NAFTA 2.0: otra muestra del Estado corporativo conducido por Trump

Tom Kucharz

En la medianoche del domingo, y tras meses de fuertes tensiones diplomáticas, los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá adoptaron un nuevo acuerdo comercial preliminar, junto con México, que ahora se llamaría United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, el Acuerdo de los Estados Unidos con México y Canadá), reafirmando el papel hegemónico estadounidense. Este tipo de acuerdos provocan la precarización laboral, la bajada de salarios y daños ambientales irreversibles.
Al final no se rompió el NAFTA, acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos que provocó en 1994 el levantamiento zapatista en Chiapas. Le han dado un nuevo nombre. Las amenazas y los chantajes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han funcionado. El “nuevo” acuerdo muestra cómo avanza la captura corporativa de los Estados y la imposición de los intereses corporativos.

Tampoco es cierta la narrativa de las élites europeas que se quejan del “proteccionismo” de Trump. Él mas bien representanta la máxima expresión del “Estado corporativo”. Los EEUU acaban de lanzar también negociaciones comerciales con Japón y siguen negociando con la UE sin mandato un “TTIP por la puerta trasera”. Así que se impone la continuidad de las políticas neoliberales con una mayor dosis de nacionalismo económico de la Casa Blanca, más ventajas para el sector exportador de EEUU así como el fortalecimiento del capital transnacional estadounidense y especialmente del dólar como moneda internacional hegemónica.
 
EE UU restringe los tribunales de arbitraje

Durante muchos años, movimientos sociales, ONG, sindicatos y una parte de la academia han hecho campaña contra los privilegios escandalosos de las corporaciones transnacionales y han abogado por eliminar el capítulo 11 del tratado comercial NAFTA, que permitía a los inversores demandar a los Estados ante tribunales privados si alguna ley o regulación de interés general afectaba sus beneficios privados. Inversores han robado cientos de millones de dólares de los contribuyentes mediante sus ataques a políticas ambientales y de salud en estos tribunales corporativos.

La inclusión de privilegios especiales para inversionistas en NAFTA en 1993 generó un nuevo modelo de acuerdo comercial corporativo por golpe de estado que se ha seguido desde entonces.

Durante años, Canadá, por ejemplo, se vio afectada por demandas de multinacionales estadounidenses ante tribunales de arbitraje que obligaron a las provincias a renunciar a un seguro público de automóviles, a aceptar químicos tóxicos (impidiendo su prohibición) y a pagar indemnizaciones por rechazar canteras peligrosas o prohibiendo la extracción de gas mediante el Fracking cumpliendo con normativas ambientales.

Ahora, a instancia de Estados Unidos, no habrá un mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) entre EE.UU. y Canadá. Este es un cambio importante para ambos Estados, pero concretamente para Canadá, que ha estado promoviendo activamente el peligroso mecanismo en acuerdos como CETA (el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-con la Unión Europea) y el nuevo TPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). Considerando que Canadá es el país más demandado entre los tres países del NAFTA, con 37 casos de ISDS —en su mayoría demandas de compañías estadounidenses— será beneficioso para el interés público de Canadá. Los Estados Unidos han tenido 21 casos y nunca han perdido uno.

 

Que incluso la administración Trump elimine las normas de arbitraje de inversiones significa que un futuro presidente demócrata no puede dar marcha atrás y envía una señal poderosa a los países que también buscan eliminar del odioso régimen de ISDS. Sin embargo, todas las reglas del capítulo de inversiones siguen favoreciendo a inversores por encima de los derechos humanos.

El ISDS existe aún entre los EE UU y México

El régimen ISDS se mantiene entre México y EE UU, aunque se ha reducido su alcance, limitando el tipo de demandas que se podrán presentar ante tribunales privados de arbitraje, planteando, por ejemplo, que los inversionistas realmente sean del país que dicen que son, y asegurándose que los inversores tengan que pleitear primero en los tribunales nacionales.
Fue especialmente la industria petrolera estadounidense quien hizo presión para mantener las demandas inversor-Estado respecto a contratos públicos. Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, el gobierno neoliberal de México reformó ansiosamente su política energética y el nuevo presidente Andrés López Obrador desea ahora revisar la privatización del petróleo y gas. Los contratos gubernamentales en energía, telecomunicaciones e infraestructura estarán sujetos a las disposiciones del arbitraje inversor-estado.
 
No se frenarán las exportaciones de combustibles fósiles

Se han eliminado los términos que obligaban a los países a continuar exportando los recursos naturales que buscan conservar. No está en el nuevo acuerdo la “proporcionalidad energética” que obliga a Canadá a exportar una cantidad determinada de energía a los Estados Unidos.

Sin embargo, el acuerdo no permite limitar las exportaciones o importaciones de combustibles fósiles, ni tampoco hace una referencia vinculante a cumplir con objetivos de lucha contra el cambio climático.
 
La Agenda del comercio digital amenaza a la cultura

Canadá dice que ha mantenido su exención cultural que establecía el tratado comercial NAFTA original contra la presión de la administración de los Estados Unidos. Esto significa que Canadá puede mantener políticas que protegen la cultura del mercado y de las mega industrias culturales de los Estados Unidos (cine, música, etc.).

Si bien esto es cierto, tiene la debilidad del acuerdo original. Es decir, define las industrias culturales de la manera en que las se definieron en la década de 1990 antes de la expansión de Netflix, HBO, los videojuegos y los gigantes de la economía de datos (Google, Facebook, Amazon, etc).

Es una gran amenaza para la diversidad cultural, la libertad de expresión y el movimiento de software de código abierto (entendiendo internet como un bien común). La sección de comercio digital del USMCA no permite restricciones al comercio digital, lo que impide que Canadá promulgue políticas futuras que protejan la cultura local ante la ofensiva de las grandes multinacionales en el mundo digital.

Las compañías tecnológicas suelen proyectar una imagen “moderna”, “juvenil” y “progresista” pero bajo la superficie, compañías como Google, Facebook, Amazon y Uber se comportan como una industria extractiva transferiendo enormes beneficios económicos de las clases populares a las cuentas de ejecutivos multi-billonarios. Además están imponiendo a los gobiernos una agenda política que les da niveles muy peligrosos de control sobre nuestras vidas y están causando impactos profundos en el desarrollo económico en el mundo, y más aún en el Sur global.
 
Capítulos ambientales y laborales

No es sorprendente que el "cambio climático" esté ausente en el acuerdo del Presidente Trump. Si bien hay un capítulo ambiental, nada se refiere al insuficiente Acuerdo climático de París. El capítulo es débil y sólo hace alguna referencia a la contaminación, el tráfico marítimo, los animales en peligro de extinción, el ozono, etc., pero no hay medidas vinculantes que antepongan la protección ambiental al derecho mercantil.

Los capítulos de los temas laborales y ambientales están llenos con términos no vinculantes y tampoco hay mecanismos de implementación o sanción.

El acuerdo perpetuaría la externalización de la contaminación y los empleos, ofrece ayudas especiales a los contaminadores corporativos y extendería el legado contaminante de Trump por años después de que haya dejado su cargo. Prolongaría la contribución del comercio trilateral a la crisis climática.

El tratado incluye una innovación: por primera vez se condiciona el intercambio comercial de un porcentaje de automóviles y piezas de automóviles al pago de un salario mínimo de 16 dolares USA por hora o más. Se abordan los problemas de seguridad y contaminación ambiental de camiones con domicilio en México que circulan por las carreteras de los Estados Unidos. Se ajustan también las reglas de origen que permiten discriminar a mercancías comercializadas entre los tres países que contienen altos porcentajes fabricados en China u otros países.
 
El oro azul: el agua sin protección

El movimiento mundial por un agua pública lleva años argumentando que el agua es un derecho humano, debe ser protegida y excluida de cualquier acuerdo comercial. En el NAFTA original, había un anexo que definía el agua como un “bien comercializable” y, por lo tanto, Canadá no podía limitar las privatizaciones y exportaciones de agua a los EE UU. Además, Canadá estaría sujeta a disposiciones de proporcionalidad para exportar agua.

En el nuevo acuerdo comercial, hay una carta complementaria sobre el agua, pero sólo son buenas palabras, no está muy claro hasta qué punto es exigible su no mercantilización. Y solo se aplica al agua natural, no al agua embotellada o cualquier otra agua que se haya convertido en un producto básico.
 
Impactos sobre la soberanía alimentaria y el mundo rural

El nuevo acuerdo permitiría a la agroindustria de los EE UU realizar una inmersión masiva en el sistema de gestión de suministros alimentario de Canadá y México.

A las grandes multinacionales tales como Bayer-Monsanto, Cargill, Tyson Foods, Archer Daniels Midland Company (ADM), DuPont, CHS, Dole Food o Chiquita Brands se les permitirá un todavía mayor acceso al mercado agrícola de sus países vecinos, lo que impactará sobre todo sobre la agricultura familiar provocando el cierre de pequeñas granjas y aumentando la concentración empresarial.

Un ejemplo: la ganadería canadiense y mexicana tendrán que competir —todavía más— con la leche industrial estadounidense, que está subvencionada y utiliza hormonas BHG para aumentar la producción, una sustancia no permitida en Canadá, por ejemplo, debido a sus efectos negativos sobre la salud.
 
Las mujeres y los pueblos indígenas no existen

No hay mención a los impactos específicos de las políticas comerciales sobre las mujeres. Ni tampoco hay referencia al consentimiento indígena en el acuerdo. Dos temas que muestra no sólo que los gobiernos son profundamente misóginos y racistas, sino que no hay nada de “progresista” en los tratados comerciales, como muchos medios y líderes políticos nos intentan vender permanentemente. Recuerdan el mantra del presidente de gobierno Pedro Sánchez sobre CETA cuando visitó Canadá y la UE. Mentiras.

Aumentan los precios de los medicamentos por los patentes

Canadá y México cedieron ante las demandas de la poderosa industria farmacéutica de Estados Unidos. Las patentes sobre medicamentos irán hasta 10 años. En este momento, son sólo cinco años. Estos medicamentos, los más caros del mercado, son vitales para los tratamientos de artritis, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entre otras patologías.

La protección de las patentes de las multinacionales farmacéuticas hará que los precios se incrementen y que sea imposible para el sistema público de salud cofinanciar o pagar ciertos medicamentos que son fundamentales para pacientes que sufren enfermedades pero no tienen el dinero para pagarse los tratamientos. Por ejemplo, el alargamiento de las patentes de medicamentos biológicos de cinco a ocho años aumenta el gasto público en Canadá en 800 millones de dólares USA al año.

El nuevo tratado comercial facilitará los patentes perennes o imperecederas. Este término, procedente del inglés “evergreening patents” hace referencia a aquellas regulaciones que permiten a las farmacéuticas titulares de patentes una extensión de estas patentes para nuevos usos de los fármacos.

Las patentes que no lleguen a caducar por la expiración que establece la ley permiten a su titular explotarlas de forma exclusiva y evitar que terceros sin su consentimiento lleven a cabo esa misma explotación sin su consentimiento. Ello permite a las farmacéuticas controlar el mercado de un producto e impide el desarrollo de medicinas genéricas, mucho más baratas y que incluso podrían ser fabricadas por empresas públicas.

En definitiva, para las personas que tienen que acceder a medicamentos es uno de los peores acuerdos comerciales.
 
Cooperación reguladora

El nuevo acuerdo está lleno de lenguaje ambiguos de cómo se deben manejar las regulaciones existentes: se debe “cooperar”en la seguridad para el consumidor, el medio ambiente, etiquetado de alimentos y otras reglas. También establece un abordaje de la regulación "basado en el riesgo", lo que significa que la responsabilidad de mostrar si un producto es tóxico recae en las personas y no en la industria.

La cooperación reguladora permite a las empresas pasar por alto los procesos parlamentarios e influir en los organismos oficiales para que establezcan reglas a medidas de las demandas corporativas. También contiene reglas de administración que facilitarán reglas "más simples" en asuntos tales como la construcción de oleoductos. Todo ello dificultará mantener regulaciones de interés general.

El acuerdo terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor a no ser que los estados deciden renovarlo. Después de seis años se debe realizar una "revisión conjunta" para la cual los Estados pueden presentar recomendaciones.
 
Una política comercial que no defiende a la mayoría de los votantes de Trump

En las últimas décadas, especialmente a partir de los años 1980, las políticas comerciales fallidas de Estados Unidos, tanto del partido republicano como del demócrata, han aumentado dramáticamente el poder corporativo y han perjudicado a las mayorías sociales, y muy concretamente a las mujeres, la clase trabajadora, las personas dependientes, a los pueblos indígenas y al medio ambiente.

Las poblaciones de México, Canadá y los Estados Unidos han sufrido bajo las reglas de NAFTA durante décadas. En México la importación de productos agrícolas ha destruido millones de empleos agrarios y ha producido una migración forzada del campo a la ciudad. En EE UU casi un millón de empleos fueron destruidos en sectores industriales y los gobiernos han ayudado a las corporaciones a subcontratar empleos en México con salarios mucho más bajos y en condiciones lamentables.

La presión a la baja sobre los salarios en los tres países del NAFTA por la deslocalización sistemática de las empresas se ha intensificado a medida que los salarios manufactureros mexicanos ahora están un 40% por debajo de los salarios medios de China.

Nada de esto se cambiará con este nuevo tratado. Todo lo contrario. A pesar de la retórica racista y nacionalista de Donald Trump de "América Primero”, el nuevo acuerdo renuncia a una cláusula basada en la ley de contratación pública “Buy American Act” que requiere que el gobierno de EE UU, las administraciones federales y locales compren productos fabricados en Estados Unidos, lo que crearía más empleos y más ingresos para la economía local.

Tom Kucharz. Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No al TTIP, CETA y TiSA.

Juárez, el estratega republicano

Álvaro Cepeda Neri 
 
Ante la irrupción de los neorreaccionarios que, por años, se han empeñado en debilitar al Estado en sus funciones sustanciales, es necesario volver la mirada sobre la vida y obra de Benito Juárez. Frente a los enemigos de la democracia y el laicismo, la alternativa es avanzar con la Constitución, no contra ella

Dice Robin G Collingwood que “la autobiografía de un hombre cuyo oficio es pensar debería ser la historia de su pensamiento”[1] y, con ese hilo conductor, la de Benito Juárez debe ser la biografía del estadista y no tanto la anecdótica de quien fue hijo de Brígida García y Marcelino Juárez, y que nació el 21 de marzo de 1806. De sus padres, decía: “A quienes tuve la desgracia de no haber conocido… Indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanos María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca”[2].

Se ha hecho lugar común hablar de la muy ciertamente virtud de la férrea voluntad del indio originario de San Pablo Guelatao. Y de la que fue dejando testimonios iniciados con un suceso contando por él mismo, cuidando un pequeño rebaño de ovejas, una de las cuales le fue robada por unos arrieros (ladrones que en lugar de hacer un daño patrimonial a su tío y un inmenso bien a la nación), lograron que fuera finalmente la “gota de agua” para decidirse a llevar a cabo la idea que fue madurando de aprender el español: “Procurarme mi educación”, por lo que “a los 12 años de edad, me fugué de mi casa y marché a pie a la Ciudad de Oaxaca, donde llegué la noche del mismo día”. Hay varias historias que cuentan, con lujo de detalles y hasta exageraciones, lo que Juárez, sin dramatizar, liquida en unas cuantas líneas. Una de esas biografías es la de Ralph Roeder[3].

Y si bien una persona nace y muere en un espacio y tiempo determinados que son necesarios hasta para el más común de los mortales, es difícil fijar esas coordenadas en el caso de un hombre singular, convertido en históricamente in-mor-tal, como es el caso de Juárez. No obstante, debemos agregar que su muerte tuvo lugar el 18 de julio de 1872, cuando ya había cumplido 66 años.

Oaxaqueño-zapoteco, Juárez fue aceptado por el franciscano y encuadernador Antonio Salanueva, quien a cambio de su trabajo de ayudante le enseñó el castellano, a leer, escribir, algo de aritmética y hasta gramática. Se inscribió en el Seminario Conciliar de Oaxaca, avalado por su protector y pronto lo abandonó para no continuar estudios metafísicos que no lo convencían. No obstante, concluyó una especie de licenciatura literaria. Se le hizo tarde para ingresar a estudiar la carrera de derecho, de la que obtuvo el título en 1834.

Ya para entonces se conocía algo del pensamiento del liberalismo político y económico, llegado de viva voz por quienes venían a nuestro país en calidad de visitantes y residentes que hicieron de ésta su segunda patria y/o lugar para hacer negocios; además, por folletos, libros y demás medios de información. Juárez, para entonces, tenía bastante conocimiento del doble liberalismo y, sobre todo, de la corriente llegada de España, si atendemos que como investigó José Luis Abellán, en su libro Liberalismo y Romanticismo 1808-1874, es en ese país, cuya conquista y coloniaje le impuso al nuestro durante más de 4 siglos, donde son de “origen español las palabras liberal y liberalismo y, de hecho, sabemos que la palabra liberal aparece en la literatura castellana hacia 1280, con el sentido que ha tenido tradicionalmente de tolerante, generoso, desprendido, etcétera. Y que es en Cadiz, durante las cortes celebradas en aquella ciudad entre 1810 y 1813, donde adquiere por primera vez el sentido político con que pasaría a la historia… De la palabra liberal arranca la formación del vocablo liberalismo como doctrina política compartida por los liberales, en la que se defiende el principio constitucional frente al absolutismo y la soberanía nacional frente a la real, poniendo al individuo como eje de la política en cuanto la personalidad humana es fuente de derechos y libertades inviolables”[4].

Dos datos más confirman la llegada, por las playas mexicanas (por Acapulco y Veracruz), de información sobre el liberalismo político: la llegada a México del comerciante español Juan Antonio Lerdo de Tejada –padre de Miguel y Sebastián–, quien traía consigo una concepción del liberalismo económico, como puede constatarse en su libro Cartas de un comerciante español 1811-1817. Sobre todo fue su hijo Miguel Lerdo de Tejada, el coautor de las Leyes de Reforma, una inteligencia poderosísima e ilustrada sobre el liberalismo, ciertamente, en lo económico, pero muy peculiarmente en lo político.

Lo anterior, como puntos de referencia sobre cómo Juárez pudo enterarse de esas ideas modernas que también provenían de los estadunidenses, quienes para esas fechas ya habían adquirido su mayoría de edad política con base en la doctrina del liberalismo en su doble vertiente: económico y político. Tan es así que con las corrientes de información europea, Juárez ya era reputado de liberal: “uno de los sostenedores más ardientes de las ideas liberales” en su estado natal, donde –de 1831 a finales de 1845– participó activamente de la vida política para después ser electo diputado federal del Congreso que el déspota Antonio López de Santa Anna disolvió en ese mismo año. Por eso Juárez regresó a la tierra donde se hizo adolescente y adulto para, al término de un periodo de caos, ser electo gobernador constitucional y después reelecto, con lo cual ocupó el poder Ejecutivo estatal casi de 1847 a 1852.

De ese periodo nació lo que después se conoció, a nivel nacional, como buen gobierno republicano. No concluyó su gestión, porque “el general Ignacio Comonfort, presidente de la República, nombró a D. Benito Juárez –siendo gobernador de Oaxaca, el 19 de octubre de 1857– secretario de Estado y del despacho de Gobernación”[5].

Existe un libro magistralmente excepcional con la biografía de Juárez y precisamente del Juárez gobernante, donde se investigan las semillas que dieron origen al estadista: Exposiciones. Cómo se gobierna. Benito Juárez, trabajo biográfico de Anastasio Zerecero, con notas de Ángel Pola. En él se encuentra la biografía, más que personal, la que en sentido crítico hemos apuntado al inicio, o sea el rastreo de la obra de Juárez como un político consumado, en los términos que tan certeramente expuso el talentoso historiador Daniel Cosío Villegas.

 “Juárez, por ejemplo, no era como lo pintan sus enemigos, un hombre con la sola virtud del temple; tampoco era, como lo quieren sus apologistas, sólo un gran estadista; menos todavía era un visionario, sino un hombre de principios, que no es lo mismo y es mejor; era, además, un estupendo, un consumado político. Tenía los ingredientes que hacen al gran político: una pasión devoradora por la política, como que ella, al fin, lo consumió y una capacidad de lucha tal, que engendra placer y hace innecesario el reposo (muy pocas horas antes de morir se alegra de la noticia de que el paquete americano retrase su salida un día, pues así –dice­– llevará al mundo la noticia de la ocupación de Monterrey). Y Juárez tenía también otro ingrediente del político, sólo que la leyenda y el lugar común lo han desfigurado tanto al pobre, que han acabado por arrebatárselo: era flexible y conciliador”[6].

Según Cosío Villegas, Juárez conocía la naturaleza humana en sus miserias y grandezas. “Todo eso lo sabía Juárez, y porque lo sabía, jamás tuvo la actitud suicida de querer purificar al hombre sometiéndolo a la desagradable prueba del fuego, ni recrear al país con una varita mágica de virtud. Rara vez atacó de frente una gran reforma; tenía una noción clara y fina, que quizás sólo una vez se empañó, de cuáles metas pueden alcanzarse en el primer esfuerzo y cuáles metas en el segundo. Por eso Juárez tenía otro de los ingredientes necesarios al político: la percepción del principio, y su aplicación cotidiana, de que en política son pocas las batallas y muchas las escaramuzas, y de que deben ganarse todas éstas para vencer en alguna de aquéllas”.

Ese retrato biográfico de Juárez pinta al estadista que, formado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, después de su casi autoeducación, empezó a tomar “notas después de 1836 de obras de Virgilio y de Tácito; Humboldt, Prescott y Chateubriand, entre otros textos”[7]. En el Archivo General de la Nación, como escribió Leticia Mendoza Toro, se encuentra el cuaderno de notas de Benito Juárez, hallado por Los Amigos de los Archivos y Bibliotecas de Oaxaca, AC.

Juárez fue un animal político con una clarísima concepción del naciente republicanismo y del incipiente presidencialismo democrático, por vía electoral, que parió el federalismo estadunidense, si nos asomamos al proceso de la descolonización e independencia de ese país en las páginas de, cuando menos, dos trabajos que nos informan sobre esa experiencia[8] y que, adelantándose a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789 de la Revolución Francesa fue, en “la proclamación de Independencia de Estados Unidos del 4 de julio 1776, la primera exposición de una serie de Derechos del Hombre”; como lo fundamenta Georg Jellinek en su deslumbrante ensayo La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano[9].

Perseguido político de Santa Anna, Juárez fue encarcelado en los calabozos de San Juan de Ulúa y después enviado al ostracismo a Nueva Orleans, donde sobrevivió con otros connotados liberales y opositores de la dictadura del Quince uñas[10]. Como simple obrero de una cigarrera y conspirando para derrocar al déspota que usó las primeras botas de charol durante los 22 años que asaltó la Presidencia del país[11], fue lector de los periódicos, con sus compañeros de destino, donde aparecían –durante su exilio de 1853 a 1855, aproximadamente– las informaciones de la formación federalista, republicana y democrática de esa nación.

La formación de Juárez seguía siendo sobre la marcha de su vida en la experiencia que le tocó vivir, compartir y finalmente construir en su patria, a partir de cuando la triunfante Revolución Democrática de Ayutla fue nombrado ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos por el entonces presidente de la República y uno de los padres fundadores de la Generación de la Reforma, don Juan Álvarez. A partir de ese nombramiento, del 4 de octubre de 1855 hasta el 18 de julio de 1872, Juárez fue el centro de gravedad política e histórica para convertirse en el Hidalgo continuador por la Independencia de la nación mexicana, iniciada por Miguel Hidalgo y José María Morelos en 1810.

Es la biografía del estadista la relevante para precisamente describir la vida de Juárez, con cuya obra republicana se engrana para ser una y la misma durante casi 17 años. En ese lapso, fue presidente interino (1858-1861). Esto, porque tras la renuncia de Ignacio Comonfort –según el artículo 79 de la Constitución de 1857–, a Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, le correspondía ejercer el cargo interinamente[12] y de manera legal, con la legitimidad de su trabajo político como la de haber constituido, con Juan Álvarez y los liberales, los combatientes de nuestra gloriosa Revolución de Ayutla.

Ni limitada ni reglamentada y menos prohibida la reelección, al término de su interinato Juárez se presentó como candidato a las elecciones para obtener la victoria electoral que lo hace presidente de la República para el periodo de 1861-1865. Entonces el presidente duraba en su cargo 4 años. Esa Presidencia juarista fue el escenario de la perversa invasión francesa, porque el gobierno mexicano no resolvía las reclamaciones de Inglaterra, España y la misma Francia (de Napoleón) por pago de la deuda externa. Esos países, alentados por los conservadores y el clero-político, no aceptaron el arreglo pacífico que proponía Juárez, porque buscaban nuevamente apoderarse de México para imponer una monarquía preconstitucional y absolutista, como sucursal de la francesa. Ante la amenaza, el 25 de enero de 1862, Juárez decretó la suspensión de la deuda y declaró traidores a los reaccionarios mexicanos que buscaban derrocarlo y poner en su lugar a uno de ellos o en su defecto a un emperador extranjero.

Ingleses y españoles aceptaron las negociaciones con el gobierno juarista, mientras los franceses con Napoleón III resolvieron invadir militarmente nuestro país, conquistarlo y quedárselo como botín. Juárez, los liberales y los grupos nacionales conscientes del problema y la agresión de la guerra, dispusieron defender a la nación y su integridad territorial con la fuerza de la razón y las armas. Las tropas españolas e inglesas se retiraron de Veracruz, mientras las francesas avanzaron hacia Puebla y el 5 de mayo de 1862 –tal y como le dio parte de guerra Ignacio Zaragoza al presidente Benito Juárez: “las armas se han cubierto de gloria”– fueron derrotadas en una gesta heroica que parecía imposible en el momento de su realización. El déspota Napoleón empequeñeció más y, colérico por el revés militar que lo desacreditó por toda Europa, envió más tropas: 30 mil soldados bien pertrechados, al mando de uno de sus generales cargados de medallas por méritos en otros combates. Fue tal la embestida –que duró 2 años, de 1863 a 1865–, que Juárez, para seguir resistiendo y convertido en un estratega político, estableció la sede del gobierno y sus instituciones republicanas en San Luis Potosí y después en Chihuahua.

En diciembre de 1865 concluía el periodo presidencial de Juárez, pero en esa coyuntura dramática, sabía que era más que imposible convocar a elecciones constitucionales. Asumió la responsabilidad de prorrogar sus facultades y suspender el proceso electoral.

Sin éxito, los conservadores –e incluso los liberales y militares– buscaron deshacerse de Juárez. Pero él, con los ojos del estadista, veía que el proceso electoral hubiera sido la gran oportunidad para llevar a cabo los fines aviesos de franceses y conservadores mexicanos que les permitiría consolidar la traición. El grupo liberal se escindió: la deserción de González Ortega causó rupturas irreparables, pero Juárez se mantuvo firme en el cumplimiento de su deber.

Como presidente, porque había asumido nuevamente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con los liberales leales a la causa de la República y en defensa de la integridad territorial, como contra la amenaza de cambiar el régimen político por una monarquía ya ni siquiera nativa, sino extranjera, se dedicó a mantener la legítima oposición a la invasión franceses. Ya para entonces, los traidores del conservadurismo, el clero político y estratos de la oligarquía habían traído al ingenuo de Maximiliano, quien, creyendo en los Tratados de Miramar, reclamaba la retirada de Napoleón III para que mantuviera a sus tropas hasta su entronizamiento como emperador de México.

Maximiliano nunca fue, legal y menos legítimamente, emperador de nuestro país, por dos razones fundamentales: ningún Congreso constituyente contrarreformó la Constitución vigente de 1857. Y como escribió el historiador Gastón García Cantú respecto al recuento de los gobiernos que hemos tenido de Guadalupe Victoria a la fecha: “el de Maximiliano jamás lo fue, como tampoco la regencia de arzobispos y generales que le antecedió, porque Juárez era Presidente de la República”[13]. Y es que el indio de Guelatao no había renunciado ni abandonado el territorio. Y en cambio defendía las instituciones liberales y la Constitución vigente sin rendirse ni titubear en ningún momento.

Para el segundo periodo de 1865-1867 (tercero, con los años del interinato), Juárez, con los grupos liberales leales a la causa de la nación en defensa de su soberanía política y territorial y a través de sus respectivas tropas, se encontró frente a frente con el invasor Maximiliano y los traidores de la facción más desafiante de los reaccionarios que se resistían: al triunfo de las Leyes de Reforma, la consolidación del Estado laico, la separación del Estado y la Iglesia (como el sometimiento de ésta al imperio de la ley constitucional) y la victoria, pues, de la República.

Los reaccionarios, “que al fin son mexicanos”, eran quienes tenían como factor común con sus compañeros de viaje los conservadores europeos y sobre todo españoles, “la característica esencial de reaccionar, de negar las concepciones políticas tanto de la ilustración cuando del liberalismo…resultado de la exaltación religiosa (y) la identificación que el mito reaccionario ha efectuado del Antiguo Régimen con la causa del bien, y la filosofía, Ilustración y el liberalismo con la causa del mal”[14].

No fue la lucha de la Generación de la Reforma, con sus singulares individualidades y los estratos sociales de la nación que los apoyaron hasta las últimas consecuencias, un combate fácil contra quienes manipulaban los sentimientos religiosos de la población para llevar agua a su molino, en el contexto de que los conservadores dividían a los mexicanos “en dos bandos irreconciliables: los católicos (nativos de ascendencia española contra los mestizos e indígenas), monárquicos netos y absolutos; y, los impíos liberales (agentes del diablo), traidores a la patria y miembros de una conspiración internacional para destruir la sociedad, la Iglesia y las instituciones tradicionales. Todo compromiso es impiedad, pacto con el demonio; no hay más solución que el exterminio… Que será usado como una de las más eficaces palancas para la persecución y represión del naciente mundo liberal”[15].

Los reaccionarios no eran ni se comportaron como adversarios, sino enemigos a muerte que no daban cuartel y a los que Juárez sometió con todos los recursos militares y políticos que, con los soldados y los Mariano Escobedo, Ramón Corona y Porfirio Díaz, constituyeron la obra de la estrategia republicana de Juárez.

Ante la heroica resistencia de los liberales mexicanos, los franceses que tenían todo que perder y ya nada que ganar optaron por la retirada de su milicia hasta abandonar el país, dejando a Maximiliano a la suerte de sus generales Miramón, Leonardo Márquez y ese sui géneris de Tomás Mejía (un indígena como Juárez que hizo honor a su calidad de adversario en las filas de la reacción). Ante el retroceso de las tropas conservadoras y asumir Maximiliano su mando para dirigirse a Querétaro, Juárez inició su regreso. De Ciudad Juárez se trasladó a la capital de Chihuahua y después a Zacatecas (donde Miramón estuvo a punto de tomarlo prisionero).

Pero Juárez se escapó en las narices del general conservador y siguió avanzando para llegar a San Luis Potosí en febrero de 1867. Entre tanto, las fuerzas militares liberales acorralaron a Maximiliano, Miramón y Mejía en la capital queretana y estos se rindieron el 15 de mayo de 1867. Porfirio Díaz, por su parte, hacía huir al chacal de Leonardo Márquez y reconquistaba la ciudad de México para la entrada triunfal de Juárez y la República el 15 de julio de 1867.

Antes del regreso a la capital del país y conforme a la ley del 25 de enero de 1862, Mejía, Miramón y Maximiliano fueron juzgados, con sus derechos a salvo para su defensa por reconocidos abogados, y sentenciados a ser fusilados en el cerro de Las Campanas el 19 de junio de 1867. En ese año, como puede deducirse, tuvieron lugar tales acontecimientos, que fueron los que le imprimieron el viraje histórico a la lucha liberal y con los que coronaron su triunfo, mientras el cetro y la corona del austríaco no pudieron ungir al usurpador.

Al entrar a la capital del país, Juárez y los liberales habían cumplido con su deber constitucional de mantener sus instituciones y la integridad territorial. Fue ese 15 de julio de 1867 que el estratega republicano pronunció, como un moderno Pericles, el discurso en honor de la República y “el mejor elogio de aquellos que por su heroísmo” contribuyeron a salvar a la nación (Tucídides, La guerra del Peloponeso. Oración Fúnebre de Pericles de Atenas. Editorial Cátedra). Y, por cierto, 136 años después, un heredero de los conservadores, el ultraderechista y antijuarista Vicente Fox, se atrevió a sacar de Los Pinos el retrato de Juárez pintado por Tiburcio Sánchez en 1889 y que otro reaccionario como Santiago Creel, diciendo que el cuadro honraría el edificio de Bucareli, lo remitió a Palacio Nacional, no pudo menos que invocar al ilustre oaxaqueño y rendirse ante la grandeza del indio de Guelatao, para presumir al Juárez históricamente vigente: “Hace ya más de un siglo, uno de los más grandes estadistas de mi país y de América, Benito Juárez, afirmó que: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”[16].

Terminada la guerra con Francia, y ante la convocatoria para elecciones, presentó Juárez nuevamente su candidatura y el Congreso lo declaró presidente para el periodo 1867-1871. En la incipiente democracia en transición a su consolidación (interrumpida después por Porfirio Díaz), eran legítimas las protestas e incluso hubo rebeliones. El tercer ejercicio presidencial, ya desgastante, provocaba cansancio entre los mexicanos y sobre todo en los grupos afines a Porfirio Díaz, quien alegaba méritos para llegar a la Presidencia de la República.

Juárez, mientras tanto, controlando unas y otras, con medidas que le valieron entonces y sobre todo con el transcurso del tiempo calificativos de autoritarismo, puso manos a su obra constructiva, como fue el establecimiento de la enseñanza laica que volvió a remover el viejo malestar de los reaccionarios que, vencidos una y otra vez, insistían en sus desafíos para echar abajo esa conquista del liberalismo ilustrado.

Sobre este personaje histórico existen numerosas obras que analizan y reconocen, como también las que critican y hasta impugnan su obra como presidente. Los 15 tomos documentales, cuyas notas y selección son de la autoría de Jorge L Tamayo[17], y los tres volúmenes sobre la administración pública juarista, coordinados bajo supervisión de una dependencia oficial[18], así como un trabajo de indispensable consulta sobre la Reforma desde 1854 a 1875, en cuatro formidables tomos[19]. Con la lectura de contexto para los anteriores, de una tesis doctoral sobre la Reforma[20]. Además de Francisco Bulnes, Juárez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma; y El verdadero Juárez y la verdad sobre la Intervención y el imperio.

Referencias:

 [1] R G Collingwood, Autobiografía. Fondo de Cultura Económica.

[2] Benito Juárez. Apuntes para mis hijos. Centro Mexicano de Estudios Culturales, México, 1981.

[3] Ralph Roeder, Juárez y su México, Fondo de Cultura Económica, México,1984.

[4] José Luis Abellán, Liberalismo y Romanticismo: 1808-1874, Espasa-Calpe, España, 1984.

[5] Ángel Pola, “Exposiciones. Cómo se gobierna. Benito Juárez”. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1987.

[6] Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México”, Editorial Hermes, México, 1959.

[7] Benito Juárez, Cuaderno de notas, editado como “Las lecturas de Juárez”, publicado por Amigos de los Archivos y Bibliotecas de Oaxaca, AC; México, 1998.

[8] Varios autores, Historia de los Estados Unidos. La experiencia democrática, Editorial Limusa, México, 1969. Y varios autores, Estados Unidos. Una civilización, Editorial Labor, España, 1975.

[9] Georg Jellinek, La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, Editorial Nueva España, México, 1953.

[10] Leopoldo Zamora Plowes, “Quince uñas y Casanova aventureros. Santa Anna, ese desconocido”, editorial Grijalbo, México, 1997.

[11] Carmen Vázquez Mantecón, Santa Anna y la encrucijada del Estado. La dictadura (1853-1855), Fondo de Cultura Económica, México, 1986.

[12] Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

[13] Gastón García Cantú, El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental 1810-1962, Empresas Editoriales, SA, México, 1965.

[14] Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Editorial Cuadernos para el Diálogo, España, 1971.

[15] Javier Herrero, obra citada.

[16] Patricia Ruiz Manjarrez, José Luis Ruiz; al alimón: Víctor

 Chávez y Alejandro Ramos, Claudia Guerrero y Juan Manuel Venegas,  respectivamente, Milenio, El Universal, El Financiero, Reforma y La Jornada, 29 de enero de 2003.

[17] Jorge L Tamayo, Benito Juárez (15 tomos). Editorial Libros de México, México, 1972.

[18] José Rosovsky, Primitivo Rodríguez y José Luis García, La administración pública en la época de Juárez (tres tomos), gobierno federal,  México, 1974.

[19] Mario V Guzmán Galarza, Documentos básicos de la Reforma (cuatro tomos), Edición de Humberto Hiriart Urdanivia, México, 1982.

[20] Jacqueline Covo, Las ideas de la Reforma en México 1855-1861, UNAM.

La lucha contra la corrupción requiere una revolución cultural

Marta Harnecker

1. Herencia Cultural que crea ambiente propicio para la corrupción

1. Para hablar de estos temas voy a partir de lo que ha ocurrido en América Latina, aunque mucho de lo que diga puede aplicarse a otros países del globo.

2. Gobiernos antineoliberales como Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, lograron en tiempos recién pasados disminuir sensiblemente las desigualdades y la exclusión social, al potenciar el poder económico y político de los sectores populares en lugar de proteger y ampliar las ganancias de los sectores empresariales. Concuerdo con Emir Sader en que los cambios “en estos países fueron enormes, los más significativos hasta entonces experimentados”.

3. La gran pregunta es por qué hoy la izquierda está a la defensiva; por qué y cómo, después de lograr imponer su hegemonía al conjunto de la sociedad, la ha perdido.

4. Para entender lo que ocurre debemos recordar que las políticas neoliberales, implementadas por el gran capital financiero transnacional, han venido imponiéndose respaldadas por su gran poderío militar y mediático, cuyo centro hegemónico son los Estados Unidos. Esto a pesar de que no sólo no han resuelto los problemas de la gente sino que han agudizado vertiginosamente la miseria y la exclusión social, mientras las riquezas se concentran en cada vez menos manos.

5. Por otra parte, nuestra clase trabajadora actualmente muy heterogénea, ha sido muy debilitada por los procesos de flexibilización laboral y subcontratación, y está muy dividida internamente. Esto no es sólo por las condiciones objetivas creadas por el neoliberalismo, sino también por diferencias ideológicas, personalismos, caudillismos. Por todas estas razones suele no estar en la primera línea del combate.

6. Existe —como dice Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia— un esfuerzo denodado desde los medios de comunicación, desde ciertas ONGs, desde intelectuales orgánicos de la derecha, por devaluar, por poner en duda, por cuestionar la idea y el proyecto de cambio y de revolución.”

7. Un sistema tan injusto e inhumano solo logra mantenerse porque sufrimos una pesada carga cultural : una cultura individualista del sálvese quien pueda; una cultura paternalista, que nos ha acostumbrado a esperar del Estado las soluciones en lugar de organizarnos y luchar por conseguirlas; una cultura consumista, que nos lleva a pensar en que si tenemos más somos mejores, en lugar de sentirnos mal por tener cosas superfluas mientras hay quienes muy cerca de nosotros no tienen lo mínimo para vivir dignamente.

8. Y lo peor —como dice el investigador chileno, Carlos Ruiz— es que los sectores burgueses han logrado sembrar sus valores y generar una amplia aceptación popular del orden social capitalista . Es decir, han logrado la dirección cultural sobre la sociedad y por ello han logrado gobernar por consenso más que usando el látigo. Su propaganda suele estar tan bien elaborada que no sólo logra crear necesidades artificiales, sino que también logra ilusionar a importantes sectores de la población con que sus problemas serán resueltos mediante la implementación de su modelo económico.

9. Según el investigador cubano, Fernando Martínez Heredia, el “esfuerzo principal del capitalismo actual está puesto en la guerra cultural por el dominio de la vida cotidiana , lograr que todos acepten que la única cultura posible en esa vida cotidiana es la del capitalismo”. Debido a eso, mucha gente y, entre ella, muchos sectores de izquierda al actuar tienden a reproducir el modo burgués de ver y organizar el mundo.

10. Esta situación ha permitido un regreso de sectores reaccionarios al gobierno en algunos países importantísimos y decisivos de la región, y existe la amenaza de que la derecha retome el control en otros.

11. Teniendo en cuenta estas consideraciones nos damos cuenta de que no lograremos avanzar en nuestra lucha por la nueva sociedad si no realizamos en nuestras filas una verdadera revolución cultural .

12. Esta no es una idea nueva, Marx ya en 1853 planteaba que se requerían décadas de “guerras civiles y luchas populares” no sólo para cambiar la realidad sino para cambiar a los trabajadores y capacitarlos para “ejercitar el dominio político.” Según el pensador alemán, era necesario que las personas, a través de sus prácticas sociales y de su lucha, fueran saliendo del “estiércol” de la cultura heredada al ir descubriendo, experimentando e incorporando a su forma de vivir nuevos valores: los valores del humanismo, la solidaridad, el r espeto a las diferencias, el combate al machismo y todo tipo de discriminación.

13. Pero no bastan estas prácticas, se requiere ideas nuevas que le salgan al paso a las viejas ideas. Se requiere —como dice Fidel Castro— dar una “batalla de ideas.”   Según Martínez Heredia, necesitamos un pensamiento “fuerte, convincente y atractivo, al mismo tiempo que útil como instrumento movilizador y unificador de lo diverso, y como herramienta eficaz para análisis y políticas acertadas que contribuyan a la actuación y a la formulación de proyectos.”

14. Se requiere —como decíamos— una potente revolución cultural. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y, por desgracia, la derecha ha tomado la iniciativa en este terreno.

15. Como dice Aristóbulo Istúriz —alcalde de Caracas antes del triunfo de Hugo Chávez y Vicepresidente Social y Territorial recién nombrado para coordinar el estratégico tema de la participación ciudadana en el momento de escribir este artículo— hay que pasar del “ gobierno para el pueblo al auto gobierno del pueblo, a que el pueblo asuma realmente el poder .

16. Aunque el objetivo estratégico a alcanzar es el autogobierno del pueblo, es decir, que la gente se gobierne a sí misma, que el pueblo asuma el poder, esto no se puede dar de un día para otro; nuestros pueblos no tienen “cultura de participación”, no tienen “experiencia real de gobernarse”, son pueblos acostumbrados “al populismo, al clientelismo, al no razonar políticamente, a pedir cosas”. Este paternalismo de Estado, en lugar de hacer que la gente asuma como una responsabilidad propia la construcción de la nueva sociedad, conduce a transformar a la gente en algo pasivo. Hay que pasar de la cultura del ciudadano/a que mendiga a la cultura del ciudadano/a que conquista, que toma decisiones; que ejecuta y controla; o sea, que autogestiona, que autogobierna.

17. Pero, para lograr este objetivo —como Aristóbulo advierte — es necesario “ gobernar con la gente durante un cierto período de tiempo , para que la gente aprenda a gobernarse a sí misma, es decir, a autogobernarse.”

18. Esta propuesta transformadora ha estado siempre muy vinculada a una ética militante, fundada en la renuncia personal, en la valoración de lo colectivo por sobre los intereses individuales y, por ello, no debe extrañarnos que figuras como José Mujica, ex presidente de Uruguay, una persona sencilla, austera, solidaria, sea hoy día un referente de la juventud latinoamericana y de muchos movimientos sociales de nuevo tipo.

19. Pero reconociendo la necesidad de una transformación cultural de la izquierda, debemos ser realistas y, para lograr avanzar en nuestro proyecto, debemos trabajar a partir de lo heredado buscando modificarlo . No debemos olvidar que dadas las condiciones en que trabajamos nos vemos obligados a emplear a cuadros profesionales y técnicos que no siempre comparten nuestro proyecto. Asimismo, tenemos que apoyarnos en un pueblo cuya cultura política está muy lejos de ser la deseada. También hay que trabajar muchas veces con partidos conformados para luchar en el terreno electoral y plagados de oportunistas que quieren aprovechar su adhesión al partido para conseguir algún cargo o prebenda, donde quien ocupa un cargo público goza de consideraciones especiales y privilegios (altos salarios, dietas especiales, buenos locales, pasajes en avión, etcétera). En ocasiones hay que aceptar, transitoriamente, que altos dirigentes del partido sean, al mismo tiempo, altos dirigentes del Estado, por la escasez de cuadros dirigentes con los que se cuenta, muchas veces explicable por la mala política de promoción de nuevos cuadros con capacidad de liderazgo. A esto hay que agregar el constante peligro de burocratización aún de los cuadros más revolucionarias, pues el aparato de Estado heredado suele triturar a muchos de ellos: estos comienzan a abandonar la lógica revolucionaria y a trabajar con la lógica administrativista, o a corromperse.

20. Pero además estamos hablando de procesos de transición en los que, junto al nuevo sector socialista, cooperativo, guiado por la lógica de la solidaridad, conviven y van a convivir durante un tiempo, sectores privados guiados por la lógica capitalista del máximo beneficio.

21. Esto plantea el problema, muy importante, desde el punto de vista económico, de cómo asegurar que sea el modelo socialista el que dirija el desarrollo del proceso evitando que la lógica capitalista prevalezca y acabe contaminando y desvirtuando los avances sociales. Basta recordar lo sucedido en el Chile de Allende y lo que ahora mismo sucede en Venezuela, para comprender hasta que punto es importante resolver este problema.

22. Pero en este momento no vamos a tratar este tema, lo que nos interesa ahora es destacar que la existencia de esa dualidad de modelos económicos viene a favorecer la posible aparición de practicas corruptas cuando el sector capitalista parece ofrecer vías de enriquecimiento personal a responsables del sector socialista al margen de los principios y la solidaridad.

23. Por otra parte, se puede dar otro tipo de corrupción que es más frecuente en las economías socialistas que en las capitalistas, si las primeras se burocratizan estructurándose de tal forma que los funcionarios y los cuadros intermedios no responden ante la gente sino ante el superior que los designa. Como el futuro político de estos responsables no depende de la gente a la que deben servir, sino de sus superiores, es natural que los funcionarios estén más inclinados a satisfacer las demandas de éstos que a responder a las necesidades y aspiraciones de la gente.

24. Suele ocurrir que deseosos de complacer a sus superiores o de conseguir más estímulos monetarios, falsifican datos o logran los resultados pedidos a costa de la calidad de las obras. Ha sido algo común en los países socialistas la tendencia a inflar los datos sobre la producción. Pero, esto no sólo es negativo desde el punto de vista moral, sino que es muy negativo desde el punto de vista político, porque al falsear los datos se desinforma sobre la situación realmente existente y ello impide que el partido o el gobierno adopten a tiempo las medidas correctoras necesarias.

25. A esto se agrega el que quienes adulan a sus superiores suele ser promovidos a cargos de mayor responsabilidad, mientras que los que critican, adoptando una postura independiente, son marginados a pesar de su competencia.

26. Por otra parte, cómo no se estimula el control popular sobre el comportamiento de los cuadros, el desvío de recursos públicos para objetivos personales pasa a ser algo muy tentador.

27. En estas circunstancias es más fácil entender por qué la izquierda ha caído más de una vez en prácticas corruptas que le restan credibilidad, algo que nunca podemos perder porque tenemos que convencer de nuestras ideas. Hay que recordar que un elemento esencial de la izquierda debe ser la lucha contra la corrupción, en particular dentro de sus propias filas. Nada hay más desmovilizador que la gente llegue a pensar que “todos son iguales y solo buscan la plata”.

28. En otro artículo, hablaremos de otras prácticas que llevan a la gente a un desencanto de la izquierda. Esta vez queremos sugerir algunas medidas para evitar la corrupción.


2. Propuestas para evitar la corrupción 

29. Para analizar el problema de la corrupción debemos partir de la idea de que el poder tiende a corromper . No sólo el poder ejercido por la oposición capitalistas sino también el poder ejercido por las fuerzas de izquierda. Por razones aparentemente muy justificadas (falta de tiempo, dedicación, etcétera) las personas en el poder —aunque sean revolucionarias— tienden a favorecer a los suyos a veces sin gran conciencia de lo que ocurre, tiendan a recibir prebendas, a aceptar altos salarios, etcétera.

30. Creo que la única forma de evitarlo es el control que pueda ejercer un pequeño grupo de personas alrededor de ese funcionario en el poder . Su función sería advertirle acerca de las posibles desviaciones que pudieran producirse en él. Creo que esta debe haber sido una de las razones para que nuestras organizaciones políticas se estructuraran a partir de núcleos o células de base como lo concibió el PT de Brasil en sus inicios, y como lo practicaron las comunidades de base y los partidos comunistas en varios países.

31. El presidente de la República tiene un papel crucial en la campaña contra la corrupción, pero en solitario no puede ganar la batalla. Para hacerlo esta debe ser asumida como una batalla de toda la sociedad .

32. Pero, además de esta medida personal de estar inserto en un grupo que te controle, hay también medidas sociales que pueden ayudar en la lucha contra la corrupción.

1. Información y transparencia

33. Ya hemos dicho que no puede haber una lucha exitosa contra la corrupción si no hay transparencia tanto en las entidades del estado como en las no estatales.

34. En algunos gobiernos como el de Kerala, en India, primer gobierno comunista que trató de construir la nueva sociedad por la vía pacífica, la transparencia fue introducida en la ley. Todos los documentos del plan, incluida la selección de las personas beneficiadas, las cuentas y comprobantes de las obras, etcétera, son considerados documentos públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso.

35. Para ello debe disponerse de libros abiertos de todos los documentos. Y en el lugar donde se hace la obra debería ponerse una gran pizarra o mural visible a todo ciudadano o ciudadana y en el idioma del lugar, donde deben exhibirse todos los datos sobre la obra pública que se está realizando. Estas medidas deben también generalizarse a las empresas del estado. Todo ciudadano/a debe poder informarse de la marcha de estas.

36. Además, los funcionarios al frente de cualquier equipo de trabajo, deberían dar un ejemplo en este terreno como lo hicieron, el presidente boliviano, Evo Morales, y el vice-presidente, Álvaro García Linera, decidieron renunciar voluntariamente al secreto bancario sobre todas sus cuentas financieras desde enero de 2006. 

2. Comités contra la corrupción incorporando a la oposición en los distintos niveles del poder

37. Creemos que es importante imitar al gobierno de izquierda de Kerala creando un Comité Estatal contra la corrupción. Allí se creó un grupo de siete miembros compuesto por: un alto juez de la Corte del, dos jueces de Distrito, dos secretarios del gobierno y dos eminentes personalidades públicas seleccionadas en consulta con los líderes de la oposición .

38. Incorporar el criterio de la oposición en fórmulas de ejecución y control ha sido fundamental para lograr que la gente tenga confianza en los resultados de este y otros comités de control.

39. Se trata de un comité con vastos poderes para chequear las malversaciones en las que pudiesen incurrir los gobiernos locales en el ejercicio de sus funciones.

40. Este comité debería tener poder para ordenar medidas correctivas y castigos si es necesario. Y, además de este comité estatal, a nivel del país, deberían organizarse comités locales con las mismas características.

3. Descentralización democrática

41. Cuando ha habido descentralización democrática, cuando todo lo que se pueda hacer a un nivel más bajo se ejecuta a ese nivel con la participación del pueblo y se ha puesto énfasis en la transparencia a todos los niveles, se han creado condiciones objetivas para reducir la corrupción .

4. Establecimiento de una Auditoría Social sobre las asambleas que conformen el poder popular y las restantes instituciones populares

42. Es imprescindible establecer la realización de auditorías sociales regulares sobre las asambleas municipales y todas las instancias de participación popular y organismos ejecutivos. Esta medida obliga a la transparencia y ayuda mucho a luchar contra la corrupción.

5. Campañas educativas y publicitarias

43. Diseño de campañas educativas en todos los niveles de la enseñanza . Utilizando para ello en forma creativa todos los medios de comunicación disponibles: realizando concursos de ideas, de artes, etcétera, para divulgar el daño que ejerce la corrupción y buscar el apoyo de la población para luchar contra ella, especialmente de la más joven.

44. E internamente, dentro de las empresas del estado, sería muy útil discutir con los trabajadores cómo emplear mejor el presupuesto de esas empresas, realizando lo que podríamos llamar presupuesto participativo en dichas entidades. Algo similar ya se hizo en la Universidad de Rosario, Argentina donde se aplicó con éxito este proceso participativo.

6. Supresión de todo tipo de privilegios en los cargos públicos

45. Hay que eliminar todo tipo de privilegios otorgados a quienes se desempeñan como funcionarios públicos o responsables políticos reduciendo salarios preferenciales, bonos, viáticos,  privilegios en relación con la asistencia médica u hospitalaria, residencias vacacionales, pago de un número mayor de asesores de lo debido, y otras prebendas.

46. enriquecimiento personal durante su mandato. Una declaración jurada de su patrimonio y el de sus familiares directos, antes de ejercer un cargo público es fundamentalrra.

7. Sancionar drásticamente a los funcionarios que han caído en corrupción

47. Es necesario establecer un régimen jurídico que, con las debidas garantías, sancione drásticamente a los funcionarios y responsables políticos que han caído en acciones de corrupción debidamente comprobadas inhabilitándolos de por vida para ocupar cargos políticos-administrativos.

48. Este régimen debe facilitar la denuncia de prácticas corruptas y garantizar la protección de los denunciantes y testigos de esas practicas, protegiéndoles de represalias o practicas intimidatorias. Pero también se deben sancionar rigurosamente las denuncias falsas.

49. Se debe evitar caer en una práctica bastante generalizada de trasladarlos a otros cargos. En caso de que la acusación demuestre ser injusta debe realizarse con igual énfasis una gran publicidad de esos resultados.

8. Establecer tribunales locales de apelación

50. Otra institución que es útil establecer es un Tribunal de Apelaciones que debe constituirse a nivel local para recoger los reclamos si esta considera que se ha absuelto a alguien en forma injustificada o si se ha juzgado injustamente a una determinada persona.

9. Licitación pública de todas las obras que el Estado emprenda

51. Para evitar el otorgamiento de proyectos a los amigos o a personas que ofrecen una recompensa por el otorgamiento de una obra, es fundamental realizar una licitación de todas las obras que el Estado emprenda a sus distintos niveles, con todas las garantías necesarias para asegurar su transparencia.

Asamblea del pueblo zoque contra el extractivismo

Xicoténcatl

Sin altar maya porque estamos en territorio zoque, noroeste de Chiapas; uno de los centros de difusión cultural de MesoAmérica (elaboración del calendario, origen de la escritura, juego de pelota, culto al jaguar y primeros sacrificios humanos), claro que para las modernas mentes ultra capitalistas del beneficio económico a ultranza, nos encontramos sobre una balsa de aceite y gas natural en la pequeña comunidad de Linda Vista (300 habitantes), municipio de Ixtacomitán, Chiapas. Aquí se juntaron el pasado 8 de septiembre alrededor de 400 personas provenientes de 22 comunidades. Los sacerdotes de Amatan, Simojovel, Rayón, Tapilula y Sta. Catarina (Solosuchiapa) invitados por el Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio, ZODEVITE. Estamos en la montaña después de ascender los 8 kilómetros de terracería, mayormente piedra suelta, en ascensos donde algunos carros quedaron a la orilla del camino.

La conquista española desplazó a los zoques de sus mejores tierras en las llanuras de Pichucalco. Hambrunas y desplazamientos forzados redujeron la población que buscó refugio y alternativas en la montaña. En 1960 la construcción de tres presas hidroeléctricas desplazan a cuatro mil familias de Ostuacán, Tecpatán y Chicoasén. En 1982 hace erupción el volcán Chichonal. Sin carreteras ni planes de evacuación por parte del gobierno, más de dos mil personas murieron atrapadas por el fuego y la lava ardiente, en medio del silencio y la indiferencia estatal y nacional. La intervención caótica de los diferentes órganos de gobierno y las acciones improvisadas como el centro de acogida en la ciudad capital de Tuxtla, costaron la vida de varios cientos de niños fallecidos por diarreas y desatención generalizada. Los que se salvaron iniciaron una diáspora que los recibió en Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y hasta los Estados Unidos.

El 30 de octubre del 2007 se produjo en Chiapas un sismo de magnitud 7.1 que originó después hundimientos, derrumbes y deslizamientos en un radio de 50 kilómetros; calificado por algunos geólogos como el evento geológico más importante de Norteamérica en los últimos 60 años El desgajo aterrador del cerro, entre estertores, vibraciones, golpes y sacudidas, resquebrajamientos y retumbos de rocas cuesta abajo, que, de golpe, en la obscuridad de la madrugada, se sumergen violentamente en el cauce del Río Grijalva, próximo a la cola de la Presa Peñitas.

Si los gritos de terror se asfixiaron por el poderoso derrumbe, que sepultara cuantas almas encontró a su paso, desapareciendo y borrando para siempre cuanto rastro de vida se cruzó, sólo fue cuestión de segundos, ya que un segundo monstruo apareció y que con la misma violencia del primero a muchos otros ahogó. La pequeña comunidad zoque San Juan Grijalva había desaparecido.

Sí, las inmensas olas de un Tsunami de aproximadamente 50 metros de altura, invadieron, golpearon y rompieron las casas del caserío disperso, igualmente matando instantáneamente cuanto poblador alcanzo, mientras que algunos otros menos afortunados ahogó. Dispersando los cuerpos de gente y de animales que igualmente fallecieron. De nada sirvieron los auxilios que muchas horas después llegaron, ya muchas vidas habían finalizado y otras tantas se perdieron, pues nunca jamás las buscaron.

La Armada del Ejército, de la Naval, de la Cruz Roja y los Bomberos rescataron a pobladores lastimados, asustados y separados de sus familiares, de sus hijos y de sus padres, que nunca más regresaron.

Las brigadas de socorristas sólo encontraron 25 cuerpos sin vida, todos ellos fallecidos de ahogamiento, pero los demás nunca supieron por dónde comenzar a excavar para rescatar, tal vez muchos el río se los llevó, tal vez muchos aún sigan allí bajo todos esos escombros, bajo el río, o bajo las rocas que se apilaron en el cauce, que represaron el río violentamente, bajo el portentoso volumen de roca y suelo que taponearon el mismo. Un genocidio silenciado. http://ultimatumchiapas.com/10-anos-del-deslizamiento-juan-del-grijalva-ostuacan/

La reforma energética impulsada por el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha cuadriculado el territorio zoque para ofrecer a las empresas petroleras 84,500 hectáreas; 70,000 hectáreas para 11 concesiones mineras; una ampliación de la presa Chicoasén, un proyecto geotérmico sobre 15,000 hectáreas (Francisco León, Chapultenango y Ostuacán) y una represa en San Antonio Poyanó, Ocotepec.

El ZODEVITE como movimiento organizado apenas inició su camino en mayo del 2017. Tras la demostración de respaldo popular con la marcha realizada en Tuxtla, capital del estado de Chiapas, el 22 de junio de 2017 lograron la suspensión (aunque no la cancelación) de lasa concesiones petroleras que ya se habían otorgado a diferentes empresas en la licitación conocida como Ronda 2.2.

En su corta trayectoria ya empiezan a conectarse y coordinarse con las diferentes resistencias a nivel nacional. La primera información que fluye hacia la asamblea concentrada en la cancha de basket de Linda Vista, es la visita que los días 1 y 2 de agosto realizó una comisión del ZODEVITE a Piedras Negras, estado de Coahuila, donde la gente le dio entrada a una empresa para explotación carbonífera que realizó la empresa Mínera Carbonífera Río Escondido, del Grupo Acerero del Norte. Son los mismos dueños de Altos Hornos de México, AHMSA. La empresa prometió la construcción de un parque ecoturístico, campos de fútbol y de golf (Piedras Negras está cerca de la frontera estadounidense, así es que el éxito estaba asegurado con la visita de millonarios gringos que llegarían a practicar el esforzado deporte); las promesas incluían la reforestación de 917 hectáreas. Tres años de explotación a cielo abierto dejaron un gigantesco hoyo y una espesa contaminación. No hubo reforestación ni nadie cruzó la frontera para “golfear”. Los miembros del ZODEVITE transmitieron en Piedras Negras su experiencia organizativa.

Las mujeres en la organización.- Una representante de la Escuela de Formación Mesoamericana de las mujeres, visitó Vallecito, en Honduras, una comunidad garífona en resistencia contra la imposición en sus territorios de la palma africana. La Escuela capacita a mujeres como defensoras de derechos humanos y en el manejo de medios audiovisuales para la difusión de sus actividades y el testimonio de las agresiones contra los pueblos. La compañera informa que la Escuela será itinerante.

Visita al estado de México. Aquí la privatización del agua fue el tema central en el Taller de Aguas Nacionales. Asistieron organizaciones de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Veracruz y Oaxaca. La demanda al final de las mjesas de trabajo es que se elabore una nueva ley de Aguas Nacionales. En la actual, elaborada por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, la gestión del agua en México se concesiona a la empresa israelí MEKOROT.

Existe la propuesta de una Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas Nacionales, pero los miembros del ZODEVITE cuestionaron que esta Iniciativa no contempla la gestión y control del agua por parte de los pueblos. El 16 y 17 de septiembre, el ZODEVITE está invitado para realizar una revisión a la Iniciativa Ciudadana y realizar a sí los cambios y añadidos pertinentes, para poder entregar el texto al Congreso federal a más tardar en enero del 2019.

ZODEVITE en la Huasteca potosina. El campo petrolero “Ébano” fue el primer pozo explotado con éxito allá por 1904. El propietario de la Hacienda “del Tulillo” se la vendió a un estadounidense que fundó la Huasteca Petroleum Company con una producción inicial de 1,500 barriles al día. En la actualidad se pretende iniciar la exploración petrolera vía fractura hidráulica así como la explotación de minerales en la región. En la mañana del 24 de julio, habitantes del poblado San Pedro, tomaron fotos y videos del personal de Petróleos Mexicanos, PEMEX, que iban custodiados por militares y policía estatal y municipal debido a que trasladaban explosivos para iniciar las labores de fractura hidráulica en aquella zona de la Huasteca. La información se divulgó por las redes sociales y el 25 de agosto más de 40 comunidades se organizaron y marcharon contra los proyectos extractivistas. La protesta popular obligó al gobernador de San Luis Potosí a declarar el territorio de la Huasteca libre de explotación petrolera. 

De los cambios políticos…

Promesas para Chiapas. Avanzaba la asamblea informativa en la montaña con cielo nublado y vuelo de águilas cuando se le cedió el micrófono a un regidor electo (MORENA) del municipio al que pertenece Linda Vista (Ixtacomitán). El representante municipal de la próxima administración habló de hacer equipo con el pueblo para oponerse a la fractura hidráulica en la zona. Aquí hay que otorgar un voto de confianza ya que al contrario del nivel estatal y nacional, en el nivel municipal se observan deseos y formas democráticas para una gestión diferente, (es también el caso de San Cristóbal de las Casas).

Una compañera comparte una información para que la asamblea la valore: El “nuevo” organismo creado a propuesta de López Obrador, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, abre sus puertas para que dos representantes zoques puedan participar activamente en el INPI. Se inicia la discusión, propuestas contrapuestas… a favor porque es bueno tener la información que nuestros delegados en esa instancia de gobierno puedan traernos. No queremos nada con el gobierno, nuestra convicción es luchar. Vamos a envíar dos delegados pero hay que ponerles candados para que no se corrompan y se vuelvan funcionarios de gobierno. ¿Enviamos dos representantes? Revuelo en la asamblea y la montaña escucha un clamoroso ¡¡Nooo!! Compañeros, tenemos que valorar y estudiar la propuesta con calma. Que levanten la mano los que estén en contra de la propuesta (mayoría, murmullos…) Así queda la decisión popular.

Se acordó redactar un documento de protesta contra la toma de posesión del diputado Humberto Pedrero. En ese documento se le desconocerá porque no representa al pueblo zoque (es uno de los cinco que falsificó documentos afirmando que pertenecía a algún pueblo indígena).

En marcha contra el extractivismo: 16 de septiembre marcha en contra de los hidrocarburos en Guayabal. 22 de septiembre en Rayón. Concentración masiva y marcha.

En una canasta quedan hartos tamales todavía; en una olla queda pozol… la gente inicia el regreso a sus lugares de origen, pero la montaña invita a disfrutar porque no llovió y porque ya hace hambre…

El síndrome del tratado McLane-Ocampo

Gilberto López y Rivas

¿Cuál podría ser la razón para que el próximo gobierno de México sostenga, contra viento y marea, el proyecto de crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, y, con ello, destaca el ahora presidente electo en carta a Donald Trump, facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos? ¿Por qué revivir, en pleno siglo XXI, uno de los actos de gobierno más controvertidos del presidente Benito Juárez, que fue el tratado de tránsito y comercio McLane-Ocampo, que en su artículo I cedía: a Estados Unidos y sus ciudadanos y bienes, en perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar? El artículo V de dicho tratado estipulaba: en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, quedan autorizados las fuerzas de dicha República para obrar en protección de aquellos, sin haber obtenido previo consentimiento. Por fortuna, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, que, de haberlo hecho, México hubiera quedado como un virtual protectorado de ese país.

Los gobiernos neoliberales de la partidocracia que se han sucedido en estas décadas hicieron realidad otros artículos igualmente vergonzosos del tratado McLane-Ocampo (VI, VII y VIII), en los que México cedía el derecho de tránsito entre puntos de la frontera entre los dos países y puertos del Golfo de México y el océano Pacífico.

Hoy día, las líneas de ferrocarril de la corporación estadunidense Kansas Southern de México (KCSM), considerada como eslabón confiable de la cadena logística global, con sus 4 mil 251 kilómetros de vías férreas, según sus publicistas, mueve más de 30 por ciento de la carga ferroviaria del país atendiendo a industrias diversas, transportando productos en contenedores, semiterminados y terminados. Esta red ferroviaria de contenedores es parte importante del objetivo planteado en el Programa Nacional de Infraestructura respecto de convertir a México en la “Gran Plataforma Logística de Norteamérica.”

Mientras la izquierda social y los pueblos originarios se manifestaban contra el Plan Puebla-Panamá, que amenazaba los territorios y recursos naturales del sureste, en sigilo, y desde la frontera norte, se estableció esta importante red de comunicación corporativa al servicio de la recolonización neoliberal. Andrés Barreda, en significante artículo publicado en nuestro diario, señalaba que: “El corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo (mancuerna del corredor carretero Manzanillo-Nuevo Laredo) fue concesionado desde 1996 a la firma Kansas City Southern. Es uno de los flujos intermodales más importantes de Norteamérica, por la excepcional profundidad del puerto Lázaro Cárdenas, que ofrece una alta capacidad para recibir buques de carga descomunales”.

Por su parte, los expertos empresariales resaltan: KCSM tiene presencia en 15 estados del centro y noroeste del país. Cruza el corazón industrial de México, pasando por Lázaro Cárdenas, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo y Nuevo Laredo. Tiene la ruta más corta y segura desde el Pacífico y centro del país hacia la frontera con Estados Unidos. Su conexión con los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tampico y Altamira, Tamaulipas, y Veracruz, así como la sinergia positiva que ha alcanzado con los servicios portuarios y de autotransporte le permite ser altamente competitivo a escala mundial

José Iniesta en 2005 notificaba que: “el grupo ferroviario Kansas City Southern, Hutchison Ports México y la Administración Portuaria Integral, harán oficial su alianza con las principales navieras del mundo para el establecimiento del corredor intermodal transpacífico entre este puerto y la ciudad de Kansas City, el cual hará posible el tránsito de mercancías de Asia con destino a Estados Unidos a través de este puerto y del territorio mexicano (…) esta ruta se erigirá como una alternativa a las saturadas rutas logísticas entre Asia y Estados Unidos a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, California, las cuales enfrentan problemas de congestionamiento ante la evolución que ha tenido el intercambio comercial entre China y la Unión Americana”. De aquí el mote ruta Kansas-Shanghái.

Luis Hernández Navarro analiza la propuesta transísmica, recorre la historia moderna del megaproyecto y llega a una conclusión coincidente: el corredor transísmico, la extensión de las ZEE, la pretensión de convertir a México en un paraíso de la inversión, anuncian un inminente choque de estos proyectos con los pueblos indígenas.

¿Cuándo cesará el maleficio McLane-Ocampo?

Plan Frontera Sur: toda la Fuerza del Estado… contra los migrantes

Zósimo Camacho

Desde 2007 y hasta junio pasado México había detenido a más de 1 millón 400 mil migrantes procedentes de América Central, en específico, de los países del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Les corta el paso rumbo a Estados Unidos. Que no lleguen siquiera a la Frontera Norte a molestar al amo. Sólo entre 2013 y hasta la mitad de este 2018 la cifra, obtenida de la Secretaría de Gobernación, ascendía a 750 mil.

Esta política de Estado, traducida en persecución, encarcelamiento y deportación de cientos de miles, muestra claramente el sometimiento de México a las directrices estadunidenses. El problema es de ellos, pero los mexicanos hacen el trabajo sucio. El gobierno mexicano lo llama Plan Frontera Sur.

¿Cómo detener el paso de los millones que huyen de la miseria, el crimen, la violencia, la persecución política? Lo que las autoridades mexicanas han implantado –con el “consejo”, la asesoría y el beneplácito de los gringos–, es criminalizarlos, acorralarlos y encarecer su trayecto. Que caigan en manos del crimen organizado es responsabilidad también de las autoridades mexicanas, pues obligan a los migrantes a escoger las rutas más peligrosas para no ser detectados por el Instituto Nacional de Migración.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense da cuenta de los “apoyos” que los mexicanos reciben para implantar una política migratoria desarrollada por Estados Unidos.

El reporte Mexico’s Immigration Control Efforts (que podría traducirse como Esfuerzos de México en el control de la inmigración) señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha establecido 12 bases navales en los ríos de la Frontera Sur del país. El estudio no los menciona por sus nombres pero deben tratarse del Suchiate, el Usumacinta y el Río Hondo. Además, México ha establecido tres “cordones de seguridad” que se extienden “por más de 100 millas al norte de las Fronteras México-Guatemala y México-Belice, y un programa de vigilancia de drones”.

Es decir, 160 kilómetros país adentro México ha instalado otras “fronteras” para detectar a los migrantes. Y a este operativo se suma la utilización de drones para interceptarlos.

En el informe se advierte que México no tiene una policía fronteriza y que el Instituto Nacional de Migración es la única agencia con autoridad legal para detener a inmigrantes, aunque ahora tiene “asistencia de la Policía Federal”. Celebra que el Instituto haya mejorado la infraestructura en los pasos fronterizos y haya creado “numerosos puestos de control móviles”.

Esto podría explicar por qué, durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el Instituto, contrario a lo que de él disponen las leyes, se transformó cínicamente en una corporación policiaca (igualmente corrupta y violatoria de derechos humanos). No fue casualidad que los dos titulares que tuvo durante el sexenio peñista –Ardelio Vargas Fosado y Gerardo García Benavente– provengan del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Volviendo al documento, el reporte reconoce, sin embargo, que “muchos grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que el Plan Frontera del Sur haga poco para abordar la corrupción entre la policía y los funcionarios de migración”: la mayoría de los crímenes cometidos contra los migrantes quedan en la impunidad “y los controles internos del Instituto y de las fuerzas de seguridad siguen siendo débiles”.

Además señala que la mayoría de niños migrantes detenidos no son conducidos a refugios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de grupos de la sociedad civil, como lo señala la ley. “Dadas las limitaciones de capacidad”, muchos niños terminan en los centros de detención de inmigrantes. Debido a la vulnerabilidad de los menores y las mujeres, reconoce “preocupaciones humanitarias”.

En el informe preparado para los legisladores estadunidenses se destaca que el Departamento de Estado de ese país ha asignado más de 100 millones de dólares (unos 1 mil 850 millones de pesos) de la Iniciativa Mérida a “apoyar los esfuerzos de la Frontera Sur de México”.

Informa que desde el mes pasado México está recibiendo nuevos “apoyos” por 32 millones de dólares (alrededor de 591 millones de pesos) para el mismo Plan Frontera Sur: “principalmente en forma de equipos de inspección no intrusiva, kioscos móviles, equipos caninos, vehículos y capacitación en la aplicación de la ley de inmigración”.

El objetivo de Estados Unidos es que antes de que Peña Nieto deje el poder se haya construido “una red segura de comunicaciones para las agencias mexicanas en la región fronteriza del sur”. ¿Gratis? Claro que no. Para 2019 los gringos quieren que México recopile “información biométrica” de los migrantes en todas las estaciones migratorias para “interactuar con las bases de datos de Estados Unidos”.

En México la migración no es un delito, me explicó en una entrevista la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. La jurista dijo entonces que ingresar al país sin documentos es, acaso, una falta administrativa: “como conducir sin licencia”.

El Artículo 11 de la Constitución parece no dejar lugar a dudas: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes […]”.

A Sánchez Cordero el encarcelamiento de migrantes le resultaba escandaloso, pues se trata de detenciones llanamente ilegales. “La Constitución es absoluta y totalmente tajante en este sentido. Si nosotros pretendemos volver a la Constitución y que la Constitución se aplique, tenemos que acatarla de forma irrestricta”, concluyó inequívoca, palmaria.

Ahora que será secretaria de Gobernación tendrá la oportunidad de echar abajo esa política impuesta por Estados Unidos. Tiene la oportunidad de honrar sus palabras.

Seguridad y Defensa

General Francisco Gallardo

Así sería la Guardia Nacional que se propone. El Plan de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), detalla que la Guardia Nacional estaría integrada con 214 mil 157 soldados y 55 mil 574 marinos que permanecen bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina.

“Se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina de estas fuerzas así como todos sus recursos materiales (vehículos, cuarteles e instalaciones), con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y devolver la paz al país”.

Alfonso Durazo Montaño, propuesto para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, dijo a Imagen Televisión en entrevista, que la Guardia Nacional estaría integrada por alrededor de 400 mil integrantes, ya que también se incluirían a los elementos de la Policía Federal y otras dependencias que cuentan con fuerzas de seguridad.

También indica que la Guardia Nacional sustituirá el trabajo que realizan el Ejército y la Marina en varias entidades de México con graves problemas de seguridad.

“El proyecto de nación considera el tema de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad del país. La política sobre el retiro del Ejército de las calles no se hará de manera inmediata. La figura de Guardia Nacional está contemplada constitucionalmente, aunque sí se tendría que presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reglamentarla.

El objetivo es crear y darle vida a este organismo con el propósito de garantizar una mejor coordinación y una óptima utilización de todos aquellos recursos de diverso tipo con los que cuenta el Estado mexicano para mejorar las condiciones de seguridad en el país. La Guardia Nacional no es una policía única. La Secretaría de Seguridad Pública sería cabeza de sector de este organismo”, dijo.

Durazo agregó, que “la Guardia Nacional tendrá como directores operativos a expertos en materia de seguridad como policías, soldados y marinos, pero en el ámbito político y administrativo, contará con expertos en administración pública”. (Nación 321)

A esos propósitos, ¡estamos en presencia de un desaguisado!, es natural y entendible, el tema ha sido intocado y de lo prohibido en México; por tanto puede haber altas y bajas.

Veamos, La seguridad y defensa, es un tema de alta complejidad que tiene que ser abordado bajo un enfoque interdisciplinario, la clase política nacional, nunca lo ha hecho, pues no había habido necesidad, la política de seguridad fue concebida y articulada por un partido de Estado con una alta presencia de militares, el objetivo fue siempre sostener a una estructura autoritaria en el poder. ¡Ahora esa estructura está quebrada…, colapsó!

La seguridad y defensa constituye una de las funciones básicas de toda sociedad organizada, su conducción es esencialmente política, se manifiesta en el seno de la actividad de gobierno, que ejerce el Poder Ejecutivo, por lo que éste debe ser auténticamente legítimo, como ahora lo es.

La defensa está estrechamente vinculada a la seguridad y se asocia al territorio como espacio físico, a la población como elemento social y al orden institucional como un elemento estructural.

La seguridad y defensa no es un asunto exclusivo ni específico de los militares. La seguridad y defensa es una cuestión política que debe ser concebida y diseñada por el consenso del Congreso, los Congresos locales, los acuerdos políticos y actores sociales. Se anida en el ámbito civil.

Tres fuerzas para seguridad y defensa. La Constitución previene para la seguridad y defensa, tres fuerzas a quinenes les otorga responsabilidades, facultades y funciones perfectamente bien definidas dentro de un sistema de organización federal: (Art. 40 Const.)

1.- El Ejército permanente, “Son derechos del ciudadano. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones”, Art. 35 Fr. IV;

2.- La Guardia Nacional, “Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; Art. 31 Fr.III, 36 Fr. II; y

3.- La Policía, “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. Art. 21.

De lo antes descrito se desprende que la función más importante para la seguridad y defensa, la tiene la Guardia Nacional, incluso sanciona como una obligación de los mexicanos, asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior, no se lo da ni al Ejército ni a la policía, sino al pueblo en quien se anida y reside originariamente la soberania nacional. (Art. 39 Const.)

De lo anterior implícitamente se desprenden las misiones del Ejército: Defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación, así las cosas, el Ejército tiene encomendada la función más política que pueda tener cualquiera de las instituciones del Estado, como lo es defender la soberanía de la nación, sin embargo, la misma Constitución previene que para el cumplimiento de estas misiones, el Ejército debe estar en sus cuarteles preparándose para defender a la patria, y le prohíbe inmiscuirse en asuntos de carácter civil y políticos. Cualquiera otra pretensión sostenida por acuerdos políticos, jurisprudencias, o interpretaciones, es inconstitucional y nula de pleno derecho. (Art. 129 Const.)

Así las cosas, la Constitución previene para la defensa y seguridad de la patria, dos tipos de milicias armadas y una policial de corte paramilitar: LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUARDIA NACIONAL.

Primera, las Fuerzas Armadas/Ejército, que dentro de la organización del Estado depende directamente de la rama ejecutiva, cuyos mandos son nombrados por el presidente de la República, es una institución permanente, integrada con profesionales voluntarios, adiestrada, adoctrinada, equipada y capacitada para combatir y abatir al enemigo que vulnere nuestra soberanía.

El mando supremo de las fuerzas armadas, del Ejército, corresponde al presidente de la República, a través de la función secretarial. Tiene como misión la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, puede ser dispuesta por el presidente de la República para la seguridad interior y seguridad exterior de la federación, conforme el mandato constitucional. (Art. 1, 13, 16, 29, 35, 36, 73, 76, 78, 89 y 129 Const.)
Las fuerzas armadas se organizan y constituyen de acuerdo a lo que determina el poder legislativo, son controladas en la legalidad y legitimidad de sus acciones por el poder judicial y actúan dentro de sus misiones, bajo las órdenes del poder ejecutivo.

En los procesos de democratización como el que padecemos en México, cuyas configuraciones autoritarias estuvieron caracterizadas por desbordes militares que llevaron a la institución armadas a ejercer funciones políticas y administrativas ajenas a su función profesional militar, como lo es entre otras la seguridad pública y la lucha anticrimen, uno de los retos básicos ante la posibilidad de nuevos desbordes militares, es el establecimiento de un marco de relaciones entre Estado, Sociedad y Fuerzas Armadas.

Esta tarea se puede llevar en dos ejes fundamentales: la redefinición de la función militar para ajustarla al requerimiento de un Estado democrático y el desarrollo de las transformaciones institucionales implícitas. Segundo, con la creación de un marco legal que permita a las autoridades civiles cumplir con las funciones de liderazgo y supervisión de la institución militar y de otras instituciones de gobierno responsables de ejecutar las políticas de seguridad y defensa.

En las condiciones actuales de alta presencia militar en los asuntos políticos, la reestructuración del Estado mexicano debe pasar incondicionalmente por la reforma de las fuerzas armadas, por la reforma del Ejército, lo cual se puede lograr haciendo más responsables a los civiles y haciendo más profesionales a los militares.

Así las cosas, apartándonos de lo que tradicionalmente entendemos por ejército o fuerzas armadas: conjunto de unidades y de servicios militares del Estado. Desde una visión sociológica o de Estudios de Fuerzas Armadas y Sociedad, el ejército debe tratarse como parte de la formación y desarrollo del Estado.
El ejército, por su naturaleza, es una organización social compleja que tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto de las demás estructuras estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad.

Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos; a su condición de administrador de los medios de violencia; a su elevada cohesión en comparación con otros grupos decisorios; y a su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. Además, no hay otra entidad social que disponga de expertos en áreas tan dispares como la ingeniería, el derecho, la medicina o el aprovisionamiento. Desde otra perspectiva hay pocas estructuras complejas con una capacidad de control sobre la acción individual de sus miembros comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.

El análisis de la realidad sociopolítica que actualmente vive el país, nos permite distinguir entre un escenario ideal o el más factible para llevar a cabo reformas legales y doctrinales aunque mínimas, pero decisivas para transformar a las fuerzas armadas y establecer las nuevas relaciones civiles-militares que requiere el avance democrático de la nación.

Con ello tratamos de incidir, inhibir y modificar la capacidad de la institución militar para intervenir en la política interna que deriva de un pacto civil-militar añejo e inoperante, de sus características peculiares -organización unificada y cohesión interna- y, en particular, del control de los instrumentos y administración de la violencia -movilización, experiencia operativa y control policial- y de la utilización del secreto en su relación con la sociedad.

Desde la visión doctrinal, se trata de transformar la estructura de conocimiento del cuerpo de oficiales y buscar un equilibrio entre: militar heroico, técnico y profesional, para potenciar al máximo la profesionalidad militar y por tanto, el control civil objetivo del cuerpo militar.

LA GUARDIA NACIONAL

POTESTAD DEL PUEBLO PARA LA DEFENSA DEL HONOR DE LA PATRIA

Descrita la primera fuerza para la defensa y seguridad, pasamos analizar a la segunda, la constituye LA GUARDIA NACIONAL, instituida históricamente en la Constitución, es una milicia armada, el pueblo en armas, el soldado ciudadano en defensa de su terruño/territorio, es la fuerza civil, que nos dio la independencia, la que instituyó la formación del Estado y nos dio una Constitución social, confrontó, venció y expulso a los ejércitos que han sostenido en nuestra historia a gobiernos autoritarios y dictaduras, está conformada exclusivamente por civiles, nombrados en asamblea por los pobladores de una misma localidad, es una fuerza armada netamente federal, democrática, no profesional, no permanente, totalmente local, cuyos mandos los nombra la comunidad, y depende en su dirección y operación directamente de los gobernadores de las entidades federativas.

Ambas fuerzas Ejército y Guardia Nacional, son sostenidas equipadas, armadas, reglamentadas, y financiadas por el Congreso de la Unión. De la operación de ambas fuerzas que haga el Ejecutivo debe ser aprobada por el Senado de la República. (Art. 1°, 10, 31, 35, 36, 73,76, 78, 89, 115 y 116 Const.)

La misión de LA GUARDIA NACIONAL: asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. (Art. 31 Fr. III Const.) Esta es la única fuerza armada, que constitucionalmente tiene asignada en forma exclusiva tareas de orden interno. Esta misión es complementada por la fuerza permanente, el Ejército.

Es decir, la Constitución le reserva al pueblo, al mismo pueblo en quien reside esencial y originariamente la soberanía nacional, la defensa de la independencia, del territorio y el honor de la patria, así como la tranquilidad y el orden interno. (Art. 31 y 39 Const.)

Además la Guardia Nacional, se constituye en un contrapeso al poder armado del Estado que en un momento pueda desbordar y cometer abusos en contra del pueblo, es coadyuvante con la seguridad pública, y forma un tejido comunitario que impide la infiltración del crimen al ámbito social. El Estado debe hacer viable que los ciudadanos estén en posibilidad de ejercer este sublime derecho: defender a la patria.

POLICÍAS COMUNITARIAS

Agregaría a estas milicias, a las policías comunitarias de los pueblos indígenas, que se rigen por usos y costumbres, hablamos de un sistema organizativo de seguridad y justicia que data de los pueblos originarios, tiene su fundamento en el principio de autodeterminación, representan a más del 10 por ciento de la población total. (La comunidad en Guerrero/Crac; Cherán en Michoacán; los Seri en Sonora tienen una Guardia Naval, protegen la zona protegida Isla Tiburón y San Esteban). Son espacios de autonomías y autodeterminación que deben ser respetados por el Estado dentro del sistema federal, por tener fundamento Constitucional. (Art. 1, 2, 4, 10, 27, 115, 116, 132 y 133 Const.)

AUTODEFENSAS. UNA EXPRESIÓN POPULAR A FALTA DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA

Así mismo, el surgimiento de las autodefensas es parte irrefutable de una expresión popular ante la inoperancia de las autoridades y del Gobierno. Las autodefensas, no suplen al gobierno ni a las autoridades, sino que llenan un vacío de poder, donde no hay gobierno, ni justicia, ni autoridad así lo determinan sendos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tanto las policías comunitarias como los grupos de autodefensa, son sistemas de seguridad y justicia que deben ser reconocidos y regulados legalmente por parte del gobierno federal, estatal y municipal. (Art. 1, 2, 4, 10, 27, 31, 115, 116, 132 y 133 Const.)

Los grupos de autodefensa, de origen en el Estado de Michoacán, tienen presencia en más de 16 Estados de la República.

POLICÍAS/SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad pública, cumple con la función conservadora del orden social, con base en un orden jurídico que controle al poder y norme sus relaciones con los ciudadanos y de éstos entre sí. Es decir, la existencia y permanencia de un orden público y un orden privado como condición necesaria de la vida social.

La seguridad pública requiere de la realización de un conjunto heterogéneo de actividades dirigidas a garantizar y hacer efectivo el derecho humano a estar libre y exento de todo peligro. Un concepto más amplio de seguridad pública, consiste en combatir al delito y al delincuente, tema vinculado necesariamente con los principios de gobernabilidad, estado de derecho y ejercicio de poder.

En términos del artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, estos últimos la ejercen a través de las corporaciones armadas, bajo el nombre de policía preventiva. (El costo de corregir, siempre será mayor que el de prevenir)

Policía conjunto de ordenamientos jurídicos encaminados a mantener el orden de un Estado. En otro sentido, se entiende como cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de la población, a las órdenes de las autoridades políticas.

La seguridad pública, radica en la exacta aplicación de la justicia. Articula a través de una política criminal a la procuración y administración de justicia y al sistema penitenciario.

Un acercamiento para encontrar la paz y seguridad, radica en la diferenciación de las obligaciones, responsabilidades y facultades, de cada una de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, lógico dentro de un Estado de derecho que tenga como eje conductor el principio pro homine, base fundamental de la estructura del Estado.