El caso Iguala y la Sedena, I y II

Carlos Fazio

El 16 de diciembre, a casi 15 meses de la tragedia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que en el expediente del caso Iguala no hay cerrazón ni carpetazo al tema. La investigación continúa. El funcionario dijo que se buscan nuevas líneas de investigación para saber qué sucedió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas detenidos y desaparecidos por agentes del Estado mexicano, y pidió dejar a un lado las especulaciones respecto del basurero de Cocula, con lo que pareció apartarse de la verdad histórica del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, quien el 27 de enero último afirmó: “Sin lugar a dudas (…) los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero) y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

No obstante, y a pesar de la aparente disposición del gobierno federal a tomar nuevas rutas en la investigación, los familiares de los desaparecidos afirman que aún hay fuerte resistencia para que soldados del 27 batallón de infantería de Iguala, quienes estuvieron presentes en los escenarios de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, puedan ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde el inicio de su trabajo, el GIEI señaló la importancia de entrevistar a personal del batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de búsqueda. Durante meses, la respuesta del Estado Mexicano fue que se estaba evaluando la petición; después, que el mecanismo sería la PGR; luego, que no sería dicha institución por motivos legales, y finalmente que el GIEI tendría que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las declaraciones. Como señaló el grupo, eso contrasta con que el Estado les pidió facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, cosa que ellos hicieron para generar confianza, y en esa toma de declaraciones estuvieron presentes como parte de la investigación.

Cabe consignar que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 y de que éstas eran muy relevantes sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del Ejército, tal como había alertado el GIEI. Incluso, los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados 11 militares se presentaron a dar su declaración o a ampliarla ante la PGR, sin que esa diligencia se informara al GIEI, la cual actúa como coadyuvante en el caso. Esos 11 militares están en una lista de 27 proporcionada por el GIEI a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. A pesar de la marrullería de la PGR, el GIEI analizó las declaraciones de los soldados, pero debido a la forma en que se tomaron (a la mexicana, pues) no se sabe qué preguntó el MP en los interrogatorios. A juicio de los expertos, tales declaraciones dejan muchos aspectos claves pendientes de profundizar.

Existen evidencias de que al menos 36 oficiales y soldados pertenecientes al 27 batallón de infantería, entre ellos integrantes de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI, inteligencia militar) y el propio comandante de la unidad, coronel José Rodríguez Pérez −quien estuvo en contacto permanente con su superior, el general Alejandro Saavedra, a cargo de la 35 Zona Militar−, estuvieron en parte de los escenarios de los crímenes, lo que para el GIEI da cuenta de una coordinación central u operativa de las fuerzas de seguridad del Estado, y de un mando que dio las órdenes hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes.

Por ello el GIEI considera que se necesita rentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos. El GIEI ha preparado un documento con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial. Sin embargo, el grupo señala que si no está presente en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, repreguntar sobre la misma ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.

El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha asumido el caso como algo personal y es el principal obstáculo para que se pueda cumplir con la petición del GIEI. El 5 de octubre, el jefe de la Sedena escenificó una inusual comparecencia mediática en el principal noticiario de Televisa, donde reiteró su negativa a que integrantes del GIEI hablen con los soldados del 27 batallón. Dijo: “Es muy grave querer involucrar al Ejército en estos hechos, sólo porque a alguien se le ocurrió (…) Nosotros sólo respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas (…) No estoy dispuesto a permitir que gente desconocida, que no son mexicanos (…) interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahora, ningún delito (...) ¿Qué quieren saber? Ya está todo declarado. No puedo permitir que los traten como criminales (…) Esa es mi posición y de ahí no me voy a salir”.

El 20 de octubre, en Washington, la presidenta de la CIDH y el relator para el caso México, Rose Marie Antoine y Ja­mes Cavallaro, respectivamente, preguntaron a los subsecretarios Roberto Cam­pa y Eber Omar Betanzos si la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario del ramo dependen del Presidente de la República y de la autoridad civil, y si el jefe de la Sedena puede decidir quién sí va o no a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del jefe del Ejecutivo. Si bien Campa respondió que el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas, para sus interlocutores no quedó claro el asunto…

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Las razones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para entrevistar a 27 oficiales y soldados del 27 batallón de infantería del Ejército en Guerrero son simples. Como se decía en la entrega anterior, sus testimonios pueden resultar clave para la dilucidación de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 en Iguala. A su vez, las preguntas formuladas en Washington a dos subsecretarios de Estado mexicanos (Roberto Campa y Eber Omar Betanzos) por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por el relator para el Caso México, Rose Marie Antoine y James Cavallaro, respectivamente, en el sentido de que aclararan quién manda en México, si el presidente de la República o el secretario de la Defensa, tenían que ver con la negativa del jefe del Ejército, general Salvador Cienfuegos, a colaborar con las indagatorias judiciales del caso.

Como surge de la propia investigación de los expertos –esa gente desconocida, que no son mexicanos, según los calificó el general Cienfuegos–, hay suficientes elementos que indican que la presencia del Ejército en varios escenarios de los crímenes puede resultar crucial para el conocimiento de qué ocurrió realmente.

Existen evidencias de que soldados del 27 batallón al mando del capitán José Martínez Crespo fotografiaron, interrogaron, amenazaron y agredieron verbalmente a 25 estudiantes y un maestro en la Clínica Cristina, donde además negaron asistencia médica al normalista Édgar Andrés Vargas, quien herido de un balazo en la boca, estaba ahogándose en su propia sangre.

Otro dato relevante es la declaración ministerial del médico responsable de la Clínica Cristina, Ricardo Herrera, quien llegó al recinto hospitalario después de que se habían retirado los soldados y prácticamente exoneró al capitán Martínez Crespo y sus hombres de cualquier tipo de responsabilidad. Su testimonial respondió a un pedido del general Alejandro Saavedra, mando de la 35 Zona Militar con sede en Chilpanginco, y la rindió en el batallón 27 de Iguala, luego de platicar con personal de la justicia militar. ¿Fue aleccionado Herrera por elementos de la justicia castrense acerca de qué declarar y cómo? ¿Rindió falso testimonio ante la justicia? ¿Dio por válidas esas declaraciones la Procuraduría General de la República (PGR)?

Está comprobado también que dos escuadrones del Grupo de Fuerza de Reacción (GFR) patrullaron esa noche las calles comandados por el capitán Martínez Crespo y un teniente no identificado. Los soldados llevaban fusiles G-3, arma habitual del Ejército. En dos de los escenarios de los crímenes, personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero –que realizó las primeras diligencias hacia las 3:20 horas del 27 de septiembre– encontró casquillos percutidos calibre 7.62 (que corresponden a los fusiles G-3) y 5.56, utilizados por los fusiles G36 y Beretta, armas usadas por la policía municipal de Iguala. Otra información significativa es que en su segunda salida del cuartel, hacia las 23 horas, el teniente que estaba al mando de uno de los GFR ordenó cambiar una camioneta Cheyenne por un vehículo blindado y artillado Sand Cat, que llevaba en la escotilla a un soldado empuñando una ametralladora.

De lo anterior surgen varias interrogantes inquietantes: si desde que habían salido de Tixtla, las autoridades de distintos niveles del Estado mexicano sabían que los estudiantes de la normal iban desarmados, ¿por qué el Ejército salió a patrullar con un vehículo artillado Sand Cat? ¿Por qué y contra quién dispararon sus fusiles G-3 los soldados? ¿Por qué no se les hizo la prueba de rodizonato de sodio a quienes accionaron los G3? De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, la PGJ y la PGR debieron tomar y conservar todas las pruebas de la existencia de armas de fuego, proyectiles, balas y casquillos o cartuchos. ¿Por qué nunca hicieron pruebas de balística y del armamento utilizado por los soldados del 27 batallón?

Asimismo, según consta en el expediente de la PGR, a través del sistema del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), las fuerzas armadas, la Policía Federal, el Cisen y distintas estructuras de seguridad de Guerrero monitorearon en tiempo real a los estudiantes de Ayotzinapa desde su salida de la normal. Con base en las declaraciones del coordinador de Protección Civil de la Zona Norte del estado, lo novedoso es que esa noche el Ejército manejó la información del C-4 de manera restringida en los momentos en que se estaban dando los ataques contra los normalistas: entre las 22:11y las 23:26 (una hora y 15 minutos) y entre las 23:26 y las 2:21(casi tres horas).

Dichos periodos coincidieron con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Álvarez y Periférico norte, donde fueron detenidos la mayor parte de los 43 estudiantes desaparecidos, y con la agresión en el mismo lugar –cuando se llevaba a cabo una rueda de prensa–, donde fueron asesinados a quemarropa dos estudiantes (Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez), otro resultó herido de gravedad (Édgar Andrés Vargas) y fue detenido Julio César Mondragón, quien luego apareció muerto y con señales de tortura.

Las preguntas obvias son: ¿por qué la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) restringió, bloqueó o desapareció las comunicaciones del C-4 por espacios prolongados en ambos momentos clave? ¿Por qué nunca explicaron Murillo Karam y su sucesora en la PGR, Arely Gómez, esos silencios y cortes en las comunicaciones, que podrían ser clave para la dilucidación del caso?

Lo anterior pone en evidencia la pertinencia del pedido del GIEI de entrevistar a oficiales y soldados del 27 batallón para que aporten o aclaren datos que pueden ayudar a esclarecer los hechos, sin perjuicio de que a la postre pudiera comprobarse que por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, algunos pudieran tener algún grado de responsabilidad, misma que alcanzaría a sus superiores jerárquicos en la cadena de mando.