10.4.14

Emiliano Zapata, a 95 años de su asesinato

Gerardo Peláez Ramos

El 10 de abril de 2014 se cumplen 95 años del asesinato de Emiliano Zapata, el más grande jefe campesino de la historia de México. Con este motivo, no sobra escribir algunas líneas acerca del carácter de la insurrección campesina en Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y otras entidades federativas; los objetivos del zapatismo; la alianza entre el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte; la desunión de obreros y campesinos, y la victoria de Venustiano Carranza. Pese a su importancia, de otros temas se hace abstracción.
 
De la biografía del Caudillo del Sur

Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofas Salazar, quienes vivían de la compra y venta de ganado vacuno y equino, así como de la producción agrícola. El futuro dirigente agrario recibió la educación primaria en la Villa de Ayala. A los 16 años de edad perdió a su madre y meses después a su padre. Desde muy joven, sobresalió por su conocimiento de los caballos y el manejo de las armas.

El desarrollo del capitalismo en Morelos hizo crecer los cañaverales y las haciendas azucareras, cuyos propietarios se apropiaban de las tierras más fértiles de los pueblos, comunidades e individuos, convirtiendo a sus pobladores en arrendatarios o trabajadores de las haciendas.

Entre 1902 y 1905 Zapata colaboró con la comisión de Yautepec que trataba sus problemas agrarios con la hacienda de Atlihuayán.

Durante las elecciones para gobernador de Morelos, en 1909, Emiliano apoyó la candidatura independiente de Patricio Leyva, quien fue derrotado por Pablo Escandón, candidato de los terratenientes.

El 12 de septiembre de 1909, fue elegido presidente del Comité de Defensa de Anenecuilco para guardar los documentos virreinales del pueblo y seguir la lucha por la restitución de tierras.

El líder morelense fue enrolado en febrero de 1910 en el 9º regimiento del ejército, ubicado en Cuernavaca, siendo dado de baja en marzo. Viajó a la capital del país para trabajar como caballerango.

En 1910 se produjo una elevación en la lucha de Anenecuilco: los lugareños, ante la negativa de la hacienda del Hospital de seguir arrendando sus tierras, ocuparon parte de éstas, bajo la dirección de Emiliano Zapata.

Ya relacionados con la rebelión de Francisco I. Madero y la adopción del Plan de San Luis, Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos, Gabriel Tepepa y Rafael Merino se levantaron en armas. Tras el asesinato de Pablo Torres Burgos, el Caudillo del Sur tomó el 29 de marzo de 1911 el mando de las fuerzas maderistas en la entidad. Ocupó Axochiapan, asaltó la hacienda de Chinameca y sitió Cuautla. El 27 de mayo, el jefe suriano tomó la plaza de Cuernavaca al frente de 5 mil hombres.

A diferencia de otros grupos insurrectos, el zapatismo condicionó la deposición de las armas a la entrega de las tierras a los pueblos, de acuerdo con el artículo 3º del Plan de San Luis. Madero negoció directamente con el dirigente campesino, mas no pudieron ponerse de acuerdo, pues el jefe guerrillero demandaba el reparto agrario sin dilación y la colocación de elementos suyos entre los rurales de Morelos.

El desencuentro de Madero y Zapata no fue raro. Los tratados de Ciudad Juárez, del 21 de mayo de 1911, dieron por concluida la lucha armada, establecieron el desarme de las fuerzas revolucionarias y dejaron intacto el régimen porfirista, incluido el Ejército Federal, lo que facilitaría el derrocamiento del gobierno de Francisco I. Madero en febrero de 1913.
 
El Plan de Ayala, un programa revolucionario

De cara a la irresolución maderista de la cuestión agraria, la insurrección campesina en el Sur, jefaturada por Emiliano Zapata, tuvo como bandera el Plan de Ayala, expedido el 28 de noviembre de 1911 en Axoxustla, Puebla, que desconocía como presidente a Francisco I. Madero, y llamaba a concretar los puntos que en seguida se citan: "6º Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.

"7º En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son mas dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

"8º Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan.

"9º Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso".

El Plan de Ayala constituyó el programa viable y constructivo de las masas campesinas en pie de guerra del Sur, el Centro y otras regiones de México. En la historia de nuestra patria este documento no tiene parangón con ningún otro.

Para Omar Díaz Arce y Armando Pérez Pino, investigadores cubanos: “Lo más significativo del Plan de Ayala era que no constituía una promesa de redistribución agraria para ser cumplido después del triunfo de la revolución, sino un programa de aplicación inmediata en todos los territorios que fueran dominando las fuerzas rebeldes. Ello ponía en manos de los campesinos armados, y no del Estado burgués, la ejecución de las medidas revolucionarias. Su principal limitación era la no inclusión de las reivindicaciones de los demás sectores oprimidos, la clase obrera, por ejemplo. Respondía, por lo tanto, a una visión parcial y, hasta cierto punto, local, de los problemas del país. A pesar de ello, cierta perspectiva de un nuevo ordenamiento nacional se bosquejaba, en forma más o menos explícita, a través de todo el articulado, sobre todo en los acápites 1, 3, 12, 13 y 15”.

Por su parte, los historiadores soviéticos Moiséi S. Alperóvich y Boris T. Rudenko señalaban: “En la práctica, el Plan de Ayala debía conducir en la inmensa mayoría de los casos, a la confiscación de la tierra sin indemnización alguna, ya que los terratenientes luchaban en contra del programa agrario de los campesinos revolucionarios. En todo el territorio controlado por las tropas de Zapata, este punto del plan comenzó a ponerse en vigor de inmediato. Los campesinos quemaban las haciendas, mataban a los latifundistas y a sus administradores.

“El movimiento campesino encabezado por Zapata y nacido en el estado de Morelos, comenzó a extenderse rápidamente a otros estados: Puebla, México, Veracruz, Michoacán…”

El Plan de Ayala representa la mayor propuesta programática del movimiento campesino mexicano en toda su historia. Las elaboraciones posteriores de la Liga Nacional Campesina (1926-1929), la Unión General de Obreros y Campesinos de México (1949-1965) y la Central Campesina Independiente (1963-1975) tienen como referente obligado el plan escrito por Otilio E. Montaño.
 
La propaganda antizapatista

El levantamiento en masa de los campesinos morelenses concitó un enorme odio de los latifundistas y fuerzas afines. La prensa de derecha desató una violenta campaña contra Emiliano Zapata y dio comienzo la elaboración de textos antizapatistas como Historia del bandolerismo en el estado de Morelos, de Lamberto Popoca y Palacios; Los crímenes del zapatismo, de Antonio Melgarejo; la novela El Atila del Sur, de Héctor Ribot, y obras de teatro y algunos materiales propagandísticos más.

Sin embargo, fueron los políticos quienes construyeron y difundieron las ideas principales para desprestigiar la Revolución campesina. Así, en octubre de 1911, Trinidad Sánchez Santos despotricaba contra el Caudillo del Sur: “Nos hallamos frente a un hecho inexplicable: la sublevación de Zapata. Todos preguntan: ¿por qué sus hordas salvajes, en vez de ser exterminadas, se van extendiendo cada día más, al grado de que, según un diario de la tarde de ayer, los tiros de sus fusiles podían oírse en Xochimilco a unos cuantos kilómetros de esta metrópoli? ¿Acaso el Gobierno, que cuenta con sobrados elementos, no mira la importancia de acabar para siempre con tal bandidaje?

“Es una afrenta para Méjico, como nación civilizada, que conserve en su seno la anarquía zapatista, porque no se trata de una revolución de principios, ni de que Zapata quiera ser Presidente de la República. Se trata tan sólo del pillaje, del bandolerismo, de una anarquía digna de los vándalos más feroces o de los zulús más refractarios a toda civilización… Esa llaga es Zapata, las hordas que le siguen, la canalla que mantiene en pie de guerra a las unas y al otro”.

“Con gran asombro de todos se supo que el señor Madero, por sí y ante sí, había nombrado a Zapata jefe de las armas en Morelos, y que éste ejercía influencia decisiva sobre el Gobernador Carreón, de manera que el verdadero director de los negocios públicos en Morelos era Zapata y no el funcionario encargado de dirigirlos.

“Como era de esperarse, el señor Presidente De la Barra se negó de la manera más terminante a confirmar el nombramiento que Madero hizo en la persona de Zapata, y, más aún, ordenó a la Secretaría de Guerra una activa campaña contra el bandido. El señor Ministro de Gobernación, por su parte, y como encargado de las fuerzas rurales, envió buen golpe de éstas para que exterminasen a Zapata”.

“Por último, después de dos meses de inútil campaña, la Secretaría de Guerra (no hay que olvidar las ligas que tiene el General González Salas con el Pino-zapatismo) ordenó al General Huerta evacuara el Estado de Morelos y éste quedó en poder de Zapata, quien a sus anchas asesina, incendia, roba y siembra el pánico en la región de sus hazañas, como nuevo Juan de Tabares aumentado en quinto y tercio”.

José María Lozano peroraba el 25 de octubre de 1911: “La Ciudad de México corre riesgo próximo e inmediato de ser el escenario lúgubre del festín más horrendo y macabro que haya presenciado nuestra historia; no es Catilina el que está a las puertas de Roma, es algo más sombrío y siniestro; es la reaparición atávica de Manuel Lozada ‘El Tigre de Alica’ en Emiliano Zapata, el bandolero de la Villa de Ayala”.

“Le reconozco grandes virtudes, más aún, le concedo la suprema genealogía moral, le hago descendiente del eterno, del ilustre michoacano don José María Morelos y Pavón; pero que imite a su ancestro, que extirpe a Emiliano Zapata.

“Emiliano Zapata no es un bandido ante la gleba irredenta que alza sus manos en señal de liberación, Zapata asume las proporciones de un Espartaco; es el reivindicador, es el libertador del esclavo, es el prometedor de riquezas para todos; ya no está aislado, ha hecho escuela, tiene innumerables prosélitos; en el estado de Jalisco, pronto (desventurado estado, mi estado natal) un candidato, un ‘Lisandro’ abominable, comprando votos con el señuelo de promesas anárquicas, ha ofrecido reparto de tierras y la prédica ya empieza a dar sus frutos; los indios se han rebelado; Zapata está a las puertas de la Ciudad de México; próximamente Banderas en Sinaloa, destruirá (sic). Es todo un peligro social, señores diputados, es sencillamente la aparición del subsuelo que quiere borrar todas las "luces de la 'superficie".

“¿Es posible que este aborto haya sido deliberadamente madurado? ¿Es posible que con estímulos nauseabundos hayan alentado a Emiliano Zapata, creyendo que se le extinguirá el día que se quiera? Mentira, ya Emiliano Zapata no es un hombre, es un símbolo; podrá él entregarse mañana al poder que venga, venir con él su Estado Mayor; pero las turbas que ya gustaron del placer del botín, que ya llevan en el paladar la sensación suprema de todos los placeres desbordantes de las bestias en pleno desenfreno, éstos no se rendirán, éstos constituyen un peligro serio de conflagración y hay que tener en cuenta, y hay que recordar a los que tales cosas han hecho, esto es la suprema lección de la historia: Robespierre, en el auge supremo de su poder, mandaba diariamente decapitar a ciudadanos y a aristócratas y alguien, viendo su popularidad, pero también el inminente peligro que corría, se acercó y le dijo: ‘Robespierre, acuérdate de que Dantón fue popular’. Con esta imprecación terminaré, señores: acordémonos todos los odiados o los queridos, los exaltados o los oprimidos, de que para todos existe el tajo de la guillotina, y que, de la luz de Mirabeau, se va rápidamente a la densa sombra de BillaudBarenns. Acordémonos siempre de que también Dantón fue popular”.

La propaganda antizapatista se centraba en presentar al Caudillo del Sur como un jefe de bandidos y a las tropas del Ejército Libertador del Sur como bárbaros y saqueadores.
 
Zapatismo y magonismo

Un tema poco abordado y de gran importancia histórica y política fue el de las relaciones entre el Partido Liberal Mexicano y el Ejército Libertador del Sur. El 2 de septiembre de 1911, Ricardo Flores Magón publicaba en Regeneración el artículo “La cuestión agraria”, en el cual apuntaba quizá con cierta exageración: “Las fuerzas de Zapata, al llegar a las poblaciones y a las haciendas, lo ponen todo en manos de los desheredados que se visten y comen bien por primera vez en su vida; los burgueses son ahorcados, las autoridades pasadas por las armas, los archivos de los ayuntamientos y de los juzgados reducidos a cenizas, los clérigos vapuleados y expulsados, y, en cuanto a las tierras, son éstas invadidas por nuestros hermanos de miseria, quienes con entusiasmo las labran acompañados de mujeres resueltas, y todos, hombres y mujeres, esperan emocionados la cosecha que se aproxima y que es ya suya: ¡no más para los malditos ricos!”

Enrique Flores Magón envió, el 14 de agosto de 1914, una carta a Tiempos nuevos , del Uruguay, en la que planteaba: “El único grupo afín a los nuestros es el de Zapata y, sin embargo de ser el más fuerte que los nuestros, tampoco puede hacerse de dinero fácilmente. El único medio que tienen los llamados 'zapatistas' y los nuestros para hacerse de algún dinero, es atrapando ricos y frailes, y quitando lo poco que puedan. Pero ese dinero les hace falta para hacerse de más armas y sobre todo de municiones, que son tan costosas y tan escasas en México”.

En octubre de 1915, informaba el principal anarquista mexicano: “Emiliano, en las sabrosas pláticas que tuvo con Antonio [de P. Araujo] sobre el porvenir de la revolución, hizo patente una vez más su amistad hacia los miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, y nos envió palabras de aliento para que no desmayemos en la lucha que tenemos emprendida.

“Emiliano desea con entusiasmo la formación de colonias comunistas compuestas por miembros del Partido Liberal Mexicano, en el territorio controlado por sus fuerzas. Mientras Venustiano Carranza hace que los campesinos compren la tierra, Zapata la pone en manos de los trabajadores sin precio de ninguna clase. Zapata está dispuesto a proveer de todo lo necesario a los colonos miembros del Partido Liberal Mexicano. La dificultad para las comunicaciones, debido al estado caótico en que se encuentra el país, ha impedido que la colonización se haya llevado a cabo”.

“ ...la mayor parte de los estados de Michoacán, Guerrero, México, Puebla, algo del de Veracruz y todo el de Morelos, se encuentran bajo el control del movimiento agrario y expropiador que se conoce con el nombre de zapatismo”.

“ Desde que Venustiano Carranza asumió en diciembre del año pasado una actitud más radical, obligado por la necesidad de atraer a sus filas al elemento obrero, se ha venido sosteniendo una campaña sistemática de desprestigio, por parte de sus partidarios, contra el movimiento revolucionario conocido con el nombre de zapatismo”.

“Es absurdo suponer siquiera que Emiliano Zapata sea un instrumento de los ‘científicos’, pues ni los hechos de los revolucionarios surianos, ni sus palabras vertidas en manifiestos, proclamas, circulares y otros documentos, así como ni las respuestas que ha dado a corresponsales de periódicos de muy variadas opiniones que han ido a entrevistarlo, dejan sospechar que exista alguna liga entre el antiguo elemento porfirista y ellos.

“El estado de Morelos, cuna del zapatismo, fue uno de los estados de la República Mexicana cuyo territorio estaba casi por completo en las manos de los ‘científicos’. De la Torre y Mier, Escandón, Alarcón Noriega y otros más, millonarios y ‘científicos’, todos, poseían el estado. ¿No están ahora en poder de los proletarios las tierras que tenían acaparadas? ¿Y puede suponerse que esos burgueses desposeídos sean los que apoyan a Zapata?

“La gran fábrica de papel de San Rafael, de la que eran accionistas principales Porfirio Díaz, José Sánchez Ramos y otros ‘científicos’, se encuentra en poder de los zapatistas, y Emiliano Zapata ofreció a Antonio de P. Araujo poner a disposición de Regeneración todo el papel que se necesitara, en caso de que el periódico se publicase en territorio controlado por las fuerzas surianas”.
 
La alianza de Villa y Zapata

El régimen oligárquico de Victoriano Huerta sólo duró de febrero de 1913 a julio de 1914. Su base social era muy endeble, por lo que las derrotas militares que le infligieron las fuerzas constitucionalistas, con Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pablo González al mando, y en menor medida el Ejército Libertador del Sur, con Emiliano Zapata al frente, fueron bastantes para debelarlo. También influyó en su defenestración la incapacidad huertista para no caer en las burdas provocaciones orquestadas por el gobierno imperialista de Estados Unidos, encabezado por Woodrow Wilson.

Los tratados de Teoloyucan, firmados el 13 de agosto de 1914 por generales carrancistas y federales, pusieron punto final a la guerra civil entre huertistas y constitucionalistas, fue entregada la Ciudad de México a estos últimos y pactada la disolución del Ejército Federal. Empero, desde meses antes, afloraron diferencias en el seno del constitucionalismo, especialmente entre Carranza y Villa. Para superar las dificultades, se celebraron en Torreón, Coahuila, pláticas entre representantes de las divisiones del Norte y del Noreste, que aprobaron los Acuerdos de Torreón, los cuales indicaban: “Siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos y comprendiendo que las causas de las desgracias que afligen al país emanan del pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecía, las Divisiones del Norte y del Noreste se comprometen solemnemente a combatir hasta que desaparezca por completo el ejército exfederal, el que será substituido por el Ejército Constitucionalista; a implantar en nuestra nación el régimen democrático, a procurar el bienestar de los obreros y a emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de las tierras o por otros medios que castigar y exigir las debidas responsabilidades, a los miembros del clero católico romano que material o intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano Huerta”.

Lanzada la convocatoria desde el 4 de septiembre de 1914, dieron inicio los días del 1 al 5 de octubre las sesiones de la junta de generales y gobernadores constitucionalistas en la Ciudad de México, con sede en la Cámara de Diputados, sin la asistencia de delegados villistas y zapatistas. Los representantes acordaron reunirse en un lugar neutral y se trasladaron a Aguascalientes.

El 10 de octubre, en el teatro Morelos, continuó sus trabajos la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que el día 14 se declaró libre y soberana. Habiendo sido invitado a la reunión, Emiliano Zapata envió a 26 observadores en tanto que la Convención asumiera como propio el Plan de Ayala. El 26 de octubre arribó a la capital de Aguascalientes la representación zapatista, que introdujo la discusión de reformas económicas y la elaboración de un programa de gobierno avanzado. Los observadores zapatistas se convirtieron en delegados, al ser adoptado en lo general el Plan de Ayala. Estas resoluciones influirán en el Congreso Constituyente y en el contenido de la Constitución de 1917.

Según un diccionario reciente: “Con la llegada de la comisión zapatista a la Convención, este organismo político alcanzó el más alto nivel de representatividad posible en ese momento y se perfiló como un auténtico poder nacional. En esa asamblea, una de las más democráticas en la historia de México, estaban representados casi todos los signos políticos e ideológicos, lo mismo liberales decimonónicos que socialistas y anarquistas, así como demócratas de nuevo cuño…”

La Convención de Aguascalientes, a las 23:30 horas del 31 de octubre, acordó por amplia mayoría de votos el cese de Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y de Francisco Villa como jefe de la División del Norte. El 1 de noviembre la asamblea eligió como presidente de la República al general Eulalio Gutiérrez, quien tomó posesión el día 3. Poco después, Eulalio Gutiérrez designó a Francisco Villa general en jefe del Ejército Convencionista. En respuesta, el 8 de noviembre Obregón desconoció la soberanía de la Convención y se alineó con Venustiano Carranza.

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista desconoció, el 9 de noviembre, a la Convención y estableció su gobierno en Veracruz, mientras tanto los convencionistas avanzaron sobre la capital federal.

Los zapatistas ocuparon la Ciudad de México el 24 de noviembre. Se acuartelaron en el Palacio Nacional y el Palacio Municipal, bajo el mando del general Antonio Barona y el coronel Francisco Flores Alatorre. El día 27 Emiliano Zapata llegó a la capital del país. El 3 de diciembre se instaló allí el gobierno provisional de Eulalio Gutiérrez. El día 4 Villa y Zapata se entrevistaron en Xochimilco y suscribieron el Pacto de Xochimilco. El 6, ambos jefes revolucionarios ocuparon la capital federal, pero no tomaron la única resolución político-militar adecuada del momento: avanzar sobre Veracruz y derrotar a Carranza y sus seguidores. Con ello sellaron su suerte.

El 12 de diciembre de 1914 Carranza tomó la delantera programática y golpeó al ala campesina y popular de la Revolución mexicana, con las adiciones al Plan de Guadalupe: “Artículo 2º El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural, del minero y, en general, de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional, bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente, tanto en la Federación como en los estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes de Reforma; revisión de los Códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas de procedimiento judicial con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país; desaparición de monopolios y evitar que se formen otros en el país; reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República y en general todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley”.

Estas adiciones permitirían a Carranza imponerse como dirigente principal del constitucionalismo y derrotar a las fuerzas de Zapata y de Villa.

De inmediato, se agudizaron las contradicciones internas en las fuerzas convencionistas y el 14 de diciembre la Soberana Convención Revolucionaria se instaló en Toluca. La capital de la Convención no se estabilizó, las diferencias afloraron ante diversos problemas y se produjeron cambios en el titular del Ejecutivo, llegando a tener tres presidentes en su breve existencia.
 
Las intervenciones imperialistas

El imperialismo norteamericano sostuvo dos intervenciones militares en nuestro país durante la Revolución mexicana: la ocupación de Veracruz, entre abril y noviembre de 1914, y la Expedición punitiva, entre marzo de 1916 y febrero de 1917. Estas bárbaras intervenciones no alcanzaron ninguno de los objetivos que se proponía el gobierno criminal y genocida de Woodrow Wilson y sólo produjeron muertos y heridos, destrucción de bienes materiales y culturales públicos y privados en el puerto jarocho y el estado de Chihuahua, Naturalmente, coadyuvaron al desarrollo de una mayor conciencia antimperialista de las fuerzas revolucionarias y el pueblo de México.

No obstante las propuestas avanzadas en materia agraria de los villistas y zapatistas, éstos se colocaron, debido a su localismo, a la retaguardia en la defensa de la soberanía nacional y contra el imperialismo norteamericano, dejando el campo libre a Venustiano Carranza. El 17 de octubre, el general Villarreal informó a Carranza los acuerdos de la Convención de Aguascalientes con relación a la solicitud de Estados Unidos para abandonar Veracruz y señaló al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista la conveniencia de manifestar a la prensa el consentimiento, por parte de México, a la petición norteamericana de conceder garantías a los veracruzanos colaboracionistas, aceptando así, por parte de los convencionistas, la imposición del gobierno del país del Norte.

Carranza rechazó, el 19 de octubre, el dictamen de los generales y gobernadores revolucionarios de la Convención de Aguascalientes, ya que el hecho de aceptarlo constituiría un atentado para la soberanía nacional. Contra la opinión de la asamblea de Aguascalientes, Venustiano Carranza repudió ante las autoridades estadunidenses, las exigencias del gobierno de Washington. Carranza capitalizó muy bien los sentimientos patrióticos de los mexicanos. A principios de noviembre, la Cámara de Comercio del Puerto de Veracruz protestó contra el gobierno de EU, por sus pretendidas acciones a favor del pueblo veracruzano. Los propietarios y administradores de fincas urbanas del puerto de Veracruz, rechazaron la protección del gobierno yanqui.

Las personas que prestaron sus servicios a las autoridades norteamericanas durante la ocupación de Veracruz, enviaron una nota al general Cándido Aguilar reconociendo su culpabilidad y sometiéndose a la jurisdicción constitucionalista anticipadamente; a la vez que señalaron, no significar un obstáculo para solucionar los inconvenientes de la desocupación del puerto veracruzano. Paralelamente, Carranza expidió un decreto en el que concedía la exención de impuestos o contribuciones a todos aquellos que hubieren ya pagado a los invasores norteamericanos. El 9 de noviembre, Carranza emitió un decreto concediendo el indulto a todas las personas que sirvieron como empleados en la administración pública, durante la ocupación de Veracruz por las tropas gringas. Estas posiciones claramente patrióticas de Carranza fortalecieron al constitucionalismo y debilitaron a los convencionistas.
 
Ley Agraria de la Soberana Convención Revolucionaria

Ya en plena crisis final, el 22 de octubre de 1915 se lanzó la Ley Agraria de la Soberana Convención Revolucionaria que retomaba aspectos del Plan de Ayala: “Artículo 1º Se restituyen a las comunidades e individuos, los terrenos, montes y aguas de que fueron despojados, bastando que aquéllos posean los títulos legales de fecha anterior al año 1856, para que entren inmediatamente en posesión de sus propiedades”.

“Artículo 3º La nación reconoce el derecho tradicional o histórico que tienen los pueblos, rancherías y comunidades de la República, a poseer y administrar sus terrenos de común repartimiento, y sus ejidos, en la forma que juzguen conveniente.

“Artículo 4º La nación reconoce el derecho indiscutible que asiste a todo mexicano para poseer y cultivar una extensión de terreno, cuyos productos le permitan cubrir sus necesidades y las de su familia; en consecuencia, y para el efecto de crear la pequeña propiedad, serán expropiadas, por causa de utilidad pública y mediante la correspondiente indemnización, todas las tierras del país, con la sola excepción de los terrenos pertenecientes a los pueblos, rancherías y comunidades, y de aquellos predios que, por no exceder del máximum que fija esta ley, deben permanecer en poder de sus actuales propietarios”. Firmaban Manuel Palafox, Otilio E. Montaño, Luis Zubiría, Jenaro Amezcua, Miguel Mendoza L. Schwertfeger.
 
¿Puede existir un poder campesino regional y transitorio?

Es una cuestión teórica importante la posibilidad de formar un poder campesino regional y transitorio, que los procesos históricos de China, México y otros países han resuelto en sentido positivo. En efecto, si las clases explotadoras y dominantes presentan fisuras en sus filas, no logran establecer el mando único de sus fuerzas armadas, no cuentan con cuadros políticos y militares capaces o se enfrentan a serias dificultades, en tanto que los campesinos participan masivamente en la revolución y logran poner en pie un gran ejército o varios ejércitos a su servicio con jefes poseedores de cualidades políticas y militares, puede producirse la constitución de un poder campesino en algunas regiones y mantenerse durante algunos años. La experiencia así lo confirma.

De conformidad con la historiografía de la República Popular China, en este país se estableció en el siglo XIX un poder campesino: “El primer gran pináculo de la revolución en la historia moderna de China fue la Revolución Taiping. Ella se prolongó por un espacio de 10 años y el poder revolucionario influyó sobre todo el país. Ninguna de las anteriores guerras campesinas puede ser comparada con la Revolución Taiping en envergadura o influencia. Ella creó la PaiShang Ti Jui, una organización popular que dirigía al pueblo en sus luchas revolucionarias. Ella formó, en el curso de la lucha, un cabal sistema institucional político, económico, militar, educacional y cultural. Ella instituyó su propio Poder estatal el cual se mantuvo y luchó durante un considerable periodo contra el establecido por la dinastía Ching. Desde el río Perla hasta el Yangtsé y el Amarillo, cientos de millones de gentes fueron envueltos en esta oleada revolucionaria, uno de los más grandes y notables sucesos en la historia china”.

Un investigador chino, a su vez, afirmaba: “La revolución del Reino Celestial de los Taiping, la insurrección campesina más grande de la historia china, ha sido una de las más vastas luchas anti-imperialistas y anti-feudales de la China contemporánea. Estableció un poder revolucionario campesino en Nankín”.

El especialista en historia de la Revolución mexicana, Boris T. Rudenko, señalaba: “El peón mexicano, que era la espina dorsal del ejército revolucionario, luchaba no solamente contra la explotación de él y de su familia, sino también para recibir tierra, para convertirse en un verdadero campesino. Las potencialidades revolucionarias del campesinado mexicano resultaron tan enormes que durante la revolución fue capaz de pasar a la constitución de un poder campesino e hizo el intento de crear un Estado campesino al reunir en 1914-1915 la convención de los jefes campesinos militares revolucionarios, la cual formó su gobierno y pasó a elaborar una constitución”.

Durante 1915 Álvaro Obregón consagró sus principales fuerzas y energías a combatir y derrotar a la División del Norte, permitiendo de esta manera que el estado de Morelos contara con un gobierno campesino, apoyado en las masas puestas en pie de lucha y con las armas en la mano. El Ejército Libertador del Sur expidió leyes, repartió las tierras, legisló sobre administración pública, abastecimiento, educación y sanidad. Existió, así, un poder campesino que, ciertamente, intentó extender la revolución a nivel nacional y buscó confluir con la clase obrera y los sindicatos.

A propósito, tiene interés reproducir una idea de Anarcopedia: “En la Revolución mexicana, participaron dos movimientos distintos. Uno político, de carácter burgués, que sólo pretendía un cambio y reacomodo en las relaciones de poder, representado por Madero, Carranza y Obregón; este movimiento demandaba sufragio efectivo no reelección, libertad de prensa, elecciones libres, libertad municipal, restablecimiento de la ley y el orden, en suma, democratizar la vida política del país, sin trastocar a fondo la estructura social que resultaba en una profunda, injusta e intolerable desigualdad social. El otro movimiento, de carácter social, que demandaba disminuir la desigualdad social mediante el reparto agrario y mejores condiciones de trabajo y de vida para los campesinos y obreros, representado por Francisco Villa y Emiliano Zapata”.
 
Los “anarcosindicalistas” contra la insurrección campesina

El curso sindicalista seguido por la Casa del Obrero Mundial dio un brusco viraje el 17 de febrero de 1915: el grueso de la dirección en la disputa entre la corriente campesina, de una parte, y la corriente burguesa, por otra, optó por esta última. De aquí arranca lo que los charros llamaron, desde fines de los años 40 hasta el año 2000, alianza histórica del movimiento obrero organizado y el Estado mexicano. Los líderes mundiales suscribieron un pacto con la Revolución constitucionalista para combatir a los ejércitos campesinos de Villa y Zapata, que establecía como puntos de acuerdo: "1ª El gobierno constitucionalista reitera su resolución, expresada por decreto de 4 de diciembre del año próximo pasado, de mejorar, por medio de leyes apropiadas, la condición de los trabajadores, expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean necesarias para cumplir aquella resolución".

"2ª Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, con el fin de acelerar el triunfo de la Revolución constitucionalista e intensificar sus ideales en lo que afecta a las reformas sociales, evitando en lo posible el derramamiento innecesario de sangre, hacen constar la resolución que han tomado de colaborar, de una manera efectiva y práctica, por el triunfo de la revolución, tomando las armas, ya para guarnecer las poblaciones que están en poder del Gobierno Constitucionalista, ya para combatir a la reacción".

"6ª Los obreros de la Casa del Obrero Mundial harán propaganda activa para ganar la simpatía de todos los obreros de la República y del obrero mundial hacia la Revolución constitucionalista, demostrando a todos los trabajadores mexicanos las ventajas de unirse a la revolución, ya que ésta hará efectivo, para las clases trabajadoras, el mejoramiento que persiguen por medio de sus agrupaciones.

"7ª Los obreros establecerán centros y comités revolucionarios en todos los lugares que juzguen conveniente hacerlo. Los comités, además de la labor de propaganda, velarán por la organización de las agrupaciones obreras y por su colaboración a favor de la causa constitucionalista".

Firmaban, en Veracruz, Rafael Zubaran Capmany, Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Rosendo Salazar, Juan Tudó, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Roberto Valdés, Celestino Gasca.

El ala izquierda del movimiento obrero mexicano repudió el pacto celebrado entre la COM y la Revolución constitucionalista. Es posible que el texto más conocido contra ese acuerdo sea el de Ricardo Flores Magón, que a la letra dice: "Obreros de las ciudades: expiáis en estos momentos una falta que falsos amigos os hicieron cometer: la de desligaros de la acción de vuestros hermanos los obreros de los campos. Al hacer armas contra los trabajadores del campo, hicisteis armas contra vuestros propios intereses, porque el interés del explotado es el mismo, ora empuñe el arado, ora el martillo. No impunemente fusilasteis al zapatista y al anarquista del Partido Liberal Mexicano, que son vuestros hermanos de clase, pues que de esa manera hicisteis fuerte al enemigo común, a la burguesía, que hoy os paga vuestros servicios con miseria, y si protestáis, ¡con la muerte!"

La alianza entre la COM y la Revolución constitucionalista permitió que en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, México, Tlaxcala y Puebla, se formaran numerosos centros obreros, de filiación sindicalista.
 
El terror blanco en el Sur

La violencia contra el campesinado insurrecto de Morelos y su vanguardia zapatista fue aplicada intermitentemente durante los gobiernos de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. De esta manera, el general Juvencio Robles ejecutó una campaña militar del 1 de febrero al 3 de agosto de 1912 en el estado de Morelos, durante la cual impuso el terror. Informa un diccionario: “Además para restarles medios de subsistencia a los rebeldes decidió concentrar a los habitantes de las poblaciones de importancia y arrasar a los pueblos que podían darles apoyo y refugio por lo que comenzó a quemar pueblos enteros…”

Señalaba Zapata en su carta a Victoriano Huerta, del 11 de abril de 1913: “Los destinos de una nación no pueden quedar en manos de aquellos que para estancar su progreso y sofocar los fuegos de la revolución, apelan a un terrorismo propio de los tiempos inquisitoriales, poniendo en juego quemazón de pueblos, coronamiento de racimos de cadáveres humanos en los árboles de los bosques, lo mismo que en los postes telegráficos, violación de mujeres en masa por la soldadesca federal, y en fin, otros crímenes que la pluma se resiste a describir; díganlo si no los pueblos de Morelos, Oaxaca y Chihuahua. y la paz no puede hacerse con los ejecutores de los mandatos de la tiranía conocida con el nombre de legalidad que a última hora la traiciona, para entronizarse en ese puesto”.

Derrotado el Centauro del Norte por las fuerzas de Álvaro Obregón y establecido el gobierno de Carranza en 1916 en la Ciudad de México, Pablo González desarrolló una campaña militar entre mayo y diciembre de ese año. Apunta un diccionario especializado: “El ejército carrancista siguió la misma conducta de violencia y pillaje de las fuerzas de Huerta y Juvencio Robles, con asesinatos múltiples y campos de concentración. El 5 de mayo González ordenó a la población que entregara todas las armas. El 8 de mayo el general carrancista Rafael Cejedo fusila a 225 prisioneros de Jiutepec. La población huyó a los montes ante sucesivas deportaciones de prisioneros a la Ciudad de México. A mediados de junio cayó Tlaltizapán. Al entrar al pueblo los carrancistas asesinaron a 132 hombres, 112 mujeres y 42 niños, todos de la población. Es el hecho más sanguinario que se recuerda en Morelos… Ante la acción guerrillera González ordenó la concentración de toda la población morelense en localidades importantes y fortaleció aún más su política represiva y sanguinaria… La política de represión culminó cuando el Cor. Jesús Guajardo asesinó a 180 personas en Tlaltizapán. Los pueblos fueron incendiados, los montes arrasados, las cosechas saqueadas… Pablo González regresó a Cuernavaca el 4 de noviembre y decretó la pena de muerte sin juicio contra todo zapatista…”

Margarita de Leonardo Ramírez, afirmaba en su tesis profesional: “El gobierno de Carranza no permaneció impasible, sino por el contrario declaró la guerra a muerte al zapatismo. Al mismo tiempo que realizaba una campaña de propaganda agrarista y la Comisión Agraria Nacional prometía iniciar los trabajos para la restitución y dotación de ejidos a los pueblos, enviaba al general Pablo González a combatir y aniquilar al zapatismo definitivamente con lo que se reabrió la etapa de terror, desolación y miseria en Morelos ya que el general carrancista, al no obtener ninguna victoria frente a su enemigo, se exasperó e inició la destrucción de los campos de cultivo, de las haciendas, de la maquinaria y llevó a cabo todo tipo de depredaciones”. 
 
Zapata, la Revolución rusa y el proletariado

En una carta a Jenaro Amezcua, del 14 de febrero de 1918, Emiliano Zapata sostenía: “Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana justicia, si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de la Rusia irredenta, son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos.

“Aquí como allá hay grandes señores, inhumanos, codiciosos y crueles que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura, a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar”.

“No es de extrañar, por lo mismo, que el proletariado mundial aplauda y admire la revolución rusa, del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta revolución mexicana al darse cabal cuenta de sus fines.

“Por eso es tan interesante la labor de difusión y de propaganda emprendida por usted en pro de la verdad; por eso deberá acudir a todos los centros y agrupaciones obreras del mundo, para hacerles sentir la imperiosa necesidad de acometer a la vez y de realizar juntamente las dos empresas: educar al obrero para la lucha y formar la conciencia del campesino.

“Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino.

“De no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas, la una frente a la otra, y aprovecharse, por ejemplo, de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo.

“Así lo han hecho en México, Francisco I. Madero en un principio y Venustiano Carranza últimamente; si bien aquí los obreros han salido ya de su error y comprenden ahora perfectamente que fueron víctimas de la perfidia carrancista.

“Todo lo que usted haga para obtener la colaboración de los centros obreros de Europa y América, será poco, si se considera la trascendencia de la labor y la magnitud del resultado.

“Debe usted excitar a estas agrupaciones a que propaguen en sus respectivos países los ideales del agrarismo; el programa de la revolución mexicana y los grandes triunfos alcanzados en el terreno de las realidades con nuestros modestos luchadores indígenas, incansables y firmes después de ocho años de lucha”.

En el llamamiento a los obreros de la República, del 15 de Marzo de 1918, el Caudillo del Sur planteaba: “¡Obreros de Puebla, de Orizaba, de Monterrey, de Guanajuato, de Cananea, de Parral, de Pachuca, del Ébano, de Necaxa, obreros y operarios de las fábricas y de las minas de la República, acudid a nuestro llamado fraternal, ayudadnos con el empuje valiente de vuestro esfuerzo; que ya cruje, que ya se bambolea esa armazón de la tiranía carrancista que, cimentada en el fango de la infidencia, forjada en la fragua de las ambiciones y amarrada con los reptiles inmundos de la impostura y de la perfidia, quiso un día erguirse a la faz del mundo, como el edificio grandioso de las conquistas de la revolución reivindicadora de nuestros derechos a la vida!

“Falaz y artero el carrancismo, esa burguesía uniformada de amarillo y ceñida de cananas, vistió ayer apenas la blusa noble del taller y fingió tenderos la mano; su voz se tornó halagüeña y compasiva, y, con el timbre de la elocuencia libertaria entonó con vosotros el himno de las reivindicaciones obreras. carecíais de pan para vuestros hijos: con una mano -mano oculta entre sombras-, cerró los talleres que aún estaban abiertos; con la otra -¡generosamente tendida!- os ofreció a cambio de vuestra sangre el mísero haber del soldado, a cambio del yugo del capataz, del patrón, la férrea disciplina; a cambio del taller alumbrado, la obscura noche del cuartel... y con la misma mano -¡siempre generosa!- os ungió en nombre de Carranza, ¡soldados de la Revolución! La lucha os vio gloriosos en el combate, vuestros batallones fueron citados en la orden del día; luchasteis con el denuedo del que lucha por disipar las sombras del presente, con el ansia del que pugna por ver la aurora del mañana.

“El desengaño fue cruel y no se hizo esperar. En vez de la ayuda prometida a vuestros sindicatos, vino la imposición gubernativa, exigente y tiránica; se quiso hacer del obrero la criatura dócil del gobierno, para preparar cuando la farsa de las elecciones llegara, la exaltación al poder de los paniaguados del carrancismo; es decir, se quiso hacer un arma que sirviera de apoyo a la tiranía y a su aliado el capital, nada menos que de los sindicatos, es decir, de las agrupaciones creadas para defender el trabajo contra las expoliaciones y abusos de ese mismo capital, y por haber querido resistir a esa presión gubernativa, vosotros, lo sabéis, el carrancismo llegó a donde el mismo Huerta no llegara, a cerrar vuestra casa, vuestro templo de libertades, ¡la Casa del Obrero! No fue todo, bien lo sabéis; cuando la huelga vino, se os negó el derecho de huelga: en vez de hacerlo los patrones, Carranza os impuso sus condiciones, de acuerdo, claro, con ellos. Y como si no fuera bastante, ¡a los que protestaron, la prisión!; como si no fuera demasiado, ¡a los que resistieron, el cadalso! ¿Queréis más? ¿Queréis mayor infamia?

“No; vosotros no podéis estar con vuestros enemigos. Vuestras reclamaciones son parecidas a las nuestras. Exigís aumento de jornal y reducción de horas de trabajo, es decir, mayor libertad económica, mayor derecho a gozar de la vida; es lo que nosotros exigimos al proclamar nuestros derechos a la tierra. Solo que, menos tiranizados que nosotros creisteis encontrar en el pacifico sindicato, la fórmula infalible que pusiera remedio a vuestros males; en tanto que nosotros no pudimos ni debimos pensar sino en las armas, en la rebelión abierta contra los conculcadores de nuestros derechos; porque cuando el oprimido no es dueño ni aún de lamentar su suerte, cuando la misma justísima protesta contra sus verdugos es ahogada, al formularse apenas en su garganta; entonces no queda a este oprimido, otro camino digno ni otro gesto redentor, que el de esgrimir las armas, proclamando vencer o morir; morir primero, antes de continuar más tiempo siendo esclavo”.
 
El asesinato

Para descabezar la insurrección campesina, el general Pablo González y el coronel Jesús M. Guajardo maquinaron una celada contra el Caudillo del Sur, por medio de una traición. Así, el asesinato de Emiliano Zapata pudo consumarse el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, como resultado de la emboscada fraguada por Guajardo, quien informó sobre esta acción: “ A las 2 P.M., Zapata venía acompañado de cien hombres para entrar a la hacienda. Estando preparada de antemano la guardia para que a la entrada de éste hicieran honores y a la vez la orden para que a la segunda llamada de honor hicieran fuego sobre el cabecilla, estando el resto de la fuerza arreglada y dispuesta a combatir, dando por resultado que a las dos y diez minutos de la tarde se presentó ante el cuerpo de guardia ejecutándose lo dispuesto y quedando muertos el propio Emiliano Zapata, Zeferino Ortega, Gil Muñoz y otros generales y tropa que no se pudo identificar, habiéndose hecho bajas entre muertos y heridos en número aproximado de 30 hombres”.

Acerca de estos acontecimientos, el Varón de Cuatro Ciénegas expuso en su informe del 1 de septiembre: “El 12 de abril rindió parte el C. General de División Pablo González, de Cuautla, Morelos, de que el 10 del mismo libraron rudo combate las fuerzas del gobierno al mando del coronel Jesús Guajardo, con los zapatistas en la hacienda de Chinameca, del mismo estado, y murió el cabecilla Emiliano Zapata, así como los llamados ‘generales’ Feliciano Palacios, secretario de Zapata; Ceferino Ortega, Gil Muñoz, Castrejón, y el ‘coronel’ Lucio Labastida, habiendo resultado herido el cabecilla Jesús Capistrán. Por méritos en esta acción fue ascendido al grado inmediato el coronel Jesús Guajardo, y el Ejecutivo acordó que se diera una gratificación de cincuenta mil pesos a los jefes y oficiales que tomaron parte en ella”.
 
Zapata, hoy

Como es del dominio público, el nombre Emiliano Zapata y el término zapatista son muy utilizados en México para designar organizaciones campesinas, estudiantiles, de colonos y otros núcleos populares, guerrillas, ejidos, comunidades indígenas, grupos políticos, barrios, colonias, calles, pueblos, municipios, auditorios y otras organizaciones generalmente democráticas y de izquierda. De todas ellas, la organización que mayormente sobresale es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyos documentos circulan por las redes sociales más que los de cualquier otra organización mexicana. Existen, asimismo, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la Organización Campesina Emiliano Zapata, Unión de Comuneros Emiliano Zapata, Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y muchísimas más.

Después de la terminación del periodo de reformas estructurales (1934-1940), o sexenio presidencial de Lázaro Cárdenas, los campesinos e indígenas fueron sacrificados en aras de la industrialización; pero las cosas empeoraron y empeoran con la aplicación de los proyectos y planes neoliberales, vigentes en México a partir de diciembre de 1982.

Carlos Salinas de Gortari puso en marcha la contrarreforma agraria, modificó regresivamente el Artículo 27 constitucional para terminar con el reparto de tierras, destruir el ejido y suprimir la influencia histórica de Emiliano Zapata.

Los sucesores de Salinas eliminaron los subsidios a los pequeños productores, destinaron el grueso del presupuesto agrícola a los monopolios exportadores y emprendieron acciones de apertura comercial a rajatabla.

Además de esa política que beneficia a las grandes empresas productoras de alimentos, principalmente norteamericanas, los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han reprimido y reprimen al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, así como otras organizaciones representativas de campesinos e indígenas.

En tales condiciones, México requiere con urgencia conquistar progresivamente la autosuficiencia alimentaria. Para ello es menester, pues, retomar los ideales por los cuales combatió el general Emiliano Zapata Salazar.
 
Bibliohemerografía básica
1. Libros

Alessio Robles, Vito, La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, ed. conmemorativa LXXV aniversario Sob. Conv. Rev. De Ags., México, INEHRM, 1979.

Alperóvich, M. S. y B. T. Rudenko, La Revolución mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados Unidos, trad. de Makedonio Garza, ArménOhanián, María Teresa Francés y Alejo Méndez García, México, FCP, 1960.

Araiza, Luis, Historia de la Casa del Obrero Mundial , México, s. e., 1963.

Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución mexicana , México, Ed. Era, 2ª ed., 1973.

De Leonardo Ramírez, Margarita, Consideraciones en torno al pensamiento zapatista, México, tesis, FFL UNAM, 1971.

Díaz de Arce, Omar y Armando Pérez Pino, México: Revolución y reforma 1910-1940, México, Presencia Latinoamericana, 1983.
 
Diccionario de la Revolución mexicana , Javier Torres Parés y Gloria Villegas Moreno (coord.), México, UNAM, 2010.
 
Diccionario histórico y biográfico de la Revolución mexicana , t. IV. Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, México, INEHRM, 1991.
 
El Movimiento del Reino Celestial Taiping , Pekín, Ed. en L. Extr., 1979.

Flores Magón, Ricardo, Carranza contra los trabajadores (Artículos políticos de 1915) , México, Ed. Antorcha, 1987.

- -Artículos políticos --1911 --, México, Ed. Antorcha, 1980.

Ravelo Lecuona, Renato, La Revolución zapatista de Guerrero, Chilpancingo, UAG, 1990.

Rudenko, B. T., “La estructura de la sociedad mexicana en vísperas de la revolución de 1910-1917”, en Ensayos de Historia de México , México, ECP, 2ª ed., 1973.

Sánchez Lamego, Miguel A. Historia militar de la Revolución mexicana en la época maderista , t. II, México, BINEHRM, 1977.

Sotelo Inclán, Jesús, Raíz y razón de Zapata, México, CFE, 2ª versión, 1970.

Peláez Ramos, Gerardo, Cronología de la izquierda mexicana en el siglo XX , t. 1 de la  Enciclopedia de la izquierda mexicana en el siglo XX , México, UNAM, 2014.
Womack, John, Zapata y la Revolución mexicana , trad. de Francisco González Arámburu, México, Siglo XXI, 1969.

Zapata, Emiliano, Manifiestos , sel., capt. y diseño de Chantal López y Omar Cortés, México, web de Ed. Antorcha, 2ª ed. cibernética, agosto de 2006.

--Cartas, sel., capt. y diseño de Chantal López y Omar Cortés, México, web de Ed. Antorcha, ed. cibernética, mayo de 2011.

--Leyes y decretos, sel., capt. y diseño de Chantal López y Omar Cortés, México, web de Ed. Antorcha, ed. cibernética, octubre de 2005.
 
2. Artículos y ensayos

“Al pueblo mexicano”, presentación de José Valero Silva, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 3, 1970.

Flores Magón, Ricardo, “La huelga general de 1916”, en Consideraciones, núm. 28, septiembre-octubre de 2000.

Montaño, Otilio E., “El zapatismo ante la filosofía y ante la historia”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 2, 1967.

Peláez Ramos, Gerardo, “La Expedición punitiva. Estados Unidos contra Villa y contra México”, en los portales de La Haine, Nodo 50, Apia virtual, Argenpress cultural, Rebelión y otros.

--“El Plan de Ayala de 1911 y el del siglo XXI”, en Rebanadas de realidad, La Haine, Apia virtual y otros portarles.

--“Revolución mexicana: cronología documental (1910-1917)”, en Rebanadas de realidad, La Haine, Apia virtual y otros portales.

--“Ricardo Flores Magón, a 90 años de su muerte”, en La Haine, Rebelión, Apia virtual, Rebanadas de realidad y otros portales.

--“Pancho Villa, a 90 años de su asesinato”, en Rebelión, Rebanadas de realidad, La Haine, Apia virtual y otros sitios de Internet.

--“En el centenario de la Casa del Obrero Mundial”, en Rebanadas de realidad, La Haine, Apia virtual, El eco de los pasos y otros sitios de Internet.

--“La formación de la situación revolucionaria (1900-1910)”, La Haine, Rebelión, Apia virtual y otros sitios de Internet.

“Relación de los hechos que dieron por resultado la muerte de Emiliano Zapata, jefe de la Revolución del Sur”, presentación de José Valero Silva, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 2, 1967.

5.4.14

La simulación

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 20 de marzo, Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la administración de Enrique Peña Nieto, fue a Ginebra y ahí, ante integrantes de las Naciones Unidas, dijo que el gobierno federal acataría la recomendación que desde octubre del año pasado le habían hecho.

Se trataba de aceptar en su totalidad, y no sólo de palabra o firma alguna, lo dicho por la Corte Penal Internacional (CPI). Pero no cumplió, y no sólo eso, operó políticamente para que ello no ocurriera.

Así, el gobierno de Peña Nieto, ante los ojos de la comunidad internacional, se muestra como aquel hombre de Estado que vela por el verdadero interés de sus gobernados, por prevenir y cuidar que no se viole lo más preciado: sus derechos humanos.

Pero ante los primeros afectados, los ciudadanos, les arroja el insulto de poder decirles en los hechos: “Para mí tus derechos humanos me vienen importando un comino, sólo te uso cuando te necesito”.

Sólo de esa manera se puede leer lo ocurrido en Ginebra y lo sucedido día a día en nuestro país, en donde se violentan los derechos humanos, se persigue a los defensores de éstos, como por ejemplo al padre Alejandro Solalinde, de Oaxaca.

Mientras Lía Limón se vanagloriaba en Ginebra de que el gobierno de Peña Nieto cumpliría con la recomendación formulada a México en octubre pasado, en nuestro país los diputados peñanietistas bloqueaban cualquier intento de permitir que autoridades, investigadores y fiscales de la Corte Penal Interamericana pusieran un pie en México para indagar, averiguar, sobre cualquiera de los cuatro delitos que persigue la CPI: crímenes de lesa humanidad, agresión a un Estado, genocidio y guerra.

Y es que la noche del miércoles 2, en la Comisión de Puntos Constitucionales y con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, PT, PAN y PRD, el PRI y sus partidos “satélite”, PVEM y Panal, frenaban toda libertad de acción a la CPI en México.

Los diputados del PRI actuaron contra los derechos humanos de todo mundo, no sólo contra los de México porque, si por alguna razón, cualquier dictador de un país, genocida o quien haya cometido contra la población de su país un crimen de lesa humanidad, y decidiera refugiarse en México, no podría ser extraditado, aunque la Corte Penal Internacional lo pidiera, pues en la actualidad el Ejecutivo federal “puede”, si lo desea, desdeñar tal extradición.

En 1998 se creó la CPI para juzgar a personas que hayan cometido cualquiera de los cuatro delitos antes mencionados; México ratificó en 2005 su adhesión a la Corte, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que si una recomendación le resultaba “incómoda”, no la acataría.

Curiosamente, la recomendación de octubre de 2013, y que apenas el mes pasado Lía Limón dijo que el gobierno peñanietista acataría, y que para que ello ocurriera, incluso cambiaría la Constitución para que ya no fuera un tema de “posibilidad” sino de “obligatoriedad”, no se dio.

Los priistas evitaron que se modificara el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución. El acto de Lía Limón en Ginebra fue un acto de simulación.

Como la mayor parte de lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, que no es votado sino impuesto.

Simulación lo fueron, por ejemplo, la reforma político electoral que terminó en el “acuerdo y distribución de cuotas” para los tres principales partidos de las posiciones del Instituto Nacional de Elecciones (INE).

Como simulación lo fue la reforma constitucional en telecomunicaciones y que hoy se echa atrás en sus leyes secundarias que se discuten en el Senado de la República.

Como simulación fue la elección presidencial de 2012 y que llevó a Peña Nieto a seguir con la burla desde el poder máximo.

En síntesis, México y sus principales instituciones se han convertido en una simulación, en la peor caricatura de la democracia y en el verdadero abuso del poder.

También los mexicanos, en su gran mayoría, simulan vivir bien y poco hacen por tratar de cambiar la crisis institucional, ética, económica y social. El resto de la población, los grandes “opinadores” del país, “simulan” informar, simulan luchar, simulan, siquiera, vivir.

1.4.14

Venezuela: Derrotar al fascismo antes de que sea demasiado tarde

James Petras

El capitán José Guillén Araque, de la Guardia Nacional de Venezuela, le alertó a Maduro sobre la ofensiva nazi, diciendo: "el fascismo debe ser derrotado antes de que sea demasiado tarde". En represalia por esta advertencia profética, el patriótico y joven capitán fue atacado por un asesino respaldado por EE.UU. en las calles de Maracay, en el estado de Aragua, el 16 de marzo de 2014. Su muerte elevó a 29 la cantidad de soldados y policías asesinados desde que comenzaron las revueltas fascistas. El asesinato de un oficial prominente y patriótico en una calle principal de una capital de provincia es una indicación más de que los fascistas venezolanos están en la ofensiva, confiados en el apoyo de Washington y de una amplia franja de la clase alta y media de Venezuela. Son parte de una minoría electoral que no tiene ilusiones de tomar el poder por la vía constitucional usando medios democráticos.

El capitán Guillén Araque dio un paso al frente recordándole a Maduro que, en la historia contemporánea, en el camino hacia el poder de los grupos totalitarios fascistas y nazis yacen los cuerpos de demócratas y social-demócratas bien intencionados pero incapaces de usar los medios constitucionales para aplastar a los enemigos de la democracia.

La historia del avance del fascismo en las democracias

En Venezuela, el término "fascista" se aplica apropiadamente a los grupos políticos organizados y violentos que llevan adelante campañas masivas de terror para desestabilizar y derrocar al gobierno bolivariano, que fue elegido democráticamente. Los académicos puristas podrían argumentar que los fascistas venezolanos no tienen la ideología nacionalista y racista que imperaba entre sus predecesores de Alemania, Italia, España y Portugal. Es cierto, y es a la vez, irrelevante. El tipo de fascismo existente en Venezuela es altamente dependiente del imperialismo estadounidense y de sus aliados, los caudillos militares colombianos; y actúan bajo sus órdenes. El racismo de los fascistas venezolanos se pone de manifiesto en los ataques directos contra las clases obrera y campesina, que son multirraciales y afro-indígenas -como quedó demostrado por las vitriólicas expresiones racistas contra el fallecido presidente Chávez. La conexión esencial con los movimientos fascistas precedentes se centra en los siguientes puntos:

1) profunda hostilidad de clase contra la mayoría del pueblo;

2) odio visceral hacia el Partido Socialista Chavista, que ganó 18 de las 19 elecciones pasadas;

3) uso de la toma armada del poder por una minoría que actúa en representación de las clases dominantes locales y de EE.UU.;

4) intención de destruir las instituciones y los procedimientos democráticos, a los que, al mismo tiempo, usa con fines propagandísticos, para ganar espacio político;

5) se enfoca en la destrucción de las instituciones de la clase trabajadora -concejos comunales, asociaciones barriales, clínicas médicas y dentales, escuelas públicas, transporte, almacenes subsidiados de alimentos, centros de discusión política, cooperativas bancarias, sindicatos y cooperativas de campesinos;

6) y por el apoyo que recibe de la gran banca, y de las corporaciones del agro y firmas manufactureras capitalistas.

En Alemania, Italia, España, Francia y Chile, los movimientos fascistas también comenzaron como pequeños grupos terroristas, que consiguieron el apoyo financiero de la élite capitalista gracias a la violencia ejercida contra las organizaciones de la clase trabajadora y las instituciones democráticas, y que reclutaron adeptos principalmente entre los estudiantes universitarios de la clase media, los profesionales de la elite (especialmente doctores) y los oficiales militares de alto rango en actividad y en retiro -unidos por su hostilidad contra el orden democrático.

Trágicamente y con demasiada frecuencia, los líderes democráticos de los gobiernos constitucionales, tienden a ver a los fascistas como "simplemente otro partido", y se niegan o no tienen voluntad para aplastar las pandillas armadas, que combinan el terror en las calles con las elecciones para ganar el poder estatal. Los demócratas constitucionalistas han fracasado o no tuvieron la voluntad para ver al brazo político, civil, de los nazis como parte integral de un enemigo orgánico y totalitario; entonces negociaron y debatieron una y otra vez con las elites fascistas, que durante el proceso, destruían la economía mientras que los terroristas atacaban los cimientos político-sociales del estado democrático. Los demócratas se negaron a enviar a sus millones de simpatizantes para frenar a las hordas fascistas. Peor aún, hasta se vanagloriaban de haber encarcelado a los policías y soldados acusados de haber usado "fuerza excesiva" al confrontar a los pandilleros fascistas. Por ello, los fascistas se movieron fácilmente de las calles al poder del estado. Los demócratas elegidos por voto estaban tan preocupados por las críticas de los medios internacionales capitalistas, de los críticos de la elite y de las auto-llamadas organizaciones de derechos humanos, que contribuyeron a facilitar la toma del poder de los fascistas. El derecho del pueblo a la defensa armada de la democracia ha sido subordinado al pretexto de respetar las normas democráticas -¡normas que ningún estado burgués bajo ataque hubiera respetado! Los demócratas constitucionalistas fallaron en reconocer cuan drásticamente había cambiado la política. Ya no tenían enfrente de ellos a una oposición parlamentaria preparándose para la próxima elección; se enfrentaban a terroristas armados y a saboteadores que usaban la lucha armada para tomar el poder por cualquier medio -incluyendo golpes de estado violentos.

En el léxico fascista, conciliación democrática significa "debilidad", "vulnerabilidad" y una invitación a incrementar la violencia; explotan eslóganes como 'paz y amor' y 'derechos humanos'; llaman a 'negociaciones' como preámbulos de la derrota; y 'acuerdos' como preludios de la capitulación.

Los políticos democráticos que alertan sobre una "amenaza fascista" se vuelven blancos de los ataques violentos de los terroristas, que mientras tanto actúan como si estuvieran participando en "negociaciones parlamentarias".

Así es como los fascistas llegaron al poder en Alemania, Italia y Chile, mientras los demócratas constitucionalistas, hasta el final, se negaron a armar a los millones de trabajadores organizados que podrían haber rechazado a los fascistas, y salvado la democracia preservando a la vez sus propias vidas.

El fascismo en Venezuela: una amenaza letal en la actualidad

La advertencia del héroe y mártir, capitán Guillén Araque, de un inminente peligro fascista en Venezuela tiene un fundamento sólido. Mientras que las olas de violencia terrorista van y vienen, las estructuras básicas del fascismo en la economía y en la sociedad continúan intactas. Como también siguen en su lugar, las organizaciones subterráneas que financian y organizan la provisión de armas a los fascistas.

Los líderes políticos de la oposición juegan un doble juego, se mueven constantemente entre las protestas legales y la complicidad con los terroristas armados. No hay dudas de que, en todo golpe fascista, la oligarquía política emerge al final como la verdadera dueña del poder -compartiendo cuotas de poder con los líderes de las organizaciones fascistas. Mientras tanto, su 'respetabilidad' le provee cobertura política; sus campañas de 'derechos humanos' para liberar a los pandilleros encarcelados les gana el apoyo de los 'medios internacionales', mientras hacen el papel de intermediarios entre las agencias de EE.UU. que los financian y los terroristas que están en la clandestinidad.

Al medir el alcance y la profundidad del peligro fascista, es erróneo limitarse a simplemente contar la cantidad de bombas, incendios y francotiradores sin incluir la logística, la retaguardia, los grupos periféricos de respaldo y los apoyos institucionales detrás de los actores que dan la cara.

Para "derrotar al fascismo antes de que sea demasiado tarde" el gobierno debe evaluar realistamente los recursos, la organización y el código operativo del comando fascista; y rechazar los pronunciamientos excesivamente temperamentales y triunfalistas emitidos por algunos ministros, consejeros y legisladores.

Primero, los fascistas no son simplemente una pequeña banda que se limita a golpear cacerolas y atacar a trabajadores municipales en los barrios de clase media alta de Caracas para el beneficio de los medios corporativos e internacionales. Los fascistas están organizados a nivel nacional; sus miembros son activos en todo el país.

Sus blancos de ataque son las instituciones y la infraestructura esenciales en numerosas ubicaciones estratégicas.

Su estrategia está coordinada por un comando central; sus operaciones están descentralizadas.

Los fascistas son una fuerza organizada: su financiamiento, armamento y acciones son planificados. Sus acciones no son espontáneas, no son organizadas localmente en respuesta a la 'represión" gubernamental como las describen los medios burgueses e imperialistas.

Los fascistas reúnen a diferentes corrientes cruzadas de grupos violentos, combinando frecuentemente profesionales de derecha, pandillas de delincuentes a gran escala y traficantes de droga (especialmente en las zonas fronterizas), grupos paramilitares, mercenarios y conocidos delincuentes. Ellos son la "avanzada fascista", financiada por los principales especuladores con el tipo de cambio, protegidos por autoridades locales, amparados por los inversionistas en bienes raíces y los burócratas universitarios de alto rango.

Los fascistas son "nacionales" e "internacionales": incluyen a matones pagados localmente y a estudiantes de familias de clase media-alta; a paramilitares colombianos, a mercenarios, a profesionales de todo tipo, a francotiradores asesinos de fuerzas de "seguridad" de EE.UU. y a miembros encubiertos de las Fuerzas Especiales de ese mismo país; y a fascistas "internacionalistas" reclutados en Miami, América Central y el resto de América Latina y Europa.

Los terroristas organizados tienen dos santuarios estratégicos para lanzar sus operaciones violentas -Bogotá y Miami, donde dirigentes locales prominentes, como el ex presidente Álvaro Uribe y legisladores de EE.UU., les proveen respaldo político.

La convergencia de actividades económicas delictivas y altamente lucrativas, y el terrorismo político representa una temible amenaza de dos facetas para la estabilidad de la economía y la seguridad del estado venezolano... Los criminales y los terroristas hallaron un terreno común bajo la protección política de EE.UU., armada con el fin de derrocar al gobierno democrático de Venezuela y aplastar la revolución bolivariana del pueblo venezolano.

Las conexiones y el interaccionar entre criminales y terroristas desde dentro y fuera del país, entre los dirigentes políticos de alto nivel de Washington, los traficantes callejeros de droga, y los contrabandistas "camellos", les proveen a la elite internacional de voceros y músculos para la lucha callejera y los francotiradores.

Los blancos de ataque de los terroristas no son elegidos al azar; ni son causados por una ciudadanía con bronca que protesta por las desigualdades sociales y económicas. Los blancos, elegidos cuidadosamente, son los programas estratégicos que sostienen al gobierno democrático; primero y por encima de todo, los ataques se enfocan contra las instituciones sociales de masa que forman la base del gobierno. Esto explica porqué las bombas terroristas destruyen clínicas de salud para los pobres, escuelas públicas y centros de alfabetización de adultos en los barrios, las tiendas de comida subsidiadas por el estado y el sistema de transporte público. Todas estas instituciones forman parte del vasto sistema de bienestar social puesto en funcionamiento por el gobierno bolivariano. Ellos son los cimientos que sostienen el voto masivo a favor en 18 de las 19 últimas elecciones y del poder popular en las calles y en las comunidades. Al destruir la infraestructura de la red de bienestar social, los terroristas intentan romper el vínculo social entre el pueblo y el gobierno.

Los terroristas atacan el legítimo sistema nacional de seguridad: principalmente, la policía, la Guardia Nacional, a los fiscales públicos y otras autoridades encargadas de salvaguardar a los ciudadanos. Los asesinatos, ataques violentos y amenazas contra funcionarios públicos, el uso de artefactos incendiarios contra edificios y transporte público apuntan a crear un clima de miedo y demostrar que el estado es débil e incapaz de proteger la vida diaria de sus ciudadanos. Los terroristas quieren proyectar la imagen de "poder dual" al tomar espacios públicos y bloquear el comercio regular... y al ejercer "el gobierno de las calles usando armas". Por encima de todo, los terroristas quieren desmovilizar y reducir las contra-demostraciones populares al bloquear calles y dispararle a quemarropa a los activistas involucrados en actividades políticas en barrios en conflicto. Los terroristas saben que pueden contar con el respaldo de los aliados políticos de la oposición "legal", quienes les proveen la base para las protestas en la vía pública, las que sirven como escudo para los asaltos violentos y como un pretexto para escalar el sabotaje.

Conclusión

El fascismo, básicamente el terrorismo armado con el fin de derrotar por medios violentos al gobierno democrático, es una amenaza real e inmediata en Venezuela. El día a día, los altibajos de la lucha callejera y los incendios no dan una dimensión real de la amenaza.

Como lo hemos señalado, los respaldos estructurales y organizativos de fondo, que explican el auge y el crecimiento del fascismo son mucho más significativos. El desafío de Venezuela es lograr cortar las bases económicas y políticas del fascismo. Desafortunadamente, hasta hace poco tiempo, el gobierno había sido demasiado delicado frente a las críticas hostiles de las elites internacionales y nacionales que defienden a los fascistas -en nombre de las "libertades democráticas". El gobierno de Venezuela tiene enormes recursos a su disposición para extirpar la amenaza fascista. Incluso si un accionar firme causara una reacción negativa de los amigos liberales del exterior, la mayoría de los defensores de la democracia creen que es responsabilidad del gobierno actuar contra la oposición que continúa incitando a la rebelión armada.

Recientemente, hubo signos claros de que el gobierno de Venezuela, investido de un poderoso mandato democrático y constitucional, ha avanzado en la toma de conciencia de la amenaza fascista y que actuará con determinación para frenarla en las calles y en las oficinas.

La Asamblea Nacional ha votado para quitarle la inmunidad a Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional, para que esta pueda ser juzgada por incitación a la violencia. El Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello ha presentado documentación detallada que prueba el rol de Machado como organizadora y promotora de la rebelión armada. Numerosos alcaldes de la oposición, que respaldaron activamente a francotiradores, pandilleros e incendiarios, fueron arrestados y enfrentan cargos legales.

La mayoría de venezolanos, al verse confrontados con la ola de violencia fascista, respondió apoyando el enjuiciamiento de los funcionarios involucrados en el sabotaje. Los servicios de inteligencia venezolanos, al igual que la ciudadanía, piensan que sin una acción firme del gobierno, los políticos de la "oposición" seguirán promoviendo la violencia y amparando a los asesinos paramilitares.

El gobierno se ha dado cuenta de que está involucrado en una verdadera guerra, planeada por un liderazgo centralizado y ejecutada por operativos de manera descentralizada. Los dirigentes legislativos han comenzado a entender la psicología política del fascismo, la que interpreta los ofrecimientos de conciliación política del presidente y la tolerancia judicial como debilidades a ser explotadas con el uso de más violencia.

El avance más significativo para detener la amenaza fascista reside en el reconocimiento por parte del gobierno de la conexión entre las elites parlamentarias y de negocios y los terroristas fascistas: que los especuladores financieros, los contrabandistas y los grandes acaparadores de alimentos y otros bienes esenciales forman parte del mismo grupo que puja por el poder en conjunto con los terroristas, quienes ponen bombas en los mercados públicos y atacan los medios de transporte de comida hacia los barrios pobres. Un trabajador revolucionario me dijo después de una escaramuza callejera: "¡Por la razón y la fuerza no pasarán!"...


Traducido por Silvia Arana

31.3.14

Sobre mitos, crimen y política III

Carlos Fazio

Con el antecedente de un plan del Pentágono para cazar a Joaquín El Chapo Guzmán igual que a Osama Bin Laden en Pakistán –mediante un operativo quirúrgico ejecutado por comandos especiales de infantes de marina estadunidenses−, la fabricación del mito en torno al traficante nacido de Badiraguato, Sinaloa, incluiría el 14 de febrero de 2013, ya con Enrique Peña Nieto en la Presidencia de México, una declaración de enemigo público número uno de la Comisión Anticrimen de Chicago. Según J. R. David, director de la comisión, comparado con Guzmán, el gángster Al Capone parece un amateur.

Ya entonces resultaba evidente que Washington no iba a cejar en su empeño por matarlo o capturarlo. Era cuestión de tiempo. Y finalmente, el 22 de febrero de 2014 Joaquín Guzmán se entregó mansamente en un edificio de Mazatlán. Según la versión oficial de las autoridades mexicanas, la detención del Chapo se debió a una acción quirúrgica de un comando de élite de la Marina de guerra mexicana y se produjo sin disparar un solo tiro, como se ufanó en destacar el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Ni rastro de los 300 hombres que según la agencia estadunidense Associated Press (Ap) custodiaban al capo día y noche, según la versión atribuida al ex secretario de Defensa general Guillermo Galván.

Casualidad o no, la primera noticia sobre el operativo la dio en Washington la misma Ap, que citó como fuente a un alto funcionario de seguridad pública estadunidense que pidió el anonimato. Agentes de la DEA y oficiales del servicio de alguaciles estuvieron ampliamente involucrados en la detención, reveló la agencia.

A su vez, la primera imagen tras la captura, que exhibió a un Chapo con magullones en el rostro, el pelo revuelto y el torso desnudo, fue difundida por The New York Times cuatro horas antes de que aquí el titular de la PGR anunciara el hecho. Aunque admitió que hubo colaboración tecnológica de agencias estadunidenses, el procurador exaltó el trabajo de inteligencia y la acción coordinada de los distintos cuerpos de seguridad del Estado mexicano, elementos éstos que han venido siendo el eje de la nueva narrativa oficial en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peña, en un intento discursivo por desmarcarse de la cruenta guerra del ex presidente Felipe Calderón, que sumió al país en una catástrofe humana.

Un día después, La Jornada reveló que drones (aviones no tripulados) de la DEA permitieron localizar el equipo de comunicación satelital de Guzmán Loera en los alrededores del condominio Miramar, en Mazatlán. Y según consignó Proceso, la información de inteligencia fue suministrada a la Secretaría de Marina de México, con la cual la DEA tiene una excelente cooperación (en alusión implícita a la desconfianza que le generan el Ejército y la Policía Federal). Un agente de esa corporación, que no quiso identificarse, reveló al semanario que se trató de una operación conjunta: agentes de la DEA “estuvieron presentes en el operativo al momento de la captura” y “fotografiaron al Chapo” después de que los efectivos de la Marina lo sometieron. Incluso, tomaron de inmediato sus huellas digitales y pruebas de ADN para corroborar su identidad, que se enviaron a Washington y en el curso de la mañana resultaron positivas.

Más allá del papel protagónico que no quiso ocultar la DEA, las siete horas que mediaron entre el operativo militar y el anuncio oficial de la captura por las autoridades mexicanas, más una serie de contradicciones en la trama expuesta al público, vinieron a generar dudas acerca de la verdad de los hechos.

Por razones de soberanía el gobierno priísta quiso minimizar la intervención de Washington, amén de su interés por aprovechar el golpe para fines propagandísticos de Peña. Si la DEA no intervino más que con inteligencia operacional y a los efectos de la geolocalización del sujeto, como afirmaron el procurador y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿cómo fue que The New York Times obtuvo la primera foto de Guzmán Loera detenido?

De allí que afloraran interrogantes acerca de si se trató de una entrega acordada o impuesta por interés de Washington, que pudo haber seguido los procedimientos estándar utilizados por agencias estadunidenses que suelen negociar la entrega de un delincuente a cambio de beneficios durante el juicio.

Despertó suspicacias el énfasis del procurador Murillo en la versión de que fue una cacería de una semana, que se inició en Culiacán, donde El Chapo habría estado a punto de ser capturado el lunes 17 de febrero, cuando se le ubicó en un conjunto de siete casas de seguridad conectadas por túneles, que a su vez derivaban en el drenaje pluvial de la ciudad.

Uno de esos túneles fue encontrado oculto debajo de una tina de baño que conectaba con el sistema de desagüe en una casa de la colonia Libertad, cuya puerta de entrada estaba reforzada con acero. Cuando entraron los comandos descubrieron que el capo se había esfumado en sus narices por las cañerías. Según Murillo, los minutos que los marinos tardaron en abrir la puerta facilitaron la fuga. Pero gracias al apoyo tecnológico de la DEA, que con geolocalizadores de última generación detectó el teléfono satelital que utilizaba El Chapo y logró cotejar su voz, sus perseguidores supieron que ese día Guzmán lo encendió y apagó varias veces para hacer llamadas, presuntamente solicitando auxilio para escapar.

Horas después, la señal del aparato fue localizada en Mazatlán y se procedió a cerrar el cerco. Después de ese día hubo varios momentos en que pudo haber sido aprehendido, pero la prudencia y el sentido común hicieron que evitáramos hacer la detención en un lugar donde pudiera ser afectada la ciudadanía y preferimos no ponerla en riesgo. Y ese momento se dio con una enorme eficiencia y sin un solo disparo, relató a los medios Murillo. Una chingonería, pues.

30.3.14

Ronda cero…reprobados con cero

Javier Jiménez Espriú

La reforma energética, aprobada con procedimientos desaseados, en trashumantes búnkers parlamentarios, de espalda a los mexicanos, con modificaciones constitucionales cuyo objetivo único fue privatizar el sector energético, será –de consumarse las pretensiones de la clase gobernante– un verdadero atraco al pueblo de México, la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera a los ricos de aquí y de allá, la cancelación de la seguridad energética de la Nación, porque tratarán de llevarse lo más que puedan en el menor tiempo posible, y la vulneración de nuestra soberanía, porque con las trasnacionales petroleras vendrán las presiones y la injerencia de los gobiernos que las abanderan.

En uno de tantos foros de discusión sobre esta reforma en los que he participado, la doctora Miriam Grunstein, investigadora del CIDE, proclive a la apertura, citando a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, señalaba que para una reforma de este calado, el país que la intentara debía cumplir con 5 requisitos: tener instituciones fuertes con alto grado de aceptación, capacidad reconocida del impulsor de las reformas para negociar con un espectro amplio de grupos sociales, una política consistente en el sector sobre el que recae el cambio, una cultura de cumplimiento voluntario del derecho y una cultura sólida de transparencia e inclusión. Yo estuve de acuerdo con ella en estos requisitos y ella estuvo de acuerdo conmigo en que en nuestro país no se cumple uno sólo de ellos, ni remotamente.

Véase tan sólo con detenimiento la reforma constitucional en la que permanece la exploración y la extracción de los hidrocarburos como área de exclusividad del Estado, para lo que no se darán concesiones y los transitorios en los que se señala cómo se darán las concesiones, disfrazadas de contratos de utilidades o de producción compartidas. Estos no son otra cosa que concesiones mondas y lirondas.

O véase igualmente la trampa de la ronda cero en la que en plazo perentorio, el gerente de Pemex, sumiso empleado del Presidente, hizo una solicitud conservadora –hasta Canacintra dixit–, lamentable y pusilánime, no en función de las capacidades de Pemex, sino para dejar a los privados las dos terceras partes de las reservas nacionales, atractivo inmejorable e inédito en el mundo, según la propaganda de la Subsecretaría de Hidrocarburos en sus declaraciones al Financial Times. Lo que puede hacer Pemex no cuenta, lo que diga la Constitución no tiene importancia y lo que pregona el Presidente no es sino otro más de los engaños con que se han presentado las reformas y se instrumenta la entrega de la Patria.

Y ya no digamos la transparencia y el estado de derecho. El caso Oceanografía, es sólo un botón de muestra de la urdimbre de connivencias, acuerdos vergonzantes, reparto de privilegios y canonjías, abusivo manejo de influencias, que trasciende sexenios y partidos políticos en un reparto asqueroso de los bienes de la nación entre políticos, funcionarios y ex funcionarios, parientes, amigos, empresarios inescrupulosos, solapados y protegidos con información reservada y confidencial, que han hecho millonarios negocios personales con Petróleos Mexicanos (Pemex) y que quieren ahora hacer del petróleo de los mexicanos, un negocio personal.

Ya empezó también la guerra entre los cárteles de esa delincuencia organizada, pero como siempre, no para poner orden y limpiar de corrupción, sino para eliminar a los corruptos descubiertos y apoderarse de los territorios. La acusación a Oceanografía y el chantaje del PAN al PRI de estorbar la aprobación de las leyes secundarias para que no se afecte a sus miembros involucrados en los fraudes, no son sino luchas intestinas en el PRI-PAN para los reacomodos, visto el enorme negocio que se avecina.

Si se consuma el atraco, el caso de Oceanografía, será el mar nuestro de cada día. La misma tragicomedia, pero con nuevos protagonistas y elenco trasnacional.

Ya aparecen en la prensa nacional los nombres de las empresas y de los socios de las mismas, que se aprestan para formar las nuevas castas de plutócratas petroleros. Igualmente, los nombres y apellidos de ex funcionarios y sus familias brillan con descaro inocultable en las marquesinas del nuevo teatro.

No debemos permitirlo, porque a diferencia del gobierno, que debiera ser del pueblo y para el pueblo y no lo es, el petróleo de México sí es del pueblo y para el pueblo y sólo para el pueblo debe ser.

Estamos en espera de la propuesta de leyes secundarias, en las que una vez resueltos los pleitos de familia entre PRI y PAN, acordado el reparto de utilidades, pretenderán dar la puntilla al sector petrolero público del país, lo que señalaremos implacablemente los hoy llamados conservadores –seguramente porque queremos conservar para la Nación lo que es de la Nación–, hasta detener o revertir el agravio.

Ha llegado a su límite el hartazgo del pueblo, de que unos pocos, mirando únicamente sus personales intereses políticos y económicos, tomen decisiones por todos, sin consultar a nadie.

Esperamos, eso sí, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea sensible a las circunstancias y a la necesidad de avanzar en la democracia y cumpla a cabalidad su responsabilidad de preservar el espíritu de la Constitución, que para eso está, sin complicidades ni subterfugios que impidan que la opinión de las mayorías sea considerada y prevalezca sobre los intereses de quienes atentan contra la propia Carta Magna que protestaron cumplir y hacer cumplir.

29.3.14

A subasta, dos tercios de las reservas petroleras

Roberto González Amado
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto subastará entre empresas privadas un área de explotación de petróleo y gas en la que se halla un potencial de hidrocarburos equivalente a la producción que ha tenido el país en los pasados 110 años, la cual representa dos terceras partes de los recursos con que cuenta la nación, reveló este viernes Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como uno de los primeros efectos de la reforma energética, que por primera vez en 75 años abre el sector a particulares, Pemex solicitó a la Secretaría de Energía (Sener) mantener la exclusividad para explorar un tercio de las áreas con recursos prospectivos de petróleo y gas, mientras otras dos terceras partes serán puesta a subasta por el gobierno federal entre inversionistas privados, de acuerdo con información proporcionada ayer por la paraestatal a representantes de empresas con interés en participar en la apertura de la industria.

México cuenta con recursos prospectivos de petróleo, gas e hidrocarburos no convencionales por 112 mil 800 millones de barriles. De esa cantidad, 60 mil 200 millones corresponden a recursos no convencionales, como gas de lutita, y los restantes 52 mil 600 millones a los llamados convencionales: petróleo y gas, informó ayer Gustavo Hernández García, encargado del despacho de Pemex Exploración y Producción.

Los recursos prospectivos son un estimado del volumen de hidrocarburos que aún no se descubren, pero que son recuperables mediante la aplicación de proyectos de desarrollo futuro, de acuerdo con Pemex, que solicitó exclusividad sobre un área que tiene 34 mil 500 millones de barriles de dichos recursos, 31 por ciento del total con que cuenta México, dijo Hernández García. Las dos terceras partes restantes se dejan al Estado para que por medio de la Sener se convoque a rondas con el propósito de que, con la participación de terceros, se continúen desarrollando áreas que tienen un recurso prospectivo aún por descubrir, confirmar, evaluar el potencial e incorporar reservas que totalizan 78 mil 300 millones de barriles, más del doble que tiene solicitado Pemex, agregó.

Podemos decir que las zonas que quedarán a disposición de particulares tienen un volumen atractivo, porque es ligeramente mayor a lo que hemos producido en 110 años, subrayó.

Como parte de la reforma energética propuesta el año pasado por el presidente Peña Nieto y aprobada por PRI y PAN, se modificó la Constitución para abrir el sector a la participación privada.

En el artículo sexto transitorio de dicha reforma se señala que Pemex tiene derecho a solicitar a la Sener exclusividad para explorar áreas y explotar campos productores de hidrocarburo, antes de que el gobierno federal inicie las subastas de los recursos energéticos al capital privado, proceso conocido como ronda cero.

El pasado día 21, la paraestatal presentó a dependencia la solicitud de exclusividad en algunos campos, al amparo de dicho proceso. Los detalles sobre las áreas y campos respecto de los que la paraestatal pidió exclusividad fueron explicados ayer a inversionistas por Hernández García y Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener. El próximo 21 de septiembre termina el plazo para que la dependencia responda a la solicitud de Pemex.

La participación del capital privado en el sector energético se dará tanto en las áreas en exploración como en los campos que ya están en producción. En ambos casos, Pemex tiene derecho a hacer la primera solicitud de exclusividad para explotarlas, al amparo de la ronda cero.

La solicitud hecha a la Sener para mantener la exclusividad sobre áreas en exploración incluye principalmente regiones que se encuentran cercanas a infraestructura ya construida, que representan un riesgo geológico y técnico bajo, así como zonas petroleras conocidas pero que están por desarrollar, donde el riesgo técnico y geológico es medio, explicó Hernández García.

También licitarán campos en activo

Además de las áreas en exploración, Pemex pido exclusividad para seguir explotando campos que actualmente están en etapa de producción, antes que la dependencia subaste a particulares los que no asigne a Pemex.

En este caso, los campos en producción sobre los que se demandó exclusividad concentran 83 por ciento de las reservas probadas y posibles de hidrocarburos, mientras en el 17 por ciento restante se abrió la posibilidad de que sean subastados a la IP, de acuerdo con la información proporcionada ayer a inversionistas por Gustavo Hernández.

Las reservas probadas y probables de petróleo, conocidas como reservas 2P, alcanzan 24 mil 800 millones de barriles de crudo equivalente, dijo el funcionario. Pemex pidió exclusividad sobre 20 mil 600 millones de barriles, 83 por ciento del total; los 4 mil 200 millones restantes, que se encuentran en campos ya en producción, serán subastados entre particulares.

En cuanto a las llamadas reservas 3P, que incluyen las probadas, posibles y probables, el país dispone de 43 mil 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Hernández dijo que la paraestatal solicitó exclusividad para mantener el control sobre 31 mil 300 millones de barriles, 71 por ciento del total. Los restantes 12 mil 500 millones, que representan 29 por ciento, quedaron a disposición de la Sener para que sean subastados, si así lo decide la dependencia, entre particulares.

Este volumen que estamos requiriendo significa, de manera comparativa, casi la mitad de lo que hemos producido en la historia del país, o en el caso de las reservas 2P, la mitad de lo que ha producido la cuenca del sureste (la principal región petrolera de México), dijo.

¿El ministro Cossío y Mercedes Juan racionan el "derecho" a la salud?

Gustavo Leal F.

Con Enrique Peña Nieto se desató una inaceptable ola de negligencias médicas. Éstas expresan el abandono de la salud y la seguridad social con los gobiernos panistas. También confirman la inviabilidad del parche de aseguramiento financiero denominado Seguro Popular, diseñado por los secretarios foxistas Julio Frenk y Francisco Gil Díaz, en el contexto de un federalismo extraordinariamente centralizador.

El nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo ha modificado la Ley General de Salud para recentralizar los recursos del Seguro Popular, sin ajustar sus fallas de diseño y sin extraer las lecciones de la fracasada descentralización de los pasados 30 años.

La titular del ramo, Mercedes Juan, apenas ha promovido una comisión para evitar que se repitan casos de jóvenes que dan a luz o abortan por ser rechazadas en hospitales. En ella participarían la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios y la Comisión de Arbitraje Médico. Busca capacitar a las personas en unidades de salud: que tengan esa sensibilidad. La instrucción del Presidente es que haya cero rechazo, sin importar que la paciente tenga o no afiliación a las instituciones a la que acude ( sinembargo, 11/3/13).

Pero, ¿es acaso un asunto de sensibilidad? Para Mercedes Juan ese inaceptable cuadro de negligencias, prioridad de cualquier secretario de Salud, apenas merece una comisión, mientras la tarea que realmente la desvela se concentra en promover –desde la visión de la Fundación Mexicana para la Salud AC (Funsalud), que presidía antes de su designación– otra reforma financiera sectorial de difuso impacto médico-clínico, para establecer una universalidad sanitaria como derecho humano restringido y acotado.

Justamente, en la 32 asamblea de Funsalud, Peña comunicó que, para cumplir su compromiso de construir el sistema de salud universal, el sector deberá transformarse ( Reforma, 28/6/13).

Para el arquitecto José Santos Asseo, presidente de Funsalud y director de Ópticas Lux, el modelo mexicano de salud está agotado. Por la transformación multifactorial de la sociedad, ahora, precisó, hay que buscar la separación del financiamiento de la prestación y que éste venga de impuestos generales. Propuso, además, que se establezcan redes plurales de servicio, tanto públicas como privadas, donde los asegurados puedan elegir dónde quieren ser atendidos: el individuo debe tener el empoderamiento vía la adopción de hábitos de vida saludable.

Son muchos los pronunciamientos de Mercedes Juan sobre la conformación de un fondo único –que seduce a Santos Asseo–, empresa en que la acompaña un coro de voces interesadas: Banorte, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Cámara de Comercio Británica, consultora PricewaterhouseCoopers, Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otros.

En ocasión de un seminario organizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mercedes Juan declaró que la secretaría a su cargo contempla la creación de una Procuraduría de la Salud, que sería una instancia de evaluación, de seguimiento, de atención al usuario para que las intervenciones explícitas, insumos y atención que están en el Seguro Popular tengan tiempos acotados, para que los usuarios sepan que tienen derecho a éstos y en qué tiempo. No se trataría, abundó, de una instancia para recibir quejas, pues para ello existe la Comisión de Arbitraje Médico. Y confió en que la nueva figura haga un seguimiento de los derechos de los usuarios y que realmente vigile y evalúe esas garantías ( Reforma, 14/3/13).

El ministro de la SCJN José Ramón Cossío ha señalado que el cambio constitucional que ha hecho de la salud un derecho humano no es un asunto semántico. Conlleva el riesgo de una avalancha de demandas por su no cumplimiento por el Estado (Maltrato a parturientas denuncian ante la CIDH, La Jornada, 28/3/13). Después de la intervención de Mercedes Juan, Cossío precisó que si en la Constitución se tiene ya el derecho a la salud, se debe pensar cómo se debe satisfacer, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, para que nosotros, los juzgadores, lo entendamos y podamos saber qué podemos proteger, hasta dónde o cuáles son las condiciones reales de esa protección ( Milenio Diario, 14/3/13).

¿La procuraduría de Mercedes Juan busca enfrentar este riesgo acotando –o racionando– los derechos de los usuarios a la baja, tal como ya se los raciona en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales del Seguro Popular, que sólo incluye 284 intervenciones explícitas que no atienden aquello que efectivamente enferma y mata a los usuarios?

Como establece la propuesta del nuevo artículo cuarto constitucional en la elaboración de proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el acceso al sistema universal de salud, del CIDE, firmada por Gonzalo Moctezuma: Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Cuando el artículo cuarto vigente señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

¿Ya tomó atentísima nota el ministro Cossío? Porque el posible de Moctezuma ya raciona el derecho que él, como ministro, garantiza proteger. Que no lo sorprendan y juzgue efectivamente sobre las condiciones reales de esa protección.

Para Mercedes Juan el inaceptable cuadro de negligencias que debería ser su prioridad inmediata como titular de Salud merece apenas una comisión. Pero su proyecto de reforma en pro de una salud universal amerita hasta una Procuraduría de la Salud. Aunque ésta, vigilando el cumplimiento de derechos a la baja o posibles, sólo legitime el estado de cosas que generan las negligencias médicas que deberían ser su prioridad.

23.3.14

¿El Estado vs Pemex? (Ronda Cero)

Fluvio Ruiz Alarcón

El conjunto de reglas para la llamada Ronda Cero fueron establecidas en el artículo sexto transitorio de la reforma energética. Dichas reglas son desafortunadas por varias razones que mueven a reflexionar sobre la actitud del Estado para con su operador petrolero.

En primer lugar, porque establecieron un brevísimo plazo para que Pemex seleccionara y justificara las áreas que busca retener en materia exploratoria. El proceso de asignación podría ser concluido en tan sólo nueve meses, cuando en otros países tomó dos o tres años hacerlo. Este lapso no garantiza un proceso ordenado y pausado, con visión de largo plazo. Tampoco una transición sin sobresaltos, de un modelo centrado en un operador exclusivo de la Nación a otro en el que Pemex sería el operador dominante, pero no único del sector. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la que descansa el peso técnico de las asignaciones, difícilmente contará con los recursos para cumplir a cabalidad una operación de gran envergadura y para la cual no fue diseñada. Pemex mismo no habrá terminado de convertirse plenamente en empresa productiva del Estado. El apresuramiento no es justificable, sobre todo a la vista de los riesgos que se enfrentan.

Por otra parte, la reforma deja en manos de la Secretaría de Energía la última palabra sobre las áreas que conservará Petróleos Mexicanos. No se prevé ningún mecanismo, recurso o instancia; que pudiera utilizar o a la cual recurrir Pemex, en caso de inconformidad con la resolución de la Secretaría. Además, no existe un mandato explícito para que en la legislación secundaria se establezcan los objetivos, alcances y limitaciones del proceso de reasignación de áreas. No hay ninguna mención a la metodología que deberá utilizar Pemex para probar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva en sus diferentes asignaciones. Tampoco se aclara cómo será calculado el justo valor económico para efecto de la indemnización que recibiría Pemex por las inversiones ya realizadas en áreas que fueran revertidas al Estado.

En síntesis, se deja a Pemex en estado de indefensión frente a las decisiones de la Secretaría de Energía, cuyo juicio es inapelable. Es normal que la autoridad instruya y el operador ejecute. Sin embargo, al tratarse de una autoridad con funciones políticas, ésta toma sus decisiones en un contexto de posible conflicto de intereses, confrontación ideológica y divergencias en torno al significado del interés nacional; sobre todo si no se han analizado a detalle las implicaciones del desplazamiento de Pemex.

En el plano fiscal, no se trata sólo de abordar la cuestión presupuestal, sino también las condiciones que aseguren la reproductibilidad, continuidad y confiabilidad de los ingresos petroleros, en un marco de responsabilidad social. No hemos conocido aún previsiones alrededor de las implicaciones técnicas, económicas, sociales, ambientales y financieras; de la salida de Pemex de ciertos campos, zonas y regiones petroleras. Existen numerosos acuerdos, convenios y contratos con clientes, suministradores de fondos, proveedores de bienes y servicios; que no se pueden deshacer de la noche a la mañana.

La capacidad crediticia del Estado mexicano y el pago oportuno de la deuda pública pende del hilo del petróleo, el gas natural y los demás hidrocarburos que Pemex produce. El petróleo alimenta a gobiernos estatales y municipales, a programas sociales y de infraestructura. Ha sido muy difícil llegar a los acuerdos y equilibrios que hoy existen entre la Federación, los estados y municipios. A pesar de todo eso, se soslayan las capacidades, habilidades y resultados obtenidos por nuestra paraestatal en los últimos años; al punto de negarle la posibilidad de elegir a sus socios y someterla a un proceso decidido por la autoridad regulatoria.

Quitarle a Pemex las áreas de exploración donde ya disminuyó considerablemente el riesgo geológico, con la finalidad de entregarlas a compañías privadas, sería un error descomunal. Pemex debe seguir explorando y desarrollando, donde ya realizó cuantiosas inversiones en adquisición, tratamiento e interpretación de datos sísmicos, así como en perforación de pozos. Asignar el área a otros operadores sería equivalente a transferir parte de la renta petrolera. Así, por ejemplo, si Pemex ya descubrió petróleo en el área de Perdido, lo correcto es que tenga la oportunidad de desarrollar los yacimientos, ya sea solo o en alianza con socios de su elección. A México no le conviene que Pemex quede constreñido a trabajar en aguas someras y en los yacimientos del sureste. Esa idea de ponerle a Pemex una especie de corralito refleja una clara falta de voluntad para que se desarrolle y fortalezca en el futuro.

Lo que está en juego en la Ronda Cero es de máxima importancia para México, por lo que el resultado debe ser producto de una decisión de Estado y no sólo de gobierno. La legislación secundaria debe acotar la discrecionalidad, diluir los riesgos y brindar certidumbre sobre el apego del proceso al interés nacional. Se deberá explicar, con la mayor claridad y precisión, a la sociedad mexicana las razones que tuvieron los poderes públicos para quitarle ciertas áreas a Pemex y dejarle otras; así como las ventajas y desventajas de la decisión tomada. Es fundamental que impere la sensatez para que la Ronda Cero no sea un proceso cuya única finalidad sea quitarle áreas a Pemex para entregarlas al sector privado.

Más allá de prejuicios ideológicos, políticos, institucionales o hasta personales; el momento reclama la mayor altura de miras posible. Asumamos todos, plenamente, nuestra responsabilidad.

21.3.14

Las cinco fracturas de las autodefensas


MÉXICO, D.F. (apro).- La detención de Hipólito Mora –uno de los líderes de las autodefensas michoacanas– por parte del gobierno federal evidenció algunos de los grandes problemas que enfrentan las guardias comunitarias. De su resolución depende no sólo la victoria de los inconformes, sino su supervivencia y la naturaleza de la futura lucha antinarco. He aquí cinco de los grandes retos que afrontan.
La infiltración
Mora ha aceptado que uno de sus mayores errores fue permitir y fomentar la entrada de extemplarios a las autodefensas. Los “buenos” usaban a los otrora narcos como “carne de cañón” en los combates y para obtener información del cártel. Es el caso de Simón El Americano, cuya pelea con Mora derivó en el encarcelamiento de este último. El caso de El Americano no es un hecho aislado. Sistemáticamente, ciertas facciones de las autodefensas abrieron la puerta a redimidos. Esto significa dos problemas: Los “pentiti” podían ser infiltrados del narco (sea de Los Templarios o de sus rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación), o podían adquirir demasiado poder dentro de las guardias. Esta segunda opción encierra también muchísimos riesgos: los exnarcos podían ejecutar “golpes de Estado” y monopolizar los recursos financieros y armamentísticos, entre otros. No hay que olvidar que las autodefensas han argüido que sus arsenales vienen de los decomisos que hacen a Los Templarios…. Y quienes mejor sabían dónde estaban las bodegas de fusiles eran los arrepentidos.

La situación, pues, es sumamente grave para las autodefensas. De inicio tomaron una mal decisión, que seguirá dando frutos malos. La mayor parte de los comunitarios está interesada genuinamente en recobrar la tranquilidad y repudió esta política de admisión. Eso también genera tensiones entre “la tropa” y los jefes de las guardias. Muy probablemente la fractura sea más grande de lo que parece. Esto puede terminar en una “guerra civil” dentro de una “guerra civil”.
La reorganización
Tras la detención de Mora, el liderazgo (al menos el mediático) vuelve a recaer en el doctor José Mireles, que había dado un paso atrás después de que sufriera un accidente aéreo y tuviera diferendos con otros jefes por difundir posicionamientos no consensuados. En este contexto vuelve a ser la principal figura del levantamiento. Él lo sabe y sus acciones y discursos han ido encaminados a este fin. No es una tarea fácil. Los infiltrados y los cárteles querrán mover ficha e incluso guardias “legítimos” pueden ver la ocasión de hacerse con parcelas de poder, que les permitan allegarse de recursos.

¿Quién decide ahora cómo se regresarán las propiedades arrebatadas al narco?, ¿cómo funcionará la comunicación en la línea de mando? Y otra pregunta que será central: ¿Se respetará el proyecto estratégico perfilado durante la jefatura de Mora o habrá cambios? Y si este es el caso, ¿qué poder tendrá Mireles para instrumentarlo? ¿Cuánto tiempo le tomará?
La ruptura con el gobierno
La detención de Mora también desató un sentimiento de traición entre buena parte de las facciones de comunitarios. Si es cierta la versión oficial (que coincide con la de Mora), el líder pidió ayuda al gobierno ante un inminente ataque de El Americano. La federación envió un helicóptero a sacarlo del sitio, pero después le informó que estaba detenido. Hace apenas unas horas se le dictó el auto de formal prisión. El encono, entonces, no sólo se desató al interior del movimiento, sino contra los ejecutores de la detención: los soldados y el aparato gubernamental. Así, hasta este jueves sumaban al menos tres balaceras entre comunitarios y Ejército. Tres. Es una cifra pasmosa, que no se había dado ni siquiera antes de que el gobierno legalizara a las autodefensas. En redes sociales ya hay comunitarios que detallan la realización de “operativos” para neutralizar las labores militares.

Esta situación significa un grave retroceso institucional e insufla vida a las versiones de que es la administración de Enrique Peña Nieto la que busca desarticular las autodefensas a la brava. Los defensores de esta teoría aseguran que es más fácil tratar con un cártel (con el que se negocia fuera de la ventana pública) que con un conjunto heterogéneo de gente que exigirá cuentas.
Medios, de la complacencia a la diatriba
El conocimiento  de la crisis en Michoacán está fuertemente ideologizado, entre los medios que rápidamente decidieron dar el beneficio de la duda a las autodefensas y se mostraron a favor, como Aristegui noticias, Proceso y El País, y los que –también de inicio– los vieron con resquemor, como Milenio o Excélsior. Si de suyo entender el tema es complicado, esto le ha agregado otro nivel de dificultad. Así, hacer la comunicación política se ha tornado en una tarea doblemente difícil para los comunitarios.
Asegurar el financiamiento
Las autodefensas dicen que ellas mismas generan los recursos para mantener su lucha. Pero es sabido que empresarios michoacanos, tanto en el país como en el extranjero, están financiando la resistencia. ¿Cómo convencer a esos hombres de negocios de que sigan invirtiendo su dinero en el actor ganador? En una lucha que se atomiza –y que por lo tanto complica su triunfo– es dable pensar que habrá quienes decidan retirar sus fichas, lo que desatará un círculo vicioso desde la perspectiva de las guardias: menos dinero lleva a menor poder de fuego, que lleva a menos resultados y a menor financiamiento.

19.3.14

Lo más novedoso del TLCAN: la llegada impetuosa de China

Marcos Chávez 

Los países del TLCAN han sido arrasados por China. Aunque los neoliberales mexicanos decían que el desigual Tratado había permitido que México se integrara a una región exitosa,  para justificar la entrega de la economía del país a Estados Unidos y Canadá, se han quedado sin otra falacia. La balanza comercial entre China y cada país del TLCAN o en bloque es descomunalmente a favor de la primera

Pese al aumento espectacular de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y del aparatoso superávit registrado a favor de México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un proceso agotado. Dos décadas de experiencia han sido más que suficientes para demostrar su inutilidad si se contrastan los resultados obtenidos con el pletórico catálogo de buenos deseos que justificó su firma. Mismos que no se alcanzarán en los siguientes 20 años, como elucubra Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, porque la propuesta del gobierno peñista para tratar de renovar el ajado acuerdo trilateral sólo se limita a un simple ajuste cosmético, el cual mantendría sin cambios el funcionamiento de la actual estructura socioeconómica, comercial, financiera y política, que reproducen la integración asimétrica, subordinada y satelital de México a la región norteamericana que beneficia fundamentalmente a los estadunidenses y sus corporaciones.

Pero incluso para las trasnacionales que soñaron con el “megamercado de las Américas” como una zona de explotación, depredación y acumulación exclusiva, jungla en donde sobrevivirían las más fuertes protegidas por sus gobiernos, a contrapelo del acuerdo y el librecambismo mundial el TLCAN ha sido insatisfactorio para la lógica esperada de los vasos comunicantes de la reproducción ampliada del capital regional y global. A un crecimiento económico trinacional más alto debería corresponderle un aumento de los consumidores voraces incluidos por el neoliberalismo y, por añadidura, mayores ventas (locales, exportaciones e importaciones). No obstante, la convergencia ha sido hacia un menor ritmo de expansión real medio de Canadá (2.7 por ciento), Estados Unidos y México (2.6 por ciento en ambos casos) durante 1994-2013, menor en alrededor de la mitad al registrado durante la posguerra hasta principios de la década de 1970 en los dos primeros países, y en México hasta 1982. Las exportaciones-importaciones en Norteamérica han sido fluctuantes, determinadas por el ciclo económico de los tres países que, a su vez, condicionan las variaciones cíclicas de la pobreza, debido a las crisis, el nivel del empleo, los ingresos reales y la protección pública social, que es más desventajosa en México.

Además, los peñistas tendrán que esperar mejores tiempos para sugerirles nuevamente a sus “socios” norteamericanos e intentar convencerlos de la necesidad de incorporar el tema migratorio al Tratado, del cual ninguno se mostró interesado en tomarlo en cuenta en la reunión de Toluca, Estado de México, ocurrida en febrero pasado; de los tiempos políticos de los otros; del conservador primer ministro canadiense Stephen Harper, cuyo mandato concluye en 2015, por lo que, dentro de poco, se encontrará ocupado en otros menesteres domésticos más importantes; y de quien sustituya a Barack Obama en la presidencia imperial. Difícilmente éste volverá a proponer su discusión en el Congreso estadunidense, en virtud de los reveses sufridos, en el pasado reciente, al escaso interés de los legisladores por volver a negociarlo y la importancia migratoria en sus intereses de seguridad nacional.

La Cumbre de Líderes de Norteamérica en Toluca fue una especie de remedo de Alejandro Dumas. Veinte años después, D’Artagnan-Peña Nieto reunió a los sustitutos de Los tres mosqueteros del TLCAN y, al final de la comedia, éstos se separaron definitivamente. Nunca más volverán a reunirse para considerar el fastidioso tema de los migrantes.

La posteridad definirá el rumbo. Es decir, los caprichos de la Casa Blanca, alrededor de la cual gira absolutamente el satélite mexicano y, en menor medida, el canadiense. O el eventual triunfo de un candidato presidencial progresista en México en 2018, el cual esté dispuesto a replantear unilateralmente los términos del TLCAN o a terminar con el mismo. Aunque estas opciones son remotas, debido a que los líderes conocidos son modestos en la materia: como al neoliberalismo, sólo aspiran a limarle los colmillos. Ninguno de ellos comparte una visión política del desarrollo similar a la del extinto Hugo Chávez (Venezuela), o la de Cristina Fernández (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) o Evo Morales (Bolivia).

En realidad, lo interesante no es el aumento en el intercambio trilateral con el TLCAN, ni la mayor subordinación y dependencia de México de Estados Unidos, ni el desmantelamiento del aparato productivo, ni la especialización tradicional neocolonial, ni la pobreza y miseria generalizada; ésas y otras secuelas ya habían sido advertidas por analistas serios, con fundamentos rigurosos.

Era naturalmente esperado el aumento de los flujos comerciales y financieros, merced a la eliminación de los aranceles, las barreras a la inversión extranjera directa o al movimiento de capitales por el trato de nación más favorecida otorgado, entre otros aspectos.

A nadie debe sorprender, por tanto, que las exportaciones de México hacia Estados Unidos pasaran de 43 mil millones de dólares en 1993 a 300 mil millones en 2013; y a Canadá, de 2 mil millones a 11 mil millones. Es decir aumentaron 600 por ciento y 569 por ciento, en cada caso, ambas a una tasa media anual de 10 por ciento. Las importaciones mexicanas de esos países subieron de 45 mil millones de dólares a 187 mil millones, y de 1 mil millones a 10 mil millones, lo que representa un aumento de 313 y 738 por ciento, a un ritmo anual de 7 y 11 por ciento de manera respectiva.

Lo llamativo serían los balances comerciales favorables a México en los años citados. Se esperaba que fueran crecientemente negativos, debido a las diferencias productivas, competitivas o tecnológicas entre un país subdesarrollado, que ahora se codea con los más pobres del mundo, y dos desarrollados, cuyas glorias se marchitan. Pero resulta que el déficit por 2.4 mil millones de dólares con Estados Unidos se convirtió en un superávit por 101 mil millones en los años citados; y con Canadá, el saldo positivo se amplió de 388 millones a 602 millones. En apariencia, el traspatio le gana al patio. Lo curioso es que la situación no sorprenda ni inquiete a los vecinos norteños. Y no porque sean buenos perdedores.

La indiferencia con que miran el asunto se explica por otras razones oscurecidas por el supuesto “éxito” mexicano. El déficit mercantil de Estados Unidos y Canadá se explica en parte por el comercio intrafirmas, de las inversiones que realizan empresas de sus propios países en México, dentro del proceso de descentralización regional de la producción, con el objeto de aprovechar la dotación de insumos y mano de obra barata o la ubicación geográfica, para beneficiarse fiscalmente y recibir subsidios y otras prebendas. El comercio intrafirmas es asiento contable de compra-venta de un país a otro entre matrices extranjeras con sus filiales ensambladoras mexicanas para beneficiarse de los costos cruzados, para abatirlos o manipularlos, al igual que los precios finales, y cuyos productos serán vendidos ventajosamente en el país anfitrión y en los de origen, según los beneficios obtenidos por el TLCAN, o en otras latitudes, bajo la fantasía de que son, en este caso, “mexicanos” y así poder evadir, en el caso de que existan, las llamadas reglas de origen –disposiciones que exigen que una mercancía tenga una “transformación sustancial” para ser calificada como “mercadería originaria” de un país, denominado “país de origen”–. El desequilibrio también se debe a la importación de productos naturales y de escaso valor agregado necesarios, que asimismo son controladas por las trasnacionales (los minerales extraídos por empresas canadienses, por ejemplo).

De cualquier manera, el control estadunidense de México y Canadá es reforzado por lo que Giovanni Arrighi llamó la dominación hegemónica monetaria y financiera (Arrighi, El largo siglo XX). Estados Unidos es el principal promotor y usufructuario de la “globalización” y la financiarización de la acumulación de capital.

Trabajo esclavo: casi gratuito

La desigualdad regional salarial ilustra la importancia de la descentralización de la producción y su expresión desequilibrada en los saldos comerciales. De acuerdo con el Departamento del Trabajo estadunidense, entre 1992 y 2013 el salario mínimo real por día de su país pasó de 22.25 dólares a 24.72, aumentando 3.48 por ciento. En México pasó de 2.76 dólares a 2.09, cayendo en 24 por ciento. En 1992, el salario mínimo de México equivalía al 12 por ciento del estadunidense. En 2013, al 8 por ciento (ver gráfica 1).
Según algunos cálculos basados en datos del Departamento del Trabajo, la remuneración directa real pagada por hora en la industria manufacturera estadunidense pasó de 11.14 dólares en 1996 a 11.58 en 2012. En Canadá, de 9.88 dólares a 12.49. En México, de 1.25 dólares a 1.89; es decir, aumentó 52 por ciento una vez descontada la inflación. El dato contrasta contra el alza del 4 por ciento en Estados Unidos y del 26 por ciento en Canadá. Pero el aumento mexicano es pírrico, una remuneración de hambre si se considera que en 1996 equivalía al 11 por ciento de la estadunidense y al 13 por ciento de la canadiense. En 2013 equivalía al 16 por ciento y 15 por ciento, respectivamente (ver gráfica 2). Es la remuneración de la miseria. El Departamento del Trabajo enlista esa clase de pagos en 34 países. Los más altos en 2012 correspondían a Noruega, Suiza y Dinamarca: 22.51, 21.18 y 18.96 dólares reales. Los peores, a Filipinas, México y Hungría, con 0.83, 1.92 y 2.96 dólares reales. Esos pagos son estimulantes para quien quiera elevar la productividad y competitividad a costa de la miseria asalariada (ver cuadro 1). ¿A quién le dan trabajadores casi esclavos y con salarios indigentes que llore?
La destrucción de las prestaciones sociales y la estabilidad en el empleo, digno o indigno, asociada a la contrarreforma laboral neoliberal peñista, agregan otro bocadillo irresistible al menú de los inversionistas: el moderno esclavo asalariado.

Los inversionistas sólo tendrán que lidiar con la molesta delincuencia y el rencor social, e invertir más en su seguridad personal, porque la inseguridad es cada vez más impetuosa en la jungla mexicana. Algún precio tendrá que pagarse por la reducción de los costos de producción y el aumento de la productividad y competitividad a través de la salvaje sobreexplotación asalariada.

El comercio exterior mexicano refleja su alto grado de dependencia de Estados Unidos, la limitada diversificación de los productos de exportación y la importancia ganada por los bienes de escaso valor agregado. En 2013, el 79 por ciento de las exportaciones se destinaron a Estados Unidos y la mitad de las importaciones provinieron de ese mercado.

El bruñido superávit comercial con Estados Unidos y el discreto con Canadá pierden su lustre hasta tornar renegrido el balance con el resto del mundo, cada vez más irrelevante.

Con América Latina, México pasó de un déficit por 83 millones de dólares en 1993 a un superávit por casi 11 mil millones. Pero con Europa el saldo negativo se potenció de 6 mil millones de dólares a 23 mil millones. Con Asia, el déficit es sobrecogedor: aumentó exponencialmente de 6 mil millones a 93 mil millones de dólares. Curiosamente, equivale al 92 por ciento del superávit obtenido con los socios del TLCAN. África y Oceanía prácticamente no existen en el radar mexicano (ver gráfica 3).

La bisutería como negocio


¿Qué vende México a Estados Unidos y al mundo global? Cosas de poco monto. Nada para vanagloriarse y simular que México es una potencia exportadora. Al contrario, esos bienes confirman a una nación primario-exportadora, vendedora de manufacturas ensambladas y de escaso valor agregado.

Recientemente, la Secretaría de Economía informó que 50 productos aportaron el 54 por ciento del valor de las exportaciones en 2012; siete, el 41 por ciento. El petróleo crudo y la trasnacional industria automotriz contribuyen con el 28 por ciento (12.4 por ciento y 14.8 por ciento). La participación de dicha industria es ligeramente mayor, pues sólo se consideran los bienes que participan con más del 1 por ciento. Los otros cinco participan con el 1 por ciento y el 4.4 por ciento: televisores de pantalla plana, máquinas de cómputo y sus unidades; oro –incluido el platinado y en polvo– para uso no monetario, lingotes de oro y demás formas en bruto, asientos, incluso los transformables en cama y perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas, metales y chapados de metales preciosos (ver cuadro 2). Entre los 50 destacan máquinas, aparatos eléctricos, electrónicos y sus partes, combustóleo, cerveza de malta, legumbres, hortalizas, instrumentos y aparatos de óptica, para recepción, conversación, transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y enrutamiento, prendas de vestir, jeringas, catéteres y otros instrumentos similares, manufacturas y materias plásticas.

El total de las exportaciones reproduce la indigencia anterior. En 1980, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe registró que 10 productos aportaban el 80 por ciento. El petróleo y sus derivados contribuían con el 67 por ciento. El resto eran partes para vehículos, crustáceos y moluscos, café, algodón, frutas y legumbres, plata, cobre y otros minerales.

En 2012, gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Norte y las reformas neoliberales, 10 bienes participaban con el 48 por ciento. La industria automotriz (17 por ciento) y el petróleo y sus derivados (13 por ciento), con el 30 por ciento; máquinas de estadística que calculan con base en tarjetas perforadas o cintas y aparatos receptores de televisión, con 5 por ciento cada uno. El resto eran hilos y cables con aislante, motores de combustión interna –excepto para aeronaves–, oro (platinado) no monetario, en bruto semilabrado o en polvo y mecanismos eléctricos para la conexión, corte o protección de circuitos eléctricos, como conmutadores (ver cuadro 2).

Tierra baldía y las vacas flacas

Hace poco un azorado apologista del TLCAN y las reformas neoliberales casi se cae de la silla. Se suponía que las empresas deberían crecer como los hongos después de la lluvia; pero resulta que es época de vacas flacas. Perplejo, el secretario Ildefonso Guajardo dijo: “Aunque parezca sorprendente, casi el 50 por ciento de nuestras exportaciones las realizan sólo 44 grandes empresas; todavía, si vamos a una cifra más drástica, son 15 empresas multinacionales las responsables del 17 por ciento de las exportaciones”.

El Perfil de las empresas manufactureras de exportación, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en diciembre de 2013, fue cruelmente lapidario. En 2012 se contabilizaron 7 mil 13 empresas con operaciones de comercio exterior, 354 menos que en 2009. De ellas, 468 son exportadoras (7 por ciento), 1 mil 67 son importadoras y 5 mil 478 son mixtas. El 68 por ciento del total de las unidades representan a pequeñas y medianas compañías, y aportan el 9 por ciento del valor del comercio exterior manufacturero; el 15 por ciento son unidades grandes y el 17 por ciento son macro empresas. Cada una contribuye con el 9 por ciento y 82 por ciento del valor citado. El valor de las importaciones y exportaciones, de 428 mil millones dólares. Las empresas pequeñas, medianas y grandes arrojaron un déficit comercial global por 9 mil millones de dólares. Las macro empresas, en cambio, presentaron un superávit por 26 mil millones de dólares.

El valor total de las exportaciones asciende a 216 mil millones de dólares; el 87 por ciento (187 mil millones) corresponde a las macro empresas; el 9.3 por ciento (20 mil millones) a las grandes; el resto, a la chiquillería. Las macro empresas destinan la mitad de su producción hacia afuera; las otras, entre el 41 y el 42 por ciento. Cien empresas concentran el 50 por ciento de las exportaciones, encabezadas por Petróleos Mexicanos, Cementos Mexicanos, Fomento Económico Mexicano, Grupo Alfa y Volkswagen (en el cuadro 3 pueden verse las más importantes); 500 cubren el 72 por ciento; 1 mil, el 81 por ciento. Las macro empresas realizan el 80 por ciento de exportaciones en Estados Unidos; las grandes, el 76 por ciento; las medianas, el 74 por ciento, y las pequeñas, el 77 por ciento. Las empresas exportadoras más importantes no requieren mayores comentarios.

La novedad del peligro amarillo

Lo más novedoso del TLCAN, sin embargo, no se debe a los fantasiosos resultados exaltados por los apologistas. Se encuentra en la irrupción de un actor inesperado: China, que emerge impetuosamente en la economía mundial y, como marea incontenible, arrasa los mercados capitalistas con una lógica que cuestiona todos los fundamentos del librecambismo neoliberal (de la mano del Estado y con las regulaciones necesarias). Entre 1980 y 2013 ha crecido a una tasa media real anual de 9.9 por ciento. En la era del TLCAN su ritmo fue de 9.8 por ciento, casi cuatro veces más que el de los socios trinacionales.

De ser un irrelevante exportador en 1948 (apenas participaba con el 0.9 por ciento del total mundial, tasa similar a la de México), con el tiempo China desplazó, una a una, a las potencias del denominado Grupo de los Siete. En 2011, le arrebató a Estados Unidos el primer lugar. En 2013, el valor de sus exportaciones sumó casi 1.4 billones de dólares contra 1.3 billones de Estados Unidos. Sus reservas internacionales ascienden a 3.8 billones de dólares y tiene inversiones en bonos estadunidenses por 1.3 billones.

El país asiático ha desplazado a Canadá y México en el mercado de Estados Unidos. En 2013, las importaciones de China llegaron a 445 mil millones de dólares, de Canadá a 326 mil millones y de México a 280 mil millones, equivalentes al 19 por ciento, 14 por ciento y 12 por ciento del total. Esa situación expresa un fenómeno: la pérdida de la guerra de la productividad y competitividad.

Dice el Banco Interamericano de Desarrollo que entre 1960 y 2005 la productividad de China se incrementó en 219 por ciento con respecto de la registrada en Estados Unidos, en tanto que Corea lo hizo en 40 por ciento. Para México, el resultado fue un retroceso de 31 por ciento, similar a lo observado en países como Argelia, Uganda, Kenia y Argentina. La competitividad de Canadá cayó 5.7 por ciento. De una lista de 75 países, México ocupa el lugar 60. En el apartado correspondiente de 42 perdedores, se ubica en el sitio 27 (ver gráfica 4).
Por desgracia, México también pierde la guerra en su propio gallinero. Las exportaciones nacionales a China pasaron de 4.5 millones de dólares en 1993 a 6.5 mil millones en 2013. Las importaciones, de 386 millones a 61 mil millones. Como es lógico suponer, ese intercambio desigual eleva el saldo negativo para México de 242 millones a 50 mil millones, el peor para un país, y equivalente a casi la mitad del superávit con Estados Unidos y del déficit con Asia (ver gráfica 5).
La oferta de bienes en el mercado mexicano es pacientemente asaltada por los productos chinos. O si se prefiere, de trasnacionales disfrazadas de ojos rasgados.

Hasta el lugar del tradicional chile mexicano es ocupado por el chino.

Y eso mancilla el orgullo desnacionalizado.

Si las importaciones de América del Norte ayudaron a los neoliberales a arrasar la producción nacional, las chinas le aplican los santos oleos.

18.3.14

La universidad ensimismada

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los conflictos que han conducido a la paralización de actividades académicas en las universidades de Sonora, Zacatecas y Querétaro, más los movimientos que cimbran las estructuras de gobernabilidad en la UNAM y en otras instituciones de Oaxaca, Michoacán, Sinaloa y Coahuila, por mencionar algunas, son sólo atisbos de una crisis mucho más profunda en la que se encuentran sumidas las universidades públicas del país.

Se ha detectado en ellas polarización y sectarismo de grupos estudiantiles, enredados como están en algunas de sus incalificables subculturas (como se vive ahora en la UNAM); orientación individualista y sumisa de la mayoría de los docentes e investigadores, concentrados en mantener su puntaje y su estabilidad en cuerpos académicos o en el Sistema Nacional de Investigadores, y una lógica de reciclaje “internalista” de funcionarios para garantizar sus zonas de confort. Como colectivos, en general, dejan de lado su compromiso social ante la violencia criminal que nos azota, y voltean hacia la nada para no hacerse responsables de buscar una mínima solución ante la de­sesperación y el desasosiego de millones de jóvenes que sucumben a su alrededor en busca de estudio o trabajo.

Aún más, la universidad, aunque se le ha demandado su opinión, sigue sin pronunciase en torno al modelo de educación que se requiere en el país, al conflicto magisterial en crecimiento y radicalización, y a las políticas que, equivocadamente, han pretendido hacer creer que nos encontramos al inicio de una reforma educativa que “transformará al país”.

Mientras la nación se desgarra desde sus cimientos, la universidad mexicana está como ausente. Sumida en su catástrofe, se mantiene en una suerte de autismo institucional, alejándose de la esencia de la autonomía universitaria que se expresaba, en algún tiempo, como una legítima inteligencia colectiva y un faro que hacía valer la verdad y la libertad del pensamiento.

Esta es la consecuencia de haber dejado imponer una política sistemática de modelo diferenciado, a través del cual la universidad pública tuvo que mantenerse enfrentando constantes conflictos derivados de sus cargas impositivas y déficits financieros, sin un presupuesto de tipo multianual (tantas veces requerido), con una planta académica en proceso de envejecimiento alejada de un retiro digno, y con estudiantes que ven en su futuro profesional un escenario de desempleo o de precariedad laboral. Las privilegiadas del nuevo modelo fueron y son otras.

Con los gobiernos del PAN y ahora del PRI las escuelas privadas son las que han gozado de suculentas prebendas para seguir siendo un próspero negocio, y se sienten muy a gusto con los términos con los que la política pública las cobija, legitima y asume: currícula organizada en competencias; becas que se otorgan a pequeños núcleos de personas que procuren ser “líderes y emprendedores”; aplicación de evaluaciones estándar y rankings; resultados de exámenes que privilegian su “adecuada infraestructura”; becas “tipo voucher”; recursos extraordinarios para el desarrollo de posgrados y proyectos de investigación de beneficio a empresas. Ahora las “patito” son las públicas.

En un estudio promovido por la UNAM (2012) se indica que, tomando en cuenta los dos últimos sexenios, con todo y que hubo un notable aumento en la matrícula, las universidades públicas tuvieron que enfrentar apremios financieros asociados a inequidades en la asignación del subsidio federal y estatal por alumno, además de pasivos financieros acumulados producto de la rigidez de los esquemas de pensiones y jubilaciones, al igual que de procesos de lenta renovación de la planta académica. Asimismo, la investigación establece que las universidades públicas trabajan sumidas en la incertidumbre, en la disputa anual para lograr obtener alguna redistribución presupuestal, siempre demandando aumentos extraordinarios o compensatorios, o exigiendo lo que se les había prometido.

En general, las instituciones de educación superior que dependen del gasto público federal tendrán, para 2014, un decremento financiero, con excepción del IPN, la UNAM y la UAM. Las restantes deberán seguir apretándose el cinturón, como las que ya están en huelga, porque dependerán de las partidas de recursos extraordinarios que se vayan proyectando durante el año.

Ya veremos qué pasa después del primer semestre de 2014, cuando la inflación y la recesión empiecen a hacerse sentir en el egreso de las partidas del gasto público. Por lo pronto, en algunas universidades del país están extendiéndose los infiernos. Ya veremos, cuando se incendie la pradera, quién será el jefe de los bomberos.

17.3.14

Sobre mitos, crimen y política II

Carlos Fazio

La madrugada del sábado 22 de febrero fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el traficante por el que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) había ofrecido 5 millones de dólares y que en 2009 fue colocado por la revista Forbes en la lista de los millonarios más grandes del mundo. El golpe, de indudable impacto mediático y que debía transformarse en una victoria política para el régimen de Enrique Peña Nieto, chocó con el escepticismo y la incredulidad de parte de la población, y a ello abonaron las contradictorias narrativas de Estados Unidos y México sobre el suceso.

No está de más recordar el papel de las agencias de seguridad estadunidenses en la fabricación del mito Chapo Guzmán, señalado profusamente como cabeza de una multimillonaria trasnacional del crimen con ramificaciones en 54 países. En su última fase, la leyenda negra comenzó a agigantarse el 11 de marzo de 2009, cuando Guzmán, uno de los delincuentes más buscados de México (según rezaba la propaganda oficial), apareció en el selecto club de los nueve mexicanos que, según Forbes, acumulaban una riqueza colectiva de 55 mil millones de dólares. Para la publicación, Guzmán Loera (1954), originario del poblado de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, no era un heredero, sino un self made man, es decir, alguien que hizo fortuna con su propio esfuerzo. Su ramo: industrial del transporte de drogas ilícitas.

Su riqueza fue calculada entonces en mil millones de dólares, debajo de Carlos Slim, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango, Germán Larrea y Roberto Hernández, y a la par de Emilio Azcárraga Jean y Alfredo Harp Helú, y ocupó el escalón número 701 del catálogo de los más ricos entre los ricos. “¿Qué pretende Forbes? ¿Convertir a un criminal en modelo a seguir para millones de desesperados, o dar sustento a quienes quisieran ver a los marines en la guerra antinarco?”, cuestionaba con anticipada lucidez la Rayuela de La Jornada del día siguiente.

Más allá del complot y la campaña de desprestigio contra su gobierno, esgrimidos entonces por Felipe Calderón, y los señalamientos de su procurador Eduardo Medina Mora (actual embajador en Washington), de que Forbes hacía la apología del delito, la carga simbólica de incluir al ícono de la criminalidad organizada enviaba el mensaje implícito de que el crimen sí paga; que el poder económico se concentra por la vía legal o ilegal, y en cualquier caso, si se logra, se tiene un lugar asegurado en la lista creada por Bertie Charles Forbes en 1917.

Ya entonces, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. La mitología sobre Guzmán sería abonada por enésima vez el 10 de enero de 2012, cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, identificó al jefe del cártel de Sinaloa como el narcotraficante más poderoso del mundo. Cinco días después, la directora de la DEA, Michele Leonhart, declaró en Washington que su dependencia estaba enfocada en su captura: “Nuestras operaciones y nuestra inteligencia, tanto de la DEA como de otras agencias (…) están todas preocupadas por esto. Es blanco de nuestras operaciones e investigaciones”. La funcionaria dijo que los operativos encubiertos de sus agentes consistían en infiltrar y rastrear el tráfico de drogas y el lavado de dinero en territorio mexicano.

El 27 de febrero de 2012, una pifia en la traducción de la Secretaría de Gobernación atribuyó a la responsable de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, la cacería y condena a muerte del Chapo: Nos tomó 10 años atrapar a Osama Bin Laden y lo encontramos; ustedes saben qué pasó después. Y creo que lo mismo va a pasar con Guzmán. Corregida la primera versión estenográfica de los burócratas de Gobernación, que ubicó a la Napolitano como presunta promotora explícita de incursiones asesinas contra el millonario de Badiraguato, quedó claro que, más allá de la intención del gobierno calderonista de fabricar la percepción de que enfrentaba un peligro tan grande como el terrorismo, Washington había colocado mediáticamente al Chapo como sucesor de Bin Laden y, como en Pakistán, sus comandos especiales buscarían la oportunidad de realizar una operación quirúrgica expedita.

El 13 de marzo siguiente, el titular de primera plana de La Jornada destacaba: “En Los Cabos, El Chapo se le volvió a escurrir a la PF”. Citando a José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), un despacho de Ap consignaba que la Policía Federal había estado cerca de capturar a Guzmán Loera en una mansión de Los Cabos, Baja California Sur, tres semanas antes, cuando ocurría una cumbre ministerial del G-20 a la que asistió la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

La nota citaba datos de un cable diplomático estadunidense difundido por Wikileaks, que atribuía al secretario de Defensa mexicano, general Guillermo Galván, haber dicho que Guzmán se desplaza frecuentemente entre 10 y 15 sitios para evitar ser arrestado y que tiene un equipo de seguridad hasta de 300 hombres. Agregaba que el “séquito de escoltas y equipo de vigilancia (…) normalmente incluye helicópteros”.

Difundida por Ap, agencia que históricamente se ha prestado a las acciones encubiertas de Washington, la acción fallida parecía destinada a preparar el terreno para una inminente captura del Chapo. En agosto de 2012, fuentes militares de Estados Unidos y México confirmaron a Proceso la existencia de un plan del Pentágono para atrapar o ejecutar a Guzmán, prácticamente copiado del que llevó al asesinato de Bin Laden en Pakistán. El operativo se efectuaría exclusivamente por miembros de la Marina estadunidense; aceptado por Calderón, pero rechazado por las fuerzas armadas, el plan sería propuesto al próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto…