdo cuando Kate, hace casi un año me contó que harían la película, me reiteró su obsesión porque el capo no invirtiera un solo centavo “deben ser puros inversionistas conocidos” me dijo, yo asentí.

Sabemos que la PGR filtra la información a medias para inventar su verdad histórica sobre este caso sin que siquiera sea juzgado ni hayan interrogado a todos los involucrados. SEIDO tiene todos los correos y chats intercambiados entre la actriz y los productores que, mientras tanto, terminaban la película de Edward Snowden y por ello también estaban bajo vigilancia de las autoridades estadunidenses. Sabemos que fueron ellos quienes invitaron a Sean Penn a conocer a del Castillo y que fue él quien insistió en que buscaran al capo para entrevistarlo en persona. El plan original de del Castillo era el de cualquier productora: enviar a un escritor a documentar la historia del capo y más tarde preparar un guión. Mientras esto sucedía las autoridades ayudaron a Guzmán Loera a darse a la fuga.

Para sorpresa de la actriz, según consta en la evidencia en manos de SEIDO, Segob y el FBI, los abogados de Guzmán Loera la volvieron a contactar cuando ya se había fugado. Los coproductores Fernando Sulichin y Jose Ibanez consultaron con su despacho de abogados; era aceptable que se reunieran siempre y cuando nadie recibiera ni un centavo del capo o su gente y no supieran la locación a la que irían; eso era sencillo pues los narcoabogados habían advertido que les llevarían a diferentes lugares porque debían cuidar que el paradero de su jefe no fuera revelado; fue entonces que la PGR y las autoridades federales de Estados Unidos intervinieron las cuentas bancarias de la actriz (no sabemos si las de los productores también, porque este dato no aparece en el informe de inteligencia).
Por otro lado un informe de inteligencia de la Marina revela que los abogados que contactaban a la actriz intermitentemente se veían también con los dos hijos de Guzmán Loera y que se sabía que la familia entera estaba en Sinaloa (eso lo supe yo misma cuando estuve en Sinaloa el pasado diciembre), viajaban entre Mazatlán, Los Mochis y la sierra en la que el padre del capo les enseñó a cultivar amapola y mariguana a las 15 años. ¿Por que no lo detuvieron entonces? ese mismo informe muestra que la autoridad mexicana y la DEA siguieron a los actores y a los productores (les tomaron fotos y grabaron su encuentro para subir a la montaña).

Por su parte Secretaría de Marina se ha ganado sin duda gran credibilidad por su efectividad de Inteligencia y su planeación estratégica como en el caso de Beltrán Leyva por mencionar uno. La Semar tiene una versión diferente a la de PGR.

La autoridad sabía que el conductor del vehículo, como nos ha revelado Sean Penn, era Alfredo Guzmán, hijo del capo y operador del cártel ¿por qué los dejaron ir?.

Dos días después de que los actores y productores estuvieran en la sierra entrevistando al narcotraficante el operativo Cisne Negro entró al sitio y murieron casi doscientas personas en una balacera en la que dejaron ir al Capo porque supuestamente iba acompañado de una mujer y sus niños; esa versión de compasiva actitud damas y niños primero resulta insólita luego de que hemos visto cientos de cadáveres de mujeres y jóvenes aniquiladas por balas del Ejército y de los cárteles.

Sabemos que Kate se reencontró con los abogados dos veces más en Xochimilco para que le entregaran las fotografías que Sean Penn necesitaba para la revista. El mismo Penn en su frívola crónica narra cómo presionaba a Kate para conseguir la información de pertinencia periodística, Kate había pedido a Sean Penn que la incluyera como coautora de la crónica, después de todo la que de verdad se había arriesgado como una buena reportera era ella, Rolling Stone y Penn se rehusaron a darle el crédito merecido, la usaron como si fuera una fuente cualquiera y ser mexicana le impedía tener el estatus para aparecer como autora de tan reconocida revista americana.

Ya para entonces la productora y actriz había contactado a un despacho de abogados del más alto nivel en México, el abogado ya comprometido con representarla y luego de haber escuchado toda la historia, dos días antes de la publicación de la pieza renunció avisando a la actriz que tenía conflicto de intereses porque, había olvidado comentarle, era asesor de la PGR; en cualquier otro país Aguilar Sínzer perdería su licencia por manipular a un cliente que ha contratado defensa legal. Cabe mencionar que el despacho de Gómez Mont defiende mientras tanto a todos los involucrados en la fuga del Chapo; a esos abogados que reciben pago de quien a su vez hizo negocios con el narco ¿no los espían?

Muchos medios han dado grandes muestras del peor periodismo. Han recibido casi sin cuestionar las filtraciones de la PGR, siempre parciales, han editado los chats entre la actriz y uno de los grandes empresarios criminales del mundo para convertirlos en una sátira de telenovela, y claro, han inventado historias frívolas sobre un tema por demás grave que podría costarle la vida a Kate del Castillo y al propio Sean.

Ciertamente Kate y Sean tuvieron acceso a estos mafiosos gracias a su fama, ella en particular debido a su personaje Teresa Mendoza. Ella sólo aceptó producir la película porque él estaba preso, me lo dijo hace meses cuando comenzaba el proyecto. La forma en que se ha ridiculizado a la actriz no es nueva, el sexismo es notable en todos estos casos, con ella, y no con Penn, mencionaron su edad y la retrataron como si en verdad fuese la Reina del Sur, hasta el excorresponsal de guerra Arturo Pérez Reverte, quien conoce el grave riesgo, se burló de la actriz diciendo “no esperaba menos de mi Teresa Mendoza”.

Univisión ha sido probablemente el peor de todos al crear una narrativa sexista sobre una mujer más parecida al personaje de ficción que la persona real. Todos han minimizado el rol que el actor de 21 gramos jugó en esto; Sean y El Chapo se llamaban “amigos” pero a él no le endilgan una relación afectiva ni hablan de la apariencia de Penn ni de su capacidad de seductor. Lo mismo va para los productores a quienes Sean si protege con nombres falsos en la revista ¿por qué ellos no aparecen en la narrativa si son los socios legales de Kate y los que le insistían, a pesar de que ella ya estaba aterrada, en mantener el vínculo de comunicación con la gente del capo y eventualmente con el capo?

Todo parece indicar que para las autoridades esos tres hombres mucho más poderosos que la actriz, y por cierto ninguno de nacionalidad mexicana, acostumbrados a entrevistar a personajes controversiales como Snowden, Chávez, Fidel Castro y otros, que han enfrentado espionaje por su trabajo, están libres de toda responsabilidad. El cine como el periodismo están protegidos por las leyes de Libertad de Expresión y Libertad de información, pero de eso nadie habla.

SEIDO pretende inculpar a Kate del Castillo de hacer operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, comparándola con el exgobernador Moreira cuyos vínculos con el narco y con el intercambio de dinero ilícito sí están más que probados.

El problema para la PGR es que ni en las fotografías que le tomaron desde le primer día que la siguieron, ni en los intercambios de mensajería y correos electrónicos con los abogados, ni en sus estados financieros aparece una sola transacción ni una sola fotografía en que ella salga con maletines, bolsas o cualquier otra cosa que haga creer que le entregaron dinero.

En el despacho de abogados contratado por ella en los Estados Unidos se discutió reiteradamente que nunca se aceptaría ni un centavo de dinero del capo; de hecho Sulichin e Ibanez ya buscaban inversionistas en el ámbito cinematográfico. Kate y sus empresas estuvieron híper vigiladas durante casi un año por una cooperación binacional digna de película, y no encontraron nada.

Ignoramos si el narcoabogado detenido haya declarado algo contra ella, en tal caso habrán de determinar si el testimonio de un solo delincuente tiene mayor validez que el de una ciudadana que pecó de ingenua al querer hacer una película como muchos otros antes las han hecho. No sería la primera vez que un solo testimonio sin evidencia permite a la PGR perseguir injustamente a alguien.

Recuerdo que don Julio Scherer me comentó alguna vez que le incomodó cómo “El Mayo” le hablaba con frases afectuosas, tales como amigo mío, en usted confío; puedo decir por experiencia como periodistas de investigación que cuando una habla con delincuentes para sacar información debe ser cuidadosa con el lenguaje, después de todo ellos hablan porque han establecido un vínculo de confianza con su entrevistador, tal como pasó con Peter Arnet y Peter Bergen quienes entrevistaron a Osama Bin Laden en 1997 en Afganistán mientras estaba oculto.

Bin Laden estableció una especie de camaradería ilusa que ayudó a los periodistas de CNN a obtener una entrevista antológica. Lo que sabemos está sobre la mesa, lo que no sabemos es lo más pertinente de investigar ¿qué cree la PGR que El Chapo le reveló a Kate en esas seis horas de entrevista? ¿creerán que les contó sobre sus vínculos con Televisa, esos de los que ya había hablado Carmen Aristegui?

Acaso temerán que se sepa cómo funciona el sistema de inversión de dinero del Cartel en las elecciones de diversos estados, o sobre su relación con los presidentes de México durante los últimos treinta años; acaso sospechen que el capo dijo cosas que ningún periodista hubiera sido capaz de extraer de un asesino como Guzmán Loera, tales como las estrategias para trazar sus rutas internacionales.

Yo dudo que el Chapo hubiese hablado demasiado, después de todo habían acordado que en ocho días se reencontrarían en otro lugar para que él les diera la entrevista completa, pero la autoridad lo impidió. Ciertamente hay que celebrar la detención del capo, él y todos sus cómplices han hecho un daño irreparable al país, pero enfocarnos pasivamente en una persecución de Estado en contra de Kate del Castillo, persecución que a todas luces se ve forzada, nos hace sospechar que hay algo más detrás de esta historia, algo que la autoridad no quiere que preguntemos.

Mucha gente de Hollywood y quienes hemos sido cercanas a Kate del Castillo durante años sabíamos de este proyecto cinematográfico que tendría mucho de documental. Es claro que hay una parte de esta historia que no será contada mientras no comprendamos el por qué de la insidiosa persecución a la actriz y productora mexicana.

4.1.16

El caso Iguala y la Sedena, I y II

Carlos Fazio

El 16 de diciembre, a casi 15 meses de la tragedia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que en el expediente del caso Iguala no hay cerrazón ni carpetazo al tema. La investigación continúa. El funcionario dijo que se buscan nuevas líneas de investigación para saber qué sucedió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas detenidos y desaparecidos por agentes del Estado mexicano, y pidió dejar a un lado las especulaciones respecto del basurero de Cocula, con lo que pareció apartarse de la verdad histórica del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, quien el 27 de enero último afirmó: “Sin lugar a dudas (…) los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero) y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.
No obstante, y a pesar de la aparente disposición del gobierno federal a tomar nuevas rutas en la investigación, los familiares de los desaparecidos afirman que aún hay fuerte resistencia para que soldados del 27 batallón de infantería de Iguala, quienes estuvieron presentes en los escenarios de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, puedan ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde el inicio de su trabajo, el GIEI señaló la importancia de entrevistar a personal del batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de búsqueda. Durante meses, la respuesta del Estado Mexicano fue que se estaba evaluando la petición; después, que el mecanismo sería la PGR; luego, que no sería dicha institución por motivos legales, y finalmente que el GIEI tendría que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las declaraciones. Como señaló el grupo, eso contrasta con que el Estado les pidió facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, cosa que ellos hicieron para generar confianza, y en esa toma de declaraciones estuvieron presentes como parte de la investigación.

Cabe consignar que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 y de que éstas eran muy relevantes sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del Ejército, tal como había alertado el GIEI. Incluso, los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados 11 militares se presentaron a dar su declaración o a ampliarla ante la PGR, sin que esa diligencia se informara al GIEI, la cual actúa como coadyuvante en el caso. Esos 11 militares están en una lista de 27 proporcionada por el GIEI a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. A pesar de la marrullería de la PGR, el GIEI analizó las declaraciones de los soldados, pero debido a la forma en que se tomaron (a la mexicana, pues) no se sabe qué preguntó el MP en los interrogatorios. A juicio de los expertos, tales declaraciones dejan muchos aspectos claves pendientes de profundizar.

Existen evidencias de que al menos 36 oficiales y soldados pertenecientes al 27 batallón de infantería, entre ellos integrantes de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI, inteligencia militar) y el propio comandante de la unidad, coronel José Rodríguez Pérez −quien estuvo en contacto permanente con su superior, el general Alejandro Saavedra, a cargo de la 35 Zona Militar−, estuvieron en parte de los escenarios de los crímenes, lo que para el GIEI da cuenta de una coordinación central u operativa de las fuerzas de seguridad del Estado, y de un mando que dio las órdenes hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes.

Por ello el GIEI considera que se necesita rentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos. El GIEI ha preparado un documento con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial. Sin embargo, el grupo señala que si no está presente en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, repreguntar sobre la misma ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.

El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha asumido el caso como algo personal y es el principal obstáculo para que se pueda cumplir con la petición del GIEI. El 5 de octubre, el jefe de la Sedena escenificó una inusual comparecencia mediática en el principal noticiario de Televisa, donde reiteró su negativa a que integrantes del GIEI hablen con los soldados del 27 batallón. Dijo: “Es muy grave querer involucrar al Ejército en estos hechos, sólo porque a alguien se le ocurrió (…) Nosotros sólo respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas (…) No estoy dispuesto a permitir que gente desconocida, que no son mexicanos (…) interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahora, ningún delito (...) ¿Qué quieren saber? Ya está todo declarado. No puedo permitir que los traten como criminales (…) Esa es mi posición y de ahí no me voy a salir”.

El 20 de octubre, en Washington, la presidenta de la CIDH y el relator para el caso México, Rose Marie Antoine y Ja­mes Cavallaro, respectivamente, preguntaron a los subsecretarios Roberto Cam­pa y Eber Omar Betanzos si la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario del ramo dependen del Presidente de la República y de la autoridad civil, y si el jefe de la Sedena puede decidir quién sí va o no a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del jefe del Ejecutivo. Si bien Campa respondió que el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas, para sus interlocutores no quedó claro el asunto…
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Las razones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para entrevistar a 27 oficiales y soldados del 27 batallón de infantería del Ejército en Guerrero son simples. Como se decía en la entrega anterior, sus testimonios pueden resultar clave para la dilucidación de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 en Iguala. A su vez, las preguntas formuladas en Washington a dos subsecretarios de Estado mexicanos (Roberto Campa y Eber Omar Betanzos) por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por el relator para el Caso México, Rose Marie Antoine y James Cavallaro, respectivamente, en el sentido de que aclararan quién manda en México, si el presidente de la República o el secretario de la Defensa, tenían que ver con la negativa del jefe del Ejército, general Salvador Cienfuegos, a colaborar con las indagatorias judiciales del caso.

Como surge de la propia investigación de los expertos –esa gente desconocida, que no son mexicanos, según los calificó el general Cienfuegos–, hay suficientes elementos que indican que la presencia del Ejército en varios escenarios de los crímenes puede resultar crucial para el conocimiento de qué ocurrió realmente.

Existen evidencias de que soldados del 27 batallón al mando del capitán José Martínez Crespo fotografiaron, interrogaron, amenazaron y agredieron verbalmente a 25 estudiantes y un maestro en la Clínica Cristina, donde además negaron asistencia médica al normalista Édgar Andrés Vargas, quien herido de un balazo en la boca, estaba ahogándose en su propia sangre.

Otro dato relevante es la declaración ministerial del médico responsable de la Clínica Cristina, Ricardo Herrera, quien llegó al recinto hospitalario después de que se habían retirado los soldados y prácticamente exoneró al capitán Martínez Crespo y sus hombres de cualquier tipo de responsabilidad. Su testimonial respondió a un pedido del general Alejandro Saavedra, mando de la 35 Zona Militar con sede en Chilpanginco, y la rindió en el batallón 27 de Iguala, luego de platicar con personal de la justicia militar. ¿Fue aleccionado Herrera por elementos de la justicia castrense acerca de qué declarar y cómo? ¿Rindió falso testimonio ante la justicia? ¿Dio por válidas esas declaraciones la Procuraduría General de la República (PGR)?

Está comprobado también que dos escuadrones del Grupo de Fuerza de Reacción (GFR) patrullaron esa noche las calles comandados por el capitán Martínez Crespo y un teniente no identificado. Los soldados llevaban fusiles G-3, arma habitual del Ejército. En dos de los escenarios de los crímenes, personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero –que realizó las primeras diligencias hacia las 3:20 horas del 27 de septiembre– encontró casquillos percutidos calibre 7.62 (que corresponden a los fusiles G-3) y 5.56, utilizados por los fusiles G36 y Beretta, armas usadas por la policía municipal de Iguala. Otra información significativa es que en su segunda salida del cuartel, hacia las 23 horas, el teniente que estaba al mando de uno de los GFR ordenó cambiar una camioneta Cheyenne por un vehículo blindado y artillado Sand Cat, que llevaba en la escotilla a un soldado empuñando una ametralladora.

De lo anterior surgen varias interrogantes inquietantes: si desde que habían salido de Tixtla, las autoridades de distintos niveles del Estado mexicano sabían que los estudiantes de la normal iban desarmados, ¿por qué el Ejército salió a patrullar con un vehículo artillado Sand Cat? ¿Por qué y contra quién dispararon sus fusiles G-3 los soldados? ¿Por qué no se les hizo la prueba de rodizonato de sodio a quienes accionaron los G3? De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, la PGJ y la PGR debieron tomar y conservar todas las pruebas de la existencia de armas de fuego, proyectiles, balas y casquillos o cartuchos. ¿Por qué nunca hicieron pruebas de balística y del armamento utilizado por los soldados del 27 batallón?

Asimismo, según consta en el expediente de la PGR, a través del sistema del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), las fuerzas armadas, la Policía Federal, el Cisen y distintas estructuras de seguridad de Guerrero monitorearon en tiempo real a los estudiantes de Ayotzinapa desde su salida de la normal. Con base en las declaraciones del coordinador de Protección Civil de la Zona Norte del estado, lo novedoso es que esa noche el Ejército manejó la información del C-4 de manera restringida en los momentos en que se estaban dando los ataques contra los normalistas: entre las 22:11y las 23:26 (una hora y 15 minutos) y entre las 23:26 y las 2:21(casi tres horas).

Dichos periodos coincidieron con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Álvarez y Periférico norte, donde fueron detenidos la mayor parte de los 43 estudiantes desaparecidos, y con la agresión en el mismo lugar –cuando se llevaba a cabo una rueda de prensa–, donde fueron asesinados a quemarropa dos estudiantes (Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez), otro resultó herido de gravedad (Édgar Andrés Vargas) y fue detenido Julio César Mondragón, quien luego apareció muerto y con señales de tortura.

Las preguntas obvias son: ¿por qué la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) restringió, bloqueó o desapareció las comunicaciones del C-4 por espacios prolongados en ambos momentos clave? ¿Por qué nunca explicaron Murillo Karam y su sucesora en la PGR, Arely Gómez, esos silencios y cortes en las comunicaciones, que podrían ser clave para la dilucidación del caso?

Lo anterior pone en evidencia la pertinencia del pedido del GIEI de entrevistar a oficiales y soldados del 27 batallón para que aporten o aclaren datos que pueden ayudar a esclarecer los hechos, sin perjuicio de que a la postre pudiera comprobarse que por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, algunos pudieran tener algún grado de responsabilidad, misma que alcanzaría a sus superiores jerárquicos en la cadena de mando.

20.12.15

Guerra global de divisas de la Fed de EU: América Latina en la lona

Alfredo Jalife-Rahme

El histórico fin de la era del dinero barato que operó la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos) en forma unilateral mediante el alza de un cuarto de punto de las tasas de interés repercute con cataclísmicos daños colaterales e implicaciones geopolíticas profundas al restante del catatónico planeta, en particular a América Latina (AL).

La Fed representa de facto el único banco central global: conglomerado de bancos privados (sic) de Wall Street que aplican políticas monetarias estatales/federales que resultan globales debido a la perniciosa hegemonía del dolarcentrismo: el máximo poder de EU, al unísono de su panoplia multifacial del Pentágono, Hollywood, los multimedia y el grupo cibernético Gafat (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter).

Ambrose Evans-Pritchard, feroz palafrenero de la Casa Real británica, pondera los altos riesgos de la aventura del alza por la Fed cuando “los cementerios de la política global están sembrados con los centralbanquistas, quienes han elevado las tasas a prisa, para solamente retractarse después de haber empujado a sus economías a la recesión o después de haber realizado un mal juicio sobre las poderosas fuerzas deflacionarias en el mundo post-Lehman (http://goo.gl/3ysCWl)”. Se refiere a la quiebra de Lehman Brothers en 2008, que sumió a EU y, por ende, al mundo en su grave crisis que aún no ha sido resuelta.

Los ejemplos de Evans-Pritchard son ilustrativos desde las dos fallidas alzas del Banco Central Europeo de 2011 que casi llevó al colapso a la unión monetaria hasta el curso reverso de Suecia, Dinamarca, Corea del Sur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel y Chile.

El alza no es solamente un vulgar incremento, sino que comporta también un singular ritmo cuando la Fed tiene contemplado elevar las tasas en forma gradual a lo largo de 2016 para alcanzar 1.375 por ciento (http://goo.gl/Qn7f5s).

¿Aguantarán el mundo y el México neoliberal itamita otras cuatro alzas consecutivas de un cuarto de punto cuando a la primera llevó a la quiebra a ICA, una de las principales constructoras de AL?

Fue lastimoso que el Financial Times (FT) –que teledirige sin desparpajo la política petrolera y monetaria del México neoliberal itamita– haya anunciado dos días antes (¡supersic!) el alza local de las tasas a 3.25 por ciento.

FT sentencia que la economía del México neoliberal itamita está esclavizada (¡supersic!) a la política monetarista de EU cuando en lugar de apretar las tuercas necesita relajarlas (http://goo.gl/Z7EdDn).

El New York Times se lamenta de que la atadura de México a la política monetaria de EU “haya devaluado al peso cerca de 30 por ciento en menos de una semana (http://goo.gl/FuTxGx)”.

Hasta Stratfor (https://goo.gl/6800XF) –la CIA empresarial tras bambalinas– admite que la Fed maneja en forma egoísta y unilateral las tasas sin miramiento al estado cataléptico del restante del planeta que afecta(rá), a mi juicio, primordialmente a la Unión Europea y a China: dos de los principales motores del crecimiento global.

Según Peter Spence, de The Telegraph, los países más expuestos son Brasil, Chile y Sudáfrica y los mercados emergentes pudieran ser particularmente vulnerables cuando muchos de ellos han amasado enormes cantidades de deuda que pudieran ser inmanejables. (Nota: como es el caso del parasitario Grupo Monterrey: desde Cemex hasta Alfa.)

Brasil y Sudáfrica pertenecen a los vapuleados BRICS, lo cual abona a la teoría de que el alza por la Fed tiene la intención colateral de golpearles de lleno ya que también Rusia es apaleada por la abrupta disminución de los ingresos petroleros a los límites de 35 dólares el barril, mientras la divisa china yuan/renmimbi será aporreada hasta una devaluación proyectada de 30 por ciento (http://goo.gl/CvY58m).

Así funciona la guerra multidimensional que ha decretado EU para arrinconar al resto del planeta.

Zhang Yi, de la agencia noticiosa Xinhua, comenta que China puede muy bien lidiar con el alza, ya que el dinero será necesario para invertir en los “trenes de alta velocidad, satélites y supercomputadoras que ahora fabrica China (http://goo.gl/tTsjJB)” y no solamente en juguetes.

En forma hipócrita, la israelí-estadunidense Janet Yellen, que jefatura la Fed –cuyo vicegobernador es extrañamente Stanley Fisher, ex mandamás del Banco central de Israel– se dice sorprendida por el desplome del petróleo que acompañó al alza y predijo que existen límites (sic) debajo de los cuales los precios del petróleo eran improbables de caer.

Ya había señalado que los yihadistas habían colocado el límite a 15 dólares en el que rematan el barril expoliado que venden a Israel (http://goo.gl/5XZI56).

Evans-Pritchard considera que el momento del alza es propicio debido a cuatro años de recortes presupuestales y de una tasa de desempleo que ha caído 5 por ciento.

Más allá de las triviales y aburridas medidas monetaristas, existe un panorama turbio, ya que la manufactura de EU no es nada boyante y el crecimiento de su PIB nominal no despunta de un mediocre 3 por ciento anual.

Tampoco el mercado laboral es tan apretado como parece y no faltan analistas que consideren que la Fed eche reversa.

Otros analistas aducen que el verdadero apretón sucedió hace dos años cuando la Fed cesó de comprar 85 mil millones de dólares al mes bajo el esquema de la facilitación monetaria (quantitative easing: QE).

Más allá de las piruetas y alquimias de los casi siempre equivocados monetaristas, el verdadero problema radica en los 9 billones de dólares (trillones en anglosajón) de deuda foránea que incurrieron en la demencia de endeudarse en dólares y que desde julio de 2014 ha llevado a una revaluación inédita de casi 20 por ciento del superdólar que ha perpetrado una carnicería en los mercados emergentes supeditados a las aplastadas materias primas, con los consecuentes cambios de regímenes que operan desde Venezuela hasta Argentina.

A ocho días de ascender a la presidencia, el Macri-neoliberalismo sumió la riqueza de Argentina a niveles de Guinea Ecuatorial después de su superdevaluación de más de 30 por ciento, según FT, mientras en Brasil, el ministro de Finanzas, el israelí-brasileño Joaquim Levy, renunció después de haber conseguido la degradación de los bonos a niveles chatarra de la máxima economía de AL, por la descalificada calificadora Fitch. ¿Nos encontramos ante una guerra global de divisas operada por la Fed contra el resto del mundo catatónico y atónito? La única divisa respetable que se ha revaluado ha sido el superdólar que ha propinado severas palizas a todos sus competidores.

La divergencia es atroz, ya que EU efectúa su apretón (léase: sequía crediticia que encarece el valor del dinero), mientras China y Europa luchan por mantener un relajamiento monetario que, de paso, devalúa sus divisas respectivas. ¿Conviene a EU un superdólar que comprará a precio de remate los activos, más que nada, de los mercados emergentes, como México, que rematará sus principales activos petroleros en las aguas profundas en el Golfo de México en beneficio de las cuatro petroleras anglosajonas Exxon, Chevron, Shell y BP?

Nada está predeterminado y el alza de la Fed metió en forma riesgosa al mundo a un incierto mapa aún por navegar.

8.12.15

Maestro: educarse en la autonomía o desaparecer con la reforma educativa

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Las instituciones formadoras de docentes y las encargadas de la profesionalización, así como actualización del magisterio, han sido ocupadas por el discurso economicista de los órganos financieros, éstos imponen, por medio de la violencia física, laboral y judicial a través del Estado, una visión alejada de la escuela, las preocupaciones sociales y del desarrollo humano.

La reforma educativa carece de una propuesta de formación para los maestros. Lo que oferta es un “estatuto laboral” llamado servicio profesional docente, que pobremente incita a la capacitación técnica para uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a la memorización de leyes y reglamentos laborales y administrativos para la funcionalidad de la escuela. Eso fue lo que priorizaron sus falsas “evaluaciones” que a falta de legitimidad y fundamentos pedagógicos, impusieron a sangre y fuego contra los docentes.

En este marco de acontecimientos, propios de un régimen fascista, no podemos ya pensar en que la formación de docentes con altos compromisos éticos y sociales pueda ser un acto dirigido en la verticalidad y el autoritarismo. Es necesaria una ruptura que recupere la capacidad autónoma de los maestros para constituirse como verdaderos educadores con autonomía para definir desde su condición social el tipo de sociedad y el modelo educativo que se requiere construir para detener el avance de un Estado antidemocrático.

No es posible que la sociedad siga confiando a los organismos de la globalización económica, a la iniciativa privada o empresarial, la formación de los docentes, porque sencillamente los proyectos son opuestos al desarrollo colectivo, a los intereses plurales de la nación, pero una alternativa sólo adquiere sentido en tanto se materializa, es decir, se llevan a cabo las prácticas de empoderamiento de los subalternos. En este caso hablamos de los educadores que alienadamente han transitado sobre caminos hechos para que otros logren sus intereses particulares y hegemónicos.

Esta alternativa para la formación docente sólo puede venir de los educadores mismos, y tendrá que desinstalar los sistemas meritocráticos de profesionalización que se han configurado con base en escalas de trabajo gerencial al estilo McDonald’s y el fetichismo por la medición de resultados a través de la “evaluación”; tendrá que evidenciar la propuesta oficial para reformar las normales, por su carácter “minimalista” en la reducción de saberes, cuyo objetivo central es el desarme cultural de la formación didáctica, ética, pedagógica, filosófica, histórica y política, incluso, hasta desaparecer la profesión docente.

El gran reto es descolonizarse, desaprender, no formarse más como docentes para repetir las mismas tesis de la educación empresarial, porque el resultado será igual al que se necesita cambiar. Estamos frente al desafío de proclamarse en la independencia educativa, en la autonomía y descolonización cultural de la clase en el poder; esta perspectiva obliga al reconocimiento de las raíces latinoamericanas de nuestras formas propias de entender lo pedagógico como un proceso de educación popular para la emancipación social y la afirmación de una identidad arraigada en los excluidos, desde sus diferentes formas de opresión racial, sexual, económica o política, pero identificando una sola raíz de la dominación, el sistema-mundo capitalista.

La herramienta principal de los docentes en el terreno ideológico para empezar a ser educadores populares, sin renunciar a la resistencia de las movilizaciones pacíficas, debe ser precisamente la “razón crítica”, con base en ella tendrán que enfocar el análisis educativo. Se trata de hacer visibles las relaciones de poder, control y dominación en el ámbito microsocial de la escuela y el aula; de someter a juicio reflexivo los planes y programas de los sistemas educativos, enfoques y didácticas, políticas y marcos jurídicos reproductores del poder, este es un paso fundamental para la elaboración de propuestas alternativas.

La crítica al currículo es, sin embargo, sólo el parteaguas para la deconstrucción de la escuela como aparato de reproducción ideológica, material y cultural de los dueños del dinero, lo que sigue es hacer de ella un campo de disputa de lo que ahí se enseña y se aprende, de cómo se organiza y para qué fines, de otro modo sólo habrá protesta y no propuesta, la resistencia será negación sin un proyecto educativo viable que haga posible un mundo mejor; en otras palabras, la invitación es a no sólo ocupar las calles y plazas públicas, sino también las escuelas, las bibliotecas escolares, las instituciones de formación docente, los libros de texto, las reuniones de consejos técnicos escolares, los planes y programas de estudio, con un proyecto que materialice lo que se escribe en cada manta o pancarta como demanda educativa, lo que se repite en cada consigna como aspiración colectiva de lo que debe ser la educación pública, científica y popular.

El nuevo educador que demanda este proceso de ocupación ideológica y empoderamiento pedagógico no debe ser lineal, ni enarbolar el pensamiento único, mecanicista y productivista de la reforma educativa. Los maestros que en ella se forman para educar en competencias, medir los conocimientos con instrumentos de estandarización y organizar la escuela como empresa para lograr la “calidad”, están totalmente limitados, son incapaces de explicar el mundo en su complejidad y fomentar el desarrollo integral de los alumnos.

Los docentes tendrán que formarse en la comprensión de una realidad natural y social que tiene muchas facetas y dimensiones con relaciones estrechas entre sí, en la atención de alumnos también diversos, irreductibles al individualismo competitivo, a números estadísticos o a su sola capacidad laboral; por el contrario, los alumnos se definen en múltiples facultades éticas, estéticas, políticas, económicas, sociales, culturales, creativas, emocionales, racionales, existenciales y demás que tenemos los seres humanos y que jamás podrían desarrollarse en la cuadratura de las competencias o medirse con exámenes estandarizados.

Junto a los tiempos y espacios de movilización y protesta social, deberán crearse otros en los que los educadores se formen en la conciencia crítica, en el conocimiento de las pedagogías liberadoras, en los principios de la educación popular; pero de manera sistemática, práctica, teórica, académica, rigurosa, estratégica y consciente, para saldar los vacíos y compromisos de la educación neoliberal con el pueblo, pero sobre todo para formar educadores que sean constructores de sueños, de sociedades libres, de hombres y mujeres críticos.

A esta instrumentación violenta de la reforma para despojar a los maestros de su identidad histórica como forjadores de la patria y convertirlos en reproductores de la escuela-fábrica, proponemos la conceptualización que Paulo Freire elaboró para referirse al maestro como “educador”, es decir, como un sujeto que enseña y aprende a su vez, revestido de conciencia crítica, sentido ético y compromiso colectivo; pero que es también “popular” porque se reconoce como pueblo, como parte de una clase social que no es opresora y por tanto su papel liberador es inherente al de su profesión educativa.

Está claro que los nuevos educadores populares no se harán en la espontaneidad, no existe una conciencia social que surja de la nada, adquirida de modo automático en la experiencia o preconstituida, y que pueda simplemente trasmitirse, tampoco instalarse como un dispositivo desde fuera de cada persona, esto se hace en el diálogo, en el intercambio de experiencias, en la lectura crítica de los textos y contextos, en la reflexión y la práctica. La gran tarea de las maestras y maestros de México es abrir esos canales de diálogo, materializar cada propuesta y desmantelar las bases que dan sustento a la reforma educativa de los empresarios.

7.12.15

La militarización de la contrarreforma educativa

Carlos Fazio

Impulsada por la plutocracia y sus operadores políticos en el gabinete presidencial, la contrarreforma laboral diseñada para la administración vertical y autoritaria del sistema escolar nacional es pieza clave en la actual ofensiva del capitalismo depredador. Por eso, la élite empresarial intenta imponer a toda costa su evaluación punitiva mediante la fuerza coercitiva del Estado, encarnada en la coyuntura por una Policía Federal militarizada y agentes encubiertos de los aparatos de seguridad del Estado.

Enmarcada en una vasta campaña de intoxicación desinformativa focalizada en la satanización del magisterio disidente, mediante sobornos corruptores y mentiras se intenta someter a las y los maestros del país, y establecer un nuevo régimen de control y vigilancia acorde con la visión de la clase dominante. Como señaló Noam Chomsky en su obra Lucha de clases (Grijalbo, 1997), la intención de la comunidad empresarial es contener y limitar la democracia (así sea meramente formal), las libertades públicas y los derechos laborales y humanos, y hacerlos retroceder y si es posible abolirlos. Se trata de una estrategia de rollback, de dominio y vuelta atrás.

La millonaria y demagógica campaña propagandística de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene esa finalidad: destruir las hilachas del antiguo contrato social y desarticular los escasos espacios democráticos conquistados por la lucha los trabajadores. Se busca volver a la estructura social de los días del porfiriato, cuando los salarios eran casi de esclavos. Y desaparecer también todos los derechos gremiales. Primero buscan acabar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); después seguirá el SNTE y todos los sindicatos. La disyuntiva es clara: hambre o cárcel. Y puede ser aún peor: la muerte.

Chomsky ha citado en muchas ocasiones a Adam Smith −uno de los héroes del resurgimiento de la derecha mundial− para describir la máxima infame de los dueños de la humanidad: Todo para nosotros y nada para los demás. También ha recurrido a otra frase que aparece unos cientos de páginas después en La riqueza de las naciones, en la que Smith afirma que la división del trabajo destruirá a los seres humanos y los convertirá en unas criaturas tan estúpidas e ignorantes como pueda llegar a ser un ser humano. Por eso, en una sociedad civilizada, el gobierno debería tomar medidas para impedir que se llegue a esos límites.

En sentido contrario, hoy, en México, a través de mandaderos políticos como Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño, el todopoderoso Consejo de Hombres de Negocios y su principal sindicato, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hacen grandes esfuerzos para que las personas sean, para tomar prestada la frase de Adam Smith, tan estúpidas e ignorantes como pueda llegar a ser un ser humano. De muy atrás, gran parte del sistema educativo fue diseñada para cumplir ese objetivo: conseguir la obediencia y la pasividad de educadores y educandos.

Con la aspiración de ser el delfín del gran capital para los comicios de 2018, cada lunes Aurelio Nuño manipula y utiliza con fines propagandísticos a niños y niñas de primaria (con los que se saca la foto) y gasta millones de pesos del erario en posicionarse políticamente como hombre duro. Amparado en prácticas policiales intimidatorias y represivas, el Rudolph Giuliani de la SEP conjuga casi a diario los verbos someter, despedir y encarcelar, y con su lenguaje totalitario exige la rendición incondicional de los maestros descontentos.

La sobrexposición de su vena autocrática busca convencer al gran elector: los megamillonarios de Forbes y la élite clasista de la OCDE, que tiene interiorizado el pensamiento de los que mandan: hay que educar a las masas según lo que Mexicanos Primero-Televisa −como brazo operativo del CCE− entiende por educación. Si no se educa a la chusma (Chomsky dixit) según lo que la oligarquía considera educación, ellos tomarán el control. Y ellos son lo que Alexander Hamilton llamó la gran bestia. Es decir, el pueblo oprimido.

De allí la necesidad de estigmatizar a la CNTE, que en contraposición a la educación alienante y domesticadora del gran capital –que considera a la mujer y el hombre objetos, simples mercancías− impulsa una educación humanista, dialogal, que busca hacer pensar y formar el hombre-sujeto, ciudadano. Que a la manera de Paulo Freire concibe la educación como práctica de la libertad, como una educación emancipadora.

El CCE tiene buenas razones para contener y limitar al máximo los espacios democráticos, puesto que cuanta más libertad posee una sociedad, más peligrosa se convierte la gran bestia y mayor es el cuidado que hay que tener para enjaularla. A medida que crece la libertad, la necesidad de coaccionar y controlar la opinión también aumenta para evitar que la plebe haga uso de ella. Y allí entra una de las funciones principales de los medios de difusión masiva: estigmatizar y criminalizar a la gran bestia, con la finalidad de ayudar a someterla y domesticarla.

La evaluación militarizada y el examen punitivo no son simples procedimientos técnicos y, sobre todo, no son neutrales. Se usan para impulsar determinado modelo y están directamente vinculados al tipo de proyecto político-ideológico que está implantando el régimen a marchas forzadas. Como consignó aquí Arturo Cano, un modelo educativo que necesita 3.3 policías por cada maestro que presentó examen habla por sí solo. Desnuda la verdad oficial y exhibe el fracaso gubernamental.

Ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines político-disciplinarios podrán resolver la gran polarización provocada por la contrarreforma del CCE, Televisa y Peña Nieto. Frente a la ley del garrote de Nuño hace falta distensión, diálogo y una mesa de negociación pública con la mediación de expertos en la materia. La disyuntiva es entre una educación liberadora o el sometimiento para el despojo por el capital depredador.

25.11.15

El estancamiento y la terapia de choque de 2016-2018

Marcos Chávez

De aquí a 2018 quedarán fuera del mercado laboral formal 1 millón 200 mil personas que busquen por primera vez un empleo; y los salarios mínimo y contractual mantendrán la pérdida respectiva de su poder de compra: 76 y 50 por ciento, respectivamente. En todo el sexenio, el crecimiento medio real anual difícilmente llegará al 2 por ciento

Austeridad: ¿una salida de crisis? ¡Es absurdo! Más austeridad fiscal [genera] más deuda [y] una espiral de recesión, más desempleo y desesperación en los pueblos. Sin embargo, estas políticas son racionales desde el punto de vista de las clases dominantes. Son una manera brutal –una terapia de choque– de restablecer los beneficios, garantizar las rentas financieras e imponer las contrarreformas neoliberales. Lo que está ocurriendo es que los Estados están convalidando las demandas financieras sobre la producción futura.

Michel Husson, economista marxista francés, Los salarios ¿responsables de la crisis?, 2013

La respuesta es el triunfo de las malas ideas. Resulta tentador sostener que los fracasos económicos de los últimos años prueban que los economistas no tienen las respuestas. Pero, la verdad es peor: en realidad, la economía estándar aportó buenas respuestas, pero los gobernantes –y muchísimos economistas, demasiados– prefirieron ignorar u olvidar lo que deberían haber sabido. Se suponía que a esta altura ya íbamos a estar hablando de reactivación. Si no sucede es, básicamente, porque triunfaron las ideas inadecuadas.

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, ¿En qué fallaron los economistas?, 2013


En abril de 2012, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, dijo lo siguiente: “Europa se dirige al suicidio. No ha habido ningún programa de austeridad exitoso en ningún gran país. El crecimiento decreciente está causando el déficit [fiscal], y no al revés. La idea de la austeridad va a llevar a niveles elevados de desempleo que serán políticamente inaceptables y empeorarían los déficits. La austeridad fracasó en Asia, [e] Indonesia; Corea del Sur o Tailandia pasaban de la recesión a la depresión”. Fracasó “en Latinoamérica y, hoy, en Europa hunde más a los países cuanto más ciegamente la abrazan”.


Otro Nobel, Paul Krugman (2008), ha repetido hasta la náusea que la política de austeridad es un “terrible error”, “una mala idea”.


En enero del año de referencia, Krugman escribió sobre El desastre de la austeridad, en donde señaló a “tres de las cinco grandes economías europeas, el Reino Unido, Italia y España como miembros del club de los ‘peores que’”; y agregó: “esto constituye un asombroso fracaso de la política, y es un fracaso, concretamente, de la doctrina de austeridad. Se creía que el Reino Unido, en concreto, era un modelo de ‘austeridad expansionista’, la idea de que, en vez de aumentar el gasto del gobierno para luchar contra las recesiones, hay que recortarlo, y que esto induciría un crecimiento económico más rápido”. Y se preguntaba Krugman: “¿Cómo podía prosperar la economía cuando el desempleo ya era elevado y las políticas del gobierno estaban reduciendo directamente el empleo más todavía?”


Remataba Krugman: “Lo más exasperante de esta tragedia es que era totalmente innecesaria. Hace 1 siglo, cualquier economista –o, de hecho, cualquier estudiante universitario que hubiese leído el libro de texto Economía, de Paul Samuelson– les podría haber dicho que la austeridad frente a una depresión era una idea muy mala. Pero los que elaboran las políticas, los expertos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, en gran parte por razones políticas, olvidar lo que solían saber. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su amnesia deliberada”.


Las críticas a los efectos recesivos y antisociales de los tradicionales programas de austeridad no se limitan a los analistas fuera del consenso neoliberal. De vez en cuando, desde la las filas del partido “austeriano” se manifiestan algunas dudas sobre la eficacia de tales políticas.


Como se sabe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como pasatiempos una sádica pasión. A los gobiernos que recurren a su auxilio financiero siempre les “recomienda”, para tener derecho a las líneas de crédito, que mutilen y conviertan en autista al Estado, a través de políticas de estabilización y ajuste estructural.


Sin desertar de sus obsesiones ortodoxas por la astringencia fiscal, Olivier Blanchard, economista en jefe del FMI, y Daniel Leigh, han mostrado la contradicción existente entre los resultados esperados y los alcanzados por la “consolidación fiscal” ortodoxa. La “consolidación” no es más que un eufemismo que busca ocultar la eliminación de déficit público por medio del recorte del gasto no financiero del Estado (excluye el servicio de su deuda) y el alza de impuestos y de los precios de bienes gubernamentales.


Según el FMI, el ajuste fiscal contribuye a restaurar la estabilidad económica y reducir la deuda estatal sin afectar seriamente al crecimiento y el empleo. Pero en los documentos Perspectivas de la economía mundial (octubre de 2012) y Errores en las previsiones de crecimiento y multiplicadores fiscales (Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, Working Paper 13, 2013), Blanchard y Leigh llegaron a la conclusión opuesta.


El “multiplicador” es el que mide los efectos del aumento o la baja del gasto público sobre la actividad económica. Si el multiplicador fiscal es mayor que 1, un aumento en el gasto público mejorará la actividad económica porque estimulará la demanda, la producción, el crecimiento y el empleo. Si el multiplicador y el gasto estatal son menores, tendrán el efecto contrario sobre las variables citadas.


Los programas de austeridad fiscal recetados en 28 países europeos en 2010-2012, en especial a Grecia, Portugal o España, fueron supuestamente graduales, en varios años. Por esa razón se decía que “cuanto menores sean los multiplicadores, menos costoso será el proceso de consolidación fiscal”. La reducción del gasto público no sería traumática para la economía y, a cambio, sanearía las finanzas públicas y reduciría sus deudas.


El desastre, sin embargo, fue tan obvio que los economistas del FMI se vieron obligados a reconocer que “hemos encontrado que los pronósticos del Fondo subestimaron significativamente el incremento en el desempleo, la caída en el consumo privado y la inversión asociados a la consolidación fiscal”. “La actividad económica ha sido decepcionante en varias economías que adoptaron medidas de consolidación fiscal. Así pues, es lógico preguntarse si los efectos negativos a corto plazo de los recortes presupuestarios han sido mayores de lo esperado debido a una subestimación de los multiplicadores fiscales”.


Se estimaba optimistamente una contracción de 0.5 euros del multiplicador por cada euro de ajuste; es decir, el costo sería de una destrucción de 0.5 euros de la riqueza. Pero los datos revisados por Blanchard y Leigh –que no desaconsejan los ajustes fiscales– les “sugieren que los multiplicadores se han situado efectivamente entre 0.9 y 1.7euros”, por lo que “el efecto de los ajustes [en el gasto público fue] tres veces mayor [300 por ciento más], y la economía se estaría achicando 1.5 euros por cada euro de ajuste”. Ello explica que las “medidas de austeridad [provocaron] un mayor frenazo a la economía, como se pudo ver más tarde en la economía griega”.


Lo más llamativo son las dificultades para equilibrar las finanzas públicas y reducir la deuda estatal, la cual, por el contrario, se ha incrementado.


En su artículo “Errores que llevan al sufrimiento”, de 2013, el economista español Joaquín Estefanía destaca esa crítica demoledora de las recetas de austeridad del FMI: su “historia es, en buena parte, la historia del sufrimiento generado por sus recetas de rigor mortis, aplicadas en cualquier circunstancia a los ciudadanos de numerosos países” (El País, 7 de enero de 2013).


A propósito, el economista argentino Alfredo Zaiat dice: “El pronóstico fallido sobre el impacto del ajuste por parte del FMI en las economías europeas está en línea con sus habituales equivocaciones en las estimaciones de crecimiento de la economía” (Pagina 12, 12 de enero de 2013).


Por su parte, Estefanía se pregunta: “¿Quién se hace responsable de este error que ha conducido a la doble recesión europea, con los resultados conocidos en materia de desempleo, empobrecimiento masivo y mortandad de centenares de miles de empresas?” (El País, 10 de junio de 2013).


El interrogante es, desde luego, retórico, porque esos “errores” no son novedosos. Se han repetido sistemáticamente desde la década de 1980 en América Latina, Asia y África. A partir de 2010 le tocó el turno a Europa. El crecimiento cero del sexenio de Miguel de la Madrid se explica en parte al sobreajuste fiscal fondomonetarista aplicado en esos años.


Pero aún cuando los programas de consolidación fiscal se instrumentaran eficientemente, de todos modos sus efectos recesivos con desempleo son inevitables, merced a la interconexión entre el consumo y la inversión pública con la privada. La magnitud y la duración de sus secuelas dependerán del momento en que se llevará a cabo la corrección, del tamaño del déficit público, del tiempo en que se pretenda eliminar y sobre las variables en las que recaerá el costo, aunque normalmente implica una combinación de ellas (el ingreso, el gasto, la estructura del Estado).


“La expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal”, le dijo John M Keynes a Franklin D Roosevelt en 1937, recuerda Krugman en su nota “Keynes tenía razón”. Krugman agrega: “Recortar el gasto público cuando la economía está deprimida deprime la economía todavía más; la austeridad debe esperar hasta que se haya puesto en marcha una fuerte recuperación” (El País, 3 de enero de 2012).


Grecia e Irlanda se vieron obligados a imponer una austeridad fiscal atroz como condición para recibir préstamos de emergencia, y han sufrido recesiones económicas equiparables a la Depresión, con un descenso del producto interno bruto real en ambos países de más del 10 por ciento.


Más allá de los problemas en la instrumentación de la austeridad, Michel Husson recuerda la razón de fondo de los brutales programas de choque neoliberales: el restablecimiento de la tasa de ganancia y de las rentas financieras.



Matar al paciente

Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Agustín Carstens no son alumnos de Keynes. El primero quizá no lo es de nadie, dado su desinterés por el conocimiento. Los gurús de los otros son Friedman y sus secuaces de Chicago.


Carentes de ideas novedosas, ante un escenario descompuesto, prefirieron retornar precipitadamente al fondo de la caverna neoliberal.


Lejos quedó el remedo del verano del gasto público expansionista de 2014. Cuando se hacían cuentas alegres con los capitales esperados con la reprivatización energética, ingresaban masivamente los capitales especulativos y se recibían las cuantiosas divisas e ingresos fiscales petroleros.


La propuesta sexenal peñista original guardaba las siguientes rasgos: 1) una inflación anual estable (3 por ciento anual), apoyada por la contención de la demanda interna (salarios), el atraso cambiario (tasa anual de devaluación ligeramente menor a la variación de los precios), que abarata las importaciones, y una tasa de interés de referencia real de cero por ciento (cuyos efectos son obstaculizados por el alto costo del crédito de la banca comercial); 2) una tasa de crecimiento ascendente: 3.9 por ciento en 2014, 4.7 por ciento en 2015, 4.9 por ciento en 2016, 5.2 por ciento en 2017 y 5.3 por ciento en 2018; su dinámica sería apoyada por una lenta recuperación de la economía estadunidense; 3) la creación de alrededor de 600-700 mil nuevos empleos anuales; 4) un déficit público moderado y apoyado en los ingresos fiscales petroleros (1-1.5 por ciento del producto interno bruto; 5) un desequilibro en las cuentas externas creciente (de 9 mil millones de dólares en 2012 a 28 mil millones de dólares en 2015; de 0.8 a 2 por ciento del producto interno bruto), compensado parcialmente por los altos precios y divisas generadas por las exportaciones de petróleo crudo, y financiado por el endeudamiento foráneo y los flujos de capital de corto y largo plazos.


Sin embargo, el primer año peñista fue perdido, debido a que Videgaray, que dedicó su tiempo a presionar a los legisladores para que aprobaran las contrarreformas estructurales, ejerció mal, tardía y precipitadamente, y sin efecto positivos, el gasto público programable, y en menor cantidad respecto de 2102. En especial la inversión directa del sector público y la física del gobierno federal acumularon 2 años de retroceso real: -2.2 por ciento y -3.8 por ciento, y -24.7 por ciento y -15.3 por ciento, en cada caso, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Ese año se proyectó un crecimiento de 3.5 por ciento y apenas se alcanzó una tasa de 1.4 por ciento, la más baja desde la recesión de 2009 (-4.7 por ciento) y el peor inicio de un gobierno desde 2001, el foxista, cuando el país entró en recesión (-0.6 por ciento).

Para 2014 se esperaba el despegue económico, basado en un alegre gasto programable expansivo, los altos precios del petróleo, las exportaciones, el ingreso de capitales estimulados por la privatización petrolera y el acceso al crédito financiero foráneo.


A mitad de 2014, empero, el piso se le hundió a los peñistas y el crecimiento programado, apoyado en las reformas, se disolvió súbitamente en el aire. El desplome de los precios internacionales del crudo afectó las divisas e ingresos fiscales generados (en realidad, ambos empezaron a caer desde marzo de 2012), hecho que, de paso, arruinó las expectativas de la avalancha de inversión extranjera esperada con la privatización de la industria en cuestión.


Asimismo, la amenaza latente del aumento en la tasa de referencia de la Reserva Federal y de los bonos del Tesoro estadunidense deterioró el flujo netos de capitales (la diferencia entre ingresos y egresos del endeudamiento y la inversión extranjera directa y financiera), que provocó las burbujas especulativas y la devaluación cambiaria


Ese año el gasto programable real del sector público y del gobierno federal aumentaron 3.4 por ciento y 4.6 por ciento, y la inversión de cada uno creció 8.2 por ciento y 20.6 por ciento.


Pero la tasa de crecimiento se desinfló a 2.1 por ciento desde un nivel estimado de 3.9 por ciento.


En 2015 sucedió lo mismo. Con las reformas aprobadas se programó un crecimiento de 4.7 por ciento. Después se revaluó a 3.7 por ciento. Hacienda acaba de reducir la meta a 2.0-2.8 por ciento. El Banco de México a 1.9-2.4 por ciento. El Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los analistas del sector privado a 2.3 por ciento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2.2 por ciento.


Así, en la primera mitad del peñismo, el crecimiento medio real anual será de 2 por ciento, ubicándose por debajo del producto interno bruto (PIB) potencial registrado durante el neoliberalismo en 1983-2012: 2.4 por ciento. En 1950-1982 el crecimiento anual fue de 6.3 por ciento. Con el neoliberalismo la economía muestra una tendencia declinante en el largo plazo. Su mejor momento fue con Carlos Salinas, cuando la expansión media anual fue de 4 por ciento, aunque el país terminó en el precipicio. Con Vicente Fox y Felipe Calderón bajó a 2.2 por ciento, en cada caso.


Aun cuando se cumplieran las optimistas metas de Videgaray para la segunda mitad del peñismo (1.7-2.5 por ciento en 2016; 3.5-4.5 por ciento en 2017; 4-4.5 por ciento en 2018), el crecimiento sólo promediaría una tasa media anual sexenal de 2.6-3.2 por ciento. Menor a la propuesta original (3.9 por ciento), a la estimada para 2018 (5.3 por ciento) y la registrada durante el salinismo.


Existen razones, sin embargo, para esperar que el crecimiento medio anual del peñismo sea del orden de 2 por ciento.


De esa manera, anualmente, en 2016-2018 quedarán fuera del mercado laboral formal unas 400 mil personas que busquen por primera vez un empleo; y el aumento de los salarios mínimo y contractual, como ocurre hasta la fecha, seguirá atado a la meta anual, por lo que mantendrán la pérdida respectiva de su poder de compra: 76 por ciento y 50 por ciento. La pobreza, la miseria y la delincuencia serán los signos sociales que marcarán lo que resta del peñismo.


La imposibilidad de los neoliberales por superar su propio crecimiento potencial revela un fenómeno central: la incapacidad estructural del modelo, basado en el sector exportador, para impulsarlo, ya que su demanda depende del mercado internacional y no del local; por su escasa integración con la cadena productiva nacional; porque sus efectos multiplicadores se trasladan hacia afuera por la vía de las importaciones; porque la generación de excedentes y el control de la inflación requiere del castigo de la demanda interna. El sector exportador no pudo lograr un alto crecimiento mientras la demanda externa y los precios internacionales se mantuvieron favorables. Ahora se sufre el escenario adverso.


México sufre el síndrome que Lawrence Summers –que fue economista en jefe del Banco Mundial (1991-1993), secretario del Tesoro (1999-2001) con Clinton y director del Consejo Nacional de Economía (2009-2010) con Obama–: calificó como secular stagnation, un estancamiento permanente. Es decir, un potencial de crecimiento tan endeble que es incapaz de sostener tasas de expansión altas y sostenidas que generen los empleos requeridos. Ni las políticas fiscal y monetaria expansivas, cuando se han presentado, logran sacar a la economía de su letargo.


Pero no debe olvidarse que, como dice Husson, la cuestión fundamental del capitalismo es “la tasa de beneficio. Lo que destruye a las sociedades es la búsqueda a todo precio del restablecimiento de la tasa de beneficio” (Estancamiento secular: ¿un capitalismo empantanado?). Lo demás no importa.


Enturbiado el panorama económico, a los peñistas sólo se les ocurrió aferrarse al clavo ardiente del fundamentalismo fiscal (recorte del gasto programable) y monetario (alza de las tasas de interés). A esa terapia que, como dijera Stiglitz, representan “un tratamiento que pretende curar la enfermedad y terminan matando al paciente”.



Krugman: “La austeridad y los tres chiflados”

Dice Krugman: “Las ciencias económicas elementales decían que la austeridad en una economía ya deprimida profundizaría la depresión, pero los ‘austeros’ –como muchos empezamos a llamarlos– insistían en que los recortes en gastos conducirían a la expansión económica, porque mejorarían la confianza de los empresarios. Bueno, la correlación está muy clara: cuanto más rigurosa la austeridad, tanto peor el desempeño del crecimiento”.

Para 2016, 2017 y 2018 nuestros tres chiflados proponen una sobredosis de austeridad.


La preocupación no será el crecimiento, sino el control de la inflación (3 por ciento anual) y la reducción del déficit fiscal: el llamado pomposamente “balance con inversión en proyectos de alto impacto” deberá bajar de -3 por ciento del PIB en 2015 a 3 por ciento en 2016, y a 2 por ciento en 2018; sin ella, o “balance tradicional”, de -1 por ciento a cero por ciento del PIB a -0.5 por ciento, a un equilibrio en 2017-2018.


Como se espera una contracción real de los ingresos presupuestarios entre 2016 y 2018 (en 2016 caerán 0.2 por ciento con relación a 2015; respecto del PIB, bajarán de 22.3 por ciento en 2015 a 21.1 por ciento en 2018), debido a la caída de la recaudación petrolera (en 2016 los presupuestarios se reducirán en 333 mil millones de pesos, 30 por ciento reales; los del gobierno federal en 284 mil millones de pesos, 39.4 por ciento), la “consolidación fiscal para enfrentar las presiones de finanzas públicas tendrá que descansar en reducciones del gasto programable”, dijo Hacienda.
Reaparición del Doctor Tijeras

En 2015 Videgaray redujo dicho gasto en 124.3 mil millones de pesos. En 2016 le dará otro tijeretazo por 134 mil millones de pesos. En términos reales caerá 5.9 por ciento. Su peor desplome desde 1995, cuando se derrumbó 24 por ciento. Entre 2015 y 2018 bajará de 20.3 por ciento a 17.1 por ciento del PIB. En esos años la inversión física se reducirá de 4.7 por ciento a 3.1 por ciento del PIB.


El crecimiento, por tanto, no dependerá de Videgaray.


Tampoco de Carstens. La tasa objetivo nominal de 3 por ciento en 2015 (cero, descontando la inflación) no sirvió de nada. La nominal subirá gradualmente a 4 por ciento en 2016 hasta 5.8 por ciento en 2018. La real de 1.1 por ciento a 2.8 por ciento. La política monetaria encarecerá el costo del crédito.


El “motor” externo está atascado. En julio pasado las exportaciones totales apenas habían crecido 2.2 por ciento; las petroleras se desplomaron 43 por ciento; las no petroleras sólo avanzaron 3.2 por ciento. En 2010 cada una creció 30 por ciento, 35 por ciento y 29 por ciento. A partir de ese año empezaron a desacelerarse.



Se estima que, en promedio anual, Estados Unidos sólo crecerá 2.7 por ciento en 2016-2018. No “arrastrará” al cadáver de la economía mexicana.


El “motor” está desvielado. En 2012 el consumo total real creció 4.7 por ciento y en lo que va de 2015 en 3 por ciento; la inversión fue de 4.8 por ciento y 5.4 por ciento. No sostendrá el crecimiento.


En épocas inciertas –tampoco en las boyantes– los empresarios internos y externos no suelen mostrarse entusiasmados en asumir la responsabilidad abandonada por el Estado.


¿Quién, entonces?


De la divinidad.


De “la fe del pueblo de México”, de su “fe en sí mismo”, como dijera Enrique Peña ante Patricia.

20.11.15

Segundo acto: la represión

Eduardo Nava Hernández

Con la decisión de la Secretaría de Educación de aplicar las pruebas de evaluación a los maestros usando en muchos Estados la fuerza policiaca se dio un paso más, sólo uno más pero muy significativo, en la ruptura ya de largo madurada entre el gobierno y el magisterio y, en forma más general, entre el gobierno y sus gobernados. La reforma que el peñismo ha presentado propagandísticamente como más “prometedora” y “de consenso” ha enfrentado una persistente resistencia de parte de quienes no se sabe bien si son sus actores o sus objetos. Resistencia que ha tenido que ser atacada con una costosa campaña propagandística, estímulos como la promesa de “créditos hipotecarios” (muchos maestros preferirían, quizás, ver reconstruidos o bien construidos sus centros de trabajo), amenazas de despido que luego son desmentidas, cercos policíacos, toletazos, lesiones y detenciones. Qué bonita reforma, qué bonita.

La tenacidad de la oposición a la mal llamada reforma educativa por parte de quienes deberían ser sus promotores y operadores ha sacado de balance al grupo gobernante y a sus aliados o auspiciadores empresariales, que piden como salida la abierta represión y la aplicación sin miramientos de “la ley”. “Habrá suficientes policías”, había advertido el secretario de Educación Aurelio Nuño, para garantizar que la evaluación fuera aplicada. De eso se trata, como lo ha sido, en muchos aspectos de la política nacional: de la sustitución del consenso y la acción política por el empleo creciente de la fuerza policiaca e incluso militar. La prueba no se aplicó, sin embargo, en los Estados considerados difíciles para su ejecución: Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los cuales se les asignaron fechas diferentes. Aun así, en varias entidades hubo fuertes protestas contra la malhadada reforma y en algunos lugares se impidió la aplicación de la prueba evaluativa, o simplemente las autoridades no sacaron adelante las condiciones para su exitosa aplicación. Basta ver la página de Facebook del investigador Manuel Gil Antón, de El Colegio de México (https://www.facebook.com/manuel.gilanton/?fref=ts), para asomarse a algunos testimonios escritos, en fotografía o video, de lo que la evaluación ha sido y el gobierno no dice. En todo el Estado de Morelos los inconformes lograron frenar la operación de las pruebas, y parcialmente en Zacatecas, Chihuahua y otros Estados.

La represión no debería ser, se supone, un medio normal para aplicar las políticas públicas en un régimen que se presume democrático. Sin embargo, es el recurso crecientemente aplicado por el actual gobierno para hacer frente a la movilización social. A las amenazas proferidas por Nuño contra los docentes se suma la detención, con lujo de violencia, de cuatro líderes del magisterio en Oaxaca, remitidos a un penal de alta seguridad; las ochenta o más órdenes de aprehensión —según el gobernador Aureoles— contra profesores disidentes y normalistas en Michoacán; la aprehensión en Morelos y otras entidades de maestros que se manifestaban contra la evaluación. Pero también el intento de intervenir y censurar la Internet penalizando la crítica en las redes sociales a través de la Ley (Omar) Fayad, fracasada por la presión social y las expresiones masivas en las propias redes. Están ahí las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong contra el Grupo Internacional de Expertos Independientes por sus revelaciones en el caso Iguala, y las filtraciones que intentan relacionar a los normalistas de Ayotzinapa con la delincuencia organizada para justificar una represión futura o acciones de brutalidad como la realizada contra ellos en la carretera Tixtla-Chilpancingo. El asesinato y desaparición de líderes, activistas sociales y periodistas sigue en el orden del día, con plena impunidad.

Ha comenzado el segundo acto de la gestión peñista. Lo que empezó desde su campaña, como un populismo desbordado —pero también delictivo— que repartía monederos electrónicos de los supermercados Soriana y dinero a través de tarjetas Monex, como ahora lo hace con los televisores digitales, y que se inauguró como gobierno con la firma del Pacto por México que permitió sacar adelante, con los partidos de colaboración PRD y PAN, las reformas constitucionales anheladas por el capital internacional y el sector empresarial mexicano, se ha agotado definitivamente. El populismo no es más un recurso de legitimación para un régimen que ha entrado desde el último cuarto de 2014, a una etapa de profundo desgaste.

En cambio, se afirma el régimen como un Estado burocrático-autoritario divorciado de las necesidades y sentires sociales, e incluso contrapuesto a ellos. Retomo una formulación ya consagrada de Guillermo O’Donell para caracterizar esta modalidad de ejercicio del poder por un grupo muy selecto, ya no de dirigentes de los sectores mayoritarios y ni siquiera partidarios, sino de tecnócratas con funciones meramente de administración de las instituciones públicas y apoyado en las fuerzas armadas en beneficio de la oligarquía financiera, para quien gobierna. Se trata de una dictadura inconfesa, un gobierno militarizado sin ser directamente militar, enfrentado de manera directa con las clases trabajadoras, a quienes empobrece y quita derechos, mientras promueve activamente la concentración de la riqueza social en manos de la plutocracia. Es la misma función que en los años setenta cumplieron las dictaduras militares sudamericanas, pero sin necesidad de recurrir a la toma directa de las instituciones civiles por las fuerzas armadas.

Desde la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que vino a derrumbar el discurso triunfalista gubernamental y a visibilizar ante el mundo las graves violaciones a los derechos humanos en las que se sustenta el régimen, y en medio de una crisis fiscal (caída de los precios petroleros) que se profundiza, limitando o cancelando la posibilidad de reactivar la economía por medio del gasto público, los recursos políticos del gobierno peñista se han ido agotando visiblemente. La corrupción no es ya sólo un mecanismo de cohesión interna del grupo en el poder sino también un método de cooptación de las elites antes opositoras, hoy plenamente integradas a la lógica autoritaria y tecnocrática del régimen.

La exigencia del capital financiero transnacional es culminar la obra de desarticulación de lo poco que ha quedado de la economía de bienestar y de la capacidad regulatoria del Estado, para dar paso a la dominancia del mercado. Lo que viene en lo inmediato es el desmantelamiento del Pensionissste y la privatización de sus fondos a través de una institución en todo similar a las actuales afores, con financiarización y bursatilización de sus recursos y, sobre todo, implicando la desaparición de la jubilación como un derecho del trabajador.

Sin duda, lo que el peñismo representa es el preeminencia de la tecnoburocracia no sólo por sobre el añejo aparato corporativo sino aun con prescindencia de éste; una burocracia que desconoce y aborrece a las masas populares, y además les teme. Sus componentes, formados en centros educación de elite en el país o en el extranjero, no muestran en sus trayectorias personales ninguna cercanía con los sectores corporativos que en el pasado hacían la columna vertebral del partido oficial y, en buena medida, del sistema todo. Por eso, el manejo meramente utilitario de ese aparato corporativo, como se vio recientemente en la entrega por el líder petrolero Carlos Romero Deschamps del régimen de jubilaciones de sus representados, se sustenta fundamentalmente en la corrupción y, cuando este mecanismo es desbordado (magisterio), en la represión.

Pero la obra no está todavía concluida. Aún está por representarse el tercer acto, donde, invirtiendo los papeles, el protagonismo lo asumen las masas populares que en la primera parte sólo han sido escenografía manipulable o han tenido un papel secundario. La represión, como mecanismo de legitimación de un régimen, es de corto vuelo, como el de una gallina. Y no faltará mucho para que baje el telón del gobierno peñanietista para dar lugar a un desenlace que quizás aun para sus autores es inesperado.

18.11.15

Los peores años del sexenio apenas comienzan

Marcos Chávez

Terapia de choque
, lo que tendrá la economía mexicana hasta el final del sexenio. La política abrazada a partir de 2015 no tendrá reversa: control de la demanda local a través del recorte del gasto público programable, la restricción monetaria, la contención de la inversión y de los salarios, el desmantelamiento del Estado. A todo esto le llaman “austeridad”, como al ajuste fiscal le dicen “consolidación”

Como si fuera una maldición bíblica, los neoliberales de la restauración conservadora priísta, encabezados por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, repiten el mismo sendero y el mismo destino fatalmente ineludible de sus predecesores, los de la derecha priísta neoliberal de la primera generación, los delamadridistas, los salinistas y los zedillistas, y la clerical-neoliberal del segundo ciclo, los teocráticos panistas.

Por razones similares, internas y externas, a todos se les desfondó prematuramente la economía durante su mandato, junto con sus promesas de crecimiento económico, empleo, bienestar (bajo el supuesto de que ellas fueran sinceras y realmente existentes, más allá de la retórica de la plaza pública). Porque endógenamente, el modelo neoliberal, criollo y global, desde su emergencia, hace 40 años, está estructurado para generar los efectos contrarios: el estancamiento crónico, el alto desempleo, la precariedad laboral, la miseria generalizada, costos necesarios para restaurar la tasa de ganancia –como señala el francés Michel Husson– y otros economistas que no comulgan con las doctrinas monetaristas.

Las únicas diferencias entre ellos son formales: la profundidad del hoyanco en que se han desplomado; el estrépito de la caída; las pinceladas en medidas empleadas para tratar de restaurar los equilibrios económicos.

Faltos de creatividad desde hace tiempo, esos fundamentalistas de las políticas ortodoxas de ajuste y estabilización macroeconómica siempre recurren a la misma estrategia anticrisis, de corto plazo y de largo aliento (reformas estructurales): las tradicionales terapias de choque fondomonetaristas. El control de la demanda local, a través del recorte del gasto público programable (excluye a los compromisos financieros, sagradamente pagados a costa de aquellos egresos), la restricción monetaria (altos réditos), la contención de la inversión y los salarios nominales y reales, el desmantelamiento del Estado.

Como esos programas están desacreditados, en virtud de sus onerosos costos económicos y sociopolíticos, desde hace algún tiempo se les ha maquillado de una manera más sexy. Ahora se le llama “austeridad”.

Tienen sobradas razones para hacerlo, pues su aspecto macabro no es presentable.

Su aplicación en México y el resto de América Latina, a partir de la década de 1970 –con excepción de los gobiernos democráticos que después desertaron del consenso neoliberal–, que han buscado restablecer el equilibrio fiscal (recorte del gasto y mayores impuestos al consumo) y de las cuentas externas (devaluaciones cambiarias), y el control de la inflación (contención de la demanda con los altos réditos y la represión salarial), sólo han arrojado una estela de precarización laboral, desempleo, pobreza, miseria y exclusión social; desmantelamiento del Estado y del aparato productivo; la privatización de empresas estatales y de sectores estratégicos; la entrega de la economía a los monopolios; la subordinación a las metrópolis como aportadores especializados de materias primas, manufacturas de bajo valor agregado y mano de obra barata para la reducción de costos dentro del proceso de acumulación y reproducción del capital a escala mundial; el despotismo y el autoritarismo disfrazado de democracia.

Como represalia a la decisión de los vietnamitas por defender su soberanía nacional por cualquier medio ante la criminal intervención estadunidense, el general Curtis LeMay dijo: “Bombardear hasta hacerlos regresar a la edad de piedra”.

Afortunadamente en México y otros países los gobernantes metropolitanos no han tenido que recurrir a esa barbaridad, ya que, salvo en algunos casos que han sido tratados con otra clase de guerras sutiles, generalmente los grupos de poder locales han entregado dócil e higiénicamente las plazas, debido a cuando menos un par de factores: porque generalmente solicitan el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Casa Blanca cuando se encuentran en plena crisis financiera y sin márgenes de acción (a cambio, aceptan instrumentar los programas ortodoxos de estabilización y las reformas estructurales neoliberales que les son impuestos); y porque las elites comparten las directrices del neoliberalismo, las cuales, económica y políticamente, les resultan rentables, y les otorgan legitimidad y confianza ante los “mercados”.

Con sus contrarreformas estructurales, entre ellas la reprivatización petrolera y la eléctrica, y su política de “consolidación fiscal” de 2015-2018 –como ahora se le dice al ajuste fiscal por el lado del gasto no financiero y los gravámenes regresivos–, los peñistas reafirman la dominación y la continuidad neoliberal.

Tempranamente, en 1976, el economista marxista André Gunder Frank, en sus cartas abiertas dirigidas a los Chicago boys Milton Friedman y Arnold Harberger, padrinos del primer programa de choque en regla, parido en un baño de sangre, calificó a éste de “genocidio económico”.

Esa historia, originalmente diseñada para el mundo subdesarrollado, fue impuesta en la Unión Europea, la eurozona y, en menor medida, en Estados Unidos, a raíz de la segunda gran depresión (2007-…) que estalló en esos lugares.

En su trabajo Los límites del keynesianismo (enero de 2015), Husson señaló que “resulta chocante constatar que los países que han sufrido la austeridad presupuestaria (y salarial) más fuerte son también países en los que los beneficios se han restablecido de forma neta. Los países de la periferia (Grecia, España, Portugal e Irlanda) han recuperado la tasa marginal a pesar del hundimiento de su economía y de la explosión del paro [desempleo]”.

Pese a ese “cinismo hipócrita de las políticas de austeridad”, agrega Husson, éstas no deben analizarse “como políticas ‘absurdas’ o deficientes, sino como una terapia de choque que, más allá de sus efectos colaterales negativos, buscan alcanzar tres objetivos combinados: restablecer los beneficios, liquidar lo más posible las conquistas sociales y proteger las instituciones financieras y bancarias de una desvalorización de sus activos”.

Si bien la reducción salarial permitió restablecer la tasa de beneficio, no ha garantizado la reactivación capitalista, continúa Husson, que se pregunta: “¿Quién va a comprar las mercancías producidas por la clase asalariada cuyo poder de compra avanza a una velocidad inferior que la del valor producido?”.

Pero lo anterior es justamente lo que se busca con la contención salarial, del consumo, la inversión, la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal y de las cuentas externas, que limitarán las necesidades de financiamiento internacional. Lo que se pretende es generar excedentes de bienes para orientarlos hacia el mercado internacional y generar las divisas necesarias que garanticen el pago del servicio de la deuda pública y privada.

Ése siempre ha sido el sentido de los programas de choque.

El problema es que los demás países aplican simultáneamente. Hay más vendedores que compradores, lo que ha frustrado el ritmo de la reactivación internacional.

A los perniciosos efectos recesivos del ajuste fiscal monetarista y del lento crecimiento internacional, debe añadirse otra medida ortodoxa que ha fracasado en su intento por tratar de reanimar a las economías: la política monetaria de tasas de interés nominales cercanas a cero por ciento (Zero Lower Bound) –de 0 por ciento-0.25 por ciento de la Reserva Federal estadunidense, 0.05 por ciento del Banco Central Europeo, 0.1 por ciento del Banco Central de Japón, de 3 por ciento del Banco de México–, negativas en términos reales. En los casos extremos, el Banco Nacional Suizo (BNS), desde el 18 de diciembre de 2014, aplica tasas negativas para la transferencia de activos (-0.75 por ciento), y el Banco Central de Dinamarca redujo sus tipos de depósito de referencia a -0.5 por ciento, en ambos casos para tratar de contener los furiosos ataques especulativos en contra de sus monedas.

Esa política monetaria expansiva ha sido inoperante para acelerar la reactivación económica y ha limitado la capacidad de acción de los bancos centrales.

El propio Banco de Pagos Internacionales y la Reserva Federal han admitido que ese tipo de política monetaria ha sido completamente incapaz de resolver la crisis financiera y relanzar el crecimiento.

Lo mismo ha sucedido con las masivas inyecciones de liquidez, conocidas como “estímulos monetarios (QE, sigla de quantitative easing), recursos que, en lugar de orientarse hacia las actividades productivas, sólo han servido para generar nuevas burbujas especulativas, sobre todo en los mercados financieros como los de México, los cuales actualmente se estremecen ante los movimientos de los capitales de corto plazo.

Adicionalmente, se ha suscitado otro fenómeno no menos nocivo: la llamada “trampa de la liquidez”. Es decir, esa situación en donde los tipos de interés se encuentran muy bajos, próximos a cero por ciento y, sin embargo, los recursos no son empleados para el consumo y la inversión, sino que las personas prefieren conservar el dinero antes que invertirlo.

Es obvio que a la población siempre le resultará digerible el discurso neoliberal que dice que los males económicos, el alza de impuestos y de precios de los bienes y servicios estatales, el endeudamiento y el déficit público, se deben al derroche, la corrupción o la ineficiencia, entre otras lindezas, de la elite política.

Sin duda esos calificativos son plenamente justificados por la elite político-empresarial mexicana. Sin embargo, existen otros factores económicos de mayor envergadura que ofrecen una mejor explicación de los problemas fiscales del Estado: la regresividad de la política tributaria; la baja recaudación asociada al bajo crecimiento y los problemas de empleo; el boquete ocasionado por la dependencia de los ingresos petroleros; los subsidios otorgados al sector privado.

El sentido común del despilfarro o la corrupción ofrecen la coartada para el recorte del gasto, tal y como quiere el gobierno peñista.

Pero como dice Marshall Auerback, economista del Roosevelt Institute: “Las elites que se escandalizan contra este gasto público vienen a ser como alguien que proporciona a otro cinco paquetes de cigarrillos al día para luego indignarse del hecho de que su beneficiario hubiera contraído irresponsablemente un cáncer de pulmón”.

Auerback añade que “hay pruebas empíricas abrumadoras de que esa hipótesis es falsa y de que la puesta en práctica de políticas fundadas en esa hipótesis causan daños –que afectan a generaciones enteras– en términos de caída en el volumen de producción, de ingresos, de empleos y de quiebras empresarias” (Alfredo Zaiat, Austeridad).

Por desgracia, los peñistas adaptaron esa estrategia desde 2015 y la mantendrán lo que resta de su mandato, con sus consecuentes efectos recesivos, de desempleo y pobreza, temas que veremos en la siguiente entrega.