Carlos Fazio
Fue un crimen de
Estado. Los hechos de Iguala, donde seis personas fueron asesinadas,
tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados −uno con muerte cerebral− y
resultaron detenido-desaparecidos de manera forzosa 43 jóvenes de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuran crímenes de
lesa humanidad.
Los ataques sucesivos de la policía municipal y
un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones
extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura,
desollamiento y muerte de Julio César Fuentes −a quien, con la modalidad
propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le
arrancaron la piel de su rostro−, fue un acto de barbarie planificado,
ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del
Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática
persecución, asedio y estigmatización clasista y racista de los tres
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los
estudiantes normalistas.
En ejercicio de sus funciones −o con
motivo de ellas−, agentes estatales actuaron con total desprecio por los
derechos humanos, violando el derecho a la vida de tres de sus víctimas
y una fue antes torturada de manera salvaje. Asimismo, los 43
desaparecidos fueron detenidos con violencia física por agentes del
Estado y trasladados en patrullas oficiales, seguido de la negativa a
reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el
delito de desaparición forzosa.
De acuerdo con el artículo 149
bis del Código Penal Federal, también podría configurarse el delito de
genocidio, dado que se procedió a la destrucción parcial de un grupo
nacional (los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa), quienes han
sido sometidos a un hostigamiento sistemático, continuado y prolongado a
través de los medios de difusión masiva, con la participación directa
de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de los hechos.
Al respecto, cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011, dos
estudiantes de esa Normal Rural fueron ejecutados de manera sumaria
extrajudicial en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero; cuatro
más resultaron heridos y 24 fueron sometidos a torturas y tratos
crueles y degradantes por funcionarios policiales. Capturado en el lugar
de los hechos, el estudiante Gerardo Torres fue aislado, incomunicado y
trasladado a una casa abandonada en Zupango, donde lo desnudaron y
torturaron. Después, con la intención de fabricar un culpable o chivo
expiatorio, le sembraron un arma AK- 47 de las llamadas cuernos de chivo
y lo obligaron a disparar y tocar los casquillos percutidos para
impregnar sus manos de pólvora, con la intención de imputarle la muerte
de sus dos compañeros.
Entonces de determinó que hubo un uso
excesivo y desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado y de las
armas de fuego −es decir, se actuó al margen de los protocolos
antimotines y con armamento de alto poder−, con el objetivo de contener
una manifestación pública. Dos agentes policiales sindicados como
autores materiales de los homicidios están hoy en libertad.
A
dos años y medio de aquellos hechos, existen evidencias testimoniales de
que entre los policías, ministerios públicos y militares del estado de
Guerrero existe un desprecio y odio criminal contra los estudiantes de
Ayotzinapa. Y ahora como entonces, como tantas veces desde 1968 (cuando
la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas), asistimos a
una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la
muerte, cuya “misión” es desaparecer lo disfuncional al actual régimen
de dominación.
Huelga decir que la figura de la desaparición
forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no
es un exceso de grupos fuera de control sino una tecnología represiva
adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones
persigue la diseminación del terror.
Ante la gravedad de los
hechos y el escrutinio mundial −el gobierno de Enrique Peña Nieto vive
en la coyuntura una aguda crisis producto de las presiones a que está
siendo sometido por la ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados
Unidos, la Comunidad Europea y distintas organizaciones humanitarias
que demandan la aparición con vida de los 43 muchachos
detenido-desaparecidos−, autoridades estatales y federales han venido
posicionando mediáticamente la hipótesis del “crimen organizado y las
fosas comunes”, coartada que de manera recurrente ha sido utilizada como
estrategia de desgaste, disolución de evidencias y garantía de
impunidad.
Se trata de una lógica perversa que, en el caso de
Iguala, busca difuminar responsabilidades y encubrir complicidades
oficiales, y juega con el dolor y la digna rabia de los familiares de
las víctimas y sus compañeros. Como dicen las madres y los padres de los
43 desaparecidos, “las autoridades andan buscando muertos, cuando lo
que queremos es encontrar a nuestros muchachos vivos”.
No es
creíble que los hechos hayan respondido a una acción inconsulta de un
grupo de efectivos policiales. Resulta en extremo sospechoso que desde
un principio no se contemplara la cadena de mando en el marco del
Operativo Guerrero Seguro donde participan diversas corporaciones de
seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la
República), y que incluso se facilitaran las fugas del director de
seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares y de su jefe,
el alcalde con licencia José Luis Abarca, de quien ahora todos dicen que
“sabían” que estaba vinculado al grupo delincuencial Guerreros Unidos.
Dieciséis de los 22 policías municipales procesados dieron positivo en
la prueba de rodizonato de sodio −es decir, dispararon sus armas− y
podrían ser los autores materiales de los asesinatos. Falta saber
quiénes son los responsables intelectuales y cuál fue el verdadero móvil
de los hechos, incluidas las 43 detenciones-desapariciones forzadas.
Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos
de La Montaña Tlachinollan, las autoridades ministeriales no procedieron
a realizar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera
elementos para localizar con prontitud a los jóvenes
detenido-desaparecidos. Agentes del Ministerio Público actuaron con
negligencia e insensibilidad y podrían resultar cómplices en la acción
de manipular evidencias y enturbiar y enredar los hechos. Amnistía
Internacional calificó la investigación judicial como “caótica y hostil”
hacia los familiares y compañeros de las víctimas. Hostilidad que ha
sido extensiva a las peritas del equipo técnico de forenses argentinas,
en quien familiares y estudiantes han depositado su confianza y ven como
único mecanismo de certeza en el caso de una eventual aparición de
restos.
Cabe reiterar que una vez más hubo un uso
desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado. Y hay que insistir
en la cadena de mando. Los hechos ocurrieron en presencia de las
policías estatal y federal, y de los agentes del Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política del régimen). Pero
también de elementos del Batallón de Infantería Nro. 27, que depende de
la 35 Zona Militar. En particular, del denominado Tercer Batallón, una
unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de
inteligencia. Ambos batallones tienen sus cuarteles en Iguala. Además de
que en ese estado existen Bases de Operación Mixtas (BOM), que suelen
ser coordinadas por las fuerzas armadas (Ejército o Marina de Guerra).
Además, si como declaró públicamente el gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero, había informado con anterioridad a los hechos del 26 y
27 de septiembre a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Cisen y a la
Procuraduría General de la República, de los presuntos nexos del edil
de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Guerreros Unidos, se
supone que la Subprocuraduría Especializada en Investigación Organizada
(Seido) debía tener bajo la lupa ese municipio.
Entre las
inconsistencias o lagunas del caso, es necesario decir que entre la
primera y segunda balacera el Ejército dejó pasar tres horas. El por qué
sigue siendo una incógnita. Como denunció el joven Omar García,
representante del comité estudiantil de Ayotzinapa y quien estuvo esa
noche en el lugar de los hechos, luego de ser agredidos a balazos por la
policía municipal, “efectivos castrenses” sometieron a los normalistas.
García narró que al hospital Cristina −adonde llevaron al estudiante
Édgar Andrés Vargas herido con un balazo en la boca− “los soldados
llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con
violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le
prohibieron que atendiera a Édgar”.
En Guerrero, el control
territorial lo tiene el Ejército. Un Ejército que actúa bajo la lógica
de la contrainsurgencia −es decir, del “enemigo interno”− y vive
obsesionado con la presencia de la guerrilla (cuatro de las cuales, por
cierto, se han manifestado a raíz de los trágicos hechos: EPR, FAR-LP,
Milicias Populares y ERPI). Más allá de ello, y de los fines políticos
mezquinos de los partidos políticos con vista a los comicios intermedios
de 2015 y los presidenciales de 2018, resulta obvio que por acción u
omisión, los mandos castrenses de la zona tienen responsabilidad en los
hechos protagonizados por policías y paramilitares de Iguala, además de
que quedó demostrada, una vez más, la delegación parcial del monopolio
de la fuerza del Estado en un grupo paramilitar y/o delincuencial.
Existen indicios que sugieren el montaje de una gran provocación. Pudo
tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecución
extrajudicial de 22 personas por el Ejército en Tlatlaya, estado de
México, y el encubrimiento de los responsables. Desde 2006 las fuerzas
armadas han venido exterminando “enemigos” en el marco de un Estado de
excepción permanente de facto. Los hechos de Iguala confirman la regla:
fue un crimen de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional mintió en
el caso Tlatlaya; todas las autoridades pueden estar mintiendo ahora.
En ese contexto, y en el de una conflictividad en aumento −los sucesos
del lunes 13, cuando resultaron incendiadas las sedes del gobierno y la
legislatura estatales y de la alcaldía de Chilpancingo−, cabe enfatizar
el sentir de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa: búsqueda con
vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos; castigo a los
culpables, y apoyo a las normales rurales que quieren ser desaparecidas,
también, por el gobierno federal en el marco de la contrarreforma
educativa aprobada en 2013.
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
14.10.14
Ayotzinapa o la banalidad de la violencia
Arsinoé
Orihuela
El hartazgo no es suficiente. La
condenación ética –aunque legítima e irreprochable– tampoco basta. La indignación
es sólo un primer paso, no el último ni definitivo. La exhortación a la unidad
es un aullido cuyo eco se extravía en el vacío, en una trama nacional donde no
existe un plan de acción ni un factor de
aglutinación políticamente eficaz
o perdurable. Las movilizaciones
multitudinarias en este
país cumplen un ciclo fatal e incurable: cuando llegan a un clímax, se
desvanecen, y el huracán se degrada a depresión tropical. Nos gusta pensar en
la siguiente analogía: es una especie de bola de nieve que una vez que alcanza
su máximo volumen y toca tierra, se descongela sin efecto alguno. La indignación ciudadana en torno a
Ayotzinapa no debe correr la misma suerte.
El
asesinato selectivo, el secuestro y la desaparición forzada de
estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero,
caló hondo en el ánimo
popular. Esta perturbación es la única
noticia alentadora en el presente episodio de luto nacional. A pesar de la
aparente inmovilidad de la sociedad mexicana, estos paréntesis de movilización
remiten a una feliz conjetura: a saber, que la población no ha consentido ni claudicado
ante la dominación, aún cuando el
enemigo es un régimen de terror escrupulosamente dirigido e impulsado.
Insistentemente se ha sostenido en este
espacio que el origen de la violencia,
la desprotección e inseguridad, reside en la presencia del Estado, no en su ausencia. El diagnóstico de Comité Cerezo México comulga
exactamente con esta lectura: “La ejecución extrajudicial, las desapariciones
forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no son
resultado de la ausencia del Estado, ni de un hecho aislado o producto de malos
funcionarios” (Comité Cerezo México 6-X-2014).
La
violación a los derechos humanos, la represión, violencia e inseguridad,
son fenómenos que corresponden a una
política sistemática, que en ciertas coyunturas alcanza niveles
extraordinariamente insidiosos. Es preciso consignar, no obstante, que en la
actualidad nacional se articulan los múltiples métodos discrecionales de
control social que tienen raigambre histórica en México o que tienen un paralelo
en otras épocas. El aspecto inédito
es que todos se expresan simultáneamente, y en proporciones
exponenciales: asesinatos por motivos políticos, represión gubernamental,
desahogo de conflictos con base en la actuación de escuadrones de muerte,
criminalización de la protesta ciudadana, masacres estudiantiles, intensificación del fenómeno de la tortura,
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, suspensión de facto
de derechos sociales, ataques contra periodistas, activistas, defensores de derechos
humanos etc. Atravesamos otro capítulo de la guerra sucia, con el agravante de
que la persecución no comprende sólo a la disidencia política: se hizo
extensiva a toda la población. Tierra Caliente en Michoacán, Tlatlaya e Iguala
son casos paradigmáticos de esta realidad.
Estamos presenciando la convergencia al unísono
de los episodios más oscuros de la historia
de México: 1891 (Tomóchic), 1962 (Xochicalco), 1968 (Tlatelolco), 1971
(Corpus Christi), la
Guerra Sucia y un largo etc.
En el análisis de la crisis en Guerrero,
la Editorial
de La Jornada Veracruz arroja luz sobre un hecho acerca
del cual urge cobrar absoluta conciencia: “La debilidad e incapacidad de las instituciones
es un hecho mayúsculo y no mejorará.
Sobre esa base es que la sociedad debe tomar decisiones” (La Jornada Veracruz 9-X-2014). Luis Hernández extiende este dictamen no oficial pero visiblemente preciso: “Las
redes de complicidad [de autoridades públicas,
narcotraficantes, empresarios] obligan a desaparecer los poderes en la
entidad [de Guerrero]. Con ellas no hay forma de que se haga justicia”. Entre las
víctimas y el Estado no hay nada, salvo más
represión, y ocasionalmente la voluntad de ciertos medios de comunicación.
La trama jurídica alrededor de la
desaparición forzada es un ejemplo lapidario de la inexistencia de protección y
justicia en el país: de acuerdo con la
ONG, Human Rights Watch , “[En México] no hay un sólo
[criminal] consignado por estos delitos
[de desaparición forzada de personas]” (La Jornada 9-X-2014).
El número oficial de “personas no
localizadas” en México es de 22 mil 322.
La cifra se antoja conservadora, y se sabe que el delito va en aumento.
Pero más lapidarias son las cifras que
publica el suplemento semanal de La Jornada en la última edición dominical,
con base en un par de estudios efectuados por la organización civil italiana
Libera y el semanario Zeta, en relación
con la bancarrota total de la institucionalidad y la vida pública en este país:
“La guerra iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón contra el crimen
organizado el 8 de diciembre de 2006 provocó, desde esa fecha hasta el último día de su gobierno… ‘la muerte de 53 personas
al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100
muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra contra el
narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común’… Por lo menos
desde diciembre de 2006, un millón 600 mil personas se han visto obligadas a
abandonar sus estados de origen… Durante los primeros catorce meses del sexenio
de Peña Nieto… se registraron alrededor de 23 mil 640 muertes relacionadas con
la violencia en México. Mil 700 ejecutados cada mes. Guerrero ocupó el primer
lugar con 2 mil 457; el segundo sitio
fue para el Estado de México (lugar de nacimiento del actual presidente), con 2
mil 367 muertes violentas” (La Jornada Semanal 5-X-2014).
Lo que acá se quiere destacar es que los
crímenes de Estado en Iguala, y el manto de impunidad que los rodea, no es una
eventualidad única o extraordinaria: es la regla en México. Los antecedentes recientes
y pretéritos conducen a esta conclusión inobjetable. En este mismo tenor, José Miguel Vivanco,
director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, añade: “El problema
no es de Iguala, el problema es de México y el responsable último por la suerte, la seguridad y la vida
de esos estudiantes es el gobierno federal, son las máximas autoridades
mexicanas” (La Jornada 9-X-2014).
La masacre en Iguala no es un “hecho
aislado o producto de malos funcionarios [locales]”: es un crimen de Estado.
Más específicamente: de un narco-Estado con
un avance significativo de militarización.
En Iguala actuó la narco-policía. Y en Tlatlaya el ejército. Con una actuación temiblemente
análoga. El paralelismo no es accidental.
En este sentido cabe concluir que la violencia
en México y la excepcionalidad jurídica-gubernativa responden a un momento
instituyente, cuyas notas predominantes son la agresión y el abandono. No solo
no son situaciones extraordinarias: son las principales pautas, las fuerzas
activas, de un orden en gestación. Acá reside la peligrosidad y seriedad de la
coyuntura que atraviesa el país.
Hannah Arendt inauguró una perspectiva
acerca de la brutalidad de los regímenes modernos, y la banalidad de la violencia. En
desavenencia con la filosofía política clásica, Arendt no se preguntó cómo optimizar
el funcionamiento de una forma de gobierno. Su preocupación consistía en
responder por qué funciona tan óptimamente un orden político cuando es tan
depredador y violento. Esta pregunta es la que cabe formular, y con base en el análisis sucesivo establecer criterios para una resistencia
políticamente efectiva. Sólo así se podrá evitar que “la bola de nieve se
descongele sin efecto alguno”.
Debemos asumir la responsabilidad de
sortear la impunidad del Estado. La
procuración de justicia no corre a cargo de la administración estatal. La
impotencia es la ley natural de esta administración, que sumariamente ignora a
la ciudadanía. La empresa criminal no es
un traumatismo excepcional: es el canon, y el modo predominante de “hacer
negocios”.
Corresponde a la sociedad perseguir a los
responsables de orquestar este estado de corrupción, crimen y terror. La
organización social a gran escala es la condición de esta posibilidad.
La única solución para alcanzar la
justicia y evitar la “gratuidad” de la masacre en Ayotzinapa es la transformación
radical y efectiva de la esencia del Estado. Urge pensar en común la
resistencia.
El crimen de Estado en Ayotzinapa no
debe quedar impune. Una sociedad que perdona u olvida estos crímenes está
condenada a la destrucción masiva.
12.10.14
Ayotzinapa, entre Figueroa y Hank
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
La convicción libertaria del pueblo de
Guerrero se yergue de pie frente a la ignominia de la clase política. Las
luchas de ese valeroso pueblo que nos diera patria y Constitución han sido
traicionadas a manos de un partido construido desde abajo y corrompido desde
arriba: el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se equivocan, sin
embargo, quienes buscan en esa entelequia al culpable de la ignominiosa masacre
de los estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa.
La
burocracia perredista no se
compone sino de
viles operadores de los
peores intereses neoliberales. Hoy los verdaderos dueños de las rentas
políticas y económicas del estado se encuentran en el príismo caciquil y
mafioso gestado durante las décadas de los
años 70 con la guerra sucia y hoy abiertamente coludido con el crimen
organizado.
En Guerrero, los apellidos Figueroa,
Aguirre, Ruiz Massieu, Juárez Cisneros y otros más evocan lo mismo que los
apellidos Hank González, Montiel Rojas, Peña
Nieto, Del Mazo y Chuayffet en el estado de México. Ambos conjuntos de familias, el
grupo “Atlacomulco” y la cofradía
de los caciques guerrerenses, nunca han respetado las reglas
de la democracia y siempre
han mostrado un profundo desprecio para el pueblo mexicano. Ambos grupos
son los verdaderos culpables de esta barbarie.
Los heroicos estudiantes de
Ayotzinapa representan el
último reducto de quienes han defendido lo que consagra la Constitución: una
educación pública, laica y gratuita.
Frente al neoliberalismo y
la privatización devastadora,
los jóvenes guerrerenses han
representado con esmero
el espíritu de
lucha revolucionaria, cardenista y campesina, esa superioridad moral de
la educación humanista que está siendo hoy hostigada con la represión y la
muerte.
Son
risibles las cobardes
declaraciones del “Presidente de la
República” delegando la responsabilidad en el
gobernador, y éste a su vez ofreciendo
“un millón de pesos” para encontrar al alcalde de Iguala. En el ridículo juego a la “papa caliente”
que Enrique Peña
Nieto y Ángel
Aguirre Rivero están escenificando, ambos repiten como loros
el famoso “¿y yo por qué?” foxista.
La pirámide de corrupción e
irresponsabilidad parecería funcionar así: a. El “presidente priísta” le echa
la culpa a b. el “gobernador perredista”, y éste a su vez responsabiliza a c.,
el “alcalde narcotraficante”. “Eureka”, parecen gritar los políticos
corruptos: la casa
de la corrupción pública se ha
salvado porque la responsabilidad ha caído en el ámbito privado, en donde no
habría necesidad alguna por rendir cuentas ni ofrecer justicia a nadie.
En eso consiste el verdadero proyecto
neoliberal: el vaciamiento del Estado para
convertirlo en una
fábrica de empobrecimiento, desempleo,
violencia y convulsión económica
y social, y lo mejor
de todo para
ellos, sin ninguna necesidad de rendir cuentas. La
entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la
contracara del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces.
Quien
ya se frota
las manos para
recibir la corona
neoliberal es el desprestigiado saltimbanqui de Armando Ríos Piter. Este
antiguo funcionario foxista y ex asesor de Francisco Gil Díaz, a quien
le encanta departir y convivir con Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón, tiene
claros vínculos con los peores intereses del estado y una convicción neoliberal
a prueba de todo. La llegada de una persona de este perfil a la gubernatura del
estado solamente podría empeorar la situación.
El
estado de derecho
yace masacrado en nuestro país,
no en una
fosa clandestina, sino en la fosa común del neoliberalismo y el racismo.
Es obligación de todos apoyar a los jóvenes de Ayotzinapa y al pueblo e
Guerrero para exigir justicia y gritarle fuerte a este desgobierno entreguista:
“¡Que se vayan todos!”
10.10.14
Ayotzinapa, crimen de Estado
Felipe
Cuevas
El
gobierno del Estado de Guerrero desvió de su ruta de movilización a
jóvenes normalistas de la combativa Ayotzinapa con toda intención de propiciar
un altercado con los guerreros unidos e instigó el acto con el auxilio de sus
fuerzas represivas. Por su parte el narco poder da muestras claras de entrar en
una fase “precautoria” respecto de los golpes sufridos en el estado de Michoacán de no permitir la movilización
popular en las zonas bajo su control. Se trata de una celada al viejo estilo de
la guerra sucia, una emboscada preparada por instancias políticas, de seguridad
y del narco hoy enmarañadas en el deterioro de la antigua institucionalidad
burguesa del Estado mexicano y el socavamiento de su condición como
Estado-nación.
Un detonante colocado por gentes del
poder (narco, político y económico) que no quieren hacerse responsables de sus
actos de ningún modo, empeñadas en ponerlo como un acto de la delincuencia organizada
restringiendo toda forma de manifestación social que irrumpa en sus escenarios,
ya sea en las zonas donde gobierna el narco o en lo que los políticos creen sus
estrictas áreas al margen de los derechos políticos. Así entonces, en este acto
criminal están coludidos esos entes con
plena intención de generar la represión contra el pueblo pero por la naturaleza
feroz de su agresión la situación se les escapó de control y del cerco
mediático.
Al limitar las posibilidades de
movimiento hacia Chilpancingo las instancias de seguridad, las fuerzas policiales
y militares, el ejecutivo estatal y sus agentes crearon el marco “perfecto”
para empujar a los estudiantes a Iguala para armar ese plan macabro entre dos
fuegos. El presidente municipal de Iguala en la maraña de sus frivolidades poco
importa a los más poderosos, lo usarán
como tonto útil independientemente de sus propias responsabilidades.
Definitivamente es un ensayo para
aplicar este tipo de acciones a gran escala donde sea el narco quien golpee al
movimiento popular, es un plan combinado con los intereses propios del narcopoder
que una vez socavado el tejido social en importantes regiones del país cree
tener las condiciones para ejercer funciones de dominación general sobre la población
que sólo sembrarán mayor caos y desmembramiento
del país, ideales para otro tipo de intervenciones imperialistas. Se estará de
acuerdo en que eso hace tiempo se practica a un nivel muy local en algunas
regiones, pero este precedente es nuevo y sumamente peligroso para la lucha
revolucionaria en un momento en que se incuban nuevos potenciales de movilización
de las cuales el Estado gobernado por imperialistas, oligarquía financiera y carteles
de la droga toma nota como puntos rojos que van encendiéndose intentando distintas
acciones para apagarlos.
Peña Nieto en lugar de subrayar la
responsabilidad de su investidura, simplemente se lava las manos, nos sale con
una declaración oficial de consternación como si no fuese más que un simple
espectador, pero para quien quiera ver en su discurso es notoria su intención
retardataria de las investigaciones en el caso de Guerrero como lo fue mientras
fungía de gobernador del Estado de México. Simplemente por el hecho de que en lugar
de crear alguna herramienta institucional que atienda estos
graves problemas, se apoya en las instituciones que se sabe carcomidas para que
estas resuelvan lo que no les interesa resolver. A esos niveles de gobierno
resultan absurdas sus declaraciones, sobre todo con su gabinete de seguridad
que sabe y discute dónde y cómo usar la fuerza.
Los gobernantes juegan a la confusión,
se hacen los desentendidos, demoran las investigaciones, están coludidos por
diversos intereses; el pueblo debe movilizarse contra esta agresión de todas
las fuerzas hostiles del poder político, económico, militar y narco, exigimos castigo a los culpables, desenmascarando
la múltiple condición de este crimen de Estado.
9.10.14
Gobierno de Peña encubre violaciones de derechos humanos para cuidar su imagen: HRW
Washington (proceso.com.mx).- El gobierno de Enrique Peña Nieto encubre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y autoridades porque le preocupa mantener una buena imagen de México en el extranjero, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
“Hay tres soldados de bajo rango
acusados de esta masacre (Tlatlaya). Da la impresión que el encubrimiento
continúa, no es creíble que tres soldados hayan tomado la decisión por sí
solos, sin haber consultado con nadie”, declaró en rueda de prensa José Miguel
Vivanco, director ejecutivo de la
División de las Américas de HRW.
Al referirse a la masacre de 22 personas
en Tlatlaya, Estado de México, y a la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa,
Guerrero, Vivanco recordó que en México los militares y policías de todos los
niveles cuentan con la libertad y seguridad para cometer delitos atroces.
Respecto al caso de Iguala, Vivanco
reprobó que la reacción del gobierno haya sido tardía:
“¿Saben dónde queda Iguala?, a menos de 200 kilómetros de la
capital de México, a tres horas por carro, del Distrito Federal. No hay excusa,
este no es un sitio remoto que queda en la selva, distante, de difícil acceso…
parece que al gobierno de Peña Nieto le preocupa más su imagen que resolver la
situación de los estudiantes secuestrados y probablemente salvar la vida de
muchos de ellos”.
HRW dio a conocer que este miércoles
envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Procurador
General de Justicia, Jesús Murillo Karam, en la que le notifican que los esfuerzos
del gobierno de Peña Nieto “han sido insuficientes” y “contradictorios”.
De los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, HRW
considera incluso que es vergonzoso que fuera gracias a los medios de comunicación
que se “desmoronara” la posición inicial y oficial de intentar encubrir la
participación de militares y policías en estos crímenes.
Al hablar de la situación que sufren los
habitantes de Guerrero por la desaparición de los 43 normalistas, la muerte de
seis civiles y el descubrimiento de 28 cadáveres en fosas clandestinas, Vivanco
no tuvo empacho en reprobar las reacciones de Peña Nieto:
“El 30 de septiembre (pasado) el
presidente de México reacciona, y reacciona mal; reacciona sosteniendo que el
problema es de Iguala, y el problema no es de Iguala, el problema es de México,
y el responsable último por la suerte, la seguridad y la vida de esos
estudiantes es el gobierno de México”.
La alternativa a esto, según HRW,
hubiera sido que Peña Nieto hubiese dispuesto la presencia inmediata, que
Murillo Karam hubiera acogido inmediatamente el caso.
Según Vivanco, el gobierno de Peña Nieto
ante situación como la de Tlatlaya e Iguala tiende a improvisar porque para la administración
los derechos humanos “es un tema secundario”, al que reacciona sólo por
intentar mantener una imagen contraria a la realidad que se vive en México.
“Sólo reacciona frente a los escándalos
mayores, cuando la opinión publica exige respuestas, cuando los medios – de comunicación-
colocan estos datos, escándalos en las primeras planas”, reprobó Vivanco.
El representante de HRW insistió que el
gobierno mexicano “adopta medidas de parche para abordar esa crisis como una crisis
muy circunstancial, esperando; y me imagino que con la ilusión, de que estos
temas van a desaparecer a las pocas horas o a los días de la preocupación
nacional y van a poder darle vuelta a la hoja y enfocar la atención en otros
temas”.
Respecto a la reacción del gobierno de
Barack Obama ante los casos de Iguala y Tlatlaya, Vivanco agregó: “Me habría gustado,
evidentemente, declaraciones mucho más contundentes por parte de la
administración Obama, que en general ha sido
bastante, yo diría silenciosa y mas bien ha evitado formular críticas al igual
que la administración anterior, del presidente
(George W. Bush, los derechos humanos en México”.
En la conclusión de su análisis y
valoración de lo hecho por Peña Nieto en materia de derechos humanos, HRW puso
en tela de juicio la posibilidad de que México aporte algo valioso a la
comunidad internacional, ahora como participante en las misiones militares de
paz de las Naciones Unidas (ONU).
El de México, según Vivanco, “es un
ejército que no tiene la cultura de los derechos humanos y no cuenta con un record
que pueda servir”, a los propósitos de las misiones de paz de la ONU.
8.10.14
¿Y quién imputa el delito del silencio?
Mayte
Guzmán Mariscal
“Desgraciados
los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo
y los
estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano”
Lucio
Cabañas
Leyó en voz alta el folleto que tenía entre manos con la frase
“Resistir o morir” y su vena marxista salto de inmediato para desestimar el
sentido de aquella propaganda.
Resistir no -espetó tajanteporque
la resistencia implica sumisión, implica que sigue habiendo un opresor, y en cierta manera, una fantasmal resignación
ante esos mecanismos sistemáticos. La frase tendría que decir, “luchar o morir”
-concluyó, suscitando el asentimiento de los allí presentes-.
Le conozco poco, y aunque algunos lo tachan de radical sin sentido, en
esa ocasión reconozco que también le di la razón.
Es verdad que las connotaciones y los marcos de
referencia los construimos nosotros y
nuestras circunstancias.
También es verdad
que restituir ciertas
connotaciones o resignificar ideas tan arraigadas en nuestras versiones de la
realidad, es un proceso largo y muy complicado.
De allí la recriminación y
deslegitimación constante hacia los movimientos -no de resistencia- de lucha social
que se han mantenido a contracorriente a lo largo de la historia de México,
pues se sostienen en relaciones de dominación basadas en el histórico criterio de la pobreza material,
cal ificada bajo los parámetros de quienes ostentan el poder.
Y quienes se erigen como jueces,
absueltos de la represión, resultan ser quienes temen volver a su pasado de
pobreza material, o quienes nunca han padecido ciertas carencias y temen
descender de su mediana escala económica. La denominada clase media, amante de
la tecnocracia, el esnobismo, pero sobre
todo defensora del establishment apolítico, ascéptico.
“Lo que cambia es el modo de
dominación que en lugar de ser políticamente por la violencia se ejerce por la
explotación y el
despojo económico en
razón de una
versión, no ya
política, si no sobre
todo económica y administrativa del «bien común» o «interés común»: el
bienestar” 1
.
Así
tenemos un sector mayoritario de la población que clama, como la
historia se lo ha enseñado (y porque la historia se ha ensañado), por sus
derechos más elementales consciente de la opresión y el expolio al que ha sido sometido sistemáticamente. Por
otro, una mínima parte de la población que tiene todo un “arsenal” ideológico para salvaguardar sus intereses económicos y políticos con ese argumento
eufemístico del bienestar.
* * * *
La memoria clama a gritos no sólo
atender ese presente que se diluye en nuestras manos en medio de hechos
violentos que han hecho sangrar a México
durante décadas y de los que todas las personas mexicanas somos víctimas, clama
también porque nos impliquemos y hagamos nuestras esas causas.
¿Cómo sensibilizar a toda esa masa
expectante, apolítica y aséptica que no hace más que criminalizar a quienes
luchan contra la exclusión, la opresión
y el olvido? ¿Tan interiorizada tenemos
esa inercia Lucio Cabañas absurda de que sólo ahogado el niño, se tapa el pozo? ¿O es entonces que hemos normalizado ya
la violencia en nuestra cultura?¿Qué nos hace falta para razonar, reflexionar y
reaccionar?
Con hechos tan deleznables como lo
ocurrido en Ayotzinapa, no hacemos más que demostrar que la frase de que “el
mal existe no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a
ver lo que pasa” es una realidad evidente.
Aquí algunos retazos de nuestro presente
desmesuradamente violento e impune, donde el
olvido teje a intervalos su telaraña:
1997, Acteal, Chiapas. Masacre a manos de paramilitares de 45 indígenas
tzotziles, varios niños y mujeres.
2006,
Atenco, Estado de
México. Detención arbitraria de unos 200 manifestantes, violaciones y vejaciones a 26 mujeres tras
las protestas por la intención de despojarlos de sus tierras para construir el
aeropuerto.
2006. Oaxaca. Rebelión de la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO) liderea una huelga de maestros que duró siete
meses, con un saldo de 26 asesinatos, 500 detenidos y unos 380 casos de tortura.
2006.
San Luis Potosí. Protestas por la violación de la
sentencia que prohibía la instalación de la minera San Xavier en SLP. A estas
alturas el daño ecológico es irreparable.
2008. San Juan Copala, Oaxaca. Asesinato de dos locutoras indígenas triquis, Felicitas
Martínez y Teresa Bautista, en San Juan Copala.
2010. San Juan Copala, Oaxaca. Asesinato de la activista Alberta Cariño
y Jyri Antero, cooperante finlandés tras
una emboscada paramilitar.
2012.
Michoacán.
Operativo simultáneo para desalojar las Normales Rurales de Cherán, Arteaga y Tiripetío
que estaban ocupadas por los estudiantes. El saldo oficial es de 178 detenidos
y un número de heridos sin cuantificar.
2012. Morelia, Michoacán. Policías federales y municipales
irrumpen tres casas de estudiante de la UMSNH con un saldo oficial de siete estudiantes
golpeados por las fuerzas policiales y 194 detenidos.
2014. Oaxaca. Durante una serie de protestas para
exigir el incremento de plazas en las
normales, fueron detenidos 162 normalistas.
2014.
Ayotzinapa, Guerrero.
Policías municipales abren
fuego contra autobuses
“tomados” por normalistas. El
saldo es de 6 muertos, 17 heridos y 43 normalistas desaparecidos. Las
autoridades aún no confirman que
los restos de
las fosas de
Iguala, el lugar
del enfrentamiento, son de
los desaparecidos.
La lista es mucho más larga de lo que
recordamos.
* * * *
Las normales rurales en México
México ocupa el quinto lugar entre los países que peor pagan
a sus profesores, según un estudio de 2012
de la
OCDE. Sin embargo,
lo más preocupante
no es sólo
el paupérrimo salario
y l a desproporcionada distribución
de los ingresos
destinados al gremio
magisterial. Lo es
también la reestructuración educativa
que al día de hoy ha
tecnificado la educación y vaciado
de contenido reflexivo,
humanístico e histórico los programas formativos.
¿Cómo surgieron las normales rurales?
A principios del siglo pasado, una de
las políticas vasconcelistas para alfabetizar l as zonas rurales fue la creación de
este tipo de
escuelas normales. Desde
sus inicios, las
escuelas normales ruralesfuncionaron
no sólo para la enseñanza del
conocimiento tradicional a
indígenas y campesinos, sino también a la organización para su emancipación.
¿Quiénes estudian allí?
Especialmente personas oriundas del
campo y comunidades indígenas.
¿Cómo se accede a estudiar a las
normales rurales?
El
principal requisito para ingresar
a las normales rurales es no contar con recursos suficientes para estudiar en
las universidades estatales. En otras palabras, “ser pobre”.
¿Por qué son limitadas las plazas para
matricularse en las normales rurales?
El gobierno ha emprendido desde el
sexenio ordacista el cierre sistemático y arbitrar io de las normales rurales
por considerarse “semilleros de guerrilleros”.
¿Cuántas normales había y cuántas
quedan?
De 46 normales rurales que había en el
país en tiempos de Lázaro Cárdenas, quedan ahora 16 en todo el territorio
nacional.
¿Cuáles son las reivindicaciones
históricas de los normalistas?
Planes
formativos orientados a
la transformación social,
adaptados a las
circunstancias de cada comunidad, basados en los ejes político,
cultural, productivo, deportivo y académico, más plazas y más recursos para
mantenimiento y para los comedores estudiantiles.
¿Por qué murieron Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas?
El
primero líder de la Unión Cívica
Guerrerense, el segundo líder
de la Federación
de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México, ambos asesinados bajo el mandato de Luis Echeverría Álvarez, víctimas de la Guerra Sucia en el
país.
* * * *
Sin
duda, la represión
se ha agudizado
en contra de los
estudiantes más pobres,
los de origen proletario y campesino; en los últimos
años, se han registrado un sinnúmero de agresiones en contra de los estudiantes
de las Normales Rurales, como ya se ha
señalado anteriormente. Con miras a implementar el neoliberalismo en
todas las esferas de la vida económica y política, se ha desarrollado una
política de Estado destinada a legitimar el
asesinato y desaparición de estudiantes, así como el descrédito a cualquier brote de
inconformidad.
El odio, el exterminio, el
desplazamiento, el destierro y la exclusión de los pobres sigue siendo política
pública. Los gobiernos tienen interiorizado el
discurso del clasismo y el
racismo, por más progresistas que parezcan ante la mirada del resto de
la población.
Reproduzco aquí las palabras de Mardonio
Carballo que en su columna “Las Plumas de la Serpiente” ironiza la
sentencia de la lidereza “vitalicia” del
magisterio, Elba Esther Gordillo,
cuando dijo que las normales rurales tenían que desaparecer, porque “allí
se forman guerrilleros”. A esa
mujer y a la población en general se nos
olvida que es la desigualdad social la que forma guerrilleros.
NORMALES RURALES EN LA ACTUALIDAD
Aguilera, Durango
Amilcingo, Morelos
Atequiza, Jalisco
Ayotzinapa, Guerrero
Cañada Honda, Aguascalientes
El Cedral, San Luis Potosí
El Quinto, Sonora
Hecelchakán, Campeche
Mactumatzá, Chiapas
Panotla, Tlaxcala
San José de Tenería, Estado de México
San Marcos, Loreto Zacatecas
Saucillo, Chihuahua
Teteles, Puebla
Tiripetío, Michoacán
Villa de Tamazulapan, Oaxaca
Nota:
1 SÁNCHEZ Parga, José (2003)Razón de
Estado, razón de Mercado. Revista Nueva Sociedad 188.
3.10.14
Los límites del control civil
Otro dato: las Bases de Operación Mixta (policial-militar)
pasaron de 97 a 141 y en las calles se emplea a 37 mil efectivos
diarios. Esa estrategia, cada vez más seria, no sólo no ha logrado
controlar la criminalidad, sino que comienza a vulnerar a la población
civil por los atropellos cometidos por militares y uniformados.
La discusión sobre la muerte de 22 personas el 30 de junio
último como producto de un enfrentamiento militar con una banda
criminal, pretendió desviarse en un primer momento sobre la condición de
la actividad ilegal de las víctimas. Ante la debilidad probatoria
institucional de hechos que fueron negados al inicio por la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y respaldados por el silencio cómplice
casi total de los medios –con la excepción de Esquire y Proceso–, según
la estrategia del gobierno de los últimos dos años, se optó por
sacrificar a unos cuantos elementos de tropa y un mando intermedio para
refugiarse en la desobediencia y falta de aplicación de los protocolos
de actuación militar (jueves 25 de septiembre).
Así, se busca evitar una indagación mayor y un debate
serio sobre lo que el incidente representa para el sistema político. De
ahí que se lanzara desde Nueva York otra cortina de humo para rescatar
la legitimidad del Ejército, entre otras cosas, anunciando la
participación de México en misiones de paz bajo el seno de las
decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Apenas el 30 de mayo pasado se estrenaba –así se presume
incluso en el segundo informe de gobierno–, la vigencia del Manual del
uso de la fuerza, de aplicación común a las tres (sic) Fuerzas Armadas y
con ello se da cumplimiento a los criterios constitucionales y las
leyes castrenses del Ejército y la Marina. En realidad es una versión
sui géneris o tropicalizada del código de conducta y de los principios
elaborados en la práctica de las misiones de paz de los Cascos Azules de
Naciones Unidas (Sedena, Segundo Informe de Labores, lunes 1 de
septiembre de 2014, p. 40).
Con todo, una lectura detallada del Manual a la luz de lo
acontecido en Tlatlaya, muestra que pese a las 13 generaciones de
egresados militares de cursos de derechos humanos (impartidos por la
CNDH) –incluido el convenio con la Cruz Roja Internacional (2013) para
acercar el conocimiento del derecho internacional humanitario–, todo
queda en una coartada para prevalecer en las calles sin el debido
entrenamiento para dar seguridad a la población.
El Manual es muy claro en el sentido de aplicar protocolos
de actuación en la advertencia a probables agresores y determinar así
el uso de la fuerza –letal o no–, imponiendo incluso la grabación de los
hechos para el esclarecimiento en caso de ser necesario. Otra
disposición importante es la comunicación y coordinación con las
autoridades civiles (aunque también establece procedimientos de
actuación en ausencia de autoridades civiles).
Lo relevante del caso, a la luz de la reconstrucción de lo
que ocurrió en Tlatlaya, es la absoluta inobservancia del Manual y la
recurrencia a un comportamiento ya interiorizado en el personal militar:
identificación y supresión del potencial enemigo o agresor, sin la
mínima coordinación con las autoridades civiles. Hasta el momento no hay
consignación ante autoridades judiciales civiles.
El resultado trágico de Tlatlaya va más allá de una
cuestión de disciplina militar y de excluir o desviar la responsabilidad
penal como pretende la aplicación del Manual al calificar un eventual
homicidio como culposo, quedando así exonerado el personal militar
involucrado en hechos como el ocurrido en territorio mexiquense.
Resulta por ello, poco razonable que se diga que no hay
responsabilidad institucional porque no se sabe que el “alto mando”
hubiese ordenado violar los derechos humanos, y así lo confirma la
declaración del propio titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos
Zepeda el viernes 26.
Los usos y costumbres de la seguridad del sistema político
mexicano operan con la lógica del silencio y las complicidades mutuas
en el ámbito civil y el militar. Excepcionalmente, ante el abuso
político del recurso militar, un alto mando solicitó la orden por
escrito para reprimir (2005). No pasó de ahí.
El componente militar en el contexto histórico y político
tiende a ser parte del problema (con la paradoja que es el último
recurso de solución del que se ha abusado), tanto en su uso policial
como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al
final, el resultado es una distorsión, una pérdida, de la fuerza armada
en su esencia definitoria de defensa nacional.
La participación directa de los militares en la lucha
contra el narcotráfico durante los últimos gobiernos priistas y panistas
tiene consecuencias negativas para las instituciones castrenses y, en
particular, en la relación civil-militar en México. El fracaso de la
guerra calderonista, continuada en los hechos por el actual gobierno,
aunque no lo reconozca, no se limita al alarmante número de muertes,
desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos
relacionados con la actividad de las fuerzas militares y policiales de
los que dan cuenta los organismos civiles internacionales.
El daño se extiende de modo orgánico y operativo a las
fuerzas armadas en términos que nuestra incipiente institucionalidad
democrática, en materia de relaciones civiles-militares, no sólo se
muestra débil o incapaz de reaccionar, sino que se encuentra amenazada
ante la prolongada permanencia e influencia castrense.
Hay factores estructurales del diseño legal e
institucional que dieron lugar a la organización de unas fuerzas armadas
que responden más a tareas de dominio y control (político) en lo
interno que en el desempeño real de funciones de defensa. La razón es
simple, así se concibieron, histórica y políticamente, de acuerdo
también a una realidad geoestratégica, como lo es la cercanía con
Estados Unidos y nuestra adscripción natural a su órbita de seguridad.
De ahí que la actividad castrense se volcase hacia la seguridad interior
y hallase su mejor condición de influencia con la crisis de seguridad
pública del país.
Con el anuncio presidencial de participar en misiones de
paz, la cuestión es determinar a ciencia cierta si las Fuerzas Armadas
están preparadas para cumplir su función sin haberse transformado
institucionalmente, en democracia y con transparencia, como sus
contrapartes en el hemisferio.
Otra cuestión importante queda abierta para la comunidad
internacional: si nuestros medios e intelectuales nacionales serán tan
complacientes ante incidentes trágicos como el de Tlatlaya, sin que haya investigaciones profundas y sólo culpables a medias.
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