30.5.15

Ayotzinapa: omisión criminal

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos.
Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad.

Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa.

Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia.

“Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente.

La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”.

Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado.

Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel.

En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa.

Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes,  ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga.

Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo.

A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque, ya no sólo tiene al edecán militar a sus espaldas en cada acto público, sino que además incluye a un elemento castrense camuflado en los presídium– no parece importarle lo que le suceda a los jóvenes. Su único fin parece ser el disfrute, actuar como un sibarita bien protegido.

Saber de su acceso a lo más caro mientras otros no pueden tener caso nada, parece ser el deleite de Peña Nieto y su equipo, incluyendo, por supuesto, el lujo de la seguridad y la evasión a la muerte.

Al sibarita de Peña Nieto don Clemente le narró ese 29 de octubre en Los Pinos cómo fue que ante su incredulidad por el dicho de su amiga, todavía le preguntó: “A lo mejor se equivocó”.

La mujer le respondió, “cómo cree, si yo conozco rebien a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós”.

Ese día don Clemente dijo en Los Pinos que termino creyéndole a su amiga. Y también expresó: “A mí me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos, y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa esta la mera plaza de Los Rojos. Es la base de ellos; como en Iguala, la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”.

El 26 de octubre pasado, la amiga de don Clemente le dijo que hacía “dos semanas” había visto a su hijo camino a Chilapa, custodiado por otros vehículos. Es decir, 15 días después del 26 de septiembre.

Todo esto se narró a Peña Nieto, e incluso el padre de familia le reclamó: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí. ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí!”.

A Peña Nieto le recriminaron, le pidieron que fueran a Chilapa pero no actuó. Sólo seis meses después, cuando de nueva cuenta desapareció una treintena de jóvenes de los cuales se sabe el nombre de 16, el sibarita del presidente decidió actuar… demasiado tarde.

25.5.15

La otra guerra sucia

Carlos Fazio

En diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón anunció su estrategia de seguridad y ordenó a las fuerzas armadas combatir a la llamada delincuencia organizada. Con ello autorizó, en tiempos de paz, el uso de efectivos militares en tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad pública, principalmente policiales. También militarizó a las policías. La utilización del Ejército, la Marina y las policías militarizadas en funciones de orden público no fue precedida de una declaratoria de estado de emergencia, única forma constitucional mediante la cual pueden limitarse ciertos derechos y libertades fundamentales. La guerra de Calderón no contempló límites al uso de la violencia legítima del Estado, y ello derivó en que unas fuerzas armadas entrenadas para el aniquilamiento del enemigo cometieran flagrantes violaciones a los derechos humanos, que en su inmensa mayoría no han sido investigadas y sancionadas y quedaron impunes. Fue hasta el último año de su mandato (2012) que el Presidente emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos militares, que no satisficieron el principio de legalidad ni regularon de manera adecuada el uso de la fuerza.

Esa estrategia de seguridad cuenta con diversas políticas que han propiciado o permitido −hasta el presente− la comisión de delitos por integrantes de las llamadas fuerzas del orden, entre ellos detenciones arbitrarias, la práctica sistemática de la tortura, la desaparición forzada de personas y ejecuciones sumarias extrajudiciales. En general, los medios de difusión masiva han presentado de manera acrítica la visión gubernamental, según la cual los abatidos (muertos) producto de la estrategia contra la delincuencia son sicarios o criminales, y no civiles cuya presunta responsabilidad en un hecho ilícito debía haber sido sometida a la justicia.

Calderón exhibió como modelo exitoso de seguridad al estado de Baja California, una de las primeras entidades en ser escenario de los llamados operativos conjuntos (de militares y policías). El accionar de los militares en tareas policiales contó con el apoyo del sector empresarial. En 2009, en un acto inconstitucional, el entonces gobernador José Guadalupe Osuna nombró al comandante de la segunda región militar, general Alfonso Duarte Múgica, como mando único policial. En Tijuana fungía como secretario de seguridad pública municipal el teniente coronel Julián Leyzaola, quien llevó a cabo una política de depuración policial.

La coordinación entre mandos militares y policías (con formación castrense) fomentó el uso de la figura del arraigo con propósitos de tortura. Distintas investigaciones dan cuenta de que autoridades de los tres órdenes de gobierno tuvieron participación directa en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El pasado 11 de marzo, La Jornada informó que en el periodo 2009-2011 el general Alfonso Duarte Múgica encabezaba personalmente allanamientos y cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y siembra de pruebas contra personas capturadas por hombres encapuchados −el llamado comando negro− pertenecientes al Grupo de Inteligencia Militar de la segunda región militar (que abarca Baja California, Baja California Sur y Sonora).

También existen expedientes que con­signan que el teniente coronel Ley­zaola y Gustavo Huerta Martínez, un ex capitán del Ejército que despachaba como director operativo en la secretaría de seguridad pública de Tijuana, utilizaban las instalaciones del 28 batallón de infantería, situado en El Aguaje de la Tuna, para torturar prisioneros. Documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dan cuenta de que a los detenidos se les cubrían los ojos con cinta adhesiva, se les ataba de pies y manos, los golpeaban, los sometían a ahogamiento con agua ( waterboarding), les aplicaban toques eléctricos en distintas partes del cuerpo, incluyendo los genitales, y les colocaban bolsas de plástico en la cara con el fin de provocarles una sensación de asfixia. También sufrían violencia sicológica (escenificación de fusilamientos, torturas a hijos, etcétera) y recibían amenazas de que los matarían y tirarían sus cuerpos en una vialidad principal de la ciudad de Tijuana, con un letrero que dijera que pertenecían a la maña. Con cuerpos destrozados a golpes y balazos, el Bulevar 2000 era el escenario favorito para el montaje de crímenes atribuidos a la delincuencia.

El modelo Tijuana pronto se extendió a Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Jalisco. En la repetición deliberada y regular de ese modus operandi −que incluye una estrategia o patrón de conducta similar, para nada fortuito, accidental o casual, sino planificado−, se utilizan recursos humanos y materiales, públicos y privados (en particular personal militar y policial, instalaciones castrenses, vehículos y armas de alto calibre), y también drogas y armas de uso exclusivo del Ejército que son sembradas para fabricar pruebas e implicar falsamente a los detenidos con la delincuencia organizada.

Entre otros propósitos, dicha política sistémica de Estado tiene como fin construir a toda costa una historia de éxito en el combate a la delincuencia: Vamos ganando la guerra por goleada, se ufanaba Calderón, y repite ahora con una narrativa menos triunfalista, y tampoco creíble, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

La estrategia descrita tiene como base la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos responsables operativos, siguiendo la cadena de mando, son los jefes de las regiones, zonas, guarniciones y unidades militares. Todos tienen amplia libertad de acción y don de mando para realizar acciones contundentes contra sus objetivos. Ergo, enemigos a exterminar. Eso explica Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo, Tanhuato.

11.5.15

El Cougar 1009, ¿operación de bandera falsa?

Carlos Fazio

La información en torno a los hechos del 1º de mayo en Jalisco ha sido confusa. Muy confusa. ¿Deliberadamente confusa? Desde el día del suceso las versiones difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, parecieran estar plagadas de medias verdades, ambigüedades y contradicciones que no resisten el análisis racional y empírico. Por ello, dadas las modificaciones del guión y sus inconsistencias, se podría estar ante una operación de bandera falsa (False Flag Operation). Es decir, un autoatentado paramilitar −compuesto por una doble acción de guerra sicológica y de propaganda− pensado para alcanzar un objetivo estratégico y una reacción que permitiera justificar una intervención o respuesta preparada de antemano en el marco de la orwelliana guerra sin fin diseñada por el Pentágono, y ejecutada en el caso de México por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto es, la inmediata militarización de los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, según los propios voceros oficiales.

Una de las incongruencias más notables fue la versión sobre la desaparición de tres militares que fueron encontrados muertos cuatro días después en la zona en la que, presuntamente, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado por el disparo de un lanzacohetes RPG-27. Las imágenes con los restos calcinados de la nave matrícula 1009 (una de las pruebas materiales) fueron dadas a conocer por una televisora privada la noche del lunes 4 y, pese a la supuesta gravedad del caso, la Procuraduría General de la República no tenía asegurado el lugar para preservar evidencias. (Una versión indica que las imágenes las proporcionó la Sedena.)

A su vez, la noticia sobre el aseguramiento de 10 cohetes RPG útiles, dos lanzacohetes LAW y una camioneta con base para una ametralladora Barret .50 fue suministrada a los medios 72 horas después, sin que mediara ningún peritaje técnico-científico sobre la caída del helicóptero, lo que, aunado a las variaciones sobre el número de muertos, la ausencia de datos forenses y el silenciamiento sobre la identidad de las víctimas (presuntamente por razones de seguridad nacional), abona al desaseo con que se construyó la verdad oficial del caso.

Para entonces, mediante filtraciones y entrevistas arregladas con líderes de opinión afines al gobierno, se había venido construyendo la narrativa sobre el hecho. Por un lado, se hizo hincapié en el trágico fracaso de la misteriosa misión de una unidad de élite del cuerpo de fuerzas especiales del alto mando, en el marco del Operativo Jalisco a cargo del general de división Miguel González Cruz, comandante de la quinta Región militar (La Mojonera, Jal.) y reputado como el pacificador de Tamaulipas, operativo del que forman parte, además del Ejército, la Marina, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Por otro, sin pruebas fehacientes, se manufacturó la imagen del cártel Jalisco Nueva Generación/Los Cuines como la más reciente encarnación del mal a escala mundial. En sólo cinco años, el grupo criminal se convirtió en el mejor organizado y con una disciplina militar vertical, integrado por marines estadunidenses latinos (veteranos de Afganistán e Irak) y desertores de tropas de élite mexicanas, todos expertos en táctica y estrategia, con capacitación en contrainsurgencia y especializados en armamento sofisticado.

En ese contexto de manipulación mediática vía la siembra de matrices de opinión ad hoc, fue fácil fabricar un nuevo casus belli para las fuerzas armadas. De manera maniquea, sin identificar por su nombre al grupo de los presuntos perpetradores del supuesto derribo del helicóptero, el titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, llamó a la unidad de los buenos mexicanos contra los malos, viles y cobardes criminales, los apátridas desadaptados sin escrúpulos y sin conciencia ética. El nuevo enemigo interno, difuso, asimétrico, irregular, cuyo modus operandi (no comprobado) llevó a algunos columnistas a identificarlo en la categoría preferida del Pentágono: CJNG= narcoterrorismo.

Como el público carecía de conocimientos para asimilar la nueva narrativa, el 8 de abril el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había plantado la noticia sobre la existencia de una alianza entre el CJNG y Los Cuines, quienes ante la erosión de los grupos delincuenciales históricamente poderosos habían expandido rápidamente su imperio criminal. Amplificada en los medios mexicanos, la noticia estaba destinada a que la audiencia estuviera convenientemente predispuesta a comprender y creer el nuevo relato oficial.

Las tres preguntas claves sobre el presunto derribo del helicóptero de la FAM tienen que ver con el móvil, la capacidad y la oportunidad de la acción de los supuestos agresores. ¿A quién benefició la acción con sus previsibles consecuencias? El malo (CJNG) habría justificado la nueva guerra del Estado bueno para nulificarlo (general Cienfuegos dixit) y decretado su propio suicidio. ¿Tenía realmente el CJNG capacidad tecnológica operativa para llevar a cabo la acción? No existe ningún antecedente con ese tipo de armamento. En cuanto a la oportunidad, la narrativa oficial no parece verosímil. Simplemente no tiene lógica: al desafiar al Estado los criminales pusieron en riesgo su propio imperio económico. Además, para la determinación de la autoría se necesitan pruebas materiales y en este caso los indicios son vagos y sirvieron para fabricar un casus belli al vapor: la guerra justa del Estado bueno.

La inmediatez para la explotación del evento −para sacar provecho del crimen− sugiere la existencia de un plan preconcebido: la guerra debe continuar. No es cierto que las mentiras tengan patas cortas; los expertos de la guerra sicológica cuentan con medios para sepultar u orillar la verdad, y eso hace que las mentiras puedan tener un recorrido sorprendentemente largo…

2.5.15

México en remate: Zonas Económicas Especiales

Mateo Crossa

El 27 de noviembre de 2014, a tan solo dos meses de que ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, Enrique Pena Nieto anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales en el Sur de México con el fin de generar una “estrategia de desarrollo integral e inmediata que permita crear empleos formales y bien remunerados”: El Corredor Industrial Inter-Oceánico, el Puerto Chiapas y el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Si bien las Zonas Económicas Especiales no han sido aprobadas como ley, existen suficientes trazos que demuestran la realidad del proyecto, además de la insistente angustia de los voceros empresariales por su urgente aprobación. Hay poca información sobre el tema, no se ha realizado análisis y los medios de comunicación que lo anuncian, lo han hecho desde la perspectiva empresarial, justificando el proyecto como parte de la necesidad de llevar a la zona sur del país por el camino del desarrollo y el progreso. Desde este punto de vista, México se encuentra en el rezago del mundo globalizado y se hace necesario abrir sus puertas a la economía mundial y seguir los pasos de las economías emergentes como China. La forma de hacerlo será una historia que ya conocemos en México: ofrecer el territorio al capital extranjero por medio de una excepcionalidad arancelaria, una geografía estratégica y una mano de obra barata.

Entre los hechos relacionados a la planeación de las Zonas Económicas Especiales son destacables los siguientes:

A principios de febrero, el gobernador de Chiapas se reunió con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Abraham Zamora Torres, y el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann. Según medios locales , en esta reunión acordaron “trabajar unidos para detonar proyectos de desarrollo en la frontera sur en la nueva Zona Económica Especial de Puerto Chiapas”. ¿Qué hace la Universidad de Harvard en esto? ¿Qué hace Ricardo Hausman en México?

Ricardo Hausmanm, que vive en Estados Unidos como “economista de renombre”, fue ministro de Planificación de Venezuela y jefe de la "Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación" (1992-1993) durante el gobierno neoliberal de Carlos Andres Perez. Luego, se desempeñó como economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y ahora es conocido por su afán golpista al dedicar mucha tinta y aliento en promover la bancarrota del gobierno venezolano. Mientras tanto, sigue recorriendo América Latina promoviendo las recetas neoliberales de la productividad y la competitividad y ahora llega a México a decirle a los empresarios de Coparmex, como lo hizo hace 4 años sin exito, que es un momento trascendental para la economía mexicana por lo que se hace necesario invertir en las áreas más pobres del país. No en educación, porque, como el mismo lo dijo . “no todo se resuelve con educación”. Desde su punto de vista, es necesario abrir el país a la inversión productiva, no para el mercado nacional porque como él dijo “la competitividad se arruina sustituyendo importaciones”. Por el contrario, se trata generar competitividad a través de la inversión productiva en áreas de exportación. Por eso viaja a México, para promover y apoyar el desarrollo de Zonas Económicas Especiales.

Para la zona sur del país no es novedad la actividad exportadora, sin embargo, ahora que está el proyecto de las ZEE en la puerta, sus promotores lo hacen ver así. Las actividades exportadoras no son nuevas y cualquiera que conozca un poco sobre la región cafetalera del Soconusco podrá desconfiar del discurso del progreso que cobija al proyecto de las ZEE. El Soconusco es un caso claro y ejemplar para demostrar que la actividad exportadora llego al sur de México para aprovecharse y perpetuar la precariedad y la pobreza. Estudios en la región fronteriza del Soconusco han demostrado que la actividad exportadora se lleva muy bien con la pobreza. En esta región tan importante a nivel nacional para la producción y exportación de café se emplea mano de obra infantil y migrante:
“La migración laboral es una respuesta a los embates sociales y económicos del actual modelo de desarrollo, así lo sugieren 88.9% de hombres y mujeres guatemaltecos (as) que migran con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas en las fincas cafetaleras del Soconusco, Chiapas. El fenómeno migratorio inserta a las y los individuos en un estado de vulnerabilidad social, pues van perdiendo la posibilidad de desarrollar capacidades que les permitan responder ante situaciones de alto riesgo o acceder a posibilidades que mejoren su calidad de vida.
Uno de los grupos más vulnerables es la infancia. Ésta se transforma en un conglomerado de seres invisibles, extranjeros, que se exponen permanentemente a la precarización laboral y exclusión social, sin que nadie se responsabilice de su bienestar por tratarse de un contexto transnacional”.
¿Este es el progreso que se pretende generar con Zonas Económicas Especiales?

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello viajó a Washington en noviembre de 2014 y después de reunirse con “especialistas” del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo para analizar “la estructura y la gestión para el desarrollo de proyectos altamente productivos que detonarán la economía de la entidad”, anunció la creación de la Comisión para el Desarrollo de la Zona Económica Especial y la creación de un agro parque en el Soconusco como parte de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. Así lo dijo .
“Los impulsos y el incentivo fiscal que tendrán las zonas estratégicas económicas, especialmente Puerto Chiapas, habrán de beneficiar al comercio y a la industria, nosotros nos estamos preparando con una infraestructura adecuada, estamos ya con la construcción del Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas, para aprovechar de mejor manera esta gran oportunidad que se nos va a presentar”.
¿Qué va a significar una zona económica especial de estas características en Chiapas? Hay poca información pública al respecto y muchos discursos que insisten en el beneficio económico. Sin embargo, los antecedentes que existen no dejan lugar al aliento. Por el contrario, suponen un proyecto que profundizará el subdesarrollo de la región y utilizará la mano de precaria como el motor principal del crecimiento, la ganancia y la exportación.

Otro de los hechos relevantes relacionados a las Zonas Económicas Especiales en México fue la Convención Nacional de Industriales-2015 realizada el 27 de marzo. En este evento anual organizado por la Canacintra, en el que participan representaciones empresariales de todo el país y funcionarios federales, uno de los paneles se tituló “Zonas Económicas Especiales” y fue presentado por el presidente nacional de Canacintra de la siguiente manera:
“México es un país con una geografía económica polarizada, que si cada entidad federativa fuera analizada como si fuese un país en términos de productividad, nos encontraríamos con que coexisten realidades tan distantes como Corea del Sur, Chile, Nueva Zelanda, Turquía, Estonia, Malasia, el emirato de Qatar e inclusive Namibia.
CANACINTRA está cierta que si se alinea el debido marco jurídico, las políticas públicas y los incentivos correctos, las Zonas Económicas Especiales pueden ser una gran “caja de herramientas” para el desarrollo, en donde los estímulos, tanto por el lado del gasto, como por la vía fiscal y la normatividad, pueden resultar en una sinergia muy favorable que eleve los niveles de competitividad del Sureste Mexicano.
La aspiración de la Industria es que a través de las Zonas Económicas Especiales, se consoliden, fortalezcan e incuben nuevas vocaciones productivas que deriven en la generación de riqueza y empleos, así como una mayor equidad en la asignación de recursos en el país, que materialice beneficios tangibles para la Industria en su conjunto y para los vastos segmentos de la población que están desvinculados del proceso de modernización o están desempeñando su labor en sectores de mucha generación de empleo pero muy baja productividad.
El Senador del PRD por el estado de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, participó en este panel agradeciendo incansablemente a la Canacintra por haber organizado la mesa. En su intervención, no dejó de insistir en la necesidad de apoyar la aprobación de una iniciativa de ley sobre las Zonas Económicas Especiales que beneficie al sur de México.

Robles apareció tres semanas después participando en un “taller de las Zonas Económicas Especiales” organizado por el Banco Mundial. De acuerdo con La Voz del Sur
“El legislador oaxaqueño dijo que esta propuesta permitirá que México se integre de manera más dinámica a los mercados internacionales, y que, al mismo tiempo, contribuya al desarrollo local, regional y nacional (…) El Sur-Sureste merece salir del rezago, de la marginación y estamos obligados a que las tres zonas económicas especiales la de Oaxaca, la de Chiapas y la de Guerrero sean exitosas, se lo debemos a la gente del Sur-Sureste del país”.
Como ya se mencionó, el gobernador de Chiapas se reunió con el Bando Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial en Washington. El senador Robles participó en un evento organizado por el Banco Mundial sobre las Zonas Económicas Especiales. Cuando menos lo esperemos, serán estos organismos internacionales financieros quienes darán dinero para incentivar las nuevas zonas especiales.

Por último, cabe mencionar que han existido muchas iniciativas de ley relacionadas con las Zonas Económicas Especiales. La última de ellas fue publicada en la gaceta parlamentaria el miércoles 18 de marzo y su revisión de cerca nos podría indicar cuáles serán los marcos para el desarrollo de estas zonas.

La exposición de motivos es insistente en situar a México como región estratégica en la economía global. La importancia de las ZEE la ubica en el espacio geográfico trascendental que el país representa para el comercio Asia-Pacifico, ósea el papel que México jugará en el marco acuerdos como Acuerdo Transpacífico (TPP). Así lo dice:
“la nueva política industrial competitiva en México, requiere un instrumento diferenciado como son las Zonas Económicas Especiales que permitan a nuestra economía generar mejores condiciones de inversión y desarrollo de tecnología(…) establecer una nueva política de industrialización para frente al desafío que representa la competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.
Posteriormente realiza un análisis de las diferentes Zonas Económicas desarrolladas en el mundo y, aunque usted no lo creo, hace una amplia referencia a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como ciudades Modelo, aprobadas en Honduras en 2011 como un caso ejemplar para México
“Sobresale del modelo hondureño que no se restringe al sector de manufacturas, sino que se pueden constituir como como Centros Financieros Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Ciudades autónomas, Cortes Comerciales Internacionales, Distritos Especiales de Inversión, Distritos Energéticos Renovables, Zonas Económicas Especiales, Zonas sujetas a un Sistema Jurídico Especial, también como Zonas Agroindustriales Especiales, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Zonas Forestales Sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes” .
“Otras de la características de la flexibilidad del modelo de Honduras es que su régimen fiscal las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus propios impuestos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de varios períodos de gobierno. Además que son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional”.

No sorprende que la iniciativa de ley integre el ejemplar caso de las ZEDES ya que las disposiciones generales de la ley parecen promover un proyecto igual. Como se puede apreciar en los artículos de la ley, se pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos y reglas laborales propias. Aquí destaco algunos:
Artículo 4. Las Zonas deben operar sobre una política de libre comercio y competencia que garantice la libre circulación de bienes, activos intangibles, servicios, tecnología, inversión y capital humano.
Artículo 5. Las Zonas contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, los que pueden adoptar sistemas o jurisprudencia jurídicas conforme a las mejores prácticas internacionales.
Las Zonas gozan de un régimen fiscal y aduanero distinto al del resto del territorio nacional
Artículo 10. En las Zonas se pueden crear con el objetivo de desarrollar una actividad específica de la economía como centros logísticos internacionales, Centros de Población Sustentables, Zonas Especiales de Inversión, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Centros Financieros Internacionales
Artículo 44. Las Zonas Económicas Especiales tienen un régimen fiscal autónomo, pueden utilizar y distribuir sus ingresos financieros conforme a lo establecido en la presente Ley
I. La enajenación de servicios y mercancías nacionales de proveedores nacionales ajenos a la Zona, se aplicará una tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado;
II. Expedición automática de la constancia de Empresa Altamente Exportadora;
III. Exención del pago de los Impuestos al Comercio Exterior causados o por causarse e Impuesto al Valor Agregado causado por la introducción de mercancías que se destinen a las actividades establecidas en el artículo 9 de la Ley;
IV. Exenciones al pago del Impuesto al Valor Agregado causado por la venta de servicios y mercancías dentro y entre Zonas y por la venta de mercancías a maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía;
V. El Impuesto sobre la Renta para personas físicas no puede ser superior al 12 %.
VI. El Impuesto sobre la Renta para personas morales no puede ser superior al 16 %.
VII. Un impuesto especial a los terrenos o tierras sin uso o explotación de 10 %.
VIII. Un impuesto a los bienes inmuebles cuyo porcentaje será fijado por la Comisión hasta un máximo de 10 %,
IX. Exención del pago de los derechos de trámites aduaneros.
Artículo 57. Las relaciones laborales entre Usuarios de las Zonas y sus trabajadores se sujetan a la Ley Federal del Trabajo, con las excepciones que se introducen en este capítulo.
Artículo 58. Los salarios de los trabajadores que laboren para los usuarios de las Zonas deberán ser similares y competitivos a los salarios del sector o rama económica a nivel internacional. Los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.
Las Zonas Económicas Especiales serán un proyecto renovado del libre comercio en México. Serán los enclaves del siglo XXI en México donde operará el capital trasnacional desde la industria, las finanzas, la extracción de recursos naturales, el turismo, etc. Resulta evidentemente falsa la idea alentada incansablemente por políticos y empresarios que promueven las ZEE como proyectos de desarrollo y crecimiento para la zona sur del país. Las actividades económicas que ya se realizan en la región, de las cuales solo mencioné una (producción de café en Soconusco) dan un indicio del interés que capital extranjero tiene en esa región del país. Como lo mencioné anteriormente, el gran capital extranjero y nacional ya existen en el sur del país, superexplotando fuerza de trabajo y despojando de tierras a los pueblos indígenas. Las Zonas Económicas Especiales vendrán a renovar ese modelo, a ponerle más gasolina al motor de la explotación y el despojo.

27.4.15

La catástrofe que viene

Carlos Fazio
 
En materia de seguridad nacional el control territorial del país está a cargo de las fuerzas armadas. El Ejército y la Marina se reparten la vigilancia de las zonas estratégicas del país, incluidas áreas de producción y distribución de recursos económicos vitales (hidrocarburos, electricidad, etcétera). Además, con la militarización de las distintas policías (municipal, estatal y federal), generales y coroneles del Ejército y algún almirante de la Armada están al frente de las secretarías de Seguridad Pública y/o los aparatos de inteligencia en más de la mitad de los estados mexicanos.

A partir del sexenio de Felipe Calderón, las fuerzas armadas han venido aplicando un plan de exterminio, encubierto bajo el disfraz de una guerra contra la criminalidad. En 2008, el documento La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente.

Desde entonces, los mandos castrenses profundizaron sus labores de administración y trabajo de muerte (Achille Mbembe). La necropolítica de Calderón −la soberanía como el poder de dar vida o muerte− sacó a la luz pública a personajes pintorescos y a la vez siniestros, como el teniente coronel Julián Leyzaola, el pacificador de Tijuana y Ciudad Juárez −el Patton mexicano, lo llamó Gómez Leyva− y el general Carlos Bibiano Villa Castillo, quien en Torreón, Coahuila, estrangulaba halconas del narco y mataba en caliente chapos y zetas y los hacía gusanitos; ambos militares retirados serían los protagonistas idóneos en una remake de la película El infierno, de Luis Estrada. O como el teniente coronel José Juárez Ramírez, jefe del pelotón de la muerte en Ojinaga, y el general Jorge El Marro Juárez Loera, quienes en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, junto con el general Felipe de Jesús Espitia, elevaron de manera exponencial la práctica de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas.

Además, a la sombra de los militares, con su consentimiento y encuadrados como estructuras paralelas a las fuerzas regulares del Estado, resurgieron escuadrones paramilitares y comandos de exterminio social, como el grupo rudo de limpieza del alcalde Mauricio Fernández Garza, en San Pedro Garza, en la zona metropolitana de Monterrey, La familia michoacana, Los matazetas y otros inventos, remedos de la Brigada Blanca y los halcones en los años setenta y de la docena de agrupaciones que tras el levantamiento campesino-indígena exterminaban bases zapatistas al amparo del Plan Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos Paz y Justicia, Los Chinchulines y Máscara Roja, que tuvieron como punto máximo de su actividad criminal la matanza de Acteal.

Fue en esas prácticas de trabajo de muerte, donde se confunde el accionar de las fuerzas regulares con el de las máquinas de guerra privadas (milicias urbanas, compañías de seguridad, mercenarios y sicarios de los grupos de la economía criminal), donde abrevaron los asesinos del Ejército que ejecutaron a 15 civiles desarmados en Tlatlaya; los agentes municipales de Iguala y Cocula que al amparo del 27 batallón de infantería detuvieron-desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa, y los policías federales que al grito de ¡Mátenlos como perros! ejecutaron a 16 personas en Apatzingán el 6 de enero pasado.

En medio de tanta muerte, horror y caos, queda parcialmente invisibilizado que esas máquinas de muerte, estatales y privadas, están al servicio de un nuevo arreglo espacial y de lo que David Harvey ha denominado acumulación por desposesión o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía, implica una mercantilización y privatización de territorios, incluidos la tierra y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta ahora cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales y ejidales en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y su utilización como una mercancía más, susceptible de ser desechada (matables, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud, como en San Quintín, Baja California, y decenas de campos bajo propiedad privada en áreas de Sinaloa, Sonora y Nayarit.

Las zonas que contienen recursos específicos (oro, plata, hierro, hidrocarburos, agua) hacen posible la formación de enclaves económicos y modifican la relación entre las personas y su entorno. La concentración de actividades extractivas (minería, hidrocarburos) convierte a esos enclaves en espacios privilegiados de la depredación, la guerra y la muerte, tareas a las que se sumarán ahora como fuerzas de choque la Gendarmería Nacional y un cuerpo especializado de la policía militar con base en Escobedo, Nuevo León.

Eso explica la compra de equipo militar por más de mil 150 millones de dólares en 2014 −año en que fueron a entrenarse en el Comando Norte del Pentágono tres mil oficiales mexicanos, a los que se sumarán cuatro mil más en 2015−, así como la acelerada aprobación para que agentes de Estados Unidos porten armas en el territorio nacional.

En México, neocolonia de Estados Unidos, el necropoder transnacional −un poder difuso no exclusivamente estatal− inserta la economía de la muerte en sus relaciones de producción y poder: como Calderón, Enrique Peña Nieto ejerce de facto una autoridad clasista mediante el uso de la violencia y se arroga el derecho a decidir sobre la vida de los gobernados. La catástrofe que viene tiene que ver con otra fase de acumulación capitalista por despojo; las fuerzas militares son el instrumento de lo que Schumpeter denominó destrucción creativa. Así, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán no son hechos aislados; forman parte de un nuevo proceso de consecuencias humanitarias catastróficas si no se lo detiene ahora.

15.4.15

Matar al mensajero

Olga Pellicer


MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pleito de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el relator de la ONU sobre la tortura es un punto de transición en la apertura del gobierno mexicano hacia las agencias internacionales encargadas de la promoción y defensa de los derechos humanos. La relación con tales agencias ha sido zigzagueante. A finales del siglo pasado hubo mucho titubeo antes de relacionarse con ellas. La importancia que adquirió entonces el tema de las elecciones genuinas y periódicas como parte central del respeto a los derechos humanos, puso a la defensiva a los diplomáticos mexicanos. Los motivos eran obvios: el partido en el poder no tenía muy buenas credenciales en ese terreno.

La inclusión de la cláusula democrática en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a finales de los noventa, fueron el comienzo de un cambio. Más tarde, al ocurrir la alternancia que llevó a otro partido a la Presidencia de la República, la línea de la política exterior hacia el apoyo a las agencias de derechos humanos fue más decidido. Se ratificaron entonces convenciones y protocolos adicionales que estaban pendientes, se abrió la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, se invitó a múltiples relatores especiales a visitar el país a fin de conocer e informar sobre diversos aspectos de la situación de derechos humanos.

Ese giro no fue puramente formal. La mirada externa fue considerada un factor positivo para apuntalar la naciente democracia y para contribuir a la toma de conciencia entre la ciudadanía de la importancia de los derechos humanos. A la sombra de las acciones de Naciones Unidas se consolidaron, entonces, diversas organizaciones de la sociedad civil destinadas a difundir, promover y defender dichos derechos.

Los resultados han sido ambivalentes. Sin duda, hay en la actualidad una mayor familiaridad de la población con los derechos humanos. Pero ello no garantiza su mayor respeto. A partir de los problemas de violencia en el país, de la utilización del Ejército para combatir el narcotráfico y la descomposición progresiva del sistema de impartición de justicia, la violación de los derechos humanos sigue presente y en algunas partes del país empeora.

En ese contexto, los desencuentros con el Comité para Desapariciones Forzadas de la ONU y las dimensiones inusitadas del enfrentamiento verbal público con el relator sobre la tortura constituyen algo más que un dislate de algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones. Son una señal, por una parte, de las serias preocupaciones que suscita en la elite gobernante el derrumbe de la imagen internacional del país en materia de estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Por la otra, de lo errático de la respuesta; esta vez se decidió volver a épocas del viejo PRI, cuando voces externas, contrarias a la visión oficial, eran consideradas negativas para los intereses del país.

La campaña mediática contra el relator de la ONU pone fin a las formas diplomáticas conciliatorias que tradicionalmente maneja la SRE al dialogar con representantes de organismos internacionales de derechos humanos. Aunque se afirma que las relaciones con dichos organismos continuarán como siempre, el golpe ya está dado. Veremos cómo se toma el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Iguala. Según comentarios preliminares, es posible que haya serias discrepancias con la investigación que, según las voces oficiales, de manera “impecable” se ha llevado a cabo sobre los estudiantes desaparecidos.

El relator al que tanto se ha criticado no es un personaje secundario ni un experto improvisado de las Naciones Unidas. Juan E. Méndez es un jurista de prestigio que, entre otros puestos, ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su visita a México no era la primera, sus conversaciones con diversos niveles de gobierno fueron seguramente extensas y los resultados de sus investigaciones no pueden resultar sorpresivos. Lo que sí sorprende es la utilización, por parte de diplomáticos, de términos poco usuales en estos casos para calificar su trabajo: irresponsable, carente de ética, sin profesionalismo, violador de los códigos de conducta para los relatores de ONU, entre otros.

La respuesta no se hizo esperar. El miércoles 1 Juan E. Méndez envió una carta abierta al embajador mexicano en Ginebra. En ella se refutan cuidadosamente las críticas del gobierno mexicano, elaborando argumentos no para rectificar, sino para reafirmar sus conclusiones, entre otras, la relativa a la tortura como una práctica generalizada en México. Es lamentable que esta carta no haya tenido mayor difusión en los medios de comunicación.

Dos argumentos llaman poderosamente la atención del extenso documento. El primero, la identificación del momento, la forma y los ejecutores de la tortura. Según sus investigaciones, ocurre en las primeras 24 a 48 horas después de la detención y es practicada, con métodos similares, por todo tipo de autoridades municipales o federales, del Ejército o la Marina; la tortura termina cuando el detenido es consignado. El segundo argumento se refiere a la indiferencia de las autoridades ante denuncias sobre dicha tortura. Aunque debe perseguirse de oficio, no hay pruebas de averiguación, enjuiciamiento y castigo sino, por lo contrario, simple indiferencia. En otras palabras, un sistema de justicia que acepta tácitamente esa práctica.

Es desalentador que en vez de formar de inmediato un grupo de trabajo de alto nivel para utilizar los hallazgos del informe y poner en marcha acciones efectivas para detener una práctica condenable y enjuiciar a los perpetradores, se haya desviado la atención hacia la descalificación y minimización del problema. El gobierno de Peña Nieto ha decidido, así, matar al mensajero antes de recibir el mensaje. Semejante actitud tendrá efectos negativos en las relaciones de México con gobiernos y empresarios que sí valoran los derechos humanos.

17.3.15

Caso Aristegui: Fue Peña

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- Pocos se enteraron porque Carmen Aristegui no lo denunció, pero la investigación de su equipo sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no se difundió nunca en MVS por una razón de poder: Por censura directa de los dueños de la empresa, sometidos por la Presidencia de la República.

Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, advirtió a Aristegui que si difundía el reportaje de su unidad de investigación, coordinada por Daniel Lizárraga, serían despedidos ella y todo su equipo. Por eso, el domingo 9 de noviembre sólo se publicó en la página de Internet de Aristegui Noticias y en la revista Proceso.

El lunes 10, en la Primera Emisión de MVS Noticias, Aristegui habló de la investigación subrayando que se dio a conocer en esos medios, y así lo discutió su mesa de análisis, pero no la transmitió íntegra, ni siquiera fragmentos. La página de la empresa y sus cuentas de Facebook y Twitter ignoraron el tema, lo mismo que los conductores Luis Cárdenas y Ezra Shabot, que sólo reprodujeron posteriormente las reacciones oficiales.

Esta elocuente omisión de MVS y sus conductores sobre el más documentado caso de corrupción de Peña fue hecha notar por este reportero en su cuenta de Twitter en esos días. Era claro que MVS se deslindaba del caso, pese a que había sido hecho con recursos de la propia empresa.

El presidente y sus funcionarios se enteraron de la investigación del equipo de Aristegui cuando les fue solicitada su opinión sobre el tema y, además de tratar de hacer un control de daños cancelando el tren rápido a Querétaro, de inmediato presionaron a los dueños de MVS, encabezados por Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de administración, para parar lo que sería –como fue– un golpe al corazón de Peña y su gobierno.

Uno de los operadores de Peña para imponer la censura fue Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República y desde hace diez días coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien fue vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Grupo MVS.

Sánchez Hernández inició el sexenio de Peña como subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y en su lugar dejó a Andrés Chao Ebergenyi, hermano de Felipe, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa… de MVS.

Otro de los operadores de la censura fue David López, excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia y ahora candidato priista a diputado por Sinaloa, quien intimidó a directivos de algunos medios para que no se sumaran a la difusión de la investigación de la Casa Blanca, con quienes Aristegui había hablado unos minutos antes.

Así, sometida a un espionaje permanente, a mensajes intimidatorios y un sospechoso robo en las instalaciones de su página de Internet –que hasta ahora no ha hecho públicos–, Aristegui logró sortear la censura en la empresa que ya la había corrido una vez, en febrero de 2011, por presiones de Felipe Calderón y su testaferro Javier Lozano –del PAN–, y difundió otros asuntos que incomodaban a Peña y sus secuaces.

La oportunidad de Peña para ajustar cuentas con Aristegui y su equipo llegó cuatro meses después de que detonó el mayor escándalo del sexenio: MVS tomó como pretexto el “abuso de confianza” para que el equipo de la periodista usara su marca en la plataforma MexicoLeaks.

Aunque el revire de Aristegui hubiera sido reconocer que cometió un error, la decisión de liquidarla ya estaba desde que los dueños de MVS censuraron la investigación sobre la Casa Blanca de Peña y sólo esperaron el momento propicio para ejecutarla. Ni siquiera le han dado la cara.

Los Vargas perderán audiencia, profundizarán su desprestigio, pero serán recompensados por ser verdugos de la periodista más incómoda de la radio en México, justo en vísperas de las elecciones y a la mitad del sexenio. La lógica de los corruptos es que todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato y pronto sabremos en qué negocios ha sido favorecido ese clan… O si fueron amenazados tienen el deber de decirlo.

Por eso cuando hay quienes dicen, incluidos periodistas como Ciro Gómez y Luis Cárdenas –y otros neojacobos–, que el despido de Aristegui es un tema laboral o comercial, ni ellos lo creen. Es claramente una venganza de Peña tramada en Los Pinos.

Como antes fue una maniobra de Calderón despedirla de W Radio, en enero de 2008, en cuya empresa el cuñado de éste, Juan Ignacio Zavala, era directivo del Grupo Prisa, asociado a Televisa. Los intolerantes de cualquier partido actúan igualito.

Apuntes
Tras este zarpazo de Peña contra Aristegui es preciso recordar lo que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, le advirtió al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda: “Son enemigos del presidente Peña Nieto…” Que quede otra vez constancia.

2.3.15

La intervención y la entrega

Carlos Fazio
Estados Unidos quiere legitimar su añeja intervención de facto en México. El sexenio pasado, mediante los llamados centros de fusión bilaterales, Washington penetró a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, y ahora quiere que miles de agentes encubiertos que actúan en el territorio nacional puedan portar armas de manera legal. El vehículo para consumar esa antigua exigencia es el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto. Primero lo ablandó, y ahora, al igual que hizo antes con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, obliga a Peña a que sea él quien proponga que sus agentes porten armas en México.

La iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue enviada al Senado el 24 de febrero. ¿Objetivo? Permitir que agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) puedan actuar armados en México como parte de un programa de preinspección conjunto, similar al que Washington tiene con Canadá. Más allá del eufemismo de que las autoridades migratorias de un país ejerzan sus facultades en el territorio del otro (sic), la intención es permitir que agentes estadunidenses revisen la documentación y consulten en bases de datos el movimiento de pasajeros en puertos y aeropuertos internacionales de México, y controlen y supervisen los cargamentos de mercancías de exportación e importación en las aduanas mexicanas.

La iniciativa de Washington, encomendada a Peña, propone que sus agentes porten armas reglamentarias calibre 40 (máximo), y que los escoltas del presidente, ministros y altos funcionarios de Estados Unidos puedan actuar armados en México para su adecuada protección. Según el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, se trata de “armonizar (…) sin nin­guna ambigüedad” la legislación de México con la de Estados Unidos; argumentó que la actuación de agentes estadunidenses armados en el territorio nacional es importante y relevante para la generación de mejores espacios de competitividad y prosperidad compartida en la región norteamericana.

Titular de una cancillería otrora baluarte en la defensa de la no intervención −hasta que Vicente Fox y Jorge G. Castañeda Gutman propusieron una cesión inteligente de soberanía−, Meade sabe que los agentes del ICE, la DEA, la CIA, el Pentágono, la FBI, la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) y de otros servicios de inteligencia han venido actuando armados y de manera encubierta en el país desde hace años. Recientemente, un ex miembro de la CIA estimó en 25 mil los agentes clandestinos de EU en México. Y apenas en noviembre pasado The Wall Street Journal (WSJ) reveló que funcionarios del Servicio de Alguaciles del Departamento de Justicia de EU, armados y disfrazados de elementos de la Secretaría de Marina de México, participaron al menos cuatro veces al año en operativos antinarcóticos en el territorio nacional, con apoyo de agentes de la DEA y la FBI. Según el WSJ, en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán intervinieron agentes encubiertos de Washington, y un alguacil resultó herido en Sinaloa en julio del año pasado durante un operativo contra el grupo de los hermanos Beltrán Leyva; rescatado por un militar de la Marina, fue trasladado a Culiacán y luego a Texas.

Desde 2005, con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y después bajo la cobertura de la Iniciativa Mérida (2007), EU ha venido aumentando de manera exponencial su injerencia política, policial, militar y de inteligencia en México. Pero el dato revelado por The Wall Street Journal exhibe que los agentes estadunidenses actúan aquí incluso con recursos del propio Estado mexicano −como son las armas y los uniformes de la Marina−, en actividades que sólo corresponden a las corporaciones nacionales. El hecho indica que el gobierno de Peña Nieto ha avanzado un escalón más en la abdicación de sus potestades soberanas, con el agravante −sin ambigüedad alguna− de que en el marco de la tan cacareada cooperación, Washington ha abastecido con armas de alto poder a las organizaciones criminales mexicanas que dice combatir, como quedó demostrado en los operativos Rápido y Furioso y Receptor Abierto.

La iniciativa de Peña, ahora, de armar a los agentes estadunidenses en México, se la había dejado de tarea el presidente Barack Obama en la reunión que ambos sostuvieron en Toluca en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el 19 de febrero de 2014. En abril siguiente, durante la segunda Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, acordaron buscar respuestas conjuntas a las amenazas transnacionales. Reunidos en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante el ministro canadiense Robert D. Nicholson y su homólogo estadunidense Charles Timothy Hagel, el titular del arma, general Salvador Cienfuegos, aseveró que existe una importancia geoestratégica en América del Norte que nos impulsa a estrechar lazos para atender amenazas que son de naturaleza diversa y alcance multilateral. En la declaración conjunta, los tres ministros de Defensa y el secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, señalaron que debido a la profundidad de nuestras relaciones, geografía, demografía e integración económica, los tres países comparten intereses mutuos de defensa. ¡Joder! ¡Al diablo con las asimetrías!

No hay duda de que el lenguaje de la Aspan ha impregnado el vocabulario de quienes deberían defender la soberanía nacional. En su último tramo, el libreto fue confeccionado por el todopoderoso Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, cuyo informe de octubre pasado proponía una estrategia de seguridad unificada en Norteamérica y mayores conexiones de energía de Estados Unidos con Canadá y México. Parafraseando a Bill Clinton, cabría gritar: Son los hidrocarburos, estúpido. Pero eso Peña sí lo entiende y sigue en camino para consumar la entrega.

26.2.15

El descontrol de daños de peña nieto

Jenaro Villamil


Esta parece ser “la línea” de Los Pinos. No lo dicen así, por supuesto, pero las respuestas y las correcciones tienen el tufo regañón de quien no sabe cómo salir de una para entrar a otra crisis.

Los magos de la comunicación presidencial han decidido no sólo controlar hasta la última línea ágata de los medios impresos y cada segundo en los medios electrónicos financiados con dinero público (no con el de Peña Nieto) sino también responder con singular torpeza a quienes cuestionan, documentan, denuncian o simplemente exponen un punto de vista crítico. Confunden al país con el presidente. Y creen que las críticas a su gobierno son una afrenta a la soberanía.

En comunicación política uno de los elementos fundamentales de las crisis es el llamado “control de daños”. Se trata de tomar una serie de medidas para aminorar, amortiguar y aislar el efecto causado por un escándalo, un imprevisto, un accidente, una tragedia o una ruptura en el aparato político.

El control de daños, por supuesto, incluye que alguien se haga responsable, se le sancione y se adopten medidas correctivas. Algo que no ha pasado en ninguno de los casos mexicanos recientes: ni en Ayotzinapa, ni en los escándalos de las casas, ni en el descarrilamiento del tren de alta velocidad México-Querétaro ni en la reiterada violencia en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas y menos en la pésima conducción de la política económica mexicana.

Todos los responsables siguen inmóviles, como estatuas de sal. Paralizados como si nada hubiera sucedido. Como la orquesta del Titanic, siguen tocando aunque el barco se hunda.

Para operar el “control de daños” primero debe asumirse que se está frente a una crisis. Peña Nieto, ya lo dijo en su célebre discurso del #YaSeQueNoAplauden: su gobierno no vive una crisis de corrupción sino un problema de “mala percepción” de sus acciones. Nada de lo que han hecho es ilegal y menos cuestionable éticamente. El problema es que los demás no entienden. Tener bienes raíces patrocinados, financiados o regalados por los grandes contratistas de obra pública no es un conflicto de interés. Es un conflicto de percepción.

Para Peña Nieto no hay crisis en el escándalo internacional que se ha convertido el expediente Ayotzinapa y las compuertas que se abrieron sobre los expedientes de miles de desaparecidos (todavía hay columnistas financiados desde Los Pinos que niegan lo evidente: hay miles de desaparecidos). No hay crisis en la falta de crecimiento económico (son las variables externas las que cambiaron). No hay crisis en el desplome de las promesas de la reforma energética que se abarataron más que el barril de petróleo. No hay crisis cuando la primera dama se convierte en el Meme más criticado en la historia reciente.

Todo esto no es crisis. La crisis es producto de una mala opinión orquestada, quizá, por alguien que se ve afectado en sus intereses (ahí han filtrado que todo se debe a Carlos Slim que resultó ser un “genio” para maniobrar en la prensa anglosajona), por adversarios que quieren derrocar al Grupo Atlacomulco, por resentidos como el exjefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard o que simplemente por quienes le tiene mala fe al “Salvador de México”.

Desde ahí, el error de diagnóstico convierte al control de daños en un descontrol. En lugar de aislar, aminorar y corregir el origen de la crisis lo agrandan, lo expanden y reiteran con su discurso y su actitud el enojo de los ciudadanos.

En cada uno de los casos mencionados, los geniecillos de Los Pinos potencian el daño al querer “controlar” lo que no pueden: la indignación generalizada, la decepción frente a las promesas, el enojo empresarial con una reforma fiscal recesiva, a los medios internacionales que, en efecto, creyeron en Peña Nieto y ahora lo cuestionan con singular desengaño.

Quieren controlar hasta las opiniones del Papa Francisco en su correspondencia privada. Quieren maniobrar al estilo priista para transformar las palabras de González Iñárritu en el evento con mayor rating en la televisión global (la entrega de los premios Oscar) para convencernos que su crítica fue hacia Estados Unidos. Quieren que las expresiones de Obama, Clinton y los medios no se divulguen en sus medios-espejo.

Transforman a los embajadores en correctores de estilo de los corresponsales extranjeros. Convierten a los secretarios de Estado en pugilistas en rounds de sombra. Y transforman cada crisis en una debacle.

Ahí está el error de creer que todo es percepción pública. También los hechos cuentan. Y cuando éstos son reiteradamente autoritarios y cínicos, reiteradamente generan una reacción de sentido inverso y de mayor intensidad en su contra.

10.2.15

Equipo Argentino revira a la PGR y tumba su “verdad histórica” sobre Ayotzinapa

Marcela Turati

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) respondió a las críticas que le hizo la PGR este día por contradecir su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el grupo de expertos reiteró en entrevista*, que el gobierno interpreta las evidencias para que coincidan con su propia versión, a pesar de que la interpretación de la evidencia es más compleja.

El sábado pasado el equipo había manifestado que la PGR erró en 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa enviados a Austria para ser identificados; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes.

También recolectó evidencias balística y tierra a espaldas del EAAF; dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación; sigue sin constar de dónde salió el hueso que supuestamente corresponde al estudiante identificado Alexander Mora Venancio, “entre otras serias dificultades” mencionadas.

El EAAF había señalado en su informe que para dar conclusiones aún falta por procesar una cantidad importante de evidencia física que debe ser interpretada “en todas sus posibilidades” y con “rigor científico”, en vez de forzarlas para que coincidan con los testimonios de los supuestos asesinos que dan sustento a la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa presentada por el procurador Jesús Murillo Karam el 27 de enero pasado.

Esta mañana, Proceso pudo consultar a un integrante del equipo internacional de expertos designado por los familiares de los 43 para que participe con la PGR en las investigaciones, como coadyuvantes independientes.

La persona autorizada para hablar a nombre del equipo de 30 especialistas provenientes de ocho países (expertos en antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística expertos en fuego, genética forense, botánica y entomología forense) respondió a cada uno de los reclamos de la PGR.

“Peritos de las familias, no del gobierno”
La PGR destacó este lunes que “el Equipo Argentino de Antropología Forense en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución”.

Ante ello, el entrevistado por parte del EAAF puntualizó:

“Es obvio que somos los peritos por parte de las familias y no de la institución. Contamos con un papel legal firmado por las familias, solicitando legalmente el ingreso del equipo como sus peritos en la PGJ de Guerrero”.

Presencia en levantamiento de restos
La PGR resaltó hoy que “con relación al señalamiento de que el EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan, se señala que no estuvieron presentes en el momento del hallazgo (que fue realizado dentro de una diligencia ministerial) a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior”.

El equipo argentino puntualiza que “ratificamos que no se nos avisó la inspección en el río San Juan. Estábamos trabajando en el basurero de Cocula y al momento en que lo hacíamos un ministerio público llegó a pedirnos que fuéramos porque ‘había una situación en el río que luego nos explicarían’. Llegamos y vimos los restos que decían que habían localizado. Lo otro, de que nos habían llamado para avisarnos, no es cierto”.

Según la PGR, “esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada (en el río San Juan) y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF.”

El equipo argentino aclara que “nadie cuestiona la validez jurídica de sus diligencias, nosotros lo que decimos es que no presenciamos el momento del hallazgo de los restos y, a pesar de nuestras peticiones, hasta ahora tampoco nos fue mostrado el documento firmado por los marinos que los localizaron”.

Cadena de custodia
“Con relación al señalamiento del EAAF, respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el río San Juan (en referencia al papel que debieron de haber entregado los buzos marinos que hallaron los restos), la PGR señala que el EAAF no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético, además de que la cadena de custodia fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia rebasa con creces su función de peritos habilitados”.

La EAAF subraya que “nosotros sí firmamos todas las cadenas de custodia de las diligencias en las que sí hemos estado presentes”.

Expertos en balistica
En su comunicado de este lunes, la PGR advierte: “Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se señala que el EAAF no fue convocado, lo cual es correcto, dado que NO se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”.

Ante ello, el EAAF sostiene que “nosotros tenemos un área de criminalística en la que típicamente está incluida balística. Incluso uno de los integrantes es uno de los expertos en balística muy experimentado y fue por más de una década jefe de balística de la morgue de uno de los países más violentos. Esta persona tuvo reuniones con los expertos en balística de la PGR en sus laboratorios y participó con la PGR en la recolección de evidencias durante toda la primera etapa del trabajo en el basurero de Cocula, hasta que decidieron actuar por su cuenta. Otra duda que salta es ¿cómo sabía la PGR que iba a encontrar balas en esa inspección y que era innecesario invitarnos? En esa diligencia no sólo levantaron balas, también muestras de tierra que corresponden al área de criminalística”.

El cierre del basurero
La PGR admitió hoy que “respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los peritos de la Procuraduría General de la República determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación; por tal razón pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares; cabe recordar que dicho lugar fue localizado después de un mes de sucedido el evento criminal. Sin embargo, su petición de volverlo a resguardar fue atendida, y los días que no se contó con seguridad en el lugar no representan ninguna afectación al resultado de la investigación.”

El EAAF responde a esta cuestión que “no es correcto que hubiera habido un acuerdo común para dejar el basurero sin vigilancia; al contrario: tardaron por lo menos 20 días en volver a cerrar el basurero que estaba abierto al público cuando recogieron las evidencias balísiticas y muestras de tierra. ¿Cómo saber que no afectó a la investigación? Nosotros reiteramos lo dicho sobre la importancia de mantener cerrado el sitio por ser un lugar clave para la investigación”.

Llegada al basurero
Cabe hacer mención, advierte la PGR, “de que quienes llegaron primero al lugar (al basurero de Cocula) fueron los miembros del EAAF, y quien los recibió fue el procurador general de la República, dándoles en todo momento las facilidades para realizar su trabajo inmediatamente, incluyendo dos helicópteros permanentemente a su disposición.”

Sin embargo, precisa el equipo argentino, “cuando llegó el EAAF estaba el procurador, Tomas Zerón, una perito en antropología y mucha gente de seguridad. Cuando llegamos había ya todo un operativo”.

Errores en perfiles genéticos
La PGR planteó este día que “respecto de las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del EAAF y la PGR, se señala que este error administrativo de trascripción fue detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que dio positivo al perfil genético de uno de los estudiantes, por lo que es inaceptable la aseveración de que ‘no hubo una explicación clara al respecto’. Aclarando también que corregida la inconsistencia, los 134 registros genéticos correspondientes a familiares podrán ser utilizados en futuras comparaciones”.

EAAF: “La PGR no dijo nada ni presentó dictamen sobre el error hasta que nuestro equipo detectó y expuso las diferencias varias semanas después de que las muestras habían sido enviadas. Hasta entonces reconocieron el error. Escribieron a Innsburck para notificarlo el 19 de enero, un mes después. Todavía la semana pasada cuando solicitamos estas correcciones nos dijeron que ya pronto los sumarían.

“El problema es que haya errores: hay errores de tipeo y otros más profundos. No todos los marcadores genéticos enviados por la PGR pudieron ser contrastados por el EAAF, porque el laboratorio que utilizamos y el que utiliza la PGR tienen 24 marcadores. Y el nuestro usa 16 de eso 24 marcadores. Chequeamos las diferencias entre los 16 marcadores que comparten los dos laboratorios, pero no los ocho restantes que usa la PGR, y que no sabemos si también incurrieron en otros errores que pudieran imposibilitar algunas de las identificaciones. Por eso, si no se limita a los 16 marcadores que sí pudimos verificar ya corregidos, no pueden asegurar que no afecta a futuras identificaciones de restos”.

Incendios y evidencias atemporales
La PGR argumenta en su comunicado de este día: “Respecto de la aseveración realizada en el comunicado (del EAAF) en la que señalan que ‘la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014’, en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015 (de Murillo Karam), se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros.

“La Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida (sobre la pira fúnebre en el basurero), y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”.

El EAAF aclara a la PGR: “Una cosa es decir que encontraron ‘tres zonas de ceniza’ en ese terreno y otra distinta es asegurar cuándo ocurrieron esos incendios. Ellos hablan de un tema espacial y no incluyen el factor cronológico; las imágenes satelitales que incluimos muestran que desde el 2010 el basurero ha sido lugar de incendios. La PGR no indica esos tres focos de ceniza a qué incendios corresponden y los presenta así en la conferencia sobre Ayotzinapa.

“¿Cómo están seguros de que el aluminio fundido presentado, por ejemplo, forma parte de los hechos del 26 y 27? Esa es una interpretación unidireccional. ¿Cómo se relaciona lo hallado con los eventos? ¿Cómo establecieron que eso se quemó esa noche si en ese lugar se quemaba permanentemente basura?

Temporalidad vs territorio
En la rueda de prensa en la PGR del 27 de enero, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, afirmó: “Durante la investigación se han realizado 487 dictámenes periciales en distintas especialidades que soportan y validan científicamente cada parte de la narrativa de los hechos, destacando los que a continuación se describen: Dictamen químico mediante el cual se hicieron los siguientes hallazgos: 1. Residuos de diesel y gasolina en el suelo del basurero de Cocula. 2. Tres zonas con ceniza dentro del basurero. 3. Rocas con impacto térmico. 4. El punto de origen del incendio. 5. Residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego. 6. Aluminio fundido (principalmente latas) por la exposición al calor intenso. 7. Fragmentos de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos. 8. Afectación del fuego sobre diversos restos óseos humanos. Todas estas características se encontraron en los restos del basurero y en río San Juan.

“Dictamen Biológico que indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona y registran un crecimiento posterior al incendio, de treinta días de antigüedad al momento de ser realizado, con correspondencia a la fecha del incendio.” Y por cierto este fue uno de los puntos que refutó el equipo argentino en su comunicado del sábado 7.

Sobre este asunto, el comunicado de hoy de la PGR señala: “El EAAF emite un criterio aislado (al señalar que ‘los elementos tomados como diagnóstico por la PGR –aluminio, vidrio, dientes, etcétera– en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero pueden corresponder a otros hechos ocurridos en otro tiempo). La PGR señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida, y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”.

El EAAF acota que “debemos conocer el dictamen para poder opinar”.

Mandíbula encontrada
PGR: “Las prótesis dentales halladas en el basurero de Cocula son parte de las evidencias aún en estudio. Según el EAAF, dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la PGR es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF los han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos.”

EAAF: “Si la PGR no tiene datos ante mórtem es algo que excede al EAAF porque fue decisión de las familias. En el análisis minucioso salió la mandíbula con las prótesis dentales. Esto significa que hay restos de otras personas, más allá de los normalistas, lo que puede implicar otras temporalidades. Con la evidencia física que estamos obteniendo se puede saber si tienen relación con el evento que estamos investigando, si parcialmente tienen relación, si eso ocurrió a una parte de los estudiantes y no a todos o si les ocurrió a todos; se abren muchas posibilidades. Por eso insistimos todo el tiempo en no interpretar evidencias unidireccionalmente, pues hay más de 200 personas desaparecidas en Iguala, la mayoría hombres. Mientras no se encuentre algo conclusivo o se pueda recuperar el ADN, no es posible asegurar que los restos del basurero correspondan a los 43 normalistas”.

Tras terminar de exponer cada punto, el experto entrevistado volvió a reiterar la invitación que se ha hecho a la dependencia que encabeza Murillo Karam: “Hacer una junta de peritos entre nosotros y los forenses de PGR para analizar y comparar los resultados alcanzados”.

*Nota para el lector: La entrevista con el representante del Equipo Argentino fue realizada en persona bajo una condición: permiso para revisarla por las cuestiones científicas que maneja. En este caso, y de manera excepcional, la condición fue aceptada. Además, el procurador Jesús Murillo Karam sigue sin atender la petición de entrevista de Proceso sobre el caso Ayotzinapa.

2.2.15

Peña Nieto, atrapado y sin salida

Carlos Fazio

Enrique Peña Nieto ha quedado atrapado. Atrapado, entrampado y sin salida. Por más esfuerzos que han hecho él y su gabinete de seguridad por superar la crisis de Estado provocada por los crímenes de lesa humanidad de Iguala, no han podido. Al ex gobernador mexiquense le quedó grande la presidencia de la República. Y el tan publicitado momento mexicano se le fue al carajo: el país está empantanado. La credibilidad del régimen, con su estela de corrupción, intercambios de favores, opacidades y escándalos varios, está por el piso y se ha multiplicado la indignación popular. Nadie le cree al gobierno. Y lo peor es que Peña no entiende que no entiende, y tal vez por eso está tan cansado el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Murillo, por cierto, político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, ha recurrido a todas las argucias, supercherías y malas artes del pasado −tratándose de una tragedia (Peña Nieto dixit) que combina la aplicación de la tortura, la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de seis personas más−, y echado mano de los propagandistas de Estado en los medios para tratar de dar carpetazo al caso. Vamos, hasta fabricó una verdad jurídica con pruebas científicas, y una verdad histórica.

En realidad, Murillo y el policía Tomás Zerón fueron construyendo y perfeccionando el caso poco a poco, casi sin salirse del guión inicial.

En una gran maniobra de simulación judicial y jurídica, desde un comienzo actuaron con base en una sola y exclusiva hipótesis destinada a tratar de exculpar al Estado mexicano de la comisión de crímenes contra la humanidad, misma que remite a un grupo de la economía criminal (identificado como Guerreros Unidos) como presunto perpetrador de los hechos delictivos de Iguala.

Con tozudez autoritaria, ambos funcionarios se negaron a abrir otras líneas de investigación, en particular, pese a numerosos indicios, la que involucra a otros actores claves que integran la cadena de mando de la estructura de seguridad del Estado a nivel federal, y que en el estado de Guerrero incluye territorialmente al Ejército (en particular al 27 batallón de infantería), la Marina, la Policía Federal, la inteligencia militar y civil (Cisen), las Brigadas de Operaciones Mixtas (BOM) y a agentes de la PGR y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, que monitorearon lo ocurrido en tiempo real.

Centrados en ese único objetivo: exonerar al Estado mexicano de toda responsabilidad, los sabuesos del procurador, la Marina y el Ejército capturaron, apremiaron, torturaron y confesaron culpables, encontraron el móvil, un “ modus operandi” y hasta una lógica causal. Incluso confeccionaron un video con la narrativa a cargo de un locutor profesional y apuntadores para obtener y grabar algunas declaraciones autoinculpatorias. Maquiavélicos los tipos. Y no se trata, como señalan los panegiristas del régimen, de un problema de incredulidad frente a la versión oficial.

Además, decir que el caso Iguala es atípico, como afirmó Zerón, exhibe un cinismo contumaz y supino. Ese cinismo que permea al gobierno de Peña Nieto y a las clases política y empresarial, aludido por The Economist.

Según argumentó el equipo de abogados que asesora a los padres de los 43 desaparecidos, del montaje mediático teledirigido por el dúo Murillo/Zerón no se puede concluir que exista plena certeza jurídica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Además de que existen dudas científicas sobre la versión de la PGR, es bien conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y coaccionar y chantajear detenidos, y hasta los tribunales de justicia internacionales saben que la tortura es una herramienta sistemática y endémica en México, como empieza a supurar del caso Iguala.

Tal vez debido al cansancio provocado por la confección de la trama mediática, al fabulador Murillo se le escapó aclarar su teoría sobre el cruento homicidio de Julio César Mondragón, encontrado desollado (ergo, torturado) por soldados del 27 batallón.

Con respecto a la fórmula oficial de que a los 43 los confundieron, los secuestraron, los mataron, los incineraron y los tiraron al río, sólo hay certeza de la muerte de Alexander Mora, pero no existe certeza jurídica ni prueba técnica sobre la muerte de los otros 42 (no hay prueba genética del ADN, por lo que no está acreditado el cuerpo del delito de manera científica) ni sobre el lugar donde eso pudo haber ocurrido; las cenizas de Alexander pudieron haber sido sembradas en el río San Juan.

Tampoco se puede cerrar el caso ni decretar una verdad histórica, porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército a partir de los indicios que existen en el expediente, y que apuntan a una complicidad y protección de la delincuencia organizada, por mandos castrenses del 27 batallón desde 2013. A propósito, ¿qué pasó con las declaraciones de los 36 militares que formaron parte de las indagatorias, según Tomás Zerón?

Resultan truculentos, también, los malabares del procurador para acreditar y limitar el delito de desaparición forzada de personas, la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos de Iguala. Normalmente, en la desaparición forzada existe una cadena de mando en la que se ven involucrados varios sujetos perpetradores. En ese caso la responsabilidad penal recae en quien sigue órdenes, pero también en el o los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado la conducta delictiva, o bien, conociéndola, no la impidieron. Lo que conlleva una responsabilidad, por acción u omisión, de los mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal la noche de los hechos, o a una total negligencia también sancionable.

En conclusión, existen muchos cabos sueltos y lo único cierto es el interés deliberado y la intención política de cerrar el caso y garantizar la impunidad de los eslabones superiores de la cadena criminal que esa noche operó en Iguala.

19.1.15

El arriba nervioso y el abajo que se mueve

Carlos Fazio
 
La situación en México es grave, muy grave. La novedad es que podría ponerse peor. El discurso público de los hombres fuertes del gabinete de seguridad nacional se ha endurecido, aunque comienzan a aparecer contradicciones en su seno. La decisión del gobierno federal de abrir al escrutinio público las instalaciones del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala ha generado animosidad en altos mandos castrenses y se manifiesta ya con mensajes no tan cifrados en los medios.

El 8 de enero, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron una estación de radio en Chilpancingo y exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto se les permita entrar en instalaciones militares para buscar en vida a sus 42 compañeros detenidos-desaparecidos la noche del 26/27 de septiembre de 2014. Insistieron en que la Policía Federal y el Ejército son corresponsables o tuvieron algún tipo de participación en los hechos de Iguala. El lunes 12 la protesta social se exacerbó y derivó en un zafarrancho entre elementos de las policías militar y estatal con padres de familia y normalistas dentro de la base del batallón 27. El enfrentamiento dobló a las autoridades y, en un hecho inédito, el martes 13 la Secretaría de Gobernación anunció que el gobierno accedía a abrir los cuarteles, e invitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a recorrer las instalaciones del polémico batallón.

Desde octubre pasado autoridades federales han intentado reducir el caso a los límites de Iguala y Cocula, y a la presunta colusión entre el ex alcalde José Luis Abarca y policías de ambos municipios con un grupo de la economía criminal. Esa ha sido la única línea de investigación del procurador Jesús Murillo Karam, quien se cansó pronto de las pesquisas y prácticamente decidió cerrar el caso con base en la teoría de la incineración: los muchachos fueron reducidos a cenizas, dijo. Ergo, están muertos y existen pocas posibilidades de que un laboratorio austriaco obtenga evidencias de las muestras de ADN (sin cuerpos no hay pruebas y sin pruebas no hay delito). Y váyanse con su música a otra parte, fue el mensaje institucional. Supérenlo ya, dijo Peña Nieto.

Pero el tesón en la búsqueda de las madres, los padres y los normalistas no cejó, y junto con sus abogados han insistido desde diciembre último en que se abra otra línea de investigación. Arguyen que en la indagatoria y el expediente hay elementos que señalan la participación de militares y miembros de la Policía Federal (PF) en los hechos. Existen indicios de que soldados del 27 batallón de infantería, con apoyo de elementos de la PF, acordonaron el área la noche del 26 de septiembre; que realizaron una operación de escudo y contención en las tres salidas de Iguala y rastrillaron la ciudad. Hay pruebas de que hostigaron y desalojaron a normalistas de un hospital privado. Después, ante la magnitud de los hechos y la visibilidad que cobraron, la operación se les salió de control.

Según Osorio Chong, esos señalamientos carecen de sustento y obedecen a afanes provocadores. Pero como se­ñaló Vidulfo Rosales, del Centro Tla­chi­nollan, no corresponde a las autoridades políticas exonerar (a los militares); los encargados de establecer si hay o no elementos para una consignación o para fincar responsabilidades deben ser un juez y el Ministerio Público. Como en el caso Tlatlaya, en el de Iguala la estrategia del gobierno de Peña Nieto ha sido encubrir a agentes del Estado; en particular, del Ejército y la Policía Federal. Ahora como entonces, Murillo Karam y Osorio Chong descalifican, tergiversan, ocultan, exoneran por adelantado y sin investigación de por medio a los presuntos responsables.

En el caso Tlatlaya ambos salieron chamuscados. Vamos, hasta el propio general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tuvo que aceptar que soldados del 102 batallón de infantería ejecutaron de manera sumaria a 21 personas. Las fusilaron, pues. Pero en una operación de control de daños, la Sedena limitó la responsabilidad del hecho a un teniente y siete soldados rasos desobedientes e indisciplinados. Nunca se aclaró quién ordenó matar en caliente a los presuntos delincuentes; si la orden vino de arriba y bajó por la cadena de mando. Tampoco se sabe en qué punto se rompió la disciplina y el protocolo militares, ni por qué los altos mandos castrenses mintieron y ocultaron la matanza durante casi tres meses, con la complicidad del Ministerio Público.

Entonces, Osorio Chong dijo que había que entender Tlatlaya como un caso de excepción o una acción aislada. Sólo que el camino del Ejército está empedrado de muchas excepciones. Además, si se mintió en Tlatlaya, ¿por qué creerles ahora en el caso Iguala? La lucha tenaz de los padres y compañeros de los 43 desaparecidos logró la apertura de instalaciones militares y eso generó nerviosismo y contradicciones en el gabinete de seguridad nacional. La tensión aumentará con la llegada de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Juan Ibarrola, vocero oficioso de las fuerzas armadas, escribió que el Ejé­rcito mexicano no es moneda de cambio en ningún tipo de negociación ( Milenio, 17/1/15). Afirmó que Peña Nieto sabe que el general Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón son sus dos hombres de mayor confianza y jamás ordenará el dislate de abrir cuarteles. Que el mensaje enviado por el secretario de Gobernación, Osorio Chong, fue confuso y tendencioso, y que no se puede negociar la seguridad nacional con un grupo de culeros que controlan cuatro o cinco municipios. Y advirtió a los asesores del Presidente que a los militares no se les puede dar trato de policías ni someterlos al escrutinio público: Habrá que preguntarles a gobiernos anteriores cómo les fue cuando ofendieron a las fuerzas armadas. ¿Amenaza velada? ¿Llamado al golpismo? ¿Dónde queda la búsqueda de la verdad en el presunto Estado de derecho proclamado por el comandante en jefe?