Ramón César González Ortiz
El
26 de septiembre del presente, seis personas
fueron asesinadas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron
en ataques
a tiros por parte de la policía municipal de Iguala y fueron
entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, según informaron los
medios de comunicación.
[1] Más tarde resultaron implicadas
Fuerzas del Ejército Nacional, particularmente, el 27º Batallón de
Infantería acantonado en Iguala, quien dos horas después del primer
ataque, al producirse uno nuevo, sin evitar el primero, se
presentaron en el segundo agrediendo a los estudiantes cuando
intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando
cartucho y acusándolos de allanamiento de morada. “Los soldados
–contó el estudiante normalista Omar García a Tele Sur– "nos
dijeron: 'ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con
hombrecitos, "
amárrensen "
los pantalones. Eso les
pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres
reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre
falso, nunca los van a encontrar"
[2].
Esta acción criminal de asesinatos masivos y de desaparición
forzada, se debe circunscribir en el marco de la "nueva
contrainsurgencia" instaurada en América Latina con Reagan cuando
declaró, en febrero de 1982, la
Guerra contra las drogas,
como "objetivo urgente" de Seguridad Nacional, donde se califica
como meta central la detención de la cocaína que ingrese a Estados
Unidos, con lo cual se responsabilizará a partir de entonces a la
oferta, es decir, a los países productores, y no a la demanda (los
países consumidores), generándo, desde entonces, aparte de los
"terroristas", al narcotraficante como un nuevo
enemigo
externo, alterno al comunismo y al terrorismo, pero
particularizado para el patio trasero de Norteamérica
[3].
De forma tal que la guerra contra las drogas le ha permitido
continuar a Norteamérica, en América Latina con la doctrina de
contrainsurgencia, implementada por John Fitzgerald Kennedy en los
años de 1961-1963
[4], en la cual los ejércitos
latinoamericanos pasaron de la “defensa del hemisferio”
[5] , a una misión de "seguridad
interna" dando forma a la llamada vietnamización de Latinoamérica
que ha significado en los hechos, que los ejércitos de cada país
sean los principales responsables del combate contrainsurgente
rural o urbano y ya no las tropas estadounidenses. En segundo
lugar están las fuerzas policiacas, constituyendo la primera línea
ante situaciones complicadas. Y tercer lugar, EEUU, se abstiene de
invadir, aunque no descarta del todo, esta posibilidad en casos de
emergencia
[6] .
Todo ajustado
al esquema de la redemocratización-militarización, que se dio en
El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá
[7]
, cuando las dictaduras militares en América Latina se
fueron desgastando, mostrándose incapaces, incluso allí donde
fueron efectivas en la detención del movimiento revolucionario, de
asegurar las condiciones de una dominación política estable que
por supuesto, fuera acorde a los intereses norteamericanos en el
curso de 1980. Así, la difusión del término
Narcotráfico
como un mecanismo homogenizante ha permitido asimilar y dramatizar
una gran serie de elementos disímiles, con lo cual se ha
construido hasta la fecha un sinónimo del
Imperio del Mal.
[8]
Además, los “regímenes democráticos” han prevalecido tanto
tiempo, a pesar de las políticas neoliberales que han impulsado
afectando a una gran parte de la población latinoamericana,
gracias además del manto democrático, ha el apoyo que han recibido
las Fuerzas Armadas latinoamericanas por parte de los
estadounidenses. En este sentido, Reagan en la búsqueda de dar
continuidad a una política exterior norteamericana para América
Latina, que restableciera el énfasis en la cuestión de la
seguridad, la implantación de democracias viables en la región,
con particular interés en Centroamérica, impulsa la relación
Fuerzas Armadas-narcotraficantes en Colombia que se logra después
de que declara la guerra al narcotráfico, ya que encubierta en
esta guerra se da la relación de varios cárteles colombianos como
el de Medellín y Cali, con agencias de seguridad norteamericanas
como la CIA, para desatar una devastadora guerra sucia y
terrorista contra el pueblo de Nicaragua, después de que la
guerrilla sandinista tomara el poder en 1979. Para financiar a “La
Contra”, Pablo Escobar Gaviria entregaba cocaína a la CIA, que
viajaba en aviones pertenecientes a esta agencia de seguridad para
ser camuflados, hasta Centroamérica, para luego ser enviadas hasta
aeropuertos militares en Estados Unidos. De ahí salía para la
venta en las calles, y con las ganancias se financiaba a la
“Contra”.
Asimismo, la guerra al narcotráfico ha servido toda vez que el
Estado colombiano y sus aparatos represivos fueron cuestionados
por su relación con el paramilitarismo y la guerra sucia, ya que
el Estado: “…aparece como el gran pacificador dentro de una
situación de violencia generalizada, lo cual justifica cualquier
reforzamiento autoritario del mismo […] En nombre de la “guerra a
la mafia” y aprovechando el consenso frente a la lucha contra el
narcotráfico, se justifica la expedición de medidas autoritarias
que finalmente afectan a sectores mucho más amplios de la
población […] El nuevo ambiente de guerra ha permitido así que las
Fuerzas Armadas recuperen y amplíen sus facultades políticas e
investigativas, al tiempo que su imagen ante la opinión pública
surge de tal forma que inhibe la capacidad crítica frente a los
potenciales desmanes de las tropas. No solo aparecen ahora ante la
ciudadanía como la institución con la cual hay que solidarizarse
para hacer frente al narcotráfico sino que, además […] la
militarización de la vida política aumenta considerablemente […]
De esta manera las Fuerzas Armadas han comenzado a utilizar las
facultades concedidas por los nuevos decretos para allanar y
capturar a miembros de organizaciones populares, sindicándolos de
apoyar a grupos guerrilleros y de tener alianzas con el
narcotráfico”.
[9]
La guerra contra las drogas circunscrita en la Doctrina de
Seguridad Nacional impulsada por EE.UU, de esta manera ha servido
en Latinoamérica para la instauración de “modelos estables” que
restablezcan la hegemonía burguesa en la sociedad y la hegemonía
norteamericana en la región. Particularmente en Colombia, que aun
sin contar con una dictadura formal en los años sesenta y setenta,
se impuso esta doctrina llegando hasta los cimientos del Estado
mismo, por las élites y las Fuerzas Armadas de ese país. A esto
respondieron los nombramientos de alcaldes militares, designados
en reuniones de mandos militares con gobernadores, quienes estos
últimos se encargaban de designarlos.
Y dentro de la guerra contra el narcotráfico, el eje central de
su estrategia ha sido la “guerra sucia”. Dentro del terrorismo de
Estado colombiano han jugado un importante papel las estructuras
criminales clandestinas y el paramilitarismo. Al tener como
objetivo camuflar acciones para que no sean atribuidas a personas
que trabajen dentro de la estructura estatal, y por lo tanto lo
comprometan: “Este objetivo de encubrimiento de responsabilidades,
respecto a actos que no tienen ninguna presentación legal ni
legítima, ni siquiera dentro de fuertes confrontaciones bélicas,
hace que se confundan y se complementen dos tipos de
procedimientos: el accionar de los militares camuflados de civiles
y el accionar militar de civiles protegidos clandestinamente por
militares. Ambos procedimientos tienden al mismo objetivo: el
encubrimiento que salvaguarde la impunidad”.
[10]
Este accionar fue inaugurado por Belisario Betancur
Cuartas, presidente colombiano quien en 1982 después de decretar
una amnistía que saca de la cárcel a aproximadamente 500 presos
políticos, se lava las manos por el asesinato, desaparición, o
exilio, de estos liberados, y se responsabiliza de estos actos a
paramilitares, sicarios, pistoleros a sueldo o escuadrones de la
muerte.
Así, en Colombia, tras el impulso de los paramilitares que se
ponen al frente del narcotráfico de drogas, remplazando a los
tradicionales carteles y la violencia generada por estos grupos
conforma el discurso de que el Estado débil, casi indefenso es
victima, tanto como la población de los “violentos”, sin embargo
las Fuerzas Armadas no actuaban para evitar las masacres cometidas
por los paramilitares, y con su omisión aportaban a su
realización: “El cinismo del terrorismo de Estado en Colombia es
inimaginable. Ello fue palpable durante las masacres cometidas por
los paramilitares contra los pobladores de varios caseríos a
orillas del río Naya, en las selvas del suroeste del país, no
lejos del océano Pacífico. Cuando las autoridades judiciales al
fin llegaron hasta esos lejanos y olvidados parajes, “las escenas
que encontraron fueron macabras: una niña de 16 años con los
brazos serruchados, unas tenían el estómago abierto y otros con
señas de tortura […] Sucedió en abril de 2001, en plena Semana
Santa…Era otra masacre anunciada, pues desde meses antes se había
denunciado ante las autoridades esa posibilidad y, como en tantas
otras ocasiones, no se movió un dedo para la protección de la
población. Al final fueron asesinados unos 130 afrocolombianos e
indígenas y más de tres mil tuvieron que desplazarse”.
[11]
Consolidada esta estructura en Colombia, en la supuesta lucha
contra el narcotráfico se atacó primero a consumidores de droga y
a ladronzuelos, acciones conocidas en Colombia como “limpieza
social”, para luego desplazar su violencia hacia campesinos,
activistas comunitarios, miembros de base de la iglesia y
políticos de izquierda. El complemento fundamental de este
accionar fue la legalización de mercenarios y la elaboración de su
conflicto interno de manera privatizada. Acción impulsada por
George Walker Bush, quien a mediados de 2005 anuncia la ampliación
del Plan Colombia, sustentado en los atentados del 11 de
septiembre a las torres gemelas, con lo cual desde entonces lo que
se intenta permee es que: “…no existe un conflicto armado en
Colombia sino una “guerra contra el terrorismo”. Todo el aparato
estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo
militar y político del Estado para derrotar a los terroristas. Se
debe otorgar los más amplios poderes a las Fuerzas Militares para
vencer “al enemigo terrorista”. Deben reajustarse los recursos
judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y de los
órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo de la
acción del Poder Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo”.
[12]
Así, en el 2002 el presidente
Álvaro Uribe Vélez, impulso en Colombia como premisa fundamental
los cánones prescritos por Washington respecto a que no existe en
Colombia un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista,
para lo cual afirmaba que quien sostuviera que en el país existía
un conflicto armado le hacia el juego al terrorismo.
Acorde ha esta lógica, el Plan Colombia tuvo como complemento el
Plan Patriota, que elimina el límite que existía sobre la cantidad
de mercenarios contratados por las Compañías Militares Privadas
(CMP). Lo cual solo sirvió para aumentar y agudizar los graves
efectos el Plan Colombia; desplazamiento forzado, confinamiento de
poblaciones e incremento de la pobreza y la miseria en el sur del
país.
Para el caso de México es preciso que recordemos como en la
década de los ochenta las instituciones públicas en los sectores
de salud, educación, trabajo y desarrollo social fueron
privatizadas de facto, para ser entregadas a mafias privadas
legalizadas, así como a mafias
legales empresariales que
unieron sus intereses con grupos criminales, que a su vez
comienzan a competir por el poder político como extensión de su
fuerza económica
[13] . En este
contexto se han enriquecido un puñado de familias a costa del
futuro del país, a este respecto publicó Mr. Harry Hurt la manera
en que Salinas le permitió a su amigo Slim Helú adquirir Teléfonos
de México en 400 millones de dólares, siendo que en realidad valía
8,000 millones. A un hijo de Carlos Hank González le remató en 10
millones una concesión de telefonía celular que luego fue
revendida en 100 millones
[14] .
Conforme estos ejemplos, se puede observar como en el México
neoliberal, el aparato de justicia se ha puesto al servicio de los
intereses de los grandes empresarios, algunos de ellos ligados al
sector financiero, y mientras saquean a la nación, hacen fraudes
millonarios y evaden impuestos han impuesto en nuestro país la
visión de lo que es la delincuencia así como la manera de
combatirla, mediante políticas de mano dura. Acorde con esta
visión conservadora y empresarial en materia de seguridad pública,
durante su campaña Felipe Calderón ya prometía mano dura contra la
delincuencia, y ya una vez que asume la presidencia declara una
lucha frontal contra el crimen organizado, sacando al ejército
para combatir a la delincuencia.
Más aun, en nuestro país viene causando conflictos la
insistencia de empresarios por reactivar la explotación minera en
lugares como el predio La Revancha, del ejido Gracia, en el
municipio de Chicomuselo, ubicado en el estado de Michoacán. Lo
cual ha derivado en confrontaciones según reportan desde el 21 de
septiembre de 2013, cuando se presento el señor Fernando Coello
Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velazco Coello, ante un
grupo de jóvenes amenazando con que se explotarían las minas de
esa región “aun sin el permiso de las comunidades que ahí habitan”
[15] .
En esta misma lógica, desde 2010 se ha venido presentando la
extracción “irregular” de hierro en los estados de Jalisco,
Michoacán y Colima, según indica la Secretaría de Economía. Lo
relevante es que ésta extracción se le achaca a él
cártel de
los
Caballeros Templarios y su predecesor, el de la
Familia,
al estar robando u obteniendo por extorción contenedores de
mineral de hierro, o extrayéndolo ellos mismos, para venderlo en
los puertos sobre el Pacífico
[16] .
Ante estos hechos y la ausencia de autoridad en Michoacán (como en
otros Estados de la República) se ha sumado al conflicto el
surgimiento de las llamadas “autodefensas comunitarias”. Lo cual
pese a sus buenas intenciones, se corre el riesgo de que estos
grupos de autodefensa no lo sean, y que sean infiltradas por
Los
caballeros templarios, la familia michoacana, zetas o el
cártel
Jalisco nueva generación conformando en realidad brazos
armados de estos, para realizar distintas actividades ilícitas y
de despojo en algunas comunidades. En un contexto donde políticos
pactan con narcotraficantes, narcotraficantes financiando grupos
de alzados, políticos acusándose de pactar con criminales, y
criminales afirmando que ellos no pactan con políticos
[17] .
Esto ha devenido de manera tal que desde los inicios del
gobierno de Enrique Peña Nieto el estado de Michoacán, resulto ser
el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad. Ya que Fuerzas
armadas “disfrazadas de carteles” que fueron activadas por el
ejército, los gobiernos locales y el gobierno central durante el
sexenio anterior, se resistieron a pasar a una nueva etapa dictada
por la política de las transnacionales, cuyo objetivo último es
concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías
para repartirse los territorios y los recursos. Más aun, bajo las
confrontaciones, se intenta ocultar que es una política útil para
el reparto de tierras y recursos, ya logrados entre pequeños
grupos de grandes capitalistas, sobre todo los vinculados a
mineras, trazado de carreteras y presas, que lucran con políticas
estatales
[18] .
Así, refuncionalizada la estrategia de Guerra de Baja Intensidad
en la “guerra contra las drogas”, tenemos que recordar que cuando
el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cartel la
Familia Michoacana, cartel “que en su primera aparición pública
dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las
instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían
practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a
resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a
expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”. Y
dentro de los mismos parámetros se destaca que, los grupos La
Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva
Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de
guerra de Calderón, “que por vía paralela fue la expresión no
armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del
Estado; es decir, que fueron funcionales a la política represiva
que bajo la pantalla de la guerra a las drogas, se llevó a cabo
bajo el gobierno de Calderón”
[19] .
De esta manera los operativos contra el narcotráfico en México
han tomado forma institucional a partir de la “Iniciativa Mérida”.
Con este plan en el sexenio de Calderón, 50% de los recursos de
las fuerzas de México fueron destinados a combatir el narco.
Además de que le abrió las puertas a la intervención directa de
diversas agencias de seguridad norteamericanas. Desde abril de
2009, opera en el Distrito Federal una Oficina Binacional de la
Iniciativa Mérida; donde trabajan “45 funcionarios estadounidenses
de distintas agencias con sus contrapartes mexicanos. A este
respecto en febrero de 2009, el entonces secretario de Seguridad
Pública (SSP) de Calderón, Genaro García Luna, le prometió a
Michel Chertoff, secretario de Seguridad Interior de EEUU: "Usted
tendrá acceso libre a nuestra información de inteligencia en
seguridad pública". Lo cual confirma la forma en que México ha
puesto a disposición del Pentágono los sistemas de inteligencia de
nuestra nación sin autorización del Congreso, resultando en una
violación de la soberanía, estipulado en el artículo 123 del
Código Penal como un acto de traición a la Patria
[20] . Además de que Calderón según un
informe dado el 15 de diciembre de 2013, por agentes de la DEA,
CIA, FBI, señalan otorgó permiso a aviones espías estadounidenses
al espacio aéreo mexicano para operaciones de inteligencia, de
vuelos de
drones (aviones no tripulados) desde bases
estadounidenses en apoyo a operaciones militares y de policías
federales mexicanos, como también una amplia gama de aparatos de
alta tecnología para recopilar información de inteligencia. De
manera tal ha sido el uso de los drones incrementándose desde el
2010, que según
The Washington Post las autoridades
mexicanas han comprado sus propios drones
[21]
.
Esto unido al armamento, adquirido de distribuidores y en las
mismas fábricas por los cárteles mexicanos en EEUU, por su
volumen, (imposible de escapar detección), alto calibre, junto con
un probable despliegue de mercenarios y/o fuerzas especiales bajo
cubierta, han sido ingredientes centrales de los esquemas de
“ampliación militar” por la vía de un programa de “estabilización
y reconstrucción” del Departamento de Defensa en curso en México
[22] .
Conformado el enorme trauma
humano que abarrota las morgues del país y la aun más grave
multiplicación de cementerios clandestinos, de lo cual ahora forma
parte Ayotzinapa, entre otros casos como los siguientes, sin que
ahonden las investigaciones en los factores de las muertes
violentas:
·
"Sonora 18 de enero. Cinco cadáveres (dos mujeres y tres
hombres) fueron ubicados entre Rosario Tesopaco y Esperanza, unos
200 kilómetros al sur de Hermosillo, en Sonora, junto a un campo
de tiro, baleados y maniatados.
16 de marzo. Los cuerpos de Rafael Samaniego,
El Lito, Tiburcio
Olivares y dos de sus hijos, Manuel Ángel y Eduardo, aparecieron
sepultados en un ejido cercano a agua prieta. Los tres últimos
habían sido
levantados el 4 de octubre de 2009.
10 de abril. A espaldas de las colonias CTS-CROC
y
Colinas del Sol, una
narcofosa con al menos cuatro
cadáveres fue
descubierta tras una denuncia anónima, en
Nogales.
28 de abril. Se hallan seis cuerpos enterrados clandestinamente
en el ejido Agua Zarca, por la carretera que va de Puerto Peñasco
a Caborca"
[23] .
Así, la guerra contra las drogas ha venido marcando una nueva
manera de intervenir en asuntos internos por parte de Norteamérica
en México, perfilándose como una estrategia global estadounidense
desde 2006. Que toma forma en la doctrina de
guerras
irregulares, a partir de que en 2008, la Estrategia de
Defensa Nacional de Washington ha planteado que <>.
Pero para poder realizar estas metas, las guerras
convencionales, no son la prioridad, además de resultarle más
caras e insostenibles:
-Hasta agosto de 2009, Estados Unidos había gastado más de 173
billones de dólares en la guerra de Afganistán (unos 20 billones
anuales).
-Mantener una semana las guerras de Irak y Afganistán costaba
3.5 billones de dólares en 2009.
-EL nobel Joseph Stiglitz calcula que la guerra de Afganistán
costará más de 3 billones de dólares ($3, 000, 000, 000, 000.00) y
podría llegar a 5 o 7 trillones
[24] .
Por lo tanto, en su intento de controlar a las masas de
inconformes por las políticas económicas neoliberales, y bajar los
costos de la guerra convencional, desde 2009 la Casa Blanca ha
venido reformulando la estrategia de guerra irregular, que tiene
como particularidad: usar fuerzas no militares; guerra de
guerrillas; guerras mercenarias; intervención paramilitar; guerras
contra las drogas. Donde también incluye operaciones mediáticas o
guerras de cuarta generación, impulsadas desde 1991, por el
teórico especialista en guerra, Martín van Creveld, quien publico
"
La transformación de la guerra", en la que planteó que,
ante la ineficacia de los grandes ejércitos, la población podría
ser controlada por medio de una guerra que maneje una combinación
de propaganda y terror: las guerras de cuarta generación, también
llamadas guerras asimétricas o guerras sin fusiles, donde las
operaciones militares son reemplazadas, o complementadas, por
operaciones con unidades mediáticas y operativos sicológicos
dirigidos por expertos en comunicación y psicología de masas
[25] .
Bibliografía
-Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en
México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011.
-Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.”
Editorial el perro y la rana, 2007.
-Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras)
“Movimientos armados en México, siglo XX”. Vol. I, El Colegio de
Michoacán CIESAS, 2006.
-Marini Ruy Mauro
. “La lucha por la democracia en América
Latina”.
www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
-Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico y consumo de
drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN, 1991.
-Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”.
Grijalbo, 2011.
-Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales sobre México y
América Latina”. Trabajo presentado a las
Jornadas
Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos,
Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10,
2009.
-Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México D.F, 2ª
edición 2011.
Hemerografía
La Jornada, “Ajustes en inteligencia entre
México y EU pondrían en
jaque la cooperación:
TWP.
Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el
laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos
Fazio.
La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013.
“Chicomuselo, bajo asedio de mineras”.
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013.
“Reconocen autoridades la incursión de
cárteles de la
droga en la minería: Ap”.
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “De
cárteles y autodefensas”.
Excélsior en línea, especiales. “Cronología: Paso a
paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”. 17-11-2014.
La Jornada en línea,
opinión.
“ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis.
Martes 18 de noviembre de 2014.
González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado,
militarización y contrainsurgencia en México”. Tesis de Maestría,
UNAM, FCPyS. 2014.
Notas
[1] Excélsior en línea, especiales. “Cronología:
Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”.
17-11-2014.
[2] La Jornada en línea, opinión.
“ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis.
Martes 18 de noviembre de 2014.
[3] González Ortiz Ramón César. La Iniciativa
Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México.
Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014. Pág. 63
[4] En la academia militar de West Point, en 1962
Kennedy dejaba en claro sus intenciones: “La subversión es otro
tipo de guerra, nueva en su intensidad aunque de antiguo origen
[…] Estamos obligados a emplear una nueva estrategia para
contrarrestar este tipo de guerra, una fuerza militar diferente,
una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos.”
[5] Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en
Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 89
[6] Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta
Eugenia. (Editoras) “Movimientos armados en México, siglo XX”.
Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.
[7] Ruy Mauro Marini, “La lucha por la
democracia en América Latina”. www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
[8] Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico
y consumo de drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN,
1991. Pp. 54-55
[9] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de
Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 205.
[10] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo
de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág.
142
[11] Ibíd. 265
[12] Ibíd. 296
[13] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos
positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 10
[14] Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México
D.F, 2ª edición 2011. Pág. 74
[15] La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013.
“Chicomuselo, bajo asedio de mineras”.
[16] La Jornada, domingo 1 de dic. De
2013. “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de
la droga en la minería: Ap”.
[17] La Jornada, domingo 1 de dic. De
2013. “De cárteles y autodefensas”.
[18] En Desinformémonos, periodismo de abajo.
“Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las
autonomías”. Por Carlos Fazio.
[19] En Desinformémonos, periodismo de abajo.
“Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las
autonomías”. Por Carlos Fazio.
[20] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El
narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del
averno, 2011. Pp. 46-47 Citado en: González Ortiz Ramón César. “La
Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en
México”. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.
[21] Ibíd. La Jornada,
“Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la
cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013.
Pág. 8
[22] Ibíd. Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales
sobre México y América Latina”. Trabajo presentado a las Jornadas
Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos,
Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10,
2009.
[23] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos
positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 45
[24] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El
narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del
averno, 2011. Pp. 110-111
[25] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El
narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del
averno, 2011. Pp. 124-125
