Tlamanca, Zautla, Puebla. Les dieron 24
horas para salir; ése fue el ultimátum. La población de esta comunidad
nahua había acordado que, una vez transcurrido el tiempo de tolerancia,
cerrarían caminos. Nadie, en lo absoluto, proveería de alimentos a los
empresarios chinos que habían llegado 3 meses atrás para extraer el oro
de la región.
El repudio se leía en pancartas, se
escuchaba en los gritos que clamaban la expulsión de los mineros; en el
rostro de miles de hombres y mujeres que marcharon por algunos
kilómetros desde el centro de la comunidad de Tlamanca a la entrada de
la empresa JDC Minerals, el 22 de noviembre de 2012.
“Nos reunimos unas 8 mil personas de las
32 comunidades del municipio”, recuerda Esteban González Hernández,
habitante de esta localidad y uno de los impulsores a la oposición del
proyecto minero.
Esteban, quien trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural como promotor en agricultura, relata a Contralínea
que, en un principio, los empresarios se instalaron con cierto sigilo
en la construcción de la vieja mina La Lupe, abandonada a mediados del
siglo pasado. Los pobladores veían a ingenieros recoger muestras de
tierra y rocas. Nadie informaba nada.
Poco a poco se fueron acercando a la
autoridad local (actualmente destituida): Felipe García Martínez, juez
de paz suplente. Intentaron convencerlo de que con su proyecto se
traería progreso a la zona; caminos, agua potable, empleo y hasta un
hospital.
La irrupción de JDC Minerals
Los representantes de JDC Minerals
interrumpían las asambleas comunitarias para presentación de
diapositivas, donde mostraban los “beneficios” y la inversión que
traerían, así como el panorama de un proyecto extractivo responsable con
el medio ambiente. Sólo algunos les creyeron.
La evidencia de que su propuesta tenía
mucho de engaño fue la deforestación de uno de los cerros de Tlamanca.
“Mucha gente empezó a decir: ‘no estamos nuevos, sabemos cuánto tarda un árbol en crecer y los árboles de nuestro cerro no los vas a tener en 1 año, van a ser fácil unos 20 o 25 años y ya no habrá agua’”, recuerda Esteban.
El proceso de expulsión duró 3 meses;
inició el 27 de octubre de 2012 y culminó el 22 de noviembre tras
decidirlo en varias asambleas comunitarias, donde los impulsores y
autoridades exponían los efectos de la minería en el medio ambiente y la
salud humana.
—¿Hay riesgo de que regrese la minera?
—Todavía. Sí, pensamos que va a regresar.
Aunque está suspendido [el proyecto], no se tiene la seguridad porque
la concesión está vigente para 50 años, apenas tiene 2 o 3 años que la
han autorizado. Entonces, tanto tiempo de vigencia permite que en
cualquier momento regrese.
Ricardo
Abad Rojas, juez de paz adjunto de Tlamanca, recuerda: “Simbólicamente
clausuramos a la empresa; ya habíamos escuchado toda su mentira. Les
metimos presión porque se elaboró un acta en la que el pueblo pedía que
se fueran. El documento especificaba que tenían 24 horas para abandonar
el lugar.
“Se acerca con nosotros el encargado de
personal de la mina y nos dice: ‘Señores, he visto que el asunto está
muy feo; de forma personal voy a renunciar: yo me retiro, la empresa
también me mintió como contratista, me dijo que ya contaba con los
permisos de Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación], Profepa [Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente]’. No se había otorgado el uso de suelo”, relata
Ricardo.
El hombre de oficio vidriero dice que no
tiene estudios, como la mayoría de la población: “Ni la primaria
concluida. Aprendí a leer y escribir en la escuela nocturna, cuando
tenía 9 años y vivía en la Ciudad de México”.
Sin embargo, dice, “dentro de lo que
alcanzo a comprender, sé que no quiero ver las cosas por un recurso
inmediato, hay que ver el mañana no a cambio de dinero y sí de un buen
patrimonio como lo es la tierra. No quiero que mis hijos tengan un
Tlamanca muerto.
“Aquí la gente emigra porque el campo no
da suficiente; aquí se cosecha frijol, maíz, durazno, manzanas. Soñamos
con ser comerciantes de manzana y hay que cuidar la tierra”, comenta.
Los Indicadores sociodemográficos
de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que en 2010 se
contabilizaron 10 mil 863 personas en este municipio, de las cuales, el
79.3 por ciento se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.
El 28 por ciento de su población no tiene acceso a la educación, en
tanto que el 53.1 por ciento no cuenta con ningún servicio de salud.
Las concesiones en Puebla
Mientras los pobladores de Tlamanca
buscaban la expulsión de los mineros, en los archivos del Sistema de
Administración Minera (Siam), de la Secretaría de Economía, se mantenía
el registro de la concesión a la empresa asiática JDC Minerals bajo el
título “216 mil 370, en una superficie de 100 hectáreas y para la
explotación de oro, plata, cobre y zinc”.
Datos del Siam indican que Puebla tienen
concesionadas 211 mil 576 hectáreas mediante 392 títulos. En estas
comunidades la mayoría de la población es indígena, vive en un “alto”
grado de marginación y se dedica a la producción agrícola. La llegada de
las trasnacionales ha significado división y afrenta.
El Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá
–publicado en noviembre pasado por la Comisión para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas de México (CDPIM)– revela que el 4 por ciento del
territorio indígena nahua que se encuentra en San Luis Potosí, la Sierra
Norte de Puebla y el Norte de Veracruz (con una superficie de 948 mil
680 hectáreas) ha sido concesionado a la industria minera, es decir, 38
mil 313 hectáreas.
“Siguen abiertas las venas de América Latina”, dice Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, quien comenta a Contralínea
que uno de los puntos a favor que tienen los pueblos es que cada vez
hay mayor participación y resistencia ante la llegada de las empresas
mineras, el despojo y la contaminación que estas producen.
“La minería es el megaproyecto de mayor
concesión de territorio; por ello hay que construir resistencias, pero
también alternativas de vida distintas, alternativas locales que les
permita sobrevivir [a las comunidades indígenas] y desarrollar proyectos
productivos; con esto los empresarios no podrán engañar a las
poblaciones ofreciendo progreso y desarrollo”, agrega el ambientalista.
Los focos rojos
La defensa de su medio ambiente y
recursos naturales provoca división entre éstos y aquellos que creen que
con la llegada de las corporaciones también vendrá “el desarrollo”,
prometido en los discursos de las explotadoras de metales preciosos.
Por ello, municipios poblanos también figuran como focos rojos en el conflicto minero.
En abril de 2013, Contralínea documentó la existencia de 35 conflictos en todo el país por la presencia de corporaciones mineras,
de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina (OCMAL) y un análisis de la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (Rema), entre ellos figuraba el provocado por la china JDC
Minerals (edición 331).
OCMAL también registra en Puebla el
conflicto en Tetela de Ocampo, donde la minera Frisco, del empresario
Carlos Slim, ha ocasionado división y deterioro ambiental en esta
comunidad. Este proyecto también fue denunciado en el marco del
Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero,
llevado a cabo el 15 de marzo pasado.
Con él, también se denunció la
problemática que ha dejado la minería en los municipios poblanos de
Ixtacamaxtitlán, Zacatlán, Libres, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Olintla,
Tlatlauquitepec, Teziutlán y Huauchinango. Así como a nivel nacional, en
estados como Colima, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de
México, Guerrero y Guanajuato.
Defensa del territorio
Claudia Gómez Godoy, abogada
ambientalista, explica que es importante ver que los pueblos indígenas
en México son “una población grande”; se calcula que al menos 15.7 por
millones de personas dice tener un origen indígena y un número similar
son hablantes de lenguas indígenas.
“La mayoría de los pueblos indígenas
viven en las regiones biogeográficas más importantes, donde está la
mayor cantidad de riqueza forestal, captadora de agua; Se considera que
alrededor del 35 por ciento del territorio nacional está concesionado y
muchas de esas concesiones se asientan a lugares y territorios
indígenas.
“Esa invasión de los territorios
indígenas no la podemos separar de cómo viven los pueblos un proceso de
discriminación, marginación, exclusión, etnocidio, trabajo forzado,
negocio, pobreza, negación de los derechos; incluso se ha hablado de que
en México existe un colonialismo interno: los pueblos indígenas son
colonias dentro de su propio país y esa situación no ha cambiado”,
comenta Gómez Godoy en entrevista.
La abogada ambientalista indica que la
misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de
las herramientas de defensa de los territorios y las comunidades
indígenas, ya que el Artículo 2 establece que México tiene una
composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas. “Esto es
importante porque nos está diciendo cómo debe ser la nación. Es una
obligación jurídica fundamentada en el derecho; entonces, los actos de
los jueces, autoridades o empresarios que pretenden imponer una mina
deben estar con la visión de que antes de cualquier acto tiene que
pensar que en el territorio, ahora concesionando, hay pueblos
indígenas”.
En el texto, el artículo constitucional
indica en sus primeros párrafos que “la nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
“La conciencia de su identidad indígena
deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las
disposiciones sobre pueblos indígenas.”
Mineras dejan sólo el 2.2 por ciento
Resultado de la revisión a la última
Cuenta Pública de la administración del panista Felipe Calderón
Hinojosa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que
durante su gestión las mineras dejaron apenas el 2.2 por ciento de sus
ganancias en México.
El
informe muestra que del periodo 2007-2012 el valor de la producción
minera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos; de los cuales 15
mil 231 millones 435 mil 200 pesos ingresaron a las arcas nacionales por
el concepto de pago de derechos sobre minería. Este monto representa
apenas el 2.2 por ciento del total de utilidades generadas.
El desglose anual de los pagos permite observar un incremento mínimo durante el primer trienio.
Durante el primer año de la
administración de Felipe Calderón Hinojosa las mineras obtuvieron
ganancias por 113 mil 393 millones 100 mil pesos, de los cuales
devengaron a la Federación 538 millones 382 mil 300 pesos. Esto
significa apenas el 0.5 por ciento de sus beneficios.
La ASF muestra que, al segundo año, la
participación de los derechos ascendió a 1.9 por ciento; luego de que
las mineras obtuvieran una producción con valor de 109 mil 683 millones
100 mil pesos y contribuyeran con 2 mil 127 millones 362 mil 100 pesos.
El tercero, apenas subió tres décimas
porcentuales, al tocar el 2.1 por ciento por la participación de
derechos. Las empresas registraron montos por 106 mil 873 millones 300
mil pesos. Los pagos a la Federación fueron de 2 mil 275 millones 212
mil 800 pesos.
El máximo órgano de fiscalización del
país indica que la minería es un eje fundamental de la sociedad, al
aportar materias primas relevantes para el desarrollo económico e
industrial de México. Constituye una actividad de interés público y
corresponde al Estado protegerla y vigilarla para el cumplimiento de su
función económico-social.
Un dato relevante en el reporte de la
Auditoría es el de la generación de empleos, cuya meta no fue alcanzada
al ciento por ciento. Documenta que en el periodo 2007-2012, la
actividad minera generó 55 mil 121 nuevos empleos, que representaron el
84.2 por ciento de la meta sectorial de 65 mil 430 empleos acumulados.
Por este motivo, el máximo órgano de
fiscalización del país emitió la recomendación 12-0-10100-07-0389-07-002
para que la Secretaría de Economía analice las causas por las cuales no
se cumplió la meta del indicador establecido en el Programa Sectorial
de Economía 2007-2012.
Grandes conflictos, paupérrimas ganancias
Cifras e informes oficiales también
revelan que en comunidades donde hay conflictos sociales por la
oposición a la minería, se ha saqueado la mayoría de su riqueza y dejado
a sus comunidades mínimos porcentajes de las ganancias extractivas.
Tal es el caso de San José del Progreso,
Oaxaca, donde se ha “luchado” por el cierre de la mina desde fines de
2011. Ahí fueron asesinados Bernardo Vásquez Sánchez (15 de marzo de
2012) y Bernardo Méndez (el 18 de enero del mismo año), opositores a la
presencia de Fortuna Silver (Contralínea 327 ).
Ahí, la trasnacional canadiense dejó sólo
el 0.2 por ciento anual de sus ganancias. Fortuna Silver Mine llegó a
obtener una utilidad bruta anual de 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos
en 2012; pagó 4 millones 252 mil 800 pesos, por derechos de actividad
minera en México en ese mismo año. Así lo evidencia el Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá.
Otro ejemplo del saqueo de las mineras es
el de Agrico-Eagle, que obtuvo en 2012 la utilidad anual de 5 mil 716
millones 177 mil 109 pesos y dejó a la Federación 954 mil 240 pesos; es
decir, el 0.01 por ciento de sus ganancias. Esta empresa se dedica a la
extracción de oro y tiene concesionadas 56 hectáreas en Chihuahua, bajo
el proyecto Pinos Altos.
Le sigue Timmins Gold Corp, con el
proyecto denominado TMM Fracc 1, en Sonora, con 70 mil 986 hectáreas.
Éste ha obtenido una utilidad anual bruta por la extracción de oro y
plata de 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos; retribuyó por pago de
derechos 4 millones 252 mil 800 pesos. Apenas dejó el 0.2 por ciento de
sus ganancias al erario mexicano.
Francisco López Bárcenas, abogado,
especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone que con estos
ejemplos “se ve claramente el despojo de bienes al que ha sido sometido
el país. Lo que pagan por derechos de uso de los recursos minerales por
la concesión misma es irrisorio: de 5 pesos a 112, ridículo.
“En el Informe de la Cuenta Pública 2011,
la misma Auditoría recomendó que lo quitaran, porque era más lo que
tardaban en recuperarlo que lo que obtenían, aunado a que el nuevo
impuesto (de 7.5 por ciento) es realmente reducido”, comenta en
entrevista López Bárcenas.
Impuesto irrisorio
En octubre de 2013, la reforma hacendaria
presentada por el Ejecutivo reconsideró recaudar impuestos sobre la
minería, que hasta esa fecha no había ocurrido. Lo anterior, expone la
CDPIM al considerar que los minerales y las sustancias del subsuelo son
bienes no renovables de la naturaleza, por lo que “debe ser prioridad
del Estado mexicano la optimización de los recursos minerales al
considerar la importancia de que aquellos que se beneficien cubran un
derecho que represente la justa retribución a favor del Estado y de las
propias comunidades”.
Dentro de la reforma, también se modificó
el cobro a los titulares de concesiones y asignaciones mineras que se
encuentren inactivas. Éste consiste en el cobro del 50 por ciento de la
cuota máxima del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, la cual es
de 129.24 pesos, lo que implica que el pago sería de 64.62 pesos. Éste
se llevará a cabo cuando los concesionarios no realicen obras y trabajos
de exploración y explotación comprobados durante 2 años continuos. La
cuota se incrementará al ciento por ciento cuando la inactividad sea a
partir del décimo segundo año y posteriores, a cubrirse en forma
semestral.
También, se propone un derecho
extraordinario sobre minería a los titulares de concesiones y
asignaciones mineras, que establece una tasa del 0.5 por ciento a los
ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, en tanto
que se trata de minerales de una considerable extracción y cuyos
procesos afectan considerablemente al entorno.
Para que el impuesto se utilice en los
fines que ha sido creado, se ha conformado un Fondo para el Desarrollo
Regional Sustentable de Municipios Mineros, conformado con el 50 por
ciento de los recursos obtenidos por los derechos especial, adicional y
extraordinario sobre minería.
Los recursos que se obtengan de ese pago
de derechos se destinarán a un fondo, donde la distribución será de: 40
por ciento para el gobierno federal, 30 por ciento para las entidades
federativas mineras y 30 por ciento para los municipios mineros.
Sin embargo, López Bárcenas expone que
“en México se pueden pagar derechos por el uso de los recursos naturales
o impuestos por la actividad que se realiza sobre ellos y las ganancias
que se puedan obtener, pero en ninguno de los dos casos queda este 7.5
por ciento impuesto. No es claro. Literalmente, queda como una ayuda que
dan las mineras a los municipios en donde se desarrolla esta actividad y
está establecida la industria”.
El estudio de la CDPIM indica que la
propuesta del Ejecutivo, avalada por las cámaras de Senadores y de
Diputados, “representa un avance con respecto de la situación fiscal
actual, donde el país funciona como paraíso fiscal para las mineras”.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la
Rema dice en entrevista: “Vemos varios problemas [con el impuesto del
7.5 por ciento]. Entre ellos, que no hay una contabilización seria por
parte del gobierno mexicano; no es que no la tengan, pero siempre hay
una lógica de acomodar los procesos lo más cómodo posible para las
trasnacionales. Hay muchos vacíos en términos de transparencia, no
tenemos cobertura. El impuesto es muy bajo; no representa nada para las
ganancias de las empresas.”
