México perdió en panel del T-MEC sobre maíz transgénico

El panel del T-MEC sobre maíz transgénico falló contra México en la disputa que abrió Estados Unidos, luego de que el gobierno del presidente López Obrador publicó un decreto para prohibir el consumo humano de ese grano modificado genéticamente, y con ello proteger el principal reservorio de ese alimento.

Constituido conforme al capítulo 31 (solución de controversias) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el panel resolvió que algunos elementos del Decreto sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023– no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.

De acuerdo con el Informe Final sobre el caso México–medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado (MEX-USA-2023-31-01), el panel determinó que las medidas aplicadas por México para la prohibición del consumo humano del maíz transgénico son de carácter sanitario y fitosanitario, en el sentido del Artículo 9.2 del T-MEC, y que las medidas son incompatibles con las siguientes disposiciones del T-MEC:

“a. El Artículo 9.6.3, porque las medidas no se basan en normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes, ni en una evaluación adecuada a las circunstancias del riesgo para la vida o la salud de las personas, los animales o la preservación de los vegetales;

“b. el Artículo 9.6.8, porque México no realizó una evaluación del riesgo tomando en cuenta las normas, directrices y recomendaciones internacionales relevantes de las organizaciones internacionales relevantes;

“c. el Artículo 9.6.7, porque México no llevó a cabo una evaluación del riesgo ni un manejo del riesgo con respecto a las Medidas de manera documentada y brindando a las demás Partes del T-MEC la oportunidad de comentar;

“d. el Artículo 9.6.6(b), porque las medidas no se basan en principios científicos pertinentes;

“e. el Artículo 9.6.6(a), porque las medidas no se aplican sólo en la medida necesaria para proteger la vida o la salud de las personas, los animales o preservar los vegetales;

“f. el Artículo 9.6.10, porque México no seleccionó medidas SFS [sanitarias y fitosanitarias] que no entrañen un grado de restricción del comercio mayor del requerido para lograr el nivel de protección que consideró adecuado; y

“g. el Artículo 2.11, porque México adoptó o mantiene una prohibición o restricción a la importación de un bien de otra Parte.”

Además, el panel se pronunció acerca de la defensa que esgrimió nuestro país para mantener la prohibición del maíz transgénico. Al respecto, los expertos fallaron que:

“a. las medidas no están amparadas por las excepciones previstas en el Artículo XX(a) y (g) del GATT de 1994 y, en consecuencia, no están justificadas de conformidad con el Artículo 32.1.1 del T-MEC; y

“b. las medidas no están justificadas conforme al Artículo 32.5 del T-MEC.”

Por ello, el panel recomendó que “México ponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones en el marco del T-MEC en virtud de los Capítulos 2 y 9 del T-MEC. El panel acepta que México está tratando de abordarpreocupaciones genuinas de buena fe, y sugiere que dichaspreocupaciones podrían canalizarse a través de un proceso adecuado de evaluación del riesgo, medidas basadas en principios científicos y un diálogo entre todas las Partes del T-MEC para facilitar un camino constructivo hacia adelante”.

Al respecto, las secretarías de Economía y de Agricultura manifestaron, en un comunicado conjunto, que “el gobierno de México no comparte la determinación del panel, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es Parte. A pesar de ello, el gobierno de México respetará la determinación, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado, como quedó demostrado en el caso sobre Reglas de Origen del sector automotriz que resultó favorable para México”.

Además, reiteró “su compromiso de proteger valores fundamentales como la salud, la moral pública, la conservación de los recursos naturales, la cultura de la población mexicana y los derechos de los pueblos indígenas, los cuales fueron reconocidos por el Panel como preocupaciones legítimas. México, a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y sus demás dependencias, seguirá buscando reivindicar los derechos de todos los mexicanos y mexicanas, de conformidad con las obligaciones internacionales que ha adquirido”.

Por su parte, el gobierno estadunidense celebró el fallo. La representante Comercial del vecino país, Katherine Tai, anunció el triunfo en su disputa bajo el T-MEC, que impugna ciertas medidas biotecnológicas mexicanas relacionadas con el maíz genéticamente modificado. Al respecto, expuso que el panel del T-MEC estuvo de acuerdo con Estados Unidos en las siete reclamaciones legales, y concluyó que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que México acordó proporcionar en el T-MEC.

“La decisión del panel reafirma las preocupaciones de larga data de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto perjudicial en las exportaciones agrícolas estadounidenses”, dijo Katherine Tai.

Muñecas rusas. La victoria Trump y sus aparentes paradojas

ALDO MAZZUCCHELLI / El rumbo civilizatorio intenta aquí ser el compás que nos ayude a salir de las comunes explicaciones “politológicas” que se están ofreciendo. Nada hay más importante que la catástrofe del discurso woke luego de la elección norteamericana. Ese discurso era la llave maestra que preparaba a la ciudadanía para la mecánica de miedo-control propia del globalismo occidental en su fase decadente.

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Roto su mecanismo de propaganda global, el discurso de miedo-control entra en un momento más radical. Si la supuesta omnipotencia de una supuesta “elite globalista oculta” (?) no fue capaz de impedir la elección de Trump, entonces se abren dos explicaciones. Para la mirada conspirativa -tan en boga-, es un complot dentro del gran complot, y la elección de Trump es un avatar más en el rumbo al inexorable control de la humanidad entera por el proyecto cyber-globalista. Para quienes miramos desde lo civilizatorio, simplemente hay fuerzas contrarias en disputa, que corresponden a diversas civilizaciones, que si bien están muy interconectadas, siguen teniendo sus propios intereses e iniciativas. En este caso, la civilización occidental toda -con Trump, los neoconservadores, Davos, la city de Londres, y todo lo demás- es solo una de ellas. El proyecto globalista siempre quiere que creamos que no hay nadie más en el mapa.

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Trump aplastó el 5 de noviembre a su rival Kamala Harris en la elección norteamericana. Es más fácil observar las obviedades sociológicas y políticas ligadas con ese resultado, que ponerlo en perspectiva respecto del rumbo civilizatorio occidental. Trump venció a la forma más extendida de narrativa globalista -según la cual, lo que ocurrió es una anomalía casi imposible de concebir-. Pese a ello, esa victoria difícilmente cambie los rumbos principales de Occidente como civilización.

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Pese a que Trump haya nombrado a guerreristas y políticos afines al complejo militar industrial para los cargos vinculados a la política exterior, una cosa es lo que el guerrerismo norteamericano declara, y otra lo que podría hacer. En ese sentido, la instalación del multipolarismo y la derrota del globalismo parecen, a esta altura, aun más inevitables que antes. Esto depende de la correlación de fuerzas a nivel militar, de la capacidad tecnológica y de acceso a energía y recursos de los distintos actores, y de las alianzas estratégicas internacionales. Estos asuntos, sobre todo el primero y el segundo, son bastante independientes de quién haya ganado la Casa Blanca. 

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El discurso globalista que venía dominando la narrativa en todos los medios, eliminando de ellos toda oposición, está enfrentando su mayor crisis tras su catastrófica derrota electoral. La esencia de ese discurso es la supuesta instalación global del transhumanismo y la inauguración de cierta utópica poshumanidad cyborg. Su destinatario es el sujeto de clase media o superior, en contacto con el mundo tecnológico, con muy poco contacto directo con el mundo productivo, y con una visión informada por la narrativa universalista constitutiva de Occidente. A ese sujeto, tal discurso le promete maravillas en cuanto al poder de manipulación objetual, material -incluido su propio cuerpo. Como todo discurso de manipulación y control, su fondo es el miedo, del cual la necesidad de control surge.

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Ese miedo se despliega en la aceptación de la necesidad, por parte del ciudadano, de la intervención y la vigilancia. La intervención del poder y el estado, y la vigilancia respecto de supuestos enemigos. Estos son, por ejemplo, el terrorista de civilizaciones extrañas, los agresores del medio ambiente que crean el “cambio climático”, la “desinformación”, los conspiradores de cierta super elite oculta, o el virus íntimo, biológico o informático. Para el ciudadano que ha adoptado la narrativa global-transhumanista, este espectro de agresores es válido. Lo es tanto para el mundo woke y su sensiblería, como para el milenarismo de todo signo, con su paranoia. Lo que los une es la creencia en explicaciones binarias que generan parálisis, y respecto a las que no se concibe otra actitud que el miedo. 

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Respecto a la intervención, el estado tiene un arsenal tecnológico a disposición de sí mismo y de los intereses fiscales y militares que lo caracterizan, que finge poner a disposición del ciudadano. Vigilando los ingresos para confiscar, dice que está protegiendo a la sociedad del lavado. Vigilando a los ciudadanos en cada uno de sus movimientos con cámaras e inteligencia artificial, dice que está alerta en las calles para prevenir la delincuencia. Vigilando el gasto de cada persona con fines de marketing y eventual coacción, dice que el dinero digital será la cura de todas las incomodidades. Esta tendencia a la hipermediación y tecnologización de la existencia no es afectada por las elecciones, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Es el resultado automático del avance técnico, y forma parte de lo dado a la existencia humana en este tiempo. Lo que está en juego no es si habrá avance técnico en el sentido que lo vemos hoy: lo habrá. Lo que está en juego es cómo lo usamos, si para vigilar y controlar, o si para comunicar, elevar la conciencia y organizar mejor lo material y social. Pero la administración y uso inteligente de la tecnología sólo formará parte de la política cuando los ciudadanos estemos suficientemente conscientes y educados como para imponerlo sin más. Hasta entonces, es un factor supra-civilizacional que el poder viejo -el poder centralizado que considera a los hombres como medios para sus fines- intenta usar para preservarse. 

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El rumbo de una civilización puede variar. Según los estudios de Quigley, Occidente ha estado al borde de pasar a la fase decadente de “imperio universal” al menos dos veces en el pasado (hacia fines del siglo XV, y hacia fines del XIX), y lo ha evitado, saltando cada vez a una nueva fase expansiva nunca vista. En el caso más actual, es plausible considerar, como lo anticipó Huntington, que a partir del colapso del socialismo real, Estados Unidos encabeza una fase de imperio universal que está mostrando, en lo que va del siglo XXI, claros signos de decadencia civilizatoria. Desde el abandono generalizada de las creencias y principios característicos de la civilización, a la crisis demográfica, la caída en la natalidad y la inmigración masiva, el cabaret financiero, y la ineficacia en la producción de armamentos, todos son considerados síntomas de decadencia por distintos teóricos civilizatorios, de Spengler a Huntington, pasando por Toynbee, Quigley o Melko. ¿Será capaz Occidente de retomar un nuevo rumbo expansivo?

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¿Podría lograrse tal cosa antes de que el rumbo actual colapse? ¿Cómo? ¿Cómo “convencer” a la locomotora neocon y el estado profundo para que permitan un cambio de era entregando el poder material y simbólico que es su única razón de vida? No parece posible un cambio sin una crisis civilizatoria mayor.

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De todos modos, cuando se dice “decadencia de Occidente”, lo que se dice no es más que eso. No es necesariamente desaparición física de Occidente. No se trata de que Estados Unidos y Europa se convertirían en el imperio maya del siglo XVI.
Es perfectamente posible pensar un mundo multipolar donde Occidente encuentre, a su tiempo, una nueva fase expansiva. En las actuales condiciones tecnológicas, donde el poder militar y de comunicaciones alcanza al globo entero, es necesaria la coexistencia entre civilizaciones distintas. Eso es, finalmente, el multipolarismo. Lo contrario es lo que hemos tenido durante siglos, y paroxísticamente durante los últimos 33 años: globalismo unipolar. Es decir: la pretensión de elites norteamericanas y europeas de que el mundo entero deberá adoptar por fin la civilización occidental. Eso es lo que está fracasando. Pensar que lo que está fracasando es “la economía mundial”, o pensar que “todos son lo mismo de Trump a Xi Jinping, y que todos están coordinados en un plan global”, aparte de una estupidez paranoica, es no entender que lo civilizatorio está muy por encima de lo meramente económico. El mundo no se organiza en una economía global controlable centralmente, sino en una miríada de intereses contrapuestos, que funcionan en sistemas interconectados pero distintos. Y las civilizaciones tienen todo que ver con la preservación de este nivel de diferencia, que el globalismo occidental, con la promoción de su término neolengua de “diversidad“, ha intentado ahogar.

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La distopía globalista tuvo su realización fundamental en el modelo de unas Naciones Unidas controladas por el poder anglo. Lo fundamental de ese modelo es la mentira en que se ha convertido. Esa mentira es resultado de intentar que los intereses de múltiples civilizaciones se hagan controlar por el interés particular del poder anglo. El elemento fundamental de las Naciones Unidas, lo que las hace globalistas, es que venden los valores de las elites occidentales como si fuesen los intereses obvios de la humanidad.

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Tales valores pseudo “humanistas” son ahora la traducción ideológica del interés de las corporaciones. Por eso la “izquierda”, que siempre ha sido humanista, ha comprado ahora ese verso, como forma de prolongación de su imprescindible necesidad de sentirse universalmente superiores. Víctimas superiores, mejor dicho. Las corporaciones precisan eliminar el derecho local y destruir el estado nación con el fin de debilitar la resistencia cultural que representa. Las corporaciones, por tanto, hablarán siempre de “derechos humanos” y de las supuestas víctimas de la supuesta ausencia de tales derechos (normalmente, en otras civilizaciones), como modo de eliminar la interpretación particular de los derechos de su gente que haga el mundo islámico o chino o ruso o indio o africano, a diferencia de la interpretación que hace el mundo europeo-anglosférico. Las corporaciones siempre representan un mundo sin fronteras donde todo debe fluir, y la gente debe luchar por objetivos inventados, y combatir enemigos imaginarios. Así “luchar contra el cambio climático”, “unirse contra las amenazas sanitarias comunes”, “favorecer las migraciones masivas hacia los países centrales”, “combatir las autocracias”, son otros tantos deseos de las corporaciones occidentales traducidos a ideología “humanista”, es decir, globalista.

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A diferencia de esa mirada ideológica, es posible pensar en cambio que está bien que haya distintas civilizaciones, y que haya distintos valores en cada una, formas de organización, modos de entender las relaciones entre las personas, diferentes religiones y creencias trascendentes, diferentes modos de relacionarse con los recursos naturales, diferentes formas de organización del poder, etc. Está bien que haya diferencias reales, y variedad notable entre distintas experiencias de la vida. Querer unificarlas viene de un deseo de volverlas operativas a un plan general. Occidente ha presentado siempre el interés de sus negocios y su expansión como si fuera el interés de los demás, bajo la forma “es el interés humano”. No hay tal. Ante la impotencia occidental por imponer su sistema al resto, esto se vuelve transparentemente claro. La desesperación de las elites europeas y anglosféricas ante este fenómeno está más intensamente a la vista en estos meses, que nunca antes.

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Los “valores occidentales” que se pretendieron con alcance transcivilizatorio -la “libertad de mercado”, la “democracia”, su “igualdad” materialista, siempre entendida cuantitativa y linealmente, o el “liberalismo” como manejo de la libertad comercial desde el punto de vista del mango del sartén- están recibiendo su necesario ajuste. 

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O la alianza de controladores y paranoicos logra su objetivo milenarista y tenemos Tercera Guerra Mundial nuclear en Europa, lo cual traería quizá aparejada la destrucción de cualquier forma de civilización occidental operativa, o no se llega a esa situación, en cuyo caso el estallido de Occidente tomará tal vez la forma lenta de un largo crepúsculo, o la rápida de crisis económicas, de motines y levantamientos colectivos, o de factores externos, como catástrofes naturales.

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En ambos casos, el rumbo de Occidente parece insistir en ir hacia el ahondamiento de su propia decadencia. Esa decadencia es notable en el mundo simbólico, en todo lo que toca a los valores occidentales fundamentales. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, que quienes vienen controlando el rumbo civilizatorio han denominado “una idea de extrema derecha”, con lo cual todo el espectro político, incluyendo a todo el mainstream político “liberal”, ha pasado a considerar algo normal que se combata la libre expresión de las ideas que a esos grupos no les gustan. Es más: los que acusaban de paranoia a los demás mientras ejercían la censura, ahora, con el resultado electoral norteamericano de noviembre, viendo peligrar su mundo, se han colocado rápidamente en un completamente imaginario rol de víctimas. En efecto, la “izquierda mainstream” de los últimos 40 años solo se entiende a sí misma como víctima, o intérprete de supuestas víctimas.

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Así, el conjunto de periodistas que se organiza bajo el nombre de European Federation of Journalists, luego de haber censurado en los medios que controlan toda la información contraria al poder oficial en todos los temas importantes de los últimos años, luego de haber promovido la terapia experimental y eliminado todas las advertencias científicas críticas al respecto, y luego de haber publicado la propaganda de odio de la guerra globalista que montaron en Ucrania, ahora han resuelto dejar de postear en X a partir del 20 de enero de 2025. ¿Razones? “«La evolución editorial de X, desde su adquisición por Elon Musk, está sencillamente en contradicción con nuestros valores humanistas, nuestro compromiso con la libertad de prensa y el pluralismo de los medios, y nuestra lucha contra todas las formas de odio y discriminación.”

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Efectivamente, los valores de la oficialidad mental del Occidente woke-globalista son censurar todo lo que contradice los objetivos del poder, eliminando la libertad de expresión de ideas diferentes. Por lo tanto, es natural que cuando una red -la única de las grandes- efectivamente elimina la censura, y naturalmente se inunda de críticas a las mentiras del sistema, aparezca este tipo de rabieta. Simplemente, a todo lo que contradice tal mirada infantil del mundo, lo llaman “desinformación”. Es un mecanismo mágico. Dado que ese periodismo sistémico se la jugó entera por el discurso globalista-woke, y les salió mal, y la gente les va dando la espalda masivamente como acaba de ocurrir en EEUU, ahora quieren construir canales de información donde no tengan que ver que hay gente rara que ‘desinforma’. Para ello, dado que no quieren salir de su burbuja ni quieren ver los hechos, han creado una nueva red, BlueSky, que va a estar controlada por el woke -como lo estuvo Twitter hasta 2023-, en donde van a censurar todo lo que no les guste oír. Lástima que, como van a estar en una nueva burbuja de autoconfirmación que ignorará la realidad y la verdad, les irá igual de mal que hasta ahora. Esa red no será más que otro refugio, solo que más frágil y cada vez más minúsculo, contra la verdad y la realidad.

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En ningún lado la verdad y la realidad de toda esta coyuntura civilizatoria está más a la vista que en Ucrania. Por eso la guerra de Ucrania ha sido la cruz de los caminos para Occidente. Por eso la narrativa que se instaló en los medios es la que es. Y debido a que Occidente está en decadencia y es incapaz de ver sus propios mecanismos, la situación en Ucrania es la que es hoy, y la narrativa falsa explota. El aprendizaje fundamental de la guerra de Ucrania, para el Occidente anglosférico, será recordar la obviedad de que la guerra no se gana en los periódicos, ni en la prensa, ni en el mundo virtual. Será, en breve, un brusco aterrizaje en la verdad material -no materialista– de los hechos fundamentales de la vida. 

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Así que la situación en Ucrania finalmente ha sido admitida. La narrativa atendida por sus propios dueños ha tenido, finalmente, que admitir la falsedad de su fundamento, y la mentira de la mayoría de detalles que han venido dando. El día 17 de noviembre de 2024, el New York Times ha publicado un editorial, firmado por Megan Stack, specialista en politica exterior del Times, antes corresponsal en China, Rusia y otros lugares. La señora Stack escribe, finalmente, luego de dos años y medio, esto: 

“Los funcionarios estadounidenses suelen describir esta guerra en términos nobles, ensalzando su inquebrantable apoyo -por valor de 175.000 millones de dólares- a la heroica Ucrania en la lucha contra el monstruo del Sr. Putin. A veces, sin embargo, son más directos, como cuando el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas en Polonia, un par de meses después de la invasión, que Estados Unidos quiere ver a Rusia «debilitada». El comentario sugería que Estados Unidos convertiría en arma el patriotismo ucraniano, y quemaría vidas ucranianas, porque una guerra prolongada -incluso una guerra que probablemente no iba a poder ganarse- convenía a los intereses de Estados Unidos para mermar el poder de resistencia del Sr. Putin.
Creo que es correcto calificar a Ucrania de guerra por delegación, porque creo que es razonable concluir que la administración Biden ha apoyado la guerra no sólo por deferencia a la justa determinación ucraniana de luchar contra Rusia, sino también porque la guerra era una oportunidad de debilitar a nuestro enemigo sin enfrentarse directamente a él.“

La señora Stack admite, el NYT admite, y el estado profundo del país líder de Occidente admite ahora, en su narrativa explícita, que esta guerra fue promovida para debilitar a Rusia.

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Debilitar a Rusia fue el objetivo perseguido, efectivamente, desde los años 90 cuando Estados Unidos maniobró para quedarse con los recursos rusos por la vía de corporaciones en manos de “oligarcas rusos” controlados por la city de Londres y por Washington. Debilitar a Rusia fue uno de los varios objetivos de las maniobras de integración de los países de Europa oriental por parte de la OTAN y la Unión Europea, en las sucesivas oleadas de expansión al Este en los años 2000.  Debilitar a Rusia fue el objetivo de la “revolución Naranja” ucraniana de 2005. Debilitar a Rusia fue el objetivo de la “revolución democrática” del Maidan, un vulgar golpe de estado de los centenares que ha dado la CIA, con la misma metodología, y con llamada de Nuland al embajador Pyatt digitando presidente a disposición de quien quiera escucharla.
Todo lo que hizo el señor Putin desde que tomó el poder -incluyendo nacionalizar empresas controladas por la city londinense, que habían hecho sus negocios via oligarcas en los años 90- fue fortalecer a Rusia. Llegado el momento, Putin iba a dejar de negociar, como negoció durante 22 años, con Estados Unidos, e iba a imponerse por las armas. Ese momento llegó en 2022. Estados Unidos, Occidente, en su soberbia de “Rusia es una estación de servicio con un ejército”, creyó que bastaría “sancionar” y “aislar” la economía rusa, para que la administración Putin cayese, y la guerra terminase en un colapso de la última resistencia real al poder globalista.

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Si ahora EEUU admite que ha provocado una guerra por delegación con el objetivo de debilitar a Rusia, es claro entonces que la guerra no fue -como decía el NYT antes- una invasión “brutal e inmotivada del Sr. Putin”. Es claro también que a los EEUU no les interesó nunca el asunto de la “defensa de la democracia”, como no les ha interesado jamás. También es claro que no les interesó la suerte real de Ucrania -si les hubiera interesado, no habrían hecho fracasar el acuerdo de paz alcanzado en abril de 2022, por el cual Ucrania mantenía todos sus territorios en el este, que ahora ha perdido. Si les hubiera interesado, no habrían lanzado oleada tras oleada de valientes patriotas ucranianos a la muerte, a manos de la cuarta parte del ejército más poderoso de la tierra. Si les hubiera interesado, no habrían mentido que la victoria era posible. El objetivo era “debilitar a Rusia”, nos admite ahora la señora Stack. Por tanto, ahora que Europa intenta sus últimas formas de provocación armada, con el fin de que una catástrofe global los salve a ellos, el objetivo sigue siendo debilitar a Rusia.

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No porque Rusia sea una amenaza para los territorios europeos, ni un estado imperialista con deseos de expansión hacia el oeste, o deseoso de exportar su propia cultura política. Todo eso es puro y claro bullshit propagandístico para consumo de wokes inexperientes y emocionados. Lo que pasa es que Rusia es el espejo y el testimonio principal e invencible de la decadencia de Occidente. Y al serlo, el señor Putin y Rusia, simplemente han dicho que no, poniendo su ejército por delante, al plan globalista occidental, y a su ideología. Pudo entonces el señor Putin ser pues presentado como un demonio y un nuevo Hitler petiso, como el malvado autócrata que se negó a imponer la ideología woke en sus colegios primarios y secundarios, y se negó a dejar que las ONG de Soros campeasen a sus anchas en Rusia. Pero todo eso es secundario. Lo principal es el odio a Putin y a Rusia porque su existencia -y sobre todo, su poder militar- niegan las ilusiones globalistas de Occidente. Eso es lo que esta civilización universalista en decadencia no puede tolerar: que la realidad le diga “no” a sus proyecciones ideológicas sobre el dominio universal, y el control del futuro. Que una estación de servicio con ejército sea tan poderosa como para obliterar el poder militar occidental. Porque Occidente, y Estados Unidos, han perdido militarmente esta guerra. Los medios occidentales están ahora en la fase de duelo, y en la fase de acomode de cintura. 

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Ahora el Occidente globalista, en el delirio de la derrota, amenaza con provocar una guerra nuclear de aniquilación mutua. Todo el mundo habla en la OTAN, en Londres, en París, en Washington, de la guerra nuclear como si fuera un videogame que otros van a experimentar. No creo que aun la crisis mental más profunda pueda llegar tan lejos como a un tipo de agresión sobre Rusia -precedida de una falsa bandera en Kiev, en Polonia o en Londres- que desencadene el Armagedón. No lo creo, porque creo que Rusia sabe bien lo que le conviene. Si bien no es una posibilidad probable, es no obstante una posibilidad. Esperemos que el suicidio colectivo del hemisferio norte no sea una opción realista, y pasemos a mencionar rápidamente el duelo.

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Porque las autoridades de la OTAN y el neocon-nulandismo del Project Ukraine, y los sueños universalistas de control tecnocrático de Davos-Bruselas, están de duelo. Claramente. Y la primera etapa del duelo es la negación. “Putin está haciendo bluff, Putin vende humo. Basta que logremos que Ucrania no capitule hasta el 2025, para que tengamos las armas que precisamos”; o “si mantenemos la (minúscula) ocupación de Kursk, y tiramos algunos misiles anglofranceses o norteamericanos en territorio ruso, ellos se sentarán a negociar en mejores términos para nosotros”. Negación. No están viendo, como no lo vieron durante todo este tiempo, que la única lógica de esta guerra es: o la gana Rusia, o hay guerra nuclear y destrucción mutua asegurada. ¿Qué parte de esa ecuación simplísima no es clara?
Esto último no quita que Estados Unidos haya ganado también algunas cosas con la guerra de Ucrania. Convergieron los intereses de Rusia y Estados Unidos en que hubiera una guerra, aunque los intereses de Rusia y Estados Unidos sean distintos y opuestos en muchas otras cosas.

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Estados Unidos -el siempre erróneo Washington Post de Jeff Bezos- ha lanzado el bulo de que ahora, con la llegada de Trump, Estados Unidos iba a “sentar a los ucranianos y los rusos a negociar” según “un plan de la Casa Blanca para terminar la guerra”. Pero, Estados Unidos no puede instrumentar semejante cosa, porque Estados Unidos no puede pretender controlar una guerra que no controla. Es Rusia quien la controla. Estados Unidos, además, no puede ser un “mediador” en una guerra que él mismo pelea -por delegación, como admitió la señora Stack. En fin, Estados Unidos no puede ser “mediador” ni tener ningún “plan” ni imponer condición alguna, porque Estados Unidos, la OTAN, y Europa, son los derrotados en esta guerra. Más que Ucrania, porque al menos Ucrania luchó, y su población dio la vida en esta guerra. Eso hace que Ucrania sea la única que pueda, con el tiempo, sacar algo de provecho para sí de estos tres años. El resto, Occidente, emerge de tres años de mentira con la única verdad de su derrota militar elocuente frente a la “estación de servicio”.
Pasada la negación, vendrá la furia, y pasada la furia, la depresión, y luego el reconocimiento desnudo de los hechos. Si es que para entonces la furia no ha conseguido nada peor.

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Ucrania es un territorio fronterizo entre dos civilizaciones, la occidental europea, y la ortodoxa rusa. Una parte de Ucrania -la que EEUU puso en el poder con un golpe de estado- quiere ser europea. La otra quiere ser rusa. No es casualidad que el escenario fundamental de la toma de conciencia por parte de Occidente de su crisis civilizatoria, esté ocurriendo justo ahí. Otra frontera civilizatoria está, obviamente, en Medio Oriente, donde el Islam y Occidente -e Israel, si el mundo judío es en sí otra civilización, de impronta confesional y religiosa, pero bajo dominio ashkenazi- conviven y disputan territorios. Quien no quiera convencerse de que el economicismo materialista, ignorante del poder superior del paradigma civilizatorio, no es quien determina el rumbo de las cosas, debería preguntarse por qué todos los conflictos importantes ocurren en las fronteras civilizatorias.

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En lugar de discutir los detalles del trumpismo, las ridiculeces del Hombre Naranja, y las traiciones que le está haciendo a su base, y las paradojas de su perspectiva de gobierno, hasta aquí he puesto la discusión de lo que está ocurriendo en el orden categorial de prioridades que considero más explicativo: resultan las categorías civilizatorias las que siguen explicando mejor. Lo consiguen de un modo más simple, y dando lugar a toda la matización y complejidad que se quiera en los aspectos económicos, políticos, militares, propagandísticos, culturales y técnicos. Todos estos aspectos son otras tantas formas que toma el conflicto fundamental, que es averiguar si el proyecto occidental de control globalista de la humanidad entera es viable. Si se impusiera, implicaría la destrucción completa y desaparición final de todas las civilizaciones.

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Nada tiene que ver la adopción de tecnologías en esto, es decir, las “apariencias de occidentalidad”. Los chinos han adoptado ahora buena parte de la tecnología originalmente creada en Occidente, y la modifican y aplican a sus propios fines civilizatorios, lo mismo que Occidente adoptó en su tiempo las tecnologías chinas del papel y la pólvora -entre otras- y las desplegó según sus propios fines civilizatorias. La tecnología incide en el poder circunstancial, pero la tecnología viaja libremente y es del orden de la materia, y como tal no puede definir la esencia de una civilización, que está compuesta de una impronta cultural, de pertenencia a creencias fundamentales, rituales, mitos, territorios, y lenguas. La gente da la vida y guerrea por sus creencias y por su identidad y territorio, nunca por una “pertenencia tecnológica”, expresión completamente sin sentido.

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Tomada la perspectiva de explicación civilizatoria, los demás órdenes de análisis se esconden bajo ella como muñecas rusas. El triunfo de Trump, las elecciones que ha hecho para su gabinete, el nivel en el cual ellas harán o no una diferencia, son relevantes -por ahora- solo al nivel coyuntural de la política, puesto que ninguna civilización puede hacer más que lo que su rumbo fundamental en un momento dado le permite. El equipo Trump ha hecho grandes promesas. Copio muchas de ellas aquí:

– Cerrar la frontera

– Reforzar el dólar

– Salir de la OMS y de la OTAN 

– Que el voto sea en un solo día, con papeletas e identificación obligatoria

– Devolver a los ilegales a sus países de origen

– Reducir la delincuencia

– Detener a los narcotraficantes 

– No permitir hombres en deportes femeninos

– Detener las operaciones de género de mutilación infantil

– Hacer que la hidroxicloroquina y la ivermectina sean gratuitas o de muy bajo coste

– Quitar tierras al gobierno y construir 10 nuevas ciudades

– Acabar con el tráfico de seres humanos 

– Desfinanciar los proyectos de ley falsos sobre el clima, y sus organizaciones vinculadas

– Desfinanciar la organización Planed Parenthood 

– Permitir que los padres elijan la escuela de sus hijos

– Bajar los impuestos 

– Aumentar el empleo

– Proteger a los nonatos 

Que la mayoría de los items de esta lista sean políticas que podríamos llamar del nivel “simbólico” -por más efectos significativos de mediano y largo plazo que pudieran tener- es sorprendente. Los impuestos, el empleo, aparecen solitarios en la lista. No se si esto debe evaluarse como un acto de clarividencia o un acto de “engaño a las masas”, pero sea lo que sea, es admirable que se propongan tantas medidas que irían al corazón simbólico del proyecto globalista tal como lo conocemos. La cuestión es cuánto de esto realmente se hará.

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El proyecto de Trump parece ser buscar la oportunidad de que EEUU capitalice lo que consiguió en la guerra de Ucrania, y encontrar un rumbo donde EEUU, pese a la crisis civilizatoria que lo envuelve, siga siendo potencia económica y de innovación. Lo que EEUU consiguió en la guerra de Ucrania, pese a haberla perdido, es destruirle el espinazo económico y de soberanía a Europa, destruir la alianza energética mutuamente beneficiosa Alemania-Rusia, obligar a los países de OTAN a invertir 2% de su PIB en armamento norteamericano, venderle el gas natural anglo a Europa, aumentar el número de vasallos con Suecia y Finlandia, etc. Sobre esa base, e imponiendo aranceles y cobrándole todo a todo el mundo, Trump piensa que va a hacer a América “grande de nuevo” -lo cual es una admisión de que es más chica que antes. Se busca pues un cambio que vuelva la iniciativa a los EEUU, destruyendo de paso al núcleo viejo de la civilización occidental. Las medidas de Trump, desde luego, no dicen una jota de disminuir el guerrerismo.

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¿Puede usted ver cómo todo lo anterior es perfectamente compatible, pues, con una renovación del guerrerismo e intervencionismo, con sionistas y halcones neocon en los puestos principales de la administración? Una cosa es ser globalista woke LGBTQ+ estilo Davos, estilo Harari; otra es ser un norteamericano que quiere seguir mandando en el mundo. Trump es lo segundo. Marco Rubio será Secretario de Estado. Michael Waltz, compenetrado con la ideología intervencionista del complejo militar industrial, ex hombre de Cheney y Rumsfeld, será el Consejero de Seguridad Nacional. Peter Hegseth, hombre del grupo Koch, será Secretario de Defensa. Elise Stefanik, fanática sionista, será la Embajadora ante Naciones Unidas. John Ratcliffe dirigirá la CIA. Encima de todo eso, Scott Bessent -hombre de Soros- será el Secretario del Tesoro.
Estas nominaciones -aparte de los miembros de lobbys particulares que van a cada ministerio involucrado, y salvo la inefable y enigmática designación de la campeona de lucha y magnate mediática Linda McMahon para educación…- hablan de un endurecimiento de la línea intervencionista, apartándose de la rusofobia y concentrándose en el apoyo al genocidio israelí en Gaza, y en un endurecimiento con China e Irán. No olvidemos que, tras el negocio multibillonario para el complejo militar industrial de la destrucción de Ucrania, ahora viene el negocio multibillonario de la reconstrucción de Ucrania.
Solo escapan a esta línea de acomodación con el establishment tal como es hoy, los puestos que pueden tener que ver con un enfrentamiento a Big Farma -con RFK Jr. y Jay Bhattacharya en los puestos principales- y un enfrentamiento a la burocracia pública -con Elon Musk y Vivek Ramaswamy a la cabeza.
Big Tech, por su parte, parece haber arreglado con Trump hace rato, y estar en el bote. La carta de Mark Zuckerberg haciendo el mea culpa por su apoyo a los Demócratas y a su censura sistemática, además de varios tuits de los cabezas de tecnológicas importantes en apoyo a Trump, así parecen sugerirlo.
En suma, Trump muestra -a estar por sus nominaciones de gabinete y gobierno- una aquiescencia con varias zonas del estado profundo -big oil, complejo militar industrial, lobby israelí, altas finanzas- y en cambio haberse reservado su disposición a derrumbar otros intereses como los de big farma y la corrupción de la burocracia en la FDA y CDC, asi como enfrentar al grupo de delincuentes neocon-nulandistas del Project Ukraine, y las organizaciones transnacionales más comprometidas con el globalismo -Naciones Unidas y su parafernalia de calentólogos y fact-checkers, por ejemplo. Veremos si Trump de veras intenta estas cosas, y si algún acto violento no le impide asumir o avanzar.

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La aparente paradoja de las intenciones contradictorias que anuncia la nueva administración Trump no deberían sorprender. Como político, Trump no es más que un instrumento de las contradicciones internas de Occidente, que se manifiestan en todos los elementos mencionados y muchos otros. Las contradicciones y paradojas de Trump solo sorprenderán a quienes primero hayan creído que Occidente, en lugar de ser una olla de grillos, es una orquesta.
El “MAGA” de Trump, además, es el slogan de una utopía regresiva. En las actuales condiciones tecnológicas y de producción mundiales, no pareciera haber vuelta atrás, a una supuesta democracia funcional con una economía industrializada norteamericana protegida, “industria nacional”, como centro. La lista de políticas “simbólicas” de Trump que copiamos antes dice mucho, en ese contexto. El intento que parece hacerse allí, es atender a algunas de las críticas internas más presentes en un electorado que es mucho más consciente y valioso que su circunstancial líder. Trump es parte del mundo viejo que debe desaparecer. Pero el proceso de esa desaparición de lo viejo, es decir, de Occidente tal como lo conocimos para dar paso a un Occidente nuevo, no ha avanzado mucho aun. Si acaso, es seguro que aun no ha llegado a su momento de crisis decisiva. 

En la ruta del “desacato”

¿Qué sigue en el acecho a Claudia? La derecha latinoamericana es previsibleSilvina Romano

Este artículo se publica con autorización de la autora Silvina Romano, coordinadora del Observatorio Lawfare e investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA).

El texto ahonda en cómo el lawfare, conocido como la guerra judicial, ha sido empleado por la derecha de América Latina como una herramienta de desestabilización. La autora ha señalado a SinEmbargo cómo en México se prepara el terreno para esta embestida judicial contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El primer paso, ha expuesto, es el intento de acusarla de “desacato” a la que seguirán otras causas, algo que ya ha sucedido en el continente.
De esta manera, el siguiente ensayo recurre a la perspectiva histórica y al análisis documental para desentrañar los posibles vínculos del lawfare con procesos de desestabilización de gobiernos y golpes de Estado durante la Guerra Fría, principalmente aquellos donde prevaleció la guerra psicológica y política, el Operativo Éxito (PBSUCCESS) contra Jacobo Árbenz en Guatemala (1951-1954). Se exponen en ese sentido algunos ejemplos sobre la injerencia de EU en el Lava Jato, de Brasil, como caso paradigmático de lawfare en América Latina.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– El lawfare es uno de los temas más polémicos de la agenda política y mediática de América Latina en los últimos cinco años, vinculado a procesos de desestabilización, golpes de Estado “blandos” y cambios en la correlación de fuerza a nivel regional (Romano, 2019 y 2020a). A su vez, ha adquirido particular vigencia con el enfrentamiento de Rusia y Ucrania, siendo el lawfare parte del conflicto. Ejemplos son las múltiples denuncias de Ucrania contra Rusia en foros internacionales, a las que Rusia ha reaccionado; así como las sanciones económicas, que forman parte del repertorio de castigos a Rusia (Goldenziel, 2022; Tropin, 2020). A casos de lawfare internacional, se suman las disputas por el mar del Sur de China, o las demandas de Palestina a Israel (Kittrie, 2016). En estos y otros casos, el lawfare es identificado con la utilización de la ley como un arma para lograr objetivos militares, en el marco de guerras asimétricas, no convencionales, etc. (Dunlap, 2001, 2009; Kittrie, 2016). Se lo plantea como parte de las nuevas guerras híbridas (Andrei Josan, 2015; Munoz Mosquera y Bachmann, 2016), desde una perspectiva que caracteriza el nuevo tipo de amenazas impulsadas por países como China o Rusia (y actores vinculados a ellos) revitalizando el relato de Guerra Fría. Estos enfoques se basan en una noción de relaciones internacionales y derecho internacional en la que EU y las potencias occidentales se ven amenazadas por el uso de estrategias de lawfare por parte de sectores o gobiernos no aliados, como un arma para debilitar el liderazgo de EU.

En América Latina, se retoma la noción de lawfare como “la guerra por la vía legal/judicial”, pero se la articula con aportes críticos realizados desde diversas disciplinas, que terminan por construir una explicación inversa a la concebida por los antecedentes mencionados anteriormente: sería una de las estrategias utilizadas por las potencias occidentales y élites locales para lograr sus objetivos, particularmente en espacios periféricos, como una herramienta de reproducción de la dependencia y la colonialidad (Mutua, 2000; Comaroff y Comaroff, 2006; Irani, 2017). Lo definen como una guerra política por la vía judicial, o como la persecución por la vía judicial-mediática para eliminar al enemigo político (Zaffaroni, Caamaño y Vegh Weis, 2021; Proner, et. al., 2018; León Castro, 2020). Este abordaje guarda un importante vínculo con lo planteado desde los países centrales, en cuanto al significado e impacto de lawfare como parte de procesos de guerras híbridas, pero, en los casos abordados desde América Latina, se focaliza en el rol de esta guerra para la reproducción neoliberal (Ramina, 2022; Dornelles, 2022; Amorim y Proner, 2022). Se trataría de una guerra que articula diversas dimensiones y actores, locales e internacionales, para cubrir intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública y que, en última instancia, se corresponden con la restauración o refuerzo de la vía neoliberal (Romano 2020b; Vollenweider y Romano, 2017). A su vez, esta multidimensionalidad, diversidad de actores y estrategias propias de la guerra híbrida, emparentan al lawfare con la guerra psicológica y política aplicada en América Latina durante la Guerra Fría (Romano, Tirado y Sojo, 2019) y las estrategias implementadas por EU para ampliar su hegemonía.

Desde este ángulo, suele entenderse al lawfare como componente de los golpes blandos, entendidos como procesos de desestabilización orientados al “cambio de régimen” o el derrocamiento de gobiernos, centrados en herramientas de poder blando (soft power), instrumentos institucionales, legales y burocrático-administrativos que no requieren de la actuación directa de las Fuerzas Armadas que además cuentan con la injerencia directa o indirecta de EU (1) En este vínculo con los golpes blandos, no queda claro si el lawfare es “un tipo de golpe en sí mismo”, o si es una herramienta más de desestabilización, pero incapaz por sí misma de concretar un golpe blando.

Para abordar en parte estas dudas, se propone recurrir a la perspectiva histórica, con el ánimo de identificar continuidades y rupturas del lawfare con procesos de desestabilización y derrocamiento de gobiernos durante la Guerra Fría. Existen pocos antecedentes que afirmen la existencia de lawfare en ese período, y se encuadran en una lectura abiertamente crítica al modo de operar de la Unión Soviética (Bartman, 2009; Deeks, McCubbin y Poplin, 2017). No obstante, ante los numerosos casos de lawfare y la probada injerencia de EU en América Latina y el Caribe, parece pertinente revisar la relevancia de la guerra psicológica y política en la actualidad, revisitando estrategias de intervención durante Guerra Fría, en búsqueda de hilos conductores, principalmente aquellas donde prevaleció la guerra psicológica y política, organizadas en torno al poder blando, pero que no descartan el uso de la fuerza, como el plan de desestabilización y derrocamiento de Jacobo Arbenz (Guatemala, 1951-1954), el Operativo Éxito (PBSUCCESS). Partiendo de ese caso, se expondrán algunos ejemplos sobre la injerencia de EU en el Lava Jato, como caso paradigmático de lawfare en América Latina, considerando el fuerte impacto político-económico generado a partir del derrocamiento de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva. Reconociendo los numerosos antecedentes existentes sobre los casos abordados, se privilegiarán las fuentes primarias con contenido sustantivo sobre la injerencia de EU, como documentos desclasificados del Departamento de Estado de EU y documentos filtrados por Wikileaks, The Intercept y Brasil Wire. Se recurrirá también a bibliografía y artículos de prensa. Se concluye señalando las principales diferencias y algunos aspectos que podrían trazar una continuidad entre la Guerra Fría y el derrocamiento de Arbenz y el Lava Jato como caso ejemplar de lawfare; se entiende que el lawfare es una de las estrategias de desestabilización, que, combinada con otras contribuye al “cambio de régimen”, acorde al modo de operar de las guerras híbridas.

EU Y LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA

Concluida la Segunda Guerra Mundial, EU procedió a liderar el proceso de reorganización del orden mundial occidental. Las principales instituciones internacionales, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), formaron parte de la proyección de los intereses de EU a nivel internacional, respaldados por la expansión de una economía organizada en torno a un vasto complejo industrial militar. En el marco de crecientes tensiones con la Unión Soviética, se fue organizando el terreno geopolítico para un enfrentamiento indirecto permanente, calificado de Guerra Fría. América Latina, en la esfera de influencia de EU, tuvo un rol principal como proveedora de recursos estratégicos y materias primas, así como receptora de bienes y servicios en el marco de programas de asistencia para el desarrollo y de seguridad impulsados desde EU. (Romano, 2012). Los procesos emancipadores, que reivindicaban la soberanía y la autodeterminación, el nacionalismo y el anti-imperialismo de posguerra, fueron percibidos como una amenaza, asociados al inminente avance del comunismo en la región (González Casanova, 1979). En ese contexto, se firmaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947) y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948), para garantizar una “América para los americanos”.

Como parte de la doctrina de contención del comunismo a nivel internacional, la institucionalidad del Estado estadounidense se reorganizó en torno a un Estado de Seguridad Nacional (ver, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional (1947) (Wills, 2010). En esta reconfiguración destacó la importancia otorgada a la guerra psicológica, destinada a “facilitar el desarrollo de un entendimiento informado e inteligente a nivel nacional e internacional sobre el rol y el progreso de EU en cuanto a los lineamientos de guerra, sus acciones y las metas del gobierno” (FRUS, Psychological and political warfare, Doc. 270). Este tipo de guerra incorporaba operaciones encubiertas:

Actividades conducidas o financiadas por este gobierno contra Estados o grupos extranjeros hostiles, o a favor de Estados aliados, que se planean y ejecutan de modo tal que el gobierno estadounidense no aparece como responsable, a los fines de poder desentenderse de tales hechos y personas [Incluía] propaganda, guerra económica … asistencia a movimientos insurgentes, guerrillas y grupos de refugiados, así como el apoyo a grupos anticomunistas locales en países [énfasis añadido] que estén amenazados por el comunismo en el mundo libre. (Foreign Relations of the United States 1945–1950, Emergence of the Intelligence Establishment. Doc. 274)

La guerra psicológica formaba parte del aparato de la guerra política, una “guerra por otros medios” (tal como la bautizara el mismo George Kennan del Policy Planning Staff) que abarcaba desde acciones abiertas como alianzas políticas, medidas económicas, y propaganda, hasta acciones encubiertas y apoyo clandestino a socios o amigos en otros países, guerra psicológica, así como el apoyo e incentivo de resistencia de base en países enemigos (Patterson y Holly, 2003, p. 413). 

En este escenario, el anticomunismo constituyó uno de los ejes ordenadores y legitimadores de la reproducción ideológica y la justificación a nivel nacional e internacional, de las intervenciones de EU durante la Guerra Fría (Chomsky y Herman, 1979). Una división entre “nosotros” y “ellos”, entre “nosotros” y el “enemigo”, que fue mutando a otras formas de nominarlo, incluso después de la implosión de la Unión Soviética: eje del mal, regímenes no democráticos o autoritarios, Estados fallidos, Estados terroristas (Chomsky y Herman, 2000, p. 68-70). En la actualidad, Think Tanks como la Rand Corporation, recomiendan retomar la estrategia de guerra política, frente al avance inminente de China y Rusia (Romano y Lajtman, 2020). Esta guerra es definida como la utilización, a nivel internacional, de una o varias herramientas de poder (diplomático-político, comunicacional/cibernético, militar/de inteligencia y económico) para influenciar o afectar de alguna manera la toma de decisión de un Estado (Rand Corporation, 2019). El eje estaría puesto en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo, como nunca, la guerra cibernética para la persuasión (guerra psicológica) (p. 2). Lo mismo apuntan del Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Gompert, Cevallos y Garofala, 2016) y el Congressional Research Service (CRS, 2019), que aconsejan un retorno a la guerra política tal cual fue definida durante la Guerra Fría, poniendo el eje en las herramientas de poder blando, pero sin descartar el uso de la fuerza. Estas herramientas incluyen al lawfare, la guerra por la vía legal.

GUERRA PSICOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA

El derrocamiento de Arbenz (2) constituye el ejemplo por excelencia del modo en que, a pesar de las tensiones y diferencias, se articularon el Departamento de Estado, el de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca, para fomentar la presión diplomática, económica y política, así como la organización y apoyo a fuerzas paramilitares, en el marco de un plan de guerra psicológica y política contra un gobierno clasificado como comunista. Se consagró como el primer operativo encubierto exitoso de la CIA en América Latina, luego del golpe a Mossadegh en Irán (Acosta Matos, 2006).

​​El gobierno de Arbenz (1951-1954) fue concebido como cabeza de playa del comunismo en la región debido a sus políticas reformistas basadas en los principios de autodeterminación y soberanía, materializadas en lineamientos de control del capital extranjero y redistribución de la tierra mediante una reforma agraria (Gleijeses, 1991). En efecto, el principal conflicto fue por la expropiación de tierras ociosas propiedad de la United Fruit Company (UFCO): “El principal problema que enfrenta el gobierno de Estados Unidos en Guatemala es con relación a los intereses privados estadounidenses. Influenciado por comunistas y nacionalistas, el gobierno de Guatemala comenzó la expropiación de importantes propiedades estadounidenses” (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala, Doc. 424).

La UFCO y su equipo de abogados y lobistas (que incluía a los hermanos Allen Dulles, director de la CIA y a John Foster Dulles, secretario de Estado), presionaron al gobierno estadounidense para derrocar a Arbenz y así evitar un “efecto dominó” de reformismo en la región centroamericana (Schlesinger y Kinzer, 1987). De modo tal que no se trataba únicamente de los intereses económicos de una empresa, sino de los objetivos geopolíticos de EU en su esfera de influencia:

La continuación de la tendencia actual en Guatemala pondrá en peligro la unidad del hemisferio occidental contra la agresión soviética, y la seguridad de nuestra posición estratégica en el Caribe, incluyendo el Canal de Panamá … los objetivos inmediatos del comunismo son la eliminación de los intereses económicos estadounidenses (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala Doc. 424).

Si bien el gobierno estadounidense estaba decidido a cambiar el rumbo de la política guatemalteca, advertía la necesidad de evitar mayores suspicacias a nivel de la opinión pública internacional. “Nada dañaría más los intereses estadounidenses que la adopción prematura de una política agresiva. Esto proporcionaría una valiosa arma de propaganda para los comunistas” (FRUS, 1951, The United Nations; The Western Hemisphere (1951) Guatemala, p, 1433). En otro documento se refuerza esa misma idea: “Debemos rechazar cualquier acción que tenga la apariencia de intervención unilateral en Guatemala, pues eso podría volver a la gente en contra de Estados Unidos” (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala, Doc. 424). En todo momento, se buscaría evitar que quedara en evidencia el involucramiento de EU en los sucesos que estaban ocurriendo en Guatemala. 

Es por eso por lo que se implementaron operativos encubiertos dirigidos por la CIA, involucrando diversas agencias estadounidenses, sectores locales opuestos al gobierno de Arbenz, así como gobiernos de países limítrofes de Guatemala. El primero, el PBFORTUNE, no generó los resultados esperados. Le sucedió entonces el Operativo Éxito (PBSUCCESS), que incluyó cuatro vías que operaron en paralelo y por momentos en simultáneo: la presión diplomática, la presión económica, la propaganda y la intervención armada. A lo largo del operativo, prevalecieron las primeras tres, intentando mantener una fachada de legalidad y de apego a las normas en el contexto de contención del comunismo internacional (Patterson y Holly, 2003, pp. 136-139). 

PRESIÓN DIPLOMÁTICA

Dos reuniones fueron fundamentales para la manufacturación de consenso contraria al gobierno guatemalteco: la Cuarta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (1951) y la Décima Conferencia Interamericana de marzo de 1954. Con respecto a la Cuarta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (Washington, marzo-abril 1951), la agenda del evento escrita por el secretario de Estado estadounidense, detallaba los temas a abordar:

1.Cooperación política y militar para la defensa de las Américas y para prevenir y rechazar toda agresión en el marco de los acuerdos interamericanos y en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas; 2. Reforzar la seguridad interna de las repúblicas americanas; 3. Cooperación económica de emergencia: producción y distribución para asuntos de defensa; producción y distribución de materiales escasos y utilización de los servicios necesarios para satisfacer las necesidades económicas internas de las repúblicas americanas. (FRUS, The United Nations; the Western Hemisphere, Vol, II, Fourth Meeting of Foreign Ministers, p. 937).

Esa agenda contrastaba con el pedido de la mayoría de los Cancilleres de América Latina, que señalaban como problema urgente la necesidad de planes de desarrollo y asistencia económica y no la expansión del comunismo. No obstante, bajo la presión de EU, la resolución más importante surgida del evento fue la relativa a la lucha contra del comunismo (Boersner, 1996, p 191-192). Años después y como parte premeditada del PBSUCCESS, se planeó la Décima Conferencia Interamericana en Caracas (marzo de 1954), según documentos desclasificados:

La amenaza de una conferencia de la OEA o de ministros de relaciones exteriores debe ser realizada y reiterada en el modo debido. El objetivo de la conferencia es proporcionar evidencia de que Guatemala constituye una amenaza para la solidaridad hemisférica y para la seguridad interna de las naciones debido a la agresiva subversión comunista [Traducción]. (Patterson y Holly, 2003, pp. 106).

En dicha Conferencia, efectivamente, se acusó a Guatemala de ser punto de partida de la expansión soviética en América. El secretario de Estado John Foster Dulles sentenció: “La dominación o el control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento comunista internacional… constituiría una amenaza a la soberanía y la independencia política de los Estados [por lo tanto] exigiría un llamado a implementar las acciones apropiadas de acuerdo con los tratados existentes” (Gleijeses, 1991, p. 272). Esta declaración fue conocida como la “resolución anticomunista N.º 93”, que allanó el camino para la intervención militar (Selser, 2009, p. 87). En otras palabras, se utilizó la reunión como fachada legal para legitimar una intervención con objetivos políticos y geopolíticos.

PRESIÓN ECONÓMICA PARA LA DESESTABILIZACIÓN

La presión económica implicaba entre otras cuestiones, la suspensión de créditos y/o préstamos, boicot, bloqueo, suspensión de compras de productos esenciales para la balanza de pagos de una economía, etc. Esta presión estaba legalizada, por ejemplo, a través de la “enmienda Kent” de julio de 1951, para la suspensión de toda la asistencia económica y financiera a aquellos países que exportaran material estratégico al bloque comunista (FRUS, 1951, The United Nations; the Western Hemisphere (1951) Guatemala, p. 1442).

Desconociendo que la presión económica es calificada como acto de intervención en los Cap. IV art. 19 y 20 de la Carta de la OEA, el gobierno de EE.UU. llevó a cabo una campaña de desestabilización contra el gobierno de Árbenz, presionando por la vía de los términos de intercambio, así como en decisiones financieras que afectaron al país. Entre otras medidas, figuraban las siguientes: “1) no se le dará asistencia prioritaria a Guatemala en las actuales circunstancias; 2) las cuotas de materiales que se hallan bajo el régimen de restricciones cuantitativas serían recortadas…” (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV Relations of the United States and Guatemala, Doc.415). A esto se sumó el recorte de créditos y préstamos en aquellos rubros que no perjudicaran, como efecto colateral, la economía de EU Por ejemplo, el gobierno estadounidense se negó a ayudar a Árbenz en un proyecto para construir una carretera hacia el Atlántico (que amenazaba el monopolio del transporte de la IRCA, empresa de ferrocarriles que formaba parte del Holding de la UFCO) (Jonás, 1979, p. 98), pero cuidando sus intereses:

Considerando la situación en Guatemala, lo ideal es mantener aquellos acuerdos que son convenientes para Estados Unidos, por ejemplo, los programas que proveen de material estratégico para Estados Unidos… se prevé mantener préstamos del Banco Mundial y del ExImbank vinculados con la producción y transporte de material estratégico o que beneficie directamente a Estados Unidos. (FRUS, 1951. The United Nations; The Western Hemisphere (1951) Guatemala,1425-1426; 1438-1439).

LA PROPAGANDA

En 1953 la CIA solicitó 2,735 millones de dólares para el PBSUCCESS (Patterson y Holly, 2003, p. 86). Entre las actividades planeadas como parte de la guerra psicológica (septiembre, 1953) se enunciaban: penetración del partido comunista, de los sindicatos y otras organizaciones comunistas; penetración de las fuerzas armadas tanto en el círculo de la alta jerarquía como entre los jóvenes oficiales; estudios de “factores morales” entre los estudiantes, los trabajadores, las fuerzas armadas, los funcionarios, los terratenientes, comerciantes y profesionales; publicación de fotos que mostraran el estatus de vida de los líderes comunistas del país en comparación con los peones y campesinos (Patterson y Holly, 2003, p. 113). En uno de los informes exhaustivos sobre la operación, se especificaban las actividades de guerra psicológica y el presupuesto destinado a cada una:

“Desarrollo de redes de inteligencia, $8,000; organización de redes de rumores $4,000; subversión $10,000; propaganda $5,500; las redes de rumores se están expandiendo al interior de Guatemala, en El Salvador, Nicaragua y Honduras … Se imprime un boletín del CEUAGE (3) en Honduras y se distribuye clandestinamente en Guatemala … también está la estación de radio en El Salvador, desde donde se han iniciado algunas transmisiones… Se han creado comités en México, El Salvador y Nicaragua para organizar la propaganda e introducirla en Guatemala; para comprar espacios de publicidad en prensa y radio en diferentes espacios de América Latina” [Traducción]. (Patterson y Holly, 2003, Doc. 61). 

En otro informe se insiste en apoyar la difusión de artículos que descalifiquen al gobierno de Árbenz en la prensa, o bien la publicación de libros al respecto; así como la compilación de toda la información posible sobre el deterioro de las condiciones económicas, fotos de la reforma agraria fallida, evidencias de que “solo los comunistas son los que ganan dinero”, para esparcirla por toda América Latina (FRUS, Guatemala, 1952-1954, Doc. 63).

LAS FFAA EN EL PBSUCCESS

El rol de las fuerzas armadas en el golpe al gobierno era un asunto esencial, en particular considerando que Árbenz era un excoronel muy respetado. Era central quebrar la moral del Ejército y sembrar la duda y desconfianza en Árbenz. El embajador de EU en Guatemala advertía sobre la necesidad de impedir a toda costa que Árbenz terminara su mandato, evitar que ese proyecto persistiera en próximas elecciones democráticas:

Estoy completamente convencido de que la continuidad de esta administración hasta 1957 resultará en un mayor y peligroso avance del comunismo en este país … Por lo tanto, yo recomendaría al Departamento seleccionar las Fuerzas Armadas Guatemaltecas como la principal área donde debe ser realizado cualquier esfuerzo fructífero en contra del gobierno. (FRUS, Truman Administration. Retrospective Volumes. Guatemala 1952-1954. Doc. 79).

Esto se concretó mediante el entrenamiento y conformación de grupos paramilitares liderados por el coronel guatemalteco Castillo Armas desde el exilio, con la aprobación y apoyo de gobiernos de países limítrofes (FRUS, 1952– 1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala, Doc. 413). En efecto, la intervención armada, como penúltimo punto del PBSUCCESS, se llevó a cabo con tropas mercenarias entrando por la frontera con Honduras a mediados de junio de 1954, sumada a ataques aéreos aislados. Se generó un escenario de guerra que provocó la renuncia de Jacobo Árbenz y comenzó de inmediato la persecución de los funcionarios de gobierno y sectores afines al gobierno que tuvieron que refugiarse en las embajadas. El último paso del PBSUCCES era que excoronel Castillo Armas asumiera el gobierno de transición anticomunista. Así lo hizo, con el apoyo técnico y financiero del gobierno de EU promoviendo una urgente regresión del proceso reformista (Romano, 2017).

Aunque la intervención directa de grupos mercenarios no fue el pilar del PBSUCCES, se reveló como necesaria. No obstante, es fundamental destacar que el gobierno de EU insistió en cuidar la fachada legal de la intervención. En el marco del gobierno guatemalteco anticomunista de transición, entre septiembre y octubre de 1954 se concretó en el Comité Anticomunista de la Cámara de Representantes de EU una sesión especial sobre la lucha contra el comunismo en Guatemala, a la que asistieron los perpetradores del golpe, brindando testimonios y mostrando supuestas pruebas de la penetración del comunismo en su país a través del gobierno de Jacobo Árbenz (Congreso de Estados Unidos, Subcomité sobre América Latina, 1954). A esto se sumó una compilación sobre la penetración comunista en Guatemala (US Department of State, A case of Communist Penetration, Guatemala. Inter-American Series, Public Service Division, Washington DC, 1957). Tanto las pruebas presentadas ante el Congreso, como la compilación del Departamento de Estado, fueron develadas como testimonios no veraces, pruebas falsas y construidas como parte de la estrategia de propaganda anticomunista.

Rousseff le dio a Lula el Ministerio de la Presidencia, aunque al día siguiente el nombramiento quedó en suspenso por una cascada de demandas ante los tribunales. Foto: AP

EL LAWFARE EN EL SIGLO XXI

En la última década, en el marco de tensiones y desacuerdos con gobiernos y proyectos de corte progresista, varios organismos del gobierno de EU vienen operando activamente en una lucha contra la corrupción que tiene un alto impacto político, económico y geopolítico.

Esta lucha, que cuenta con el apoyo de sectores políticos y económicos de influencia a nivel local, se dirime especialmente en los tribunales, articulada con la desmoralización y criminalización en el ámbito de la opinión pública, se articula asimismo con mecanismos de desestabilización económica, y puede incluir operativos encubiertos organizados en las embajadas de EU.

EL LAVA JATO

El Lava Jato en Brasil es el caso paradigmático de lawfare en América Latina. (4) Se trata de una mega causa judicial que involucra especialmente a funcionarios del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que implicaba en primera instancia a Petrobras, la estatal de petróleo, y que luego se extendió a la translatina Odebrecht (principal contratista de infraestructura en varios gobiernos de América Latina). Este juicio desató el impeachment contra Dilma Rousseff y logró el encarcelamiento de Lula da Silva previo a las elecciones presidenciales de 2018.

Existen numerosas pruebas del modo en que el gobierno estadounidense y organismos del sector privado de ese país se involucraron en la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos en el marco del Lava Jato. A pesar del perfil bajo que mostró el gobierno de Obama al momento del impeachment contra Dilma Rouseff, documentos filtrados muestran una colaboración premeditada y sistemática en la causa judicial, que incluyó la presencia física de funcionarios estadounidenses en Brasil (Barrocal, 2019). En efecto, Sergio Moro (juez a cargo de la causa) y Deltan Dallagnol (fiscal) han sido acusados de “traición” por actuar en conjunto con autoridades de EU Es significativo que, en una de las conversaciones filtradas, Dallagnol bromeara diciendo que “la prisión de Lula es un regalo de la CIA” (Brasil Wire, 2021).

INJERENCIA DE EU EN CASOS JUDICIALES

El grupo de abogados de la defensa de Lula da Silva advirtió tempranamente (2017) que el expresidente era víctima de un caso de lawfare, donde el aparato judicial guiado por intereses políticos determinados se articuló con los medios de comunicación para criminalizar e intentar expulsar de la política al líder del PT. Las sospechas de instrumentalización del aparato judicial con fines políticos fueron ampliamente probadas por los documentos filtrados que muestran que Sergio Moro y Deltan Dallagnol acordaron con otros jueces y funcionarios del aparato judicial para evitar que Lula se presentara a elecciones presidenciales. En el mismo nivel de gravedad, ponen en evidencia la presencia física de personal del Departamento de Justicia de EU en Brasil, sumado a nuevos documentos que dan cuenta de la presencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) antes del impeachment (Fishman, Viana y Sale, 2020).

Una de las claves del Lava Jato, es que resultó “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la figura de la delación premiada a amplia escala (sistema en el que se premia al delator con una reducción o anulación de la pena). Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes, en el marco de las reformas judiciales. Entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, Juez a cargo del Lava Jato (WikiLeaks, 2009).

Sergio Moro, Juez Federal de la 13ra Sala Federal de Curitiba a cargo de la causa, adquirió un rol mediático activo a lo largo del juicio, mostrando una aceitada relación con medios de comunicación concentrados. También existen evidencias sobre su vínculo (y el del aparato judicial de Curitiba) con asesores legales estadounidenses presentes en Curitiba durante el Lava Jato, así como las relaciones institucionales y personales de Moro con burós de abogados, universidades y think tanks estadounidenses en las que dio conferencias afirmando que Lula era culpable, mucho antes de concretarse el debido proceso y la sentencia (Brasil Wire, 2019). Desde EU se afirma: “Brasil se ha transformado en uno de los aliados más cercanos del Departamento de Justicia de EU en la lucha contra la corrupción … es difícil imaginar en la historia reciente una relación de cooperación mejor que la sostenida entre el Departamento de Justicia de EU y los fiscales brasileños” (Departamento de Justicia EE. UU., 2017).

Como muestran los documentos, esta cooperación se llevó a cabo por medio de acciones, contactos y decisiones tomadas incluso por fuera de los acuerdos bilaterales y los canales legales, propiciando la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos. Actualmente, está siendo investigada la trama de actores e intereses implicados en la manufacturación del Lava Jato, incluido el propio Juez Sergio Moro (Giuliano, 2021). Como muestran los documentos, esta cooperación se llevó a cabo por medio de acciones, contactos y decisiones tomadas incluso por fuera de los acuerdos bilaterales y los canales legales, propiciando la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos. Actualmente, está siendo investigada la trama de actores e intereses implicados en la manufacturación del Lava Jato, incluido el propio Juez Sergio Moro (Giuliano, 2021).

Un partidario del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se tapa la boca con un pañuelo con la bandera de Estados Unidos, asiste una protesta contra el exministro de Justicia Sergio Moro y el Supremo Tribunal, frente al palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, Brasil. Foto: Eraldo Peres, AP

CAMPAÑAS MEDIÁTICAS

La desmoralización y criminalización de Dilma Rousseff y Lula da Silva en la opinión pública constituyó el corazón del Lava Jato, junto con la instrumentalización política del aparato judicial y se sostuvo durante años, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es uno de los aspectos más estudiados (5) y con vínculos trazados de forma clara con las características y objetivos de la guerra psicológica (enunciados en la primera parte de este texto). El dato más contundente es que el juez a cargo de la causa, Sergio Moro, entregó a los principales medios de prensa una conversación privada (obtenida de forma ilegal) entre Dilma Rousseff y Lula da Silva que desató un escándalo (Ribeiro, 2018: 576). Aunque al poco tiempo Moro destacó que había sido un acto indebido, el impacto y el consenso negativo generado en la opinión pública en torno a los mandatarios del PT, era difícil de revertir. También destaca el rol de la revista Veja, que publicó una nota de portada culpando a Lula da Silva y Rousseff de todos los escándalos de corrupción, titulada: “Dilma e Lula sabiam de tudo, diz Alberto Youssef a FP” (Bonin, 2014). Basaron esta publicación en la delación premiada de un involucrado en la causa, que negó luego el conocimiento de esta información (Gazeta do Povo, 2014). Otro momento de gran alcance mediático fue la detención de Lula da Silva. Con la prensa y decenas de policías en la puerta de su casa, sin la presencia de sus abogados, lo obligaron a salir y lo transportaron al aeropuerto. Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisión para mostrar la imagen de Lula conducido por la Policía, reforzando la idea de que la corrupción –como exclusividad del PT– estaba siendo abatida por el juez Sergio Moro (Vollenweider y Romano, 2017).

También desde EU, los medios contribuyeron a la proyección del Lava Jato y la criminalización del Partido de los Trabajadores, a la vez que realzaron el papel “heroico” del juez Moro, como puede apreciarse en los siguientes titulares: “Brazil workers party leader intoxicated power falls from grace” (The New York Times, 2016); “Ex presidente de Brasil sentenciado a casi diez años de cárcel por corrupción” (The New York Times, 2017); “Former Brazilian president Lula convicted of corruption and money laundering” (The Washington Post, 2017); “A Judge´s bid to clean up Brazil from the bench” (The New York Times, 2017); “Lula, once Brazil’s most popular politician, faces ruling that could send him to jail” (The Washington Post 2018); “Brazilian court upholds corruption conviction of former president Lula, potentially ending his political career” (The Washington Post, 2018); “Corruption busters: Sergio Moro” (Americas Quarterly, 2016) “What is the long-term impact of the Petrobras scandal?” (Latin America Advisor, 2017).

Es clave mencionar que esta proyección del Lava Jato en medios internacionales no fue necesariamente articulada de forma deliberada desde el gobierno estadounidense (por ejemplo, una bajada de línea desde el Departamento de Justicia), sino que responde a una pauta ideológica en la que las corporaciones mediáticas, que recurren a voces expertas de Think Tanks de alto impacto, tienden a defender el orden instituido y desmoralizar sectores políticos y gobiernos con tendencias nacionalistas, antiimperialistas, de democracias sustantivas, etc. (Chomsky y Herman, 2000; Romano, 2016).

El Presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva asiste a una reunión ministerial sobre los planes para apoyar al estado de Rio Grande do Sul, afectado por las inundaciones, en el palacio presidencial, en Brasilia, Brasil, el lunes 13 de mayo de 2024. Foto: Eraldo Peres, AP

OPERATIVOS ENCUBIERTOS EN EMBAJADAS

En el marco del Lava Jato, miembros de la diplomacia de EU apoyaron la desestabilización y el impeachment contra Dilma Rousseff. Un dato importante es la presencia de Liliana Ayalde como embajadora al momento del juicio a Rousseff, funcionaria que había sido embajadora en Paraguay durante la preparación del juicio y derrocamiento de Fernando Lugo (2012) (Brasil Wire, 2015b). También destaca que durante la última sesión del impeachment, agentes del FBI intervinieron para desencriptar archivos del gobierno, situación conocida por el Fiscal General, Rodrigo Janot, tal como lo hizo saber en sus reuniones con miembros de la Embajada (Brasil Wire, 2021). Por su parte, Michel Temer (vicepresidente durante el gobierno de Rousseff), quién asumió como presidente de transición luego del impeachment, fue uno de los que se reunía con personal de la Embajada, informando sobre la situación del PT, sus debilidades y principales problemas (WikiLeaks, 2006).

El espionaje y la participación de la Embajada en estas acciones, es previo y encuentra hilos conductores con las tensiones por el monopolio de la estatal Petrobras de las reservas de hidrocarburos de Presal, descubiertas en plataforma submarina brasileña en 2005. En uno de los cables de la Embajada (2009), José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (en ese tiempo candidato a elecciones y luego del impeachment, Canciller de Michel Temer) aseguraba que de llegar a la presidencia cambiaría las leyes que regulaban el sector petrolero (Brasil Wire, 2015a). El tipo de información que manejaba la embajada de EU, sus informantes clave, etc., dan cuenta de verdaderos operativos encubiertos llevados a cabo sin ningún tipo de consideración por la legislación nacional e internacional con respecto a la no injerencia en asuntos políticos internos.

SANCIONES Y GIRO DE TIMÓN

Las sanciones económicas, a individuos o gobiernos son una herramienta de poder blando de EU implementada desde la Guerra Fría, y son consideradas como herramienta de lawfare (Dunlap, 2009). En el Siglo XXI se usan de modo sistemático, especialmente bajo la ley anticorrupción de EU (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y los mecanismos legales asociados (Koheler, 2015). Las sanciones no tienen por objetivo el daño económico, sino que se orientan a la desestabilización y derrocamiento de gobiernos, bajo la fachada de lucha contra la corrupción (Romano, Tirado y García Fernández, 2017).

El Departamento de Justicia demandó a Odebrecht en diciembre de 2016, otorgando enorme proyección internacional al caso, facilitando la articulación ya existente entre poderes judiciales, organismos de inteligencia e investigación criminal con gobiernos de la región para cooperar con agencias de EU (Romano, Kaplin y Feirman, 2016). La causa Odebrecht se ubica como la mayor sanción monetaria impuesta por las autoridades judiciales de EU en la historia de vigencia de la FCPA, en 3.6 mil millones de dólares. También en el marco del Lava Jato, destaca la multa contra Petrobras, obligada a pagar 1.8 mil millones de dólares (Romano y Britto, 2021).

Pero el impacto del Lava Jato no se limita a las multas a compañías translatinas, sino que implicó un cambio de rumbo de la economía brasileña, con un efecto dominó de quiebra, descapitalización y privatización de empresas nacionales (Campos, 2019) y un mayor involucramiento de EU en seguridad y desarrollo tecnológico. Destaca el caso de la nacional de aviación Embraer, que pasó a manos de la estadounidense Boeing, así como los múltiples acuerdos con EU para compartir o ceder patentes y la presión de EU para obtener un lugar preferencial en las inversiones en infraestructura, en disputa con China y en el vacío dejado por Odebrecht (Romano, 2020a: 359-363). En este sentido, la continuidad con procesos de desestabilización y golpe durante la Guerra Fría es enclave de los intereses geoeconómicos y geopolíticos en juego.

INTERESES GEOPOLÍTICOS Y ANTICOMUNISMO

Los intereses del Lava Jato, ocultos a la opinión pública, se articularon en torno a una importante disputa por la proyección cada vez más significativa de Brasil a nivel internacional. En el centro está el yacimiento de hidrocarburos del Presal. En documentos filtrado por Wikileaks, una empresa estadounidense vinculada a cuestiones de seguridad, Stratfor, advertía:

Brasil ha mencionado varias veces que el Atlántico del Sur es un Amazonas azul y que ningún país del Norte debe ocuparlo … Desde que Lula está en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a Las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del Pres-Sal … Brasil está aumentando su capacidad militar de cara a la próxima década. De modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto del desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de interés. (Kozloff, 2013).

En efecto, en documentos previos, se vinculaba también la reserva del PreSal, con el rol de Brasil a nivel internacional y un “peligroso acercamiento a China”, que preocupaba a los socios de la OTAN (Brasil Wire, 2015a). Dos meses después del impeachment, se le quitó a Petrobras el monopolio sobre el Presal y se abrió a licitación. Durante el gobierno de Bolsonaro, se nombró a Brasil como aliado extra-territorial de la OTAN.

Otro ejemplo es el del uso de la base militar de Alcántara (ubicada en el Amazonas brasileño) por parte de fuerzas de seguridad de EU, uso que fue denegado durante el gobierno de Lula da Silva y que fue habilitado bajo la gestión de Temer. Desde entonces, representantes de empresas estadounidenses como Lockheed Martin, Boeing, Vector Space Systems y Microcosm visitaron la instalación y demostraron interés en utilizarla para el lanzamiento de satélites. En efecto, a partir de 2018, se firmaron acuerdos para habilitar lanzamientos espaciales desde esa base, con tecnología estadounidense (Lajtman y Romano, 2018).

El escenario de desestabilización institucional, política y económica generada por la persecución política por la vía judicial contra el PT en una cruzada contra la corrupción, tuvo como principal objetivo la desarticulación del andamiaje institucional del Estado brasileño, articulado en torno a empresas estatales con proyección regional e internacional, en particular aquellas vinculadas a sectores estratégicos: hidrocarburos, energía eléctrica, aviación, etc. El Lava Jato habilitó una “guerra de todos contra todos” (Costa Pinto, et. al, 2019), un vaciamiento de la política, allanando el terreno a la derecha conservadora, con ideales anticomunistas fuertemente arraigados. Esta tendencia también fue impulsada desde EU con Donald Trump y su campaña anticomunista contra Cuba y Venezuela. Al asumir el gobierno, Bolsonaro prometió acabar con la corrupción y “destruir a aquellos que defiendan ideas comunistas” (La Vanguardia, 2019), a la vez que reivindicó el golpe de Estado de 1964 contra Joao Goulart (Página 12, 2019).

CONTINUIDADES Y RUPTURAS

Considerando los mecanismos de desestabilización contra el gobierno de Jacobo Arbenz en el marco de los objetivos de guerra psicológica y política, se expuso que una de las vías fue la presión diplomática, en particular a través de las Organización de Estados Americanos, para otorgar un marco aparentemente legal y de apego a la norma para justificar una posible intervención (que en los hechos ya estaba operando), con el objetivo de fabricar un consenso en contra de Guatemala a nivel de organismos regionales y con proyección en organismos internacionales. La otra estrategia fue la presión económica, desestabilizando y debilitando a una economía dependiente de EU, propiciando, por un lado, la desmoralización y la pérdida de apoyo de grupos económicos y políticos locales comprometidos con los proyectos del gobierno. Asimismo, en términos más profundos, condujo a la criminalización de las políticas nacionalistas y antiimperialistas promovidas a partir de la intervención del Estado en la economía. No obstante, fue la propaganda uno de los componentes clave del PBSUCCESS, estructurada en torno al relato anticomunista y proyectada en prensa y radio para desmoralizar, dividir y quebrar el apoyo al gobierno y proyectar esa imagen a nivel internacional. Contó con campañas de noticias falsas (hoy, fake news), relatos de enriquecimiento de miembros del gobierno (similar al relato de la corrupción en la actualidad), la presencia sistemática de noticias negativas o críticas con respecto al gobierno en medios locales e internacionales, repetidas por diversos medios (hoy denominadas campañas mediáticas). También se reveló como fundamental el rol de las Fuerzas Armadas.

Retomando lo anterior, en términos generales, podrían señalarse algunas diferencias relevantes entre los procesos abordados. Mientras el Lava Jato, como caso ejemplar de lawfare se apoyó principalmente en el aparato judicial y su articulación con los medios de comunicación, en el operativo de derrocamiento de Árbenz, la fachada legal estuvo presente, pero no fue determinante. El intento de legalizar la intervención en Guatemala, en la Décima Conferencia Interamericana, o la presentación de pruebas (falsas) contra el gobierno de Árbenz, iba en esa dirección. Pero el pilar del PBUSCCESS fue la guerra psicológica, otorgando un lugar clave a la propaganda y mecanismos de desestabilización dentro del gobierno y sectores afines mediante operativos abiertos y encubiertos, incluida la desestabilización económica. En aquel momento, las campañas o programas de guerra psicológica y política implicaban una articulación deliberada y premeditada de los Departamentos de Estado y Defensa, operativos encubiertos y propaganda coordinada entre agencias del Estado y periódicos o radios locales e internacionales. En los procesos de lawfare actuales, sigue siendo fundamental el linchamiento mediático para la desmoralización y criminalización de líderes políticos en medios de comunicación y redes sociales. La diferencia es que, en virtud de la reproducción ideológica del capitalismo neoliberal, no se requiere necesariamente de un plan premeditado (aunque en ocasiones pueda generarse) para que el gobierno de EU articule con los medios de prensa más renombrados o las voces expertas consideradas como legítimas. Esto, porque en general comparten una línea político-ideológica en la que cualquier gobierno o sector político que promueva la nacionalización de recursos, reclame soberanía y autodeterminación y ponga en evidencia las asimetrías del sistema liberal internacional, es caracterizado como autoritario, antidemocrático, antiliberal, etc.

Otra gran diferencia, es el rol activo, y en última instancia indispensable, de las FFAA en el golpe de Estado de 1954. Durante la Guerra Fría las FFAA tenían presencia “natural” en la política y fueron parte clave para concretar el derrocamiento del gobierno y organizar el gobierno de transición. En la actualidad, en países como Brasil, las FFAA tienen una gravitación indudable, pero, salvo acciones concretas en contra del PT, (6) no parecen aspirar (todavía) a un lugar privilegiado o más protagónico en la esfera política formal, y el papel jugado en el Lava Jato ha sido subsidiario en comparación al del aparato judicial.

Lo que se presenta como una continuidad importante es el modo en que tanto el gobierno, como el sector privado estadounidense, llevan a cabo diversas estrategias de presión política y diplomática, desestabilización y presión económica, desprestigio y desmoralización en la opinión pública, con el aditivo del rol protagónico otorgado a procesos judiciales, para dar un aspecto de apego a las normas y resguardo del Estado de derecho y la democracia. En este ámbito, es de relevancia el rol adoptado por los medios de comunicación articulados deliberadamente o no con el aparato judicial, clave para la desmoralización, criminalización e incluso eliminación del enemigo de la esfera política formal. Preocupa el rol asumido por las embajadas estadounidenses, que persisten en llevar a cabo operativos encubiertos, atentando contra todo tipo de legislación vigente, y con un fuerte impacto en la política local.

A modo de síntesis, el lawfare forma parte de “una guerra por otros medios” contra cualquier alternativa al orden instituido que provenga de una izquierda organizada y con importante gravitación en la política, identificada en última instancia como una “amenaza comunista”. El anticomunismo aparece como un hilo conductor con la Guerra Fría, momento en el que constituía una de las premisas y razón de ser de la guerra psicológica y que, con el paso de las décadas, en particular luego de la implosión soviética, se fue naturalizando al punto de concebirse como algo “correcto” o incluso “necesario”.

Los métodos y objetivos de la guerra psicológica y la guerra política se condensan hoy en los procesos de lawfare y operan contra cualquier gobierno o sector político que intente reclamar autodeterminación y soberanía, u otorgar centralidad al Estado frente al mercado, tal como ocurrió en Guatemala. Esta dinámica busca ser obstaculizada o neutralizada por la vía del encumbramiento del aparato judicial en reemplazo del rol activo y directo de las FFAA durante la Guerra Fría, y que, a pesar de la diferencia, logra efectos similares en términos de propagación de miedo y tendencias anti-políticas, siendo el Poder Judicial el menos democrático, el más elitista y con mayores conexiones sociológicas, históricas e ideológicas con las derechas golpistas de la Guerra Fría. El lawfare se muestra como una continuidad de la implementación de guerra psicológica, operando en el marco de las denominadas guerras híbridas. Constituye una de las herramientas de desestabilización para el cambio de régimen, en contextos políticoeconómicos de disputa real, con una hegemonía estadounidense en decadencia.

NOTAS

1. Sobre golpes blandos, ver Boron (2013) y Roitman (2017) y el modo en que retoman el concepto de Gene Sharp para aplicarlo en América Latina. Sobre poder blando ver Nye (2004). Entre otros debates y posturas, destaca la propuesta de reemplazar la noción de golpe blando por la de neogolpismo (Soler y Prego, 2019).
2. Sobre este caso, existen numerosos antecedentes, entre ellos: García Ferreira 2010, Mobil, 2010; Valdés Ugalde, 2004; Cullather, 2002; Immerman, 1982; Tobis y Jonas, 1979.
3. CEUAGE (Unión de Estudiantes Universitarios Guatemaltecos en el Exilio).
4. Hay numerosos análisis y antecedentes que se enumeran en Romano, 2021. Ver entre otros: Proner et. al, 2018; Zanin, Teixeira y Valim, 2018.
5. Algunos artículos, entre muchos, que abordan el tema: Féres y Sássara, 2016; Damgaard, 2018; Callegari; Fernandes Dias y Guerra Zaghlout, 2020; Lacerda, 2018; Cioccari, 2015; Gomes, 2016, etc.

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