La contrareforma energética

Marcos Chávez

De concretarse la reprivatización y extranjerización petrolera y eléctrica, Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias “mexicanas” habrán logrado una de sus mayores victorias de la historia reciente sobre los intereses nacionales. Los medios de comunicación ya se aprestan a celebrar el golpe al país. ¿Al día siguiente de que ocurra –si es que ocurre–, los encabezados de los corporativos mediáticos serán idénticos al del Mexican Herald que en 1913 celebró la Decena Trágica y a ocho columnas tituló: “Viva Díaz, viva Huerta”? Tal vez agregarán: “Viva Peña”

Dice el analista Lorenzo Meyer: “un país cuyas elites dirigentes no sean capaces de formular un gran proyecto colectivo de cara al futuro, aceptado como legítimo por la mayoría de sus ciudadanos y que sirva de elemento guía en la toma de las grandes decisiones políticas, corre el peligro de convertirse en una comunidad sin derrotero y, con el correr del tiempo, en derrotada desde adentro” (La desvanecida ruta de la ambición nacional).

Es cierto que nada garantiza el éxito de un proyecto de nación basado en la credibilidad social, la legitimidad política y la justicia; en la atención de las necesidades materiales, los intereses, los anhelos –y hasta las utopías– heterogéneos de la población; en la habilidad y la capacidad de los dirigentes y las organizaciones para consensuar, negociar y establecer las alianzas democráticas necesarias para alcanzar tales propósitos, así como para atender, resolver o neutralizar legalmente las contradicciones y las disputas inherentes entre los individuos, los grupos, las regiones, las clases y las naciones.

Históricamente, toda nación, por su propia dinámica, está sometida a constantes tensiones y, en ciertas épocas particulares, los equilibrios económicos y sociales alcanzados, a menudo razonablemente temporales y frágiles, suelen alterarse inevitablemente, fracturarse y provocar crisis políticas, nuevos reacomodos y pactos estabilizadores entre las fuerzas en lucha, o incluso suscitar cambios radicales. Las tensiones y las asechanzas internas y externas son permanentes, ya que, como agrega Meyer, todo proyecto, ya sea que aspire a ser colectivo o de cualquier otro, implica una interpretación y reinterpretación determinada del pasado, un diagnóstico del presente y una visión del futuro; una construcción ideológica dominante pero no única, y una percepción de la naturaleza humana y la sociedad que no necesariamente son compartidos por todos; un acuerdo sobre las formas de ejercer el poder político, normado por un diseño institucional y constitucional, el cual está sujeto a la pugna sistemática entre dos o más propuestas –de la derecha, de la izquierda o del pantano centrista– sobre la manera de cómo organizar el presente para dar forma al porvenir; por obtener o mantener el control de los instrumentos de dominación, los esfuerzos por conquistar y retener la imaginación de la base social como sustento de la legitimidad de un proyecto específico.

Las confrontaciones, con diversos grados de intensidad, son socialmente normales dentro de los límites fijados por un sistema político democrático, el cual tiene la capacidad para asimilarlos y sobrevivir a las tormentas. Sin embargo, los conflictos tienden a ser agudos, violentos, cuando una elite o un bloque dominante, en un régimen autoritario, agita arrogantemente elavispero de la lucha de clases al ejercer arbitrariamente el poder, con el objeto de imponer unilateralmente, desde arriba, su propio proyecto, y tratar de estúpida a la sociedad al intentar convencerla que éste responde a los intereses nacionales y no sólo a los suyos. Lo anterior es el caso de la audaz contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto.

Groucho Marx en la Presidencia: “Éstos son mis principios. Si no le gustan…, los cambiaré”.

El “audaz” y neoporfirista traje a la medida para la nueva rapiña petrolera neoliberal. Todo está en venta. La cuestión es sólo de precio. Los cambios que se impondrán a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes secundarias, se ajustan al principio enunciado por Enrique Peña Nieto: “Pemex y CFE no se venden ni se privatizan”…, pero las industrias petrolera y eléctrica sí.

1) Hasta nuevo aviso, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conservarán como entidades públicas, con sus mismas funciones, pero mejorando su “competitividad”. Para Pemex se propone un cambio aún indefinido en su trato fiscal, bajo tres principios reiterados por el vicepresidente Luis Videgaray: que mantenga los recursos necesarios para cubrir sus costos de operación y de capital en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y que sus directivos decidan el destino de sus utilidades (se reinviertan o pague dividendo al Estado); que continúe con su esquema de regalías y derechos, pero de manera “moderada”, “flexible”, “más bajos que en la actualidad”; y que pague sus impuestos. El mismo vice dice que Pemex paga una tasa sobre sus ingresos de aproximadamente 61.5 por ciento, “pero si hablamos de utilidades es poco más de 70 por ciento, dependiendo del año y del precio del barril”. ¿Cuál es el nivel “flexible” de los gravámenes fiscales que propondrán para que se pueda cumplir el primer punto?

Porque lo único claro hasta el momento es que, según la Auditoría Superior de la Federación, basada en información de la propia paraestatal, Pemex es la empresa petrolera que más impuestos paga en el mundo y la que tiene la mayor carga tributaria (http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/02/29/pemex-paga-impuestos-record-2011). Que sin esa hemorragia tributaria sus trabajos de exploración, extracción e infraestructura no estarían en ruinas, toda vez que dispondría de los recursos necesarios para financiarlos. Que sus hojas de balance, después de la ordeña tributaria realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (impuesto a la renta, aprovechamientos, derechos, ordinarios, extraordinarios), no arrojaría las pérdidas registradas ininterrumpidas desde 1997, salvo en 2006. En el primer semestre de 2013, del primer año peñista, su pérdida integral fue por 45.3 mil millones de pesos, o 3.5 mil millones de dólares, 20.5 por ciento más nominal que en el mismo lapso de 2012. Que sus pasivos no superarían sus activos (179.6 millones de dólares contra 154.5 mil millones de dólares), y su patrimonio no sería negativo (25 mil millones de dólares), expresión de su deterioro. Evidentemente, tampoco se vería obligado a recurrir al endeudamiento para compensar el saqueo fiscal al que está sometida. Al menos sus débitos acumulados de corto y largo plazo no ascenderían a 760 mil millones de pesos (58.7 mil millones de dólares), equivalentes al 85.6 por ciento de la deuda externa del gobierno federal (67.8 mil millones de dólares) y al 64 por ciento de la del sector privado (97mil millones de dólares).

Con ésos y otros datos, también es natural que Luis Videgaray eluda responder si Pemex está o no en quiebra, que su ojo clínico como responsable de cobrarle los gravámenes se obnubile o se vuelva estrábico, y se vea obligado a decir que depende desde dónde se observen las finanzas de la empresa: si antes o después del pago de impuestos. No se requiere de un grado de doctor en economía para saber que, con un despojo de esas proporciones, cualquier empresa que no sea pública ya hubiera quebrado y desaparecido hace tiempo. Sólo basta el sentido común para intuirlo; para suponer que a ninguna otra le gustaría tener tratos con una paraestatal condenada deliberadamente a la indigencia después de pagar sus tributos, ya que no le redundaría ningún beneficio. Más aún, hasta alguien con ese nivel de razonamiento podría conjeturar que, premeditadamente, se orilló a Petróleos Mexicanos a esa situación para justificar su ineficiencia y su ineludible remate. Hasta Emilio Lozoya Austin, director de la empresa, sin ruborizarse, ha dicho que “Pemex no está en quiebra”.

Enrique Peña y Luis Videgaray agregan que quieren un Pemex que funcione como una empresa “competitiva”. ¿Pero qué empresa puede serlo cuando, antes del pago de impuestos, es considerada como una de las mejores del mundo, y una de las peores después de cubrirlos? ¿Cuál soporta una carga de 75 por ciento? Nuestros ínclitos hombres de presa, como Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas, por ejemplo, arrojan espuma por la boca ante un impuesto a la renta de 30 por ciento o un IETU (impuesto empresarial a tasa única) de 15 por ciento, pese a que, gracias a las deducciones, exenciones y la “creatividad” contable, pagan una tasa marginal menor a la que cualquier sufrido clasemediero acasillado por Hacienda. ¿Qué empresa, petrolera o no, se ve obligada a pagar impuestos diariamente –alguien los estimó en 600 millones de pesos– y luego ajustar la cantidad al cierre del mes?

Pemex y la CFE no se reprivatizarán y no se venderá ni un tornillo de ellas. Aunque se reducirá aún más su presencia altamaño de un enano, y detrás de ellas se tratará de esconder al elefante de la reprivatización petrolera y eléctrica.

2) La reprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, o cómo reabrir otra vez las puertas del templo a los mercaderesexpulsados por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. La propuesta es explícita: legalizar el contratismo para permitir la participación privada nacional y extranjera en la exploración, la extracción y en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, en la refinación, el transporte, el almacenamiento y su distribución; sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica para entregarlas a la voracidad empresarial; concederles un sueño jurídicamente tranquilo a quienes deseen dedicarse al procesamiento de gas natural, su distribución y comercialización; abrir a la industria eléctrica la generación de esta energía, la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución.

¿Qué quedará por reprivatizar con la contrarreforma? Sólo la industria nuclear. ¿Por cuánto tiempo?

3) El cuerno de la abundancia o el reparto de la renta petrolera hacia arriba. Los peñistas se empeñan en negarlo. La iniciativa rechaza esa opción. El vice dice: “no compartiremos la renta petrolera”. La participación privada en Pemex, a través de los contratos de utilidad compartida y los contratos de servicios que desde hace años existen, no implica su reparto; la renta petrolera, “que deriva del valor del petróleo que está en el subsuelo” y el petróleo, seguirán siendo de los mexicanos. Tales contratos sólo compartirán las utilidades generadas con la asociación y el porcentaje pagado “estará por debajo del 50 por ciento, [y el] porcentaje disminuirá mientras disminuyen los riesgos para las empresas privadas”.

Eso dice Videgaray.

¿Qué dice Pemex sobre la renta petrolera?

“La renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de venta en el mercado internacional, menos los costos de extracción o, dicho de manera más sencilla, es los ingresos menos los costos, de tal manera que la renta petrolera es lo que queda para repartir.

“Valor de los hidrocarburos – costos de extracción = renta petrolera”.

¿Cuáles son los componentes de la renta petrolera?

La renta petrolera está determinada por tres variables: el precio al que se vende el petróleo, el volumen de producción que puede alcanzarse en un momento determinado y los costos de extracción. Considerando estas tres variables, la renta petrolera de un país será mayor entre más altos sean el precio del petróleo y más alto sea el volumen de producción. La renta petrolera también será mayor mientras más bajos sean los costos de extracción (www. pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid= 136&catid=11880).

¿En qué quedamos?

¿Pagar un porcentaje de las utilidades, cualquiera que sea, representa o no el reparto de la renta con los nuevos “socios” que llegarán con la contrarreforma neoliberal y que destruirán las reformas cardenistas, ese “rayo en cielo despejado” como las calificaron los historiadores Meyer y Zoraida Vázquez? (México frente a Estados Unidos).

Un pago mayor significará una mayor participación en la renta petrolera. Obviamente uno menor otorgará una tajada famélica. Y ella, en menor o mayor cuantía, se transferirá hacia el exterior o los bolsillos de las corporaciones locales. ¿Quiénes sancionarán los contratos? ¿Los directivos de Pemex que manejan la paraestatal con la pulcritud digna de los señores feudales, o de otros sultanes fuera del organismo, en caso de que se cree un nuevo ente para repartir los codiciados contratos, en un país donde se enseñorea la impunidad?

Alguien no entiende. Alguien no se sabe explicar. O alguien miente descaradamente, con la soberbia que le concede el poder despótico.

Algunos sí han entendido perfectamente. Por ejemplo los apologistas que han recibido con optimismo el “histórico” plan:Forbes y The Economist, entre otros.

Lo anterior me recuerda el júbilo de la colonia estadunidense en México, que el Mexican Herald del 19 de febrero de 1913 saludó desde su primera plana al nuevo gobierno en forma por demás significativa: “¡Viva Díaz! ¡Viva Huerta! [...] After a year of anarchy, a militar dictator looks good to Mexico” (Jaime Cárdenas, En defensa del petróleo).

Ello, luego de que el gobierno mexicano de la época claudicara en su intento por elevar el impuesto del timbre petrolero. De alguna manera, lo anterior se sumó como un ingrediente a la Decena Trágica y los posteriores asesinatos de Madero y Pino Suárez, alentados, entre otros, por el embajador Henry Lane Wilson, defensor de las petroleras.

¿Ahora tendremos que decir: “¡Viva Díaz! ¡Viva Huerta! ¡Viva Peña! [...] After a year of anarchy, a militar dictator looks good to Mexico”.

*Economista

Fuente: Revista Contralínea 350/Septiembre 2013

MOONWALKERS´ REFORM (3/3)

David Márquez Ayala

Frente a la propuesta neoliberal de los Moonwalkers –criaturas lunáticas que al caminar retroceden– el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas han presentado una iniciativa alterna de corte nacionalista que responde al sentir de la mayor parte de la población, de agrupaciones civiles y de expertos en el tema.

La propuesta nacionalista

Su enfoque central es preservar para la Nación y la sociedad el pleno control, proceso y usu-fructo de los recursos energéticos y su renta. Se opone a modificar la Constitución pero propone cambios a 12 leyes secundarias y crear un Fondo con los ingresos petroleros. La propuesta se estructura en torno a ocho medidas-objetivo:

1. Descarga fiscal a Pemex. a) Nuevo régimen fiscal que le genere recursos adicionales para inversión productiva y revertir la descapitalización a la que ha estado expuesto, y para poder cumplir con su objeto de abastecedor de energéticos de calidad, accesibles y a un costo razonable, y poder garantizar la seguridad energética.

2. Autonomía presupuestal y de gestión. a) Se otorga tal autonomía para ejercer los recursos provenientes de la descarga fiscal con base en los requerimientos que establezca su Plan de Negocios y las necesidades del país; b) Saca a Pemex y CFE del presupuesto federal y del control de Hacienda.

3. Nuevo gobierno corporativo.-a) Se reintegra verticalmente a Pemex desapareciendo los organismos subsidiarios; b) Se reorganiza la integración de los Consejos de Administración; c) Se reducen (de 7 a 5) los Comités de Apoyo al Cons de Admon; d) Se le da un objetivo prioritario de internacionalizarse.

4. Empresas públicas eficientes y eficaces. a) Se transforma a Pemex y a CFE en verdaderas empresas públicas con características propias para hacerlas más ágiles, robustas e independientes en su toma de decisiones con la meta de cumplir con su objeto energético.

5. Transición energética. a) Pemex deja de ser una empresa exclusivamente petrolera para convertirse en una empresa energética integral; b) Se le imponen nuevos mandatos para contribuir al desarrollo, producción y uso de fuentes de energía alternativas. En el largo plazo los hidrocarburos se acabarán y es necesario iniciar la transición energética cuanto antes. También se obliga a Pemex a (prevenir) los efectos adversos del cambio climático.

6. Investigación y desarrollo. a) Se le proporcionan a Pemex más recursos para I y D tecno-lógico… del 0.65 al 1.0% del valor anual del petróleo crudo y gas natural; b) Este incremento automáticamente eleva los recursos al Instituto Mexicano del Petróleo, IMP; c) Al Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico se le amplían sus facultades para garantizar que la tecnología o investigaciones que realice el IMP puedan ser canalizadas a través de este Comité y dictaminar su incorporación prioritaria a los procesos pro-uctivos de la empresa pública.

7) Fortalecimiento de la arqui-tectura institucional. a) La Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH y la Comisión Reguladora de Energía CRE se transforman de organismos desconcentrados a descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión; b) Se amplían las facultades de la CNH en materia de supervisión, verificación y vigilancia a Pemex.

8. Nuevo destino a los recursos provenientes del petróleo. a) Se crea el Fondo para los Excedentes Petroleros; b) Se utilizan racionalmente estos ingresos que la Nación obtiene de su riqueza natural; c) Los recursos podrán ser usados por resolución expresa de la Cámara de Diputados (o de la Comisión Permanente); y d) Se utilizarán para: i Proyectos prioritarios de Pemex y CFE, ii de infraestructura de transporte masivo, contribuir al ahorro de combustibles, y coadyuvar a la transición energética, y iii proyectos que beneficien a la salud de los mexicanos…

Opinión

Potenciar el sector energético es sin duda de vital importancia para el país. Ante la actual disyuntiva de optar entre una reforma privatizadora-desnacionalizadora, y una reforma nacionalista que se enfoca en la capacidad interna reestructurando a Pemex y CFE, consideramos que ésta última es la adecuada para México por las siguientes razones:

I) Seguridad energética.- El eje principal de la reforma gira no en cuánto dinero podemos obtener de los hidrocarburos o la energía a corto plazo, sino en el cómo podemos garantizar la seguridad energética para las siguientes generaciones.

Ante esta prioridad, la opción de reestructurar nuestro sistema energético y mantener el control de la Nación sobre los limitados recursos naturales disponibles (y en especial sobre los no renovables) a fin de aprovecharlos, dosificarlos y optimizar su transformación y uso al ritmo de las necesidades del país, es sin duda más sensata que la opción por una sobreexplotación acelerada vía empresas petroleras transnacionales con intereses de abasto, dominio de reservas y ganancias rápidas que no sólo son divergentes sino en mucho contrapuestos con los nuestros.

México no está en una emegencia energética a corto plazo, pero lo estará y pronto si seguimos el razonamiento falso de que no podemos con la industria, que Pemex y CFE son reliquias del pasado y que es mejor desplazarlas para que las empresas modernas que sí pueden se encarguen de la energía futura.

 La transición energética del siglo 21 es un reto que debemos afrontar como Nación responsable y soberana, y no como un país incapaz, apocado, subordinado y autoderrotado. Si Arabia Saudita, Brasil, Irán, Noruega y Venezuela, por citar ejemplos, han avanzado en la tecnificación e integración nacional de sus respectivas industrias petroleras, nosotros, con una historia, una experiencia y una industria inte-grada como Pemex ¿no podemos? ¡Por supuesto que sí!

Está claro que Pemex debe poder contratar ciertos trabajos y servicios especializados hoy no disponibles, pero no se debe ceder ni un ápice en la privatización de las funciones troncales que le asigna la Constitución. Por ello ésta no debe modificarse, y sí prohibirse expresamente en las leyes secundarias cualquier tipo de concesión abierta o disfrazada (contratos integrales, incentivados, de utilidades compartidas y otros) que involucren algo más que pagos en efectivo (aunque Pemex absorba el riesgo), ya que el costo de involucrar pagos o incentivos en especie, o con base en porcentajes o participaciones de la producción, las ventas, las utilidades, o cualquier figura similar, resulta más alto e implica cesiones y compromisos mucho más onerosos, lesivos e inaceptables para el país.

II) Control efectivo de la cadena industrial.- México debe dejar de ser exportador de crudo, sustituir los petrolíferos impor-tados con refinación propia, y restituir sus reservas probadas de los actuales 10 años a 25, y las posibles de los 19 a 50 años.

Así, el país se da un espacio para la restitución de sus reservas; construir la capacidad de refinación necesaria para la demanda nacional; y para avanzar (por ej con Petrobras), en la exploración y extracción de petróleo y gas, sobre todo en los yacimientos marítimos que compartimos con Estados Unidos.

Especial prudencia sería recomendable en la explotación de las lutitas o esquisto (shale) pues los efectos geológicos y de cotaminación hidrológica parecen ser de tal nocividad que países como Francia la han prohibido.

Esta mesura, dosificación y recuperación energética es perectamente posible si Pemex es total responsable, ya que operará conforme al país convenga. No será así si permitimos a corpora-ciones extranjeras (o nacionales) asumir control (aun parcial) sobre nuestras reservas, volúmenes de extracción, exportación, procesamiento y distribución.

III) La maximización del impacto sobre la economía y el empleo.- El relanzamiento de Pemex y CFE conlleva un potencial enorme para expandir la demanda de bienes y servicios nacionales, lo cual debe ser una prioridad obligatoria. No ocurrirá así si las inversiones son privadas y extranjeras, pues estas empresas se abastecen dónde, cómo y con quién les conviene.

Esto es también aplicable al empleo, pues la capacidad de generarlo en gran escala no está precisamente en las cadenas productivas de la energía, que son intensivas en capital, pero sí en el empleo colateral que se genera en toda la trama de proveedores que Pemex y CFE pueden asegurar para el país, y no las empresas privadas/extranjeras.

IV) Optimización de la renta petrolera.- Es inaudito sostener que el país recibirá más recursos fiscales privatizando el sector energético. Nunca las empresas privadas aportarán más ingresos al país que los aportados por empresas públicas como Pemex y CFE, recursos que serán mayores después de sanearlas y reestructurarlas, y con la seguridad, además, de que no eludirán al fisco ni acabarán ocultos en un paraíso fiscal.

En cuanto a un nuevo régimen fiscal para Pemex, consideramos que no es por ahora prioritario, aunque sí lo es asegurarle un retorno vía presupuesto de recursos suficientes para inversión. Dejarle amplias utilidades no es procedente sin antes asegurar que el sindicato, la administración y el gobierno no podrán hacer un aprovechamiento impropio de ellas.

Corolario

En los últimos lustros, el principal obstáculo que ha tenido (y tiene) el desarrollo energético del país y sus dos empresas pilres, Pemex y CFE, es el gobierno. Por ello, el punto de partida es darles una nueva estructura administrativa autónoma, profesional, eficiente, honesta, estable y sólo comprometida con dar al país resultados óptimos.
En cuanto a la reforma, la mejor opción, desde cualquier punto de vista, es la de un cambio hacia adentro con la reestructuración cabal de Pemex y CFE, y no hacia afuera permitiendo una nociva, peligrosa e innecesaria intrusión, con enormes repercusiones, de transnacionales petroleras y energéticas en el país.

Tratándose de recursos estatégicos y no renovables, la decisión que tome el Congreso en torno a esta reforma es crucial para el país como ninguna. Grave será buscar el futuro saltando hacia atrás.

Perder el control del petróleo

Alejandro Nadal

 

Hace unos días se llevó a cabo una importante reunión en las oficinas de La Jornada a la que asistieron los más altos funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) y los directivos, reporteros y colaboradores del periódico. El titular de la Sener hizo una presentación sobre la mala situación en la que se encuentra Pemex. Su mensaje central fue que la paraestatal no tiene los recursos para asegurar el abasto de energéticos y petroquímicos de la economía mexicana. Esa es la versión oficial en una cápsula publicitaria: se necesita liberar a Pemex de la situación en la que se encuentra. Es una tesis que distorsiona y evita ir al corazón de los problemas.

Detrás de la presentación del secretario de Energía están las contradicciones de política macroeconómica que el neoliberalismo mantiene en México. Eso es lo que hay que cambiar, no el control económico y patrimonial del petróleo mexicano. Pero como para el neoliberalismo la inversión extranjera directa es la solución a todos los problemas nacionales, lo que busca la reforma energética es abrir las puertas que la expropiación cerró en 1938 a las compañías trasnacionales. Y la herramienta para hacerlo está en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Lo único que se requiere es borrar un par de palabras en los artículos 27 y 28 constitucionales.

El secretario de Energía considera que permitir a Petróleos Mexicanos firmar contratos de utilidad compartida no es privatizar. Piensa que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos porque la Constitución así lo dispone en su artículo 27. Y aquí es donde hay que insistir en el punto medular: el TLCAN define (en su artículo 1139) a la inversión extranjera como aquélla en la que existe propiedad de un inversionista en territorio de una de las partes del tratado o cuando la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. Y eso es exactamente lo que busca el gobierno, que vengan empresas transnacionales a invertir en exploración, extracción, refinación y petroquímica. De acuerdo con el TLCAN eso equivale a abrir el sector a la inversión extranjera directa, lo que acarrea serias consecuencias, pues el capítulo XI del TLCAN otorga más protección a las empresas que a los gobiernos.

Según el titular de la Sener eso no es problema porque la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Esgrime como argumento un fallo de la Suprema Corte (amparo en revisión 1475/98) y en el artículo 133 de la propia Constitución que establece que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma son la ley suprema de toda la unión. A la letra de ese artículo, en la medida de la contradicción entre un tratado y la Constitución, prevalece la última.

Pero aquí viene la parte medular de la reforma energética: precisamente lo que busca el gobierno con ella es eliminar la contradicción al permitir los contratos de utilidad compartida en el sector energético. La eliminación de la restricción contenida en el artículo 27 establecerá la plena concordancia de la Constitución y el TLCAN: la inversión extranjera directa entrará por la puerta grande (que estuvo cerrada desde 1938) al sector energético mexicano. Este es el núcleo de la reforma energética al desnudo. Por supuesto que se trata de privatizar y de entregar el control del petróleo, gas y sector eléctrico a las empresas trasnacionales.

La entrada de la inversión extranjera directa en el sector energético será un parteaguas en la historia de México. No sólo se aplicarán las disposiciones del capítulo XI del TLCAN (que prohíben el uso de importantes instrumentos de política industrial), sino que las reservas al capítulo VI sobre energía quedarán en entredicho. Ese capítulo VI elimina las restricciones a las exportaciones de bienes energéticos, pero excepcionalmente México podrá restringir las exportaciones con el único propósito de reservarse para sí mismo el comercio exterior de esos bienes (Anexo 603.6 del TLCAN). Sólo que habrá que ver en qué situación se encuentran ahora las excepciones que México pudo introducir en el TLCAN, una vez que se permita la inversión extranjera directa en el sector energético.

El capítulo XI del TLCAN sobre inversiones define un régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje. Los funcionarios de la Sener afirman que un contrato puede estipular que sean los tribunales mexicanos los competentes en caso de un conflicto sobre la interpretación del documento. Puede ser, pero la realidad es que el gobierno mexicano llegará de rodillas a las negociaciones con las empresas trasnacionales al momento de discutir un contrato de utilidad compartida y no estará en posición de imponer ninguna condición. Cristalizadas las inversiones en la matriz económica mexicana, será todavía más difícil romper o modificar el patrón de subordinación económica. La reforma energética corona un proceso que arranca hace ya 20 años y es en grave detrimento de México.

El uso del lenguaje y la reforma energética de Peña Nieto

José Arreola

 

Es sorprendente la forma en que los medios de comunicación oficiales y el gobierno federal han pervertido el lenguaje. La manera en que Peña Nieto y sus corifeos insisten en la “necesidad” de las reformas no es casual: buscan crear en la opinión pública la idea de que sólo la implementación de éstas salvarán al país de la crisis. Palabra ésta, por cierto, que gustan de repetir complementándola de una facciosa utilización del símbolo de la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas. Así resulta, por ejemplo, que la reforma energética busca “devolver” a la Constitución lo que, palabra por palabra, Cárdenas dejó escrito. En el caso de la televisión, la utilización de ciertas imágenes –al alimón con el lenguaje- es fundamental para despertar simpatía en el televidente. Una serie de comerciales muestran en un primer plano a un joven, muy al estilo de los golden boys peñanietistas, entusiasta y animado desde meses antes por la frase “entonces sí se puede”; en segundo plano, al fondo, imágenes de Lázaro Cárdenas. Todo en dos tonos: blanco y negro. Inmediatamente después, al hablar de las virtudes de la reforma presentada por Peña Nieto, esos dos tonos desaparecen y el cuadro completo se ilumina. Entonces se pronuncian palabras como progreso, renovación, y lo que “México necesita”. Esa serie de spots publicitarios, repetidos hasta el hartazgo, dicen explícitamente “No a la privatización. Sí a la reforma energética”. En conjunto, jugando con los contrastes de color, más las palabras precisas en los momentos precisos, se crea el ambiente de lo imprescindible de la reforma, con Lázaro Cárdenas como sustento, para que México aproveche todo su petróleo en pro de un mejor país. Nada más, nada menos.

Ocurre entonces que la campaña en los medios está emprendiendo también una guerra por lo simbólico. A decir de Vicente Romano: “Las palabras y los conceptos se utilizan conscientemente para violentar la capacidad de las grandes masas de la población, para confundir las mentes, y en última instancia para imponer significados que se contradicen con la realidad”. [1] De ese modo, uno de los símbolos de la nacionalización petrolera se convierte, por arte de las palabras y las imágenes, en autor intelectual de la reforma peñanietista. Así hay un doble efecto: el personaje simbólico de la expropiación petrolera es despojado de todos los elementos que, empujado por las masas de obreros y campesinos en resistencia en el México de la pos-revolución, lo llevaron a confrontar los intereses extranjeros en el caso petrolero; además se impone en el imaginario social, como parte de esta época, una “estructura de sentido”. Y las medidas de esta época neoliberal, en la que los países de primer mundo imponen la agenda internacional, están encaminadas a que el Estado controle cada vez menos sus recursos estratégicos poniéndolos en bandeja de plata a las grandes trasnacionales. México, se dice, no puede esperar. Debe, necesita, le urge esa reforma, o si no se “siente” que el país va a la cola del desarrollo.

De tal suerte, todo aquel que se oponga a la reforma se opone a la rueda de la historia, a la modernización, al progreso y, en suma, al legado Cardenista. Como remate se machaca la idea de que el propio Lázaro Cárdenas dijo que “se necesitaba de la participación privada”, “que el petróleo no se lo vamos a regalar a nadie”. Arma de doble filo, el lenguaje oculta diciendo. Vale la pena, por eso, reparar en cada una de las frases y deshilvanar lo que denotan.

En primera instancia, es paradójico que sea precisamente Peña Nieto – y su cuerpo de asesores-, quien pretenda convencernos acerca de lo que dijo, palabra por palabra, Lázaro Cárdenas. Son suficientes sus desaguisados intelectuales (de la Feria Internacional del Libro a la nueva capital de Veracruz) como para alzar la ceja y dudar de la veracidad de esta sentencia. El énfasis en lo que dijo Cárdenas es tramposo. Es una frase que merece explicación. Al realizar la expropiación petrolera, en 1938, México no contaba con una industria petroquímica desarrollada, no existía una empresa controlada por el Estado capaz de llevar a cabo la extracción y comercialización del crudo. Todo estaba en manos de privados extranjeros, los pozos, las instalaciones, los medios de comercio. Existía pues la necesidad de que éstos participaran, sin cambiar el valor estratégico del recurso y la rectoría estatal. Hoy el panorama es totalmente diferente: hay una industria petrolera desarrollada y una empresa Estatal con capacidad de realizar lo que en 1938 no se podía. El gobierno busca hacer de la necesidad de ayer la virtud de hoy.

“El petróleo no se lo vamos a regalar a nadie”. La reforma de Peña Nieto no dice: “se regalará el petróleo…”, pero lo que sí dice y establece claramente es la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Lo que regalan es la posibilidad de invertir en un sector estratégico del país. Peña Nieto propone que otras empresas, y no sólo PEMEX, participen en la extracción y comercialización del petróleo cambiando, además, su carácter estratégico. Esas empresas, por supuesto, son las grandes trasnacionales del sector petroquímico a nivel mundial que “competirían” contra PEMEX. PEMEX, como tal, no se vende pero deja toda la cancha libre para la exploración, extracción, explotación y comercialización de un recurso de nuestro país por el que las trasnacionales obtendrán grandes ganancias. Y, además, con los contratos de riesgo, en aquellas áreas donde esas trasnacionales hayan invertido sin encontrar petróleo, el gobierno habrá de resarcir la inversión. Negocio redondo: las trasnacionales no pierden nunca, el Estado sí.

PEMEX es una empresa rentable, una de las que mayores ingresos reporta para el país; una parte de esos recursos es destinada a salud, seguridad social y educación. Si PEMEX no es más “eficiente” es, en buena medida, porque el propio gobierno ha dejado de invertir en ella, porque en vez de construir refinerías el petróleo se refina en el extranjero y porque su cúpula sindical es utilizada como brazo político del PRI desde hace muchos años.

Hay otro elemento no menos interesante en todo este argot neoliberal. Modernización, progreso, desarrollo, inversión privada, son utilizados, sin reparo y con descaro, como sinónimos. Se crea un campo semántico en el que se forma una opinión, un uso del idioma determinado y determinante. Todo lo que se encuentre fuera de esa esfera es atrasado. Sin embargo, justo en América Latina, han surgido proyectos fuera de esa lógica que van creando modelos de desarrollo más eficaces y benéficos para su población: Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia.

Expropiar a Lázaro Cárdenas, expropiarlo para la causa gubernamental, tiene un papel de contención del descontento popular. Cárdenas es, probablemente, por su carácter nacionalista y las medidas que emprendió, el presidente que más presente se encuentra en el imaginario social. Resta decir que no se trata sólo de rescatar la figura del tata Cárdenas, pero sí todo lo que la expropiación petrolera significó: la posibilidad de soberanía e independencia; el enfrentamiento directo contra las grandes empresas petroleras del momento buscando un desarrollo propio; y, sobre todo, un movimiento popular masivo dispuesto a recuperar lo que era suyo. Quizá sea este elemento el que más se pierde en toda esta discusión y es, sin embargo, el que más debería interesarnos. Ahí está una enseñanza que el movimiento social mexicano, sin mezquindades, debería analizar rápida y concienzudamente porque, además de todo lo simbólico, en esta pelea contra Peña Nieto se juega, lejos de toda retórica, buena parte de nuestro futuro.

Notas
[1] Vicente Romano, La intoxicación lingüística. El uso perverso de la lengua, citado en Pascual Serrano, Medios Violentos (Palabras e imágenes para el odio y la guerra), Editorial José Martí, La Habana, 2009, p.25.

MOONWALKERS' REFORM (2/3)

David Márquez Ayala

La propuesta de reforma energética del cártel neoliberal fue programada en esta ocasión en dos fases: una desbordada a cargo del PAN con el mismo tono concesionario al capital que la de 2008 (REc 14 abril 2008) pero en versión ultra, y otra del gobierno federal (PRI). Ambas tienen como objetivo central justificar, legalizar y profundizar la privatización de las funciones productivas y operativas del sector energético de la Nación y aumentar el traspaso al capital de la renta generada.

La propuesta neoliberal

El pasado 12 de agosto el ejecutivo envió al Congreso una iniciativa pera reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución y abrir con ello en forma franca el cauce a la participación de empresas privadas extranjeras y nacionales en toda la cadena productiva de los hidrocarburos y la energía eléctrica, hoy reservadas al Estado.

Petróleo e hidrocarburos

Para los hidrocarburos, el modelo que se propone (citas textuales en cursivas) comprende dos esquemas: 1) contratos eficientes para la exploración y extracción, celebrados con el Ejecutivo Federal, y 2) participación de terceros (privados) en toda la cadena de valor de los hidrocarburos...

Para ello, indica, se mantiene la prohibición de otorgar concesiones a los particulares, (pero) plantea el otorgamiento de contratos (de utilidad compartida) en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, (y de) permisos (en lo relativo a) refinación, transporte, almacenamiento y distribución.

Al efecto, las reformas consisten en:

a) Eliminar la prohibición constitucional de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos.

Considera que el petróleo de fácil acceso se está agotando y cada vez son mayores los desafíos que se enfrentan para su explotación: altos riesgos, grandes inversiones, alta capacidad operativa y la necesidad de recursos tecnológicos cada vez más desarrollados... (y que) la imposibilidad de que particulares participen en actividades de exploración y extracción a través de contratos constituye una barrera injustificada que coloca (a Pemex) en desventaja...

Por ello se propone eliminar del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960 que le impide al Estado la utilización de contratos en sus actividades de explotación... (sobre todo del) gran potencial de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, y el petróleo y gas de lutitas (shale). Al eliminar esta restricción (podrán) celebrarse contratos para la exploración y extracción... (con) mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos... sin posibilidades de otorgar derechos a través de concesiones.

b) Sustraer de los áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica, y dar certeza constitucional para que actividades de la industria... como el procesamiento de gas natural, la refinación del petróleo, el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados puedan ser realizados tanto por organismos del Estado como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal.

Los beneficios que espera el gobierno de la reforma en materia de hidrocarburos son:

1) La inversión y los recursos fiscales que se obtengan, permitirán a México consolidar un modelo de hidrocarburos sostenible en el largo plazo, pensando en el bienestar de futuras generaciones. Así, con la reforma se plantean los siguientes objetivos:

a) Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100% (el incremento de la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas),

b) Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente, a 3.0 millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025, y

c) En el caso del gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, y a 10 mil 400 millones en 2025.

2) Adicionalmente, la reforma propiciará una mayor integración en la cadena de valor a partir de la extracción de los hidrocarburos, lo que permitirá un abasto suficiente de gasolinas, gas metano y gas licuado de petróleo, a precios competitivos.

3) El incremento en la inversión y la producción incidirá favorablemente en el crecimiento del PIB y en la generación de empleos, al mismo tiempo que permitirá la obtención de recursos fiscales adicionales, que se destinar*n... a mejorar la calidad de vida de la población e incrementar la competitividad de nuestro país, al:

a) Fortalecer nuestro sistema de seguridad social para abatir decididamente a la pobreza extrema y crear mecanismos de redistribución eficaces, combatir el hambre y mejorar los servicios de salud pública... para que los grupos más vulnerables tengan la oportunidad de desarrollarse, mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la competitividad del país,

b) Formar a las nuevas generaciones con educación de calidad y desarrollar capacidades profesionales... y generar un número creciente de trabajadores de alta especialidad técnica. Además, se impulsará el desarrollo tecnológico nacional..., y

c) Invertir en infraestructura...y generar un desarrollo incluyente y distribuido para alcanzar todos los rincones del país. Aeropuertos, carreteras y caminos, entre otros activos, serán construidos pensando en el bienestar y productividad de futuras generaciones. Un enfoque federalista permitirá alcanzar los mejores resultados de inclusión y transmisión de los beneficios.

Exhaustivo (y alucinante) es en verdad todo lo que el gobierno espera lograr con su reforma petrolera, sólo que su razonamiento es un tanto contradictorio, pues los recursos fiscales para tan loables fines se maximizan para la Nación con el régimen actual de propiedad y explotación pública (Pemex ya aporta un tercio del presupuesto federal), y de ningún modo compartiendo la renta petrolera con empresas privadas que, como es su naturaleza, buscan la mayor ganancia posible y pagar el mínimo de impuestos, derechos y otros aportes fiscales.

Respecto a la necesaria reestructuración de Petróleos Mexicanos y su reenfoque financiero (Gráfico 3) la propuesta no hace mayor mención.

Sector eléctrico

Partiendo de un diagnóstico que expone las deficiencias e insuficiencias actuales en la industria eléctrica, y en la Comisión Federal de Electricidad, la iniciativa considera que es necesario:

1) Corregir las limitaciones del modelo actual...con la creación de un mercado competitivo de generación (pública y privada) de energía eléctrica, administrado por el Estado a través de una entidad independiente que controle la operación del sistema eléctrico nacional...

2) Modernizar y ampliar la red nacional de transmisión, y

3) Incrementar la densidad del mallado eléctrico y su capacidad a fin de fortalecer la confiabilidad e integrar energías renovables a gran escala

Para ello propone modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución a fin de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares... que podrán participar (salvo en el servicio público de transmisión y distribución) en (todas) las demás actividades de la industria eléctrica.

Sobre la reestructuración de la CFE la propuesta no hace mayor mención, salvo su confinamiento a ser un generador más de energía en un mercado "de competencia" que milagrosamente reducirá costos de generación y tarifas a los usuarios, y convertirá al país en un paraíso eléctrico.

¡Mienten! La Reforma Energética sí privatiza el petróleo y la electricidad en México

Los Brigadistas-UNAM

1. La orden de los organismos internacionales (con especial énfasis de la OCDE) es privatizar el petróleo en México, y eso es lo que se propone hacer su lacayo Peña Nieto.
En esta semana Peña Nieto presentó la reforma energética que pactó con la OCDE. Que PEMEX no se privatiza (“no se venderá ni un tornillo”), nos repiten hasta el cansancio, queriendo convertir la mentira en vedad. Los mandatos de la OCDE son claros: PEMEX se queda con los pozos ya existentes hasta terminar de secarlos; las grandes compañías trasnacionales (como Repsol, Shell, Exxon Mobil, Schlumberger, Halliburton) se quedan con los nuevos pozos (bajo contratos de concesiones de 20 y hasta por más de 30 años) para explotarlos a su antojo (principalmente en aguas profundas) y vender el crudo embolsándose las jugosas ganancias (la extracción de un barril de petróleo mexicano cuesta en promedio 6.5 dólares y se vende en 100 dólares). Al secarse los pozos actuales, PEMEX se queda como administradora de contratos y todo el negocio se queda en manos de los grandes capitales privados (nacionales y extranjeros), ellos se llevan la mayor parte de las ganancias.

La reforma de Peña Nieto dice textualmente:

“a) Eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos”

“Por ello, se propone eliminar del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que le impide al Estado la utilización de contratos en sus actividades de explotación de hidrocarburos”

“b) Sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a nivel constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal.”

Esto sienta las bases para lo planteado por la OCDE. Esto es privatizar, le llamen como le llamen y por más que se le llene la boca de sangre al lacayo de la OCDE repitiendo que su reforma se apega a lo planteado por Lázaro Cárdenas, que debe estar retorciéndose en su tumba.
 
2. No es ninguna casualidad.

 En una situación en que se van agotando las reservas petroleras en el mundo, Estados Unidos y trasnacionales petroleras quieren quedarse con nuestras reservas. De acuerdo con el PIW ranking que publica Energy Intelligence (que incluye a las 100 mejores empresas petroleras a nivel mundial), PEMEX ocupa el cuarto lugar en la producción de petróleo a nivel mundial (el primero lo ocupa Saudi Aramco, de Arabia Saudita; el 2o NIOC de Irán y el tercero PDVSA de Venezuela). De las 10 primeras petroleras en la lista, 7 son paraestatales que no están pensando en privatizar el crudo. Es una aberración que México lo haga. No es ninguna casualidad las guerras en el Medio Oriente (una de las regiones más ricas en petróleo).
 
3. Quieren privatizar PEMEX no porque no genere recursos, sino precisamente porque es una empresa que genera recursos en abundancia y las trasnacionales se los quieren embolsar.

Por solo citar un ejemplo, en 2007, PEMEX tuvo una ganancia neta de 31 mil 73 millones de dólares, con esta cifra se colocaría como la tercera petrolera a nivel mundial, sólo por debajo de Exxon Mobil (40 mil 610 millones) y muy cerca de Shell (31 mil 331 millones), lejos están Petrochina (19 mil millones), Chevron (18 mil millones) y PetroBras (12 mil millones). Los ingresos que tuvo PEMEX en 2012 fueron un billón 646 mil 900 millones de pesos (126.6 millones de dólares). De 2006 a 2012, PEMEX se ha mantenido dentro de las primeras 100 empresas mundiales de la lista de Fortune Global 500 (2006- lugar 40, 2007-34, 2008-42, 2009-31, 2010-64, 2011-49 y 2012-34), por debajo de Shell y Exxon Mobil, compitiendo con Petrobras y por arriba de PDVSA; y dentro de las 10 primeras empresas de México en la lista de Expansión.
 
4. PEMEX entrega sus recursos al gobierno federal y éstos son parte sustancial del gasto público.

En los doce años de panismo PEMEX entrego al erario público cerca de 600 mil millones de dólares. En el 2012, sólo por concepto de impuestos y derechos, PEMEX entregó al gobierno 902 mil 900 millones de pesos (69 mil 400 millones de dólares), equivalente al 54.8% de sus ingresos por ventas totales y al 99.5% de su rendimiento de operación. Alrededor de la tercera parte del gasto público del gobierno federal proviene de PEMEX: de cada 3 pesos que gasta el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, alrededor de uno proviene de los ingresos derivados del petróleo. ¿En que se gastan las ganancias de PEMEX? Una partecita en la prebendas de la dirigencia sindical, lo cual es aberrante, pero es una justificación para la reforma. Otra parte se dedica a pagar a sus contratistas, a las empresas que le trabajan a PEMEX. Otra sostiene gastos del Estado: grandes sueldos de los gobernantes, pago de la deuda y otros desfalcos, pero también, educación, salud, vivienda, desarrollo del campo, distribución de electricidad, transferencias a estados y municipios, entre otros.
 
5. Con la privatización, cada centavo que PEMEX deje de entregar al Estado lo tendrá que reponer la población; cada peso que se embolsen los grandes capitales privados (nacionales y extranjeros), lo tendremos que poner los mexicanos de nuestros bolsillos. Y se trata de miles de millones de pesos.

En el momento que el Estado tenga menos ingresos se verá en la necesidad de reducir las migajas que reparte y/o acelerar la reforma fiscal, que implica generalizar el IVA a los alimentos y medicinas. Así cada vez que quieras saciar el hambre y curar la enfermedad sé consciente que IVA tendrás que pagar. Lo que viene es un mayor saqueo de recursos naturales y humanos: aumentos de precios, aumento de impuestos, mayor costo por educación, salud, vivienda; y los salarios se mantendrán prácticamente congelados.
 
6. Que la privatización es para el beneficio del país y de todos los mexicanos. Otra mentira. Nos han mentido siempre, sus promesas nunca se cumplen.

En su momento Carlos Salinas en cadena nacional dijo “… pronto veremos al campo mexicano emerger mejorado y renovado…” siempre y cuando se aprobara una reforma constitucional que en los hechos privatizaba el ejido. Hoy tenemos un campo totalmente despedazado, y un país que exporta campesinos para importar alimentos.

A pocos días de dejar la presidencia Felipe Calderón promulgo una reforma laboral prometiendo “… ampliar los derechos de los trabajadores y promover empleos dignos y bien remunerados…”. Seis meses después las grandes empresas, esas que cotizan en la bolsa y que tanto exigían y luego aplaudieron la reforma, despidieron un total de 68 mil 479 trabajadores.

Cuando privatizaron TELMEX se nos dijo lo mismo: para el beneficio de los mexicanos. Carlos Slim ha levantado un verdadero impero a partir de que se le regaló la empresa y ¿cuál ha sido el beneficio para la población? contar con las tarifas telefónicas más altas del mundo, y engordar los bolsillos del más grande de los ricos del planeta.

Ahora Peña Nieto escribe que la Reforma Energética que presentara en estos días “impulsara el desarrollo del país” y declara que “PEMEX no se vende ni se privatiza, al contrario, PEMEX necesita fortalecerse y modernizarse… por el bien de México.” Lo mismo de siempre, y ocurrirá también lo mismo. Ya vimos ésta película. Privatizaron bancos, televisoras, ferrocarriles y cientos de empresas públicas más, con el pretexto de que mejorarían tarifas, habría más eficiencia, mejores servicios, mayor desarrollo, etc. Nada ha sido cierto, son unos cínicos y unos mentirosos.

Los hidrocarburos se utilizan para la producción de multitud de mercancías (no sólo gasolinas): ropa, calzado, muebles, ceras, parafinas, llantas, lubricantes, PVC, botellas, plásticos, pinturas, barnices, medicinas, fertilizantes, detergentes, polietileno, thinner, y materias primas que utilizan multitud de fábricas. Con la privatización, los precios de los hidrocarburos quedarán sujetos a las leyes del mercado, donde cada empresa privada/extranjera ve por su propio beneficio, aún a costa de sangrar a toda una población, que verá aumentar los precios de todos estos productos, y con el aumento de la gasolina, de todo lo demás. ¿Qué va a suceder?
 
7. La privatización casi seguro será aprobada.

Los de arriba y de muy arriba (desde fuera del país) ya lo decidieron, los partidos se están poniendo de acuerdo para aprobar la reforma privatizadora del petróleo. La reforma que aprobarán los diputados, será la privatización de los hidrocarburos, reformando la constitución y/o las leyes secundarias correspondientes. Ya está todo armado.
 
8. Palo dado, el pueblo organizado lo quita. Los decretos, las decisiones tomadas, se pueden tirar. Sí se puede.

Los estudiantes del CGH durante la huelga de 1999-2000, lograron tumbar el reglamento general de pagos, deteniendo la privatización de la UNAM; gracias a su lucha la universidad hoy sigue siendo pública y gratuita. También lo demostraron los campesinos de Atenco, que liquidaron un decreto presidencial que les quitaba sus tierras para regalárselas a los dueños del dinero.

Sí se puede, el ejemplo ahí está. Asumir una decisión firme, de lucha; lograr una unidad de amplios sectores de la población con argumentos y convenciendo cada vez a más; impulsar y organizar acciones de masas que le hagan frente a esta nueva embestida. Cuidarnos de las acciones contundentes emprendidas por unos cuantos y que sólo aíslan el movimiento. Ir más allá de los amparos que han sido un recurso, pero sin la movilización y la lucha son insuficientes.

Los días y semanas venideras serán muy importantes, debemos generar confianza en el pueblo, entre los estudiantes, trabajadores y con toda la población. Promover la discusión en cada salón de clases entre los estudiantes; convocar asambleas que conduzcan el movimiento, que discutan qué hacer, cómo sumarnos a la lucha, cómo convocar al pueblo a defender nuestros recursos energéticos.

Ya basta de saqueo. A luchar para impedir la Reforma Energética, y si la aprueban a luchar todos por echar abajo este saqueo inaceptable. Todos alerta, la resistencia apenas comienza.
 
Compañeros universitarios, nuestro país y nuestro pueblo nos necesita. ¡No a la privatización del Petróleo, no a la rapiña trasnacional!

Petróleo mexicano: en las garras del TLCAN

Alejandro Nadal

 El petróleo mexicano dejó de ser un elemento clave en la estrategia de desarrollo del país a mediados de los años 70. Desde entonces, el recurso fue utilizado primero para apalancar un endeudamiento excesivo y después para pagar las cargas financieras que se fueron acumulando. Pero la promesa de que algún día las cosas podrían cambiar seguía con vida mientras los recursos energéticos siguieran protegidos por la Constitución. Eso es lo que está a punto de cambiar para siempre.

 La iniciativa del gobierno para permitir los contratos en materia petrolera no dice ni media palabra sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Puede ser por ignorancia y descuido. A nadie le extrañaría eso. Pero también puede ser porque no se quiere alertar al pueblo de México sobre los peligros que acechan si se impone la iniciativa privatizadora y el espacio energético cae en las garras de las empresas trasnacionales protegidas por el TLCAN.

 En su capítulo sexto sobre energía y petroquímica básica, el TLCAN buscó eliminar las restricciones al comercio sobre energéticos y petroquímica básica. Pero el anexo 602.3 reservó para el Estado mexicano una serie de actividades estratégicas: exploración y explotación de crudo y gas natural, refinación y procesamiento de gas, así como la petroquímica básica. La reserva incluyó todo lo relacionado con comercio exterior y distribución de esos productos, además de la generación y distribución de energía eléctrica.

En la medida en que la iniciativa del gobierno abre las puertas a la participación de empresas extranjeras en las actividades mencionadas en este anexo, las reservas mexicanas dejarán de tener sentido y se convertirán en una reliquia legal. Veamos por qué.

 El TLCAN estableció un régimen muy favorable a la inversión extranjera. El capítulo decimoprimero consagra los derechos de las empresas extranjeras que invierten en cualquiera de las partes y restringe radicalmente el ámbito de aplicación de política industrial y tecnológica. En el artículo 1106 se impide el establecimiento de requisitos de desempeño sobre la inversión extranjera directa: por ejemplo, no se le puede exigir mantener un determinado porcentaje de contenido nacional en sus operaciones, relacionar sus exportaciones con sus importaciones o transferir tecnología.

El artículo 1109 permite todas las transferencias relacionadas con la inversión foránea, incluidas ganancias, dividendos, ganancias del capital, pagos por regalías, gastos por administración y "otros montos derivados de la inversion". Finalmente, el artículo 1110 estipula un régimen de solución de controversias que escapa a la jurisdicción nacional. Con razón se puede decir que el TLCAN confiere mayores derechos a los inversionistas que a los estados signatarios. Todo esto recuerda el caso de Metalclad Corporation hace 10 años.

¿Qué tiene que ver esto con la iniciativa privatizadora del gobierno? El propio capítulo decimoprimero define a la inversión extranjera (artículo 1139) en términos que incluyen la participación de empresas con "contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra parte, incluidos (...) los contratos de construcción y de llave en mano" y los "contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa". Por inversión de una parte también se entiende la “inversión propiedad o bajo control directo o indirecto de un inversionista de dicha parte”.

 Es decir, los contratos en materia de energéticos que solapa la iniciativa privatizadora del gobierno serán para fines jurídicos "inversión extranjera directa". Por lo tanto, podrán acogerse a la protección que brinda el capítulo decimoprimero del TLCAN. Y ese es un hecho de enormes implicaciones que el gobierno parece no querer tomar en cuenta.

 Para empezar, a ninguna de las empresas titulares de contratos se le podrá imponer requisitos de desempeño. Así, los eslabonamientos industriales quedarán intactos y la generación de empleo directo e indirecto será muy pobre pues la industria petrolera y petroquímica es muy intensiva en capital. Así, una de las justificaciones de la iniciativa oficial (la creación de empleos) resulta ser totalmente falsa. Y sin eslabonamientos, la industria petrolera no genera tampoco crecimiento (como lo ha demostrado la industria maquiladora). Otra gran justificación de la iniciativa que se revela falsa.

Es cierto que al gobierno no le interesa la política industrial. Pero lo grave es que ningún gobierno en el futuro podrá utilizar el potencial de la industria petrolera para construir eslabonamientos más estrechos y avanzar en la industrialización.

El petróleo se irá agotando sin haber avanzado en la industrialización. El dominio que van a imponer las grandes empresas petroleras sobre los recursos de hidrocarburos será un candado que pasa por el TLCAN y el pueblo de México no podrá quitárselo fácilmente. El gobierno miente cuando afirma que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. El control económico sobre este recurso estará en manos de empresas extranjeras y las implicaciones para México serán funestas.

MOONWALKERS´ REFORM (1/3)

David Márquez Ayala

Cuando en 1938 el Presidente Cárdenas recuperó para la Nación los hidrocarburos concesionados a corporaciones extranjeras, nacionalizó la industria petrolera, creó Pemex, arraigó la renta petrolera para beneficio del país, cimentó un pilar básico para el desarrollo y nos dio seguridad energética - acción no única pero si principal que lo llevó a la historia por la puerta grande - la producción de petróleo crudo era de 105 mil barriles diarios y hoy es de 2.5 millones de bd, y la producción de gas natural era de 1.9 millones de m3 y hoy es de 181 millones de m3 diarios.

Petróleo y petrolíferos

México nunca ha sido, en estricto sentido, una potencia petrolera. De hecho el Pemex inicial y sus entonces casi heroicos trabajadores lograron lo que muchos creían imposible: mantener la industria funcionando, sostener una extracción creciente de crudo, y transformar ésta en los petrolíferos que el país demandaba... pero se pudo, y por cuatro décadas (1938-78) Petróleos Mexicanos hizo autosuficiente al país en energía primaria de origen fósil y en productos petroquímicos (incluyendo fertilizantes) (Gráfico 1).

El descubrimiento a mediados de los 70s de grandes yacimientos petroleros dio inició a una nueva etapa de Pemex: la exploración, perforación y explotación de pozos mar adentro, la construcción de grandes oleoductos, gasoductos y obras de infraestructura, y la duplicación (2.2 veces) en ocho años de su capacidad de refinación, que pasó de producir 565 mil barriles diarios de petrolíferos en 1973 a 1 millón 260 mil bd en 1981.

Fue a partir de ahí que - con la entronización del cártel neoliberal en los 80s - empezó la debacle de Pemex al:

1) Optar por convertir a México en exportador de crudo (y proveedor de Estados Unidos por supuesto), para lo cual literalmente sobreexplotaron al máximo los yacimientos del país,

2) Buscaron obtener la máxima renta para complementar el presupuesto y mantener un sistema fiscal ineficiente y desigual,

3) Dejaron de invertir en exploración, lo que derrumbó las reservas probadas a sólo 10 años de abasto,

4) Privatizaron casi toda la petroquímica (un fiasco) y estancaron la producción (Gráfico 2).

5) Dejaron de invertir en refinación y convirtieron al país en importador neto de petrolíferos, en lo que fue en la práctica una privatización triangulada de la refinación a favor de empresas petroleras estadounidenses a las que se les vende crudo y se les compra refinados,

6) Impulsaron el uso masivo de gas natural (del que México carece y debe importarlo) para la generación de energía eléctrica en vez de optar por el combustóleo, que podemos producir con alta refinación.

7) Así, la ventaja exportadora inicial de Pemex fue dilapidada con insuficiencias y dislocaciones cada vez mayores. En 2012 México obtuvo por exportaciones petroleras 52 mil 892 millones de dólares, pero importó petrolíferos (aquí producibles) por 41 mil 139, con lo que el aporte neto de divisas fue sólo de 11 mil 753 millones (Gráfico 2);

8) Fraccionaron a Pemex en forma absurda para la empresa (cuatro grandes y 40 subsidarias), aunque funcional para la opacidad y los intereses del contratismo y la desincorporación por segmentos que uno tras otro han buscado los últimos cinco gobiernos del cártel,

9) Han sobreendeudado a la paraestatal siendo la mayor generadora de recursos del país, y
10) Han inventado mil argucias para, en contra de la Constitución, ir erosionando a Pemex, desplazándola, y privatizando sus funciones y su renta.

En síntesis, Pemex y sus dueños hemos vivido la tragedia de verla en manos de sus enemigos: gobiernos voraces dispuestos literalmente a exprimirla; administradores ineptos y/o corruptos que más se interesan en destruirla que en potenciarla; un sindicato inefable, que... (sobra decirlo; con su silencio lo dicen todo); y un Congreso cuya mayoría dominante ha sido cómplice por años de la ofensiva y ahora está apunto de irse al muy socorrido (y seguramente sobresaturado) basurero de la historia.

Y aun así, en 2012 Pemex fue el quinto productor de crudo en el mundo, sus ventas totales ascendieron a 1.647 billones de pesos, es el sostén de un tercio de las finanzas públicas; tiene un costo de producción de crudo de 6.84 dólares por barril y lo vende a 102 dólares; su rendimiento de operación fue de 905 mil millones de pesos, de donde pagó impuestos y derechos por 903 mil millones, para quedar en un rendimiento neto (utilidad) de 2 mil 600 millones.

Pemex es la joya de la corona, o para ser más precisos, es la corona a la que quieren quitar las joyas... nuestras joyas.

Peña, el ilusionista

Carlos Fazio

 

El administrador-gerente de Los Pinos, se­de ejecutiva y razón social de la empresa encargada de la compra venta de México en su fase actual, miente. Pese a tener asegurados los votos del Pacto por México para consumar el atraco del siglo a la nación −esto es, la contrarreforma energética−, Enrique Peña ha venido desplegando una demagógica y millonaria campaña de intoxicación mediática, con eje en la falsificación histórica y una distorsión y manipulación ideológica informativas.

En periodismo los adjetivos sobran; pero argumentados pueden ayudar a una comprensión de los hechos. Según su definición, una mentira es una expresión que resulta contraria (en todo o en parte) a lo que se sabe, se piensa o se cree. Lo opuesto de mentira es verdad. Mentir implica un engaño intencionado y consciente. Quien miente espera que el otro crea en la veracidad de su dicho. Quien miente sabe que está incurriendo en algo falaz, pero su interlocutor puede no advertirlo. La mentira implica una falsedad y opera como sinónimo de engaño, calumnia, embuste o falacia. A quien miente se le llama mentiroso.

Demagogia es una práctica política que mediante promesas falsas o infundadas manipula los sentimientos y las emociones de la población para ganarse su apoyo y convencerlas de la conveniencia de aceptar un programa de gobierno. Para el caso, la contrarreforma energética. A través de la propaganda y la retórica (como técnica de expresión para lograr la persuasión del destinatario), el demagogo busca incentivar los prejuicios, miedos y los deseos o las esperanzas de la gente para conseguir el favor popular. En última instancia, la demagogia permite atraer las decisiones de los demás hacia los intereses propios (o de la clase dominante) a partir de la utilización de falacias o mentiras. La manipulación de la información, la seudohistoria, los datos fuera de contexto y las falsas dicotomías también forman parte de la demagogia.

Aristóteles definió la demagogia como la forma corrupta o degenerada de la república. La práctica demagógica busca eliminar toda oposición y según Platón y Aristóteles puede conducir a un régimen autoritario oligárquico. Plutocrático y cleptocrático, diríamos hoy. Arrogándose el derecho de interpretar los intereses de las masas como intérprete de toda la nación (de la mexicanidad o el verdadero cardenismo para el caso de marras), el demagogo confisca todo el poder y la representación del pueblo e instaura una tiranía o dictadura personal.

El demagogo busca servirse de las masas para sus propios fines personales y/o de clase. Para eso cuenta con equipos de profesionales que aprovechan situaciones histórico-políticas excepcionales, dirigiéndolas para fines propios, para ganar el apoyo de la población, mediante mecanismos publicitarios, dramáticos y sicológicos. Naomi Klein le llamó la “doctrina del shock”. Hardt y Negri cuestionan como demagógicas a las democracias occidentales porque utilizan de manera intensiva técnicas publicitarias características del marketing y manipulan a la población a través de los medios de difusión masiva, amén de que recurren de manera sistemática a polarizaciones absolutas (maniqueas): bien-mal, democracia-populismo, desarrollo-atraso.

Falacia es utilizar argumentos que equivocan las relaciones lógicas entre elementos, o bien adoptan premisas evidentemente inaceptables. Al presentar información incompleta sobre su iniciativa energética, excluyendo posibles problemas y dificultades u ocultando datos, el mágico Peña cae en una manipulación de significados. Además, al privatizar de manera burda, antiética y tramposa el pensamiento y las posiciones de Lázaro Cárdenas (quien siempre priorizó el dominio de lo público y los fines sociales versus el apetito de los consorcios petroleros privados), practica la seudohistoria; no sigue las convenciones historiográficas y del método histórico y de modo artificioso busca minar los ideales cardenistas. Realiza una manipulación ideológica y escamotea la verdad vía una mala imitación que pretende hacer pasar por el objeto original. Falsedad suele vincularse con hipocresía, que se produce cuando un sujeto finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente posee; ello exhibe una ausencia de coherencia entre las ideas y las palabras o acciones.

Por todo lo anterior, el pragmático mesías épico que ha prometido casi el paraíso a los mexicanos, miente. Cuando Peña y su propaganda de saturación mediática dice que Pemex ni se vende ni se privatiza, miente de manera perversa, deshonesta y falaz. En la jerga orwelliana (donde dice paz leer guerra), hay que entender su mensaje en el sentido de que los hidrocarburos de la nación serán entregados a las trasnacionales ExxonMobil, Chevron, Shell, BP (ex British Petroleum), Total y Repsol YPF. Igual ocurrirá en el ramo de la electricidad, un área ya penetrada por Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y otras empresas extranjeras.

En parte privatizados, los hidrocarburos y la electricidad son las joyas de la corona del proyecto neoliberal. La iniciativa-trampa del negociante Peña es gradualista: busca una contrarreforma constitucional (artículos 27 y 28) que elimine la exclusividad del Estado en petróleo, petroquímica básica y electricidad, y consumar luego −ese es el truco− el robo de la renta energética modificando la letra chiquita (leyes secundarias).

El ilusionista de Los Pinos −nada de lo que parece es− funge como capataz del gobierno en las sombras de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan). Es el asalariado de un puñado de plutócratas; los verdaderos amos de México. De aprobarse la contrarreforma, Peña −no ya Pemex ni la CFE− extenderá los permisos y contratos. Su suculenta tajada, pues: Business is business. Para alcanzar todo ello, si la protesta social se desborda cuenta con la prensa amaestrada, la maquinaria del PRI y el uso de la violencia represiva como último recurso. El espectáculo continúa.

El hartazgo

Inteligencia y economía criminal

Carlos Fazio

 

Todo indica que Michoacán será otra vez el laboratorio de la política de (in)seguridad del régimen. El 1º de agosto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunció que el gobierno federal entrará en pleno a esa entidad para combatir municipio por municipio, comunidad por comunidad a los grupos de la economía criminal. Garantizó que el Ejército, la Marina y la Policía Federal continuarán en ese estado hasta devolver la paz y la tranquilidad a los michoacanos. Dado que el antónimo de paz es guerra, el rescate de Michoacán se hará en clave militar. Y como su antecesor Felipe Calderón, Enrique Peña impulsa ahora una política de recuperación de territorios de manos de la criminalidad; aunque, como dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no habrá milagros.

A simple vista parece un cambio de estrategia que rompe con la narrativa que venía ensayando el gobierno, discurso propagandístico que priorizaba las tareas de investigación e inteligencia frente al uso de la violencia estatal en el combate a la delincuencia. Apenas dos días antes (30 de julio), durante un acto de premiación a oficiales de las fuerzas armadas, había dicho Peña: En el gobierno de la República estamos privilegiando el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza. Una nueva narrativa que, en su afán por desmarcarse de la catástrofe humanitaria generada por la guerra de Calderón, reivindicaba la unidad y la coordinación interinstitucionales (federal/estatal) y el respeto a los derechos humanos, en el marco de una estrategia de deliberado ocultamiento de los hechos de violencia, destinada a crear entre la población la percepción de que ésta está bajando.

El plan B del Ejecutivo podría conducir al mismo pecado original que su equipo atribuyó a Calderón: que las disputas de poder generaron una falta de coordinación entre los miembros del gabinete de seguridad nacional. Pero cabe consignar que si algo existió −y hasta en exceso− bajo el régimen de Calderón, fue inteligencia. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y otros servicios han venido contando con sofisticados aparatos y personal entrenado y capacitado para desarrollar labores de investigación, inteligencia y espionaje interno. El problema es otro y tiene que ver con el uso y los fines de la información de inteligencia.

Al respecto, los papeles de Wikileaks y el caso Snowden han venido a confirmar lo señalado de manera temprana en La Jornada sobre la presencia, por ejemplo, de compañías como Verint Technology Inc aquí (ver El Plan México: militarización, daños colaterales y soberanía, 21/7/07, y La intervención va, 22/8/11, C. Fazio). El caso Verint remite a la instalación, en 2007 (a un par de meses de la llegada de Calderón a Los Pinos), de un equipo para interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México.

Licitado por el Departamento de Estado estadunidense como parte de la avanzada de la Iniciativa Mérida (septiembre 2007) y destinado a la Procuraduría General de la República (PGR) del entonces titular Eduardo Medina Mora (ex Cisen y actual embajador en Washington), el equipo fue operado a discreción por Genaro García Luna al mando de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública. Su misión era monitorear o captar todas las comunicaciones privadas (correos, chats y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas), lo que incluía, a pedido de García Luna, la intercepción de todas las llamadas de Telmex, Telcel, Nextel, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.

Equipos de intrusión similares fueron adquiridos por el Cisen (el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la PGR (al final de la gestión de Marisela Morales, actual cónsul en Milán, la dependencia compró a la firma Obses el software FinFisher/Finspy, para grabar conversaciones de teléfonos inteligentes, tipo Blackberry).

La ganancia para Washington fue la penetración de los distintos organismos de inteligencia del Estado mexicano con la anuencia de Felipe Calderón, quien incluso permitió la instalación aquí de la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), bajo control estadunidense, con sus tres oficinas satélites en Tijuana, Ciudad Juárez y en la base militar de Escobedo, Nuevo León. Con el agravante de que Washington no sólo ha venido obteniendo información de inteligencia en tiempo real en el territorio nacional −en abierta violación de la soberanía de México−, sino que además utiliza sistemas de espionaje con lenguajes encriptados, a lo que se suma información recabada vía satélite y drones (aviones no tripulados) sobre temas militares, energéticos y de los grupos de la economía criminal.

De vieja data, la sistemática vigilancia furtiva de instituciones, funcionarios y ciudadanos mexicanos por diversas agencias estadunidenses −reveladas y documentadas en julio por el ex asesor externo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden− permite concluir que el Pentágono, la CIA, la DEA, la FBI y otras instancias tienen cuadriculado el territorio y cuentan con información suficiente que, suministrada a sus contrapartes locales, permitiría desarticular a los grupos criminales que hoy controlan territorios y tienen al país en guerra, amén de que los aparatos de seguridad del Estado mexicano también cuentan con sofisticados sistemas de espionaje.

Ergo, inteligencia sobra y recursos también. La pregunta es por qué no se usan. ¿Será porque sólo se busca −hoy, como antaño− administrar los lucrativos negocios de la economía criminal, vinculada con megaproyectos, la minería, el agua y la tala clandestina? Con anuencia de Washington, ¿se inicia en Michoacán el nuevo reparto de la narco-para-política bajo el régimen de Enrique Peña?