Las mentiras petroleras del gobierno

 Marcos Chávez *

Las protestas masivas contra la privatización del petróleo tienen sustento: Pemex no es poco rentable, sino que lo han quebrado en forma deliberada. El saqueo fiscal de la renta petrolera ha derivado en su endeudamiento, al tiempo que se le exige a la paraestatal la máxima producción de hidrocarburos y  se castiga el resto de la cadena productiva, para cederla al empresariado

Después de padecer durante 30 años un sistemático deterioro en su funcionamiento y en su importancia estratégica dentro del desarrollo de México, son de sobra conocidas las razones que mantienen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una situación crítica, así como las medidas que tienen que aplicarse para superarla. Fingir desconocerlas y proponer la intensificación de la misma terapia causante del desastre para supuestamente tratar de superarlo no es más que una postura burda, un grosero insulto a la inteligencia de las mayorías.

A nadie debe sorprender la respuesta violenta de ellas ante las reiteradas e insultantes provocaciones montadas por las elites dominantes, obsesionadas por tensar los conflictos sociales y llevarlos hasta un punto sin retorno. Sus medidas arbitrarias, unilaterales, son las responsables de los eventuales días turbulentos. Salvo en los casos de la derecha que babea rabiosamente por sus fauces para exigir la represión abierta, los intelectuales orgánicos y los gacetilleros a sueldo del sistema, que destilan sus amargas sustancias viscerales en contra de la oposición, no existen argumentos razonables para descalificar a los descontentos que protagonizaron los enfrentamientos con los aparatos represivos del Estado al iniciarse el mes de septiembre.

¿De qué otra manera esperaban que reaccionaran los que se manifestaban ante el estado de sitio impuesto en la capital, que pensaban mostrar pacíficamente su rechazo a la reforma energética, al carnavalesco ritual del besamanos presidencial, su malestar a un gobierno que llega a su primer informe huérfano de democracia y reprobado en materia económica y social? ¿Ante los militares disfrazados de policías que fueron soltados como una jauría que les mostraban sus filosos colmillos para inhibir su derecho a disentir y que desde el principio empezaron a agredir y detener a opositores? ¿Ante la ausencia de canales institucionales que atiendan las demandas sociales y desalienten los movimientos extremistas? ¿Ante el empleo de los drones que como buitres resguardaban el edificio de San Lázaro, junto con la manada uniformada y las vallas de 3 metros de altura que vedaban el acceso a la “casa del pueblo” al mismo pueblo, medida que recuerda al congreso disuelto por Victoriano Huerta, mientras sus comisionistas “representantes” prianistas, los “vendidos” –Dolores Padierna dixit– Chuchos-perredistas y demás –los “pithecanthropus erectus”, “la aristocracia pulquera” como la calificó Ricardo Monreal–, en la casa sin pueblo, rememoraban el alemán Decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel-Erlass), al asestar la puñalada peñista a los maestros, con la Ley General al Servicio Profesional Docente aprobada en el sínodo nocturno, con el filo de la media noche?

Con o sin los provocadores infiltrados del Estado, el día de furia fue justificado. La cólera es legítima ante un régimen ilegítimo y autoritario, antisocial en su desacreditado proyecto oligárquico y transnacional, el cual sólo acepta la sumisión y la represión como método de domesticación. No es desdeñable el valor de quienes han perdido el miedo paralizante y decidido poner los ideales y el cuerpo por delante, aun con el riesgo de perder la libertad o incluso la vida; de quienes empiezan a decir: “ni a irse ni a quedarse, a resistir”, como diría el poeta Juan Gelman, creador de La Rosa Blindada; de los “esperanzados sin remedio”; los del “destino furioso” que, en una época donde las expectativas de cambio han retrocedido a las zonas pantanosas, gritan: “obligaremos al futuro/ a volver otra vez”. Pero tampoco hay que olvidar que las acciones aisladas son apenas un atisbo, pálidos ensayos que suelen perderse en la intrascendencia mientras los movimientos sociales no se organicen en la defensa de los intereses y los recursos de la nación, alrededor de un proyecto alternativo al capitalismo neoliberal. La fiesta de la utopía libertaria tiene que ser colectiva, en contra de las elites dominantes que sólo dejan a los vendavales sociales como la única salida para limpiar el ambiente enrarecido provocado por la descomposición del sistema.

La asociación rentable o cómo Enrique Peña Nieto aparece en la escena como una ridícula marioneta bailando al ritmo de las cuerdas movidas por las corporaciones

Difícilmente alguien puede estar en contra de la reestructuración petrolera y eléctrica, pese a la ambigüedad del concepto. Pero ipso facto surge el desacuerdo hasta la confrontación debido al sentido nada confuso de la pretendida por Peña. ¿Por qué? Primero porque la “modernización” peñista descansa en las mismas políticas causantes del desastre, las cuales fueron instrumentados por los gobiernos priístas y panistas precedentes y con quienes comparte el mismo credo neoliberal, bajo las directrices impuestas del Consenso de Washington. Después, porque su contribución radica en la mayor extranjerización energética.

Las causas del declive petrolero son obvias:

1) El saqueo fiscal de la renta petrolera. Después del pago de impuestos las ganancias de Pemex se convierten en pérdidas. Ello explica sus limitaciones financieras para cubrir sus programas de inversión en exploración de nuevos yacimientos, la producción de hidrocarburos y gas natural, de productos petrolíferos (gas licuado, gasolinas, querosenos, diesel, combustóleo) y petroquímicos (amoniaco, etileno, etcétera), en infraestructura o tecnología, y la necesidad de endeudarse para compensar los recursos arrebatados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2) Lo anterior se explica, a su vez, por la política tributaria regresiva. Con dicho saqueo el Estado compensa la debilidad estructural de sus ingresos, una de las peores del mundo, provocada por el sesgo neoliberal de la recaudación de los impuestos directos a los indirectos, el estancamiento económico crónico, los escasos empleos formales o la indolencia de la Secretaría de Hacienda en la recaudación; de la baja en la tasa de impuestos marginales a la renta a las empresas y los sectores de altos ingresos, agravada por las deducciones y la evasión en sus pagos, la existencia de regímenes especiales de tributación, las exenciones a las inversiones financieras y los subsidios a la inversión, deterioro apenas compensado con el alza de los gravámenes al consumo (IVA, gasolinas, cigarros, etcétera).

3) La política de los gobiernos neoliberales para desmantelar y reprivatizar la industria petrolera: que concentra la actividad de Pemex en la máxima producción irracional de hidrocarburos y castiga el resto de la cadena productiva para cederla al empresariado.

4) La conversión de la empresa en una de las más infames fuentes de corrupción de los funcionarios públicos, a través del tráfico de influencias o el contratismo, entre otras formas, fenómeno que no es más que expresión de otro problema grave: la impunidad que carcome a Pemex, al Estado, al sistema, ante la ausencia del estado de derecho.

La información disponible de Pemex y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es irrecusable. En las gráficas 1 y 2 se observan dos fases claramente contrastantes entre los ingresos de Pemex, sus impuestos pagados y los recursos destinados a la inversión física de la empresa. La primera corresponde al periodo 1938-1982, es decir, época del “nacionalismo-revolucionario”, con su etapa cardenista y “populista”, odiada y considerada como una entelequia por los “modernos globalizados” neoliberales, incluyendo, desde luego, a los peñistas, a los que pertenece la segunda (1983-2018).

En la primera, los impuestos federales pagados equivalieron al 19 por ciento, en promedio, de los ingresos de Pemex (actualmente considerados como los beneficios obtenidos por las ventas en el mercado interno y exterior y por servicios), aunque comenzaron a elevarse en la segunda mitad de la década de 1970. Aquel año representaron el 12 por ciento; en 1975 al 20 por ciento; y en 1980 hasta el 50 por ciento. La inversión media equivalió a 30 por ciento de los ingresos, y con relación a los impuestos llegó a superarlos hasta en 65 por ciento. El mejor lapso de inversión de Pemex fue entre 1940 y 1979 cuando, en promedio, llegó a más que duplicar el pago de impuestos.

Sin embargo, la situación anterior dio un giro radical con el ascenso de los “modernizadores”, tan “preocupados” por el presente y el futuro de Pemex. La proporción de los impuestos ante los ingresos se multiplica por tres: la media pasa a 55 por ciento. Ello exige reajustes en los gastos de la paraestatal. Y la inversión es la sacrificada. Su media respecto de los ingresos baja a 11 por ciento y el peor castigo corresponde a los gobiernos panista, en la que equivale a 3 por ciento (2001-2008). La relación inversión-impuestos se desploma 30 por cierto.

En 2009-2012 la inversión muestra una mejoría importante. Pero ello se debe a una circunstancia: la participación privada, el contratismo y sus jugosas y corruptas ganancias compartidas entre funcionarios y los empresarios. Primero fueron los Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto) en exploración, producción, refinación, gas, petroquímica básica, en donde se pudo, hasta 2008, cuando se prohibieron. Sin embargo, la “creatividad” depredadora ha sido exuberante: contratos de arrendamiento, de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones, tal y como la periodista Nancy Flores ha documentado en su trabajo Con Calderón, privatización total de Pemex (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/03/13/con-calderon-privatizacion-total-de-pemex/).

Ahora Enrique Peña quiere contratos de riesgo compartido

Otra perspectiva ofrece un mejor panorama de lo que ha sido en saqueo descarado e impune de la renta petrolera, la destrucción de la industria y su desmantelamiento. Esto puede verse en la gráfica tres. Si se elimina la inflación, los ingresos acumulados de Pemex entre 1983 y 2012 ascendieron a 22.7 billones de pesos reales de 2010. Después de cubrirse los gastos, obtuvo un rendimiento antes del pago de impuestos por 12.3 billones. En ese lapso pagó 12.7 billones por concepto de gravámenes. Como buen causante cautivo y responsable, Pemex cuadró sus hojas de balance con una pérdida acumulada por 479 mil millones. En promedio, el pago de impuestos superó en 2 por ciento todos sus rendimientos. Entre 1998 y 2012, sólo en 2 años, por puro accidente, arrojó una ganancia. Esos años fueron los de voracidad extrema: los impuestos superaron hasta en 10 por ciento sus beneficios. El primer semestre de Peña no se diferenció en nada a esa rapiña de la renta.

Las dos épocas señaladas ofrecen sus contrastes. Mientras que en el odiado “nacionalismo-revolucionario” la economía creció a una tasa media real anual de poco más de 6 por ciento, con una cierta mejoría en el bienestar social, la “modernizadora” con sus abundantes capitales foráneos, apenas lo hizo en 2 por ciento, con una caudalosa estela de miseria y pobreza generalizada: 80 millones os contemplan.

Una de las diferencias fundamentales es que mientras los recursos petroleros contribuyeron a un desarrollo basado en el mercado interno, la otra contribuyó a un estancamiento crónico apoyado en el mercado externo.

Los primeros revolucionarios, dice Lorenzo Meyer, tuvieron la virtud de considerar a la reforma petrolera como una piedra de toque para un desarrollo que pretendía la autonomía y una mayor independencia frente a Estados Unidos y el exterior. Ello lo reafirmó Lázaro Cárdenas. Por eso salvaguardaron los hidrocarburos constitucionalmente. Sus herederos contrarrevolucionarios consideran lo anterior para el proyecto que impulsan, sustentado en la integración y la subordinación mundial, donde los efectos multiplicadores se trasladan hacia afuera, junto con los capitales.

Su odio hacia el cardenismo no impidió que oportunistamente Peña Nieto exhumara la zalea histórica de Lázaro Cárdenas para colocársela encima y tratar de engañar a las mayorías, para tratar de convencerlas, por medio de mentiras, para que apoyen su proyecto reprivatizador y desnacionalizador.

De los factores responsables de la crítica situación de Pemex, no pretende cambiarlos. Sólo busca darles algunos retoques cosméticos.

*Economista

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación

El astabandera vacía

Alejandro Nadal

 

México atraviesa tiempos aciagos. Su gobierno se empeña en entregar lo último que queda del patrimonio del pueblo mexicano a intereses privados, extranjeros y nacionales. Frente a la crisis económica, sus gobernantes reaccionan torpemente, con lentitud y con medidas marcadas por contradicciones. Finalmente, las autoridades se muestran incapaces de enfrentar la secuela de destrucción y muerte provocados por los desastres naturales.

Las calamidades naturales no se pueden evitar, pero sus efectos pueden ser mitigados de muchas maneras: alertas tempranas, preparación y movilización de la población, infraestructura robusta, mantenimiento preventivo y esquemas de respuesta rápida. Pero ¿qué digo? ¿Movilización de la población? Pero si aquí lo que el gobierno quiere es una población desmovilizada, por no decir pasiva. Lo que menos quiere el poder es una población alerta y movilizada: y si no, ahí están los maestros de la CNTE para confirmarlo.

¿Infraestructura robusta? Imposible lograrlo con un presupuesto federal con asignaciones raquíticas para inversión física. Por eso tenemos décadas de un rezago acumulado en todo lo que tiene que ver con desarrollo: salud, educación vivienda, carreteras, obras de irrigación. En el neoliberalismo el estado abdicó de sus responsabilidades frente al desarrollo del país y la red de carreteras tuvo que crecer con inversiones privadas que estuvieron mal planeadas y llegaron a la quiebra. El gobierno entró al rescate y hoy todo eso pesa en las finanzas públicas. La carretera más emblemática es la Autopista del Sol, construida para los negocios, más no para durar.

¿Esquemas de respuesta rápida? A cuatro días de los meteoros en el Golfo y en el Pacífico el gobierno apenas puede articular una reacción atropellada por el caos y la improvisación. Esta es la hora en que el Centro de Prevención de Desastres sigue con su página en la red anunciando que todo está bien...en el Popocatépetl. El servicio de protección civil de la Secretaría de Gobernación mantiene su página con mensajes anodinos, los de un régimen en decadencia: acércate al Sinaproc, conócenos, infórmate de la convocatoria al premio de protección civil 2013. Pues de seguro no se lo van a dar a Peña Nieto. Eso sí, hasta abajo: anuncios del informe presidencial, de las reformas hacendaria y energética.

El gobierno anunció hace una semana su paquete económico para el 2014. Su previsión de crecimiento del PIB es de 3.4 por ciento, pero por lo pronto, este año la economía nacional crecerá mucho menos de 1.8 por ciento pronosticado por el gobierno y a duras penas se cumplirá la meta del 2014. Aunque el secretario de Hacienda no se canse de repetir que ‘técnicamente’ México no está en recesión, los desastres naturales dejarán una huella profunda y el crecimiento será mucho menor que el pronosticado.

El presupuesto de egresos, dice el gobierno, es contracíclico. Con esto quiere decir que ayuda a reducir la pérdida de dinamismo de la economía al inyectar más dinero e incrementar la demanda agregada. Para demostrarlo, el gobierno señala que su presupuesto mantendrá un déficit de 3.5 por ciento del PIB. Pero, qué curioso paquete de estímulo fiscal. Tiene déficit, es cierto, pero también contiene un incremento en los impuestos por todos lados: sobre el IVA en la frontera y a las colegiaturas, sobre el ISR con una especie de remedo de progresividad y por supuesto, manteniendo los incrementos en la gasolina. Es un presupuesto contradictorio: por un lado se anuncia el déficit como muestra de que el gobierno frenará la caída de la economía, pero por el otro, se introducen incrementos en los impuestos que pegan en el poder de compra de la población.

El Banco de México anunció hace unos días que bajaría la tasa de interés de referencia de 4 a 3.75 por ciento. Esa es la tasa interbancaria de un día y no servirá para reactivar el crédito y la economía, a pesar de los pronunciamientos del BdeM y del secretario de Hacienda. Los bancos no están sujetos a ninguna regulación y el impacto en las tasas activas (las que cobra el banco) será nulo: el costo del crédito seguirá siendo exorbitante. En síntesis, el espacio económico sigue estando ocupado por la rapacidad y la miopía.

Para colmo de males, la reforma energética sigue como espada de Damocles, suspendida sobre la nación mexicana. Con este robo se cerrarán las puertas de un proceso de industrialización generador de empleos estables y mejores oportunidades para todos. Es otra calamidad, como la de la entrega del espacio maicero mexicano a los cultivos transgénicos producidos y comercializados por la empresa Monsanto. Al igual que la plaga de maíces transgénicos, la entrega del sector energético a las empresas trasnacionales es un retroceso del que no podremos escapar fácilmente.

Dicen que cuando viene el huracán y despoja a los árboles de sus hojas, los troncos quedan como un astabandera vacía. Quizás es una buena metáfora para la República Mexicana en estos momentos. Los árboles permanecerán desnudos, sin insignia, como testimonio mudo de las hazañas del mal gobierno.

El ABC de la reforma educativa: la ruina de la educación

Arsinoé Orihuela

La reforma educativa es una reforma tripartita: esto es, administrativa, laboral y pedagógica. Pero esta triple dimensión no se aprecia en la observación directa e inmediata, y menos cuando el canturreo mediático que envuelve a la controversia aspira a nublar los sentidos y la razón (por cierto, la misma aspiración que persigue la reforma). No basta con responder o desmentir los improperios de la prensa libertina, que miente, manipula, deforma, la naturaleza de la irrupción insurgente magisterial. Es necesario conocer el fondo oscuro de la reforma: sin un diagnóstico adecuado e integral, el paciente –la educación, el trabajador de la educación– se privará de recursos de solución acertados para enfrentar una iniciativa maquinada e impulsada desde los círculos económicamente más poderosos. Y esta es una cuestión que no debe desatenderse u omitirse: las fuerzas que actúan en la dirección de la iniciativa reformista tienen tanto poder que, allí donde la resistencia carezca de radicalidad, podrán imponer cómodamente intereses privados a expensas del derecho o el interés público.
Pero abordemos detalladamente, una por una, las tres dimensiones de la reforma, así como los actores e intereses que intervienen o intervendrían en el nuevo marco administrativo-laboral-pedagógico. Cabe advertir que la crispación ha escalado precisamente a causa de la insistencia del Estado en presentar las modificaciones a la ley como algo diametralmente opuesto a lo que real y empíricamente son: a saber, el encumbramiento del empresariado en el sistema educativo nacional, y la infracción del estatuto laboral de los trabajadores de la educación.
 
Dimensión administrativa

Si bien pareciera la consagración de un anhelo largamente incubado en el ámbito educativo nacional, la llamada “autonomía de gestión escolar” no es más que una sutileza lingüística con fines exactamente opuestos a los declarados. La propaganda oficial insiste en anunciar la recuperación de la rectoría en la educación. Pero si se observa cuidadosamente, se advertirá que en realidad la reforma entraña la renuncia casi total del Estado en el control-administración de la educación. El transitorio quinto, numeral 3, inciso A del artículo 73 constitucional establece: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. En lenguaje desencriptado, esta adecuación jurídica tiene tres implicaciones fundamentales: 1) formalización del cobro de cuotas a padres de familia (privatización en germen); 2) abdicación del Estado en las tareas de financiamiento y gestoría de la educación, y la consiguiente apertura de ocasiones para la intervención de la iniciativa privada (privatización cucaracha) y; 3) profundización de las asimetrías en el ámbito socioeducativo, condenando a los centros escolares en zonas vulnerables o marginales al eterno rezago infraestructural, presupuestal e instructivo (segregación socioespacial prematura).

Un autonomía de gestión auténtica involucraría el financiamiento estatal de los centros escolares, delegando a éstos la facultad de administrar los recursos de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela o comunidad. La reforma enuncia explícita o tácitamente la renuncia del Estado en este renglón crucial, es decir, el administrativo-presupuestario, y en cambio anticipa la intervención del Estado allí donde no debiera intervenir, o intervenir sólo coligadamente con la institución escolar: a saber, en la elaboración de planes de estudio. En suma, la autonomía de gestión entraña un doble atropello: el abandono presupuestario de la educación pública, y la cancelación de la autogestión pedagógica en las escuelas.
 
Dimensión laboral

Otra modificación que en la letra (sin la pertinente exégesis) tiene visos de saneamiento, pero que en la práctica significa una profundización de la crisis laboral (invalidación de la estabilidad profesional-salarial), es la referente al artículo 3º constitucional, fracción III, que señala: “…Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan… La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional…”

Traducido al cristiano, esta modificación implica la transferencia del poder decisor –en materia laboral– a un conciliábulo estatal externo a la actual estructura de trabajadores de la educación. En México esto significa el control monopólico del servicio docente, en manos de un órgano con tintes patronales, altamente centralizado, que redunda en una licencia a funcionarios educativos para decretar discrecionalmente la contratación-despido de los maestros. Esta dimensión laboral de la reforma tiene dos aristas: 1) el desplazamiento de los maestros en la disposición de criterios para la evaluación magisterial (¡sic!), ahora prerrogativa exclusiva de un elefante blanco supeditado a organismos nacionales e internacionales con filiaciones empresariales-patronales y; 2) el condicionamiento de la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, a los caprichos y veleidades de funcionarios previsiblemente corruptos, gobiernos estatales sabidamente corruptos, y marcos jurídicos irrenunciablemente corruptos.

¿Qué implica, resumidamente, esta reforma? Respuesta: la derogación por decreto de derechos laborales históricamente adquiridos.
 
Dimensión pedagógica

La dimensión pedagógica de la reforma se advierte, aunque nebulosa e imprecisamente, en la adición al artículo 3º constitucional, fracción IX, a saber: “Corresponderá al Instituto [para la Evaluación de la Educación] evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y; c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación…”

Pero esta adición sólo refiere a la parte operativa de la reforma. Ahora, si se quiere conocer el contenido pedagógico de la iniciativa, es preciso mirar la baraja de agrupaciones que impulsan los “lineamientos”, “medidas”, “directrices” y ¨criterios de evaluación” de la “transformación educacional” (sic). La revista Proceso documenta: “Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México (2010)… Getting it right: una agenda estratégica para las reformas en México (2012)… así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2014, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal”. El artículo de Proceso también desvela la identidad de este cónclave patronal –Mexicanos Primero: “Los patronos del organismo son… Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa; Claudio X. González, ex vicepresidente corporativo de la fundación de esa mismo empresa… Carlos Hank González, director general del Grupo Financiero Interacciones, nieto y homónimo del ex gobernador priista del Estado de México… Carlos Fernández González, presidente de Grupo Modelo, Eduardo Haro Tricio, presidente de Grupo Lala, y miembro del Consejo de Administración de Televisa… Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis… Daniel Servitje Montull, presidente de Bimbo… Ignacio Deschamps González, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander… José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA…”

La dimensión pedagógica de la reforma tiene, en suma, dos vértices: 1) la incautación de la instrucción académica, ahora en manos de organismos empresariales y; 2) la conversión de la educación pública en centros de transmisión de “valores” técnico-empresariales y capacitación de la fuerza laboral.

En síntesis, la defunción de la educación.

La guerra por los energéticos

Marcos Chávez *

Las autoridades afirman que la reprivatización del petróleo y la energía eléctrica es para “modernizar” las paraestatales, pero de esa cantaleta mediática no hay una sola evidencia. Ninguna privatización o reprivatización ha sido en beneficio de la sociedad. Ni siquiera un caso pueden exponer los porristas oficiales. Lo cierto es que los grandes empresarios vienen por los recursos energéticos de México y el gobierno se impacienta por entregárselos. Le apuestan a que la sociedad, atomizada o dormida, lo permitirá

Los tiranos se apoderan del mando y los dueños del dinero modifican las normas económicas mediante sus combinaciones entre unos y otros

John Dos Passos, El gran proyecto, 1949

El secreto de la vida es la honestidad y la honradez, si no entiendes esto vas por el buen camino

Groucho Marx

En las actuales circunstancias políticas, los grupos dominantes se encuentran ante la oportunidad histórica de dar un paso decisivo hacia la realización de uno de sus sueños más anhelados: arrancarle a la nación la industria petrolera y su renta, la última joya y la más preciada, que le queda a la corona. Será un despojo en toda regla: legalizado por el Congreso de la Unión; pontificado por la invidente y sordomuda Suprema Corte de Justicia de la Nación; aderezado con menores restricciones en el ramo eléctrico, para que las dentelladas empresariales sobre las piltrafas que les resta por devorar sean más eficaces.

La reforma peñista representa un paso adelante y dos atrás

Hacia adelante, lo que se exhibe como “modernización” energética, no es más que otro capítulo de una tediosa “modernización” más vieja iniciada por Miguel de la Madrid en 1983, “inconcebible” sin la reformulación de la intervención pública en la economía y “la modernización estructural de la empresa pública”, según Jacques Rogozinski (“personaje siniestro de las maniobras privatizadoras del salinismo”, como lo calificara el maestro Álvaro Cepeda), y que en buen castellano no quería decir más que el abandono deliberado del Estado de sus funciones rectoras en el desarrollo, porque “las realidades del país eran diferentes, no permitían que […] se colocara como la pieza fundamental de los procesos económicos; [y porque] tenía que abrir[se] espacios a la iniciativa privada”. Así, se procedió al retiro estatal de diversos sectores para concentrarse en lo que fue calificado como “estratégico y prioritario”, y la “desincorporación” de las entidades públicas “no estratégicas o no prioritarias”, que fueron extinguidas, liquidadas, fusionadas, transferidas y privatizadas. Las razones empleadas para justificar ese giro estratégico son las mismas que después emplearían los subsecuentes gobiernos priístas y panistas, hasta Enrique Peña Nieto: los problemas financieros del Estado y la necesidad del equilibrio fiscal, la “obsolescencia y el rezago tecnológico”, la “eficiencia y productividad poco satisfactorias” de las entidades públicas, “los déficits de un buen número” de ellas, “los cuantiosos recursos [requeridos] para subsanar[las], modernizarlas y colocarlas a niveles competitivos”, la imposibilidad de “seguirlas subsidiando”, de “inyectarles capital que el gobierno no poseía…”.

De esa manera, se decía, se fortalecerían las finanzas públicas, se acabarían los subsidios y se dispondría de ahorros para destinarlos a la atención de las demandas sociales y la inversión en las entidades y áreas estratégicas y prioritarias; que las empresas privatizadas “poseían gran potencial de crecimiento, lo cual las presentaba atractivas para los inversionistas” y ellos ampliarían las inversiones con “plena libertad”, realizarían el cambio tecnológico y mejorarían la calidad y la oferta de los bienes y servicios; que se evitaría la creación de monopolios y oligopolios, aunque, a regañadientes, se aceptaría su presencia temporal como un mal necesario; que crecería más la economía, el empleo y el bienestar, y otras tantas monadas (La privatización de las empresas paraestatales).

Un cambio de esa naturaleza requería modificar los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros; y eso fue lo que hicieron los priístas en febrero de 1983. Arbitrariamente reclasificaron como “áreas estratégicas” aquellas en las que el Estado debería tener una participación exclusiva por afectar de manera directa la soberanía de la nación: las relacionadas con los recursos no renovables, con los servicios públicos o con la infraestructura de otras actividades económicas. En las “prioritarias incluyeron a las que otorgan un amplio beneficio social” (servicios de salud, vivienda, educación, regulación y abasto de productos básicos) y que estarían sujetas a futuras modificaciones, debido a que, como dijo cínicamente Rogozinski, no estarán delimitadas constitucionalmente. Eso es lo que han hecho desde entonces los subsiguientes gobiernos: privatizarlas cuando les da un ataque de “libre mercado” con las reformas de segunda y tercera generación.

¿Cuál ha sido el resultado del delirium tremens reprivatizador?

Al repasar las de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, el economista Emilio Sacristán Roy anota que la venta de empresas que no fue transparente (Sosa Texcoco), prácticamente se regalaron (Sicartsa I, Sicartsa II, Altos Hornos de México) o se vendieron a bajos precios, comparado con su valor en libros (plantas de Fertimex); que varias de ellas después fueron quebradas; Compañía Mexicana de Aviación y Aeroméxico fueron rematadas a precios menores que sus pasivos absorbidos por el Estado y tuvieron que ser rescatadas; las utilidades de Teléfonos de México (Telmex) podrían indicar que el precio fue castigado; el rescate de la banca costó varias veces más que el dinero obtenido por su subasta. Las tropelías son incontables.

El balance de Sacristán de 2006 es: “la privatización no resultó ser la panacea que los tres gobiernos que la propiciaron esperaban”, y sus “apólogos tienen ahora en su mira al sector energético. Pemex [Petróleos Mexicanos], CFE [Comisión Federal de Electricidad] y la Compañía de Luz [y Fuerza del Centro]. Argumentando la necesidad de modernizar[las], pide[n] su privatización, o la entrada, bajo una forma u otra, del capital privado en sus actividades. La experiencia raramente exitosa en 2 décadas de privatizaciones debería ser razón bastante para no emprender estos nuevos procesos” (Las privatizaciones en México, Facultad de Economía, UNAM, número 9). La Compañía de Luz ya fue desaparecida. Siguen las otras empresas.

La liberación del “espíritu empresarial” rogozinskiano no fue más que un vulgar animal enloquecido, que salvajemente, en aras de un enriquecimiento rápido, ha destruido todo lo que toca: quiebra las empresas, arruina los sectores que le ceden, tiene que ser rescatado, se socializan sus pérdidas, opera suciamente con sus monopolios y oligopolios (Telmex, Televisa, etcétera), victimiza a la población y se impone a las elites políticas. Y las finanzas públicas siguen en problemas.

Rogozinski dijo que las privatizaciones fueron limpias, “sin amiguismos”. Pero el “mentiroso” –como lo calificó el maestro Álvaro Cepeda– reconoció en 1998, ante la periodista Dolia Estévez, que “en todos los países las personas que tienen dinero son amigos o conocidos de los que están en el poder”; y “que los amigos de Salinas, los amigos ricos, ganaron las privatizaciones”.

“El orden social surgido espontáneamente del mercado”, según Hayek, fue parido entre cieno y lodo. En el estercolero.

En el caso de la energía, sus segmentos convertidos de “estratégicos” a “prioritarios”, y la privatización anticonstitucional a golpes de leyes secundarias ubicadas por encima de la Constitución, han provocado la desarticulación y destrucción deliberada de la cadena productiva eléctrica y petrolera, el desmantelamiento de la industria que justifica la siguiente venta de cochera. Esa etapa fue inaugurada por Miguel de la Madrid, al reclasificar 36 productos petroquímicos básicos, de alrededor de 64, reservados exclusivamente al Estado, a secundarios, en 1986. La reprivatización fue justificada por las dificultades financieras de Pemex. Fueron cedidos a los empresarios que bramaban por el retiro de las manos sucias del Estado de la economía y que prometieron cuantiosas inversiones. Veintisiete años después, la petroquímica pública, surgida en 1960, y la privada, son un desastre. De 40 productos contabilizados, apenas siete registran un nivel de producción, medido en toneladas, superior al de 1986, y su saldo comercial pasó de un déficit por 403 millones de dólares a 8.5 mil millones en 2012; y cerrará 2013 con un desbalance similar.

La reprivatización no fue una idea genial de los tecnócratas mexicanos. El proceso mundial fue inaugurado por militares suramericanos en la década de 1970 y seguido por Margaret Thatcher. Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la convirtieron en religión global. Desde 1983 pasó a ser en México una pieza de la reforma del Estado y del nuevo proyecto de nación, cuyas bases de la acumulación de capital se integran y se subordinan a la mundialización capitalista. En la lógica del nuevo coloniaje, la ideología nacionalista-revolucionaria estorbaba, por lo que fue sustituida por la retórica de la “globalización”. En esa matriz se insertan, 30 años después, las reformas peñistas: la laboral, la de las telecomunicaciones y la energética, y están infectadas con el bacilo de la peste neoliberal.

Enrique Peña Nieto quiere dar dos apuradas zancadas hacia atrás si las mayorías no logran frustrar sus ambiciones por cualquier medio. Y sólo le dejan la revuelta y el estallido social para barrer a los subastadores, salvaguardar y recuperar los recursos naturales y restaurar la soberanía nacional.

Con un paso aspira dejar atrás la nacionalización eléctrica y petrolera. Con el otro busca afianzar los pies en la época del “orden y progreso”, nostálgica para la derecha local y las empresas multinacionales.

Lo novedoso de la iniciativa de Enrique Peña es la delicada socarronería leguleya con la que anhela encubrir sus ímpetus reprivatizadores y desnacionalizadores:

1) Eliminar del Artículo 28 constitucional la letra que explicita al petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad como áreas estratégicas bajo responsabilidad del Estado. No las reclasifica como “áreas prioritarias”. Deliberadamente las deja en el limbo de la ambigüedad constitucional para luego interpretar el texto a su gusto. Sin aclarar la cuestión, las palabras que se agregarían dicho Artículo remiten al Artículo 27.

2) En el cambio propuesto para el Artículo 27 aparece un cuerpo constitucional cercenado en partes vitales, digno del trabajo quirúrgico de Jack el Destripador: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos […], no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

En compensación, Jack plantea que sea el Ejecutivo, sin otorgar concesiones, quien decida la forma en que se explotarán los hidrocarburos y la petroquímica básica. Apegado a lo que dicten las nuevas leyes secundarias que, por cierto, él mismo redactó. Desde luego, en beneficio de la nación. Lo hará por medio de “contratos”, palabra conservada en la reescritura del Artículo 27. Pero en la nueva redacción se le olvidó añadir “contratos de riesgo compartido”, como dicen los peñistas.

Ese “olvido” intrascendente permitirá agregar el apellido que se les ocurra a los convenios. Los priístas-panistas nos han mostrado que lo que no es negado constitucionalmente, no es ilegal. Corresponde a esas zonas grises jurídicas que son una delicia para quienes, apadrinados, se aventuran por esas procelosas aguas, las cuales arrojan jugosas ganancias, y que pueden escabullirse parsimoniosamente de las complacientes redes de la justicia. También nos han enseñado que aun cuando el texto constitucional sea la mar de transparente, de todos, les seducen los discretos encantos de los placeres prohibidos.

En lo que se refiere a la electricidad, su parte en el Artículo 28, desaparecerían las partes tachadas: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica […] En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares…”

La nueva redacción sería más “amigable”…, pero con los empresarios. La generación y la transformación de electricidad ya no dependerían exclusivamente del Estado. Generoso, está dispuesto a compartir el negocio con el capital privado. Aunque se reservaría la transmisión y la distribución, no sería un Estado mezquino, según se desprende de un agregado peñista: “en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica” (ver recuadro). Es el nuevo Estado de bienestar.

Es una mayor reprivatización encubierta. La promoción de venta que realizan los peñistas con sus reformas preludia una fiesta en grande.

Enrique Peña Nieto tiene casi todos los hilos en la mano para garantizar autoritariamente la aprobación de la reprivatización y trasnacionalización energética: 1) Las relaciones de fuerza en la disputa le favorecen: están amarrados los consensos y las alianzas entre quienes ejercen el dominio económico de México y la hegemonía política; 2) el maridaje entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y los otros partidos mercenarios aseguran los votos necesarios en las cámaras para su aprobación; 3) la presencia militar durante la presentación de la iniciativa tiene su carga simbólica; 4) la claudicación y la traición del Partido de la Revolución Democrática, la risible convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas para un referéndum 2 años después de los acontecimientos, el tardío llamado de Andrés Manuel López Obrador en defensa de la energía, la fragmentación de otras organizaciones sociales y la parálisis de la población.

*Economista

La contrareforma energética

Marcos Chávez

De concretarse la reprivatización y extranjerización petrolera y eléctrica, Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias “mexicanas” habrán logrado una de sus mayores victorias de la historia reciente sobre los intereses nacionales. Los medios de comunicación ya se aprestan a celebrar el golpe al país. ¿Al día siguiente de que ocurra –si es que ocurre–, los encabezados de los corporativos mediáticos serán idénticos al del Mexican Herald que en 1913 celebró la Decena Trágica y a ocho columnas tituló: “Viva Díaz, viva Huerta”? Tal vez agregarán: “Viva Peña”

Dice el analista Lorenzo Meyer: “un país cuyas elites dirigentes no sean capaces de formular un gran proyecto colectivo de cara al futuro, aceptado como legítimo por la mayoría de sus ciudadanos y que sirva de elemento guía en la toma de las grandes decisiones políticas, corre el peligro de convertirse en una comunidad sin derrotero y, con el correr del tiempo, en derrotada desde adentro” (La desvanecida ruta de la ambición nacional).

Es cierto que nada garantiza el éxito de un proyecto de nación basado en la credibilidad social, la legitimidad política y la justicia; en la atención de las necesidades materiales, los intereses, los anhelos –y hasta las utopías– heterogéneos de la población; en la habilidad y la capacidad de los dirigentes y las organizaciones para consensuar, negociar y establecer las alianzas democráticas necesarias para alcanzar tales propósitos, así como para atender, resolver o neutralizar legalmente las contradicciones y las disputas inherentes entre los individuos, los grupos, las regiones, las clases y las naciones.

Históricamente, toda nación, por su propia dinámica, está sometida a constantes tensiones y, en ciertas épocas particulares, los equilibrios económicos y sociales alcanzados, a menudo razonablemente temporales y frágiles, suelen alterarse inevitablemente, fracturarse y provocar crisis políticas, nuevos reacomodos y pactos estabilizadores entre las fuerzas en lucha, o incluso suscitar cambios radicales. Las tensiones y las asechanzas internas y externas son permanentes, ya que, como agrega Meyer, todo proyecto, ya sea que aspire a ser colectivo o de cualquier otro, implica una interpretación y reinterpretación determinada del pasado, un diagnóstico del presente y una visión del futuro; una construcción ideológica dominante pero no única, y una percepción de la naturaleza humana y la sociedad que no necesariamente son compartidos por todos; un acuerdo sobre las formas de ejercer el poder político, normado por un diseño institucional y constitucional, el cual está sujeto a la pugna sistemática entre dos o más propuestas –de la derecha, de la izquierda o del pantano centrista– sobre la manera de cómo organizar el presente para dar forma al porvenir; por obtener o mantener el control de los instrumentos de dominación, los esfuerzos por conquistar y retener la imaginación de la base social como sustento de la legitimidad de un proyecto específico.

Las confrontaciones, con diversos grados de intensidad, son socialmente normales dentro de los límites fijados por un sistema político democrático, el cual tiene la capacidad para asimilarlos y sobrevivir a las tormentas. Sin embargo, los conflictos tienden a ser agudos, violentos, cuando una elite o un bloque dominante, en un régimen autoritario, agita arrogantemente elavispero de la lucha de clases al ejercer arbitrariamente el poder, con el objeto de imponer unilateralmente, desde arriba, su propio proyecto, y tratar de estúpida a la sociedad al intentar convencerla que éste responde a los intereses nacionales y no sólo a los suyos. Lo anterior es el caso de la audaz contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto.

Groucho Marx en la Presidencia: “Éstos son mis principios. Si no le gustan…, los cambiaré”.

El “audaz” y neoporfirista traje a la medida para la nueva rapiña petrolera neoliberal. Todo está en venta. La cuestión es sólo de precio. Los cambios que se impondrán a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes secundarias, se ajustan al principio enunciado por Enrique Peña Nieto: “Pemex y CFE no se venden ni se privatizan”…, pero las industrias petrolera y eléctrica sí.

1) Hasta nuevo aviso, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conservarán como entidades públicas, con sus mismas funciones, pero mejorando su “competitividad”. Para Pemex se propone un cambio aún indefinido en su trato fiscal, bajo tres principios reiterados por el vicepresidente Luis Videgaray: que mantenga los recursos necesarios para cubrir sus costos de operación y de capital en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y que sus directivos decidan el destino de sus utilidades (se reinviertan o pague dividendo al Estado); que continúe con su esquema de regalías y derechos, pero de manera “moderada”, “flexible”, “más bajos que en la actualidad”; y que pague sus impuestos. El mismo vice dice que Pemex paga una tasa sobre sus ingresos de aproximadamente 61.5 por ciento, “pero si hablamos de utilidades es poco más de 70 por ciento, dependiendo del año y del precio del barril”. ¿Cuál es el nivel “flexible” de los gravámenes fiscales que propondrán para que se pueda cumplir el primer punto?

Porque lo único claro hasta el momento es que, según la Auditoría Superior de la Federación, basada en información de la propia paraestatal, Pemex es la empresa petrolera que más impuestos paga en el mundo y la que tiene la mayor carga tributaria (http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/02/29/pemex-paga-impuestos-record-2011). Que sin esa hemorragia tributaria sus trabajos de exploración, extracción e infraestructura no estarían en ruinas, toda vez que dispondría de los recursos necesarios para financiarlos. Que sus hojas de balance, después de la ordeña tributaria realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (impuesto a la renta, aprovechamientos, derechos, ordinarios, extraordinarios), no arrojaría las pérdidas registradas ininterrumpidas desde 1997, salvo en 2006. En el primer semestre de 2013, del primer año peñista, su pérdida integral fue por 45.3 mil millones de pesos, o 3.5 mil millones de dólares, 20.5 por ciento más nominal que en el mismo lapso de 2012. Que sus pasivos no superarían sus activos (179.6 millones de dólares contra 154.5 mil millones de dólares), y su patrimonio no sería negativo (25 mil millones de dólares), expresión de su deterioro. Evidentemente, tampoco se vería obligado a recurrir al endeudamiento para compensar el saqueo fiscal al que está sometida. Al menos sus débitos acumulados de corto y largo plazo no ascenderían a 760 mil millones de pesos (58.7 mil millones de dólares), equivalentes al 85.6 por ciento de la deuda externa del gobierno federal (67.8 mil millones de dólares) y al 64 por ciento de la del sector privado (97mil millones de dólares).

Con ésos y otros datos, también es natural que Luis Videgaray eluda responder si Pemex está o no en quiebra, que su ojo clínico como responsable de cobrarle los gravámenes se obnubile o se vuelva estrábico, y se vea obligado a decir que depende desde dónde se observen las finanzas de la empresa: si antes o después del pago de impuestos. No se requiere de un grado de doctor en economía para saber que, con un despojo de esas proporciones, cualquier empresa que no sea pública ya hubiera quebrado y desaparecido hace tiempo. Sólo basta el sentido común para intuirlo; para suponer que a ninguna otra le gustaría tener tratos con una paraestatal condenada deliberadamente a la indigencia después de pagar sus tributos, ya que no le redundaría ningún beneficio. Más aún, hasta alguien con ese nivel de razonamiento podría conjeturar que, premeditadamente, se orilló a Petróleos Mexicanos a esa situación para justificar su ineficiencia y su ineludible remate. Hasta Emilio Lozoya Austin, director de la empresa, sin ruborizarse, ha dicho que “Pemex no está en quiebra”.

Enrique Peña y Luis Videgaray agregan que quieren un Pemex que funcione como una empresa “competitiva”. ¿Pero qué empresa puede serlo cuando, antes del pago de impuestos, es considerada como una de las mejores del mundo, y una de las peores después de cubrirlos? ¿Cuál soporta una carga de 75 por ciento? Nuestros ínclitos hombres de presa, como Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas, por ejemplo, arrojan espuma por la boca ante un impuesto a la renta de 30 por ciento o un IETU (impuesto empresarial a tasa única) de 15 por ciento, pese a que, gracias a las deducciones, exenciones y la “creatividad” contable, pagan una tasa marginal menor a la que cualquier sufrido clasemediero acasillado por Hacienda. ¿Qué empresa, petrolera o no, se ve obligada a pagar impuestos diariamente –alguien los estimó en 600 millones de pesos– y luego ajustar la cantidad al cierre del mes?

Pemex y la CFE no se reprivatizarán y no se venderá ni un tornillo de ellas. Aunque se reducirá aún más su presencia altamaño de un enano, y detrás de ellas se tratará de esconder al elefante de la reprivatización petrolera y eléctrica.

2) La reprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, o cómo reabrir otra vez las puertas del templo a los mercaderesexpulsados por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. La propuesta es explícita: legalizar el contratismo para permitir la participación privada nacional y extranjera en la exploración, la extracción y en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, en la refinación, el transporte, el almacenamiento y su distribución; sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica para entregarlas a la voracidad empresarial; concederles un sueño jurídicamente tranquilo a quienes deseen dedicarse al procesamiento de gas natural, su distribución y comercialización; abrir a la industria eléctrica la generación de esta energía, la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución.

¿Qué quedará por reprivatizar con la contrarreforma? Sólo la industria nuclear. ¿Por cuánto tiempo?

3) El cuerno de la abundancia o el reparto de la renta petrolera hacia arriba. Los peñistas se empeñan en negarlo. La iniciativa rechaza esa opción. El vice dice: “no compartiremos la renta petrolera”. La participación privada en Pemex, a través de los contratos de utilidad compartida y los contratos de servicios que desde hace años existen, no implica su reparto; la renta petrolera, “que deriva del valor del petróleo que está en el subsuelo” y el petróleo, seguirán siendo de los mexicanos. Tales contratos sólo compartirán las utilidades generadas con la asociación y el porcentaje pagado “estará por debajo del 50 por ciento, [y el] porcentaje disminuirá mientras disminuyen los riesgos para las empresas privadas”.

Eso dice Videgaray.

¿Qué dice Pemex sobre la renta petrolera?

“La renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de venta en el mercado internacional, menos los costos de extracción o, dicho de manera más sencilla, es los ingresos menos los costos, de tal manera que la renta petrolera es lo que queda para repartir.

“Valor de los hidrocarburos – costos de extracción = renta petrolera”.

¿Cuáles son los componentes de la renta petrolera?

La renta petrolera está determinada por tres variables: el precio al que se vende el petróleo, el volumen de producción que puede alcanzarse en un momento determinado y los costos de extracción. Considerando estas tres variables, la renta petrolera de un país será mayor entre más altos sean el precio del petróleo y más alto sea el volumen de producción. La renta petrolera también será mayor mientras más bajos sean los costos de extracción (www. pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid= 136&catid=11880).

¿En qué quedamos?

¿Pagar un porcentaje de las utilidades, cualquiera que sea, representa o no el reparto de la renta con los nuevos “socios” que llegarán con la contrarreforma neoliberal y que destruirán las reformas cardenistas, ese “rayo en cielo despejado” como las calificaron los historiadores Meyer y Zoraida Vázquez? (México frente a Estados Unidos).

Un pago mayor significará una mayor participación en la renta petrolera. Obviamente uno menor otorgará una tajada famélica. Y ella, en menor o mayor cuantía, se transferirá hacia el exterior o los bolsillos de las corporaciones locales. ¿Quiénes sancionarán los contratos? ¿Los directivos de Pemex que manejan la paraestatal con la pulcritud digna de los señores feudales, o de otros sultanes fuera del organismo, en caso de que se cree un nuevo ente para repartir los codiciados contratos, en un país donde se enseñorea la impunidad?

Alguien no entiende. Alguien no se sabe explicar. O alguien miente descaradamente, con la soberbia que le concede el poder despótico.

Algunos sí han entendido perfectamente. Por ejemplo los apologistas que han recibido con optimismo el “histórico” plan:Forbes y The Economist, entre otros.

Lo anterior me recuerda el júbilo de la colonia estadunidense en México, que el Mexican Herald del 19 de febrero de 1913 saludó desde su primera plana al nuevo gobierno en forma por demás significativa: “¡Viva Díaz! ¡Viva Huerta! [...] After a year of anarchy, a militar dictator looks good to Mexico” (Jaime Cárdenas, En defensa del petróleo).

Ello, luego de que el gobierno mexicano de la época claudicara en su intento por elevar el impuesto del timbre petrolero. De alguna manera, lo anterior se sumó como un ingrediente a la Decena Trágica y los posteriores asesinatos de Madero y Pino Suárez, alentados, entre otros, por el embajador Henry Lane Wilson, defensor de las petroleras.

¿Ahora tendremos que decir: “¡Viva Díaz! ¡Viva Huerta! ¡Viva Peña! [...] After a year of anarchy, a militar dictator looks good to Mexico”.

*Economista

Fuente: Revista Contralínea 350/Septiembre 2013

MOONWALKERS´ REFORM (3/3)

David Márquez Ayala

Frente a la propuesta neoliberal de los Moonwalkers –criaturas lunáticas que al caminar retroceden– el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas han presentado una iniciativa alterna de corte nacionalista que responde al sentir de la mayor parte de la población, de agrupaciones civiles y de expertos en el tema.

La propuesta nacionalista

Su enfoque central es preservar para la Nación y la sociedad el pleno control, proceso y usu-fructo de los recursos energéticos y su renta. Se opone a modificar la Constitución pero propone cambios a 12 leyes secundarias y crear un Fondo con los ingresos petroleros. La propuesta se estructura en torno a ocho medidas-objetivo:

1. Descarga fiscal a Pemex. a) Nuevo régimen fiscal que le genere recursos adicionales para inversión productiva y revertir la descapitalización a la que ha estado expuesto, y para poder cumplir con su objeto de abastecedor de energéticos de calidad, accesibles y a un costo razonable, y poder garantizar la seguridad energética.

2. Autonomía presupuestal y de gestión. a) Se otorga tal autonomía para ejercer los recursos provenientes de la descarga fiscal con base en los requerimientos que establezca su Plan de Negocios y las necesidades del país; b) Saca a Pemex y CFE del presupuesto federal y del control de Hacienda.

3. Nuevo gobierno corporativo.-a) Se reintegra verticalmente a Pemex desapareciendo los organismos subsidiarios; b) Se reorganiza la integración de los Consejos de Administración; c) Se reducen (de 7 a 5) los Comités de Apoyo al Cons de Admon; d) Se le da un objetivo prioritario de internacionalizarse.

4. Empresas públicas eficientes y eficaces. a) Se transforma a Pemex y a CFE en verdaderas empresas públicas con características propias para hacerlas más ágiles, robustas e independientes en su toma de decisiones con la meta de cumplir con su objeto energético.

5. Transición energética. a) Pemex deja de ser una empresa exclusivamente petrolera para convertirse en una empresa energética integral; b) Se le imponen nuevos mandatos para contribuir al desarrollo, producción y uso de fuentes de energía alternativas. En el largo plazo los hidrocarburos se acabarán y es necesario iniciar la transición energética cuanto antes. También se obliga a Pemex a (prevenir) los efectos adversos del cambio climático.

6. Investigación y desarrollo. a) Se le proporcionan a Pemex más recursos para I y D tecno-lógico… del 0.65 al 1.0% del valor anual del petróleo crudo y gas natural; b) Este incremento automáticamente eleva los recursos al Instituto Mexicano del Petróleo, IMP; c) Al Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico se le amplían sus facultades para garantizar que la tecnología o investigaciones que realice el IMP puedan ser canalizadas a través de este Comité y dictaminar su incorporación prioritaria a los procesos pro-uctivos de la empresa pública.

7) Fortalecimiento de la arqui-tectura institucional. a) La Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH y la Comisión Reguladora de Energía CRE se transforman de organismos desconcentrados a descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión; b) Se amplían las facultades de la CNH en materia de supervisión, verificación y vigilancia a Pemex.

8. Nuevo destino a los recursos provenientes del petróleo. a) Se crea el Fondo para los Excedentes Petroleros; b) Se utilizan racionalmente estos ingresos que la Nación obtiene de su riqueza natural; c) Los recursos podrán ser usados por resolución expresa de la Cámara de Diputados (o de la Comisión Permanente); y d) Se utilizarán para: i Proyectos prioritarios de Pemex y CFE, ii de infraestructura de transporte masivo, contribuir al ahorro de combustibles, y coadyuvar a la transición energética, y iii proyectos que beneficien a la salud de los mexicanos…

Opinión

Potenciar el sector energético es sin duda de vital importancia para el país. Ante la actual disyuntiva de optar entre una reforma privatizadora-desnacionalizadora, y una reforma nacionalista que se enfoca en la capacidad interna reestructurando a Pemex y CFE, consideramos que ésta última es la adecuada para México por las siguientes razones:

I) Seguridad energética.- El eje principal de la reforma gira no en cuánto dinero podemos obtener de los hidrocarburos o la energía a corto plazo, sino en el cómo podemos garantizar la seguridad energética para las siguientes generaciones.

Ante esta prioridad, la opción de reestructurar nuestro sistema energético y mantener el control de la Nación sobre los limitados recursos naturales disponibles (y en especial sobre los no renovables) a fin de aprovecharlos, dosificarlos y optimizar su transformación y uso al ritmo de las necesidades del país, es sin duda más sensata que la opción por una sobreexplotación acelerada vía empresas petroleras transnacionales con intereses de abasto, dominio de reservas y ganancias rápidas que no sólo son divergentes sino en mucho contrapuestos con los nuestros.

México no está en una emegencia energética a corto plazo, pero lo estará y pronto si seguimos el razonamiento falso de que no podemos con la industria, que Pemex y CFE son reliquias del pasado y que es mejor desplazarlas para que las empresas modernas que sí pueden se encarguen de la energía futura.

 La transición energética del siglo 21 es un reto que debemos afrontar como Nación responsable y soberana, y no como un país incapaz, apocado, subordinado y autoderrotado. Si Arabia Saudita, Brasil, Irán, Noruega y Venezuela, por citar ejemplos, han avanzado en la tecnificación e integración nacional de sus respectivas industrias petroleras, nosotros, con una historia, una experiencia y una industria inte-grada como Pemex ¿no podemos? ¡Por supuesto que sí!

Está claro que Pemex debe poder contratar ciertos trabajos y servicios especializados hoy no disponibles, pero no se debe ceder ni un ápice en la privatización de las funciones troncales que le asigna la Constitución. Por ello ésta no debe modificarse, y sí prohibirse expresamente en las leyes secundarias cualquier tipo de concesión abierta o disfrazada (contratos integrales, incentivados, de utilidades compartidas y otros) que involucren algo más que pagos en efectivo (aunque Pemex absorba el riesgo), ya que el costo de involucrar pagos o incentivos en especie, o con base en porcentajes o participaciones de la producción, las ventas, las utilidades, o cualquier figura similar, resulta más alto e implica cesiones y compromisos mucho más onerosos, lesivos e inaceptables para el país.

II) Control efectivo de la cadena industrial.- México debe dejar de ser exportador de crudo, sustituir los petrolíferos impor-tados con refinación propia, y restituir sus reservas probadas de los actuales 10 años a 25, y las posibles de los 19 a 50 años.

Así, el país se da un espacio para la restitución de sus reservas; construir la capacidad de refinación necesaria para la demanda nacional; y para avanzar (por ej con Petrobras), en la exploración y extracción de petróleo y gas, sobre todo en los yacimientos marítimos que compartimos con Estados Unidos.

Especial prudencia sería recomendable en la explotación de las lutitas o esquisto (shale) pues los efectos geológicos y de cotaminación hidrológica parecen ser de tal nocividad que países como Francia la han prohibido.

Esta mesura, dosificación y recuperación energética es perectamente posible si Pemex es total responsable, ya que operará conforme al país convenga. No será así si permitimos a corpora-ciones extranjeras (o nacionales) asumir control (aun parcial) sobre nuestras reservas, volúmenes de extracción, exportación, procesamiento y distribución.

III) La maximización del impacto sobre la economía y el empleo.- El relanzamiento de Pemex y CFE conlleva un potencial enorme para expandir la demanda de bienes y servicios nacionales, lo cual debe ser una prioridad obligatoria. No ocurrirá así si las inversiones son privadas y extranjeras, pues estas empresas se abastecen dónde, cómo y con quién les conviene.

Esto es también aplicable al empleo, pues la capacidad de generarlo en gran escala no está precisamente en las cadenas productivas de la energía, que son intensivas en capital, pero sí en el empleo colateral que se genera en toda la trama de proveedores que Pemex y CFE pueden asegurar para el país, y no las empresas privadas/extranjeras.

IV) Optimización de la renta petrolera.- Es inaudito sostener que el país recibirá más recursos fiscales privatizando el sector energético. Nunca las empresas privadas aportarán más ingresos al país que los aportados por empresas públicas como Pemex y CFE, recursos que serán mayores después de sanearlas y reestructurarlas, y con la seguridad, además, de que no eludirán al fisco ni acabarán ocultos en un paraíso fiscal.

En cuanto a un nuevo régimen fiscal para Pemex, consideramos que no es por ahora prioritario, aunque sí lo es asegurarle un retorno vía presupuesto de recursos suficientes para inversión. Dejarle amplias utilidades no es procedente sin antes asegurar que el sindicato, la administración y el gobierno no podrán hacer un aprovechamiento impropio de ellas.

Corolario

En los últimos lustros, el principal obstáculo que ha tenido (y tiene) el desarrollo energético del país y sus dos empresas pilres, Pemex y CFE, es el gobierno. Por ello, el punto de partida es darles una nueva estructura administrativa autónoma, profesional, eficiente, honesta, estable y sólo comprometida con dar al país resultados óptimos.
En cuanto a la reforma, la mejor opción, desde cualquier punto de vista, es la de un cambio hacia adentro con la reestructuración cabal de Pemex y CFE, y no hacia afuera permitiendo una nociva, peligrosa e innecesaria intrusión, con enormes repercusiones, de transnacionales petroleras y energéticas en el país.

Tratándose de recursos estatégicos y no renovables, la decisión que tome el Congreso en torno a esta reforma es crucial para el país como ninguna. Grave será buscar el futuro saltando hacia atrás.

Perder el control del petróleo

Alejandro Nadal

 

Hace unos días se llevó a cabo una importante reunión en las oficinas de La Jornada a la que asistieron los más altos funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) y los directivos, reporteros y colaboradores del periódico. El titular de la Sener hizo una presentación sobre la mala situación en la que se encuentra Pemex. Su mensaje central fue que la paraestatal no tiene los recursos para asegurar el abasto de energéticos y petroquímicos de la economía mexicana. Esa es la versión oficial en una cápsula publicitaria: se necesita liberar a Pemex de la situación en la que se encuentra. Es una tesis que distorsiona y evita ir al corazón de los problemas.

Detrás de la presentación del secretario de Energía están las contradicciones de política macroeconómica que el neoliberalismo mantiene en México. Eso es lo que hay que cambiar, no el control económico y patrimonial del petróleo mexicano. Pero como para el neoliberalismo la inversión extranjera directa es la solución a todos los problemas nacionales, lo que busca la reforma energética es abrir las puertas que la expropiación cerró en 1938 a las compañías trasnacionales. Y la herramienta para hacerlo está en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Lo único que se requiere es borrar un par de palabras en los artículos 27 y 28 constitucionales.

El secretario de Energía considera que permitir a Petróleos Mexicanos firmar contratos de utilidad compartida no es privatizar. Piensa que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos porque la Constitución así lo dispone en su artículo 27. Y aquí es donde hay que insistir en el punto medular: el TLCAN define (en su artículo 1139) a la inversión extranjera como aquélla en la que existe propiedad de un inversionista en territorio de una de las partes del tratado o cuando la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. Y eso es exactamente lo que busca el gobierno, que vengan empresas transnacionales a invertir en exploración, extracción, refinación y petroquímica. De acuerdo con el TLCAN eso equivale a abrir el sector a la inversión extranjera directa, lo que acarrea serias consecuencias, pues el capítulo XI del TLCAN otorga más protección a las empresas que a los gobiernos.

Según el titular de la Sener eso no es problema porque la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Esgrime como argumento un fallo de la Suprema Corte (amparo en revisión 1475/98) y en el artículo 133 de la propia Constitución que establece que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma son la ley suprema de toda la unión. A la letra de ese artículo, en la medida de la contradicción entre un tratado y la Constitución, prevalece la última.

Pero aquí viene la parte medular de la reforma energética: precisamente lo que busca el gobierno con ella es eliminar la contradicción al permitir los contratos de utilidad compartida en el sector energético. La eliminación de la restricción contenida en el artículo 27 establecerá la plena concordancia de la Constitución y el TLCAN: la inversión extranjera directa entrará por la puerta grande (que estuvo cerrada desde 1938) al sector energético mexicano. Este es el núcleo de la reforma energética al desnudo. Por supuesto que se trata de privatizar y de entregar el control del petróleo, gas y sector eléctrico a las empresas trasnacionales.

La entrada de la inversión extranjera directa en el sector energético será un parteaguas en la historia de México. No sólo se aplicarán las disposiciones del capítulo XI del TLCAN (que prohíben el uso de importantes instrumentos de política industrial), sino que las reservas al capítulo VI sobre energía quedarán en entredicho. Ese capítulo VI elimina las restricciones a las exportaciones de bienes energéticos, pero excepcionalmente México podrá restringir las exportaciones con el único propósito de reservarse para sí mismo el comercio exterior de esos bienes (Anexo 603.6 del TLCAN). Sólo que habrá que ver en qué situación se encuentran ahora las excepciones que México pudo introducir en el TLCAN, una vez que se permita la inversión extranjera directa en el sector energético.

El capítulo XI del TLCAN sobre inversiones define un régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje. Los funcionarios de la Sener afirman que un contrato puede estipular que sean los tribunales mexicanos los competentes en caso de un conflicto sobre la interpretación del documento. Puede ser, pero la realidad es que el gobierno mexicano llegará de rodillas a las negociaciones con las empresas trasnacionales al momento de discutir un contrato de utilidad compartida y no estará en posición de imponer ninguna condición. Cristalizadas las inversiones en la matriz económica mexicana, será todavía más difícil romper o modificar el patrón de subordinación económica. La reforma energética corona un proceso que arranca hace ya 20 años y es en grave detrimento de México.

El uso del lenguaje y la reforma energética de Peña Nieto

José Arreola

 

Es sorprendente la forma en que los medios de comunicación oficiales y el gobierno federal han pervertido el lenguaje. La manera en que Peña Nieto y sus corifeos insisten en la “necesidad” de las reformas no es casual: buscan crear en la opinión pública la idea de que sólo la implementación de éstas salvarán al país de la crisis. Palabra ésta, por cierto, que gustan de repetir complementándola de una facciosa utilización del símbolo de la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas. Así resulta, por ejemplo, que la reforma energética busca “devolver” a la Constitución lo que, palabra por palabra, Cárdenas dejó escrito. En el caso de la televisión, la utilización de ciertas imágenes –al alimón con el lenguaje- es fundamental para despertar simpatía en el televidente. Una serie de comerciales muestran en un primer plano a un joven, muy al estilo de los golden boys peñanietistas, entusiasta y animado desde meses antes por la frase “entonces sí se puede”; en segundo plano, al fondo, imágenes de Lázaro Cárdenas. Todo en dos tonos: blanco y negro. Inmediatamente después, al hablar de las virtudes de la reforma presentada por Peña Nieto, esos dos tonos desaparecen y el cuadro completo se ilumina. Entonces se pronuncian palabras como progreso, renovación, y lo que “México necesita”. Esa serie de spots publicitarios, repetidos hasta el hartazgo, dicen explícitamente “No a la privatización. Sí a la reforma energética”. En conjunto, jugando con los contrastes de color, más las palabras precisas en los momentos precisos, se crea el ambiente de lo imprescindible de la reforma, con Lázaro Cárdenas como sustento, para que México aproveche todo su petróleo en pro de un mejor país. Nada más, nada menos.

Ocurre entonces que la campaña en los medios está emprendiendo también una guerra por lo simbólico. A decir de Vicente Romano: “Las palabras y los conceptos se utilizan conscientemente para violentar la capacidad de las grandes masas de la población, para confundir las mentes, y en última instancia para imponer significados que se contradicen con la realidad”. [1] De ese modo, uno de los símbolos de la nacionalización petrolera se convierte, por arte de las palabras y las imágenes, en autor intelectual de la reforma peñanietista. Así hay un doble efecto: el personaje simbólico de la expropiación petrolera es despojado de todos los elementos que, empujado por las masas de obreros y campesinos en resistencia en el México de la pos-revolución, lo llevaron a confrontar los intereses extranjeros en el caso petrolero; además se impone en el imaginario social, como parte de esta época, una “estructura de sentido”. Y las medidas de esta época neoliberal, en la que los países de primer mundo imponen la agenda internacional, están encaminadas a que el Estado controle cada vez menos sus recursos estratégicos poniéndolos en bandeja de plata a las grandes trasnacionales. México, se dice, no puede esperar. Debe, necesita, le urge esa reforma, o si no se “siente” que el país va a la cola del desarrollo.

De tal suerte, todo aquel que se oponga a la reforma se opone a la rueda de la historia, a la modernización, al progreso y, en suma, al legado Cardenista. Como remate se machaca la idea de que el propio Lázaro Cárdenas dijo que “se necesitaba de la participación privada”, “que el petróleo no se lo vamos a regalar a nadie”. Arma de doble filo, el lenguaje oculta diciendo. Vale la pena, por eso, reparar en cada una de las frases y deshilvanar lo que denotan.

En primera instancia, es paradójico que sea precisamente Peña Nieto – y su cuerpo de asesores-, quien pretenda convencernos acerca de lo que dijo, palabra por palabra, Lázaro Cárdenas. Son suficientes sus desaguisados intelectuales (de la Feria Internacional del Libro a la nueva capital de Veracruz) como para alzar la ceja y dudar de la veracidad de esta sentencia. El énfasis en lo que dijo Cárdenas es tramposo. Es una frase que merece explicación. Al realizar la expropiación petrolera, en 1938, México no contaba con una industria petroquímica desarrollada, no existía una empresa controlada por el Estado capaz de llevar a cabo la extracción y comercialización del crudo. Todo estaba en manos de privados extranjeros, los pozos, las instalaciones, los medios de comercio. Existía pues la necesidad de que éstos participaran, sin cambiar el valor estratégico del recurso y la rectoría estatal. Hoy el panorama es totalmente diferente: hay una industria petrolera desarrollada y una empresa Estatal con capacidad de realizar lo que en 1938 no se podía. El gobierno busca hacer de la necesidad de ayer la virtud de hoy.

“El petróleo no se lo vamos a regalar a nadie”. La reforma de Peña Nieto no dice: “se regalará el petróleo…”, pero lo que sí dice y establece claramente es la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Lo que regalan es la posibilidad de invertir en un sector estratégico del país. Peña Nieto propone que otras empresas, y no sólo PEMEX, participen en la extracción y comercialización del petróleo cambiando, además, su carácter estratégico. Esas empresas, por supuesto, son las grandes trasnacionales del sector petroquímico a nivel mundial que “competirían” contra PEMEX. PEMEX, como tal, no se vende pero deja toda la cancha libre para la exploración, extracción, explotación y comercialización de un recurso de nuestro país por el que las trasnacionales obtendrán grandes ganancias. Y, además, con los contratos de riesgo, en aquellas áreas donde esas trasnacionales hayan invertido sin encontrar petróleo, el gobierno habrá de resarcir la inversión. Negocio redondo: las trasnacionales no pierden nunca, el Estado sí.

PEMEX es una empresa rentable, una de las que mayores ingresos reporta para el país; una parte de esos recursos es destinada a salud, seguridad social y educación. Si PEMEX no es más “eficiente” es, en buena medida, porque el propio gobierno ha dejado de invertir en ella, porque en vez de construir refinerías el petróleo se refina en el extranjero y porque su cúpula sindical es utilizada como brazo político del PRI desde hace muchos años.

Hay otro elemento no menos interesante en todo este argot neoliberal. Modernización, progreso, desarrollo, inversión privada, son utilizados, sin reparo y con descaro, como sinónimos. Se crea un campo semántico en el que se forma una opinión, un uso del idioma determinado y determinante. Todo lo que se encuentre fuera de esa esfera es atrasado. Sin embargo, justo en América Latina, han surgido proyectos fuera de esa lógica que van creando modelos de desarrollo más eficaces y benéficos para su población: Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia.

Expropiar a Lázaro Cárdenas, expropiarlo para la causa gubernamental, tiene un papel de contención del descontento popular. Cárdenas es, probablemente, por su carácter nacionalista y las medidas que emprendió, el presidente que más presente se encuentra en el imaginario social. Resta decir que no se trata sólo de rescatar la figura del tata Cárdenas, pero sí todo lo que la expropiación petrolera significó: la posibilidad de soberanía e independencia; el enfrentamiento directo contra las grandes empresas petroleras del momento buscando un desarrollo propio; y, sobre todo, un movimiento popular masivo dispuesto a recuperar lo que era suyo. Quizá sea este elemento el que más se pierde en toda esta discusión y es, sin embargo, el que más debería interesarnos. Ahí está una enseñanza que el movimiento social mexicano, sin mezquindades, debería analizar rápida y concienzudamente porque, además de todo lo simbólico, en esta pelea contra Peña Nieto se juega, lejos de toda retórica, buena parte de nuestro futuro.

Notas
[1] Vicente Romano, La intoxicación lingüística. El uso perverso de la lengua, citado en Pascual Serrano, Medios Violentos (Palabras e imágenes para el odio y la guerra), Editorial José Martí, La Habana, 2009, p.25.

MOONWALKERS' REFORM (2/3)

David Márquez Ayala

La propuesta de reforma energética del cártel neoliberal fue programada en esta ocasión en dos fases: una desbordada a cargo del PAN con el mismo tono concesionario al capital que la de 2008 (REc 14 abril 2008) pero en versión ultra, y otra del gobierno federal (PRI). Ambas tienen como objetivo central justificar, legalizar y profundizar la privatización de las funciones productivas y operativas del sector energético de la Nación y aumentar el traspaso al capital de la renta generada.

La propuesta neoliberal

El pasado 12 de agosto el ejecutivo envió al Congreso una iniciativa pera reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución y abrir con ello en forma franca el cauce a la participación de empresas privadas extranjeras y nacionales en toda la cadena productiva de los hidrocarburos y la energía eléctrica, hoy reservadas al Estado.

Petróleo e hidrocarburos

Para los hidrocarburos, el modelo que se propone (citas textuales en cursivas) comprende dos esquemas: 1) contratos eficientes para la exploración y extracción, celebrados con el Ejecutivo Federal, y 2) participación de terceros (privados) en toda la cadena de valor de los hidrocarburos...

Para ello, indica, se mantiene la prohibición de otorgar concesiones a los particulares, (pero) plantea el otorgamiento de contratos (de utilidad compartida) en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, (y de) permisos (en lo relativo a) refinación, transporte, almacenamiento y distribución.

Al efecto, las reformas consisten en:

a) Eliminar la prohibición constitucional de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos.

Considera que el petróleo de fácil acceso se está agotando y cada vez son mayores los desafíos que se enfrentan para su explotación: altos riesgos, grandes inversiones, alta capacidad operativa y la necesidad de recursos tecnológicos cada vez más desarrollados... (y que) la imposibilidad de que particulares participen en actividades de exploración y extracción a través de contratos constituye una barrera injustificada que coloca (a Pemex) en desventaja...

Por ello se propone eliminar del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960 que le impide al Estado la utilización de contratos en sus actividades de explotación... (sobre todo del) gran potencial de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, y el petróleo y gas de lutitas (shale). Al eliminar esta restricción (podrán) celebrarse contratos para la exploración y extracción... (con) mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos... sin posibilidades de otorgar derechos a través de concesiones.

b) Sustraer de los áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica, y dar certeza constitucional para que actividades de la industria... como el procesamiento de gas natural, la refinación del petróleo, el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados puedan ser realizados tanto por organismos del Estado como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal.

Los beneficios que espera el gobierno de la reforma en materia de hidrocarburos son:

1) La inversión y los recursos fiscales que se obtengan, permitirán a México consolidar un modelo de hidrocarburos sostenible en el largo plazo, pensando en el bienestar de futuras generaciones. Así, con la reforma se plantean los siguientes objetivos:

a) Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100% (el incremento de la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas),

b) Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente, a 3.0 millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025, y

c) En el caso del gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, y a 10 mil 400 millones en 2025.

2) Adicionalmente, la reforma propiciará una mayor integración en la cadena de valor a partir de la extracción de los hidrocarburos, lo que permitirá un abasto suficiente de gasolinas, gas metano y gas licuado de petróleo, a precios competitivos.

3) El incremento en la inversión y la producción incidirá favorablemente en el crecimiento del PIB y en la generación de empleos, al mismo tiempo que permitirá la obtención de recursos fiscales adicionales, que se destinar*n... a mejorar la calidad de vida de la población e incrementar la competitividad de nuestro país, al:

a) Fortalecer nuestro sistema de seguridad social para abatir decididamente a la pobreza extrema y crear mecanismos de redistribución eficaces, combatir el hambre y mejorar los servicios de salud pública... para que los grupos más vulnerables tengan la oportunidad de desarrollarse, mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la competitividad del país,

b) Formar a las nuevas generaciones con educación de calidad y desarrollar capacidades profesionales... y generar un número creciente de trabajadores de alta especialidad técnica. Además, se impulsará el desarrollo tecnológico nacional..., y

c) Invertir en infraestructura...y generar un desarrollo incluyente y distribuido para alcanzar todos los rincones del país. Aeropuertos, carreteras y caminos, entre otros activos, serán construidos pensando en el bienestar y productividad de futuras generaciones. Un enfoque federalista permitirá alcanzar los mejores resultados de inclusión y transmisión de los beneficios.

Exhaustivo (y alucinante) es en verdad todo lo que el gobierno espera lograr con su reforma petrolera, sólo que su razonamiento es un tanto contradictorio, pues los recursos fiscales para tan loables fines se maximizan para la Nación con el régimen actual de propiedad y explotación pública (Pemex ya aporta un tercio del presupuesto federal), y de ningún modo compartiendo la renta petrolera con empresas privadas que, como es su naturaleza, buscan la mayor ganancia posible y pagar el mínimo de impuestos, derechos y otros aportes fiscales.

Respecto a la necesaria reestructuración de Petróleos Mexicanos y su reenfoque financiero (Gráfico 3) la propuesta no hace mayor mención.

Sector eléctrico

Partiendo de un diagnóstico que expone las deficiencias e insuficiencias actuales en la industria eléctrica, y en la Comisión Federal de Electricidad, la iniciativa considera que es necesario:

1) Corregir las limitaciones del modelo actual...con la creación de un mercado competitivo de generación (pública y privada) de energía eléctrica, administrado por el Estado a través de una entidad independiente que controle la operación del sistema eléctrico nacional...

2) Modernizar y ampliar la red nacional de transmisión, y

3) Incrementar la densidad del mallado eléctrico y su capacidad a fin de fortalecer la confiabilidad e integrar energías renovables a gran escala

Para ello propone modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución a fin de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares... que podrán participar (salvo en el servicio público de transmisión y distribución) en (todas) las demás actividades de la industria eléctrica.

Sobre la reestructuración de la CFE la propuesta no hace mayor mención, salvo su confinamiento a ser un generador más de energía en un mercado "de competencia" que milagrosamente reducirá costos de generación y tarifas a los usuarios, y convertirá al país en un paraíso eléctrico.