Peña Nieto entregará un país peor que el que recibió. Hoy la violencia es generalizada y con tres frentes: criminal, oficial y social. Desde Calderón, la violencia gubernamental –descontrolada e improvisada– sólo vino a profundizar la disputa salvaje en los campos de la alta política, el gran empresariado y el sector social. El próximo relevo del gobierno federal debe propiciar un cambio radical en la manera en que se enfrenta la inseguridad. Indispensable, integrar un enfoque sociopolítico
México tiene en riesgo su gran acuerdo
para existir y progresar. Vive una crisis no vista desde los tiempos
posrevolucionarios. En 2 décadas, la garantía de la paz pública como uno
de los más firmes derechos del hombre, y su expresión operativa, la
seguridad, ha evolucionado de ser un problema del gobierno, que en un
tiempo fue ordinario, manejable y sin mayor exigencia social, a ser el
fenómeno de violencia generalizada que hoy, principios de 2018, es la
dificultad más aguda que enfrenta la nación, no sólo el gobierno.
La amenaza de caer en una situación de
ingobernabilidad es evidente. Hoy el gobierno ejerce sus funciones desde
un rincón y no quiere dar valor público a los tantos datos de turbación
política y social que existen. En este sentido, es también una tarea
cuya solución no puede ser, una vez más, sólo paliativa y así, con esa
actitud propiciar una metástasis. Se demanda algo transformador,
determinante y en ello, la sociedad organizada debe asumir una
responsabilidad trascendente. Esa es la razón de este ensayo, colaborar
al menos con ideas a que la comunidad nacional, pero más aquellos que
tienen alguna forma de poder o convocatoria, se decida a expresar su
irritación por el medio que le sea propio con vistas a ayudar a salir de
este atolladero.
Hasta hace poco, el derecho general a la
paz pública se satisfacía con la sola y relativa ausencia de violencia
inquietante: existieron guerrillas, grupos sociales exaltados, fenómenos
naturales, homicidios, robos y asaltos rutinarios, presentes en toda
sociedad, pero nunca generaron el ambiente de miedo que hoy nos embarga.
Ahora para garantizar ese derecho a la paz, se necesita que se eviten
las tres formas de violencia: La violencia criminal, la violencia
oficial que genera el gobierno con sus operaciones y la social,
producida por elementos de la sociedad que han aceptado delinquir como
una actividad legítima para satisfacer sus necesidades, una especie de
sustituto racional del trabajo. Los tres factores son causa y origen de
la violencia, manifestación mayúscula de la inseguridad pública, que es
cualquier acción que perturbe al estado de comodidad en las formas de
vida al que la población tiene pleno derecho.
La situación en México ha evolucionado
rápidamente en sólo 20 años. De padecer un estatus de inseguridad sólo
desconfortante, habitual, costumbrista, hemos pasado a una agudización
de ella y a un estado de creciente violencia que se inició como actos
criminales, primordialmente precipitados por el narcotráfico; empeoró
con la introducción descontrolada de la violencia oficial en aquella
memorable invasión de Michoacán de enero de 2006, la guerra de Calderón,
y ha llegado a grado extremo actualmente con las improvisaciones,
desaciertos y vaciedad de Peña Nieto. Hoy lamentamos la creciente marea
delictiva de la violencia social: su explicación es que la sociedad ha
aprendido a delinquir como medio que cree legítimo para satisfacer sus
privaciones y reclamos. La situación al finalizar el gobierno de Enrique
Peña es peor de como la que recibió y, por inercia, seguirá empeorando
si no se busca la solución radical.
En México no se está garantizando, ni en
lo poco, el primordial derecho a la tranquilidad que da lugar al
esfuerzo generalizado y hacia al progreso. Un altísimo índice de la
población no se siente seguro y tampoco mejora su percepción de que
pronto tendrá segura la paz como derecho. De ser evidente ese derecho
significaría sentir una garantía para su vida, vivir sin tener temor a
perderla ni a ella, ni a su integridad personal, ni a su patrimonio. Ese
es el sentir social sobre su cotidianeidad y su futuro. Tiene todo el
derecho a pensar así.
El Estado está obligado a generar
condiciones óptimas para que las personas se sientan seguras, que haya
situaciones para que no viva con temor, a que se desarrolle en un
ambiente tranquilo, donde se le respete su derecho a transitar
libremente y a no ser oprimido, sabiendo que nadie lo debe lastimar,
que, de darse un hecho lamentable, un Estado democrático estará presto
para su auxilio. Si esto ocurriera, la nación se volcaría en su auxilio.
De todo esto trata este planteamiento. Tenemos derecho a vivir en un
ambiente confortable, de eso se trata, de disponernos a exigirlo y
trabajar por ello.
De cara a los procesos electorales,
estamos empezando a oír las más diversas propuestas sobre cómo atender
el gravísimo problema de la seguridad pública, las más de ellas
honestas, pero de alcances genéricos, reducidos, ante un daño que es
mayor. En ese largo plazo, veremos hechos y dichos sorprendentes por
parte de reales y supuestos expertos y especialistas. El debate
electoral por naturaleza es retórico, grandilocuente y puede ser estéril
a menos que exista una enérgica decisión por el cambio.
En un mundo pugnaz, en una campaña
acometedora como la presente, son condiciones difíciles para un
candidato el ser objetivo y veraz a menos que se declare por anunciar un
cambio realista y fundamental. Formular propuestas transformadoras de
mil vicios le implicaría asumir costos políticos, sociales y
presupuestales y que, en principio, con una salvedad, sólo ofrecerían
frutos confiables a plazos medios y largos, aunque como es justo,
entendiendo el carácter político del proceso electoral, se ofrezca
simultáneamente paliativos transitorios en breve plazo. Ese discurso que
llama al esfuerzo compartido, por honesto sería muy bien recibido, más
si ofrecen ciertos alivios prontos. La otra gran premisa es que la
sociedad que justamente exige un cambio, consecuentemente, debe
disponerse a comprometerse en el esfuerzo.
Al mismo tiempo surge otra determinante:
El cambio radical es ahora o nunca. El relevo del gobierno federal es
propiciatorio. O el próximo gobierno enfrenta decididamente ahora el
problema o el futuro nacional se verá muy comprometido. Mucho de la
situación actual se deriva de que en 20 años sólo se han aplicado
medidas parciales de resultados supuestamente inmediatos. Es la hora de
aceptar que a todo le llega la exigencia de remirar y reiniciar tareas,
así es el vivir de una sociedad. Es hora de cambiar. Si esta aseveración
fuera atendible, habría que buscar caminos para convocar a la nación a
encarar lo grave de la situación, sus complejos requerimientos y lo
difícil que será alcanzar pronto logros indispensables. Sólo la sociedad
organizada y debidamente conducida tiene la libertad de opinión, la
sensibilidad sobre el problema y la entereza de plantearlo como justa
exigencia a los gobiernos entrantes.
Un factor relevante es que han empezado a
darse encuentros de organismos sociales en busca de interlocutores
políticos con miras a hacerse oír en las campañas. Ese camino, legítimo y
comprensible es posible que no sea el mejor si sus interlocutores
políticos no desean escuchar, si, como ha sucedido, ellos creen saberlo
todo, pero esa legítima expresión de hartazgo ya está ya en curso, nada
la detendrá, salvo cierta certidumbre de que vamos en el camino del
cambio. La contaminación electoral es un peligro a evitar. Es apremiante
que la sociedad se organizara de múltiples maneras, en un esfuerzo de
la dimensión requerida por un problema nunca enfrentado suficientemente
por ella al margen de las campañas, y atendiendo a la oportunidad de un
gobierno a renovarse.
Un segundo factor que obra sobre esta
ardua tarea y es de gran calibre, es la arraigada costumbre del poder
político de despreciar las propuestas de la sociedad en términos que
fueran reales y comprometidos. En estos mismos tiempos somos testigos
como organizaciones sociales de gran solvencia moral, técnica y
experiencia y aún voces de organismos internacionales han sido ignorados
por el gobierno federal. Hoy como nunca el poder político está obligado
a reconocer las grandes fallas y escuchar al pueblo.
Como paso inicial es necesario que una
constante en cualquier proposición, sea la oferta del ineludible cambio.
El problema que ya no es sólo criminal, ha entrado con gran fuerza a
los campos netos de la alta política, de los líderes sociales y
económicos y despertado la exigencia desesperada de la comunidad
nacional. El enfoque meramente criminal, como el que se ha dado en ya
largos años, ha demostrado ya que, si nunca fue correcto, hoy está
absolutamente rebasado. La sociedad nacional está justamente alarmada y
puede ya dar signos de impaciencia que suelen ser incontrolables.
Un encauce nuevo es indispensable: el sociopolítico, el que debería cumplir tres exigencias:
- Enfoque preventivo oficial y social,
- Participación popular y
- Reestructurar el actual procedimiento de pretender ofrecer seguridad.
Esto lo convertiría en un proyecto
diferente, de naturaleza interdisciplinaria, de sociología política y no
solamente de control político/policial.
Naturalmente, cada rubro mencionado está
compuesto por mil partes que habrá que desagregar una vez enriquecido y
aprobado este ensayo. Eso equivale en parte a una autopsia que
resultará desagradable para la presente administración, muy
comprometedora para su partido, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), y resulta ser un filón de oro para los partidos de oposición. Ambas características son una base de partida. Habría que partir de la
propia Constitución con sus vacíos, indefiniciones y parcelaciones sobre
el tema; considerar todo tratado o convenio internacional, dictar leyes
secundarias y fijar políticas públicas, todo ello debidamente
consolidado en programas de gran participación social. Estas razones
abundan en lo necesario que es preservar esas reflexiones nacionales de
toda contaminación.
El primer gran reto y el primer gran
requisito es aceptar que estamos ante un problema sociopolítico de
pronósticos alarmantes. Es importante hacer relevante que una situación
como la que actualmente se vive puede evolucionar del tipo de conflicto
presente a otro a perfilarse según los hechos que ocurran en un momento
dado. Hay datos ya presentes de numerosas señas de descomposición
social. Ella se victima a sí misma y crece la expansión criminal.
¿Queremos más? Por la brevedad deseable para un ensayo de este orden no
se hace un diagnóstico más. Hay ya numerosos, oficiales y privados muy
confiables y existe el más justo, objetivo y delicado: la sensibilidad
social que califica con la mayor autoridad la gravedad de la situación.
Las ideas propositivas están muy
decantadas por largos años de observación constante y metódica,
participativa y responsable, posiblemente son de considerarse. Cada una
se abrirá en 1 mil. La situación es sumamente delicada, inédita y
demandante de un esfuerzo intenso y continuado por un plazo que
seguramente rebasa a las costumbres de hacerlo todo con la perspectiva
sexenal. Es un reto mayúsculo y sui géneris, así debe ser la respuesta. La claridad y honestidad serán muy acertadas por novedosas. Siempre nos han engañado.
El presente ensayo es un esfuerzo por
trasladar ideas, experiencias, información, resultado de logros y
fracasos acumulados, intenta ser un trabajo culminante por la
acumulación de vivencias de décadas. Lo sustenta un ánimo de
contribución. No tiene pretensiones personalistas, aspiraciones o
adhesiones políticas, ni purismos académicos. Es un ensayo libre,
honesto, simple, llano sobre la casi inasible materia de seguridad
pública. Por los efectos de descomposición de la seguridad como deber
constitucional, la paz pública se ha desbordado, devenido en un grave
problema político y social que rebasando sus propias fronteras es ya un
asunto de violencia generalizada que es una amenaza al futuro del país y
una desgracia nacional. Así, el fin de este trabajo es ofrecer la
expresión, sólo la expresión de ideas que, de desagregarse, ordenarse y
hacerse ejecutivas, posiblemente fueran útiles a un esfuerzo mayúsculo
que deben titularizar gobierno y sociedad.
Anteriormente en este mismo prólogo se
planteó la necesidad nacional de examinar de manera honesta y profunda
ideas sobre el candente asunto de la seguridad pública que cada día se
complica más. No es previsible que sin amplísima honestidad y libertad
se evite el riesgo que enfrenta el país de perder su gran acuerdo para
existir y progresar. Tal como vivimos no nos permite prever un destino
como el deseado. Deseamos vivir en paz y dignamente, debemos hacer
ruido.
El momento electoral ofrece dos condiciones contrastantes:
- El riesgo de la natural politización que todo discurso electoral tendría y,
- La coyuntura de la próxima renovación de los poderes federales.
Como nunca, hoy la solución está
básicamente en manos de la creatividad pública y su capacidad de
exigencia que, venturosamente cada día es más vigorosa: La comunidad hoy
sometida, está decidida a someter al poder. Está en marcha para
proponer y exigir sin necesidad de interlocutores políticos. El severo
descrédito de las organizaciones políticas ha abierto un enorme hueco
que está siendo llenado por la sociedad.
En pasos subsecuentes, como se dijo, se
intenta ofrecer ocho ideas de valor propositivo para iniciar la
exploración de soluciones sensatas:
- Unificación de Criterios Doctrinales,
- Desarrollo de la Prevención Oficial y Social.
- Reestructuración del Sistema de Seguridad Pública que incluye sus bases legales.
- Profesionalización en toda especialidad y nivel vinculados.
- Recomposición del Sistema Penitenciario.
- Abatimiento de la Corrupción Policial.
- Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales.
- Programación y Presupuesto.
Jorge Carrillo Olea**
**Director fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen: febrero de 1989-octubre de 1990); general del Ejército Mexicano en situación de retiro
No hay comentarios.:
Publicar un comentario