México ejecuta extrajudicialmente

Zósimo Camacho

La ONU y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalan: el Estado mexicano sigue ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso excesivo de la fuerza. Lo de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado

El Estado mexicano asesina a quienes ejercen su derecho a la protesta o disienten de las políticas llevadas a cabo por funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Además, garantiza impunidad para los perpetradores. Son las conclusiones a las que, por separado, llegan organizaciones defensoras de derechos humanos mexicanas, pero también internacionales y hasta dependencias de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La privación arbitraria de la vida y la impunidad siguen siendo problemas graves de México”, apunta el relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.

En el Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento a su misión en México se asienta que el Estado mexicano no pudo cumplir a cabalidad siquiera una de las recomendaciones que el organismo internacional realizó luego de su anterior visita hace 2 años. Lo más que hizo el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, fue a aplicar “parcialmente” algunas de ellas.

“Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando la vida, en particular, de las personas vulnerables. Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces”, concluye el documento.

Fechado en mayo pasado y con número de oficio A/HRC/32/39/Add.2, el informe se dio a conocer apenas un par de días antes de que en Nochixtlán, Oaxaca, la Policía Federal intentara disolver una protesta con el uso de armas de fuego. El saldo, hasta el momento es de 10 manifestantes asesinados, aunque el número podría incrementarse en los próximos días debido a que algunos manifestantes se encuentran postrados y en estado grave tanto en hospitales públicos como en comunidades de la sierra mixteca.

El documento se emite 2 años después de que el relator visitara México para atestiguar la situación de vulnerabilidad de grupos e individuos ante las ejecuciones extrajudiciales que, desde el sexenio de Felipe Calderón, se venían cometiendo en el país. En aquella ocasión, el relator estuvo en México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013. A más de 25 meses, el Estado mexicano no pudo presentar avances sustanciales en la aplicación de las recomendaciones para revertir el problema.

Lo que el relator observó durante su visita a México fue que “el derecho a la vida estaba en grave peligro en el país como resultado de diversos factores, entre ellos las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la militarización de la policía, la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial y la falta de rendición de cuentas por violaciones cometidas”.

Gabriela Carreón Lee, colaboradora del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), coincide en que “no hay un avance real en esta materia”. Y para remarcar la importancia del problema, recuerda que, al hablarse de ejecuciones arbitrarias, es que están involucrados actores estatales: el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal, principalmente.

No ha sido el único informe reciente en el que el Estado mexicano es señalado directamente como violador de derechos humanos. La Open Society Initiative hizo público un estudio, el cual, desde su título, describe el terror que se vive en México y las responsabilidades de las autoridades: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.

Luego de documentar cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos en más de 160 páginas, el informe concluye: “A más de 9 años de que el gobierno federal lanzara su estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continúa, alimentada tanto por el crimen organizado como por la respuesta de mano dura por parte del Estado mexicano”.

Agrega: “Existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.

El demoledor informe apunta a las responsabilidades servidores públicos: “La crisis de impunidad en México es el resultado de una falta de liderazgo político. Los altos funcionarios del gobierno han negado y minimizado las dimensiones de la crisis, han acusado sin fundamento a víctimas del crimen y han buscado desacreditar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a observadores internacionales que han alertado sobre los problemas”.

Esta actitud de los tres niveles de gobierno se ha traducido en, señala el informe de la Open Society Initiative, “políticas oficiales desacertadas consistentes en ocultar y falsear información respecto a las atrocidades y su responsabilización, aceptar la tortura como base para la investigación penal, detener a personas inocentes dejando libres a los verdaderos autores, oponerse a la rendición de cuentas de la milicia, militarizar a la policía con el resultado de una mayor comisión de delitos y no su resolución, no aislar los servicios forenses y la protección de testigos de la manipulación indebida, y no simplificar la burocracia, cuya complejidad ha dejado al sector justicia propenso a una mayor manipulación”.

Otros organismos, estos multilaterales y por separado, también han condenado el actuar de las autoridades mexicanas: el año pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), señala que, en específico, los casos de ejecuciones extrajudiciales se viene presentado desde hace varios años.

“Hay una continuidad histórica en las acciones represivas del Estado. Y hay un aprendizaje de acción: crear escenarios de estados de excepción para ir a reprimir a quienes están reclamando derechos legítimos.”

El defensor de derechos humanos señala que en la entidad federativa donde el Frayba tiene su sede, Chiapas, se han documentado 87 casos de ejecuciones extrajudiciales. En estos crímenes han participado tanto policías como militares y se han llevado a cabo en el marco del conflicto interno más fuerte que tiene el país, entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Señala que, por supuesto, Chiapas no es el único estado de la república con estas estadísticas. Recuerda casos como el de El Charco, en Guerrero, cuando el 8 de junio de 1998 el Ejército Mexicano presentó como un “combate” con guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente el asesinato de milicianos y pobladores desarmados. Estos casos señalan que en todo el país y desde hace varios años se cometen ejecuciones extrajudiciales.

“Y si nos vamos más atrás, pues tenemos las masacres de estudiantes en 1968 y 1971”, destaca.

Carlos Ventura, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señala que el uso de la fuerza pública, tanto civil y militar, es recurrente y generalizado en diferentes partes de la república. Este abuso ocurre, además, en medio de una crisis de derechos humanos y de una conflictividad producto de un malestar social constante.

“Y el uso arbitrario de la fuerza ha tenido como una de sus peores expresiones las ejecuciones arbitrarias”. Lo grave es que el Estado hace uso de estos mecanismos para ejercer un “control social”, explica.

Recomendaciones de la ONU, ignoradas

Luego de su visita en 2014 y darse cuenta de la crisis que vive México en materia de derechos humanos, y específicamente en la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, el relator especial de la ONU emitió siete recomendaciones generales: “establecer un marco jurídico y de políticas para la protección del derecho a la vida; promover la rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos pasadas y presentes; poner fin a la militarización de la seguridad pública; aplicar la jurisdicción civil en los casos de vulneraciones de los derechos humanos; adoptar normas exhaustivas sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden; proteger los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada; y proteger el derecho a la vida de los grupos vulnerables”.

De éstas se derivan otras más de carácter específico. De todas, ninguna cumplió a cabalidad el Estado mexicano.

Una de las recomendaciones que el relator especial de la ONU emitió con más énfasis fue la desmilitarización del país. Ahora, a más de 2 años, “lamenta que no se haya avanzado en la aplicación de la recomendación”. Por el contrario, señala “una serie de trágicos acontecimientos” en las que las Fuerzas Armadas Mexicanas se han visto involucradas. Y se trata de hechos nada menos que de ejecuciones extrajudiciales. Cita el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde en junio de 2014 murieron 22 civiles. “Si bien las autoridades mexicanas declararon que todas las muertes se habían producido como parte de un ‘tiroteo’, los documentos militares revelaron que existía una orden explícita de ‘matar a criminales’. Posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que, al menos, 12 de las víctimas, y posiblemente hasta 15, fueron privadas de la vida extrajudicialmente tras ser capturadas”.

También cita el caso de Calera, Zacatecas, donde en julio de 2015 militares se vieron involucrados en la desaparición forzada y asesinato de siete personas. Y el de Santa María Ostula, Michoacán, lugar donde fue asesinado un niño de 12 años cuando militares intentaron disolver una protesta.

Al respecto, Carlos Ventura, del Centro Vitoria, señala que “el uso del Ejército en labores de seguridad pública ha generado un incremento mayor de violaciones a derechos humanos. Y que el Ejército siga en estas labores es un caso de falta de voluntad política: claro que el Poder Ejecutivo podría generar ya programas o un plan de acción para las Fuerzas Armadas se vayan retirando a los cuarteles”.

Lo que es necesario, dice Ventura, es cambiar el actual modelo de seguridad pública por uno de “seguridad ciudadana o seguridad humana basado en el respeto y garantía de la dignidad de las personas”.

Gabriela Carreón, del Centro Prodh, explica que las ejecuciones extrajudiciales que se presentan en México tienen varias modalidades: están las que se realizan en un contexto de represión, como en Nochixtlán, Oaxaca; pero también suceden en otros contextos, como cuando las víctimas están recluidas o son retenidas por actores estatales, o cuando son torturadas. Es decir, el hecho es tan generalizado que se presenta en varias situaciones.

Uso de la fuerza

Ya en su visita de 2013, el relator había expresado su “preocupación” por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden público en las manifestaciones o en las detenciones. Entonces observó que en el país “no existía un marco jurídico coherente en ese ámbito”.

Al momento de presentar el informe, no tenían lugar aún los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, pero la ONU ya había sido informada de varios casos de uso excesivo de la fuerza en los últimos meses durante manifestaciones o reuniones. En el documento se destaca el ocurrido en julio de 2014, cuando la policía disparó contra manifestantes en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. En esos hechos un niño había resultado muerto y seis personas habían sido heridas.

Otro caso a destacar es el de Iguala, Guerrero, cuando en septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y tres personas fueron asesinadas. Son los saldos, asienta el informe, de “unas operaciones conjuntas de la policía municipal y diversos hombres armados contra 80 estudiantes”.

También, en enero de 2015 murieron 10 personas y 21 resultaron heridas durante una manifestación en Apatzingán, Michoacán. “Si bien las autoridades habían indicado que las víctimas habían muerto en un enfrentamiento entre grupos de autodefensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que los agentes habían cometido graves violaciones a los derechos humanos y que, como resultado de ello, se habían producido cinco casos de privación de la vida y una ejecución extrajudicial”.

En este rubro “el relator especial lamenta la falta de aplicación de la recomendación y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por el Ejército y la policía”.

También se constató que las autoridades mexicanas siguen manipulando las escenas de delitos. Y siguen sin conservar ni transferir adecuadamente restos mortales.

Para Gabriela Carreón se trata de todo un patrón de conducta de las autoridades posterior a las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias: “Aparecen con un comunicado de prensa diciendo que las personas que murieron eran delincuentes o que murieron en un enfrentamiento; generalmente se dice que se repelió una agresión. Entonces ya hay una estigmatización de las víctimas de ejecución”.

Y lo que sigue es una serie de falencias en el proceso de investigación: “Es común que no se recaben todas las pruebas al momento de la ejecución y todo el proceso es obstaculizado. No se investiga a los actores que participaron, ni la cadena de mando, existe la manipulación de las escenas…”

Asimismo, el Estado mexicano hizo caso omiso de la de recomendación de la ONU para que “las ejecuciones extrajudiciales y las masacres” cometidas durante el periodo de la Guerra Sucia “fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación adecuada”.

Los defensores de derechos humanos coinciden en que no basta con que México suscriba tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos para que se respete en el país la dignidad de las personas. Incluso, tampoco basta con que se aprueben leyes federales y locales sobre este tema.

México dice adoptar los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza. La ONU recomienda tajantemente que el accionamiento de armas de fuego sea el último recurso en el uso de la fuerza. Además, a nivel local se cuenta con instrumentos jurídicos, como las reforma en materia de derechos humanos de 2008 y de 2011, que buscan proteger a las personas y garantizar sus derechos.

Sin embargo, observa Carlos Ventura, “hoy hay muchos actos contrarios al espíritu de esa reforma y al de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. Todo porque se hace un “uso faccioso de la ley, un uso de manera arbitraria, que se amolde a los intereses de algunos grupos en el poder”.

De acuerdo con Pedro Faro, director del Frayba, los derechos humanos son para el Estado mexicano “un discurso y un eslogan; vacía de contenido el concepto. Por ello tenemos un marco normativo importante en materia de derechos humanos, pero que no corresponde con la realidad”.

El asunto de fondo en la falta de concordancia de las leyes en materia de derechos humanos con lo que pasa en la realidad es “que las autoridades mexicanas, sobre todo el Poder Ejecutivo, quiere controlar a la población”, dice Carlos Ventura.

Agrega que la situación sólo cambiará cuando la sociedad obligue a las autoridades a “cambiar el paradigma de seguridad”. Porque incluso, se pueden aprobar leyes acerca de los derechos humanos que terminan siendo contrarias a éstos.

Un ejemplo es el de la conocida como ley bala, en Puebla: una ley local para el uso de la fuerza pública que en realidad lo que auspiciaba era la habilitación de la represión.

“Por ello tenemos un gran reto también en materia conceptual para construir una legislación y una normatividad que verdaderamente controle el uso de la fuerza”, observa Ventura.

Gabriela Carreón concluye que nada justifica la violación de los derechos humanos, ni la lucha contra la delincuencia organizada: “no puede defender derechos humanos violando otros derechos humanos”.

Los motivos detrás de Nochixtlán, Oaxaca y la contrainsurgencia desplegada en todo México

Ramón César González Ortiz

“Cuando el trabajador se humilla, ruega con un favor
por lo que justamente le pertenece; los adinerados, los políticos,
el gobierno, sonríen y se burlan del cobarde.
¡Ah, pero cuando el grito de valor, y la acción revolucionaria,
toman el lugar de la súplica gemebunda, algo sorprendente ocurre:
El orgulloso, el poderoso, el altanero, se ven obligados a aflojar
su garra sobre aquellos que por siglos han sido dolientes víctimas.
Ricardo Flores Magón.

La represión ocurrida el domingo 19 de junio en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y en la misma capital de Oaxaca. Después de que policías estatales y federales, se dirigieran a Asunción Nochixtlán. Con el supuesto objetivo de “desalojar” el bloqueo sobre la autopista Oaxaca-Puebla, que desde hace siete días han mantenido los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dejando tras el paso de la policía federal, bajo el mando de Enrique Francisco Galindo, actual Comisionado General de la Policía Federal de México y Presidente de la Comunidad de Policías de América. Muertos, heridos, desparecidos y detenidos. Mediante el uso de armas de fuego, francotiradores y el uso de helicópteros con potentes luces, tanto para facilitar la represión nocturna, como para poder lanzar desde el aire gases contra los inconformes. Además de obligar a que los servicios de salud no ofrecieran atención médica a civiles, y en su lugar se centraran sólo en los agentes del “orden”.

Tiene una clara connotación contrainsurgente, evidenciada en los abusos y disparos de armas de fuego, realizados por las autoridades contra civiles desarmados. Así como en el accionar de policías, quienes vestidos de civil, cargaban garrafones llenos de gasolina. Liquido que fueron rociando sobre los vehículos que se encontraban a los costados de la carretera y les prendieron fuego, para después disparar de manera directa contra civiles1.

Más aun, las atribuciones jurídico-legales (también en una lógica contrainsurgente) que se le han otorgado a las fuerzas federales, mediante la Iniciativa Mérida, impulsada desde Estados Unidos para supuestamente contrarrestar a narcotraficantes, que en realidad son paramilitares. Han dejado un saldo hasta el momento 13 muertos, 21 detenidos, 22 desaparecidos y 45 heridos de bala. No obstante Gabino Cué, actual gobernador de Oaxaca, tras tomar posesión del cargo en diciembre de 2010, declarará que nunca más se haría uso de la fuerza pública contra el pueblo oaxaqueño2.

Sólo en una lógica contrainsurgente se puede entender que después del envió de policías y federales, contra la sección 22 de la CNTE, de acuerdo con la fiscalía General del estado. Fueran asesinado Andrés Sanabria García y Yalid Jiménez Santiago, el último abatido mientras llevaba víveres a la barricada de Nochixtlán. Así como, Óscar Nicolás Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Jesús Cadena Sanchéz, Óscar Aguilar Rámirez y Antonio Pérez García.

Lógica contrainsurgente que necesariamente guarda una estrecha relación con los intereses empresariales y comerciales del imperialismo occidental, pero principalmente con el estadounidense. Así, debemos tener presente la aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), que abraca todas las zonas del sureste del país que hoy están en conflicto. El puerto Lázaro Cárdenas y municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes puerto madero), en el municipio de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz en el Itsmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño y el corredor petrolero que ira desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, hasta Tabasco3.

Proyecto que al igual que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pretende que las políticas públicas, económicas y sociales, favorezcan a los grandes agroexportadores y demás industriales que operan en el país. Para que al igual que ha ocurrido con los alimentos, las grandes trasnacionales nos vendan los productos que antes se producían en el país, como la gasolina. O se lleven los minerales y demás recursos que hay en nuestras tierras.

Por ejemplo, “gracias” al TLCAN los mexicanos hoy importamos 50% de alimentos tales como: Maíz, trigo, arroz, huevo, café, leche, frijol, pescado, leche en polvo, carne de bovinos, aves y muchos más alimentos básicos. Situación que agravará las condiciones de los mexicanos, con el aumento del dólar, toda vez que México destina crecientes sumas de dólares a la importación de alimentos y al pago de la deuda externa. Tan sólo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se han destinado cerca de 50 mil millones de dólares a la importación de alimentos, de los que 75% han ido a parar a las manos de los agroexportadores estadounidenses4.

Y en la misma lógica de una burguesía monopólica nacional estrechamente vinculada con la burguesía imperialista, hoy en día casi una centena de comunidades se ven afectadas en sus territorios por la expansión de “proyectos de desarrollo”, que se impusieron en su mayoría sin consultar a los pobladores y en deterioro del medio ambiente.

Según datos de la Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, 34% de los proyectos son de generación de energía, 32% mineros, 15% están relacionados con la privatización del agua y 12% con la infraestructura de transporte y urbanización. Todos los cuales vienen generando impactos adversos para las poblaciones residentes. De tipo ambiental, seguidos de la pérdida de bines comunes naturales, el control de los recursos, así como son afectados por la expropiación y el despojo de tierras, daños a la salud, el desplazamiento forzado, la afectación a la producción y la destrucción de sitios sagrados.

Todo lo cual viene generando conflictos en estados como Chiapas, donde hay 28 barrios y comunidades en resistencia; en Oaxaca, 15; en la Ciudad de México, 5; en Guerrero, 3; en Veracruz, 2 y otros tantos en la Península de Yucatán.

No obstante estos sucesos, dentro de la misma lógica empresarial, la llamada Reforma educativa que en México fue aprobada por el Congreso de la Unión y cuyo decreto firmado por Enrique Peña Nieto, fue publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero de 2013. Reforma laboral disfrazada de educativa, ya que en ella no se habla de los contenidos temáticos y didácticos, ni tampoco sobre las características de los actores del proceso educativo. Sino que por el contrario, la Reforma Educativa lo que ha hecho es elevar a rango constitucional las medidas tomadas por los gobiernos del PAN, en complicidad con la dirección del SNTE (con Elba Esther Gordillo a la cabeza) y con directrices explícitas de la OCDE.

Todos estos actores han impulsado así, la creación de un instrumento para la evaluación estandarizada de los docentes de educación básica y media superior, cuyos resultados serían “la base para definir el ingreso, promoción y permanencia en el empleo de los maestros”. Medidas que son complementadas por el “condicionamiento del ingreso económico” de los profesores a la calificación que sus alumnos obtengan, mediante un examen similar. De manera que en los hechos los exámenes externos premien o castiguen, conforme a números “estandarizados”, que además, no son utilizados en ningún otro país del mundo para definir el ingreso, la promoción, permanencia o el salario de los maestros5.

Más aun, estos hechos deben de observarse a la luz de las demandas de justicia laboral que durante 30 años los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Nueva Central de Trabajadores (NTC), abogados laboristas, legisladores y trabajadores han exigido que sean incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Demandas que hoy son retomadas por el gobierno federal, pero bajo la presión y modificación de Washington, para el beneficio de sus grandes consorcios y los nacionales subordinados a ellos.

Siendo entonces, que desde el año pasado el gobierno mexicano a impulsado las reformas laborales, bajo presión del Pentágono, para que nuestro país se incorpore al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, firmado el 4 de febrero de este año en Nueva Zelanda). Y que tiene como antecedente la Reforma Laboral de 2012, consensuada entre el gobierno federal, las cúpulas empresariales, el PRI y el PAN para beneficiar a los empresarios. En una oscura negociación entre diputados priistas y panistas, se eliminaron las modificaciones a los artículos 388 bis y 390 de la LFT sobre la democratización y la transparencia de los sindicatos, además de que no se discutió la precarización y el abaratamiento del empleo.

A este respecto, en la audiencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, realizada el 11 de octubre de 2012, el líder colegiado de la UNT y líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, indico que la Reforma fue consultada con los empresarios, no con los sindicatos.

Siendo el mismo Agustín Carstens quien confirma lo dicho por Francisco Hernández, en la Sexta Conferencia Anual de Competitividad y Regulación, realizada el 13 de septiembre de 2012. Puntualizando que en México era necesaria la flexibilización de la contratación, además de la flexibilización para despedir a los trabajadores, sin que sea tan costoso para las empresas6.

Y es dentro de esta lógica laboral que la Reforma Educativa en su concepción y ejecución ignora al más importante actor, los profesores. De manera que, no sólo se les violenta retroactivamente su trabajo, sino que además se les excluye de su indispensable participación dentro del supuesto proceso de evaluación. Esquema laboral al cual también responde el llamado “pago por productividad” o “pago por méritos”, mismos que no sólo destruyen el concepto de salario base, sino que también lo hacen con el monto de éste. Y que también repercutirá de manera negativa en la jubilación del docente.

Por tales motivos, el gobierno de Peña Nieto y su Secretario de Educación, Aurelio Nuño vienen haciendo caso omiso de la insurgencia de la CNTE. Quienes además cuentan con el respaldo de televisoras como Excélsior TV, TV Azteca y Televisa, quienes mediante millonarias campañas de demonización y linchamiento mediático, prepotente y cobarde. Han allanado el camino para la represión7.

Para lo cual tienen razones de fondo televisoras como TV Azteca, quien creó el proyecto de las “Ciudades Rurales Sustentables”. De forma que, dos pisos de la Torre de Chiapas son ocupados por las compañías de Ricardo Salinas Pliego como son: Elektra, Iusacell, Canal 40, Banco Azteca y Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. Compañía que también ha consolidado su posición en le estado de Chiapas, a partir de que el exdirector de Proyecto 40, Luis Armando Melgar y la misma hija de Ricardo Salinas, Ninfa Salinas, son legisladores federales de dicha entidad8.

En este contubernio perverso, los diputados de la LXII Legislatura realizaron cambios históricos a la Constitución, que derivaron primero en la reforma laboral, luego en la educativa, la fiscal y de telecomunicaciones, para concluir con energética el 11 de diciembre de 2013. No sin antes haberse asegurado parte del botín, al repartirse de manera “extraordinaria” o “especial” partidas adicionales para sus grupos parlamentarios, que del inicio de la Legislatura a julio de 2014 sumaron 359 millones 202 mil pesos. Y que sumadas a las subvenciones oficiales que cada bancada recibió, de septiembre de 2012 a julio de 2014, alcanzaron la cantidad de mil 834 millones 996 mil pesos9.

Ante dicha expoliación, impulsada desde el empresariado imperialista, también para confrontar la creciente insurgencia, el regreso del PRI con Peña Nieto a los Pinos reforzó el proyecto militar estadounidense emprendido desde los dos sexenios anteriores. Siendo que desde 2010 con Felipe Calderón, Washington instruyo a soldados, marinos y policías mexicanos en métodos de espionaje, tortura, ataques sorpresa y secuestros.

Para lo cual, personal del Comando Norte de Operaciones Especiales, pertenecientes al Comando Norte (Norcom) llevaron a Afganistán, Guantánamo (Isla ubicada en Cuba, pero bajo jurisdicción estadounidense) Irak, Kuwait y Pakistán a por lo menos tres grupos de las fuerzas de seguridad de México. Para que “observaran y aprendieran” las tácticas que utilizan los grupos de operaciones especiales estadounidenses para “ubicar, aniquilar, atrapar, secuestrar e interrogar” a los denominados por Estados Unidos como miembros de organizaciones terroristas como Al Qaeda. Pero que en realidad fueron sometidos a dichos actos una cantidad de la población afgana, inconforme e insurrecta contra la invasión estadounidense.

Y sin salir de este esquema, Peña Nieto le ha permitido al gobierno estadounidense aumentar las medidas para supuestamente desmantelar el narcotráfico y el crimen organizado, mediante métodos antiterroristas, pero que en realidad son contrainsurgentes. Por medio de tours organizados por personal del Pentágono en las zonas de conflicto en Asia, Oriente Medio y Guantánamo, para militares, policías federales, personal de inteligencia, jueces, ministerios públicos y abogados mexicanos, se les adiestro en el arte contrainsurgente.

Visitando salas de tortura, revisaron grabaciones de audio y video, analizaron protocolos de espionaje tecnológico y personal en objetivos específicos. Además de atestiguar prácticas de asalto y ataques sorpresa, entrenamiento de las fuerzas especiales en escenarios de guerra y en territorios inaccesibles, participando asimismo en la elaboración de análisis y diseminación de información de inteligencia obtenida de todo lo anterior, así como la información recuperada antes y después de lanzar un operativo de decapitación de mando o estructura, de la por ellos llamados, redes terroristas, que en realidad han sido movimientos insurgentes como el de la CNTE10.

En este contexto, lo importante y trascendental para la clase obrera y campesina, será que recupere su conciencia de clase, perdida a partir de las dictaduras. Además de recuperar el terreno perdido durante las fatídicas décadas neoliberales, para lo cual es indispensable que se conciba no como una multitud amorfa, o movimientos feministas, etc. Sino como una clase que esta siendo abatida por otra clase empoderada, que utiliza el aparato de Estado para imponer sus proyectos. La lucha no es contra el neoliberalismo, es contra el capitalismo todo éste y sin una conciencia de clase solo se caerá en reformismos tipo Argentina, que a la postre no ayudan a la clase obrera, sino a la clase empresarial.

Bibliografía.

Carrión Jorge, Aguilar Monteverde Alonso. “La burguesía, la oligarquía y el Estado”. Editorial nuestro tiempo, 1977.
Ruiz Medrano Ethelia, Barrera Gutiérrez Claudio, Barrera Gutiérrez Florencia. “La lucha por la tierra. Los títulos primordiales y los pueblos indios en México, siglos XIX y XX”. Fondo de Cultura Económica, 2012.
Petras James F. “Clase, Estado y poder en el Tercer Mundo. Casos de conflictos de clases en América Latina”. Fondo de Cultura Económica, 1986.

Hemerografía

La Jornada, lunes 20 de junio de 2016.
La Jornada, martes 21 de junio de 2016.
Contralínea, año 13, número 385, del 12 al 18 de mayo de 2014.
Proceso, número 1890, 20 de enero de 2013.
Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
Proceso, número 1969, 27 de julio de 2014.
Proceso, número 1882, 25 de noviembre de 2012.
Revista Consideraciones, número 16, agosto 2013.

Notas

1 La Jornada, martes 21 de junio de 2016.

2 La Jornada, lunes 20 de junio de 2016.

3 La Jornada. “Peña, Nuño, la CNTE y las ZEE”. Por Carlos Fazio, lunes 20 de junio de 2016.

4 La Jornada, lunes 20 de junio de 2016.

5 Revista Consideraciones, número 16, agosto de 2013.

6 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.

7 Revista Consideraciones, número 16, agosto 2013.

8 Proceso, número 1882, 25 de noviembre de 2012.

9 Proceso, número 1969, 27 de julio de 2014.

10 Proceso, número 1890, 20 de enero de 2013.

SEP: Vender el alma de la nación al Gran Dinero

Adolfo Gilly

La reforma educativa que a sangre, fuego y cárceles pretende imponer el gobierno federal va mucho más allá de sus fines declarados y de ser una reforma laboral, aun cuando ésta venga implícita en sus contenidos.

Se trata, como bien se dijo de la privatización del petróleo y de diversos servicios públicos, de una reforma en la estructura del Estado, es decir, de la relación históricamente establecida entre los gobernantes, el pueblo y los bienes materiales y simbólicos de la nación. Éstos se van traspasando de la propiedad estatal –según ley, herencia y patrimonio de todo el pueblo mexicano– a la propiedad privada o individual del capital financiero, mexicano y extranjero.

El caso de la educación es diferente y tal vez aún más insidioso. Sin necesidad de trasferir la educación a manos privadas –aunque en ciertos segmentos esta trasferencia está en curso desde hace tiempo–, de lo que se trata es de cambiar los contenidos, los objetivos y los fines de la educación del pueblo. De ahí la ofensiva, en curso desde hace ya tiempo, contra los portadores históricos y concretos de esos contenidos, los normalistas y los maestros de enseñanza primaria.

La reforma educativa es una mentira y un pretexto. La ofensiva del gobierno federal contra los maestros es en el fondo un ataque general contra los fundamentos de la educación republicana, que se ha convertido en una rémora y un obstáculo para sus fines, y contra quienes la llevan en sus vidas, sus conocimientos y sus modos de saber trasmitir a la infancia la educación de la República Mexicana, nuestra comunidad de historia, costumbres, vidas y destino en tanto empresa histórica nacional.

Qué se enseña, cómo se enseña, cuál es la relación en el aula con los niños y en el pueblo o el barrio con sus familias, cómo se hace para encender el afán de conocer y de estudiar y para ir dando desde la infancia los instrumentos intelectuales, el afán de saber y los sentimientos como nación y como pueblo: todo eso no se puede medir con exámenes de opción múltiple, además repletos de errores conceptuales y gramaticales.

Esos exámenes, y las formas e instalaciones donde tienen lugar, están concebidos como instrumentos de sumisión y humillación de la dignidad, el pensamiento y los sentimientos de los maestros y maestras, esos rasgos indispensables para la profesión magisterial. Antes que atender primero las condiciones materiales deplorables de tantas instalaciones escolares, la reforma educativa se propone doblegar la personalidad y la independencia de criterio de los educadores, dos condiciones indispensables para su oficio.

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La disputa por la educación, sus contenidos, sus conocimientos y sobre todo sus sentimientos, que se van formando desde la infancia y la escuela primaria, es un hilo conductor que recorre la historia nacional. Así lo vieron los grandes educadores y reformadores de los siglos XIX y XX. Ahora, en este siglo XXI, un poder ajeno a los sentimientos de la nación, el poder de las finanzas, el poder sin ley del dinero y de las armas, pretende sin discusión y sin consulta abrir las puertas para que, desde la maternal y la primaria, la adquisición de los conocimientos, el orden del pensamiento y la formación de los sentimientos de este pueblo mexicano –que de esto se trata la disputa por la educación, ayer con la Iglesia, hoy con el Gran Dinero– quede en manos de las necesidades del capital financiero y de sus exclusivos fines: la acumulación, la ganancia; y, para eso, la subordinación del trabajo manual e intelectual, de sus conocimientos y de sus vidas.

La televisión contribuye, pero no basta: controla la información, pero no alcanza a cambiar el ánimo y el sentir, que se forman en otros ámbitos humanos. Y de eso trata la empresa de la reforma educativa: quebrar la autonomía del pensamiento de los maestros, romper su relación intelectual y afectiva con el pueblo, las familias, sus sentimientos, alegrías y penalidades; e imponer que un programa de computadora, escrito por ineptos e ignorantes, les diga cómo enseñar y a quién obedecer.

Un rojo hilo de sangre y represión une a los estudiantes normalistas desaparecidos y a los muertos de la Escuela Normal de Ayotzinapa con los reprimidos, encarcelados y asesinados maestros de la CNTE, de Nochixtlán y de los pueblos y ciudades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otras geografías de este México sumido en la violencia de las finanzas, del crimen y de los poderes federal y de gobernadores y caciques.

La resistencia de los maestros y de sus pueblos es ejemplar. Pide, requiere y merece apoyo y protección de todo el universo educativo mexicano en sus diferentes niveles, y del pueblo de este país que, una vez más, acaba de dar su veredicto electoral sobre el gobierno federal y sus políticas.

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Este veredicto lo resumió en sus palabras (El País, México, 20 junio 2016), una señora de Nochixtlán, Patricia Sánchez Meza, a quien los federales le mataron al hijo de 19 años, Jesús Cadena Sánchez, estudiante de ingeniería y catequista, cuando iba a la parroquia del lugar para ayudar a atender a los heridos por las balas y los golpes de la Policía Federal. Patricia Sánchez se llama, le quedan cuatro hijas menores, es viuda y ella mantiene a toda la familia con su trabajo. En esos momentos están velando a su hijo en la sala contigua:

Yo pediría que esas personas que mandaron a acabar con nuestro pueblo, den la cara, por lo menos. Porque no fuimos nosotros los que iniciamos el pleito. No. Aquí fueron los federales y los que los mandaron fueron nuestro propio gobierno, nuestro Presidente, nuestros diputados. Nosotros no estamos peleando nada. Nosotros cómo vamos a tener armas de fuego, que no tenemos ni siquiera una pistola en la casa, solamente que salgamos con tizones para tener fuego, porque no tenemos armas de fuego. No es posible que nuestro propio gobierno nos esté entregando como pueblo, porque fue al pueblo al que agredió, no fue a los maestros. El tráiler que quemaron fueron los federales los que lo quemaron, no fueron los maestros. No había cantidades de maestros. Había padres de familia, que estaban apoyando.

Y cuando el reportero de El País, Pablo de Llano, le pregunta cuál es su conclusión y su sentimiento, la señora Patricia Sánchez responde con voz calma y pareja:

“Mi sentimiento es que en realidad estoy muy indignada contra el gobierno porque es el que nos está matando a nosotros como pueblo. Yo quisiera que el gobierno viera lo que nosotros estamos viviendo aquí, que den la cara, que nos ayuden, que nos apoyen, que nos digan por lo menos por qué nos están haciendo esto, por qué nos están tratando así después de que nos vienen a pedir su apoyo, casa por casa, cuando necesitan de nuestros votos. ¿Por qué nos hacen esto ahora? Somos mexicanos, hemos de ser tratados como tales. Que vean ellos a nosotros cómo nos tratan, nos están tratando como animales, a balazos. Quisiera yo que vinieran y tuviéramos un diálogo con ellos, para que así nos digan qué es lo que estamos peleando. Porque no sabemos ni por qué peleamos. Al final de cuentas ya no es tanto de la educación. Aquí está el pueblo que está indignadísimo contra el gobierno.

“Si ustedes quieren pasar a ver cómo está mi hijo, cómo me lo mataron, allí está…”

El magisterio, intereses especiales; la delincuencia, el interés nacional

Arsinoé Orihuela

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), algunos analistas arguyeron, no sin bases empíricas y documentales, que convenía rebautizar el acuerdo comercial con base en los resultados previsibles, e informalmente denominarlo “Tratado de Libre Cocaína”, presagiando que solamente la droga conseguiría la trillada “libertad” de “laissez faire, laissez passer”, que significa “dejar hacer, dejar pasar”. Todos los demás renglones de la economía regional quedarían fuertemente subordinados a un comando centralizado con sede en Estados Unidos. Y claro, con el resultado obligado: ganancias abundantes para la matriz en Estados Unidos, y puras pérdidas para México, entre las que destaca la quiebra industrial, la ruina del campo, la agudización de la desigualdad, la persecución de los trabajadores, y la violencia e inseguridad en volúmenes extraordinarios.

La estimación resultó parcialmente cierta. Y digo “parcialmente” porque hasta la droga es un asunto que controlan a su antojo y capricho los estadunidenses. De hecho, los narcos mexicanos tienen un adagio que no concede margen para la especulación: a saber, “Estados Unidos te hace; Estados Unidos te deshace”. La conversión de México en un narcoestado estaba prevista en las estimaciones “librecambistas” (nótese el entrecomillado): de México a Estados Unidos ingresarían manufacturas estadunidenses producidas con trabajo humano mexicano, en unidades de transporte preñadas de mucha droga. Porosidad no es libre comercio. Al mismo tiempo, el estribillo del “combate al narcotráfico” proveyó un andamiaje de discursos catastrofistas para facilitar la intervención de Estados Unidos con la excusa de la seguridad regional. El recorrido del TLCAN al ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) es una trayectoria natural en ese orden de cosas, que por cierto es un orden anti-constitucional porque ese intervencionismo lesiona gravemente el principio de la soberanía. La destrucción de la industria energética y aeronáutica, la bancarrota del campo (en los primeros diez años del tratado, cerca de 2 millones 300 mil trabajadores rurales emigraron a las principales ciudades del país o a Estados Unidos), y la apropiación de casi la totalidad de la banca nacional (92% de las instituciones bancarias en México están en manos foráneas), es sintomática de esa injerencia monopolista revestida de librecambismo e “interés nacional”
Cabe hacer notar que el TLCAN es cualquier cosa menos un tratado de libre comercio. Hasta el propio Adama Smith, que es el padre de la economía liberal, advertía que una auténtica libertad comercial es aquella donde el trabajo tiene libre movilidad. Y acá no sólo se desatiende ese precepto: se atropella violentamente. Inmediatamente después de la firma del tratado, Estados Unidos puso en marcha el programa “Gatekeeper” (operación “portero”) con el propósito de extender el cerco del muro fronterizo, militarizar la frontera y perseguir migrantes mexicanos a sangre y fuego. (Por cierto que a nadie debe escandalizar que un candidato aduzca la urgencia de profundizar esa política; todas las administraciones en Estados Unidos siguen fielmente esa agenda, sólo que no lo dicen). Y mientras los norteamericanos blindaron su país de los “unwanted aliens”, en México los gobiernos protegían los recursos que Estados Unidos aspiraba a confiscar, señaladamente el petróleo. Después de los atentados terroristas del 9-11 del 2001, las fuerzas armadas mexicanas pusieron en marcha la Operación Centinela, con el objeto de proteger las instalaciones petroleras en el Golfo de México, que ya entonces ocupaban parcialmente empresas oriundas de Estados Unidos, y que 15 años más tarde confiscarían irrestrictamente con la venia reformistas del gobierno mexicano.

La coyuntura actual pone de manifiesto nítidamente estas distorsiones. El liberalismo político urde su discurso alrededor de una antinomia, que si se observa detenidamente no tiene ninguna base empírica, pero que por lo menos contribuye a revelar la deslealtad de los discursos y la realidad. El ideario liberal establece la distinción entre intereses especiales e intereses nacionales (o generales). Los intereses especiales son esos que persiguen ciertos grupos o facciones en detrimento de un interés presuntamente público. Y los intereses nacionales son aquellos que condensan eso que la teoría llama la “voluntad general”. En realidad, se trata de otra de esas falsas antinomias de la modernidad, que por cierto es visiblemente favorable para producir discursos de odio e intolerancia susceptibles de lucro político. Por ejemplo, el relato de desprestigio mediático que desde el gobierno federal se impulsa contra la educación pública, en general, y los maestros, en particular.

Sólo es cuestión de atender las noticias y la evidencia empírica para descubrir qué es eso que el gobierno entiende por interés especial e interés nacional.

Cuando los padres de los 43 demandaron al gobierno que abriera la puerta de los cuarteles militares para buscar allí a sus hijos desaparecidos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, adujo que no podía permitir que unos padres de familia (interés especial) decidieran sobre un asunto que sólo les corresponde a las autoridades ministeriales de la nación (interés nacional). Dijo: “Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?”. Así, con esa clarividencia y profundidad que distingue a nuestras autoridades. Y mientras los padres de los 43 siguen buscando a sus hijos, en Iguala, Guerrero, el tráfico de heroína sigue boyante.

Tan sólo el fin de semana pasado, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, capital de la droga y sede residencial-operativa de connotados capos del narcotráfico, tuvieron lugar múltiples episodios de violencia, que dejaron un saldo de tres muertos y alrededor de 250 familias desplazadas. Nunca aparecieron los elementos de las fuerzas armadas o la policía. Naturalmente que no hubo ningún detenido. Pero sí, en cambio, cientos de efectivos policiales “escoltaban”, en esos mismos momentos, la caravana de autobuses de maestros que se trasladaban desde diversos estados con dirección a la capital del país, para sumarse a la manifestación programada el viernes 17 de junio. Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño –el sicario en turno de los empresarios– condenaron unánimemente al magisterio, con el eco unívoco de los partidos políticos, y adujeron que la reforma (el interés nacional) no cedería ante los “chantajes intimidatorios” de “intereses particulares o gremiales” (léase intereses especiales).

El viernes 17 por la mañana, comandos armados tomaron por asalto la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y cerraron por lo menos cinco cruces vehiculares de la zona conurbada, presuntamente con el propósito de evitar la incursión de las fuerzas estatales. No hubo ningún enfrentamiento. Pero porque por allí no se apareció ningún policía o agente del estado. El alcalde priísta de Reynosa (otro representante del interés nacional), José Elías Leal, que sólo movió un dedo para publicar un Twitter, dirimió el problema con una cibernética recomendación a la población: “hay una contingencia (sic) con situaciones de riesgo en diversos puntos… Recomiendo a los conductores no circular en automóvil por la ciudad”. Acerca de los delincuentes enseñoreados no emitió ninguna opinión.

En contraste, ese mismo día por la tarde, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México, más de 4 mil 500 policías (¡!) de distintas corporaciones fueron dispuestos para custodiar e impedir el paso del contingente de maestros que marchaban hacia el Zócalo de la ciudad, que ya desde hace algún tiempo se convirtió en un espacio privado.

Y mientras los criminales siguen operando a sus anchas en toda la geografía nacional (como estaba previsto que ocurriera con la firma del TLCAN), el secretario de Educación Nuño Mayer, representante de ese “interés nacional” alojado en los acuerdos comerciales internacionales, anunció que se auditarían las escuelas del país para proceder con el despido de los maestros que se ausentaron por más de tres días durante las protestas contra la reforma educacional. A los dos líderes magisteriales hasta ahora detenidos, se suma una lista de 24 dirigentes sobre cuya cabeza recaen órdenes de aprehensión.

El rigor de “la ley y el orden” que, por un lado, exhibe el gobierno federal contra la movilización magisterial; y la negligencia, omisión o connivencia que, por el otro, muestra en relación con la delincuencia organizada, es una prueba fehaciente de eso que en las estimaciones del poder constituido se entiende por “interés nacional” e “interés especial”. Para Estados Unidos y el crimen, todo. Para México nada, salvo plomo y represión.

Al momento de escribir este artículo, fuentes oficiales confirman la muerte de seis personas y 51 heridos en Oaxaca, en los enfrentamientos ocurridos el domingo por la tarde entre la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Peña, Nuño, la CNTE y las ZEE

Carlos Fazio

Asentada en la violencia depredadora y estructural del sistema capitalista, la guerra del régimen de Enrique Peña Nieto contra el magisterio nacional está en la esencia de la ideología neoliberal. Como advirtió Pierre Bourdieu en 1998, esa teoría tutelar es una pura ficción matemática fundamentada desde el inicio en una formidable abstracción –el orden puro y perfecto del mundo económico, potenciado por el discurso clasista dominante− que, convertida en programa político de acción de la partidocracia que impulsó el Pacto por México, busca crear las condiciones de realización y funcionamiento de dicha teoría: un programa de destrucción sistemática de los colectivos y todo lo social organizado.

Bajo la coordinación de las secretarías de Go­bernación y de Desarrollo Social, y mediante el accionar represivo de los órganos coercitivos del Estado adscritos al gabinete de Seguridad Nacional, Peña y Aurelio Nuño, secretario de Educación pública, vienen imponiendo de manera autoritaria las políticas diseñadas en el exterior por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En la coyuntura, resulta evidente que esa teoría desocializada y deshistoricizada de los operadores políticos de quienes mandan en México: el capital trasnacional −a la que responde el paquete de ajustes neoliberales aprobados por el Congreso, incluida la punitiva contrarreforma educativa, que en realidad es laboral y administrativa−, posee más que nunca los medios de realizarse, de hacerse empíricamente verificable a macanazos, balas de goma, gas pimienta y otros instrumentos pedagógicos que abrevan en la imagen del cuadro de Goya de finales del siglo XVIII, titulado La letra con sangre entra.

Para beneficiar a las corporaciones trasnacionales y sus inversiones, la política de desregulación financiera se lleva a cabo mediante una acción destructora del Estado nación –como depositario de todos los valores universales asociados a la idea de lo público− y de todas las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro y su maquinaria infernal, entre ellas, los sindicatos, las asociaciones, las cooperativas.

La instauración a sangre y fuego del reinado absoluto de la flexibilidad, con sus reclutamientos bajo contratos a término fijo, las ocupaciones interinas, la individualización de la relación salarial, la atomización de los trabajadores y los planes sociales de relleno, ha derivado en una competencia voraz entre individuos sometidos a una evaluación permanente en medio de la inseguridad, el sufrimiento y el estrés.

Esa institucionalización práctica de un mundo socialdarwinista basado en la lucha de todos contra todos, se da gracias a la existencia de un ejército de reserva de mano de obra domesticado por la precarización y la amenaza permanente del despido y el desempleo. En ese contexto, y en nombre de la eficacia económica, la partidocracia y los altos funcionarios gubernamentales que sacralizan los poderes del mercado, imponen por las buenas o por las malas el desmonte de las barreras administrativas y políticas que puedan molestar a los detentadores del capital en la persecución de la maximización de la ganancia individual, institucionalizada como modelo de racionalidad.

El Estado niñera neoliberal −un Estado del bienestar dirigido a proteger y subvencionar sólo a los ricos− viene aplicando una estrategia de rollback, de dominio y vuelta atrás, cuyo objetivo es descomponer por completo el viejo contrato social producto de la lucha popular masiva durante un siglo y medio, que había conseguido suavizar los extremos de la tiranía privada depredadora. Hoy, en México y otras partes del mundo se debe volver atrás, a los días en que los salarios eran casi de esclavos, según los denominaban los trabajadores del siglo XIX.

Los trabajadores y los pobres deben estar sujetos a la disciplina del mercado. Por eso se militariza a la sociedad. Y de allí la sorda guerra de Peña Nieto y el déspota perfumado Nuño –quien viene cumpliendo funciones de fiscal, juez, golpeador y verdugo a sueldo del gran capital− contra la CNTE y todos los maestros y maestras de México. La plutocracia que se beneficia de la existencia de las estructuras militares −de la naturalización de lo militar heredadas del régimen de Felipe Calderón− sabe que debe dedicar recursos a mantener un elevado nivel de militarización en las mentes de sus conciudadanos, porque mientras sea así podrán seguir manteniendo su situación de privilegio.

Pero el capitalismo militarizado de nuestros días responde, también, a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial que se abrió a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de 2016, cuyos escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes puerto Madero), en el municipio de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

En esos estados del sur-sureste mexicano, donde predomina la propiedad colectiva de la tierra y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y emancipadora− se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña y Nuño contra la CNTE, incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.

Las Zonas Económicas Especiales y la represión a la CNTE

Agustín Ávila Romero

Ha pasado más de un mes y no hay diálogo ni menos solución a las demandas y movilizaciones del magisterio nacional, que se han dado en más de 27 estados de la república, pero que encuentran su mayor magnitud en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Como respuesta gubernamental los maestros han encontrado la violencia policiaca, la reiterada transgresión de sus derechos humanos y recientemente la detención de sus dirigentes. Ello junto con una campaña mediática ausente de ética y de principios periodísticos en los principales medios de comunicación del país, que recuerdan los ambientes autoritarios de las peores dictaduras del mundo.

Mucho se discute la ausencia de una verdadera reforma educativa y su uso laboral realmente. Poco se reflexiona finalmente sobre el papel de los maestros y maestras como formadores de una identidad nacional, de promotores de valores sociales como la solidaridad y la honestidad y como impulsores de una pedagogía comunitaria a favor de la autonomía y la autogestión territorial, precisamente, en estos espacios del sur-sureste de nuestro país donde predominan muchos grupos indígenas y la propiedad colectiva de la tierra.

Y es ahí donde toma relevancia la posibilidad de entender la cerrazón de la actuación gubernamental como parte de una necesidad de garantizar los flujos de capital que ya se impulsan en estas regiones y que vienen a generar profundas reconfiguraciones económicas y territoriales.

En esa estrategia la reciente aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (Publicada en el DOF el 01/06/2016)que otorga una serie de beneficios fiscales, aduaneros y financieros a las empresas que decidan hacer uso de la infraestructura que se encuentra en el Puerto Chiapas, el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz y el puerto de Lázaro Cardenas, forma parte de la estrategia de control, dominación y subordinación a cualquier acto de protesta social.

Ello puede ubicarse plenamente en un documento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(SHCP) conjuntamente con BANOBRAS, encargada la primera de los dictámenes de las ZEE´s, -al cual este articulista tuvo acceso- y que plantea claramente de que deben tomarse medidas fuertes en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán que permitan la seguridad y la estabilidad social. Para ello de manera coordinada la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) trabajan con el gabinete de Seguridad para contener y violentar cualquier manifestación social que dificulte la implementación de las Zonas Económicas Especiales.

Ya que dichas zonas no sólo vienen a entregar parte de nuestro territorio nacional a empresas extranjeras sino que sobre todo vienen a modificar la forma de vida campesina e indígena que se encuentra mayoritariamente en dichos estados de nuestro país. En ese sentido, maestros y maestras que promueven valores colectivos, el apego al territorio y prácticas culturales de reafirmación étnica y de relación armónica con la naturaleza son enemigos de este nuevo proceso de colonización y de cerco sobre los bienes comunes que se promueve desde el ejecutivo federal y sus grandes socios trasnacionales.

En el documento de la SHCP se reconoce que el Banco Mundial aporto elementos para reforzar la iniciativa de Ley, validar vocaciones productivas y conocer necesidades especificas de inversionistas potenciales. Y se señala que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no sólo esta apoyando el proceso de planeación de las Zonas Económicas Especiales en temas como el desarrollo urbano y las políticas públicas complementarias sino es el constructor de una estrategia de estabilidad social que garantice el flujo de las inversiones a las ZEE´s. Ello muestra la estrategia desarticuladora del movimiento social y por que se presenta con esta magnitud la criminalización de la protesta y la detención de los principales dirigentes magisteriales de la CNTE.

Es de llamar la atención que las Zonas Económicas Especiales implicarán también ordenamientos territoriales de las comunidades campesinas cercanas a la costa de Chiapas, Istmo de Tehuantepec y el puerto de Lazaro Cárdenas, en ello ya se contempla claramente propiedades mixtas de la tierra para los impulsos agroindustriales, mineros, hidro-energeticos y de construcción de infraestructura que ya se visualizan en el sur-sureste. Y que vienen a ubicar a estas regiones dentro de la estrategia extractivista para saquear sus minerales, petróleo, agua y fuerza de trabajo.

Para todo ese proceso de reconfiguración territorial y de acumulación por despojo que se viene, la existencia de una organización gremial como la CNTE que ahora suscita un amplio apoyo popular a sus demandas -debido a la brutalidad policiaca y a la negativa al diálogo del actual secretario de educación- es un estorbo.

Pero también los inversionistas de China, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa interesados, deben poner atención al hecho de que la solución represiva y sangrienta de esta movilización social puede incendiar políticamente estas zonas y hacer que muchas de sus inversiones migren a naciones que puedan solucionar mediante el oficio político y la negociación los conflictos socio-territoriales.

La gran manifestación que se espera para el día 17 de junio en el zócalo de la ciudad de México debe alertar a los funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de revisar su estrategia y evitar el desbordamiento social ante el hartazgo y la mala conducción económica y política del país. Aún hay tiempo para el diálogo y la solución justa. La polarización social y la campaña de odio que promuevan las televisoras puede tener consecuencias imprevistas y el descarrilamiento de las iniciativas económicas trasnacionales, habría que medir costos y beneficios.

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala/ IV

Carlos Fazio

El 1º de junio venció el plazo otorgado a la procuradora general de la República, Arely Gómez, para que separara de su cargo a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La petición para que el funcionario sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia, había sido formulada el 28 de abril por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos/desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Pieza clave en la fabricación de la verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam sobre el caso Iguala, desde su comparecencia pública el 27 de abril −cuando pretendió rebatir algunas revelaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes− Zerón es investigado por la visitaduría general de la Procuraduría General de la República, con el propósito de determinar si incurrió en algún delito, abuso o irregularidad durante la diligencia del 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde presumiblemente fue sembrado un resto óseo que se identificó como perteneciente al estudiante Alexander Mora. En dicha oportunidad Zerón exhibió un video editado que no obra en el expediente, lo que confirma −según el GIEI− que no cumplió con los protocolos que marca la ley en materia de investigación.

Antes de ser prácticamente expulsado del país por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de una campaña de intoxicación mediática instrumentada desde los sótanos del poder, el GIEI dijo que Zerón incurrió en 17 irregularidades y solicitó una investigación independiente −sin que el funcionario se autoinvestigue−, como marcan las normas internacionales e incluso la propia ley orgánica de la PGR.

Según la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Zerón también es investigado por el Órgano Interno de Control de la institución. No obstante, para los familiares de los desaparecidos no se puede confiar en una investigación si Tomás Zerón continúa en su puesto, y han exigido que además de su separación de la AIC, un mecanismo externo revise la imparcialidad de la pesquisa contra el funcionario.

La salida del director de la AIC es una de las condiciones de los padres de los 43 para que opere el mecanismo de se­guimiento de las recomendaciones del GIEI, acordado a finales de mayo con el gobierno federal. El representante de los familiares, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que si Arely Gómez no separa del cargo a Zerón, entenderemos que hay un solapamiento de las irregularidades cometidas por el jefe de la AIC y que ella las asume como propias.
Tomás Zerón se ha convertido en un lastre para el gobierno. Algunos observadores lo señalan como el mejor ejemplo de que su investigación criminal se tergiversó para engañar a la nación. Además, Zerón se encargó de enturbiar y tensar la relación con el GIEI y de empantanar el trabajo de los expertos hasta que abandonaron el país. El GIEI lo acusó de deformar y falsear declaraciones de autoinculpados torturados, y de filtrarlas a los medios de difusión masiva con propósitos diversionistas, así como de fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relacionadas con el caso.

Protegido por el grupo político de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y por un primo de éste, Alfredo Castillo, ex comisionado de Peña Nieto en Michoacán y ex procurador del estado de México cuando el actual mandatario era gobernador, Zerón ha sido señalado como un personaje de mano dura que hace el trabajo sucio del régimen. Ambos padrinos lograron mantener a Zerón en su cargo cuando el equipo de Murillo Karam colapsó.

La misma noche del 26 de septiembre de 2014, a través de su subalterno Vidal Díaz Leal Ochoa, titular de la Policía Federal Ministerial, Zerón desplegó agentes en Iguala y supuestamente operó después para ocultar la participación de la Policía Federal en el ataque y la desaparición de los normalistas.

Una versión indica que Zerón se ufanó ante su ex jefe Murillo Karam y los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y el director del Cisen, de haber resuelto el caso Iguala en 29 días (la trama expuesta por él sería vulgarizada después por Murillo Karam como la verdad histórica). Según testigos, Miguel Ángel Osorio Chong le dijo a Zerón: Se lo tienes que explicar al Presidente. En Los Pinos, el jefe de la AIC le repitió a Enrique Peña Nieto que tenían a los asesinos de los normalistas y sabían el lugar donde los habían matado, incinerado y tirados en bolsas.

No quiero pasar como el presidente que asesinó a los estudiantes, le habría dicho entonces el Presidente a Zerón. Veinte meses después de los crímenes de Iguala, Peña Nieto declaró a La Jornada: Nunca he logrado entender cuándo pasó el gobierno (federal) a ser señalado como implicado, culpable.

La respuesta a esa interrogante es de fácil comprensión; sólo tiene que leer los informes del GIEI. Siete corporaciones de seguridad del Estado (Ejército, Policía Federal, la policía estatal y ministerial de Guerrero y las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco) llevaron a cabo un operativo coordinado centralmente y con un mando que dio órdenes, en aparente cohabitación con un grupo criminal. ¿Saldo? Seis ejecuciones extrajudiciales, un desollamiento y 43 desapariciones forzadas. Fue el Estado. La verdad histórica se construyó después con base en la tortura de presuntos autoinculpados, la manipulación de las escenas de los crímenes y la siembra de evidencias, prácticas a las que han recurrido de manera sistemática las fuerzas armadas y las distintas policías en casos como el de los niños Almanza, los dos estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey, el pelotón de la muerte de Ojinaga, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y un largo etcétera.

La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

Arsinoé Orihuela

No es la primera vez que alguien lo piensa o lo dice públicamente. Los resultados de la guerra permiten hacer esta conjetura basada en asideros documentales, testimoniales y empíricos. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación vernácula de las juntas militares en Sudamérica. En enero de este año Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”.

La advertencia es doblemente relevante en el presente latinoamericano, especialmente para la Argentina (el país de Carlotto), cuyo actual gobierno decidió “inflar” artificialmente el fenómeno de la inseguridad como el preámbulo de una declaratoria formal de guerra contra el narcotráfico. Este mismo gobierno, dirigido por el derechista Macri, tan sólo unos días atrás decidió derogar la disposición que, en 1984, un año después de la caída de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, colocara a las Fuerzas Armadas bajo el control civil (La Jornada 1-VI-2016). La construcción de un enemigo sin fronteras definidas (inseguridad), y la licencia de “autonomía de gestión” concedida a los militares, es la pareja de políticas que por regla aspiran a configurar e inaugurar un escenario bélico que abre la posibilidad de un ciclo de violencia infernal. Ese infierno que en México tiene proporciones genocidas, y que por cierto la prensa nunca atiende porque está muy “ocupada” con la “crisis” de Venezuela. El macrismo apunta a la reedición de la dictadura, pero ahora en la modalidad de “guerra contra el narcotráfico”.

En este espacio también hemos argüido reiteradamente que la guerra contra el narcotráfico en México es una modalidad de guerra sucia o contrainsurgente, que reprime la movilización, la protesta, criminaliza poblaciones, derechiza sectores sociales tradicionalmente insumisos, y extermina grandes volúmenes de civiles inocentes. La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores que coincidentemente mostraron un comportamiento análogo durante los regímenes militares en Sudamérica. Por ejemplo: la militarización de las estructuras de seguridad, las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, la aniquilación de activistas-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición constituyen una violencia de Estado.

Al respecto, José Antonio Vergara dice que esta forma de violencia (estatal) consiste básicamente en un “ejercicio sistemático de diversas acciones violentas por parte de agentes del Estado, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, la desaparición forzada de personas, los homicidios arbitrarios y otros tratos crueles y degradantes… [ejercicio que] ha constituido una práctica de represión política y control social reconocible en diversos espacios y momentos históricos, actualmente referida mediante el concepto de violencia organizada. Cumpliendo un rol fundamental en la sustentación de estructuras económico-sociales cruzadas por la injusticia y la desigualdad, la violencia organizada como práctica de dominación ha sido frecuente en varios países periféricos del llamado Tercer Mundo. En las décadas de los 70 y 80, las dictaduras militares de Seguridad Nacional existentes en América Latina emplearon amplia y estratégicamente formas brutales de represión y amedrentamiento masivos, en el proceso de imposición y consolidación de sus respectivos proyectos de refundación capitalista. La actuación del Estado como sujeto de esta forma de violencia, a través de sus funcionarios o de personas que cuentan con su consentimiento o aquiescencia, le confiere extrema gravedad desde los puntos de vista jurídico y ético, y la caracteriza como violación de los derechos humanos” (José Antonio Vergara en el marco de un congreso en Salvador de Bahía 24-IV-1995).

En el año 2007, cuando Calderón arrancó la agenda de la guerra, salieron a la calle 45 mil militares. De acuerdo con un informe del departamento de defensa de Estados Unidos, en 2009 la cifra de militares en combate ascendió a 130 mil. Es imposible ignorar el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2013) con respecto a esta incursión de las corporaciones militares en la guerra contra el narcotráfico:

“El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento (sic) a violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que dio inicio [la pasada administración federal]”.

Insistimos que esta conjetura de la guerra como modalidad de dictadura al servicio de una guerra contrainsurgente está acompañada de una amplia evidencia empírica. Tan sólo entre 2007 y 2011 se registraron 71 asesinatos de activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, cerca de 30 asesinatos políticos, y más de 50 ejecuciones que involucran a periodistas e informadores (Nancy Flores en La farsa de la guerra contra las drogas, 2012). En no pocos casos, los responsables de los crímenes son agentes estatales o paramilitares que gozan de la protección del Estado, y los métodos usados van desde la calcinación, decapitación, tortura letal, hasta la violación física y asesinato brutal de mujeres. Se trata de huellas criminológicas que prueban la presencia militar en la comisión de esos delitos de lesa humanidad, y una administración del terror semejante a la efectuada durante el periodo de la guerra sucia en México o las juntas militares sudamericanas.

Acaso la novedad de la guerra contra el narcotráfico es que esta “tajante descalificación” de la naturaleza política de la disidencia se hace extensiva a la totalidad de la población. Todos los ciudadanos son susceptibles de una acción represiva de Estado, en un orden de excepción que exime a la autoridad hasta de su responsabilidad formal más básica: la verdad jurídica. La muerte en este México de guerra encierra una triple injusticia: la de la criminalización, la de la humillación y la del olvido. La suspensión general de garantías individuales y colectivas es el signo de una guerra sucia subsidiaria de la guerra contra el narcotráfico. El inventario de agresiones contra civiles es una prueba fehaciente de esta hipótesis.

Por ejemplo, en materia de tortura, la incidencia es alarmante. En octubre de 2015, Amnistía Internacional condenó la epidemia de ese delito en México. Y advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un aumento de 1.165 a 2.403.

La tendencia al alza de la cifra de secuestros es notable desde el 2004. Según estimaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, este delito creció 689% entre 2004 y 2014 (Solís en Forbes 8-IV-2016).

En suma, y con base en reportes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, e incluso de algunas dependencias estadunidenses, el saldo de terror de la guerra contra el narcotráfico en México asciende a más de 150 mil muertos y más 30 mil desapariciones (algunos organismos civiles señalan que la cifra supera los 60 mil). En relación con esta última modalidad de crimen, se estima que cerca de 78% involucra a agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y por consiguiente crímenes de Estado.

La guerra contra el narcotráfico es una criatura de la guerra sucia en México mezclada con el diseño estadounidense de guerra contra las drogas.

Neutralización de la sociedad, militarización, exterminio e impunidad son sus figuras más conspicuas. La evidencia sugiere que Estela de Carlotto tiene razón: el narcotráfico es la dictadura en México.

Colofón: Esta información debe traducirse en movilización popular a gran escala. Y un primer acto político en esa dirección es castigar a los partidos que contribuyeron a configurar en México ese narcoestado que es dictadura. Las elecciones en puerta representan una oportunidad (aun cuando su alcance es francamente acotado) de desterrar a esos dos partidos que todos sabemos que están estructuralmente acoplados con el narcotráfico.

¿Los derechos y garantías constitucionales no se aplican a los maestros?

Carlos Ímaz Gispert

¿Cuándo aprobó el Congreso de la Unión el decreto de restricción o suspensión de los derechos y garantías constitucionales para los maestros? La pregunta resulta pertinente, porque frente a lo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, calificó de protestas minoritarias y aisladas (pero como se ha podido verificar incluyen a varias centenas de miles de maestros en todo el país), el gobierno federal decidió ilegal e ilegítimamente hacer uso de la violencia física contra los maestros que protestan pacíficamente contra la llamada reforma educativa.

El cierre de la autopista México-Toluca, realizado por la Policía Federal pero achacado por diversos medios a los docentes (que violentó el derecho de los maestros de Michoacán a circular por esa carretera y el de miles de ciudadanos que se quedaron atrapados por horas en dicha arteria); el desalojo y secuestro de los mentores acampados en la Ciudad de México, que fueron subidos con amenazas a autobuses y trasladados contra su voluntad a sus lugares de origen; el descomunal despliegue policiaco en la capital del país, que impidió a una marcha arribar al Zócalo para protestar y presentar pública y pacíficamente sus peticiones, y la brutal agresión de policías federales y estatales, con balas de goma y gases lacrimógenos, contra una tranquila manifestación de mentores y padres de familia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son acciones sin ningún sustento legal, que violentaron flagrantemente los derechos de todo mexicano a la protesta pacífica, la petición, la reunión y la libre circulación por el territorio nacional (artículos 1, 9, 11 y 16 constitucionales).

Para intentar legitimar socialmente sus ilegales acciones, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Educación acusan a los maestros movilizados de defender privilegios indebidos. Este argumento resulta grotesco frente al ofensivo derroche de recursos públicos (avión presidencial, viajes a todo lujo y en tropel, etcétera) y la probada corrupción en su gobierno (casas Higa de Peña y Videgaray, OHL, etcétera) y frente a los privilegios indebidos y la conocida corrupción de los sometidos herederos de Elba Esther Gordillo, que encabezan el SNTE (responsables de la venta de plazas y de aviadurías de quienes cobran hasta cinco plazas sin trabajar). El único privilegio indiscutible de que ciertamente gozan los maestros frente a grupo es el de contemplar cotidianamente las caras de asombro y curiosidad que despiertan los procesos de aprendizaje de nuestros niños en las aulas (por cierto, la mayoría de éstas se encuentran en condiciones paupérrimas y 44 por ciento de ellas cuenta sólo con un maestro para atender los seis grados de educación primaria o, en el mejor de los casos, con dos o tres profesores que atienden simultáneamente, al menos, dos grados).

Tampoco es nada afortunada, por decir lo menos, la respuesta gubernamental al llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de sentarse a dialogar. El gobierno federal, afirman, sólo lo hará si los maestros aceptan, a la letra, la reforma educativa. Es decir, que se niegan a dialogar, pero, para no decirlo, argumentan un contrasentido: sólo accederán si su palabra es la única que se escuche: ¡el diálogo convertido en sinónimo de monólogo! Es grave, pues no sólo se rehúsan a conceder el inapelable derecho constitucional de audiencia, sino que cierran la puerta al siempre necesario diálogo para dirimir desacuerdos y conflictos.

De origen, la reforma laboral realizada a los trabajadores de la educación con el nombre de reforma educativa conculcó de facto el contrato colectivo de trabajo y violentó, además, el artículo 14 constitucional, que a la letra señala: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ahora, por si fuera poco, han empezado los despidos de maestros, dicen que por faltistas, cuando a todas luces el móvil del despido es político (su oposición abierta, pacífica y masiva a la reforma educativa), conculcándoles también el derecho de huelga.

Así, la mano firme que anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (que con la corrupta cúpula del SNTE es mano amiga y de manga ancha), resulta un grotesco eufemismo para encubrir la instauración de un estado de sitio de facto contra los maestros, nugatorio de nuestra Constitución política. El gobierno federal, flanqueado por los gobiernos de Chiapas y de la Ciudad de México, hace uso ilegal e ilegítimo de la fuerza.

Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, afirmó en su momento Benito Juárez, pero siendo que el gobierno no escucha razones y hace del derecho letra muerta, corresponde al pueblo de México arropar a nuestros maestros y hacerlo una realidad.

Roberta S. Jacobson: relanzar la Iniciativa Mérida

Alberto Betancourt Posada *

El Senado de Estados Unidos ratificó recientemente a Roberta S. Jacobson como embajadora en México. Aunque parte de la prensa la presentó como artífice de la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en realidad ella ha reconocido que promovió tácticas de contrarrepresión, como cobijar disidentes y financiar ONG anticomunistas y presionar políticamente al gobierno cubano para que otorgara visas a los diplomáticos estadunidenses. Para saber quién es la nueva embajadora en México, recordemos que el 25 de mayo de 2011, durante una comparecencia ante el Senado, señaló que su prioridad, en la Dirección de Asuntos Hemisféricos, consistió en coordinar el Plan Colombia, las iniciativas Mérida, de Seguridad Ciudadana en Centroamérica y de Seguridad del Caribe, buscando en todos los casos estandarizar la capacitación de las fuerzas armadas, actualizar (americanizar) a los impartidores de justicia y financiar ONG afines al punto de vista estadunidense.

El 2 de febrero de este año, durante una conversación telefónica difundida por la Casa Blanca, Roberta S. Jacobson se ufanó de que el Plan Colombia había sido tan exitoso en la capacitación de la Policía Nacional de Colombia, que de hecho dicha institución se había convertido a su vez en la instructora de 27 mil miembros de seguridad procedentes de 61 países. En el libro Gruñidos imperiales, Robert Kaplan dice que cuando visitó Tolemaida, centro de capacitación de la Policía Nacional de Colombia, se acordó de paquistaníes e indios, quienes copiaban en shorts el uniforme de sus maestros contrainsurgentes; en las goteras de Bogotá, donde los Boinas Verdes capacitan a los junglas (o policías) para que sean bravos (expertos en armamento), charlies (ingenieros), deltas (médicos) o ecos (expertos en comunicaciones), todos bajo las órdenes del Comando Sur.

El perfil profesional de la flamante embajadora Jacobson y de su discurso confirman que el Plan Mérida no se desvaneció junto con la administración del rijoso Felipe Calderón, sino que sigue vigente e incluso se intensificará en un futuro inmediato. “Si soy nombrada embajadora –dijo Jacobson durante su comparecencia en el Senado estadunidense–, mi segunda prioridad será continuar la cooperación mediante la Iniciativa Mérida”.

Cabe decir que dicha iniciativa, abrazada por Calderón como pivote de su política exterior, dejó saldo de al menos 60 mil personas muertas y 20 mil desaparecidas, y la penetración en territorio mexicano de agentes de diversas agencias estadunidenses avocadas a supervisar policías, capacitar jueces, entrenar médicos y financiar sicólogos comunitarios. En el marco de la Iniciativa Mérida, las ramas de la hidra estadunidense se multiplican por todos lados; por ejemplo, el 15 de junio de 2015, la embajada anunció que las autoridades norteamericanas participaron directamente en la modernización de las policías de Querétaro, Guanajuato, Durango y Chihuahua, en asuntos como estrategias de selección y aprobación de personal, reclutamiento, capacitación, modernización tecnológica, especialización y trabajo de análisis. El primero de abril, en Victoria, Durango, Steve Kraft, director de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, inauguró la centésima sala de juicios orales en el país, financiada con recursos de la Iniciativa Mérida. El 22 de abril, Courtney Mazzone dirigió la Conferencia Sureste sobre el sistema penitenciario mexicano, celebrada en Mérida, Yucatán. La embajada, señaló, trabaja con las cárceles mexicanas para alinearlas a los estándares internacionales y ayudarles a obtener la certificación de la Asociación de Correccionales de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido complaciente ante la creciente penetración estadunidense, que ha vulnerado nuestra soberanía nacional, pero además actúa muy ineficazmente ante el inusitado ascenso del señor Donald Trump. Por ejemplo, el 5 de abril de 2016 la cancillería mexicana designó al maestro en derecho José Paulo Carreño King en la estratégica Subsecretaría para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El currículum de Carreño no responde a la necesidad de defender a los connacionales ni al imperativo de proteger la soberanía nacional. Pretende, más bien, vender la imagen del país. El funcionario fue desde 2015 coordinador de Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, cargo en el cual el presidente Enrique Peña Nieto le encomendó la misión de desarrollar e instrumentar una estrategia integral de promoción de nuestro país en economías clave. Según el currículum proporcionado por la SRE, Paulo Carreño ha desarrollado una carrera centrada en el ámbito de la mercadotecnia ocupando cargos como “director ejecutivo de comunicación de Grupo Financiero Banamex o como vocero en México de Citigroup. Al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se difundió la pifia de que sus secretarios de Estado estaban azorados al descubrir que la administración anterior había permitido que los estadunidenses se metieran hasta la cocina, pero, según puede apreciarse en la información difundida por la embajada estadunidense, la Iniciativa Mérida está más viva que nunca.

* Investigador de El Colegio de México

El GEIE, Tomás Zerón y la trama de Iguala/III

Carlos Fazio

 

Las graves irregularidades co­­metidas por el jefe de la Agencia de Investigación Cri­minal (AIC), Tomás Zerón, en su casi furtiva presencia en el río San Juan, no fueron las únicas. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo identifica como la fuente original de la quinta versión sobre el destino final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El 7 de septiembre de 2015, al día siguiente del primer informe del GIEI donde los expertos expresaron su convicción de que en las condiciones señaladas por los presuntos inculpados resultaba imposible que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Tomás Zerón afirmó: Nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron quemados un grupo importante, sin poder afirmar, que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes (ver informe final del GIEI, página 252).

La afirmación venía a contradecir lo que el propio Zerón había dicho en enero de ese año, cuando informó públicamente de la detención de Felipe Ro­dríguez Salgado, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros unidos, quien, dijo, habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Dichas declaraciones, aduce el GIEI, supusieron un cambio en la práctica en la versión oficial hasta entonces mantenida y se venía a sumar a otras cuatro ya existentes: a) la referida a Pueblo Viejo; b) la casa de seguridad; c) la versión de Los peques, y d) el basurero de Cocula.

Según el informe del GIEI, a partir del 7 de septiembre de 2015, en distintas reuniones con autoridades de la Procuraduría General de la República, altos funcionarios de la institución comenzaron a decir que nadie había hablado de números. A su vez, esa nueva versión sostenida por Zerón, según la cual un número menor de estudiantes había sido asesinado e incinerado en Cocula, no había sido expresada hasta ese momento en ninguna de las declaraciones rendidas por los presuntos miembros de Guerreros unidos y era inconsistente con lo señalado por los supuestos perpetradores que declararon haber participado en los hechos.

A su vez, la PGR consideraba que los estudiantes incinerados en Cocula eran 43, hasta el punto de encargar una pericia sobre el número de personas que podría transportar la camioneta blanca de tres toneladas que según dos de los inculpados, Jonathan Osorio y Miguel Landa, se había utilizado para trasladar a los estudiantes. Para concluir que sí cabían 43 personas, la PGR ubicó en la camioneta a un número igual de miembros de la Agencia de Investigación Criminal.

El 17 de septiembre de 2015, 11 días después de que el GIEI advirtiera sobre una quinta versión y a 10 de que Zerón modificara la versión de los hechos, fue capturado Gildardo López Astudillo, quien en una primera declaración en presencia de un funcionario del GIEI y un abogado de los familiares de los 43 desaparecidos, no reconoció ninguna participación en Guerreros unidos. Horas después, ya sin la presencia de éstos, el imputado Gil modificó su versión: los estudiantes habían sido separados en dos grupos, unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho de un supuesto líder del grupo criminal donde los cocina y se hacen agua. Nadie le preguntó en qué consistía ese proceso ni dónde estaba el rancho…

Al respecto, señala el GIEI: “Ese hecho muestra un problema que se ha dado a lo largo de la investigación (…) La autoridad parece dar credibilidad a nuevas versiones, sin claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de la investigación y frente a otras declaraciones tomadas hasta entonces. Si esos hechos fueran ciertos, entonces las cinco declaraciones anteriores en las que se basaba la teoría del basurero no tendrían valor. Nuevamente son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas, yendo éstas a avalar dicha versión, dado que en algunos informes periciales se observa un fuerte sesgo confirmatorio” (ver informe, pág. 255).

En una entrevista con miembros del GIEI, Gildardo López indicó que le fue señalado qué declarar y que a cambio podría salir en libertad en un futuro. Agregó que dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había equivocado se volvía a grabar. Si bien el GIEI asienta en su informe que no tiene elementos para dar credibilidad o no a ese relato, consigna que El Gil es una de las personas con indicios de haber sido sometida a torturas.

Según el testimonio entregado a Naciones Unidas por otro imputado (Agustín García), nunca hizo una confesión espontánea de su parte y en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 hubo un montaje orquestado por Tomás Zerón y funcionarios de la PGR. Adujo que en todo momento fue amenazado y coaccionado por los miembros de la Marina que lo detuvieron y torturaron; fue obligado a memorizar datos y nombres para incluirlos después en su confesión, y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir.

Sus dichos contrastan con las declaraciones de Tomás Zerón el 27 de abril de 2016, cuando afirmó que en su diligencia en el río San Juan todo fue legal y conforme a derecho, y que incluso Agustín García los había guiado voluntariamente al lugar donde después, presuntamente, fue sembrada la bolsa con algún resto óseo de Alexander Mora.

Prácticas muy comunes en México, la siembra de evidencias y la tortura a los detenidos fueron dos de los temas rechazados por Zerón ante los señalamientos del GIEI. Un día después de la presentación pública donde el titular de la Agencia de Investigación Criminal negó tales hechos, la PGR dio vista a la visitaduría general para indagar su actuación y la de otros funcionarios. Tomás Zerón debió ser cesado de su cargo de inmediato, pero se dice que cuenta con poderosos padrinos y protectores en Los Pinos, entre ellos el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el propio Enrique Peña Nieto.

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala/II

Carlos Fazio

Profesional, metódico, riguroso y sin utilizar adjetivos; contrastando los testimonios y las contradicciones de los autoinculpados, sometidos a malos tratos y torturas en los que se sustenta la teoría oficial sobre el presunto asesinato e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, y siempre apegado a los hechos incluidos en los expedientes confeccionados por los investigadores de la Procuraduría General de la República para fragmentar y entorpecer el caso Iguala, el demoledor informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a exhibir la catadura moral del sistema político mexicano y desmontó una vez más la verdad histórica del ex fiscal de la Nación Jesús Murillo Karam y de su principal operador y comparsa, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Llegados a México como coadyuvantes en la investigación y tácitamente expulsados del país el 30 de abril, al expirar su segundo mandato, los miembros del GIEI, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, aportaron un elemento clave sobre el trágico hecho criminal: una serie de fotografías y un video grabado por los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez, el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, que vinieron a develar una singular diligencia extraoficial –además de anticonstitucional e ilegal– protagonizada por el jefe de la AIC, el hombre del trabajo sucio y los montajes en la PGR.

En las imágenes captadas por Villa y Jiménez, que los peritos del GIEI confrontaron con las de otros dos periodistas gráficos y con toda la documentación de fotografía y video existente en el expediente de la PGR 001/2015, se muestra que Tomás Zerón tuvo bajo su control la escena del río San Juan. Sin facultades constitucionales para practicar esa diligencia, se ve a Zerón resguardado por un cerco de seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y sin la presencia del Ministerio Público, bajo cuya conducción y mando debió haber actuado.

Zerón estuvo acompañado por funcionarios del área de Servicios Periciales de la PGR y del presunto auto-inculpado Agustín García Reyes, detenido por la Marina y torturado al vapor la tarde-noche del 27 de octubre de 2014, a partir de una llamada supuestamente anónima que la PGR habría recibido el día anterior, donde se advertía que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río.

Después de haber confesado que habían arrojado al lecho del río ocho bolsas con las cenizas y restos humanos de los estudiantes, García Reyes, quien no contó con asistencia legal, en franca violación del debido proceso, guió a Zerón al lugar del hecho. Un día después (29 de octubre de 2014), en el mismo lugar y exactamente en las mismas coordenadas donde se había registrado el traslado y la ilegal reconstrucción de hechos, un buzo de la Semar encontró una bolsa de donde se extrajo –según la verdad histórica de Murillo Karam– el único resto óseo que a la postre, mediante el análisis de ADN nuclear en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck, sirvió para identificar como perteneciente al normalista Alexander Mora. Sin más pruebas, la PGR concluyó que el resto de los desaparecidos corrieron la misma suerte.

En respuesta a los graves señalamientos del GIEI, el 27 de abril, Tomás Zerón declaró ante los medios que su presencia en el lugar fue un acto de investigación policial, que constituye un acto previo de una diligencia ministerial. Si bien la historia oficial señaló que el descubrimiento se hizo el 29 de octubre y que los testigos-inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario, sin que existiera ningún registro de hechos en el expediente de la averiguación previa (ver informe del GIEI, página 285).

La cuestión grave, como consignó Magdalena Gómez en La Jornada, es que en el video exhibido por el GIEI y las imágenes fotográficas publicadas en los medios de difusión el 28 de octubre ya aparecían bolsas con características similares a la hallada hacia las 8:50 de la mañana del día siguiente por un supuesto buzo de la Marina. Una impresión fotográfica captada a las 15:36 del 28 de octubre exhibe a dos individuos (en apariencia un marino y un perito de la PGR) mientras observan dos bolsas depositadas sobre el barro seco a orillas del río San Juan (no en el agua): una negra con restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no pudo verse.

El GIEI nunca afirmó que esas bolsas fueran sembradas. Concluyó que la presencia en el lugar del jefe de la AIC el 28 de octubre de 2014 no se encuentra registrada en la investigación; que no encontraron en el expediente ningún documento que muestre las condiciones legales y el registro de custodia para el traslado del detenido (Agustín García Reyes) al río San Juan; que la toma de evidencias del cauce del río por el subdirector de Servicios Periciales tampoco quedó reportada y no se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida. Sí consigna que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense se negaron a firmar la cadena de custodia el día 29, porque cuando llegaron al lugar los restos ya se hallaban sobre una lona y eran analizados por peritos de la PGR.

Al presentar el informe, un experto del GIEI dijo que les llamó la atención que una organización criminal (Guerreros unidos) que presuntamente había adoptado el sofisticado modus operandi y sin antecedentes de convertir en cenizas a los normalistas, para que no pudieran ser identificados ni siquiera con pruebas de ADN –similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio–, fueran después a arrojar las bolsas al río San Juan… ¡en un área visible desde varias casas del lugar y a plena luz del día!