Jenaro Villamil
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aspirante presidencial del PRI, Verde y
Nueva Alianza, José Antonio Meade, anunció este 24 de enero una
iniciativa de ley para enfrentar “el inaceptable flagelo de la
corrupción”. Lo hace en el momento más difícil de su precampaña: los
escándalos de peculado, transferencia ilegal de recursos y lavado de
dinero que se incrementan y se orientan, sobre todo, a los
exgobernadores del partido que lo postula.
De los 19 gobernadores priistas que acompañaron a Enrique Peña Nieto
en su toma de posesión, en diciembre de 2012, 11 se enfrentan a cargos
por corrupción. Tan sólo en el caso de Javier Duarte, exmandatario de
Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación ha calculado
irregularidades en 36 mil millones de pesos del presupuesto.
En Chihuahua, el exmandatario prófugo César Duarte dejó al menos mil
200 millones de pesos de desvío de fondos. Y el exgobernador de Quintana
Roo, Roberto Borge, es acusado por un presunto quebranto que asciende a
900 millones de pesos, sólo por la compra-venta ilegal de terrenos, sin
incorporar los 2 mil 700 millones de pesos de desvíos de recursos que
documentó el Congreso.
El mismo día que Meade presentó sus medidas anticorrupción, el fiscal
general de Nayarit anunció que abrieron 400 averiguaciones previas y
carpetas de investigación contra el exgobernador priista Roberto
Sandoval, mientras que en Estados Unidos continúan las demandas de
extradición en contra de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás
Yarrington y Eugenio Hernández, ambos detenidos.
Según la propuesta de Meade, para combatir la corrupción se requieren
tres elementos centrales: recuperar el dinero, propiedades y todos los
bienes de los acusados de corrupción para canalizarlos a un fondo
nacional para becas para niños, niñas y mujeres; aumentar las penas a
los funcionarios públicos deshonestos, y hacer obligatoria la
certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores.
Según Meade, su iniciativa no tiene precedentes, y para dar una
muestra clara de que habla en serio, dijo, “no voy a esperar a que
termine la elección para trabajar en una iniciativa formal que acabe de
una vez por todas con la corrupción; en vez de prometer hay que ponernos
a trabajar, eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos”.
El texto de la iniciativa aún no se conoce a detalle, pero el
contexto de su iniciativa anticorrupción es muy claro: Meade está en el
ojo del huracán de una cleptocracia que hará todo lo posible para
aferrarse al poder y encubrir unos a otros.
Meade propone, pero no problematiza. Promete, pero no actúa. Enuncia,
pero no concreta. Al contrario, su iniciativa parece un gran acto
escapista frente a al menos 10 problemas candentes relacionados con la
corrupción y ante los que no se ha pronunciado:
1. En primer lugar, el escándalo Odebrecht que involucra, al menos, a
las dos últimas administraciones para las que trabajó: la de Felipe
Calderón y la de Enrique Peña Nieto.
2. El papel de la Secretaría de Hacienda –de la que fue titular en
los dos sexenios- en el desvío de fondos públicos para las campañas
electorales del PRI en varios estados. La investigación del gobierno de
Javier Corral sobre la “Operación Zafiro” en Chihuahua involucra a no
menos de cuatro gobiernos estatales y a la propia dependencia que heredó
de Luis Videgaray.
3. El principal problema de la corrupción desde 2000 a la fecha
radica en el encarecimiento de los procesos electorales y las
estrategias de los partidos políticos y funcionarios para desviar
recursos públicos en la compra del voto, en la inhibición del sufragio y
en pagar a través de monederos electrónicos. De esto no dice nada la
iniciativa de Meade.
4. Nada menciona tampoco de la llamada Estafa Maestra, un escándalo
de triangulación de recursos públicos que involucra a la Sedesol –que
encabezó también Meade– y a varias universidades públicas estatales. Por
el contario, el vocero del aspirante priista envió mensajes
intimidatorios a portales informativos como Animal Político que han
seguido con esta investigación.
5. Nada menciona Meade del papel de la iniciativa privada y de las
grandes empresas que se han prestado a los enjuagues de corrupción,
sobreprecios en licitaciones y contratos de obra pública para desviar
recursos. Ahí están los escándalos de OHL o de Grupo HIGA, por mencionar
los más conocidos.
6. Para Meade es inexistente el Sistema Nacional Anticorrupción
creado en este sexenio y que ha quedado incompleto ante la ausencia de
un fiscal anticorrupción y el desastre del modelo de Fiscalía General.
7. El presidente Enrique Peña Nieto anunció hace más de dos años, al
calor del escándalo de la Casa Blanca, un decálogo de corrupción, pero
Meade ni lo menciona ni lo valora, como si todo surgiera de la nada.
8. Durante todo un sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda prácticamente ignoró los grandes casos de
lavado de dinero. Su extitular Alberto Bazbaz ahora dirige el CISEN, y
bajo las órdenes de Meade prácticamente no hizo nada.
9. En Bansefi, institución dirigida por su amigo Virgilio Andrade,
clonaron tarjetas electrónicas con los recursos destinados para ayudar a
los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Al menos 68
millones de pesos han “desaparecido”. De esto no ha dicho nada Meade.
10. Si existiera un mínimo de compromiso para enfrentar la
corrupción, el aspirante priista podría anunciar que su coalición
renunciará al reparto de tarjetas electrónicas que en los comicios
estatales del Estado de México y de Coahuila demostraron ser la pista
más grave del fraude y la corrupción.
Este decálogo elemental, Meade lo ignoró. Quizá porque está más
enredado por una cleptocracia de lo que él mismo está dispuesto a
aceptar.
16.1.18
Tiempos turbulentos
Manuel Aguilar Mora
2017, el penúltimo año del terrible sexenio priista de Enrique Peña Nieto terminó, en concordancia completa con el carácter funesto que ha determinado todo su gobierno. Eso fue la aprobación en noviembre y diciembre por los senadores y diputados de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, en completa contradicción con la Constitución vigente, legaliza el despliegue de la acción represiva del ejército y la marina en todo el territorio nacional. México, una república en la que formalmente no hay una guerra, ha sido azotado en 2017 por una oleada de violencia que se equipara con la de la infortunada Siria, envuelta en una sangrienta guerra, en todos los índices macabros de muertos, desaparecidos y su cauda de daños colaterales como los feminicidios, periodistas asesinados, secuestros, violaciones e impunidad rampante. Los índices terribles han llegado a cifras records: más de 27 mil muertes dolosas (80 asesinados al día, 2 mil muertes como media mensual), decenas de miles de desaparecidos (la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa en 2014 todavía no es esclarecida ) y la decisión de Peña Nieto de darle patente de corso a los militares viene a ensombrecer aun más este siniestro panorama al convergir con el otro acontecimiento fundamental que hace del año que se inicia una fecha clave de la política nacional: las elecciones generales de julio del 2018.
Elecciones “democráticas” en un país militarizado
Durante las últimas semanas de 2017 hubieron numerosas protestas, marchas, mítines, declaraciones públicas (por ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) y todo tipo de actos que se pronunciaron contra la promulgación de la LSI por parte de las autoridades. La cuestión desbordó las fronteras nacionales declarándose en contra de la LSI el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y otras prestigiadas organizaciones, todas ellas enfatizando las violaciones a los derechos humano que muchos de sus artículos representan y señalando las consecuencias catastróficas de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Vana ilusión, la aplanadora oficialista en el Congreso acabó imponiéndose con la votación de los priistas, de sus aliados (como los verdes) e incluso legisladores panistas que, a pesar de sus ataques políticos al PRI, confluyen con éste en temas clave de la agenda conservadora. La consigna de Peña Nieto a los legisladores de su partido no dejaba dudas: hay que aceptar y aprobar la iniciativa de ley sobre la seguridad interior para dar gusto a los militares que son más exigentes y quienes a su vez responden a las demandas de sus colegas del Pentágono que influyen e intervienen cada vez más en las decisiones de las Fuerzas Armadas mexicanas.
La interpretación política prácticamente unánime de los observadores independientes de los medios es que la promulgación de la LSI por parte de Peña Nieto está orientada a profundizar, con un marco “legal”, la militarización del país en gran medida debido a la situación que es previsible se presente ante la muy probable crisis electoral del primer domingo del próximo julio. Una crisis electoral anunciada ante la evidente lamentable situación del Instituto Nacional Electoral (INE) controlado sin tapujos por el partido gobernante de Peña Nieto, el corrupto y desprestigiadísimo PRI. Tanto nacionales como internacionales, estas interpretaciones coinciden sin apelación ante el tsunami de hechos que las sustentan: la controvertida LSI de Peña Nieto, que solamente espera la hoja de parra de su aprobación casi segura de la Suprema Corte de Justicia, viene a coronar una situación que se originó hace dos décadas con la salida de los militares de sus cuarteles para intervenir en actividades policiacas contra “el crimen organizado” que se convirtió en el gobierno panista de Felipe Calderón (2006-12) en una feroz embestida represiva contra una oleada de descontento popular producida por las consecuencias de las fraudulentas elecciones de 2006.
Este reforzamiento del poderío de los militares en la vida política nacional que representa la LSI, cuyo texto base enviado al Congreso por Peña salió precisamente de las oficinas de la Secretaria de la Defensa Nacional, ha sido percibido así en México en forma casi unánime, por supuesto si exceptuamos a las opiniones oficialistas. Por ejemplo esta es la conclusión que se saca en el documentado reportaje “La Ley de Seguridad Interior: el ejército avasalla” en la revista Proceso, (17.12.2017) una de las publicaciones independientes más leídas del país. Y en el extranjero también ha habido esa percepción como se constata en reportajes excelentes en diversos órganos, como por ejemplo el de Eliana Gilet “La hora verde. México refuerza el poder militar sobre las instituciones civiles”, publicado en el uruguayo Brecha (29.12.2017) y reproducido en la red por el Boletín Informativo:Correspondencia de Prensa.
Como puede aquilatarse, este coctel explosivo de unas “elecciones democráticas” realizadas mientras se profundiza el proceso de la militarización, ahora “legalizada”, del país es de pronósticos reservados.
Tres bloques burgueses
Existe así una situación paradójica en la cual se mezcla de manera contradictoria la muy burguesa democracia mexicana (y no sin adjetivos, como quieren Enrique Krauze y sus amigos) con sus constantes jornadas electorales y cuyo pilar es indudablemente el INE, la institución matriz de corrupción y fraude asentada en una bolsa de miles de millones de pesos de donde se nutren abundantemente todos los partidos “registrados” con la realidad política de un país en donde el “partido” de los militares ha acumulado y conquistado espacios en donde disponen de gran influencia y poderío. Esta situación constituye un verdadero oximoron político: una democracia burguesa militarizada o una militarización “democrática”. En este escenario van a actuar los principales protagonistas de las elecciones del julio que son los tres bloques electorales burgueses ya constituidos y en plena campaña electoral desde diciembre. Los mismos están encabezados por los candidatos de los tres principales partidos burgueses: el PRI con José Antonio Meade, el PAN con Ricardo Anaya y Morena con Andrés Manuel López Obrador.
El bloque del partido que detenta el poder presidencial adoptó el personalísimo título de “Meade Ciudadano por México” y lo integran el propio PRI y sus aliados el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Verde. Peña Nieto y su asesor político principal, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, decidieron enfrentar el enorme reto que tienen ante el gigantesco desprestigio del PRI que en las encuestas aparece como seguro perdedor, escogiendo como su sucesor a un personaje que formalmente no es priista sino perteneciente a una familia de larga estirpe panista. Meade es un tecnócrata puro salido de los cubículos de las instituciones financieras: su padre fue el primer presidente del IPAB (Instituto de Protección del Ahorro Bancario) el engendro en que acabó en los años noventa la operación multimillonaria del rescate bancario con motivo de la grave crisis financiera de 1994. El joven Meade, empezó su carrera de tecnócrata contratado por su padre para fungir como secretario del mencionado IPAB y desde entonces se fue encumbrando como un servicial funcionario de los gobiernos tanto panistas como priistas. Con Peña fue miembro de su gabinete y titular de tres secretarias de estado: Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. La operación de la forja de la candidatura de Meade es el reconocimiento patente que hacen los propios priistas que ya son impresentables y también es un claro guiño a los sectores panistas de lo que se ha venido en llamar el PRIAN. Como es fácil de imaginar cuenta con el apoyo decidido de los integrantes del Consejo Económico Empresarial, organismo cúpula de los capitalistas más importantes de México.
El PAN, con su ex presidente y ahora candidato Ricardo Anaya ha logrado constituir una coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano con el nombre de “Por México al Frente”. El éxito que significa para el PAN lograr atraer al PRD a una coalición encabezada por su líder significa un importante logro. El PAN adquiere una imagen centrista que disfraza su tradicional postura de la derecha clásica, mientras que el PRD culmina su deriva hacia la derecha que el progresismo de origen nacionalista (neocardenista), lombardista y de diversos grupos de directa procedencia estalinista y hasta algunos personajes provenientes del trotskismo, han venido recorriendo abiertamente desde, por lo menos, el año 2000. La coalición tiene sus fricciones y hereda, por supuesto, los fardos de sus componentes, sus vínculos con la corrupción, los personajes desprestigiados que ya comenzaron a aparecer como en Guerrero en donde el PRD ha tenido el cinismo de ofrecerle una candidatura a diputado a Ángel Aguirre Rivero, quien debió renunciar como gobernador del estado con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La voraz ambición de Anaya y su capacidad contorsionista lo hacen un candidato competitivo. Esta coalición tiene la potencialidad de proporcionar el factor de cambio que pueden necesitar los sectores burgueses dominantes que se vean obligados a optar por una alternativa más creíble que la representada por Meade con el desgastadísimo PRI.
El tercer bloque es el de López Obrador (AMLO) compuesto por su partido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) cuya denominación es “Juntos Haremos Historia”.
Es éste el bloque político cuyo protagonismo será clave en las jornadas de este año.
Las antinomias de AMLO
AMLO será en 2018 por tercera ocasión candidato presidencial. Como en 2006 y en 2012, de nuevo es el candidato que encabeza todas las encuestas como el preferido por parte de amplias capas populares. Tanto en la primera como en su segunda participación como candidato presidencial del PRD fue el hombre a vencer por parte de los dos partidos más directamente representantes de los grandes sectores capitalistas el PRI y el PAN. En ambas ocasiones perdió, en especial en 2006, por escasísimos márgenes de votación. La sombra del fraude se elevó sobre las dos victorias, la panista en 2006 y la priista 2012.
A partir de su ruptura con el PRD y ahora postulado por el novísimo Morena el partido hecho a su imagen y semejanza fundado en 2013, su objetivo fundamental es el de presentarse ante los grupos poseedores dominantes como una alternativa creíble y necesaria ante la evidente decadencia priista. Sus credenciales al respecto son intachables. Tanto en 2006 como en 2012, el enorme caudal de apoyo electoral que recibió con sus posturas críticas a la política dominante no se reflejó, ni de lejos, en movilizaciones y en la organización de una verdadera oposición radical: “no se rompió un solo vidrio” se jactó él. Desde el 2000, electo como jefe de gobierno del Distrito Federal, surgió como un personaje de gran influencia política y definió su oposición como estrictamente electoral. Desde entonces no ha dañado ni impedido la puesta en práctica de la aplanadora neoliberal. Repetimos, limitándose a los tiempos electorales, AMLO promovió tímidamente la organización de movilizaciones contra las leyes privatizadoras de los recursos energéticos, no apoyó efectivamente la lucha de los maestros contra la reforma educativa. Su rompimiento con el PRD se hizo de manera respetuosa sin que mediara una fuerte crítica ya que había sido en 2012 su candidato presidencial y a pesar de que inmediatamente después la cúpula perredista se desbordó con todas sus fuerzas hacia el apoyo del Pacto por México propuesto por Peña Nieto en el inicio de su gobierno. Con motivo de la LSI fue conspicua la ausencia de sus críticas incisivas a las Fuerzas Armadas. Como sucede con sus denuncias a la corrupción, éstas se refieren ante todo a los políticos pero en sus discursos la crítica a la fuente fundamental de corrupción que son las grandes corporaciones capitalistas (como Odebrecht que salpicó la campaña de Peña Nieto en 2012) sólo aparece de pasada y sin énfasis.
AMLO como tribuno se atreve a enfocar problemas espinosos. En esto se adelanta a los otros candidatos. Por ejemplo en el caso de la guerra contra el narcotráfico, una cuestión candente, ha hecho declaraciones muy polémicas. Como ésta: “De ganar la presidencia en la mitad de mi gobierno acabaré la guerra contra el narco” o esta otra: “estoy dispuesto a amnistiar a narcos encarcelados”. Ciertamente el tema es de una importancia colosal teniendo en cuenta el poderío que han adquirido las bandas de narcotraficantes, muchas de ellas filtradas ya directamente en los partidos y en los tres niveles de gobierno. Pero aquí el problema es la falta de claridad o de plano la total ausencia de ideas y estrategias a seguir de modo concreto para lograr esos resultados. El fracaso de la guerra contra el narcotráfico es reconocido por el propio gobierno de Washington, en especial por los especialistas del Pentágono. Igualmente se reconoce que ha sido México el país que ha pagado más caro los costos de esta guerra. Pero AMLO, a pesar del mérito de aceptar entrarle al tema que los otros eluden y reconocer que la estrategia panista y priista ha fracasado, él también adolece de una estrategia concreta para erradicar esta terrible fuente de corrupción y violencia: no dice nada de la legalización o no de las drogas, se refiere al éxito durante su gobierno en la ciudad de México pero es obvio que el problema a nivel nacional es mucho mayor que al nivel local. No basta con decir que con el crecimiento económico, con la generación de empleos y con políticas de desarrollo social se superará la plaga del narcotráfico. Se necesita aterrizar en las cuestiones concretas vinculadas a políticas que ataquen a poderosos grupos que lucran con capitales gigantescos y se incrustan en los círculos financieros en el lavado de su dinero. Se necesita una política radical que vaya a la fuente primordial de la llaga abierta de la descomposición social: la experiencia misma en el seno de la sociedad violenta, deshumanizada y mercantilizada del capitalismo.
Las elecciones del año pasado en el estado de México, el más populoso del país, fueron una prueba muy importante que no augura nada positivo para la estrategia de AMLO de hacer depender toda su política de una victoria en las urnas que lo lleve a ocupar la silla presidencial. En dichas elecciones mexiquenses el PRI, a pesar de que perdió más de un millón de votos en comparación con las elecciones estatales anteriores, se alzó con la victoria de su candidato a gobernador. AMLO y Morena protestaron y denunciaron un fraude pero se abstuvieron de iniciar la movilización de una verdadera campaña masiva contra él. Y el argumento fue el mismo “en julio de 2018 será diferente”.
Pero las acciones políticas dicen otra cosa que los discursos incendiarios que AMLO pronuncia en los mítines de sus constantes recorridos (lleva casi veinte años haciéndolos) que hace por todo el país. En la presentación del gabinete presidencial que propondrá en caso de su victoria, AMLO ha incluido a prominentes políticos que son antiguos miembros del PRI y se ha rodeado con asesores igualmente prominentes que fueron también colaboradores de los gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y ya en el colmo del electoralismo más crudo al final del año AMLO sorprendió e irritó a muchos de sus propios partidarios y potenciales votantes con el pacto de alianza electoral que realizó con el PES, un partido caracterizado por sus posiciones de extrema derecha cuya cúpula no esconde sus posiciones religiosas evangélicas reaccionarias. Pero según AMLO, contradiciéndose con declaraciones suyas anteriores, no “hay diferencias importantes entre el PES y Morena”
¿Cómo compaginar ese actuar político con muchas declaraciones que lo contradicen por completo? Por ejemplo el 31 de diciembre en su gira por Yucatán AMLO declaró: “La alternativa de partidos no es la solución. Está un partido en el gobierno, entra otro, pero sigue el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso hablamos de un cambio verdadero de régimen, ya la alternancia no sirve, hace falta que cambie el régimen político”. Sí, así es, pero como se puede preparar ese “cambio de régimen político” sin las movilizaciones de las masas y dependiendo del todo de una votación que se hará bajo las condiciones de un aparato electoral, el INE, que el propio AMLO reconoce como promotor de fraudes y de falsificación de resultados enteramente bajo el control de Peña Nieto y el PRI. Con AMLO se trata en realidad de la postura característica del caudillaje político tradicional que tiene profundas raíces en el país. La cuestión se reduce pues a plantear si dicha postura podrá prosperar en el México del siglo XXI de la misma forma en que funcionó en el siglo XIX e incluso en buena parte del XX.
Por supuesto, AMLO es el blanco de los ataques más desaforados de las cúpulas priistas y panistas, aunque el panista Anaya ha matizado recientemente declarando que está de acuerdo en el diagnóstico de AMLO aunque discrepa de sus propuestas. En 2006 y en menor medida en 2012 la campaña mediática contra AMLO presentándolo como “un enemigo de México”, como “otro Chávez” tuvo en verdadero impacto en grupos amplios de la población. Actualmente ya no será tan efectiva. El hartazgo popular con la dominación priista y panista le dan a AMLO enormes caudales de apoyo e incluso en sectores burgueses medios y hasta ciertos personajes de los círculos más altos reconocen la posibilidad de su triunfo el 1° de julio próximo.
Los independientes y los márgenes
La novedad de las elecciones de julio de 2018 será la existencia de candidatos independientes sin partido. Se han inscrito una docena de precandidatos presidenciales independientes pero las condiciones para que aparezcan en las boletas el 1° de julio son draconianas. Se les exige más de 800 mil firmas distribuidas en 17 estados, una operación que hasta el momento sólo están en posibilidad de conseguir dos de las precandidaturas inscritas. Ellas son la de Jaime Rodríguez Calderón, llamado El Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León, sede del poderoso grupo financiero de Monterrey y la de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Para diciembre estos dos precandidatos eran quienes más habían avanzado en la recolección de firmas: Rodríguez había superado la barrera de los más de 800 mil y Zavala se acercaba con la mitad de las firmas exigidas.
También como aspirante a candidata independiente se inscribió María de Jesús Patricio, más conocida como Marichuy. Fue elegida por el Congreso Nacional Indígena con el apoyo del EZLN, como su vocera y candidata presidencial en 2018. Se trata de una candidatura testimonial que tiene el mérito de expresar la voz política de los sectores más explotados y marginados de México que siguen siendo los indígenas. Es la única expresión independiente con una relativa audiencia de masas que se oirá en esta orgía de demagogia que serán las campañas electorales por completo monopolizadas por alternativas burguesas, ante la ausencia de organizaciones políticas de masas, sindicales o de otro tipo que expresen políticamente los intereses de los trabajadores. La población indígena representa poco más del 10 por ciento de la población y con el surgimiento y permanencia del EZLN y el Consejo Nacional Indígena ha logrado conquistar un espacio político independiente. El reto que tienen sus apoyos es muy grande. Para empezar está la difícil tarea de conseguir las firmas para que Marichuy aparezca en las boletas, lo cual todavía podría lograrse ampliando su audiencia retomando y dándole voz a las demandas e intereses de numerosos sectores en los grandes centros urbanos que simpatizan y se solidarizan con la lucha indígena.
Varios de los grupos pertenecientes a la izquierda socialista y revolucionaria han adoptado como postura ante las elecciones de julio dar su apoyo a Marichuy. A diferencia de otras jornadas electorales, en esta ocasión no estará presente ninguna alternativa independiente que represente una candidatura abierta y declaradamente socialista. No obstante ello las condiciones para el reagrupamiento de sectores socialistas serán más propicias en las situaciones favorables que se presentarán en los próximos meses. De hecho ese fue el objetivo de varias reuniones del Foro Socialista surgido a fines de 2016.
Los trabajadores, las masas de proletarios explotados y oprimidos de millones de mexicanos siguen siendo un conglomerado social sin voz ni personalidad propias, sin consciencia de clase. Esta ausencia ha sido una de las peculiaridades del desarrollo del movimiento de los trabajadores desde la Revolución mexicana de hace más de cien años. También aquí las condiciones para la superación de este rezago histórico las está abonando el gran descontento producido por el deterioro constante del bienestar social y que se profundiza en todo el país. Ese el campo de cultivo en donde crecen y florecen amplias demostraciones de protestas e incluso rebeliones. Motivos no faltan. Así como 2017 comenzó con amplias protestas contra ungasolinazo, el presente inicio de año ya es saludado con protestas contra varios atracos a la economía popular: un nuevo gasolinazo, un tortillazo (alza del precio de las tortillas) y una devaluación del peso (se ha llegado al tipo de cambio de 20 pesos por dólar) que encarece bruscamente la vida, en especial en los estados fronterizos del norte.
La profunda incertidumbre
El oxímoron político que se está desarrollando ha surgido para mantener la estabilidad del régimen pero no garantiza resultados seguros. Pero esa contradicción es la razón misma de su existencia. La raíz profunda de esta situación paradójica es la debilidad de las tradiciones democrático-burguesas en el país consecuencia directa de la larga dictadura del régimen de partido único de facto que fue el imperio del PRI y sus antecesores en el siglo pasado. La burguesía, sus grupos dominantes, son el producto de esa larga dictadura de facto. Los ensayos de “transición democrática” para crear un sistema parlamentario que en el 2000 se intentaron como la solución a la decadencia priista no carecieron de recursos de todo tipo proporcionados por políticos, periodistas, ideólogos, etc. que tuvieron a su disposición toda clase de medios de comunicación para hacer llegar su mensaje. Incluso fueron aconsejados y apoyados por la Casa Blanca en esa época ocupada por Clinton. Pero el primer gobierno panista, el de Fox, convirtió en una caricatura la tan cacareada “transición democrática” y el siguiente gobierno panista de Calderón preparó la restauración priista que representa Peña Nieto.
Así en 2018 los diversos escenarios que anuncia la ruda competencia electoral de los tres bloques burgueses podría conducir a un desbordamiento e incluso el estallido del ya muy debilitado y desprestigiado INE. Si los dinosaurios priistas intentaran mantener entronizado mediante una reelección fraudulenta a su partido, el peligro de tal desbordamiento y estallido es muy posible. También sería arriesgado el recurso de último momento, como ya sucedió en 2006, de resucitar al PRIAN para apoyar al candidato mejor colocado, situación que se puede dar si en el proceso electoral quedan como los dos punteros Anaya y AMLO. Finalmente la posibilidad de que los grupos dominantes acepten la creíble victoria de AMLO conseguida con una aplastante votación tendría consecuencias alarmantes para los sectores más ultras de la oligarquía. Como se aprecia el país se adentra en una coyuntura en la cual reina una gran incertidumbre. La situación explica también la militarización como resultado natural del fracaso de la “transición democrática” que ha quedado hecha añicos.
La dimensión internacional
México se encuentra en el centro de un espacio geopolítico en el cual se cruzan tendencias muy disímbolas y cada vez más conflictivas y determinantes. En primer lugar es el país fronterizo sureño directo de la potencia hegemónica del planeta. Los más de tres mil kilómetros que lo unen a EUA son la marca geopolítica central que ha determinado en gran parte su historia. La llegada de Donald Trump a Washington, quien en su campaña electoral declaró que México era uno de “los enemigos de EUA”, ha tenido importantes consecuencias. Peña y el grupo gobernante fueron de sorpresa en sorpresa ante las erráticas e imprevisibles declaraciones y acciones del energúmeno de la Casa Blanca. Sus reacciones fueron irrisorias y mostraron que tanto servilismo hacia los amos imperialistas les habían desprovisto por completo de la mínima capacidad para enfrentar el reto que Trump representa. La decisión de Trump de acabar la construcción de un muro, iniciado por los presidentes anteriores, en toda la frontera para contener el flujo migratorio, fue el asunto más obviamente publicitado. Pero no era lo más importante. Por supuesto tendrá, ya está teniendo, muchas consecuencias pero para el gobierno mexicano y para la población en general más importantes que la construcción del muro fronterizo fueron las decisiones de Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) de los tres países de América del norte y la cuestión de los inmigrantes.
Los más de veinte años que lleva el TLCAN han estrechado, de hecho prácticamente soldado, a las dos economías. Las rondas de discusión interminables realizadas han mostrado que Trump ha debido entender que simplemente vociferar sobre un tema no equivale a solucionarlo. Para la economía de México es fundamental su relación con EUA, pero este país tampoco puede cortar tajante y unilateralmente sus vínculos con la economía mexicana. El impacto ha sido tan fuerte que los capitalistas y el gobierno mexicanos se han percatado de la necesidad de buscar soluciones que superen la dependencia exacerbada de la economía con EUA.
Uno de los efectos más importantes de estas rondas de negociación es la presión de los sindicatos estadounidenses que obligaron a los funcionarios de su gobierno a poner sobre la mesa de discusión la necesidad de subir los salarios de los trabajadores mexicanos para colmar la enorme brecha que actualmente existe entre los niveles salariales de los dos países (tres si incluimos a Canadá). Obviamente el gobierno mexicano pondrá todos los obstáculos necesarios para evitar que estas exigencias se realicen pero son señales muy evidentes de que el TLCAN está forjando una percepción entre las clases trabajadoras de los tres países de la identidad de sus intereses.
La debilidad del gobierno mexicano ante Trump se puso de manifiesto con motivo de las reuniones internacionales en las que Luis Videgaray, el personaje más influyente del gobierno de Peña, impuso un retroceso completo a la diplomacia mexicana operando como cómplice descarado de la política de Washington contra el gobierno de Venezuela y absteniéndose en la votación de la ONU en relación a la decisión de Trump de trasladar a la embajada de EUA a Jerusalem para convertirla en la capital de Israel.
Por el sur, México es vecino directo de una de las regiones más conflictivas del planeta, el llamado “triángulo de la violencia” integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. La frontera sur ha sido en las dos últimas décadas la puerta para las decenas de miles de inmigrantes de Centro y Suramérica, del Caribe e incluso de África que atraviesan con grandes penalidades todo México para llegar a la frontera norte en busca de los dólares que no consiguen en sus países. El mal trato a los inmigrantes indocumentados por parte de las autoridades mexicanas ha sido proverbial y objeto de críticas y censuras nacional e internacionalmente. Han sido víctimas de asesinatos, incluso masacres de grupos, violaciones, secuestros y toda clase de vejaciones tanto por parte de los aparatos represivos oficiales como de las bandas de delincuentes que abusan de su situación vulnerable.
Para el control de este flujo de humanidad sufriente los cuerpos represivos se han coordinado internacionalmente, actuando como organizador principal el Pentágono. La estrategia continental del Pentágono a través de su Comando Sur coloca al ejército mexicano en esta región junto con los ejércitos de los tres países centroamericanos dentro de una “estrategia de seguridad” de toda la región como se atestigua en el Plan Puebla-Panamá y integrado por delegaciones de carácter económico pero también militar de todos los países centroamericanos, de Colombia y los estados del sureste mexicano.
Las condiciones sociales tan precarias de gran parte de las poblaciones de estos países son especialmente lamentables en el mencionado “triángulo de la violencia”. Honduras es el país en donde las luchas políticas se han exacerbado en los últimos tiempos. A fines del año 2017 estos conflictos llegaron al borde de una guerra civil, con motivo del fraude cometido en las elecciones presidenciales de mediados de año por el gobierno de Juan Orlando Hernández, el característico presidente bananero al servicio de los intereses imperialistas, que se reeligió violando descaradamente la Constitución vigente. Ya anteriormente otro golpe de estado “blando” había derrocado al presidente Manuel Zelaya en 2009 con el aval del Departamento de Estado. Ahora se repitió el escenario en el que la embajada de EUA en Tegucigalpa validó la reelección de Hernández como el verdadero poder vigente que reina en el país sureño.
Como se aprecia, los factores muy parecidos a los presentes en México también se encuentran en otros países, expresándose de acuerdo a sus circunstancias específicas. Este es el escenario geopolítico en que los acontecimientos de 2018 se insertan desde hoy, un escenario de situaciones imprevisibles, llenas de peligrosos riesgos pero también de oportunidades grandiosas.
A cincuenta años de 1968
En 2018 se celebrará el cincuenta aniversario del movimiento estudiantil-popular de 1968 que marcó a ese año como un hito en el último tercio del siglo XX. No sólo en México se presenció esa manifestación de rebeldía de la juventud. En muchos otros países de Europa, América y Asia se dieron movimientos parecidos, pero sólo aquí el movimiento fue aplastado por una masacre como la de la noche de Tlatelolco. Fue un movimiento que sucedió cuando el imperio del PRI encabezado por uno de los personajes más siniestros de la historia mexicana, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, se encontraba en su cúspide. La audacia y el coraje de esos jóvenes iniciaron un cambio fundamental en el país que a pesar de la mortífera cortina de metralla del 2 de octubre y los enormes obstáculos que enfrentó no pudo ser revertido. El anhelo de democracia que expresaron con sus movilizaciones y la denuncia radical a la dictadura priista no pudieron ser socavados y aunque demasiado lentamente acabaron por abrir canales de expresión democrática y territorios de libertad que cambiaron al país en los años ochenta y noventa. De hecho la “transición democrática” concebida por la cúspide del poder en el año 2000 no se explica sin las luchas y movilizaciones que detonaron a partir de 1968.
Pero la tarea sigue incompleta. Aunque expresados de modo diferente pues no en balde ha transcurrido medio siglo, los desafíos que enfrentamos hoy siguen siendo los mismos. La real y verdadera democratización de México. Y hoy cuando mucho es lo que se ha aprendido desde ese año histórico, el impulso para lograr ese objetivo es ya evidente que corresponderá no a los sectores poseedores y gobernantes actuales sino a los sectores populares. Una democracia forjada por quienes no tienen vínculos con los que medran y mantienen posiciones de poder basado en la explotación y en la subordinación a los intereses oligárquicos e imperialistas.
Entramos a otro capítulo de la historia de México. El de la lucha que garantizará el triunfo de ese profundo anhelo libertario. El cual se logrará con la organización independiente, democrática y revolucionaria que convoque y oriente las luchas de los trabajadores y sus aliados los oprimidos hacia la transformación del país en una república popular e igualitaria fundada en principios anticapitalistas e internacionalistas, en suma socialistas.
2017, el penúltimo año del terrible sexenio priista de Enrique Peña Nieto terminó, en concordancia completa con el carácter funesto que ha determinado todo su gobierno. Eso fue la aprobación en noviembre y diciembre por los senadores y diputados de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, en completa contradicción con la Constitución vigente, legaliza el despliegue de la acción represiva del ejército y la marina en todo el territorio nacional. México, una república en la que formalmente no hay una guerra, ha sido azotado en 2017 por una oleada de violencia que se equipara con la de la infortunada Siria, envuelta en una sangrienta guerra, en todos los índices macabros de muertos, desaparecidos y su cauda de daños colaterales como los feminicidios, periodistas asesinados, secuestros, violaciones e impunidad rampante. Los índices terribles han llegado a cifras records: más de 27 mil muertes dolosas (80 asesinados al día, 2 mil muertes como media mensual), decenas de miles de desaparecidos (la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa en 2014 todavía no es esclarecida ) y la decisión de Peña Nieto de darle patente de corso a los militares viene a ensombrecer aun más este siniestro panorama al convergir con el otro acontecimiento fundamental que hace del año que se inicia una fecha clave de la política nacional: las elecciones generales de julio del 2018.
Elecciones “democráticas” en un país militarizado
Durante las últimas semanas de 2017 hubieron numerosas protestas, marchas, mítines, declaraciones públicas (por ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) y todo tipo de actos que se pronunciaron contra la promulgación de la LSI por parte de las autoridades. La cuestión desbordó las fronteras nacionales declarándose en contra de la LSI el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y otras prestigiadas organizaciones, todas ellas enfatizando las violaciones a los derechos humano que muchos de sus artículos representan y señalando las consecuencias catastróficas de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Vana ilusión, la aplanadora oficialista en el Congreso acabó imponiéndose con la votación de los priistas, de sus aliados (como los verdes) e incluso legisladores panistas que, a pesar de sus ataques políticos al PRI, confluyen con éste en temas clave de la agenda conservadora. La consigna de Peña Nieto a los legisladores de su partido no dejaba dudas: hay que aceptar y aprobar la iniciativa de ley sobre la seguridad interior para dar gusto a los militares que son más exigentes y quienes a su vez responden a las demandas de sus colegas del Pentágono que influyen e intervienen cada vez más en las decisiones de las Fuerzas Armadas mexicanas.
La interpretación política prácticamente unánime de los observadores independientes de los medios es que la promulgación de la LSI por parte de Peña Nieto está orientada a profundizar, con un marco “legal”, la militarización del país en gran medida debido a la situación que es previsible se presente ante la muy probable crisis electoral del primer domingo del próximo julio. Una crisis electoral anunciada ante la evidente lamentable situación del Instituto Nacional Electoral (INE) controlado sin tapujos por el partido gobernante de Peña Nieto, el corrupto y desprestigiadísimo PRI. Tanto nacionales como internacionales, estas interpretaciones coinciden sin apelación ante el tsunami de hechos que las sustentan: la controvertida LSI de Peña Nieto, que solamente espera la hoja de parra de su aprobación casi segura de la Suprema Corte de Justicia, viene a coronar una situación que se originó hace dos décadas con la salida de los militares de sus cuarteles para intervenir en actividades policiacas contra “el crimen organizado” que se convirtió en el gobierno panista de Felipe Calderón (2006-12) en una feroz embestida represiva contra una oleada de descontento popular producida por las consecuencias de las fraudulentas elecciones de 2006.
Este reforzamiento del poderío de los militares en la vida política nacional que representa la LSI, cuyo texto base enviado al Congreso por Peña salió precisamente de las oficinas de la Secretaria de la Defensa Nacional, ha sido percibido así en México en forma casi unánime, por supuesto si exceptuamos a las opiniones oficialistas. Por ejemplo esta es la conclusión que se saca en el documentado reportaje “La Ley de Seguridad Interior: el ejército avasalla” en la revista Proceso, (17.12.2017) una de las publicaciones independientes más leídas del país. Y en el extranjero también ha habido esa percepción como se constata en reportajes excelentes en diversos órganos, como por ejemplo el de Eliana Gilet “La hora verde. México refuerza el poder militar sobre las instituciones civiles”, publicado en el uruguayo Brecha (29.12.2017) y reproducido en la red por el Boletín Informativo:Correspondencia de Prensa.
Como puede aquilatarse, este coctel explosivo de unas “elecciones democráticas” realizadas mientras se profundiza el proceso de la militarización, ahora “legalizada”, del país es de pronósticos reservados.
Tres bloques burgueses
Existe así una situación paradójica en la cual se mezcla de manera contradictoria la muy burguesa democracia mexicana (y no sin adjetivos, como quieren Enrique Krauze y sus amigos) con sus constantes jornadas electorales y cuyo pilar es indudablemente el INE, la institución matriz de corrupción y fraude asentada en una bolsa de miles de millones de pesos de donde se nutren abundantemente todos los partidos “registrados” con la realidad política de un país en donde el “partido” de los militares ha acumulado y conquistado espacios en donde disponen de gran influencia y poderío. Esta situación constituye un verdadero oximoron político: una democracia burguesa militarizada o una militarización “democrática”. En este escenario van a actuar los principales protagonistas de las elecciones del julio que son los tres bloques electorales burgueses ya constituidos y en plena campaña electoral desde diciembre. Los mismos están encabezados por los candidatos de los tres principales partidos burgueses: el PRI con José Antonio Meade, el PAN con Ricardo Anaya y Morena con Andrés Manuel López Obrador.
El bloque del partido que detenta el poder presidencial adoptó el personalísimo título de “Meade Ciudadano por México” y lo integran el propio PRI y sus aliados el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Verde. Peña Nieto y su asesor político principal, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, decidieron enfrentar el enorme reto que tienen ante el gigantesco desprestigio del PRI que en las encuestas aparece como seguro perdedor, escogiendo como su sucesor a un personaje que formalmente no es priista sino perteneciente a una familia de larga estirpe panista. Meade es un tecnócrata puro salido de los cubículos de las instituciones financieras: su padre fue el primer presidente del IPAB (Instituto de Protección del Ahorro Bancario) el engendro en que acabó en los años noventa la operación multimillonaria del rescate bancario con motivo de la grave crisis financiera de 1994. El joven Meade, empezó su carrera de tecnócrata contratado por su padre para fungir como secretario del mencionado IPAB y desde entonces se fue encumbrando como un servicial funcionario de los gobiernos tanto panistas como priistas. Con Peña fue miembro de su gabinete y titular de tres secretarias de estado: Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. La operación de la forja de la candidatura de Meade es el reconocimiento patente que hacen los propios priistas que ya son impresentables y también es un claro guiño a los sectores panistas de lo que se ha venido en llamar el PRIAN. Como es fácil de imaginar cuenta con el apoyo decidido de los integrantes del Consejo Económico Empresarial, organismo cúpula de los capitalistas más importantes de México.
El PAN, con su ex presidente y ahora candidato Ricardo Anaya ha logrado constituir una coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano con el nombre de “Por México al Frente”. El éxito que significa para el PAN lograr atraer al PRD a una coalición encabezada por su líder significa un importante logro. El PAN adquiere una imagen centrista que disfraza su tradicional postura de la derecha clásica, mientras que el PRD culmina su deriva hacia la derecha que el progresismo de origen nacionalista (neocardenista), lombardista y de diversos grupos de directa procedencia estalinista y hasta algunos personajes provenientes del trotskismo, han venido recorriendo abiertamente desde, por lo menos, el año 2000. La coalición tiene sus fricciones y hereda, por supuesto, los fardos de sus componentes, sus vínculos con la corrupción, los personajes desprestigiados que ya comenzaron a aparecer como en Guerrero en donde el PRD ha tenido el cinismo de ofrecerle una candidatura a diputado a Ángel Aguirre Rivero, quien debió renunciar como gobernador del estado con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La voraz ambición de Anaya y su capacidad contorsionista lo hacen un candidato competitivo. Esta coalición tiene la potencialidad de proporcionar el factor de cambio que pueden necesitar los sectores burgueses dominantes que se vean obligados a optar por una alternativa más creíble que la representada por Meade con el desgastadísimo PRI.
El tercer bloque es el de López Obrador (AMLO) compuesto por su partido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) cuya denominación es “Juntos Haremos Historia”.
Es éste el bloque político cuyo protagonismo será clave en las jornadas de este año.
Las antinomias de AMLO
AMLO será en 2018 por tercera ocasión candidato presidencial. Como en 2006 y en 2012, de nuevo es el candidato que encabeza todas las encuestas como el preferido por parte de amplias capas populares. Tanto en la primera como en su segunda participación como candidato presidencial del PRD fue el hombre a vencer por parte de los dos partidos más directamente representantes de los grandes sectores capitalistas el PRI y el PAN. En ambas ocasiones perdió, en especial en 2006, por escasísimos márgenes de votación. La sombra del fraude se elevó sobre las dos victorias, la panista en 2006 y la priista 2012.
A partir de su ruptura con el PRD y ahora postulado por el novísimo Morena el partido hecho a su imagen y semejanza fundado en 2013, su objetivo fundamental es el de presentarse ante los grupos poseedores dominantes como una alternativa creíble y necesaria ante la evidente decadencia priista. Sus credenciales al respecto son intachables. Tanto en 2006 como en 2012, el enorme caudal de apoyo electoral que recibió con sus posturas críticas a la política dominante no se reflejó, ni de lejos, en movilizaciones y en la organización de una verdadera oposición radical: “no se rompió un solo vidrio” se jactó él. Desde el 2000, electo como jefe de gobierno del Distrito Federal, surgió como un personaje de gran influencia política y definió su oposición como estrictamente electoral. Desde entonces no ha dañado ni impedido la puesta en práctica de la aplanadora neoliberal. Repetimos, limitándose a los tiempos electorales, AMLO promovió tímidamente la organización de movilizaciones contra las leyes privatizadoras de los recursos energéticos, no apoyó efectivamente la lucha de los maestros contra la reforma educativa. Su rompimiento con el PRD se hizo de manera respetuosa sin que mediara una fuerte crítica ya que había sido en 2012 su candidato presidencial y a pesar de que inmediatamente después la cúpula perredista se desbordó con todas sus fuerzas hacia el apoyo del Pacto por México propuesto por Peña Nieto en el inicio de su gobierno. Con motivo de la LSI fue conspicua la ausencia de sus críticas incisivas a las Fuerzas Armadas. Como sucede con sus denuncias a la corrupción, éstas se refieren ante todo a los políticos pero en sus discursos la crítica a la fuente fundamental de corrupción que son las grandes corporaciones capitalistas (como Odebrecht que salpicó la campaña de Peña Nieto en 2012) sólo aparece de pasada y sin énfasis.
AMLO como tribuno se atreve a enfocar problemas espinosos. En esto se adelanta a los otros candidatos. Por ejemplo en el caso de la guerra contra el narcotráfico, una cuestión candente, ha hecho declaraciones muy polémicas. Como ésta: “De ganar la presidencia en la mitad de mi gobierno acabaré la guerra contra el narco” o esta otra: “estoy dispuesto a amnistiar a narcos encarcelados”. Ciertamente el tema es de una importancia colosal teniendo en cuenta el poderío que han adquirido las bandas de narcotraficantes, muchas de ellas filtradas ya directamente en los partidos y en los tres niveles de gobierno. Pero aquí el problema es la falta de claridad o de plano la total ausencia de ideas y estrategias a seguir de modo concreto para lograr esos resultados. El fracaso de la guerra contra el narcotráfico es reconocido por el propio gobierno de Washington, en especial por los especialistas del Pentágono. Igualmente se reconoce que ha sido México el país que ha pagado más caro los costos de esta guerra. Pero AMLO, a pesar del mérito de aceptar entrarle al tema que los otros eluden y reconocer que la estrategia panista y priista ha fracasado, él también adolece de una estrategia concreta para erradicar esta terrible fuente de corrupción y violencia: no dice nada de la legalización o no de las drogas, se refiere al éxito durante su gobierno en la ciudad de México pero es obvio que el problema a nivel nacional es mucho mayor que al nivel local. No basta con decir que con el crecimiento económico, con la generación de empleos y con políticas de desarrollo social se superará la plaga del narcotráfico. Se necesita aterrizar en las cuestiones concretas vinculadas a políticas que ataquen a poderosos grupos que lucran con capitales gigantescos y se incrustan en los círculos financieros en el lavado de su dinero. Se necesita una política radical que vaya a la fuente primordial de la llaga abierta de la descomposición social: la experiencia misma en el seno de la sociedad violenta, deshumanizada y mercantilizada del capitalismo.
Las elecciones del año pasado en el estado de México, el más populoso del país, fueron una prueba muy importante que no augura nada positivo para la estrategia de AMLO de hacer depender toda su política de una victoria en las urnas que lo lleve a ocupar la silla presidencial. En dichas elecciones mexiquenses el PRI, a pesar de que perdió más de un millón de votos en comparación con las elecciones estatales anteriores, se alzó con la victoria de su candidato a gobernador. AMLO y Morena protestaron y denunciaron un fraude pero se abstuvieron de iniciar la movilización de una verdadera campaña masiva contra él. Y el argumento fue el mismo “en julio de 2018 será diferente”.
Pero las acciones políticas dicen otra cosa que los discursos incendiarios que AMLO pronuncia en los mítines de sus constantes recorridos (lleva casi veinte años haciéndolos) que hace por todo el país. En la presentación del gabinete presidencial que propondrá en caso de su victoria, AMLO ha incluido a prominentes políticos que son antiguos miembros del PRI y se ha rodeado con asesores igualmente prominentes que fueron también colaboradores de los gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y ya en el colmo del electoralismo más crudo al final del año AMLO sorprendió e irritó a muchos de sus propios partidarios y potenciales votantes con el pacto de alianza electoral que realizó con el PES, un partido caracterizado por sus posiciones de extrema derecha cuya cúpula no esconde sus posiciones religiosas evangélicas reaccionarias. Pero según AMLO, contradiciéndose con declaraciones suyas anteriores, no “hay diferencias importantes entre el PES y Morena”
¿Cómo compaginar ese actuar político con muchas declaraciones que lo contradicen por completo? Por ejemplo el 31 de diciembre en su gira por Yucatán AMLO declaró: “La alternativa de partidos no es la solución. Está un partido en el gobierno, entra otro, pero sigue el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso hablamos de un cambio verdadero de régimen, ya la alternancia no sirve, hace falta que cambie el régimen político”. Sí, así es, pero como se puede preparar ese “cambio de régimen político” sin las movilizaciones de las masas y dependiendo del todo de una votación que se hará bajo las condiciones de un aparato electoral, el INE, que el propio AMLO reconoce como promotor de fraudes y de falsificación de resultados enteramente bajo el control de Peña Nieto y el PRI. Con AMLO se trata en realidad de la postura característica del caudillaje político tradicional que tiene profundas raíces en el país. La cuestión se reduce pues a plantear si dicha postura podrá prosperar en el México del siglo XXI de la misma forma en que funcionó en el siglo XIX e incluso en buena parte del XX.
Por supuesto, AMLO es el blanco de los ataques más desaforados de las cúpulas priistas y panistas, aunque el panista Anaya ha matizado recientemente declarando que está de acuerdo en el diagnóstico de AMLO aunque discrepa de sus propuestas. En 2006 y en menor medida en 2012 la campaña mediática contra AMLO presentándolo como “un enemigo de México”, como “otro Chávez” tuvo en verdadero impacto en grupos amplios de la población. Actualmente ya no será tan efectiva. El hartazgo popular con la dominación priista y panista le dan a AMLO enormes caudales de apoyo e incluso en sectores burgueses medios y hasta ciertos personajes de los círculos más altos reconocen la posibilidad de su triunfo el 1° de julio próximo.
Los independientes y los márgenes
La novedad de las elecciones de julio de 2018 será la existencia de candidatos independientes sin partido. Se han inscrito una docena de precandidatos presidenciales independientes pero las condiciones para que aparezcan en las boletas el 1° de julio son draconianas. Se les exige más de 800 mil firmas distribuidas en 17 estados, una operación que hasta el momento sólo están en posibilidad de conseguir dos de las precandidaturas inscritas. Ellas son la de Jaime Rodríguez Calderón, llamado El Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León, sede del poderoso grupo financiero de Monterrey y la de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Para diciembre estos dos precandidatos eran quienes más habían avanzado en la recolección de firmas: Rodríguez había superado la barrera de los más de 800 mil y Zavala se acercaba con la mitad de las firmas exigidas.
También como aspirante a candidata independiente se inscribió María de Jesús Patricio, más conocida como Marichuy. Fue elegida por el Congreso Nacional Indígena con el apoyo del EZLN, como su vocera y candidata presidencial en 2018. Se trata de una candidatura testimonial que tiene el mérito de expresar la voz política de los sectores más explotados y marginados de México que siguen siendo los indígenas. Es la única expresión independiente con una relativa audiencia de masas que se oirá en esta orgía de demagogia que serán las campañas electorales por completo monopolizadas por alternativas burguesas, ante la ausencia de organizaciones políticas de masas, sindicales o de otro tipo que expresen políticamente los intereses de los trabajadores. La población indígena representa poco más del 10 por ciento de la población y con el surgimiento y permanencia del EZLN y el Consejo Nacional Indígena ha logrado conquistar un espacio político independiente. El reto que tienen sus apoyos es muy grande. Para empezar está la difícil tarea de conseguir las firmas para que Marichuy aparezca en las boletas, lo cual todavía podría lograrse ampliando su audiencia retomando y dándole voz a las demandas e intereses de numerosos sectores en los grandes centros urbanos que simpatizan y se solidarizan con la lucha indígena.
Varios de los grupos pertenecientes a la izquierda socialista y revolucionaria han adoptado como postura ante las elecciones de julio dar su apoyo a Marichuy. A diferencia de otras jornadas electorales, en esta ocasión no estará presente ninguna alternativa independiente que represente una candidatura abierta y declaradamente socialista. No obstante ello las condiciones para el reagrupamiento de sectores socialistas serán más propicias en las situaciones favorables que se presentarán en los próximos meses. De hecho ese fue el objetivo de varias reuniones del Foro Socialista surgido a fines de 2016.
Los trabajadores, las masas de proletarios explotados y oprimidos de millones de mexicanos siguen siendo un conglomerado social sin voz ni personalidad propias, sin consciencia de clase. Esta ausencia ha sido una de las peculiaridades del desarrollo del movimiento de los trabajadores desde la Revolución mexicana de hace más de cien años. También aquí las condiciones para la superación de este rezago histórico las está abonando el gran descontento producido por el deterioro constante del bienestar social y que se profundiza en todo el país. Ese el campo de cultivo en donde crecen y florecen amplias demostraciones de protestas e incluso rebeliones. Motivos no faltan. Así como 2017 comenzó con amplias protestas contra ungasolinazo, el presente inicio de año ya es saludado con protestas contra varios atracos a la economía popular: un nuevo gasolinazo, un tortillazo (alza del precio de las tortillas) y una devaluación del peso (se ha llegado al tipo de cambio de 20 pesos por dólar) que encarece bruscamente la vida, en especial en los estados fronterizos del norte.
La profunda incertidumbre
El oxímoron político que se está desarrollando ha surgido para mantener la estabilidad del régimen pero no garantiza resultados seguros. Pero esa contradicción es la razón misma de su existencia. La raíz profunda de esta situación paradójica es la debilidad de las tradiciones democrático-burguesas en el país consecuencia directa de la larga dictadura del régimen de partido único de facto que fue el imperio del PRI y sus antecesores en el siglo pasado. La burguesía, sus grupos dominantes, son el producto de esa larga dictadura de facto. Los ensayos de “transición democrática” para crear un sistema parlamentario que en el 2000 se intentaron como la solución a la decadencia priista no carecieron de recursos de todo tipo proporcionados por políticos, periodistas, ideólogos, etc. que tuvieron a su disposición toda clase de medios de comunicación para hacer llegar su mensaje. Incluso fueron aconsejados y apoyados por la Casa Blanca en esa época ocupada por Clinton. Pero el primer gobierno panista, el de Fox, convirtió en una caricatura la tan cacareada “transición democrática” y el siguiente gobierno panista de Calderón preparó la restauración priista que representa Peña Nieto.
Así en 2018 los diversos escenarios que anuncia la ruda competencia electoral de los tres bloques burgueses podría conducir a un desbordamiento e incluso el estallido del ya muy debilitado y desprestigiado INE. Si los dinosaurios priistas intentaran mantener entronizado mediante una reelección fraudulenta a su partido, el peligro de tal desbordamiento y estallido es muy posible. También sería arriesgado el recurso de último momento, como ya sucedió en 2006, de resucitar al PRIAN para apoyar al candidato mejor colocado, situación que se puede dar si en el proceso electoral quedan como los dos punteros Anaya y AMLO. Finalmente la posibilidad de que los grupos dominantes acepten la creíble victoria de AMLO conseguida con una aplastante votación tendría consecuencias alarmantes para los sectores más ultras de la oligarquía. Como se aprecia el país se adentra en una coyuntura en la cual reina una gran incertidumbre. La situación explica también la militarización como resultado natural del fracaso de la “transición democrática” que ha quedado hecha añicos.
La dimensión internacional
México se encuentra en el centro de un espacio geopolítico en el cual se cruzan tendencias muy disímbolas y cada vez más conflictivas y determinantes. En primer lugar es el país fronterizo sureño directo de la potencia hegemónica del planeta. Los más de tres mil kilómetros que lo unen a EUA son la marca geopolítica central que ha determinado en gran parte su historia. La llegada de Donald Trump a Washington, quien en su campaña electoral declaró que México era uno de “los enemigos de EUA”, ha tenido importantes consecuencias. Peña y el grupo gobernante fueron de sorpresa en sorpresa ante las erráticas e imprevisibles declaraciones y acciones del energúmeno de la Casa Blanca. Sus reacciones fueron irrisorias y mostraron que tanto servilismo hacia los amos imperialistas les habían desprovisto por completo de la mínima capacidad para enfrentar el reto que Trump representa. La decisión de Trump de acabar la construcción de un muro, iniciado por los presidentes anteriores, en toda la frontera para contener el flujo migratorio, fue el asunto más obviamente publicitado. Pero no era lo más importante. Por supuesto tendrá, ya está teniendo, muchas consecuencias pero para el gobierno mexicano y para la población en general más importantes que la construcción del muro fronterizo fueron las decisiones de Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) de los tres países de América del norte y la cuestión de los inmigrantes.
Los más de veinte años que lleva el TLCAN han estrechado, de hecho prácticamente soldado, a las dos economías. Las rondas de discusión interminables realizadas han mostrado que Trump ha debido entender que simplemente vociferar sobre un tema no equivale a solucionarlo. Para la economía de México es fundamental su relación con EUA, pero este país tampoco puede cortar tajante y unilateralmente sus vínculos con la economía mexicana. El impacto ha sido tan fuerte que los capitalistas y el gobierno mexicanos se han percatado de la necesidad de buscar soluciones que superen la dependencia exacerbada de la economía con EUA.
Uno de los efectos más importantes de estas rondas de negociación es la presión de los sindicatos estadounidenses que obligaron a los funcionarios de su gobierno a poner sobre la mesa de discusión la necesidad de subir los salarios de los trabajadores mexicanos para colmar la enorme brecha que actualmente existe entre los niveles salariales de los dos países (tres si incluimos a Canadá). Obviamente el gobierno mexicano pondrá todos los obstáculos necesarios para evitar que estas exigencias se realicen pero son señales muy evidentes de que el TLCAN está forjando una percepción entre las clases trabajadoras de los tres países de la identidad de sus intereses.
La debilidad del gobierno mexicano ante Trump se puso de manifiesto con motivo de las reuniones internacionales en las que Luis Videgaray, el personaje más influyente del gobierno de Peña, impuso un retroceso completo a la diplomacia mexicana operando como cómplice descarado de la política de Washington contra el gobierno de Venezuela y absteniéndose en la votación de la ONU en relación a la decisión de Trump de trasladar a la embajada de EUA a Jerusalem para convertirla en la capital de Israel.
Por el sur, México es vecino directo de una de las regiones más conflictivas del planeta, el llamado “triángulo de la violencia” integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. La frontera sur ha sido en las dos últimas décadas la puerta para las decenas de miles de inmigrantes de Centro y Suramérica, del Caribe e incluso de África que atraviesan con grandes penalidades todo México para llegar a la frontera norte en busca de los dólares que no consiguen en sus países. El mal trato a los inmigrantes indocumentados por parte de las autoridades mexicanas ha sido proverbial y objeto de críticas y censuras nacional e internacionalmente. Han sido víctimas de asesinatos, incluso masacres de grupos, violaciones, secuestros y toda clase de vejaciones tanto por parte de los aparatos represivos oficiales como de las bandas de delincuentes que abusan de su situación vulnerable.
Para el control de este flujo de humanidad sufriente los cuerpos represivos se han coordinado internacionalmente, actuando como organizador principal el Pentágono. La estrategia continental del Pentágono a través de su Comando Sur coloca al ejército mexicano en esta región junto con los ejércitos de los tres países centroamericanos dentro de una “estrategia de seguridad” de toda la región como se atestigua en el Plan Puebla-Panamá y integrado por delegaciones de carácter económico pero también militar de todos los países centroamericanos, de Colombia y los estados del sureste mexicano.
Las condiciones sociales tan precarias de gran parte de las poblaciones de estos países son especialmente lamentables en el mencionado “triángulo de la violencia”. Honduras es el país en donde las luchas políticas se han exacerbado en los últimos tiempos. A fines del año 2017 estos conflictos llegaron al borde de una guerra civil, con motivo del fraude cometido en las elecciones presidenciales de mediados de año por el gobierno de Juan Orlando Hernández, el característico presidente bananero al servicio de los intereses imperialistas, que se reeligió violando descaradamente la Constitución vigente. Ya anteriormente otro golpe de estado “blando” había derrocado al presidente Manuel Zelaya en 2009 con el aval del Departamento de Estado. Ahora se repitió el escenario en el que la embajada de EUA en Tegucigalpa validó la reelección de Hernández como el verdadero poder vigente que reina en el país sureño.
Como se aprecia, los factores muy parecidos a los presentes en México también se encuentran en otros países, expresándose de acuerdo a sus circunstancias específicas. Este es el escenario geopolítico en que los acontecimientos de 2018 se insertan desde hoy, un escenario de situaciones imprevisibles, llenas de peligrosos riesgos pero también de oportunidades grandiosas.
A cincuenta años de 1968
En 2018 se celebrará el cincuenta aniversario del movimiento estudiantil-popular de 1968 que marcó a ese año como un hito en el último tercio del siglo XX. No sólo en México se presenció esa manifestación de rebeldía de la juventud. En muchos otros países de Europa, América y Asia se dieron movimientos parecidos, pero sólo aquí el movimiento fue aplastado por una masacre como la de la noche de Tlatelolco. Fue un movimiento que sucedió cuando el imperio del PRI encabezado por uno de los personajes más siniestros de la historia mexicana, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, se encontraba en su cúspide. La audacia y el coraje de esos jóvenes iniciaron un cambio fundamental en el país que a pesar de la mortífera cortina de metralla del 2 de octubre y los enormes obstáculos que enfrentó no pudo ser revertido. El anhelo de democracia que expresaron con sus movilizaciones y la denuncia radical a la dictadura priista no pudieron ser socavados y aunque demasiado lentamente acabaron por abrir canales de expresión democrática y territorios de libertad que cambiaron al país en los años ochenta y noventa. De hecho la “transición democrática” concebida por la cúspide del poder en el año 2000 no se explica sin las luchas y movilizaciones que detonaron a partir de 1968.
Pero la tarea sigue incompleta. Aunque expresados de modo diferente pues no en balde ha transcurrido medio siglo, los desafíos que enfrentamos hoy siguen siendo los mismos. La real y verdadera democratización de México. Y hoy cuando mucho es lo que se ha aprendido desde ese año histórico, el impulso para lograr ese objetivo es ya evidente que corresponderá no a los sectores poseedores y gobernantes actuales sino a los sectores populares. Una democracia forjada por quienes no tienen vínculos con los que medran y mantienen posiciones de poder basado en la explotación y en la subordinación a los intereses oligárquicos e imperialistas.
Entramos a otro capítulo de la historia de México. El de la lucha que garantizará el triunfo de ese profundo anhelo libertario. El cual se logrará con la organización independiente, democrática y revolucionaria que convoque y oriente las luchas de los trabajadores y sus aliados los oprimidos hacia la transformación del país en una república popular e igualitaria fundada en principios anticapitalistas e internacionalistas, en suma socialistas.
17.12.17
La excepción permanente
Fabrizio Mejía Madrid
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No se trata de una lucha entre el Estado legítimo y los criminales. Lo que hemos visto y permitido con nuestra servidumbre voluntaria ha sido una masacre de más de 120 mil sin que medie orden de aprehensión, juicios ni sentencias. Otros 300 mil desplazados e igual cantidad de familiares de masacrados, amenazados, desaparecidos, muertos por tiro de gracia en fuego cruzado, que deambulan los caminos sin protección de ley alguna. Lo que ha sucedido no es sólo un problema de seguridad sino un cambio en la forma en que vemos la política y hasta dónde hemos concedido que llegara el poder. Pero, ¿qué ocurrió? Que el poder militar y policiaco ha decidido qué vidas se pueden matar sin cometer un delito. Esta política no se ha articulado entre amigo-enemigo sino entre la vida desprovista de derechos y el poder de exterminarla. El poder se colocó fuera de la ley declarando todo el tiempo aquella cantaleta de que “nadie está fuera de la ley”. Por ello, el país no se ha convertido en un tribunal o en una cárcel, sino en un campo de exterminio: el espacio de una excepción que, a fuerza de repetir el asesinato sin sanción alguna, se hizo permanente. Ahora, los propios legisladores quieren que ese territorio sin derechos, se vuelva ley.
Hay un cuento de Franz Kafka, Ante la ley, en el que un campesino espera en una silla a que un guardia le permita pasar por una puerta para ver a la ley. La entrada está abierta pero el acceso, no. El guardia le dice simplemente: “Es posible, pero ahora, no”. El campesino va envejeciendo en su silla, haciéndose enjuto, y aprende a mirar al guardia, a las pulgas de su abrigo, su nariz, como si fuera el único obstáculo entre él y la ley. El guardia le ha advertido desde el inicio que él es sólo el primero de una serie infinita de vigilantes: “Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto: yo soy poderoso. Y yo soy sólo el último de los guardianes. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo soportar la sola vista del tercero”. Paciente, el campesino espera y, cuando ya está a punto de morir, se le ocurre preguntarle al custodio por qué, si la justicia es para todos, nadie más se ha presentado ante la puerta de la ley. El guardián le responde y con esto termina el cuento: “Nadie más podía entrar por aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré”. No hay en el cuento una prohibición para entrar puesto que la puerta está siempre abierta. Lo que hay es un aplazamiento. El campesino decide no decidir entrar, y por eso sólo espera. En 1985, el filósofo Jacques Derrida hizo una conferencia sobre el cuento de Kafka donde establece el misterio de las leyes, “que no se tocan ni se entra en ellas, sino que sólo les descifra incesantemente”: los dos personajes sirven a la ley al quedarse uno frente al otro. La ley es lo que, entre ellos, “difiere su acceso a sí misma”. Su enigma es que existe sólo entre las caras detenidas, una ante otra, del campesino y el guardián.
El estado de excepción en el que hemos vivido en la última década implica que la ley rige sólo en la ficción de su propia disolución. Por lo tanto, se le suspende cuando se le considera diluida, y es el soberano –el militar o el ejecutivo civil– el que decide lo que es necesario hacer: suspender la ley quebrantada para ejercer un acto de violencia. Esta “necesidad” es la posibilidad no condicionada de cualquiera de nosotros de recibir la muerte, ahora incluida en el orden político, pero sin territorio legal alguno. Thomas Hobbes no consideraba que el “estado de naturaleza” fuera una etapa histórica, sino un principio de violencia dentro del Estado mismo. Ese “hombre-lobo del hombre” vivía dentro del soberano cuando decidía hacer indiferente la violencia de la ley.
Es por lo menos curioso que las historias de los hombres lobo se den en ese terreno de la indiferencia –la puerta abierta de la ley– entre violencia y derecho, naturaleza y cultura, bandidos y autoridad. En Platón, por ejemplo, la leyenda del Zeus Liceo en La República es la de cuando un soberano protector se transforma en tirano: “Quien prueba las vísceras humanas se transforma en lobo, de igual manera en que el jefe del demos, viendo la multitud devota y a sus órdenes, no sabe abstenerse de la sangre de los hombres de su tribu”. Plinio El Viejo ya había advertido que esa metamorfosis del soberano en lobo era temporal –como el estado de excepción– y que, si no retornaba a su ropaje humano, se aconsejaba asesinar al tirano. Su muerte violenta será, desde siempre, más que un homicidio, un “magnicidio”. Pero la del bandido, la del campesino ante la puerta abierta de la ley, menos, mucho menos que un crimen. Fue en la Roma que luchaba entre seguir siendo república o dictadura, donde se hizo extensivo el poder de la patria potestad a la ciudad. Cuenta Valeriano Máximo que Bruto ejerció su poder absoluto en el ámbito de su hogar matando a sus hijos y que, en compensación, “adoptó al pueblo romano”. El de Bruto es un poder que amenaza de muerte al resto de los ciudadanos sin cometer delito alguno. Nos hace pensar cómo el término “padre de la patria” tiene, en su origen, algo de siniestro. Bruto acabará, como se sabe, por ser parte de la conspiración para asesinar a Julio César, que se convirtió en dictador a partir de un estado de excepción justificado en una guerra civil contra Pompeyo. Fuera de cualquier jurisdicción, tanto Bruto como César no cumplen con una ley que está ya suspendida. Si se cometían atrocidades, éstas ya no dependían del derecho, sino de la ética personal de quien tenía ante sí la posibilidad o no de cometerlas.
Hay pues una nueva indiferencia en el estado de excepción: entre derecho y hecho. Lo que se hace se toma como ley. Todo puede considerarse un peligro y una amenaza a la “seguridad interior”. También cualquier acción puede ser justificable como “necesaria”. En 1933, Carl Schmitt, el filósofo del derecho nazi, hacía notar en Estado, movimiento, pueblo, que el Estado hitleriano no podría existir sin la introducción de la ambigüedad en la letra de las leyes. Resalta que términos como “motivo urgente”, “caso de necesidad”, “buenas costumbres”, “seguridad y orden público” y, por supuesto, “peligro inminente”, no remiten a una norma sino a una situación. Es, entonces, “una norma que decide sobre el hecho mismo que decide su aplicación”. Piénsese en el término “Schutzhaft” que, en la Alemania nazi, quería decir “custodia protectora”. Los judíos eran agrupados para protegerlos de “la amenaza” de los ataques raciales. Con los años, esa “protección” se transformó en los campos de exterminio. El hecho se transformó en derecho y éste en una zona de indiferencia entre la vida y la muerte, la política y la violencia, la libertad y la seguridad. Todo fue posible gracias a la redacción, en 1919, en la Constitución de la República de Weimar:
Art. 48. El Presidente del Reich puede, cuando la seguridad pública y el orden estén gravemente perturbados o amenazados, tomar las decisiones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública, en caso de necesidad, con el auxilio de las fuerzas armadas. Con esta finalidad puede suspender provisionalmente los derechos fundamentales consagrados en esta Constitución.
Pero, ¿qué pasa con nosotros, los campesinos de Kafka a las puertas de la ley? Vivimos una renovada ambigüedad entre la vida y la política. Nuestras existencias dependen de si se legaliza o prohíbe una sustancia, de si se considera “necesaria” la acción militar en donde vivimos, transitamos o protestamos. Las operaciones militares tienen esa confusión rentable entre vida y muerte: lo mismo ayudan a vacunar o a rescatar de una inundación que a asesinar sin cometer delito alguno. “Pueblo” es un término que nos designa tanto a los que nos constituimos como sujetos de derechos, como a quienes, de hecho, estamos excluidos de la política y, cada vez con más frecuencia, de los derechos. Somos los que no pertenecemos al conjunto en el que estamos incluidos. Somos la identidad que se define a partir de cómo se nos excluye. Hemos de morir, esperando en una silla, en el momento en que se cierre nuestra única puerta.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No se trata de una lucha entre el Estado legítimo y los criminales. Lo que hemos visto y permitido con nuestra servidumbre voluntaria ha sido una masacre de más de 120 mil sin que medie orden de aprehensión, juicios ni sentencias. Otros 300 mil desplazados e igual cantidad de familiares de masacrados, amenazados, desaparecidos, muertos por tiro de gracia en fuego cruzado, que deambulan los caminos sin protección de ley alguna. Lo que ha sucedido no es sólo un problema de seguridad sino un cambio en la forma en que vemos la política y hasta dónde hemos concedido que llegara el poder. Pero, ¿qué ocurrió? Que el poder militar y policiaco ha decidido qué vidas se pueden matar sin cometer un delito. Esta política no se ha articulado entre amigo-enemigo sino entre la vida desprovista de derechos y el poder de exterminarla. El poder se colocó fuera de la ley declarando todo el tiempo aquella cantaleta de que “nadie está fuera de la ley”. Por ello, el país no se ha convertido en un tribunal o en una cárcel, sino en un campo de exterminio: el espacio de una excepción que, a fuerza de repetir el asesinato sin sanción alguna, se hizo permanente. Ahora, los propios legisladores quieren que ese territorio sin derechos, se vuelva ley.
Hay un cuento de Franz Kafka, Ante la ley, en el que un campesino espera en una silla a que un guardia le permita pasar por una puerta para ver a la ley. La entrada está abierta pero el acceso, no. El guardia le dice simplemente: “Es posible, pero ahora, no”. El campesino va envejeciendo en su silla, haciéndose enjuto, y aprende a mirar al guardia, a las pulgas de su abrigo, su nariz, como si fuera el único obstáculo entre él y la ley. El guardia le ha advertido desde el inicio que él es sólo el primero de una serie infinita de vigilantes: “Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto: yo soy poderoso. Y yo soy sólo el último de los guardianes. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo soportar la sola vista del tercero”. Paciente, el campesino espera y, cuando ya está a punto de morir, se le ocurre preguntarle al custodio por qué, si la justicia es para todos, nadie más se ha presentado ante la puerta de la ley. El guardián le responde y con esto termina el cuento: “Nadie más podía entrar por aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré”. No hay en el cuento una prohibición para entrar puesto que la puerta está siempre abierta. Lo que hay es un aplazamiento. El campesino decide no decidir entrar, y por eso sólo espera. En 1985, el filósofo Jacques Derrida hizo una conferencia sobre el cuento de Kafka donde establece el misterio de las leyes, “que no se tocan ni se entra en ellas, sino que sólo les descifra incesantemente”: los dos personajes sirven a la ley al quedarse uno frente al otro. La ley es lo que, entre ellos, “difiere su acceso a sí misma”. Su enigma es que existe sólo entre las caras detenidas, una ante otra, del campesino y el guardián.
El estado de excepción en el que hemos vivido en la última década implica que la ley rige sólo en la ficción de su propia disolución. Por lo tanto, se le suspende cuando se le considera diluida, y es el soberano –el militar o el ejecutivo civil– el que decide lo que es necesario hacer: suspender la ley quebrantada para ejercer un acto de violencia. Esta “necesidad” es la posibilidad no condicionada de cualquiera de nosotros de recibir la muerte, ahora incluida en el orden político, pero sin territorio legal alguno. Thomas Hobbes no consideraba que el “estado de naturaleza” fuera una etapa histórica, sino un principio de violencia dentro del Estado mismo. Ese “hombre-lobo del hombre” vivía dentro del soberano cuando decidía hacer indiferente la violencia de la ley.
Es por lo menos curioso que las historias de los hombres lobo se den en ese terreno de la indiferencia –la puerta abierta de la ley– entre violencia y derecho, naturaleza y cultura, bandidos y autoridad. En Platón, por ejemplo, la leyenda del Zeus Liceo en La República es la de cuando un soberano protector se transforma en tirano: “Quien prueba las vísceras humanas se transforma en lobo, de igual manera en que el jefe del demos, viendo la multitud devota y a sus órdenes, no sabe abstenerse de la sangre de los hombres de su tribu”. Plinio El Viejo ya había advertido que esa metamorfosis del soberano en lobo era temporal –como el estado de excepción– y que, si no retornaba a su ropaje humano, se aconsejaba asesinar al tirano. Su muerte violenta será, desde siempre, más que un homicidio, un “magnicidio”. Pero la del bandido, la del campesino ante la puerta abierta de la ley, menos, mucho menos que un crimen. Fue en la Roma que luchaba entre seguir siendo república o dictadura, donde se hizo extensivo el poder de la patria potestad a la ciudad. Cuenta Valeriano Máximo que Bruto ejerció su poder absoluto en el ámbito de su hogar matando a sus hijos y que, en compensación, “adoptó al pueblo romano”. El de Bruto es un poder que amenaza de muerte al resto de los ciudadanos sin cometer delito alguno. Nos hace pensar cómo el término “padre de la patria” tiene, en su origen, algo de siniestro. Bruto acabará, como se sabe, por ser parte de la conspiración para asesinar a Julio César, que se convirtió en dictador a partir de un estado de excepción justificado en una guerra civil contra Pompeyo. Fuera de cualquier jurisdicción, tanto Bruto como César no cumplen con una ley que está ya suspendida. Si se cometían atrocidades, éstas ya no dependían del derecho, sino de la ética personal de quien tenía ante sí la posibilidad o no de cometerlas.
Hay pues una nueva indiferencia en el estado de excepción: entre derecho y hecho. Lo que se hace se toma como ley. Todo puede considerarse un peligro y una amenaza a la “seguridad interior”. También cualquier acción puede ser justificable como “necesaria”. En 1933, Carl Schmitt, el filósofo del derecho nazi, hacía notar en Estado, movimiento, pueblo, que el Estado hitleriano no podría existir sin la introducción de la ambigüedad en la letra de las leyes. Resalta que términos como “motivo urgente”, “caso de necesidad”, “buenas costumbres”, “seguridad y orden público” y, por supuesto, “peligro inminente”, no remiten a una norma sino a una situación. Es, entonces, “una norma que decide sobre el hecho mismo que decide su aplicación”. Piénsese en el término “Schutzhaft” que, en la Alemania nazi, quería decir “custodia protectora”. Los judíos eran agrupados para protegerlos de “la amenaza” de los ataques raciales. Con los años, esa “protección” se transformó en los campos de exterminio. El hecho se transformó en derecho y éste en una zona de indiferencia entre la vida y la muerte, la política y la violencia, la libertad y la seguridad. Todo fue posible gracias a la redacción, en 1919, en la Constitución de la República de Weimar:
Art. 48. El Presidente del Reich puede, cuando la seguridad pública y el orden estén gravemente perturbados o amenazados, tomar las decisiones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública, en caso de necesidad, con el auxilio de las fuerzas armadas. Con esta finalidad puede suspender provisionalmente los derechos fundamentales consagrados en esta Constitución.
Pero, ¿qué pasa con nosotros, los campesinos de Kafka a las puertas de la ley? Vivimos una renovada ambigüedad entre la vida y la política. Nuestras existencias dependen de si se legaliza o prohíbe una sustancia, de si se considera “necesaria” la acción militar en donde vivimos, transitamos o protestamos. Las operaciones militares tienen esa confusión rentable entre vida y muerte: lo mismo ayudan a vacunar o a rescatar de una inundación que a asesinar sin cometer delito alguno. “Pueblo” es un término que nos designa tanto a los que nos constituimos como sujetos de derechos, como a quienes, de hecho, estamos excluidos de la política y, cada vez con más frecuencia, de los derechos. Somos los que no pertenecemos al conjunto en el que estamos incluidos. Somos la identidad que se define a partir de cómo se nos excluye. Hemos de morir, esperando en una silla, en el momento en que se cierre nuestra única puerta.
16.12.17
Estado de excepción... Disolución Social
Ricardo Orozco
Siguiendo su tránsito legislativo en el constituyente permanente, el proyecto de Ley de Seguridad Interior avanzó, este jueves 14 de diciembre, hasta el trámite de discusión y votación plenaria, luego de su aprobación en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda. Llegada a este punto, y derivado de las manifestaciones de inconformidad que la sociedad civil ha mostrado de cara a las disposiciones del texto, el proyecto que la Cámara de Diputados había aprobado en días pasados ya no es el mismo que ahora el pleno del Senado se prepara a legislar. Pero no lo es sólo en la forma, pues las diversas disposiciones que se modificaron únicamente sustituyeron unos eufemismos por otros, manteniendo íntegro su contenido normativo.
La primera de estas alteraciones tiene que ver con la referencia explícita que se hacía en el texto al contenido del proyecto como materia de Seguridad Nacional. Y es que, lo que antes indicaba que: «Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional» , ahora manifiesta que: «Sus disposiciones [de la Ley] son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior» . La cuestión aquí es, no obstante, que pese a la nueva redacción el contenido de la Ley como derivación de la Ley de Seguridad Nacional no cambia en absoluto, ni siquiera acota su ámbito de acción y competencias .
Y es que, en estricto, las fracciones referidas remiten, por un lado, a las facultades del Congreso «para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes»; y por el otro, a las del presidente de la república para «preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación». Es decir, que mediante un largo rodeo en el que una disposición remite a otra, pero siempre correlativa, normativa de la misma materia, se mantiene el objetivo de hacer de las cuestiones de seguridad pública, ciudadana, objeto de regulación de la Ley de Seguridad Nacional , afianzando el rol de las fuerzas armadas en la ejecución de dicha Ley.
El segundo cambio de redacción importante tiene que ver con las disposiciones del artículo séptimo de la Ley, uno de los que más han preocupado a la sociedad civil, en general, y a diversas instancias encargadas de velar por los derechos humanos en el país , en particular. En la redacción anterior, este artículo establecía, en su párrafo segundo, que: «En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas».
Y lo cierto es que se considera una de las disposiciones más sensibles y preocupantes del proyecto porque abre la puerta, de par en par, a la posibilidad de repetir la persecución política que en el siglo XX se justificaba a través del delito de Disolución Social ; empleado por el Gobierno Federal para perseguir, criminalizar, incriminar, desaparecer y asesinar a cualquier ciudadano que le fuera incómodo para el desarrollo de sus intereses —y fuente, también, de las protestas que condujeron al 68 mexicano, movimiento por el que se logró la derogación de los artículos que fundamentaban dicho delito, el 145 y 145 Bis del Código Penal.
Es decir, es una disposición en la que el contenido moral fundado en ella es tan sólido, tan hermético y conservador que, así como en el siglo XX cualquier acto ciudadano que el Gobierno considerara que ponía en peligro u obstaculizaba el funcionamiento de sus instituciones, o que simplemente se consideraba que propagaba el desacato a los deberes cívicos , así ahora cualquier evento que las instituciones del Gobierno Federal consideren, de manera arbitraria, como una perturbación grave de la paz pública , o que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, pasa a justificar no sólo el empleo de las fuerzas armadas para disolver ese evento, sino que, además, legitima la suspensión de derechos en la población objetivo.
En la nueva redacción del proyecto, este párrafo fue eliminado, mientras que en el párrafo primero se introdujeron algunos términos que dan la impresión de reforzar los límites de acción de las fuerzas armadas, por medio del recurso a un amplio abanico de instrumentos garantes de los derechos humanos. De tal suerte que el artículo ahora queda con un solo párrafo que establece: «Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes».
El problema aquí es que, a pesar del énfasis que se hace en el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo primero de la Ley, y de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, ese respeto, esa protección y garantía dejan de ser válidas en el momento en que el titular del Ejecutivo, con el aval del Congreso, considere que hay una amenaza , un peligro o apenas una perturbación grave a la sociedad, en general; o a la paz pública, en general. Y es así porque tales disposiciones están subordinadas al artículo 29 de la Constitución, mismo en el que se establece que la respuesta ante tales eventualidades será la de «restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación» .
Y si bien es cierto que en el siguiente párrafo del art. 29 constitucional (modificado en los términos aquí expuestos el diez de febrero de 2014) se hace mención de los derechos y las garantías que no se podrán suspender, también lo es que las líneas citadas arriba anulan esas excepciones, pues expresamente se establece que se deberán suspender los derechos y las garantías que fuesen obstáculo. Da manera tal que cuando la libre circulación de las personas, el derecho de asociación o de libre expresión, por mencionar algunos ejemplos, constituyan —de conformidad con los estándares morales y de gobernabilidad de la administración en turno—, un peligro, una amenaza o una perturbación deberán suspenderse para hacer frente a la situación de manera rápida y fácil (sí, la Constitución también cuenta con contradicciones importantes).
Es aquí, quizá, en donde se concentran las mayores incomprensiones de la sociedad civil, en favor del proyecto de Ley, sobre los peligros que éste representa para el conjunto poblacional. Y es que, en última instancia, lo que parece estarse olvidando al observar este punto (si es que se lo observa en absoluto), es que la construcción social de los enemigos, la invención de las amenazas, los peligros y las perturbaciones, además de ser asuntos por entero discrecionales, relativos a la moral y a los intereses imperantes en las personas al frente de las instituciones gubernamentales cada sexenio, no precisan de su tipificación en algún código o ley para ser efectivos.
¿Acaso no es la historia de la guerra sucia, de la represión y el despojo de las comunidades originarias la historia de individuos y comunidades que representan un peligro para los intereses económicos en turno? ¿No es la historia de los movimientos obreros la historia de cómo un trabajador reclamando sus derechos sociales es motivo de represión gubernamental, de desaparición, de asesinato o, en el mejor de los casos, de despido? ¿No es la historia de los movimientos estudiantiles la historia de cómo un adolescente inscrito en una institución de educación pública pasa a representar un guerrillero en potencia o un anarquista en las narrativas de la administración pública federal? ¿Y no es la historia de la sexualidad la historia de hombres y mujeres que por sus preferencias afectivas constituían una aberración para los valores cristianos imperantes en el tejido social?
Los ejemplos son muchos, y cada uno de ellos es tan arbitrario como los demás. El que hoy algunos sectores de la población ya no constituyan un peligro para el orden, la paz y la estabilidad públicos no garantiza que en un futuro, próximo o lejano, no lo vuelvan a ser, con las mismas estrategias discursivas o con otras. ¿Qué pasa cuando las manifestaciones por cuarenta y tres estudiantes desaparecidos por las fuerzas armadas se convierte en motivo de expresiones de repudio y resistencia a nivel nacional? ¿Qué pasa cuando el asesinato anual de miles de mujeres se convierte en motivo de protestas sociales frente a la inacción del gobierno? ¿Qué pasa cuando una agenda de reformas estructurales se convierte en motivo de rechazo por sendos sectores poblacionales en todo el territorio nacional?
Entre los cambios al proyecto de Ley realizados por el senado, de la redacción del artículo octavo se eliminó la adjetivación «pacíficamente» «Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior» .
Pero lo cierto es, no obstante, que pese a haber eliminado esa condicionante, la latencia de incluir en la constitución aún más candados de los que ya existen para la libre manifestación de las inconformidades sociales no se suprime, sólo se la disimula, bajo la pretensión de que al apelar a la Constitución todas las garantías están salvaguardadas —aunque sea en la propia constitución en donde se fundamentan las condiciones del estado de excepción.
Estado de excepción que se edifica, justo, sobre diversas eventualidades que en tiempos y espacios específico, de acuerdo con necesidades gubernamentales definidas en su particularidad histórica, constituyen excepciones por sí mismas. Es decir, u n estado de excepción en el que la regla de dicha excepcionalidad se funda en la posibilidad de hacer de cada individuo, de cada comunidad y de cada situación una excepción a la justicia. Y es que si bien es cierto que los márgenes de acción del ejército, hasta el momento, no se dan en un ámbito de sistematicidad generalizada, en donde el grueso de la población ya cuente con alguna experiencia de abusos por parte de las instancias castrenses del Estado, también lo es que no por ello debe obviarse, excluirse, olvidarse, invalidarse o invisibilizar toda una historia de abusos.
Y abusos, por supuesto, que no es que hayan ocurrido porque las fuerzas armadas no contaban con un marco normativo para regular sus actividades. ¿Si no contaban con un marco normativo para realizar tareas de seguridad pública, por qué, en principio, no se esperó a contar con tal marco antes de sacar a los efectivos de sus cuarteles? La guerra sucia en México, aún vigente en todas aquellas comunidades que se resisten al despojo de sus recursos naturales, es el claro ejemplo de que los enemigos del Estado, son muchos, aunque estos tiendan a ser tradicionalmente los mismos, y es, también, la historia de cómo aún en la ilegalidad, en la carencia total de marcos regulatorios que legalicen su actividad, esa excepción a la norma constituye, de facto, una normalidad de la excepción.
Q ue no se requiera experimentar en carne propia, en la historia de vida de uno mismo, los abusos del ejército para caer en la cuesta de que esos abusos ya fueron cometidos y se continúan cometiendo en otros espacios, en contra de otros individuos y otras poblaciones. Y es que, en el momento en que se llegue a ese nivel de generalidad la Ley que regule la militarización será la menor de las preocupaciones, como las leyes vigentes lo fueron en los regímenes militares de toda América en el siglo XX.
III
Siguiendo su tránsito legislativo en el constituyente permanente, el proyecto de Ley de Seguridad Interior avanzó, este jueves 14 de diciembre, hasta el trámite de discusión y votación plenaria, luego de su aprobación en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda. Llegada a este punto, y derivado de las manifestaciones de inconformidad que la sociedad civil ha mostrado de cara a las disposiciones del texto, el proyecto que la Cámara de Diputados había aprobado en días pasados ya no es el mismo que ahora el pleno del Senado se prepara a legislar. Pero no lo es sólo en la forma, pues las diversas disposiciones que se modificaron únicamente sustituyeron unos eufemismos por otros, manteniendo íntegro su contenido normativo.
La primera de estas alteraciones tiene que ver con la referencia explícita que se hacía en el texto al contenido del proyecto como materia de Seguridad Nacional. Y es que, lo que antes indicaba que: «Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional» , ahora manifiesta que: «Sus disposiciones [de la Ley] son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior» . La cuestión aquí es, no obstante, que pese a la nueva redacción el contenido de la Ley como derivación de la Ley de Seguridad Nacional no cambia en absoluto, ni siquiera acota su ámbito de acción y competencias .
Y es que, en estricto, las fracciones referidas remiten, por un lado, a las facultades del Congreso «para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes»; y por el otro, a las del presidente de la república para «preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación». Es decir, que mediante un largo rodeo en el que una disposición remite a otra, pero siempre correlativa, normativa de la misma materia, se mantiene el objetivo de hacer de las cuestiones de seguridad pública, ciudadana, objeto de regulación de la Ley de Seguridad Nacional , afianzando el rol de las fuerzas armadas en la ejecución de dicha Ley.
El segundo cambio de redacción importante tiene que ver con las disposiciones del artículo séptimo de la Ley, uno de los que más han preocupado a la sociedad civil, en general, y a diversas instancias encargadas de velar por los derechos humanos en el país , en particular. En la redacción anterior, este artículo establecía, en su párrafo segundo, que: «En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas».
Y lo cierto es que se considera una de las disposiciones más sensibles y preocupantes del proyecto porque abre la puerta, de par en par, a la posibilidad de repetir la persecución política que en el siglo XX se justificaba a través del delito de Disolución Social ; empleado por el Gobierno Federal para perseguir, criminalizar, incriminar, desaparecer y asesinar a cualquier ciudadano que le fuera incómodo para el desarrollo de sus intereses —y fuente, también, de las protestas que condujeron al 68 mexicano, movimiento por el que se logró la derogación de los artículos que fundamentaban dicho delito, el 145 y 145 Bis del Código Penal.
Es decir, es una disposición en la que el contenido moral fundado en ella es tan sólido, tan hermético y conservador que, así como en el siglo XX cualquier acto ciudadano que el Gobierno considerara que ponía en peligro u obstaculizaba el funcionamiento de sus instituciones, o que simplemente se consideraba que propagaba el desacato a los deberes cívicos , así ahora cualquier evento que las instituciones del Gobierno Federal consideren, de manera arbitraria, como una perturbación grave de la paz pública , o que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, pasa a justificar no sólo el empleo de las fuerzas armadas para disolver ese evento, sino que, además, legitima la suspensión de derechos en la población objetivo.
En la nueva redacción del proyecto, este párrafo fue eliminado, mientras que en el párrafo primero se introdujeron algunos términos que dan la impresión de reforzar los límites de acción de las fuerzas armadas, por medio del recurso a un amplio abanico de instrumentos garantes de los derechos humanos. De tal suerte que el artículo ahora queda con un solo párrafo que establece: «Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes».
El problema aquí es que, a pesar del énfasis que se hace en el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo primero de la Ley, y de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, ese respeto, esa protección y garantía dejan de ser válidas en el momento en que el titular del Ejecutivo, con el aval del Congreso, considere que hay una amenaza , un peligro o apenas una perturbación grave a la sociedad, en general; o a la paz pública, en general. Y es así porque tales disposiciones están subordinadas al artículo 29 de la Constitución, mismo en el que se establece que la respuesta ante tales eventualidades será la de «restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación» .
Y si bien es cierto que en el siguiente párrafo del art. 29 constitucional (modificado en los términos aquí expuestos el diez de febrero de 2014) se hace mención de los derechos y las garantías que no se podrán suspender, también lo es que las líneas citadas arriba anulan esas excepciones, pues expresamente se establece que se deberán suspender los derechos y las garantías que fuesen obstáculo. Da manera tal que cuando la libre circulación de las personas, el derecho de asociación o de libre expresión, por mencionar algunos ejemplos, constituyan —de conformidad con los estándares morales y de gobernabilidad de la administración en turno—, un peligro, una amenaza o una perturbación deberán suspenderse para hacer frente a la situación de manera rápida y fácil (sí, la Constitución también cuenta con contradicciones importantes).
Es aquí, quizá, en donde se concentran las mayores incomprensiones de la sociedad civil, en favor del proyecto de Ley, sobre los peligros que éste representa para el conjunto poblacional. Y es que, en última instancia, lo que parece estarse olvidando al observar este punto (si es que se lo observa en absoluto), es que la construcción social de los enemigos, la invención de las amenazas, los peligros y las perturbaciones, además de ser asuntos por entero discrecionales, relativos a la moral y a los intereses imperantes en las personas al frente de las instituciones gubernamentales cada sexenio, no precisan de su tipificación en algún código o ley para ser efectivos.
¿Acaso no es la historia de la guerra sucia, de la represión y el despojo de las comunidades originarias la historia de individuos y comunidades que representan un peligro para los intereses económicos en turno? ¿No es la historia de los movimientos obreros la historia de cómo un trabajador reclamando sus derechos sociales es motivo de represión gubernamental, de desaparición, de asesinato o, en el mejor de los casos, de despido? ¿No es la historia de los movimientos estudiantiles la historia de cómo un adolescente inscrito en una institución de educación pública pasa a representar un guerrillero en potencia o un anarquista en las narrativas de la administración pública federal? ¿Y no es la historia de la sexualidad la historia de hombres y mujeres que por sus preferencias afectivas constituían una aberración para los valores cristianos imperantes en el tejido social?
Los ejemplos son muchos, y cada uno de ellos es tan arbitrario como los demás. El que hoy algunos sectores de la población ya no constituyan un peligro para el orden, la paz y la estabilidad públicos no garantiza que en un futuro, próximo o lejano, no lo vuelvan a ser, con las mismas estrategias discursivas o con otras. ¿Qué pasa cuando las manifestaciones por cuarenta y tres estudiantes desaparecidos por las fuerzas armadas se convierte en motivo de expresiones de repudio y resistencia a nivel nacional? ¿Qué pasa cuando el asesinato anual de miles de mujeres se convierte en motivo de protestas sociales frente a la inacción del gobierno? ¿Qué pasa cuando una agenda de reformas estructurales se convierte en motivo de rechazo por sendos sectores poblacionales en todo el territorio nacional?
Entre los cambios al proyecto de Ley realizados por el senado, de la redacción del artículo octavo se eliminó la adjetivación «pacíficamente» «Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior» .
Pero lo cierto es, no obstante, que pese a haber eliminado esa condicionante, la latencia de incluir en la constitución aún más candados de los que ya existen para la libre manifestación de las inconformidades sociales no se suprime, sólo se la disimula, bajo la pretensión de que al apelar a la Constitución todas las garantías están salvaguardadas —aunque sea en la propia constitución en donde se fundamentan las condiciones del estado de excepción.
Estado de excepción que se edifica, justo, sobre diversas eventualidades que en tiempos y espacios específico, de acuerdo con necesidades gubernamentales definidas en su particularidad histórica, constituyen excepciones por sí mismas. Es decir, u n estado de excepción en el que la regla de dicha excepcionalidad se funda en la posibilidad de hacer de cada individuo, de cada comunidad y de cada situación una excepción a la justicia. Y es que si bien es cierto que los márgenes de acción del ejército, hasta el momento, no se dan en un ámbito de sistematicidad generalizada, en donde el grueso de la población ya cuente con alguna experiencia de abusos por parte de las instancias castrenses del Estado, también lo es que no por ello debe obviarse, excluirse, olvidarse, invalidarse o invisibilizar toda una historia de abusos.
Y abusos, por supuesto, que no es que hayan ocurrido porque las fuerzas armadas no contaban con un marco normativo para regular sus actividades. ¿Si no contaban con un marco normativo para realizar tareas de seguridad pública, por qué, en principio, no se esperó a contar con tal marco antes de sacar a los efectivos de sus cuarteles? La guerra sucia en México, aún vigente en todas aquellas comunidades que se resisten al despojo de sus recursos naturales, es el claro ejemplo de que los enemigos del Estado, son muchos, aunque estos tiendan a ser tradicionalmente los mismos, y es, también, la historia de cómo aún en la ilegalidad, en la carencia total de marcos regulatorios que legalicen su actividad, esa excepción a la norma constituye, de facto, una normalidad de la excepción.
Q ue no se requiera experimentar en carne propia, en la historia de vida de uno mismo, los abusos del ejército para caer en la cuesta de que esos abusos ya fueron cometidos y se continúan cometiendo en otros espacios, en contra de otros individuos y otras poblaciones. Y es que, en el momento en que se llegue a ese nivel de generalidad la Ley que regule la militarización será la menor de las preocupaciones, como las leyes vigentes lo fueron en los regímenes militares de toda América en el siglo XX.
12.12.17
Estado de excepción... Seguridad Nacional: última ratio
Ricardo Orozco
En este sentido, a lo que se punta con denominar a un cuerpo social como sociedad militarizada —teniendo como fundamento de dicha militarización el despliegue, en distintas escalas espaciales y temporales, y a través de diferentes dispositivos de poder, una racionalidad específica, privativa, de las fuerzas armadas—, es al reconocimiento de que la forma y el sentido organizativos de las relaciones sociales, de las pautas de convivencia cotidianas entre sujetos individuales y colectivos se encuentran dominados, colonizados, por rasgos que, como generalidad (abstracta) no se encuentran en el desarrollo civil de dicha socialidad.
Es decir, así como la organización y el sentido de las relaciones sociales en una población en la que se privilegian la equidad entre los géneros y la aceptación de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad de los individuos no son los mismos que en aquellas colectividades en las que un género se subordina a otro y el desarrollo de la sexualidad se da en términos estrictamente hetero; así también el sentido y la forma organizacional de una sociedad en la que las nociones de seguridad se encuentran articuladas a la idea de construir y eliminar enemigos no son los mismos que los de aquellas en las que los objetivos de la seguridad no constituyen Otredades. Y es que no únicamente las maneras de comprender la problemática en cada uno de los polos son divergentes, sino que, además, sus procesos de construcción, las corrientes discursivas que los estructuran, los canales de poder que se emplean para abordarlo y los medios por los cuales circulan no son los mismos.
Ahora bien, identificar estas diferencias entre las distintas lógicas, racionalidades, que determinan la organización y el desarrollo de las relaciones de convivencia entre individuos y colectividades es imprescindible para mostrar por qué la Ley de Seguridad Interior, en trámite legislativo en el Congreso mexicano, sí constituye, tanto en su generalidad como en sus disposiciones particulares, la cristalización de una profunda y sostenida dinámica de militarización de la vida en sociedad, en el marco del despliegue y mantenimiento de una guerra en contra del narcotráfico.
Así pues, el primer rasgo que no se debe perder de vista es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal —y sus ideólogos— para mostrar a la Ley como un cuadro normativo destinado a la reglamentación de las fuerzas armadas nacionales en las tareas de seguridad pública, el contenido de la misma es, en realidad, materia de seguridad nacional. La denominación de la propia Ley y de la materia que se supone pretende regular, como dominio de Seguridad Interior, se deben, de hecho, a la pretensión de realizar una distinción efectiva entre tres ámbitos muy específicos en los términos de lo que se entiende por seguridad: a) pública, b) nacional, c) interior; mismos que, en la práctica, se rigen por lógicas relativamente diferenciadas justo por sus órdenes normativos.
El artículo primero del texto, por lo anterior, expresa que la Ley «tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, los procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia». Porque la idea, aquí, es establecer que el campo de Seguridad Interior es una unidad en sí misma, diferente (aunque interconectada) con esas otras dos unidades, con mecanismos regulatorios y dispositivos de poder propios, que se refieren a la seguridad pública y a la seguridad nacional.
El problema es, no obstante, que en el párrafo segundo de la Ley se establece, de manera explícita, que «las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional» , lo que significa que, para todos sus efectos, prácticos y normativos, la Seguridad Interior es apenas un subconjunto, una derivación o modalidad particular de aquella.
Y es que si bien es cierto que la Ley, en su artículo segundo, ofrece una definición de Seguridad Interior que busca distanciarla —aunque sea sólo en apariencia— de aquella que corresponde a la seguridad nacional, también lo es que, en estricto, ambas leyes se complementan, antes que fundar ordenes de acción diferenciados.
El artículo segundo de la Ley de Seguridad Interior, en este sentido, define a la misma como: «la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley».
En el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, por su lado, se entiende por ésta: «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: i) La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; ii) La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; iii) El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; iv) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; v) La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y, vi) La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
Por su objetivo principal, el objeto general de su regulación, ambas Leyes están orientadas, estrictamente, al mantenimiento funcional y la permanencia del Estado mexicano tal y como éste existe en la actualidad; lo que, de entrada, implica que cualquier situación, sujeto y evento que sea susceptible de ser considerado —por el Estado mismo— como una amenaza que ponga en peligro su funcionamiento y existencia, ya es, de suyo, objeto de aplicación de ambas normatividades. Una y otra Ley se superponen, se refuerzan, se doblan, se comprimen sobre ellas mismas.
Y si se omiten, por el momento, las disposiciones referentes a las amenazas extranjeras y se diseccionan las redacciones de ambos cuerpos normativos, se tiene que la efectividad en mantener y asegurar la permanencia y la continuidad del Estado mexicano se encuentra determinada por, y subordinada a, la efectividad que se tenga en salvaguardar la permanencia y la continuidad, asimismo, de a) sus órdenes de gobierno e instituciones; b) el desarrollo nacional; c) el Estado de Derecho; d) la gobernabilidad democrática; e) la defensa del territorio; f) el mantenimiento del orden constitucional; g) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación; y, h) la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Los riesgos para la sociedad mexicana que supone el lograr dichos objetivos, por tanto, son varios, y todos igual de preocupantes.
En primer lugar, las disposiciones relativas a las territorialidades coloca como amenazas, tanto de Seguridad interior como nacional, a las autonomías indígenas, que aunque tienen su propia reglamentación que les confiere el estatus de autonomías integrantes de la unidad territorial nacional, cuando esa autonomía escapa a la subordinación en la que la mantiene la ley, respecto de las estructuras municipales y estatales —como en el caso de las poblaciones autogestivas, del tipo de las comunidades zapatistas—, aquellas son integradas, como ya lo están, a la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por los servicios de contrainsurgencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La suspensión de garantías, el despliegue de efectivos militares, su intervención y su empleo en contra de poblaciones de este tipo, en tal sentido, pasa su justificación por estas nociones, como ya ocurre, de facto, en los casos en que es preciso que el Estado se apropie de sus territorios para insertarlos en las cadenas de producción internacionales.
En segunda instancia, las disposiciones en torno de la gobernabilidad, de la democrática y del desarrollo nacionales están articuladas, en términos de supeditación, al grado de estabilidad que se perciba en la actividad económica impulsada por el Estado mexicano. La propia noción de «preservación de la democracia», definida en la Ley se Seguridad Nacional como una condición fundada en el desarrollo económico del país refiere a la compresión de la democracia como un orden estrictamente económico, productivo/consuntivo, que, a su vez, con base en la experiencia histórica de los últimos seis sexenios, no tiene otra orientación que no sea de corte neoliberal.
De aquí que, en última instancia, Seguridad Interior y seguridad nacional terminen afirmando su campo de acción a través del objetivo de asegurar el despojo territorial, la privatización de la actividad productiva/consuntiva, la especulación financiera, el desmantelamiento de las prerrogativas de seguridad social, etc., cuando la política económica del gobierno en turno considere que el desarrollo del país se encuentra en peligro —lo que ya es tan arbitrario como la racionalidad detrás de la agenda de desarrollo del gobierno lo es. Intereses económicos en turno son identificados, así, con la estabilidad y la permanencia del Estado. Es el rubro en el que se inscriben las resistencias al modelo productivo neoliberal, a la apropiación de los medios de producción, al desarrollo de proyectos de infraestructura en poblaciones autónomas y al extractivismo de recursos naturales como amenazas al Estado en ambas nociones de seguridad.
En tercera instancia, se encuentran las disposiciones que tienen que ver con la institucionalidad y la legalidad del Estado, preceptos en los que la disidencia, la oposición y las políticas de las alternativas figuran como los fenómenos arquetípicos de las amenazas en contra de la racionalidad del Estado. Pero una disidencia, una oposición y unas alternativas que no pasan por las formas de la corrección política que se constituyen en partidos políticos, o similares y derivados, sino que atraviesan la manera de hacer política, en general; y la organización de su órdenes y escalas, en particular.
Es decir, son disposiciones en las que no únicamente se pone en juego la legitimidad, como aceptación popular, de las distintas legalidades que el constituyente permanente funda en su accionar, sino que, además, cuestionan de manera aún más profunda la razón de ser y el telos, la finalidad, de su existencia. El énfasis que se hace en ambas leyes, por lo anterior, no es arbitrario ni azaroso: el objetivo es mantener el status quo, la vigencia actual de las estructuras, divisiones y jerarquías que permiten la reproducción del capitalismo moderno ; esto es, la vida en sociedad debe mantenerse, de acuerdo con estos imperativos, en un estado de coagulación permanente.
Así pues, se comprende que ya desde el primer artículo del proyecto de Ley de Seguridad Interior los asedios que se yerguen sobre la población civil mexicana son bastantes y reiterativas, redundantes —pero al mismo tiempo complementarias— de aquellas que ya en ese otro texto que compone a la Ley de Seguridad Nacional se prefiguran. De tal suerte que, en una primera aproximación, se obtiene que el proyecto de Ley en proceso se orienta en la tarea de desagregar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional a los campos específicos de la seguridad pública, subsumiendo a ésta en los objetivos de aquella a través del velo de una nueva nomenclatura.
El Estado, una vez más, se afirma a sí mismo como la ultima ratio de la vida en sociedad, el punto de culminación de la socialidad humana dentro de la cual —como lo mostró a la civilización entera el fascismo de mediados del siglo XX— queda todo, pues fuera de su racionalidad y en contra de la misma, queda la nada.
II
Si se parte de comprender, por un lado, que
el elemento sobre el cual se funda la militarización de cualquier
sociedad es el de introducir a los individuos que la componen en un
marco relacional dominado por una racionalidad, una lógica, de tipo
castrense; y por el otro, que todo corpus normativo, legal,
es una síntesis de una particular manera de razonar la realidad, de
organizarla, construirla y comprenderla; la primera consecuencia
analítica que se obtiene es que si bien los procesos de militarización
de la vida en sociedad no requieren de leyes o constituciones a modo,
una vez que éstas existen —ya como mandatos constitucionales, como leyes
generales o reglamentarias—, el desplazamiento que se produce no es el
de una simple sustitución de lo fáctico por lo legal y lo legítimo, sino
el de la fundación de un estado de excepción permanente.En este sentido, a lo que se punta con denominar a un cuerpo social como sociedad militarizada —teniendo como fundamento de dicha militarización el despliegue, en distintas escalas espaciales y temporales, y a través de diferentes dispositivos de poder, una racionalidad específica, privativa, de las fuerzas armadas—, es al reconocimiento de que la forma y el sentido organizativos de las relaciones sociales, de las pautas de convivencia cotidianas entre sujetos individuales y colectivos se encuentran dominados, colonizados, por rasgos que, como generalidad (abstracta) no se encuentran en el desarrollo civil de dicha socialidad.
Es decir, así como la organización y el sentido de las relaciones sociales en una población en la que se privilegian la equidad entre los géneros y la aceptación de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad de los individuos no son los mismos que en aquellas colectividades en las que un género se subordina a otro y el desarrollo de la sexualidad se da en términos estrictamente hetero; así también el sentido y la forma organizacional de una sociedad en la que las nociones de seguridad se encuentran articuladas a la idea de construir y eliminar enemigos no son los mismos que los de aquellas en las que los objetivos de la seguridad no constituyen Otredades. Y es que no únicamente las maneras de comprender la problemática en cada uno de los polos son divergentes, sino que, además, sus procesos de construcción, las corrientes discursivas que los estructuran, los canales de poder que se emplean para abordarlo y los medios por los cuales circulan no son los mismos.
Ahora bien, identificar estas diferencias entre las distintas lógicas, racionalidades, que determinan la organización y el desarrollo de las relaciones de convivencia entre individuos y colectividades es imprescindible para mostrar por qué la Ley de Seguridad Interior, en trámite legislativo en el Congreso mexicano, sí constituye, tanto en su generalidad como en sus disposiciones particulares, la cristalización de una profunda y sostenida dinámica de militarización de la vida en sociedad, en el marco del despliegue y mantenimiento de una guerra en contra del narcotráfico.
Así pues, el primer rasgo que no se debe perder de vista es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal —y sus ideólogos— para mostrar a la Ley como un cuadro normativo destinado a la reglamentación de las fuerzas armadas nacionales en las tareas de seguridad pública, el contenido de la misma es, en realidad, materia de seguridad nacional. La denominación de la propia Ley y de la materia que se supone pretende regular, como dominio de Seguridad Interior, se deben, de hecho, a la pretensión de realizar una distinción efectiva entre tres ámbitos muy específicos en los términos de lo que se entiende por seguridad: a) pública, b) nacional, c) interior; mismos que, en la práctica, se rigen por lógicas relativamente diferenciadas justo por sus órdenes normativos.
El artículo primero del texto, por lo anterior, expresa que la Ley «tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, los procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia». Porque la idea, aquí, es establecer que el campo de Seguridad Interior es una unidad en sí misma, diferente (aunque interconectada) con esas otras dos unidades, con mecanismos regulatorios y dispositivos de poder propios, que se refieren a la seguridad pública y a la seguridad nacional.
El problema es, no obstante, que en el párrafo segundo de la Ley se establece, de manera explícita, que «las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional» , lo que significa que, para todos sus efectos, prácticos y normativos, la Seguridad Interior es apenas un subconjunto, una derivación o modalidad particular de aquella.
Y es que si bien es cierto que la Ley, en su artículo segundo, ofrece una definición de Seguridad Interior que busca distanciarla —aunque sea sólo en apariencia— de aquella que corresponde a la seguridad nacional, también lo es que, en estricto, ambas leyes se complementan, antes que fundar ordenes de acción diferenciados.
El artículo segundo de la Ley de Seguridad Interior, en este sentido, define a la misma como: «la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley».
En el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, por su lado, se entiende por ésta: «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: i) La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; ii) La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; iii) El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; iv) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; v) La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y, vi) La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
Por su objetivo principal, el objeto general de su regulación, ambas Leyes están orientadas, estrictamente, al mantenimiento funcional y la permanencia del Estado mexicano tal y como éste existe en la actualidad; lo que, de entrada, implica que cualquier situación, sujeto y evento que sea susceptible de ser considerado —por el Estado mismo— como una amenaza que ponga en peligro su funcionamiento y existencia, ya es, de suyo, objeto de aplicación de ambas normatividades. Una y otra Ley se superponen, se refuerzan, se doblan, se comprimen sobre ellas mismas.
Y si se omiten, por el momento, las disposiciones referentes a las amenazas extranjeras y se diseccionan las redacciones de ambos cuerpos normativos, se tiene que la efectividad en mantener y asegurar la permanencia y la continuidad del Estado mexicano se encuentra determinada por, y subordinada a, la efectividad que se tenga en salvaguardar la permanencia y la continuidad, asimismo, de a) sus órdenes de gobierno e instituciones; b) el desarrollo nacional; c) el Estado de Derecho; d) la gobernabilidad democrática; e) la defensa del territorio; f) el mantenimiento del orden constitucional; g) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación; y, h) la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Los riesgos para la sociedad mexicana que supone el lograr dichos objetivos, por tanto, son varios, y todos igual de preocupantes.
En primer lugar, las disposiciones relativas a las territorialidades coloca como amenazas, tanto de Seguridad interior como nacional, a las autonomías indígenas, que aunque tienen su propia reglamentación que les confiere el estatus de autonomías integrantes de la unidad territorial nacional, cuando esa autonomía escapa a la subordinación en la que la mantiene la ley, respecto de las estructuras municipales y estatales —como en el caso de las poblaciones autogestivas, del tipo de las comunidades zapatistas—, aquellas son integradas, como ya lo están, a la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por los servicios de contrainsurgencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La suspensión de garantías, el despliegue de efectivos militares, su intervención y su empleo en contra de poblaciones de este tipo, en tal sentido, pasa su justificación por estas nociones, como ya ocurre, de facto, en los casos en que es preciso que el Estado se apropie de sus territorios para insertarlos en las cadenas de producción internacionales.
En segunda instancia, las disposiciones en torno de la gobernabilidad, de la democrática y del desarrollo nacionales están articuladas, en términos de supeditación, al grado de estabilidad que se perciba en la actividad económica impulsada por el Estado mexicano. La propia noción de «preservación de la democracia», definida en la Ley se Seguridad Nacional como una condición fundada en el desarrollo económico del país refiere a la compresión de la democracia como un orden estrictamente económico, productivo/consuntivo, que, a su vez, con base en la experiencia histórica de los últimos seis sexenios, no tiene otra orientación que no sea de corte neoliberal.
De aquí que, en última instancia, Seguridad Interior y seguridad nacional terminen afirmando su campo de acción a través del objetivo de asegurar el despojo territorial, la privatización de la actividad productiva/consuntiva, la especulación financiera, el desmantelamiento de las prerrogativas de seguridad social, etc., cuando la política económica del gobierno en turno considere que el desarrollo del país se encuentra en peligro —lo que ya es tan arbitrario como la racionalidad detrás de la agenda de desarrollo del gobierno lo es. Intereses económicos en turno son identificados, así, con la estabilidad y la permanencia del Estado. Es el rubro en el que se inscriben las resistencias al modelo productivo neoliberal, a la apropiación de los medios de producción, al desarrollo de proyectos de infraestructura en poblaciones autónomas y al extractivismo de recursos naturales como amenazas al Estado en ambas nociones de seguridad.
En tercera instancia, se encuentran las disposiciones que tienen que ver con la institucionalidad y la legalidad del Estado, preceptos en los que la disidencia, la oposición y las políticas de las alternativas figuran como los fenómenos arquetípicos de las amenazas en contra de la racionalidad del Estado. Pero una disidencia, una oposición y unas alternativas que no pasan por las formas de la corrección política que se constituyen en partidos políticos, o similares y derivados, sino que atraviesan la manera de hacer política, en general; y la organización de su órdenes y escalas, en particular.
Es decir, son disposiciones en las que no únicamente se pone en juego la legitimidad, como aceptación popular, de las distintas legalidades que el constituyente permanente funda en su accionar, sino que, además, cuestionan de manera aún más profunda la razón de ser y el telos, la finalidad, de su existencia. El énfasis que se hace en ambas leyes, por lo anterior, no es arbitrario ni azaroso: el objetivo es mantener el status quo, la vigencia actual de las estructuras, divisiones y jerarquías que permiten la reproducción del capitalismo moderno ; esto es, la vida en sociedad debe mantenerse, de acuerdo con estos imperativos, en un estado de coagulación permanente.
Así pues, se comprende que ya desde el primer artículo del proyecto de Ley de Seguridad Interior los asedios que se yerguen sobre la población civil mexicana son bastantes y reiterativas, redundantes —pero al mismo tiempo complementarias— de aquellas que ya en ese otro texto que compone a la Ley de Seguridad Nacional se prefiguran. De tal suerte que, en una primera aproximación, se obtiene que el proyecto de Ley en proceso se orienta en la tarea de desagregar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional a los campos específicos de la seguridad pública, subsumiendo a ésta en los objetivos de aquella a través del velo de una nueva nomenclatura.
El Estado, una vez más, se afirma a sí mismo como la ultima ratio de la vida en sociedad, el punto de culminación de la socialidad humana dentro de la cual —como lo mostró a la civilización entera el fascismo de mediados del siglo XX— queda todo, pues fuera de su racionalidad y en contra de la misma, queda la nada.
Estado de excepción... la militarización de México
Ricardo Orozco
I
Uno de los principales mitos del funcionamiento del sistema político mexicano menos cuestionado afirma que las instituciones militares nacionales (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) son entidades por completo abstraídas del funcionamiento general de aquel; esto es, instancias real y verdaderamente aisladas de los causes de la política en sus órdenes federal, estatal y municipal. Gran parte de la naturaleza mítica de esta creencia, y de su incuestionable verdad, por supuesto, se debe al hecho de que una y otra tienen su origen en la historia del partido hegemónico (ya como Partido Revolucionario Institucional), y en las prácticas simbióticas de éste con el andamiaje estatal.
Y lo cierto es que aunque el 68 mexicano y la sistemática eliminación de las poblaciones originarias del país, por un lado; tanto como la guerra en contra del narcotráfico, en tiempos más recientes, por el otro; dan cuenta del poder efectivo que las corporaciones castrenses ejercen en la determinación del desarrollo de vida social cotidiana de los mexicanos; los recuerdos de la supresión del sector militar de la estructura interna del partido y de la consolidación del carácter civil de los funcionarios en cargos de elección popular, en conjunto con una narrativa estable construida alrededor de dichas instituciones como representativas de las glorias de la independencia nacional, del rechazo a la intervención extranjera, de la forja y la herencia de la revolución y de la ayuda ante contingencias humanitarias; son lo suficientemente sólidos como para objetivar al nacionalismo más dogmático e intransigente en el culto a la figura del marino y del militar como personificación de la lealtad, el honor, el valor y la gloria de una nación.
En este sentido, aunque gran parte del mito se articula alrededor de una lógica en la que si el ejército y la marina no tienen presencia pública, ni incide en los procesos de toma de decisiones (fuera de sus ámbitos de competencia en materias de seguridad y defensa) de manera institucional, es porque las instancias castrenses del Estado, en realidad, no cuentan con ningún poder real sobre la manera en la que se gobierna a la sociedad. Es decir, en esta manera de comprender el papel de las fuerzas armadas, éstas son relativas sólo en la medida en que, por un lado, tienen presencia pública; y por el otro, su participación a nivel gubernamental es cualitativa y, sobre todo, cuantitativamente, superior a los niveles que los asuntos de seguridad y defensa requieren. Por supuesto, comprender así a las instituciones militares —de México o de cualquier otro Estado— pierde de vista que de todas las instituciones formalmente constitutivas del andamiaje gubernamental, en particular; estatal, en general; son éstas las únicas que cuentan con las capacidades y las potencialidades estratégicas, tácticas y operativassuficientes como para derribar, ocupar, alterar, bloquear, cambiar y (re)fundar no sólo los órdenes institucionales vigentes, sino el conjunto de los elementos sobre los cuales se fundamenta la estatalidad en cuestión; sin la necesidad de contar con un mandato jurídico establecido o de la aceptación poblacional.
No es azaroso, por lo anterior, que ante cada renovación del andamiaje gubernamental, ya sea en periodo electoral o post-toma de posesión, uno de los primeros elementos de legitimidad y aceptación que se busca obtener o ratificar, sea el de la adhesión de las fuerzas armadas al proyecto de gobierno en cuestión. Y es que, en el fondo de esa aceptación por parte de las entidades castrenses, lo que los gobiernos civiles buscan es afianzarse para sí y su proyecto gubernamental la certeza de que su administración no se encontrará con ningún tipo de resistencia armada, pero no sólo, pues también es importante afirmar la idea de que luego de su investidura sus personas no serán agredidas y sus administraciones no serán depuestas por un Golpe de Estado —piénsese en la historia de América Latina, de la década de los años cuarenta hacia adelante, para ilustrar estas palabras.
Ahora bien, si se comprende que el ejercicio de poder de las fuerzas armadas, su capacidad de determinar políticas exteriores y públicas, programas de gobierno y agendas administrativas, etc., no se encuentra en la cobertura mediática que éstas reciben en el día a día, ni en su participación en eventos públicos y gubernamentales o en asuntos de otras instancias constitutivas del Estado, sino en sus probabilidades reales de tomar el control directo de esas otras instancias y de hacer valer su propia racionalidad sobre el funcionamiento del Estado-nacional en cuestión, se tiene que lo profundo de la participación de los efectivos militares en las tareas seguridad propias de las corporaciones civiles, así como el marco legal sobre el cual aquellos fundamenten su actuar incrementarán las potencialidades de la milicia por encima de los controles civiles.
Un sexenio de guerra en contra del narcotráfico: con un amplio y penetrante despliegue de gran parte de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas del ejército, la fuerza aérea y la marina en el espacio público, sustituyendo a las corporaciones civiles en materia de seguridad, multiplicando el financiamiento que reciben año con año, mejorando su poder de fuego cuantitativa y cualitativamente, disponiendo de mayor infraestructura y recursos administrativos, etc.; por ejemplo, es uno de esos eventos por medio de los cuales las entidades castrenses tienden a exponenciar no sólo sus márgenes de maniobra en cuanto tales, sino la magnitud del ejercicio de poder que de manera efectiva ejercen sobre los órdenes de gobierno que ocupan.
Por este motivo, teniendo como marco contextual la continuidad que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a la política antinarcóticos de Felipe Calderón y Vicente Fox, los recientes eventos en torno de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es un asunto menor, pero sí, un asunto de militarización legal, institucionalmente legitimada, de toda una sociedad. Porque aunque los intentos por discutir a dicha legislación como una antítesis de cualquier noción que se aproxime a las experiencias de Pinochet, en Chile; de Banzer, en Bolivia; de Stroessner, en Paraguay; de Videla, en Argentina; de Bordaberry, en Uruguay; de Castelo Branco, en Brasil, etc., habida cuenta de que la Ley otorgaría a las fuerzas armadas un marco normativo que legitime y garantice la legalidad de sus actos, lo cierto es que tanto por los actos hasta ahora cometidos por efectivos militares como por el contenido de la propia legislación lo que se está poniendo en juego es el grado de determinación que el fenómeno de la guerra contra el narco —y no la pura presencia de la milicia en las calles, per se— tendrá en la cotidianidad de la vida de los mexicanos.
En este sentido, la primera noción que se debe rechazar como sentido común explicativo del fenómeno que se encuentra en curso en el proceso de aprobación de la Ley es quemilitarización no es sinónimo de dictadura militar —entendiendo a esta última noción en los términos en que se usa para designar a los gobiernos latinoamericanos arriba mencionados. Es decir, para argumentar que en México se está instaurando un régimen militarizado no es preciso que en el gobierno federal se instaure a una personalidad como la de Pinochet o la de Stroessner, porque la realidad es que el elemento que funda y define a un régimen de militarización de la vida en sociedad no es tanto la personalidad a cargo de las principales magistraturas del Estado, sino el tipo de relaciones sociales que se introducen y sostienen a partir del despliegue sí de los efectivos castrenses, pero también, y sobre todo, de su particular racionalización.
Un dato que no se debe perder de vista, por lo anterior —y al margen del hecho de que desde 2012 cada entidad de la república mantiene, en algún grado, las estructuras propias de los operativos conjuntos (piedra de toque de la estrategia de despliegue militar de Felipe Calderón) como base de apoyo para las tareas de inteligencia, seguridad y defensa en contra de la delincuencia—, es que aunque las corporaciones estatales de policía de las treinta y dos entidades federativas se encuentran comandadas por efectivos militares (en activo o retirados de la milicia), no es la presencia del efectivo al frente de la institución lo que funda el régimen de militarización, sino la forma en la que los diversos actores del cuerpo social se relacionan entre sí a partir de un particular disciplinamiento territorial, espacial, temporal, social, administrativo, etc., de corte militar.
Y es que, a la comandancia de policías civiles por parte de efectivos castrenses se deben sumar, por lo menos, tres rasgos más para comprender el punto de la militarización en curso en México: a) que luego de la purga emprendida por Felipe Calderón en las policías estatales y municipales (continuada por Enrique Peña Nieto, también), los vacíos que se formaron fueron rellenados por la trasferencia de soldados y marinos a esas instancias para desempeñarse como policías estatales y municipales; b) el modelo de entrenamiento, en sus niveles estratégico, táctico y operativo, de las instituciones de seguridad pública, en general, se mantiene bajo el esquema de profesionalización militar; es decir, bajo los lineamientos dentro de los cuales entrenan las propias fuerzas armadas; c) hasta 2015, las treinta y dos legislaciones locales en la materia (así como la federal) se modificaron para sincronizarse con las demandas del combate directo y armado a la delincuencia organizada.
Es decir, tomando los tres elementos anteriores en su conjunto es posible observar que ya está en operaciones una racionalidad, una lógica y una legalidad propias de la manera de proceder de las milicias en materia de inteligencia, seguridad y defensa. Y aquí, aunque es cierto que la profundidad de estos cambios no es tan homogénea, generalizada ni profunda para cada uno de los casos en los que se despliegan, también lo es que este esquema es apenas una parte que se conjunta con una saturación conformada por la copresencia de marinos, soldados, gendarmes, policías federales, grupos paramilitares, sicarios, etc., esto es, la militarización del país no se está efectuando sólo por un frente, sino por varios.
Discutir si fue primero la delincuencia organizada en sicariato o si lo fue la salida de los militares de sus cuarteles rebasa la presente argumentación, sin embargo, lo que queda claro es que la relación que existe entre uno y otro lado de la ecuación es recíproca, y cada año se va profundizando y escalando en términos cualitativos y cuantitativos; toda vez que un incremento de elementos o una mejora en su potencia de fuego o en su organización operacional supone el imperativo de compensar y rebasar en el otro lado. De aquí que los niveles de violencia desplegados por el ejército siempre se corresponden con un incremento de parte de los sicarios, y viceversa. Ahora bien, ¿si la militarización del país ya se había echado a andar desde los sexenios panistas en la presidencia de la república, que diferencia o elemento nuevo se supone que introduce la legislación en proceso de aprobación? ¿No daría lo mismo que se apruebe o que todo se quede tal y como está si, después de todo, el contenido de la ley ya ocurre de facto? La cuestión con la Ley de Seguridad Interior es que su contenido potencia lo que ya se está dando en la cotidianidad, y sin que se cuente, en este momento, con un marco jurídico. El dictamen general de ciertos sectores de la sociedad, en tal línea de ideas, es, por tanto, el que aquí también se suscribe: el peligro es la legitimación del Estado de Excepción actual.
4.12.17
El huevo de la serpiente
Carlos Fazio
Finalmente, el poder militar terminó por doblegar a su mando civil. Por miedo o cobardía, Enrique Peña Nieto terminó cediendo de manera voluntaria el poder civil al castrense. Volvió legal lo que ningún presidente civil había permitido en el México posrevolucionario por los peligros que entraña. Aunque en rigor, con la
imperiosa necesidadmanifestada al impulsar una ley que busca amparar la actividad anticonstitucional de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, buscaba protegerse a sí mismo.
La hora es difícil y sombría. Después de dos años de un pertinaz activismo político-deliberativo salpicado de chantajes, mentiras y de una propaganda demagógica a contrapelo de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, los mandos militares impusieron su ley. Seguirán afuera de los cuarteles de manera indefinida, sin contrapesos institucionales y sin transparentar o rendir cuentas a nadie, con lo que se profundizará la estrategia de (in)seguridad militarizada diseñada por el Pentágono en el marco de la Iniciativa Mérida, que ha derivado en una catástrofe humanitaria con su cauda de torturas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y desplazamiento de población.
En lo que podría configurar un virtual golpe de Estado técnico, la aprobación por el Senado de la llamada ley de seguridad interior convertiría lo que hace 11 años Felipe Calderón promovió falsamente como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, en la “petrificación de un statu quo” (Jan Jarab, comisionado de Derechos Humanos de la ONU, dixit) signado por una violencia estatal sin límites. Y así como el régimen anterior vivió bajo una forma de emergencia de lo permanente, ahora, con la nueva ley, la excepción se volverá regla.
Ese es el quid de la cuestión: la ley de seguridad interior busca dar protección jurídica a aquello que los militares han venido haciendo de manera irregular y extralegal. La exigencia de los mandos de
regular el uso de la fuerzade unas instituciones armadas preparadas para exterminar al
enemigo, busca constitucionalizar esa práctica; sólo que ninguna ley permite torturar, matar o desaparecer personas. Pero además, ahora, bajo presión castrense, la aprobación senatorial de la iniciativa de un Presidente frívolo y pusilánime, darán al Ejército y a la Marina atribuciones que no deberían tener (máxime sin una declaración de guerra): tareas de investigación, persecución de delitos, control social o espionaje sobre la población y represión. Se legalizará, pues, la claudicación de los poderes civiles frente a la casta militar. Mala cosa.
Como en la metáfora del huevo de la serpiente del clásico filme de Bergman, a través de la membrana del actual régimen de dominación cualquiera puede ver el futuro: ante la agudización de la guerra de clases (Warren Buffett dixit) y la actual
insurgencia plutocrática(Thomas Bunker) disciplinadora y depredadora; en la antesala de un año electoral y con la intención manifiesta de los poderes fácticos de imponer como sea al débil y dócil tecnoburócrata del bunker neoliberal José Antonio Meade, se incuba en México un bordaberrazo o fujimorazo. Un régimen arbitrario y despótico de corte cívico-militar, como los encarnados por Juan María Bordaberry y Alberto Fujimori en Uruguay y Perú, en décadas pasadas (ambos terminaron en la cárcel), donde la suspensión de garantías individuales podrá ser aplicada de manera discrecional por el presidente de turno con respaldo militar, y en el cual sus guardias pretorianas −al amparo de una renovada doctrina de seguridad nacional que define al enemigo interno− seguirán actuando por razones geopolíticas como un Ejército de ocupación (nativo) de su propio país, en acatamiento y tácita sumisión a las directivas emanadas desde Pentágono vía la Iniciativa Mérida.
Las ambigüedades de la ley, incluidas las imprecisiones conceptuales que surgen de mezclar la seguridad nacional con la seguridad interior, encarnan potenciales riesgos. En el contexto de la seguridad nacional −y con el artificioso truco legal de que sus acciones no serán de
seguridad pública, sino de
seguridad interior−, la imposición de una reserva de hasta por 20 años sobre la recolección de datos (de inteligencia) que se generen con motivo de la aplicación de la ley (que incluirán la intervención telefónica, de computadoras, correos electrónicos y correspondencia), hará nugatoria cualquier expectativa de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, la ley va contra las víctimas y el acceso a la justicia, y está diseñada para dificultar litigar en instancias internacionales. Argumentando razones de seguridad nacional, la Sedena y la Semar van a negar cualquier información sobre sistemáticas prácticas ilegales (torturas) o despliegues castrenses que involucren violaciones a derechos humanos −con alto índice de letalidad o no−, que no se podrán documentar, perpetuándose así la actual impunidad y la repetición de crímenes de lesa humanidad de factura militar.
Desde 2006, al aplicar las directivas encubiertas de Estados Unidos, el Estado mexicano abandonó y obstaculizó de manera deliberada las tareas de seguridad pública o ciudadana, que en términos del artículo 21 Constitucional corresponden de manera exclusiva a las policías civiles. La militarización de la seguridad y la sociedad mexicana responde a la agenda geopolítica de Washington; no se trató de una estrategia fallida: era previsible que a mayor militarización, mayor violencia; 2017 fue un año trágico. Peña Nieto rompió récords históricos en materia de desapariciones y homicidios dolosos. Pero este año marcó también la mayor asociación clientelar y sumisa de los responsables de las fuerzas armadas locales al Pentágono y la administración Trump.
Un viejo apotegma dice que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Peña Nieto debería saberlo; la manada legislativa también. Gedeón lo sabía: en la violencia prosperan y se consolidan los más fuertes…
2.12.17
El Congreso traicionó a México con la Ley de Seguridad, y ahora todos estamos en riesgo, critican
Efrén Flores
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior llevaba años estancada en el Congreso de la Unión. En los últimos meses, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han venido presionado al Poder Legislativo para que la aprobara. Ayer, los diputados apresuraron el aval. ¿Pero por qué ahora, cuando a Enrique Peña Nieto se le agota el sexenio y cuando estamos en vísperas de las elecciones de 2018?
Para analistas y representantes de la sociedad civil, las acciones del Congreso responden a un interés que se superpone al de la ciudadanía: el interés de los diferentes actores de Estado. Al Presidente, dicen, le conviene porque aumenta su potestad y control sobre la sociedad, el Ejército es la herramienta perfecta para meter en cintura a quienes considere como “amenazas”. A las Fuerzas Armadas les beneficia, pues amparadas bajo esta Ley, quedarían legitimadas para actuar en las calles -en medio de acusaciones por atropellos en materia de derechos humanos-. Y a la estructura priista del Primer Mandatario, le conviene por la posibilidad de suavizar asperezas electorales para el próximo año.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Noviembre fue un mes mediático para el Presidente Enrique Peña Nieto y para su Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. El primero salió a decir que la Ley de Seguridad Interior es una “imperiosa necesidad”, porque brinda mayor certeza a nuestra Fuerzas Armadas. El segundo promovió la iniciativa so pretexto de ser necesaria para trabajar, “hombro con hombro”, con el gobierno y la sociedad civil, para “garantizar el bienestar común y la seguridad de la ciudadanía”.
Un año antes, en diciembre de 2016, Cienfuegos instó a los diputados para que legislasen sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces – al menos discursivamente- no era ajeno a regresar a los militares a los cuarteles para que pudieran efectuar “sus labores constitucionales”, pues “no estudiamos para perseguir delincuentes”. Hoy, el regreso a las barracas no lo menciona, aunque sí la necesidad de “legalizar una situación que ya se estaba dando prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, apuntó Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora, la decisión de avalarla y pasarla al Presidente de la República, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), queda en manos del Senado. Mientras sucede, el aval del Congreso es criticado por representantes de la sociedad civil, especialistas en materia política y de defensa de derechos humanos, quienes concuerdan que los legisladores actúan en favor de intereses privados: los del Presidente; los de las Fuerzas Armadas, e inclusive los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de las elecciones de 2018.
La capacidad del Ejecutivo y del Ejército para presionar la aprobación de una Ley también preocupa al activista Pablo Girault, consejero de la organización México Unido Contra la Delincuencia, por dar carta blanca a la posibilidad de una represión, por parte del gobierno, a la sociedad civil, como podría darse, ejemplificó, en 2018 en contra de manifestantes o en contra de los procesos democráticos. Este tipo de presión, dijo, “puede ser el final del Gobierno civil […]. Así se acaban las democracias; cuando se le da mucho poder a los militares por cualquier excusa”.
Con la aprobación, los analistas observan que el Gobierno federal pretende mantener la estrategia de combate frontal en contra del narcotráfico. Desde 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado, las Fuerzas Armadas han salido a las calles para combatir los índices de violencia y criminalidad. Sin embargo, este año, nuestro país alcanzó niveles históricos de homicidios.
çPara los analistas, el Congreso de la Unión vota de manera parcial –por intereses- y a ciegas –sin saber lo que votan-.
Sobre este último punto, Pablo Montalvo Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que hay una presión ideológica y política para que el Congreso aprobara la Ley, no sólo para demostrar “que realmente se está haciendo algo” en materia de seguridad, sino también “por la premura de los tiempos políticos”.
Al final, esa necesidad de dar resultados antes de las elecciones hace evidente, según Rivas, que las acciones del Congreso responden “al interés de un partido que hoy no está mostrando resultados en materia de seguridad”. E inclusive algunos, como el maestro Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, señalan que el comportamiento de la oposición fue “cobarde” por abstenerse de votar para “permitir que se obtuvieran los votos suficientes para la aprobación”.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior llevaba años estancada en el Congreso de la Unión. En los últimos meses, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han venido presionado al Poder Legislativo para que la aprobara. Ayer, los diputados apresuraron el aval. ¿Pero por qué ahora, cuando a Enrique Peña Nieto se le agota el sexenio y cuando estamos en vísperas de las elecciones de 2018?
Para analistas y representantes de la sociedad civil, las acciones del Congreso responden a un interés que se superpone al de la ciudadanía: el interés de los diferentes actores de Estado. Al Presidente, dicen, le conviene porque aumenta su potestad y control sobre la sociedad, el Ejército es la herramienta perfecta para meter en cintura a quienes considere como “amenazas”. A las Fuerzas Armadas les beneficia, pues amparadas bajo esta Ley, quedarían legitimadas para actuar en las calles -en medio de acusaciones por atropellos en materia de derechos humanos-. Y a la estructura priista del Primer Mandatario, le conviene por la posibilidad de suavizar asperezas electorales para el próximo año.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Noviembre fue un mes mediático para el Presidente Enrique Peña Nieto y para su Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. El primero salió a decir que la Ley de Seguridad Interior es una “imperiosa necesidad”, porque brinda mayor certeza a nuestra Fuerzas Armadas. El segundo promovió la iniciativa so pretexto de ser necesaria para trabajar, “hombro con hombro”, con el gobierno y la sociedad civil, para “garantizar el bienestar común y la seguridad de la ciudadanía”.
Un año antes, en diciembre de 2016, Cienfuegos instó a los diputados para que legislasen sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces – al menos discursivamente- no era ajeno a regresar a los militares a los cuarteles para que pudieran efectuar “sus labores constitucionales”, pues “no estudiamos para perseguir delincuentes”. Hoy, el regreso a las barracas no lo menciona, aunque sí la necesidad de “legalizar una situación que ya se estaba dando prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, apuntó Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora, la decisión de avalarla y pasarla al Presidente de la República, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), queda en manos del Senado. Mientras sucede, el aval del Congreso es criticado por representantes de la sociedad civil, especialistas en materia política y de defensa de derechos humanos, quienes concuerdan que los legisladores actúan en favor de intereses privados: los del Presidente; los de las Fuerzas Armadas, e inclusive los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de las elecciones de 2018.
La aprobación fast-track de la norma “tiene que ver con el periodo electoral”, pero antes responde a un “pacto de impunidad” por parte de las autoridades, comentó Aguilar. “Ante la perspectiva de que haya una alternancia política de nuevo en México [en 2018], parecería muy lógico dejar protegidas a las Fuerzas Armadas que han cometido muchos abusos de derechos humanos. Entonces, quizá, también en eso radica la prontitud con que se aprobó en este periodo”, mencionó.Entre 2006 y 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido al menos 151 recomendaciones a las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas; entre ellas, dos dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones graves a las garantías individuales.
La capacidad del Ejecutivo y del Ejército para presionar la aprobación de una Ley también preocupa al activista Pablo Girault, consejero de la organización México Unido Contra la Delincuencia, por dar carta blanca a la posibilidad de una represión, por parte del gobierno, a la sociedad civil, como podría darse, ejemplificó, en 2018 en contra de manifestantes o en contra de los procesos democráticos. Este tipo de presión, dijo, “puede ser el final del Gobierno civil […]. Así se acaban las democracias; cuando se le da mucho poder a los militares por cualquier excusa”.
En su opinón, el Congreso incurrió en “un acto de gran traición hacia el Gobierno civil, [hacia] el Gobierno democrático de este país y al pacto federal, porque lo que están haciendo es dándole al Presidente la autorización de intervenir en cualquier estado, cuando él decida”.La Ley de Seguridad Interior amplía, en efecto, la capacidad del Presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas a discreción, siempre y cuando haya la necesidad de contener un “grave peligro a la integridad colectiva”, que por la ambigüedad del concepto, puede ser cualquier acto: desde una marcha hasta un atentado terrorista, han dicho expertos; y que la situación supere “las capacidades efectivas de las autoridades competentes”. Asimismo, la Ley protege a las Fuerzas Armadas al amparar sus actos en las calles, cuando ejerzan labores de seguridad pública.
Con la aprobación, los analistas observan que el Gobierno federal pretende mantener la estrategia de combate frontal en contra del narcotráfico. Desde 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado, las Fuerzas Armadas han salido a las calles para combatir los índices de violencia y criminalidad. Sin embargo, este año, nuestro país alcanzó niveles históricos de homicidios.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de este año, se registraron cuando menos 20 mil 878 homicidios dolosos; esto es ocho por ciento más que en el mismo periodo de 2011 -el año más violento del sexenio anterior- y 15.3 por ciento más que en 2012 -cuando inició funciones Enrique Peña Nieto-.
UN CONGRESO SOMETIDO A INTERESES POLÍTICOS
çPara los analistas, el Congreso de la Unión vota de manera parcial –por intereses- y a ciegas –sin saber lo que votan-.
El primer problema con respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior radica en que “puede más la presión política que una genuina atención a las necesidades de los gobernados”, según explicó a SinEmbargo Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.En su opinión, “no puede haber una Ley de Seguridad Interior, sin antes haber un modelo claro de fortalecimiento de la seguridad y de la justicia en México”. Además, dijo, “nos están olvidando en la medida en que no se han movido para mejorar las condiciones de contrapeso, transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia”.
El segundo problema con la aprobación de la Ley, es que los diputados no conocen ni han leído la iniciativa, apuntó Pablo Girault refirió que “hay muchos senadores y diputados que están dispuestos a traicionar y usurpar esta Ley, que es una Ley que el Presidente quiere”, siendo que “ni siquiera la han leído”. Y Francisco Rivas, por su parte, sostuvo que existe “un desconocimiento de la materia ante la urgencia de presentar algún resultado”.“Estamos a poco de la elección; hay un contexto social enrarecido; y los datos de seguridad apuntan a una debacle en las acciones que está llevando a cabo el actual gobierno [para combatir tanto la violencia como la incidencia delictiva]”, mencionó. Por ello, abundó, “no están teniendo resultados, y evidentemente, cuando se desconoce qué hacer, lo más fácil es retomar una iniciativa que lleva años en el Congreso […] y para la cual no hay un entendimiento claro de los alcances negativos que podría llegar a tener”.
Sobre este último punto, Pablo Montalvo Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que hay una presión ideológica y política para que el Congreso aprobara la Ley, no sólo para demostrar “que realmente se está haciendo algo” en materia de seguridad, sino también “por la premura de los tiempos políticos”.
Al final, esa necesidad de dar resultados antes de las elecciones hace evidente, según Rivas, que las acciones del Congreso responden “al interés de un partido que hoy no está mostrando resultados en materia de seguridad”. E inclusive algunos, como el maestro Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, señalan que el comportamiento de la oposición fue “cobarde” por abstenerse de votar para “permitir que se obtuvieran los votos suficientes para la aprobación”.
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