Gobierno acorralado

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La versión oficial de lo ocurrido en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace poco más de un año evidencia que el gobierno federal busca la fórmula que le permita atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero al mismo tiempo proteger a las fuerzas federales (Ejército y Policía Federal) que se encontraban en el lugar de los hechos la noche de la desaparición de los estudiantes.

Los familiares de los normalistas fueron claros y precisos en sus observaciones: el gobierno federal fue evasivo en sus respuestas. Los familiares demandaron, entre los ocho puntos, dos que resultan particularmente incómodos para el gobierno:

“Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar” y “que requiera formalmente la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflictos de interés y macrocriminalidad.”

Ambas demandas buscan retomar los elementos clave que hicieron efectiva la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (GICIG) que provocó la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque permiten que las misiones internacionales vayan más allá de las recomendaciones y puedan instruir al Ministerio Público en la integración de sus averiguaciones e incluso consignar directamente ante las instancias del Poder Judicial. Al menos así sucede en Guatemala.

En el caso de la unidad de investigación, los familiares fueron muy específicos respecto de las condiciones que debía reunir la indagatoria, y manifiestan que el titular de dicha unidad debe ser “un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos”; que la actuación de la misma “se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos”, y que “pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense”, entre las principales características.

Los familiares expresan su deseo de que esta instancia “agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero”. En un párrafo posterior exigen que se investigue la responsabilidad, entre otros, del exgobernador Ángel Aguirre y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Según informó a los medios el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, en respuesta a dichas demandas el mandatario instruyó “a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos ocho puntos”. Y anunció la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas, con lo cual atiende una reiterada demanda social pero permite cerrarle el paso a la Unidad que exigen los padres de los desaparecidos.

Aunque cada día los espacios de maniobra para el gobierno federal se estrechan más, lo cierto es que las primeras informaciones en torno a la reunión evidencian que aquél pretende repetir la misma trama a la que recurrió en el caso de los conflictos de interés por la adquisición de inmuebles multimillonarios financiados por un contratista del gobierno: instruir para que le elaboren un expediente que le permita negar la viabilidad de atender las demandas de los padres de los normalistas.

Por supuesto, el gobierno federal reiteró las que fueron sus primeras reacciones al informe del GIEI, es decir, que se atendieran todas sus recomendaciones y líneas de investigación y que el grupo extendiera su estancia en el país por otros seis meses.

Sin embargo, es evidente que los funcionarios del gobierno federal leen el informe y las recomendaciones con un enorme sesgo, pues el miércoles 23 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, declaró en un noticiero matutino de Radio Fórmula que una de las coincidencias fundamentales del reporte con las conclusiones de la PGR es que ambos señalaban que los responsables eran las policías municipales y los grupos criminales. Campa eludió hablar sobre la parte del informe que claramente especifica: “tanto la Policía Federal, estatal, como el Ejército tuvieron personal destacado” al menos en algunos de los escenarios donde hubo encuentros de los normalistas desparecidos y las fuerzas de seguridad la noche del 26 de septiembre.

En el apartado alusivo a las responsabilidades, específicamente en la número 8, el informe precisa: Se debe “investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”.

En la 9 insiste: “Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido”.

La revisión del informe, y especialmente de las recomendaciones del GIEI, de las demandas de los familiares de los desparecidos y las declaraciones oficiales, incluyendo las que el vocero de la Presidencia atribuye a Peña Nieto, demuestran que el gobierno federal no atiende ni esas recomendaciones ni esas demandas, pues a pesar de todas las evidencias en contrario se aferra a su “verdad histórica”.

El caso se le complica al gobierno federal, pues ante la presión internacional por la desaparición de los normalistas tuvo que aceptar la intervención de expertos internacionales, que a partir de sus propias investigaciones de campo y peritajes han desacreditado una y otra vez las versiones oficiales.

Es evidente que las respuestas del gobierno de Peña Nieto pretenden atender únicamente aquellas recomendaciones y demandas que le permita exculpar al Ejército y a la Policía Federal, aunque tengan que reconocer que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y aunque el caso pierde importancia en los medios de comunicación masiva a escala nacional, la presión internacional se incrementa, lo que vuelve muy vulnerable al gobierno y estrecha sus márgenes de acción.

Ayotzinapa: Por acción u omisión, servidores públicos delinquieron

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Existen elementos para sancionar administrativa y penalmente a los involucrados en la fallida indagatoria sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las sanciones pueden ir desde la inhabilitación vitalicia para desempeñar el servicio público hasta 10 años de cárcel, afirman abogados consultados por este semanario.

El 7 de noviembre de 2014 el exprocurador Jesús Murillo Karam presentó la versión de la PGR, apoyada en declaraciones de cinco sicarios. El pasado 27 de enero la elevó a verdad histórica, supuestamente con base en los estudios de fuego y explosivos realizados por los peritos de la PGR Marcos Soto Villalobos, ingeniero en comunicación y electrónica, y Moisés Moreno Gallegos, con estudios inconclusos de ingeniería civil y arquitectura.

El estudio de las plantas y larvas es de Mauricio Cerón Solana, entomólogo del Instituto de Biología de la UNAM y subdirector de Genética Forense de la procuraduría.

El pasado domingo 6, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la indagatoria de la PGR está plagada de irregularidades en todos los peritajes.

Por ese motivo, los expertos independientes pidieron reorientar cada hipótesis del informe: “No sabemos si se podrá determinar el destino de los desaparecidos, pero sí creemos que es el único modo de poder llegar a la verdad sobre el caso y acabar con la impunidad”.

Horas después de que se presentó el informe, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizaría un nuevo peritaje; pero al día siguiente Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, afirmó que la postura oficial se mantenía y que el dictamen del CIEI no implicaba que se abriera otra línea de investigación.

Para Daniel Márquez Gómez, experto en función pública adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el informe del GIEI hace una presunción muy sólida de que en la investigación se cometieron irregularidades que violan la Ley Orgánica de la PGR, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos y la Federal de Responsabilidades, así como protocolos en manejo de evidencia y técnicas básicas de peritación, además del Código Penal Federal.

“Estamos frente a deficiencias en la integración de la investigación, en peritajes; hay diligencias que no se realizaron. A partir de aquí, la visitaduría de la PGR tendría que abrir una investigación, documentar todas estas irregularidades. Habría por lo menos tres clases de responsabilidades claramente identificables.”

La primera de ellas, dice, les atañe a funcionarios de alto rango, como secretarios de Estado y directores, como los titulares de la AIC y de la SEIDO, y consiste en juicio político, responsabilidad administrativa y una violación al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de responsabilidad penal vinculada a colusión de servidores públicos u obstrucción de la justicia.

–¿Para fincar responsabilidades es suficiente el informe del GIEI de la CIDH?

–Sí, es una presunción muy sólida de que existe en la investigación un manejo deficiente, desaseado, inadecuado; de que hay complicidades, encubrimiento.

Por una parte, dice que el informe tiene validez porque “el propio Estado mexicano fue el que solicitó la coadyuvancia, y por otra parte México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA, a la que pertenece la CIDH) y está sujeto a su orden jurídico.

Considera importante que la OEA despliegue su diplomacia para que el Estado mexicano cumpla sus responsabilidades:

“Difícilmente se puede valorar el papel que hicieron los expertos de la CIDH si se empieza a generar ruido para descalificarlos, cuestionar el informe o su mandato legal –apunta el académico–. Creo que hay que darnos una oportunidad. Guatemala para nosotros es un buen ejemplo. Allá, un grupo de expertos independientes de la ONU hizo una investigación sobre corrupción y ya vimos las consecuencias: a un expresidente corrupto en la cárcel, sujeto a un posible juicio, y un pueblo que empieza a confiar en sus instituciones. Habría que valorarlo aquí también.”

A decir de Márquez Gómez, la CIDH abrió un paréntesis para revisar tres problemas estructurales: la manera en que se investigan los delitos, la forma en que se construyen las supuestas verdades históricas y una oportunidad para mejorar esos esquemas.

Indica que la Ley Orgánica de la PGR delimita el papel de todos los participantes en la investigación: el MP, el policía como auxiliar del MP que se ocupa de averiguar ilícitos y los procesos vinculados al desempeño eficiente de un empleo, cargo o comisión.

–¿La sanción se aplica aunque exista falta de capacidad para investigar?

–Por lo que haya sido: falta de capacidad o dolo. Pero en caso de que se probara el dolo, lo que pondría en evidencia serían ilícitos de naturaleza penal. Y aquí, por lo que destacan los expertos, el dolo es evidente: encontraron evidencia, como ropa, no integrada a actuaciones, que apenas se mandó a Innsbruck para su peritaje. Tampoco se investigó la línea que apuntaba a la posible participación de militares. Todo es demasiado evidente como para ignorarlo.

–¿Qué consecuencias jurídicas tiene la proclamación de la versión de Murillo Karam como “la verdad histórica”?

–En principio es una afirmación temeraria. La verdad histórica sólo la fija el juez una vez que valoró evidencia. Lo de Murillo Karam fue precipitado. También se toma en una segunda dimensión, que pone en evidencia la prisa por cerrar el expediente, y quizá tendrá que indagarse si se quiere buscar la responsabilidad de los servidores públicos que hayan incurrido en las omisiones y comisiones de delito en el caso Ayotzinapa.

–¿El Estado mexicano no tiene la voluntad de esclarecerlo? El titular de la AIC, Tomás Zerón, afirma que nada cambia el rumbo de la investigación.

–Esta es una cuestión de incumplimiento fuerte de la Ley. En esto también tiene responsabilidad la actual procuradora, Arely Gómez, porque a su llegada pudo ordenar los peritajes a la ropa y llamar a los militares, pero tampoco lo hizo. Se puede tipificar, entre otras conductas, la obstaculización de la administración e impartición de justicia.

“El procurador, el subprocurador, los directores, los peritos como auxiliares de la investigación de los delitos, el MP, cada uno tiene una obligación. Por eso cuando los padres de los jóvenes afirman que fue un crimen de Estado, tienen razón. En el caso Ayotzinapa, reconocemos como un hecho indubitable que la investigación se hizo mal. Por ejemplo, aparecen peritajes de una persona experta en informática haciendo un peritaje sobre el incendio.”

–¿Considera que la responsabilidad jurídica puede llegar al presidente Enrique Peña Nieto?

–En este país se dice que el presidente es el hombre mejor informado, pero muchas veces lo está a través de tres personas, lo que me lleva a pensar que posiblemente no esté tan bien enterado. Si el presidente sabía y no actuó en consecuencia, estaríamos en un caso como el de Guatemala: en un grave problema.

Entrevistado aparte, el abogado Porfirio Martínez, miembro de la Asociación Civil Mexicanos Unidos, opina sobre este último punto:

“De acuerdo con el artículo 108 constitucional, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Aquí hablamos de desaparición y homicidio, de ocultar evidencias, tergiversar una investigación, no decir la verdad.”

Y todavía habría que analizar la responsabilidad que le resulte a Peña Nieto por no haber sancionado a Murillo Karam cuando se mostró que sus conclusiones no eran verdaderas:

“Como jefe de Estado, al tener conocimiento de la ‘verdad histórica’ llena de graves mentiras y errores, la avaló como versión de su gobierno. Por eso Peña Nieto incurre en colusión, encubrimiento o coparticipación.”

En cuanto a los altos funcionarios, señaladamente Murillo Karam, pueden haber ejercido indebidamente el servicio público, lo que conlleva una pena de dos a siete años de prisión (artículo 214). También puede imputársele un delito contra la administración de justicia, como aparece en el artículo 225, fracción VIII, es decir, que retarde o entorpezca la administración de justicia maliciosamente o por negligencia.

Y en la fracción 21, dicho artículo sanciona los actos de “alterar, destruir, perder o perturbar indistintamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas”, mientras que la siguiente prevé las penas por desviar u obstaculizar la investigación de hechos delictuosos a favor del inculpado y se sustraiga a la acción de la justicia… Para esos delitos se prescriben de tres a ocho años de cárcel, y las últimas fracciones son de cuatro a 10 años de prisión”.

“Lo cierto es que el Estado mexicano está acorralado por la verdad científica”, concluye Martínez.

El otro Grito: el de los oprimidos

Lev Moujahid D

El relato histórico de los libros de texto oficiales de educación básica ha mutilado la memoria mexicana para legitimar 5 siglos de colonialismo y neocolonialismo, años en los que las relaciones fundamentales de dependencia económica y política no han cambiado prácticamente en nada. En el siglo XXI, el papel invasor de las monarquías reinantes europeas lo hacen las corporaciones económicas de la globalización capitalista, cuyo poder está por encima de cualquier institución política que diga representar la soberanía de la nación.

Las condiciones de sometimiento hacia los pueblos originarios y mestizos no se modificaron, cambiaron a relaciones de esclavitud moderna; el genocidio, desplazamiento y despojo de las tierras comunales por parte de las grandes mineras y petroleras es una amenaza constante que pone en riesgo la existencia de las comunidades indígenas y de una cosmovisión que tiene al territorio como algo sagrado y no como una mercancía; seguimos siendo una inmensa mayoría de pobres, más de 100 millones dicen los expertos, atravesados por la cultura indiana, pero sometidos por familias de apellidos aristocráticos europeos y de otras naciones externas.

Una tarea central de la educación crítica, de los maestros y maestras de México, para que sean realmente congruentes con su postura en las calles, es la disputa por la memoria histórica nacional a la luz de un proceso de descolonización desde abajo, de nuestros saberes y conocimientos reproducidos y enseñados en la escuela, sistematizados en los libros de texto oficiales, que siguen siendo el instrumento confesional de la doctrina de los poderosos para imponer su cultura.

Estamos obligados a visibilizar lo que se ha negado, ocultado, omitido y mutilado de la historia nacional. Si nuestros muertos, que lucharon por la emancipación social, ya fueron enterrados por el poder colonial opresivo, nosotros los condenamos al olvido si permitimos que el discurso hegemónico de la burguesía no les dé un lugar en la historia, si no movilizamos nuestra conciencia para desenterrar de la memoria la voracidad con la que se ha desarrollado este sistema antinatural e inhumano, no para contemplar el devenir de la sociedad, sino para edificar un nuevo sentido histórico que nos conduzca a la verdadera independencia.

Los libros de texto que se consolidaron con la articulación de la educación básica de 2010 niegan el origen rebelde de la indianidad mexicana. Los pueblos ancestrales de Mesoamérica sólo se comprenden por la conquista española, no por su pasado propio, sino en la aculturación occidental sobre la civilización de los antiguos pobladores de Abya Yala. Intentan crear una conciencia derrotista del sometido a través de un discurso historiográfico que recupera los testimonios del conquistador, como las Cartas de relación de Hernán Cortés, pero no la “visión de los vencidos”, quienes se resistieron a la invasión.

El periodo posterior a la invasión es la organización económica, religiosa, administrativa y de las instituciones políticas de la corona para su mejor funcionalidad, pero no es la del nuevo patrón de poder de expansión y mundialización del capitalismo de matriz colonial, que antes de 1492 sólo era un mundo autárquico en los límites del Continente Europeo, pero que ahora se ampliaba, no para llevar el progreso y la proletarización de los trabajadores asalariados a otras partes del planeta, sino a costa del genocidio, el saqueo, la esclavitud y otra formas nuevas de explotación como la mita o la encomienda, que parecieran anacrónicas al capital, pero que fueron en realidad la base de su desarrollo planetario.

Más allá de la organización virreinal, es decir, del invasor, en los textos de historia oficial no aparecen los brotes de rebeliones indígenas que se dieron al por mayor durante los 3 siglos de colonialismo occidental. Ciertamente no fueron las rebeliones obreras y campesinas contra el capitalismo al estilo de Europa, pero sí lo fueron por la defensa del territorio como espacio vital y sagrado, no como propiedad privada; lo fueron por la autonomía y autodeterminación de su pueblo para existir en relaciones de reciprocidad que algunos llaman comunalidad.

Para los pueblos originarios, la fiesta es el lugar donde se comparte el producto excedente, lo cual parecía una cuestión irracional para los asesores ilustrados de la monarquía borbónica en el siglo XVIII. De ahí la prohibición de las fiestas populares y otras formas de manifestación cultural que eran vistas como ociosas e improductivas por los colonialistas, indicios de desorden y focos de reuniones disidentes; y de alguna forma lo eran, porque la expresión contracultural y popular de estas clases subalternas fue uno de los canales subversivos que encontraron para mostrar su rechazo al patrón colonial de poder; por ejemplo, la conocida Danza de los viejitos del Occidente mexicano, que data de la época antes de la invasión europea dedicada al Dios Viejo o del fuego, Huehuetéotl, muestra la sabiduría y vitalidad de los ancianos purépechas frente a la decrepitud del anciano blanco español.

Salvo el culto guadalupano que escondía a la Diosa Tonantzin, madre de los dioses en la cosmovisión náhuatl, y cuya imagen morena después se convirtiera en el primer estandarte insurgente, no se habla de ningún otro caso en la historia oficial, pese a que éste fue el prototipo y el más trascendente de múltiples acontecimientos parecidos que dieron cuenta de la conservación religiosa e identitaria de las culturas ancestrales.

Lo religioso era, pues, otro de los canales de subversión en un mundo excesivamente represivo y de esclavitud, no sólo para los criollos estudiosos de la teología que, inspirados en la tradición jesuita y la lectura crítica de La Biblia, se involucraran luego en la guerra independentista, sino también para los indígenas sujetos al sometimiento del poder colonial, que encontraron en la expresión mística los anhelos de cambiar el mundo y de desencadenarse de las estructuras de opresión.

En los textos escolares de historia de México pareciera que la principal contradicción de clases sociales en la era colonial se daba entre los grupos de la elite, criollos y peninsulares, argumentando que los primeros no podían acceder a los mandos altos de poder; sin embargo, los cabildos como órganos de administración local también fueron parte del engranaje de saqueo, por ejemplo: ellos otorgaban los permisos para la extracción minera, actividad que cobró la vida de millones de indígenas explotados en las minas de oro y plata.

Estos indígenas purépechas, otomíes y huicholes, por mencionar algunos, que fueron superexplotados hasta morir en minas de Guanajuato, San Luis Potosí o Zacatecas; o en las haciendas del bajío virreinal que producían la mayor parte de los granos consumidos en la Nueva España, pero que padecieron también la hambruna por el acaparamiento del maíz por parte de sus opresores, componían el grueso de las filas insurgentes en más de un 60 por ciento. Fueron ellos quienes padecieron realmente las contradicciones de un sistema que les negó toda posibilidad de vida, mientras la burguesía europea industrializaba su producción a base de la riqueza que le daba toda nuestra fuerza viva de trabajo y nuestros recursos naturales; empero, son los héroes criollos y de la burguesía local quienes abundan en las páginas de los libros de texto.

En la Independencia no triunfaron los pueblos indígenas y mestizos, tampoco se alcanzó la soberanía nacional: apenas los grupos criollos liberales y conservadores accedieron al poder, se olvidaron de evocar la grandeza del pasado precolonial, de sentirse herederos de esa cultura ancestral y se aliaron a las logias masónicas para disponer la entrega de nuestro país a estadunidenses, franceses o ingleses, pero también impulsaron un nuevo desarrollo del capitalismo dependiente desarticulando con sus leyes reformistas los resquicios de propiedad y organización comunal.

En estos tiempos en los que se sigue hablando de independencia, es urgente también descolonizar la educación, reconstruir una nueva memoria de los subalternos, de los oprimidos, de aquellos que no tenemos voz ni rostro en la memoria del poder, en la historia oficial contada por los dueños del dinero. Ésa será la contramemoria de las clases populares, de las resistencias y de la lucha constante de los subalternos por emanciparse y construir un nuevo sentido histórico para la humanidad.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

* Historiador y profesor; miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán

De ¡Eureka! a Tlachinollan

Carlos Fazio

Hace 37 años, el 28 de agosto de 1978, las doñas del Comité ¡Eureka!, con Rosario Ibarra a la cabeza, iniciaron una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana, a un lado de Palacio Nacional, para demandar la presentación con vida de más de 500 desaparecidos políticos y el castigo a los culpables. Eran los días postreros de una guerra sucia desplegada después de la matanza de Tlatelolco por las fuerzas armadas, la temible Dirección Federal de Seguridad y la paramilitar Brigada Blanca, y un puñado de mujeres, madres y familiares de desaparecidos emprendía una lucha desigual en defensa de los derechos humanos, contra un régimen presidencialista autoritario que había hecho de la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas la razón de ser de un terrorismo de Estado al servicio del gran capital.

Este sábado 29 de agosto, en Tlapa, en la zona de la Montaña, allá en Guerrero, en nombre del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barreda exhibió la continuidad de la práctica de la desaparición forzada en México. Al presentar el 21 informe de labores del centro humanitario, Barreda se refirió a la tragedia de Iguala/Ayotzinapa, que el 26 de septiembre del año pasado cambió la vida de las 43 familias de los jóvenes normalistas desaparecidos, y aseveró que la impunidad en México es sistémica. Dijo que el caso desnuda la realidad de un país donde gobernantes, políticos, empresarios, militares y distintos niveles de autoridades policial y judicial conviven y forman parte de los circuitos de corrupción y violencia de los grupos de la economía criminal. Denunció que existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales, en particular a la de Ayotzinapa, y que a casi un año del hecho no se ha iniciado un solo juicio penal por el delito de desaparición forzada ni se ha indagado la eventual responsabilidad en los crímenes (hubo además seis ejecuciones y una de las víctimas fue torturada) del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala.

Existe un continuum entre la guerra sucia de los años 70 y el momento actual, que exhibe y desnuda un patrón crónico de impunidad de actores estatales que desempeñan tareas de seguridad pública. Lo que incluye a miembros de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) y de las policías federal, estatal y municipal, y sus respectivas cadenas de mando, que actúan en complicidad con agentes del Ministerio Público y jueces, y no pocas veces en colusión con grupos de civiles armados que actúan como escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social para el exterminio de disidentes y/o jóvenes que son considerados desechables o matables (Agamben) por el capitalismo criminal de comienzos del siglo XXI.

Desde la militarización de la seguridad pública en diciembre de 2006, el baño de sangre se incrementó a raíz de los operativos conjuntos de la Sedena, la Semar y las distintas policías, y a la par de un uso excesivo de la fuerza del Estado con fines de control social arreciaron las violaciones masivas de derechos humanos, incluidas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias.

En 32 meses de gestión, el régimen de Peña Nieto acumula más de 57 mil asesinatos dolosos, y suman más de 30 mil las desapariciones desde 2007. De alcances históricos, las redes colusivas de corrupción/impunidad/simulación que operan al margen de la Constitución implican una consecuencia evidente: la impunidad generalizada alienta la repetición de los crímenes. Verbigracia, en nuestros días, Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, Calera, Ostula...

De la guerra sucia de los años 70 con epicentro en Guerrero a los hechos de Iguala/Ayotzinapa en 2014, la desaparición forzada de personas ha sido una herramienta de la represión institucionalizada. Prototipo de un delito de carácter continuado, se produce una desaparición forzada cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o ésta es privada de su libertad por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, o por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento (por ejemplo, escuadrones de la muerte y grupos paramilitares o de limpieza social), y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de dicha persona o a reconocer que está privada de la libertad, sustrayéndola así a la protección de la ley.

La práctica de la desaparición remite al Decreto noche y niebla ( Nacht-und-nebel-erlass) del führer Adolfo Hitler, del 12 de diciembre de 1941, reconocido como el primer documento de Estado con órdenes para detener-desaparecer personas de manera furtiva o secreta, bajo el cobijo/ocultamiento de la oscuridad y la niebla. El decreto fue complementado por otros que especificaban cómo debían hacer desaparecer a personas sospechosas de resistir la ocupación nazi en Europa: sin dejar rastro de su paradero, ninguna pista, ningún atisbo de esperanza y sin proporcionar información alguna a sus parientes. El cadáver debía ser inhumado en el sitio de muerte y el lugar no sería dado a conocer. El objetivo era generar “un efecto aterrorizante ( abschreckende wirkung)”, eficaz y perdurable sobre los familiares y la población, que debería permanecer con la incertidumbre sobre el destino de los detenidos.

El propósito era paralizar a la población a través del terror. Los desaparecidos eran un medio; el objetivo principal era desarticular cualquier forma de resistencia y mantener a la población en una incertidumbre duradera. Un esquema necrofílico que se ha venido repitiendo en México a través de la simulación e instrumentación gubernamental de la búsqueda de los 43 desaparecidos, con el objetivo encubierto −pero hasta el presente no logrado− de aniquilar síquicamente a los familiares y compañeros de las víctimas y a la población en general, e inhibir cualquier oposición o resistencia a la colonización, ocupación y despojo del territorio que habitan.

La obsesión evaluadora, una nueva barbarie

Adolfo Gilly

Un gobierno que ha llevado al país al desastre que hoy vivimos, en medio de las tormentas mundiales que estaban previstas y no supo o no le convino prever, pretende ahora tenazmente implantar en el terreno educativo, semilla y raíz de esta nación desde antes de que su nombre fuera México, las normas bárbaras de la evaluación según criterios ajenos a la enseñanza y afines a las lógicas entrelazadas del dinero y el poder.

La tentativa de implantar en la enseñanza primaria el sistema de control denominado evaluación es en realidad un terreno de prueba amplio, tanto desde su dimensión cuantitativa como desde su profundidad en la vida social, para extender e imponer esta forma de control, regimentación, disciplinamiento y subordinación sobre los cuerpos y las mentes de mexicanas y mexicanos también en la función pública, en la empresa privada y en la educación superior.

Las campañas de prensa escrita, radial y televisiva contra los maestros que defienden sus derechos y la dignidad de su profesión sobrepasan los límites de la indecencia y la ignorancia. Sería estéril dejarse arrastrar a ese terreno de la vociferación, la calumnia y la amenaza moral y física directa que todos en México vivimos, excepto –tal vez– los muy ricos o los muy poderosos.

En este clima se gesta y se prepara una ofensiva de contenidos similares contra la educación superior, para normalizar sus programas de estudio e investigación, sus conductas, sus normas internas y sus autoridades.

De este tamaño es el desafío en el periodo escolar que ha dado inicio en estos días.

                                                           §

La evaluación universal según las normas y las costumbres del mundo de las finanzas ha sido ya denunciada y es resistida en forma organizada o espontánea en diversas naciones y sociedades, conforme a las experiencias anteriores de organización y vida social de cada una y de los mundos del trabajo y la cultura en cada caso.

Tan temprano como diciembre de 2008, surgió en Francia un grupo organizado, El llamado de los llamados ( L’Appel des Appels), que convocó a resistir esta ofensiva contra el trabajo humano. Así se definió:

Nosotros, profesionales de la salud, del trabajo social, de la educación, de la justicia, de la información y de la cultura, llamamos la atención de los poderes públicos y de la opinión sobre las desastrosas consecuencias sociales de las reformas implantadas apresuradamente en estos últimos tiempos […]

El poder deshace y recompone nuestros oficios y nuestras misiones exponiendo cada vez más a los profesionales y a los usuarios a las leyes naturales del mercado. Esta ideología se ha revelado catastrófica incluso en el mismo ambiente de negocios de donde provino.

Tres años después, en 2012, esta convocatoria había reunido ya 90 mil firmantes. Sobre esa sólida base, El llamado de los llamados lanzó entonces un nuevo documento con el título de Manifiesto-Política de los oficios, que ha circulado con amplitud en Francia y en otros países.*

                                                             §

El Manifiesto parece escrito para estos tiempos mexicanos. Reproduzco aquí algunos de sus pasajes más significativos:

Una nueva barbarie está ya entre nosotros, dentro de los muros de la ciudad. Por nueva barbarie entendemos la de los expertos, de los evaluadores, de los mánagers que implantan dispositivos de disciplina y de sujeción de todos los asalariados en la empresa privada y en el empleo público, en todos los oficios, aplicando sin distingos los mismos esquemas simplistas de control de todas las actividades, sociales o no, según y conforme las lógicas comercial y financiera.

La evaluación es una consigna; o mejor, es un grito de guerra, el grito de la sumisión de todos cuantos todavía no estaban suficientemente sometidos. La crisis financiera, lejos de detener la dinámica de los dispositivos de control de las existencias, la acelera. En nombre de los sacrificios que es preciso aceptar, la disciplinarización del trabajo se acentúa y acelera. […]

Los evaluadores, ante todo en el terreno de las altas finanzas, no tienen que rendir cuentas a nadie, sino que son ellos quienes las exigen a los demás. En este sentido la evaluación es una relación de poder: los evaluados son los gobernados, jamás los verdaderos gobernantes. […]

                                                               §

El documento expone con claridad la lógica implacable y los objetivos duros y verdaderos de estos métodos aplicados al trabajo intelectual:

Someter a los profesionales a la única ley de la rentabilidad medida en cifras, incluso si para ello es preciso inventar sustitutos de ganancias en aquellos campos donde la noción de ganancia no tiene sentido alguno (salud, educación, justicia, policía…), es tratar de construir una sociedad homogénea, que funcione en todas sus partes según una lógica única, la lógica de la cosificación generalizada. Es el trayecto más corto para hacer dinero, para convertir todo en dinero, para trasformar en dinero cada cosa. Es querer trasformar a los seres humanos en cosas mensuradas, cuantificadas, clasificadas, estandarizadas. Es convertir a la lógica del mercado en el único modo de pensar posible, la única manera en la cual pueden presentarse los seres humanos y sus actividades pueden aparecer y ser admitidas en el mundo. […]

Evaluar sin saber, haciendo funcionar procedimientos automáticos, es el ideal: un formalismo generalizado, automatizado, anónimo, ciego e ininterrumpido. La nueva administración funciona como una máquina social que impone al trabajo vivo someterse a sus imperativos, a sus ritmos, a su presión, con un nuevo agregado: esta maquinaria no se refiere solamente a la sumisión de los músculos y los nervios, el adiestramiento de los cuerpos por procesos mecánicos como en los tiempos de la taylorización, sino que ahora exige la sumisión de las almas a través de procesos de culpabilización. Someterse a la evaluación es someterse completamente, cuerpo y alma. Esto es lo esencial. […]

                                                              §

Las conclusiones del Manifiesto acerca de la perversidad intrínseca de esta política son también implacables: se propone dividir a todos los asalariados, introducir formas de competencia destructoras de la solidaridad en el trabajo y crear entre ellos situaciones competitivas similares o comparables con las que existen en la esfera estrictamente comercial:

Para que todo esto funcione, agrega el documento, es preciso que los sujetos acepten someterse a un sistema de evaluación que sea al mismo tiempo un sistema de comparación. Deben aceptar entrar en la comparación, en la separación entre excelentes y no-excelentes y, entonces, en el relegamiento o la eliminación de aquellos de los cuales hay que deshacerse.

“La evaluación –concluye– es un medio de descarte de los que se desvían de la norma, de los inconformes, enviados directamente ante el responsable de recursos humanos. La evaluación sirve para deshacerse socialmente de aquellos que, supuestamente, no cumplen con la norma, según un método que es preciso llamar eugenesia económica al servicio de la lógica del mercado.”

                                                              §

El Manifiesto convoca a discutir, idear y crear nuevas formas de organización del trabajo manual e intelectual contra esta nueva barbarie, conforme a la experiencia que en cada país, región y sociedad el trabajo manual e intelectual ha acumulado en el tiempo largo de su historia: “Solo, es difícil combatir en todos estos frentes, y han hecho cuanto han podido para que cada uno de nosotros se sienta solo en la masa anónima. La única respuesta es construir lo ‘colectivo’ y desarrollar todas las formas posible de resistencia a las normas cuando éstas pervierten las finalidades de los oficios y los trasforman en instrumentos de control social. […] A un sujeto colectivo, cualquiera éste pueda ser, corresponde la tarea de construir estas formas de resistencia”.

Asegurar la traducción, la impresión, la reproducción y la circulación de este Manifiesto por todos los medios posibles y disponibles, que no son pocos, puede ser un empeño necesario en apoyo de los maestros en resistencia y también de la ardua lucha de los padres y las madres de la Escuela Normal de Ayotzinapa por sus hijos normalistas y futuros maestros, desaparecidos en esta vorágine de barbarie, violencia y mentiras que el poder y el dinero nos imponen.

México, DF, 25 de agosto de 2015

* Politique des métiers – Manifeste, Paris, Éditions Mille et Une Nuits, 2011, 68 pp.

Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
15 Agosto 2015
P R E S E N T E

Presidente Peña Nieto:

Nosotros, periodistas, escritores, y artistas creativos de todo el mundo, con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera.

El 31 de julio fue asesinado en Ciudad de México el fotoreportero Rubén Espinosa, junto con una activista de derechos humanos, dos de sus compañeras de piso y la empleada doméstica del lugar. Este crimen ha sido un parteaguas. La Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico. Pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México.

Desde el año 2000 decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio; se sabe de otros 20 que continúan desaparecidos. La abrumadora mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. La CNDH apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las amenazas físicas extremas y generalizadas que padecen los reporteros llama la atención de las organizaciones encargadas de vigilar la libertad de expresión en el mundo, y de grupos como el Comité de Protección a los Periodistas y PEN, que abogan por los derechos de la prensa. Todos ellos han hecho campañas para acabar con lo que se ha llamado censura a tiros.

Rubén Espinosa, asesinado a sus 31 años de edad, laboraba como fotógrafo en el estado de Veracruz. Tras recibir varias amenazas graves, huyó a la Ciudad de México hace algunas semanas. Los reporteros de Veracruz que reciben amenazas están convencidos de que éstas provienen de funcionarios del gobierno del estado. Desde que el actual gobernador, Javier Duarte, llegó al poder en 2010, las amenazas, los maltratos, y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedente en Veracruz: catorce han muerto de manera atroz, y tres han desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. Hasta ahora, 37 colegas de Rubén Espinosa han tenido que abandonar sus trabajos, sus hogares y sus familias, y desplazarse a la Ciudad de México tras recibir amenazas. Rubén Espinosa fue asesinado a las pocas semanas de su llegada a la capital.

Señor Presidente; no debe haber mas asesinatos: el homicidio de Espinosa, y de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera, y Mile Virginia Martín —las cuatro jóvenes que murieron con él— deben ser investigadas con integridad. Los verdaderos homicidas tienen que recibir juicio justo y con-dena pronta. En su país, señor Presidente, las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes: Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 89 por ciento de los asesinatos permanecen sin resolver. La Comisión ha denunciado que sus propias investigaciones son obstaculizadas por las autoridades. La negligencia judicial garantiza la impunidad.

Hoy el periodismo en todo el mundo vive bajo asedio: los reporteros mexicanos, en particular, viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos, y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros.

Señor presidente, le urgimos a:

1.-Garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él, y la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados.

2.- La revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México.

Atentamente,

Mario Arriagada, Héctor Abad Faciolince, Rodrigo Abd, Jaime Abello, Vivian Abenshushan, Mariclaire Acosta, Chimamanda Ngozi Adichie, Sergio Aguayo, José Agustín, Francisco Alanís, Cristian Alarcón, Jesús Alberto Yajure, María Alesia Sosa, Andrew Alexander, Paola Alín, Esther Allen, Guilherme Alpendre, Vivien Altman, Sinar Alvarado, Nathalie Alvaray, Rosental Alves, Christiane Amanpour, Luigi Amara, Anita Anand, Jon Lee Anderson, Miguel Angel Nieto, Claudia Antunes, Kwame Anthony Appiah, former president of PEN American Center, Elizabeth Araujo, Gerardo Araujo, Betty Aridjis, Chloe Aridjis, Homero Aridjis, Rosemarie Armao, Alonso Arreola, Margaret Atwood, Paul Auster, Cecilia Ballesteros Guerra, Cecilia Balli, Patricia Barba Ávila, Caco Barcellos, Javier Bárcenas, Günter Bartsch, César Batiz, Dan Baum, Louis Begley, former president of PEN American Center, Ana Belen Santiago, Geney Beltrán Félix, Marcelo Beraba, Carl Bernstein, Luis Pablo Beauregard Alday, Marjorie Blomme, Ray Bonner, Steven Bodzin, Lisseth Boon, Lolita Bosch, Liz Bradley, Carlos Bravo Regidor, Tom Brokaw, Gloria Jay Browne-Marshall, Lydia Cacho, Verónica Calderón García, Rebeca Calle, Homero Campa, Fidel Cano, Pablo Caño Gallardo, Martín Caparrós, Mardonio Carballo, Laura Carlsen, Sonia Corona Sánchez, Ana María Carrano, Laura Castellanos, Ricardo Castro, César Castro Fagoaga, Jean-Philippe Ceppi, Michael Chabon, Vitaly Chelyshev, Ron Chernow, former president of PEN American Center, Susan Chira, Noam Chomsky, Paula Chouza Candeira, Sandra Cisneros, Ana Clavel, Jennifer Clement, John Coats, John Coetzee, Teju Cole, John Conroy, Martha Cooley, Sheila Coronel, Daniel Coronell, Ricardo Corredor, Molly Crabapple, Carjuan Cruz, Juan Cruz, Alfonso Cuarón, Manuel Martin Cuenca, Guillermo Cullell, Dave Cullen, Michael Cunningham, Carlos Dada, Sergio Dahbar, Staffan Dahllöf, Luke Dale-Harris, Helen Darbishire, Javier Darío Restrepo, Daniela Dávila Torres, Jacobo Dayana, Luca De Biase, Donna De Cesare, José de Córdoba, Pablo de Llano Neira, Anthony de Palma, José Roberto de Toledo, Siddhartha Deb, Melissa del Bosque, Matias del Rio, Guillermo del Toro, Claudia Delgado, Junot Díaz, Adriana Diaz Enciso, Christopher Dickey, Juan Diego Quesada Fernández, Stephen Doig, Andrew Donohue, Kate Doyle, Daniel Drepper, Denise Dresser, Borja Echevarría, Nelson Eduardo Bocaranda, Carlos Eduardo Huertas, Gastón Eligio Monge, Alvaro Enrigue, Octavio Enríquez, Louise Erdrich, Gerardo Esquivel, Joaquín Estefanía, Monica Fahmy, Tai Farounbi, Jules Feiffer, Héctor Feliciano, Airam Fernández, Patricio Fernández, Antonio Fernández Nayz, Carlos Fernando Chamorro, Stephen Ferry, Diego Fonseca, Juan Luis Font, Juan Forero, Altin Fortuzi, Hal Foster, Lorna Scott Fox, Marian Botsford Fraser, chair of Writers in Prison Committee, PEN International, Carlos Franz, Salvador Frausto, Maureen Freely, president of English PEN, Josh Friedman, Melva Frutos, Claudia Furiati Páez, Jan Gunnar Furuly, Neil Gaiman, Esther Garcia, Alicia García Bergua, Ana García Bergua, Gael García Bernal, Lourdes Garcia-Navarro, Javier Garza, Verónica Gerber Biecci, Graeme Gibson, Ricardo Ginés, Todd Gitlin, Jo Glanville, director of English PEN, Peter Godwin, former president of PEN American Center, Matt Goldberg, Francisco Goldman, Marina Gómez Robledo Ramos, Vanessa Gómez Quiroz, Enric Gonzalez, Mónica Gonzalez, Mónica González Islas, Camilo Gonzalez Posso, Gustavo Gorriti, Juan Gossain, Cheryl Gould, Témoris Grecko, John Green, Mona Grivi Norman, Evelyn Groenink, Rogelio Guedea, Carla Guefenbein, Leila Guerriero, Alma Guillermoprieto, Chus Gutierrez, Alejandra Gutiérrez Valdizán, Sebastián Hacher, Jessica Hagedorn, Nicky Hager, Pete Hamill, Daniel Handler, Adam Hannestad, Dorrit Harazim, Miles Harvey, Jens Egil Heftoy, Leonardo Heiblum, Aleksander Hemon, Amy Hempel, Julián Herbert, Yuri Herrera, Roberto Herrscher, Seymour Hersh, Adam Hochschild, Refik Hodzic, Pavla Holkova, Amanda Hopkinson, Mark Horvitz, Brant Houston, Ariana Huffington, Mark Lee Hunters, Siri Hustvedt, Steven Isenberg, Gabriela Jaúregui, Camilo Jiménez Estrada, Ha Jin, Gilbert Joseph, Laia Jufresa, Mario Jursich, Salmon Kalmanovitz, David Kaplan, Nitasha Kaul, Amitava Kaur, Porochista Khakpour, Kimberly Kleman, Minna Knus-Galán, Lucy Komisar, Gisela Kozak, Stefanie Kremser, Hari Kunzru, Rachel Kushner, Tony Kushner, Sandra La Fuente, Gumersindo Lafuente, Lucía Lagunes Huerta, Anne Lea Landsted, Isaac Lee, Joanne Leedom-Ackerman, Rafael Lemus, Juanita León, Jonathan Lethem, Karen Lewellen, Albinson Linares, Yelitza Linares, Elinor Lipman, Claudio Lomnitz, Carlos Lopez, Claudio Lopez, Roberto López Belloso, Mabel Lozano, Jorge Luis Sierra, Diego Luna, Helge Lunde, Gavin MacFadyen, Larissa MacFarquhar, Frida Maceira, Pamela Maffei McCarthy, Dale Maharidge, Gabriela Manulli, David Marcial Pérez Muñoz, David Maris, Megan Marshall, Eduard Martín-Borregón, Óscar Martínez, París Martínez, Jan Martínez Ahrens, Antonio Martínez Velázquez, Michael Massing, Ayana Mathis, Judith Matloff, D.T. Max, Patrick Mayoyo, Colum McCann, Colin McMahon, Jody McPhillips, Pablo Medina, María Gabriela Méndez, Claudia Méndez Arriaza, Maaza Mengiste, Geraldine Fabrikant Metz, Josh Meyer, Lorenzo Meyer, Alfredo Meza, Thomasina Miers, T. Christian Miller, Ken Mizokochi, Anne Modarressi, Adrian Mogos, Fernando Molica, Pablo Ortiz Monasterio, Tania Montalvo, Daniel Montero Bejerano, María Jesús Montes, Acianela Montes de Oca, Rick Moody, Marcelo Moreira, Gina Morelo, Ana Karina Moreno, Daniel Moreno, Dan Morrison, Eduardo Mosches, Maggie Mulvihill, Boris Muñoz, Azar Nafisi, Bertha Navarro, Fernanda Navarro, Enrique Naveda, Sonia Nazario, Guadalupe Nettel, Juan Noé Fernández Andrade, Suzanne Nossel, executive director of PEN American Center, José Luis Novoa, Adriana Núñez, Eulimar Núñez, Finbarr O’Reilly, Achy Obejas, Midori Ogasawara, Lise Olsen, Michael Ondaatje, Hector Ortega, Antonio Ortuño, Alfonso Ospina, Guillermo Osorno, Jardiel Palomec, Weng Paraan, José Luis Pardo Vieras, Catherine Parnell, Katherine Paterson, Bruno Patiño, Miranda Patrucic, Norman Pearlstein, Bibiana Peine, Máximo Peña, Amantha Perera, Gustavo Daniel Pescheta, Blanche Petrich, D.B.C Pierre, Michael Pietsch, Omar Pineda, Rafael Pineda, Erwin Potts, Luis Prados de la Escosura, Francine Prose, former president of PEN American Center, Sabrina Provenzani, Jordi Puntí, Guillermo Quijas-Corzo, Karem Racines, Paul Radu, Sergio Ramírez, Andrés Ramírez, Claudia Ramos, Dulce Ramos, Ricardo Raphael, Ahmed Rashid, Theresa Rebeck, Victoria Redel, Rossana Reguillo, Elena Reina Muñoz, David Remnick, Vania Reséndiz, Jacob Resneck, German Rey, Gustavo Reyes, Pilar Reyes, Rodrigo Rey Rosa, Angel Ricardo Gómez, Maite Rico Francia, Alan Riding, Jill Riepenhoff, Carmen Riera, Ronna Rísquez, Ariel Ritchin, Laura Robinson, Eduardo Rodriguez, Juan Ramón Rodríguez, Martín Rodríguez Pellecer, Larry Rohter, Nayeli Roldán, María Teresa Ronderos, Enrique Rondón Nieto, Espen Rosback, Eleanor Rose, Clovis Rossi, Sebastián Rotella, Sandra Mims Rowe, Antonio Rubio, Saúl Ruiz Mata, Emiliano Ruiz Parra, Alan Rusbridger, Norman Rush, Salman Rushdie, Douglas Rushkoff, Alberto Salcedo Ramos, Daniel Saldaña, Andres Sanchez, Omar Sánchez de Tagle, Alejandra Sánchez Inzunza, Nora Sanin, Inés Santaeulalia Fernández, Esmeralda Santiago, Daniel Santoro, José Luis Sanz, John Ralston Saul, president of PEN International, George Saunders, Said Sayrafiezadeh, Andrés Schafer, Elissa Schappell, Diana Schemo, David Schlesinger, Richard Sennett, Carlos Serrano, Shahid Sha, Bruce Shapiro, Craig Shaw, Owen Sheers, Erin Siegal McIntyre, Álvaro Sierra, Héctor Silva Ávalos, Joel Simon, executive director of Committee to Protect Journalists, Pablo Simonetti, Majo Siscar, Margo Smitt, Dava Sobel, Andrew Solomon, president of PEN American Center, Deborah Solomon, Paula Span, Art Spiegelman, Paul Steiger, María Stoopen, Asuncion Stoupignan, Jean Strouse, Rubén Suárez Ciria, Drew Sullivan, Damon Tabor, Irlanda Tambascio, Janne Teller, Mauricio Tenorio, Sanne Terlingen, Marleen Teugels, Adam Thirlwell, Serena Tinari, Colm Tóibín, Fred Tomaselli, Wibert Torre, Justin Torres, Laird Townsend, Marcelo Träsel, Salil Tripathi, John Trotter, Eileen Truax, Duy Linh Tu, Marcela Turati, Manuel Ureste, Pedro Vaca, Javier Valdez, Roberto Valencia, Mael Vallejo, Michael Vazquez, Rulo David Vázquez, Andres Velasco, Natalia Viana, Judith Vichniac, Juan Pablo Villalobos, Julio Villanueva Chang, Juan Villoro, Ayelet Waldman, Mike Walter, Jonathan Weiner, Tim Weiner, Jacob Weisberg, Margot Williams, Matthew Winkler, Tobias Wolff, Alejandra Xanic Von Bertrab, Karla Zabludovsky, Alejandro Zambra, Fabiola Zerpa, Blaz Zgaga, Margriet Zoethout.

Veracruz, estado de censura

Jenaro Villamil

 

MÉXICO, D.F. (apro).- La madrugada del 11 de octubre de 2002 explotó el boiler en el departamento del periodista veracruzano José Miranda Virgen, autor de la columna “Espejo de Poder”. El estallido le causó quemaduras en 98% ciento de su cuerpo. Vivía solo. Fue trasladado al Hospital ABC de la Ciudad de México, pero fueron inútiles los intentos por mantenerlo con vida. Murió a los cinco días.

Uno de sus últimos textos fue el involucramiento de personajes del entonces gobierno de Miguel Alemán Valdés con el crimen organizado. Aludió la vecindad del mandatario estatal con Jesús Albino Quintero Meraz, El Beto, entonces uno de los narcotraficantes más buscados.

La Asociación de Periodistas de Veracruz denunció que Miranda Virgen no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado. Pidieron la intervención de la PGR y de la CNDH. Representantes de Reporteros sin Fronteras (RSF) acudieron con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para solicitar su intervención en el caso. El gobierno foxista no se involucró.

La Procuraduría de Veracruz concluyó que la explosión “fue un accidente provocado por una fuga de gas”. No hubo investigación y el caso quedó cerrado. Sus archivos fueron sustraídos por agentes policiacos. En ese entonces, el jefe de la policía estatal era José Alejandro Montano Guzmán, amigo del entonces gobernador.

Trece años después, Montano Guzmán subió a la tribuna de la Comisión Permanente, el pasado 5 de agosto, para defender a su gobernador, Javier Duarte, de cualquier responsabilidad en el multihomicidio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Montano Guzmán, exjefe policiaco de Veracruz y señalado como uno de los personajes incómodos del priismo veracruzano que se sumó al peñismo, pidió “un voto de confianza” para la Procuraduría capitalina. Insistió que todo hacía pensar en el móvil del robo como causa del brutal atentado contra la vida de Rubén Espinosa, Nadia Vera –ambos desplazados internos por amenazas recibidas en Veracruz– y tres mujeres más.

Ese ha sido el estilo y el sello de la casa en casi todos los atentados y crímenes contra periodistas en Veracruz: desde la época de Miguel Alemán, incluyendo el sexenio criminógeno de Fidel Herrera y, sobre todo, durante la administración de Duarte de Ochoa (los tres priistas), la insistencia de los procuradores y jefes de la policía estatales de Veracruz ha sido menospreciar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación.

Con Duarte se dio un salto cualitativo: a la persecución a comunicadores se agregó la intimidación y acoso a activistas de derechos humanos, la criminalización a organizaciones y agrupaciones estudiantiles. Los crímenes de Rubén Espinosa y de Nadia Vera (fotoperiodista y activista de #YoSoy132, respectivamente) combinan a los dos sectores más criminalizados y perseguidos por su gobierno.

Algo de esto debe saber también su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien mantiene una estrategia férrea de control y de censura hacia todo lo relacionado con los excesos de sus agentes y las arbitrariedades cometidas.

No en balde los abogados de Nadia Vera Pérez, así como el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, han demandado que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no solamente llame a declarar a Javier Duarte sino también a su jefe de la policía, Bermúdez Zurita, y a su antecesor en el cargo, Sergio López Esquer.

“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al exsecretario de Seguridad Pública (general López Esquer) y al actual secretario (Arturo Bermúdez Zurita) justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, declararon los abogados David Peña y Karla Michelle.

La agrupación Periodistas de a Pie también ha señalado que desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se lleva un registro fotográfico de reporteros y activistas incómodos para el gobierno de Javier Duarte.

El mismo Rubén Espinosa había recibido información de que su denuncia interpuesta en 2013 por las amenazas recibidas no prosperó precisamente porque “desde la Secretaría de Seguridad Pública” la habían bloqueado. En ese momento, Bermúdez Zurita ya encabezaba la dependencia.

El estado de censura en Veracruz tiene nombres, apellidos y posibles responsables. El problema fundamental es que los encargados de investigar en esa entidad son jueces y parte del problema. Prácticamente todos los procuradores y jefes de la policía estatal de 2000 a la fecha han minimizado los crímenes, han entablado una campaña soterrada para criminalizar a los propios periodistas asesinados, vinculándolos con el narcotráfico, o bien, señalándolos como “revoltosos”.

Antes del homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, excolaboradora de La Jornada y una de las periodistas más respetadas por su honestidad en una entidad donde las redes de corrupción y de cooptación son comunes, ya había una lista de 15 periodistas masacrados en Veracruz.

En abril de 2012 habían sido asesinados Jesús Miranda Virgen, Raúl Gibb Guerrero, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marco García, Alfonso Sánchez Guzmán, Raúl Martínez López, Luis Daniel Méndez Hernández, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, alias Milo Vera, su hijo Misael y su esposa, así como Yolanda Ordaz de la Cruz, estos tres últimos del periódico Notiver.

En medio de la ola de indignación por el crimen de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, el 3 de mayo del mismo año fueron asesinados los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez. Trabajaron en Notiver bajo las órdenes de Yolanda Ordaz de la Cruz. En menos de un año este periódico perdió a cinco trabajadores en forma violenta.

En todos los casos se “filtró” que la mayoría de los crímenes no fueron por el ejercicio periodístico sino por “venganzas” del crimen organizado.

Ahora, con el multihomicidio en la colonia Narvarte tratan de cerrar el caso desvinculándolo de la crisis de seguridad pública y persecución a informadores en Veracruz y remitirlo a un expediente de robo, cuyo móvil no aparece por ninguna parte.

El estado de censura ha llegado al Distrito Federal.

La responsabilidad del gobierno capitalino es revertir, al menos en el caso de la Narvarte, este guión persistente en el caso de las autoridades de Veracruz.

A menos que esperemos que otro boiler explote en la casa de algún periodista y nos digan: “Ustedes disculpen, fue un accidente”.

Tres tratados "secretos" de EU: TPP vs. China, TTIP vs. Rusia y TISA vs. el mundo

Alfredo Jalife-Rahme

El ominoso denominador común de los ominosos tres tratados mercantilistas/financieristas de Estados Unidos –Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés); Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), y Tratado de Comercio de los Servicios (TISA, por sus siglas en inglés)– es su patente opacidad democrática y la sumisión de países vasallos a la banca israelí-anglosajona de Wall Street/la City (Londres).

Como externó sicalípticamente Barack Obama en la fase de su persuasión publicitaria, no existe necesidad de ahondar sobre la hostilidad a China (http://goo.gl/bbBKbT) por el TPP, que finalmente pasó la aprobación del Congreso al precio de 200 millones de dólares en vergonzosos sobornos a los legisladores (http://goo.gl/Zgv3zL).

Un capítulo publicado por la revista Político sobre el opaco TPP exhuma la protección a las ganancias del Big Pharma (trasnacionales farmacéuticas) a expensas de los medicamentos genéricos más baratos en los 12 países afectados (http://goo.gl/3rsp7k).

¿Estarán enterados los sumisos secretarios de Hacienda y Economía del México neoliberal itamita del daño del TPP a más de 80 millones de inmersos en pobreza?

El TPP, con 40 por ciento del PIB global, significará un mayor costo a la salud de sus 800 millones de habitantes, lo cual beneficiará las ganancias del Big Pharma, que obtendrán los colosales 1.5 billones de dólares (trillones en anglosajón) que hoy ahorran los medicamentos genéricos.

El TPP pretende aislar en forma absurda del océano Pacífico a tres potencias nucleares: China, Rusia e India. ¿Podrá?

Ya en 2006 el periodista británico Jacky Law arremetía en su libro contra el Big Pharma de cómo controlan la enfermedad (https://goo.gl/TfjDkL), y en 2012 un médico y académico británico, Ben Goldacre, fustigó la forma en que las trasnacionales farmacéuticas anglosajonas engañan a los médicos y dañan a los pacientes (http://goo.gl/RfN7zy).

El grave problema radica en la financiarización de la medicina sometida a los dictados de la banca y sus seguros.

Según el relevante portal ruso Sputnik, el opaco TTIP forma parte de un gran plan de Estados Unidos para aislar a Rusia de Europa (http://goo.gl/CkxjHF). En China también perciben la flagrante hostilidad del TTIP (http://goo.gl/h9mmnh).

El contralmirante francés François Jourdier dice que el TTIP está diseñado para que Europa se convierta en un satélite de Estados Unidos.

Por lo pronto, el opaco TTIP ha sido congelado en el Parlamento Europeo debido a la profunda oposición de los ciudadanos europeos (http://goo.gl/ZsbPAb).

El TTIP comporta más rasgos destructivos que constructivos ya que su objetivo primordial se centra en impedir una alianza entre Alemania y Rusia: axioma nihilista anglosajón que sigue vigente desde inicios del siglo XX y que postuló el geopolitólogo británico Halford Mackinder, lo cual conllevó a la creación de la OTAN.

De los tres planes mercantilistas financieristas que tienen como objetivo la supremacía global de las trasnacionales de Wall Street/la City, el más pernicioso es el menos conocido: TISA (http://goo.gl/IAfAzH), que pretende controlar de manera supranacional los servicios de salud, agua (la ley Korenfeld a escala global), finanzas, telecomunicaciones y transporte: ¡68 por ciento del comercio mundial!

Los tres esquemas van en última instancia contra el BRICS en dos océanos (Pacífico/Atlántico) y en todo el globo (http://goo.gl/ylifI3).

Desde septiembre de 2014, el escritor francés de origen belga Raoul Marc Jennar –autor del libro El gran mercado trasatlántico: la amenaza sobre los pueblos de Europa (http://goo.gl/yNGcpp)”–expuso, antes de las perturbadoras filtraciones de Wikileaks, la alta letalidad del TISA (http://goo.gl/Mk7EkX).

En su libro, Jennar devela una frase indeleble del megabanquero David Rockefeller, mandamás del entonces Chase Manhattan, que se fusionó luego con JP Morgan-Chase, hoy el mayor banco de Estados Unidos y el máximo operador global de los especulativos derivados financieristas: alguna cosa debe sustituir a los gobiernos, y el poder (¡supersic!) privado me parece la entidad adecuada.

Ben Beachy, del Observatorio de Comercio Global de los Ciudadanos Públicos, con sede en Washington, condensó las revelaciones de Wikileaks sobre el opaco TISA y sus 10 amenazas en 50 países (http://goo.gl/mVgAea).

Toda la anglosfera (con su omnipotente banca israelí-anglosajona) se encuentra cupularmente entre los 50 (¡supersic!) países que negocian en secreto en Ginebra los alcances del TISA, a espaldas de sus congresos y ciudadanos –donde incrustaron a México– y que abole la soberanía de quienes se convierten en instrumentos de la banca israelí-anglosajona de Wall Street/la City.

Van las 10 amenazas:

1. Restringir las medidas equitativas para minimizar riesgos financieros: deja vulnerables a los gobiernos ante demandas de las trasnacionales en los tribunales de arbitraje extrajudiciales”.

2. Permitir el tráfico de datos sensibles de los consumidores: permitirá a las “trasnacionales financieras exportar todos los datos personales de los consumidores (…) dándoles la opción de almacenarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones tributarias”.

3. Forzar a los gobiernos a anticipar todas sus futuras regulaciones.

4. Prohibir indefinidamente cualquier nueva regulación financiera.

5. Prohibir los controles de capital dirigidos a paliar las crisis.

6. Exigir la implementación de productos financieros aún no existentes: los países sólo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros (nota: los que ocasionaron la grave crisis financiera del 2008) si demuestran previamente (¡súpersic!) su peligrosidad (sic), algo prácticamente imposible;

7. Aceptar las reglas financieras vigentes en otros países: las trasnacionales financieras quedan exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen.

8. Permitir a las trasnacionales el bloqueo de nuevas regulaciones.

9. Prohibir las preferencias bancarias nacionales para los contribuyentes: los firmantes no podrán establecer preferencias para instituciones bancarias o compañías de sus propios países, ni siquiera con la intención de garantizar los fondos de pensiones (¡supersic!). Nota: México no tendrá ese problema, ya que prácticamente se quedó sin banca nacional (http://goo.gl/7scD0V).

Y 10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones: quedan las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus reglamentaciones.

Lo que no controla Estados Unidos con sus dos tratados ominosos (TPP y TTIP) lo pretende conseguir mediante el financierismo global de su bancocracia con el TISA, que esclaviza de facto a los ciudadanos de 50 países cuyos mandatarios muchas veces son obligados a firmar tratados suicidas sin conocer su contenido ni sus alcances. Como México, que los ha firmado TODOS sin la menor prudencia.

El túnel

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F. (apro).- Por un túnel de un kilómetro y medio se escapó por segunda vez Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y por ese mismo túnel literalmente se fue lo que quedaba de credibilidad al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien a la mitad del camino se encuentra empantanado en la corrupción, desfondado en su proyecto reformador y sumido en la más honda crisis que ha tenido un Presidente en las últimas décadas.

Lo peor que podría ocurrirle a Peña Nieto ya se le presentó: caer en el ridículo y en la burla popular. A través de chistes, bromas, memes y ocurrencias, la gente lo expone como un político no sólo incapaz e ineficaz, sino tonto y mentiroso…. Y eso para un gobernante es lo peor.

Cada vez que la Procuraduría General de la República (PGR) o el titular de la Secretaría de Gobernación exponen o explican la manera en que escapó ‘El Chapo’ Guzmán, muestran una torpeza que cae en lo ridículo. Nadie les cree que no se dieran cuenta de la construcción de un túnel de mil 500 metros que llegaba precisamente a la regadera de la celda del narcotraficante más buscado en el mundo, en ese espacio exacto llamado “punto ciego”, en el que la cámara de vigilancia no podía verlo.

Frente a ese vacío de confianza, crecen las versiones de que en realidad ‘El Chapo’ salió por la puerta principal de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, ayudado por las misas autoridades federales, a las que ha corrompido o amenazado con información privilegiada de sus lazos con el crimen organizado.

Antes de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, la credibilidad de Peña Nieto ya estaba muy por debajo de la media nacional, de hecho pocos seguían creyendo en su proyecto reformador como la vía para mejorar el nivel de vida del país y resolver el problema de la inseguridad y la violencia, que cada día cobra nuevas víctimas.

El fusilamiento de al menos 12 personas en Tlatlaya, Estado de México, por parte del Ejército mexicano, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, profundizaron la crisis de credibilidad que ya venía arrastrando el mexiquense.

Después de esos dos sucesos que dieron la vuelta al mundo en los noticieros más importantes, algunos en el gobierno pensaban que ya se había tocado fondo, hasta que ocurrió la increíble fuga del líder del cártel de Sinaloa.

El túnel por el que escapó ‘El Chapo’ representa muchas cosas para el gobierno peñista: además de ser objeto de burla por parte del crimen organizado, y en especial del capo, pone al descubierto la incompetencia de quienes integran las áreas de gobernabilidad y seguridad nacional.

De igual manera, expone la porosidad por la que se filtran los grupos de la delincuencia organizada en las esferas más altas del poder político, y la fragilidad de la estructura penitenciaria.

Para la sociedad representa una ofensa por la reacción patética del presidente Peña; del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la procuradora general de la República, Arely Gómez, y del responsable de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quienes no supieron explicar su ineptitud e incapacidad y ofrecieron justificaciones sibilinas y argumentos inverosímiles para describir la fuga del sinaloense.

El túnel de ‘El Chapo’ quedará en la historia como el registro más claro de la torpeza de Peña y su equipo, que llegaron a la Presidencia de México con una arrogancia mayúscula tras los yerros del panista Felipe Calderón.

Quedará como el monumento a la corrupción que es capaz de aceitar la maquinaria institucional y operarla a su antojo para burlar el supuesto penal de máxima seguridad del Altiplano.

Será la muestra más clara de cómo ‘El Chapo’ Guzmán, un campesino casi analfabeta de la sierra de Sinaloa, quien de niño se dedicaba a cultivar amapola, puso de cabeza a todo el aparato de gobierno, sumiéndolo en el fondo de un túnel y una de sus peores crisis.

El escape de “El Chapo”, reflejo de la crisis de liderazgo de EPN: Carrillo Olea

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán es consecuencia de tres crisis concatenadas: “la crisis de liderazgo personal de Enrique Peña Nieto; la crisis del aparato de gobierno que él destruyó por su autoritarismo; y la crisis del sistema de justicia y de seguridad, incluyendo al aparato de inteligencia”.

Así lo afirmó Jorge Carrillo Olea, general y creador del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN), y la primera autoridad mexicana que atrapó al “Chapo” Guzmán, hace más de 20 años, cuando le fue entregado en la frontera entre Guatemala y México, en el Puente Internacional Talismán.

Retirado de toda actividad política, el también exgobernador de Morelos es contundente al ser consultado por Proceso: “todo esto es el reflejo de una crisis de liderazgo personal de Peña Nieto, montado sobre un exceso de autoritarismo y de una enorme cantidad de desplantes”.

Uno de esos desplantes, advirtió Carrillo Olea, es el hecho de viajar a Francia junto con el secretario de Gobernación, al igual que los titulares de Defensa Nacional y de Marina.

-¿Es correcto que un presidente de la República viaje al extranjero, junto con su secretario de Gobernación? –se le preguntó.

-Claro que no. Esto es otra expresión de su autoritarismo. ¿Cómo se lleva al mismo tiempo al secretario de Gobernación y al de Defensa. Es un viaje que tiene la implicación de una especie de “reyecito”.

-Usted viajó junto con el ex presidente Luis Echeverría por casi todo el mundo, como jefe de sección segunda del Estado Mayor Presidencial. ¿Alguna vez viajaron juntos el presidente de la República y el Secretario de Gobernación?

-Jamás. Con Echeverría y con Miguel de la Madrid siempre se quedaban los secretarios de Gobernación. La obsesión de Echeverría era estar al pendiente del teléfono todo el tiempo. Eran largas conferencias con su secretario de Gobernación. Era una obsesión positiva por ejercer el mando. Obsesión positiva que no existe ahora.

La crisis del liderazgo personal de Peña Nieto afecta a otros dos niveles, afirmó Carrillo Olea: “la evidencia de un gobierno absolutamente ineficiente porque la forma de ejercer tan verticalmente el poder ha destruido el aparato”.

La otra crisis es la del “aparato de justicia y de seguridad”. En el caso de El Chapo existió la orden de un juez que “el gobierno ha sido incapaz de cumplir”.

-¿También hay una crisis de los servicios de inteligencia?

-Por supuesto. La justicia implica siempre inteligencia. Es imposible que no haya habido un mínimo de servicios de inteligencia que anticiparan la construcción de un túnel de este tipo.

Carrillo Olea se declara consternado por la versión oficial que le atribuye a “El Chapo” la construcción de un túnel de 1 kilómetro y medio en un penal de alta seguridad como el de Almoloya.

“Para construir un sistema de este tipo necesitas de un sistema de ingeniería de primer nivel. Es absolutamente increíble. Es de Alicia en el País de las Maravillas”, advirtió.

-¿Son creíbles las versiones sobre la celda y el área de regaderas de El Chapo?

-Es claro que hay una falacia en torno a la celda. Es evidente que la administración del penal le dio la concesión al “Chapo” para un sitio especial. La cárcel, como cárcel, es inviolable. Pero resulta que “El Chapo” es capaz de abrir un túnel hasta en La Bastilla.

De la neoliberalización a la guerra contra el narcotráfico

Arsinoé Orihuela

Con frecuencia los analistas omiten la conexión entre las transformaciones del Estado y el escenario de guerra en México. Un hecho es insoslayable: la guerra y la militarización de la vida pública avanzan a la par de otro proceso no menos sustantivo: a saber, el ciclo de reformas neoliberales que arranca en la década de los 80’s, y que sigue su curso en el presente. La globalización, que no es otra cosa que la sombra obscena de la neoliberalización, coincidentemente está atravesada por dos fenómenos particularmente notorios: la desnacionalización de la economía y la militarización de los Estados.  La politóloga Pilar Calveiro especula acerca de esta correlación: “El poder militar ‘abre’ las condiciones para una nueva hegemonía; por eso guerra y globalización han sido, hasta el presente, procesos inseparables”.

Bien podría argüirse, basándonos en firmes asideros empíricos, que la guerra contra el narcotráfico es un anexo del proceso de neoliberalización. Si se admite la tesis de Calveiro, la guerra respondería a la necesidad de un recurso contra la cerrazón de ciertas áreas económicas estratégicas, especialmente en países cuyas políticas restringen el usufructo privado, principalmente foráneo. El régimen posrevolucionario en México se caracterizó por altos contenidos nacionales-estatistas, claramente adversos para las inversiones extranjeras.

También cercana a esta lectura, la periodista Dawn Paley observa que la guerra contra las drogas es una tecnología del poder para abrir “grietas en realidades y territorios sociales alguna vez inaccesibles para el capitalismo global”. En “La doctrina del shock”, Naomi Klein defiende una idea sugerentemente similar acerca de las guerras y otros conflictos en el siglo XX:

“Algunas de las violaciones a los derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las ‘reformas’ radicales (neoliberales) que habrían de traer ese ansiado libre mercado”.

De hecho la guerra contra el narcotráfico contribuye a alimentar el predominio de una clase: la alta finanza –clase dominante e impulsora entusiasta de la neoliberalización–, a través del lavado de caudales dinerarios provenientes de los circuitos ilícitos de la economía:

“En esta guerra [contra el narcotráfico], lo que no se quiere ver y tampoco se investiga es la ruta del dinero sucio… Las utilidades de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares al año sólo por ventas de narcóticos ilegales en Estados Unidos… La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 mil millones de dólares durante cuatro años y seis meses de esta ‘guerra’. En el segundo caso, el dinero lavado ascendería a 175 500 millones de dólares” (Nancy Flores 2012)

Una característica del período neoliberal es el encumbramiento de un poder anónimo sin freno e incontestado; eso que Calveiro define como un “dispositivo económico-financiero que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Es precisamente esa desregulación o incapacidad de regulación lo que permite que los grandes beneficiarios de los circuitos de “dinero sucio” conserven un relativo anonimato y una impunidad a prueba de “fuego”.

Algunos bancos como Wachovia, Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, Citigroup, entre otros, han sido señalados por lavar miles de millones de dólares de los cárteles de la droga, principalmente mexicanos. Pero ningún banquero o ejecutivo bancario enfrentó nunca un proceso penal. El Estado no tiene el poder ni la voluntad política para frenar esos dineros ilícitos. En dos de los casos más controvertidos mediáticamente, en los que están envueltos el Banco Wachovia y HSBC, la acción sancionadora del gobierno estadounidense se redujo a multas por concepto de 160 millones y 1.9 mil millones de dólares, respectivamente, que no es más que una ínfima fracción de los ingresos totales de esas casas bancarias. Este es sólo un ejemplo del alcance de ese dispositivo financiero “que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Para esa actividad onerosa y criminal la guerra contra el narcotráfico no tiene estrategia.

Neoliberalización es financiarización de la economía, que consiste básicamente en la desregulación ex profeso de las transacciones dinerarias. En este sentido, la neoliberalización de los Estados implica la omisión concertada de las operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. La guerra contra el narcotráfico no puede atacar esos negocios extralegales o criminales sin atacar la totalidad de esa economía a la que debe su existencia: la extractiva neoliberal. 

"Por la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo"

Alexis Tsipras

Compatriotas griegos,

Desde hace ya seis meses, el Gobierno griego ha estado librando una batalla en condiciones de asfixia económica sin precedentes, con el fin de implementar el mandato que el pueblo nos legó el 25 de enero. El objetivo por el que estábamos negociando con nuestros socios era poner fin a la austeridad y permitir así que la prosperidad y la justicia social regresaran a nuestro país.

Era una propuesta por un acuerdo sustentable que respetara tanto la democracia como las leyes comunes de Europa y que nos condujera finalmente a una salida de la crisis.

A lo largo de este período de negociaciones se nos ha pedido implementar los acuerdos pactados por los anteriores gobiernos mediante los memorandos, a pesar de que estos fueran categóricamente condenados por el pueblo griego en las recientes elecciones.

Sin embargo, ni por un momento pensamos en rendirnos y traicionar vuestra confianza.

Desafortunadamente, luego de cinco meses de duras negociaciones, nuestros socios han emitido en el Eurogrupo de antes de ayer un ultimátum a la democracia griega y a su pueblo.

Un ultimátum contrario a los principios fundacionales y a los valores de Europa, los valores de nuestro proyecto común europeo.

Ha demandado que el Gobierno griego acepte una propuesta que suma una nueva carga insostenible sobre el pueblo griego y que socava la recuperación de la sociedad y la economía griega. Una propuesta que no sólo perpetúa el estado de incertidumbre, sino que acentúa aún más las desigualdades sociales.

La propuesta de las instituciones incluye: Medidas que conducen a una mayor desregularización del mercado laboral, recortes en las pensiones, más reducciones en los salarios del sector público y un incremento en el IVA de alimentos, restaurantes y turismo, mientras que elimina las exenciones tributarias de las islas griegas.

Estas propuestas violan directamente los derechos sociales y fundamentales de Europa: Demuestran que respecto al trabajo, la igualdad y la dignidad, en la mira de algunos de los socios e instituciones no existe un acuerdo viable y beneficioso para todas las partes que no sea la humillación de todo el pueblo griego.

Estas propuestas principalmente destacan la insistencia del FMI en una austeridad severa y disciplinaria y hacen más oportuna que nunca la necesidad de que las principales potencias europeas aprovechen el momento y lleven a cabo iniciativas que de una vez por todas pongan un final definitivo a la crisis de la deuda soberana de Grecia, una crisis que afecta a otros países europeos y amenaza el futuro mismo de la integración regional.

Compatriotas griegos,

Ahora mismo descansa sobre nuestros hombros la responsabilidad histórica frente a las luchas y sacrificios del pueblo griego para la consolidación de la democracia y soberanía nacional. La responsabilidad por el futuro de nuestro país.

Y esta responsabilidad requiere que respondamos al ultimátum basándonos en la voluntad soberana del pueblo griego.

Hace poco tiempo, en una reunión del gabinete, sugerí la organización de un referéndum para que el pueblo griego pudiera decidir de una manera soberana.

La sugerencia fue aceptada unánimemente.

Mañana, la Cámara de representantes será convocada de urgencia para ratificar la propuesta del gabinete de cara a un referéndum el próximo domingo, 5 de julio, sobre la consulta de aceptar o rechazar la oferta de las instituciones.

Ya he informado de mi decisión al presidente de Francia y a la canciller de Alemania, al presidende del BCE, y mañana mi misiva le pedirá a los líderes de la UE y las instituciones extender por algunos días el actual programa de liquidez para que el pueblo griego pueda decidir libre de cualquier tipo de presión o chantaje, como requieren la Constitución de nuestro país y la tradición democrática de Europa.

Compatriotas griegos,

Ante el chantaje del ultimátum, que nos exige aceptar una severa y denigrante austeridad sin fin y sin ninguna expectativa de recuperación social y económica, os pido que respondáis de manera orgullosa y soberana, como la historia del pueblo griego lo demanda. Ante el autoritarismo y la austeridad inflexible, responderemos con democracia, en calma y decisivamente.

Grecia, la cuna de la democracia, enviará una respuesta democrática resonante a Europa y a todo el mundo.

Estoy personalmente comprometido a respetar el resultado de vuestra elección democrática, cualquiera que sea.

Y estoy absolutamente convencido de que vuestra decisión honrará la historia de nuestro país y enviará un mensaje de dignidad al mundo. En estos momentos críticos, todos debemos recordar que Europa es el hogar común de los pueblos. En Europa no existen dueños e invitados. Grecia es y seguirá siendo una parte integral de Europa, así como Europa es una parte integral de Grecia. Pero sin democracia, Europa será una Europa sin identidad y sin rumbo.

Os invito a todos a demostrar unidad nacional y calma para optar por la decisión correcta.

Por nosotros, por las futuras generaciones, por la historia de los griegos.

Por la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo.

Reforma educativa: engaño, mito y fraude

Imanol Ordorika

 

Las acciones y discursos del gobierno federal en torno a la llamada reforma educativa se han convertido en factor de polarización social y política en nuestro país. Sus impulsores y defensores han generado grandes expectativas respecto de la mejora del sistema educativo nacional. En realidad esta reforma sólo ha constituido un engaño, un mito y un fraude.

El engaño radica en que se ha hecho creer a la sociedad que cambios normativos –cuyos propósitos son el control político y laboral de los maestros, el realineamiento y continua sumisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al partido oficial y al gobierno, y el sometimiento de otras organizaciones gremiales de oposición– son una reforma educativa de verdad, enfocada al mejoramiento de la educación pública. La evidencia del engaño es la ausencia de una propuesta educativa general, que tuviera como referente la realidad actual, las necesidades del país y el proyecto de desarrollo nacional, a la que correspondiera una filosofía educativa bien definida y planteamientos pedagógicos consistentes.

El engaño se funda en un mito insostenible: la evaluación de profesores de educación básica es la acción fundamental para elevar la calidad educativa. La evaluación, que es la propuesta central y casi única de lo que han dado en llamar reforma educativa, tendrá efectos en las nuevas contrataciones, la promoción, la carrera magisterial y la remoción de maestros del trabajo docente. Ninguna de estas acciones produce por sí misma una mejora de la educación.

El mito está sustentado en la denostación y desprestigio intencional de los maestros mexicanos, a quienes se les presenta como el problema principal de la educación en México. En esto han jugado un papel fundamental las campañas de Televisa y las diatribas del grupo de presión Mexicanos Primero. Para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y estos grupos el problema son los maestros, y la solución que han puesto en práctica son estas medidas de control.

El fraude radica en que tanto la SEP como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) saben que las evaluaciones que han propuesto son impracticables. Que sólo están en condiciones de realizar valoraciones superficiales e incompletas. Que éstas no tendrán los resultados que les han atribuido y que impactarán negativamente las condiciones profesionales, laborales y de vida de decenas de miles de maestros mexicanos.

Desde la creación del INEE, en documentos oficiales y declaraciones de su presidenta, se ha señalado que la evaluación docente no podía ser homogénea, sino que era necesario considerar en las acciones de evaluación, desde el sistema educativo y hasta el aula de clases, la diversidad de realidades, culturas y lenguas que existen en el país, lo que sin duda es una de sus mayores riquezas (INEE, La evaluación en el contexto de la reforma educativa).

De acuerdo con las normas y leyes establecidas, la SEP, bajo la autoridad del INEE, realizará cuatro tipos de evaluaciones: para el ingreso a la profesión docente, para la promoción (la que se acaba de realizar), para la permanencia y para promoción en la función por incentivos, antes carrera ­magisterial.

La evaluación más problemática es la de permanencia. Según la ley, 1.4 millones de maestros tienen que ser evaluados cada cuatro años. De ello depende su continuidad en el ejercicio de la labor docente. Significa que cada año tendrán que ser evaluados más de 350 mil maestros, sólo en esta modalidad. El INEE y la SEP nos hacen creer que pueden concretar una evaluación completa y a profundidad, que atienda la diversidad y heterogeneidad existentes en el país. Ellos saben que esto es imposible. Por eso es un fraude.