18.6.10

Reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder

Mexico
Antonio Mora

Presentación

El gobierno de los EE.UU. asume el mando operativo y territorial de la seguridad nacional del vecino país al sur de su frontera. Los herederos del pueblo azteca son mudos y tele-pasivos testigos de la virtual puertorriqueñización de México. Se instaura de facto, un estado de excepción y se suprimen las garantías individuales de los ciudadanos. Se consolida en México un estado de contrainsurgencia y se profundiza el neoliberalismo, proyecto capitalista que ya en el año 2008 mostró su agotamiento estructural en el mundo entero.

Se afianzan las únicas y preponderantes políticas públicas: la corrupción y la impunidad. También se desmantela a la nación entera: se venden a precio de saldo los bienes y los recursos naturales y se privatizan todos sus servicios públicos. La soberanía nacional, el nacionalismo y los valores emanados de la revolución, que en el siglo pasado dieron sentido de pertenencia e identidad, son enviados al baúl de los odiados recuerdos para los actuales gobernantes en turno (herederos éstos de la oligarquía criolla novohispana y los voraces hacendados del norte del país).

Ahora bien ¿Cómo interpretar el actual período en México? ¿Cómo explicar el reciente sainete mediático de la desaparición del sr. Diego Fernández de Cevallos? No es fácil vencer la tentación de sustituir un riguroso análisis de período con ingeniosas ocurrencias que tan sólo retoman hechos aislados, con las jocosas anécdotas de los personeros de la clase política o con las babeantes aseveraciones de los “analistas” televisivos. Vayan estas líneas con el propósito de contribuir a un impostergable y sano debate de las ideas, así como a la construcción del pensamiento crítico.

Postura

No comparto la postura de quienes, tal vez confundiendo sus legítimos anhelos personales con un análisis estructural riguroso desde el materialismo histórico, repiten desde hace diez años que el sistema de dominación mexicano “se encuentra en crisis”.
¿Acaso asistimos a un período de ingobernabilidad en México? ¿Las reformas estructurales más recientes en materia energética y fiscal encontraron una férrea resistencia popular? ¿Qué premisa del capitalismo neoliberal ha sido tan siquiera amenazada desde la llegada de la ultraderecha neocristera del bajío a la titularidad del poder ejecutivo? ¿Es lo mismo falta de legitimidad que ingobernabilidad? ¿Acaso alguien esperaba ver al frente de la presidencia a un estadista? ¿No siguen siendo los procesos electorales los legitimadores del poder? ¿Dejaron ya los partidos de ser la representación de la delincuencia organizada y quienes se reparten con mexicana alegría buena parte del erario y los cargos públicos? Duele decirlo, pero presenciamos el ocaso de la nación mexicana. Ocultarlo detrás de la retórica ideologizada del altermundismo tan sólo impide al pueblo mexicano construir alguna salida digna, que organice estratégicamente el descontento popular.

Ni el sistema de dominación perdió fuerza ni está en crisis, se encuentra inmerso en un reacomodo mafioso entre sus distintas facciones. No confundamos nuestros legítimos deseos personales con los hechos reales. Al realizar análisis e interpretación de período utilicemos la cabeza, no el estómago. Decir que México tiene al frente del poder ejecutivo a un psicópata borrachín no es faltar a la verdad, pero ello no es suficiente para explicar la creciente militarización de las relaciones sociales, la inseguridad pública y la desatada actividad de la delincuencia organizada. Hace falta desentrañar las condiciones estructurales que expliquen el comportamiento del estado mexicano y el de sus instituciones de gobierno.

Los enroques al interior del gabinete del poder ejecutivo, en particular el nombramiento del sr. Fernando Gómez Mont (abogado subordinado a los gansteriles negocios del sr. Fernández de Cevallos) al frente de la Secretaría de Gobernación, representan un reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder, para acelerar el inminente proceso de consolidación de un estado de contrainsurgencia en México; privilegiando a las facciones vinculadas al capital financiero de los EE.UU. y al de España; además de otorgar un privilegiado espacio social y mediático a los personeros emanados del yunquismo.

Es decir, México transita por una rearticulación mafiosa de fuerzas al más puro estilo de las mafias italoamericanas de los años 30s y 40s en los EE.UU., empleando los códigos utilizados por éstas: lucha sangrienta por los territorios y por las ilícitas ganancias derivadas de la delincuencia organizada; el combate por apadrinar los cárteles así como por asegurar la corrupción y la complicidad del poder político en todos sus niveles. Dicho sea en un comprensible castellano, significa una rearticulación de las diferentes fuerzas que conforman el sistema de dominación.

Ya no me extiendo en este tema, le doy puerta por el momento señalando que la derecha llegó al poder desde 1982 y ésta se consolidó con el salinismo. Después, en el año 2000 quien tomó la titularidad del poder ejecutivo federal fue la ultraderecha neocristera del bajío. La clase política contiene en su interior a un muy reducido número de personeros e instancias quienes realmente son los que toman las decisiones que definen el rumbo de México. La ultraderecha neocristera del bajío ha consolidado su hegemonía al interior de la clase política e impone el ritmo requerido para instaurar un estado de contrainsurgencia. A los interesados en profundizar lo referido a la conformación del sistema de dominación, los remito a la noción de “clase política y clase reinante” que de manera lúcida ha expuesto el sociólogo e investigador de la UAM, Jaime Osorio.

10 tesis de período

10 son las tesis que pongo a consideración del paciente lector, mismas que buscan interpretar el sentido estratégico del actual período en México, el orden es arbitrario:

1- Refuncionalización del sistema de dominación.
2- Institucionalización de los poderes fácticos.
3- Profundización estructural de la dependencia.
4- Instauración mediática de la democracia representativa liberal como único
sistema político autorizado.
5- Aprobación legislativa de la tercera generación de reformas estructurales.

6- Consolidación de la ultraderecha neocristera del bajío al interior de la clase
política.
7- Cerco y aniquilamiento del descontento popular.
8- Organización de la base social conservadora.
9- Descomposición social.
10- Consolidación estratégica del estado de contrainsurgencia.

1- Refuncionalización del sistema de dominación

Si bien en el actual período no se vislumbra en el corto plazo un ascenso en los niveles de movilización y organización sociales, desde el poder prefiguran ya que las reformas estructurales regresivas tarde que temprano terminarán por generar un enorme rechazo popular y se multiplicarán las movilizaciones de los sectores más golpeados por dichas políticas.

A lo anterior debemos sumar que cada vez son más los sectores que, si bien de manera aún desorganizada, empiezan a expresarse al margen de la clase política y su inmoral sistema de partidos. Para la clase política toda es ya alarmante reconocer que en las pasadas elecciones presidenciales del 2006 siete de cada diez mexicanos se abstuvieron de votar. Significativos segmentos de la población más desfavorecida inician ya un proceso de perfilamiento –aún intuitivo- de su verdadero enemigo de clase: el capitalismo neoliberal, la democracia representativa y la delincuencia organizada en partidos políticos.

El arribo de un perfecto tecnócrata formado en las esferas de la economía financiera a la SEDESOL, para conducir la política social del fecalismo dibujan de manera nítida a la ultraderecha: anteayer, programas asistenciales; ayer, limosnas filantrópicas; ahora, atole con el dedo pero sin atole.

La refuncionalización del sistema de dominación es entonces una medida preventiva en contra del ascenso en los niveles de confrontación clasista. La ultraderecha se adelanta a las repercusiones sociales de su política de hambre.

No olvidemos que la estrategia de contrainsurgencia no es sólo la aplicación de una estrategia militar de cerco y aniquilamiento. Es también una estrategia preventiva de conflictos sociales, de la organización independiente del pueblo y de la rebeldía generada por la inmoral concentración de la riqueza

Para atender este escenario social la ultraderecha en el poder busca hoy refuncionalizar su sistema de dominación, pasando del corporativismo priísta-perredista, a la pulverización del tejido social y todo rastro de convivencia comunitaria.

2- Institucionalización de los poderes fácticos

Para efectos del presente análisis de período resulta menester subrayar la institucionalización de los poderes fácticos, es decir, las mafias y los grupos de poder que financiaron la campaña presidencial del sr. Calderón: la delincuencia organizada, el narcotráfico particularmente el cártel del pacífico, el Centro Coordinador Empresarial y la Asociación Mexicana de Bancos, la alta jerarquía católica, el monopolio de los medios de información y reproducción ideológica, la industria del entretenimiento masivo dependiente de los monopolios televisivos, el capital financiero-parasitario-especulativo representado por el FMI, el Banco Mundial y por Banxico, el grupo Carso y su presidente el “hombre más rico del mundo”, las cofradías clandestinas del clericalismo fundamentalista neocristero del bajío, los grandes despachos de abogados quienes al amparo del poder público amasan enormes fortunas, los cuerpos paramilitares armados y entrenados por los poderes caciquiles regionales, las mafias internacionales con franquicias en nuestro país destacadamente la gusanera de Miami).

Desde la llegada del panismo yunquista a la presidencia en México en el año 2000, los poderes delincuenciales y mafiosos – en el mayor de los casos disfrazados de honorables empresarios- , encontraron las puertas abiertas para asumir directamente el control del poder político y así consolidar su presencia, además de asegurar estar presentes cuando los tomadores de decisiones de la clase política (altos funcionarios del ejecutivo, legisladores y altos magistrados del poder judicial) instrumentan políticas públicas, dejando al titular del ejecutivo federal en calidad de vulgar capataz bananero de sus patrones, los verdaderos tomadores de decisiones quienes pretenden imponer su mafioso, regresivo y autoritario proyecto de nación.

Es decir, la población mexicana vive inerme un proceso delincuencial mediante el cual las diferentes mafias amasan enormes fortunas, siempre al amparo del poder político. El actual clima de inseguridad pública y profundo deterioro social en México, son nítidas expresiones de la sanguinaria guerra entre los poderes fácticos por institucionalizarse en las mejores condiciones… la tradicional lucha a sangre y fuego entre los padrinos para congraciarse con el monarca en turno y sentarse a su mesa.

El actual escenario mexicano nos hace rememorar cuando se formaron los estados nacionales europeos en el siglo XVI, las mafias habían logrado internarse en las entrañas de los entonces gobiernos monárquicos… “El origen de la mafia se remonta al siglo XV en España, cuando surgieron sociedades secretas dedicadas a vender protección y a ejecutar atentados, que lo mismo comprendían palizas que asesinatos. Caso típico fue la confraternidad de la Garduña y Honrada Hermandad, cuyo poder llegó a ser de tal magnitud que su gran Maestre […] llegó a ser secretario privado del Rey Felipe III”.

3- Profundización estructural de la dependencia

Tal como se describe en el ensayo Hacia un estado de contrainsurgencia … “la doctrina de contrainsurgencia [...] tiene como tarea prioritaria contener las luchas populares, apuntalar la división internacional del trabajo, establecer la supremacía del capital financiero por sobre el capital-mercancía, recomponer el esquema de dominación y restablecer la hegemonía de los sectores burgueses monopólicos proimperialistas, para llevar adelante las transformaciones estructurales que consoliden la nueva fase del capitalismo financiero: el neoliberalismo”.

Lo anterior se traduce en la urgente necesidad que el poder político y sus familias más prominentes tienen para profundizar la dependencia estructural de nuestra economía al capital financiero-monopólico-especulativo internacional; violentando por completo la soberanía nacional y el orden constitucional. En particular, la actual clase reinante yunquista centra sus abyectos esfuerzos en establecer mayor dependencia hacia el capital neofranquista con sede en Madrid y que tiene como principal publirrelacionista para latinoamérica al patético bufón de la corte bushiana, el sr. Aznar.

A la fecha, el 90% de la industria editorial mexicana está en manos de mercachifles gachupines, el 80% del estratégico sector bancario, el 100% de la distribución del gas estacionario en el D.F., el 50% de las radiodifusoras comerciales; por sólo mencionar algunos sectores de la economía y los servicios en manos de vulgares abarroteros de saco y corbata. La restauración de la Nueva España estaba (y aún continúa) en la mira de la ultraderecha católica española, con la designación del virrey Mouriño, sólo que no contaron con que dicho personaje, además de su novatez en el conocimiento de las cloacas de la nomenklatura mexicana, no contaba con el consenso ni la aprobación de la clase política.

4- Instauración mediática de la democracia representativa liberal como único sistema político autorizado

En la perspectiva de legitimarse socialmente e imponer su concepto de democracia liberal representativa (“democracia de baja intensidad” como la ha bautizado el economista egipcio Samir Amín, concepto de democracia en donde el ciudadano pasa a ser un pasivo consumidor), el estado mexicano ha impuesto a la sociedad toda, el sistema de partidos, la lógica parlamentaria y a los procesos electorales como únicas instancias y momentos en que los ciudadanos puedan ejercer su participación política. Para ello ha contado con el incondicional apoyo mediático de los medios electrónicos televisivos.

En un sector de la población lo ha logrado, en el segmento de los ciudadanos que regularmente acuden a las urnas. Si sumamos los porcentajes obtenidos por el PAN, el PRI, el PVM y el PANAL en el proceso electoral del 2006, el 60% de los votantes optó por una opción de derecha. Siendo precisos y tratando de desideologizar el sentido de estos votos, es viable afirmar que el electorado mexicano es básicamente una población conservadora. Como es también pertinente no confundir el perfil del electorado con el de la población nacional toda.

En los indicadores del proceso electoral del 2006 en México en que el electorado eligió al sr. Calderón como su presidente, se evidencia la perversidad de la democracia que ofrece el capitalismo en su fase neoliberal:

En números redondos en las pasadas elecciones votaron 41 millones de personas, es decir sólo el 39% del total de la población en México. El abstencionismo real fue del 61%, esto es, de cada 100 mexicanos 61 no votaron. 15 millones, 284 mil votantes sufragaron por Fecal, es decir, sólo el 14% de la población total de México. Quiere decir que el 14% de la población total en México elige al presidente de la República. 14 de cada 100 mexicanos eligen al 100% del gabinete, al 100% del cuerpo diplomático. 14 de cada 100 mexicanos legitiman las políticas públicas del poder ejecutivo que habrán de decidir el rumbo económico, el destino de sus recursos naturales y el de su patrimonio cultural.

A estas contundentes cifras el gobierno mexicano y su numeroso contingente de jilguerillos, disfrazados de analistas televisivos, le llaman “democracia”.


5- Aprobación legislativa de la tercera generación de reformas estructurales

Con el actual reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder, la clase política busca complacer a los organismos internacionales del capitalismo financiero neoliberal (FMI, Banco Mundial, OCDE, BID), generando las condiciones materiales y jurídicas que le permitan en el corto plazo imponer la tercera generación de reformas estructurales: 1) la privatización de nuestros recursos energéticos, 2) el despojo y la privatización de nuestros recursos naturales y de nuestro patrimonio cultural, 3) la instauración de un esquema fiscal-hacendario persecutorio, 4) la desarticulación de la relación capital-trabajo y la vida sindical, al legalizar la flexibilización y la precarización laborales con la virtual desaparición de la ley federal el trabajo, y 5) una “reforma política” a modo de sus intereses que le permita la reelección indefinida de legisladores, la eternización del corrupto sistema de partidos como única vía de acceso a la vida política, así como la posibilidad de abrir las puertas a las “candidaturas ciudadanas” para la presidencia de la república, ante el enorme desgaste y desprestigio de la actual clase política toda.

Con estas reformas estructurales, que buscan refuncionalizar el modelo de acumulación capitalista, el actual bloque en el poder y en particular la ultraderecha neocristera del bajío, darán la última palada a los logros de la revolución mexicana y a la Constitución. Será su festiva manera de festejar el bicentenario de la independencia y cobrar revancha” de la revolución.

6- Consolidación de la ultraderecha neocristera del bajío al interior de la clase política


La ultraderecha yunquista consolidó su presencia política en México el pasado 2 de julio del 2006, de ser prácticamente marginal hasta hace veinte años, pasó a detentar la titularidad del poder ejecutivo y una considerable proporción del gabinete en turno. La avalancha en favor de “reconocer el triunfo” del candidato de la ultraderecha, para “defender la legalidad y a las instituciones”, así como para descalificar cualquier intento para revertir “su triunfo” fue notorio. La ultraderecha es ya la primera fuerza en el poder legislativo, la segunda en los gobiernos estatales; y asegura un consenso ideológico abrumador entre los líderes de opinión pública de la t.v., radio y medios impresos.

Todavía durante el sexenio foxista, la ultraderecha compartió el poder con los restos del antiguo régimen priísta; ya sea por falta de experiencia en la administración pública, por provenir del ámbito gerencial, así como por carecer de una figura creíble y con autoridad en el poder ejecutivo federal.

En la lógica reaccionaria de la ultraderecha, todo es todo: el gabinete de yuppies del ITAM del sr. Fecal van por violentar el estado laico, por desaparecer la educación pública gratuita, por desmantelar los servicios públicos de salud y de bienestar social que aún subsisten, por eliminar la jornada laboral de 8 hrs., por entregar nuestros recursos naturales y todo nuestro patrimonio cultural a las corporaciones multinacionales. Ya no están ni siquiera interesados en detenerse otorgando concesiones asistencialistas, tan sólo limosnas (teletones, “iniciativa México”), que de paso les sean útiles para limpiar dinero de sus ilícitos negocios, a la vez que se hacen aparecer como “respetables” filántropos.

7- Cerco y el aniquilamiento del descontento popular

Lo sucedido en el mpio. de Lázaro Cárdenas en Michoacán (SICARTSA); en Atenco, EdoMex., y en la capital de Oaxaca en contra de la APPO, apenas iniciado el actual período presidencial del sr. Fecal, no son el resultado únicamente de un abuso de la policía, el exceso en el legítimo uso de la fuerza pública o la violencia ejercida por individuos fuera de control. Los recientes hechos de violencia institucional responden a planeados operativos de contrainsurgencia desde el Estado. Todo operativo de contrainsurgencia lleva implícitos algunos mensajes, así como sus destinatarios.

El estado panista de contrainsurgencia, no permitirá ninguna movilización fuera de los límites institucionales del actual esquema de dominación, entiéndase: la democracia representativa-parlamentaria y su sistema de partidos. El mensaje es claro: “Si no votas, cállate; si no votas, te daremos de palos; si no votas, tu protesta es ilegal; si no votas, no existes en el México democrático”.

Por eso, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la APPO en Oaxaca, fueron brutalmente golpeados; porque son un mal ejemplo para el pueblo, de la posibilidad real para detener arbitrariedades y abusos del poder público cuando se cuenta con una respuesta organizada, independiente, decidida y comunitaria.

“¿Quieren ser de Izquierda?”. Para los de arriba sólo existe una izquierda posible: la izquierda parlamentaria, la izquierda descafeinada, “la izquierda moderna” le llama el poder. Todos los demás inconformes están fuera de la ley, son subversivos, terroristas, agitadores profesionales, delincuentes comunes, guerrilleros o trasnochados ultraizquierdistas… “¿Quieren libertad de expresión?”, digan todo lo que quieran, siempre y cuando sea dentro de las campañas electorales (…quien les manda ser nacos, feos y además pobres…).

Todo lo anterior tiene un alto costo político para el gobierno. La doctrina de contrainsurgencia lo sabe, pero valora que una vez logrado su objetivo estratégico (la eliminación de la fuerza subversiva), iniciará su fase de recuperación de base social. Disminuirá la represión hacia la población, para entonces ya aterrada y desorganizada. Es decir, la campaña de cerco y aniquilamiento tiene un plazo determinado. Otra medida posterior a las operaciones de contrainsurgencia son el reagrupamiento y la cohesión de la clase política toda, en complicidad con los poderes fácticos.

Los tres poderes de la unión, los partidos políticos todos, así como el resto de las fuerzas mafiosas que componen el poder tomados de la mano, enalteciendo al “México ganador y emprendedor, que no critica sino que es pro-activo”… y al fondo, proyectándose con sublime música de fondo el promocional propagandístico (al más puro estilo del fascismo) del actual director técnico del combinado futbolero.

8- Organización de la base social conservadora


“La derecha ganó las calles que la izquierda abandonó”, reza una pinta estampada en la descuidada barda de un barrio marginal al sur del cd. Victoria, Tamaulipas, entidad al norte de México. Más allá de la anécdota testimonial, la frase da cuenta de dos fenómenos relativamente recientes en el México contemporáneo: la traición ideológica, el distanciamiento de las luchas sociales y el abandono de sus convicciones de las dirigencias de las izquierdas mexicanas; y por otro lado, la presencia en los espacios públicos, la organización primaria y el posicionamiento mediático de sectores conservadores de las llamadas clases media-alta y alta de la sociedad mexicana.

Segmentos demográficos que hasta hace treinta años permanecían ocultos en las sombras, conjurando desde los templos, algunos centros educativos y varios espacios clericales-yunquistas camuflados de instituciones altruistas: el movimiento familiar cristiano, los boys scouts, la asociación de padres de familia, y otros. Impensable hace treinta años que dichos sectores conservadores se atreviesen a pronunciarse por violentar el estado laico, en contra de la gratuidad de la educación, por reestablecer “derechos” a la iglesia católica, y algunos otras privilegios que la ultraderecha considera les fueron injustamente arrebatados por la chusma revolucionaria durante el conflicto armado 1910-1917.

Ahora es frecuente ver que las calles son tomadas por cientos de personas de las clases media y alta, pronunciándose en contra de la inseguridad pública, por la “paz social” y a favor del reestablecimiento de un régimen de mano dura que ponga orden y progreso. Las iniciativas desde la “sociedad civil” para impulsar proyectos de excelencia y de claro corte de motivacional, de superación personal y de autoayuda, son monopolizados –además de beneficiarse con recursos públicos- por las instituciones de asistencia privada (IAPs), universidades privadas y los patronatos empresariales.

Los obscuros acuerdos que el salinismo estableció con los sectores más conservadores de México para “legitimarse” después del magno fraude electoral que lo impuso al frente de la presidencia en 1988 y que le permitió gobernar así como imponer su neoliberal proyecto capitalista, que no era otro sino el mismo proyecto histórico del panismo (privatizaciones, venta de paraestatales, adelgazamiento del estado y sus obligaciones sociales, mayor peso del sector empresarial en las decisiones de estado, dejar a las fuerzas del libre mercado la regulación de los precios), abrió las puertas para el fortalecimiento de los sectores reaccionarios, quienes ya no se conformaron con ejercer el poder económico desde los entretelones del escenario, sino que decidieron pasar a ser los actores protagónicos, salir a las calles, ganar la plaza pública, los espacios mediáticos e imponer su retrógrado pensamiento decimonónico.

Si la derecha ganó las calles que la izquierda abandonó, también arrebataron las banderas de sus reivindicaciones sociales y hasta sus símbolos, sus emblemas y sus iconos. El pensamiento crítico progresista y de izquierda desapareció y hoy es substituido por un discurso autocomplaciente, light y veladamente atávico. Ahora la ultraderecha también pontifica desde la t.v., la radio, la industria editorial y la prensa escrita. ¿Vox populi vox dei?

9- Descomposición social

El movimiento estudiantil-popular de 1968 generó, más allá de sus palpables consecuencias en el ámbito político, significativas modificaciones culturales en las conductas sociales de su época: revaloración del trabajo colectivo, recuperación de la vida comunitaria, normas de convivencia solidarias y una mayor identificación ideológica de clase. Este impacto social se desarrolló todavía a lo largo de la década de los 70s, década de ascenso en los niveles de lucha y organización sociales en México, con una clara orientación progresista de izquierda y afín a las banderas de las luchas de liberación nacional que se gestaban entonces en buena parte del mundo.

Como vía para golpear, dividir y corromper a amplios sectores de la sociedad y así desdibujar la conciencia de clase emanada del movimiento estudiantil-popular de 1968 y sus secuelas, al inicio de la década de los 80s. el estado mexicano y sus instituciones, además de la industria televisiva del entretenimiento, se dieron a la tarea de fracturar ese tejido social. El patrón de acumulación capitalista en México pasó de ser una economía productiva exitosa en los 50s, a una economía parasitaria financiera y de servicios; estudiar una carrera universitaria dejó de ser una vía de ascenso social. La otrora pujante clase media pasó a ser una categoría cultural más que económica.

A la postre, este proceso de pauperización social y de proletarización intelectual, generó una lumpenización creciente, la enajenación y la nembutalización masiva de la población; se instauraron generaciones de gringos nacidos en México. Proliferó el aislamiento, la individualización, el canibalismo social, el valemadrismo militante, la corrupción como elemento de unidad nacional, la violencia desenfrenada en la convivencia cotidiana, la agresividad patológica y en general se prohijó a una sociedad de adolescentes mentales, frustrados y con una autoestima debilitada. Se había incubado el huevo de la serpiente. Ciudad Juárez, fronteriza con los EE.UU. en el estado de Chihuahua, es tan sólo un buen ejemplo a escala de este proceso de fractura y descomposición del tejido social.

Estaban creadas las condiciones materiales, estructurales y subjetivas para derivar en el peor de los países posibles: corrupción e impunidad, delincuencia organizada desatada, clase política inmoral, sectores progresistas atomizados, izquierda social inexistente; así como el desencanto, la impotencia, la rabia y el desconsuelo dibujado en el atónito rostro del mexicano.

10. Consolidación estratégica del estado de contrainsurgencia

La doctrina de contrainsurgencia es la aplicación a la lucha política de un enfoque militar. Además, tiene como propósitos centrales a saber tres: el cerco y el aniquilamiento, la conquista de base social y la institucionalización autoritaria de la democracia liberal representativa. La doctrina de contrainsurgencia ve al adversario como al enemigo al que no sólo debe derrotar, sino aniquilar.

La doctrina de contrainsurgencia fue diseñada por el Pentágono, en los EE.UU., con base en la experiencia francesa en Argelia e Indochina. Consiste en la represión sin límites, utilizando cualquier método que pueda ser eficaz para combatir a las fuerzas subversivas (la tortura, la desaparición, la infiltración, la confusión psicológica), con el propósito de desmoralizar, amedrentar y eliminar físicamente a grupos y comunidades completas; descubriendo su estructura organizativa, dirigiendo sus operaciones hacia el aniquilamiento sistemático de sus direcciones y mandos medios. Lo anterior tiene un alto costo político para quien lo practica. La doctrina de contrainsurgencia lo sabe, pero valora que una vez logrado su objetivo estratégico, es posible iniciar la fase de recuperación de base social entre la población para entonces ya aterrada y desorganizada. Es decir, la campaña de aniquilamiento tiene un plazo determinado.

Resumiendo: el estado de contrainsurgencia es un estado corporativo, entre el capital monopólico-financiero y las Fuerzas Armadas; independientemente de la forma que asuma ese Estado. Así, la toma de decisiones se desarrolla al margen de las demás instituciones y poderes del estado burgués.

Las dictaduras militares en América Latina de los años 60s a mediados de los 80s fueron entonces un requerimiento para apuntalar la división internacional del trabajo, la cual estableció la supremacía del capital financiero por sobre el capital-mercancía. Era imperativo para las burguesías criollas dependientes y el imperialismo, envueltos en una crisis prolongada del sistema capitalista, una reorganización de la producción, entregar la mano de obra a la superexplotación, poniendo como condición la destrucción de las organizaciones de clase.

La doctrina de contrainsurgencia en América Latina en dicho período, tuvo como tarea prioritaria contener las luchas populares, recomponer el esquema de dominación y reestablecer la hegemonía de los sectores burgueses monopólicos proimperialistas y llevar adelante las transformaciones estructurales para imponer en el continente la nueva fase del capitalismo financiero: el neoliberalismo. Los aparatos represivos constituyeron ya no sólo la columna vertebral del Estado, sino también su cerebro, el eje de articulación del sistema de dominación en su conjunto.

Si bien en México la doctrina de contrainsurgencia en dicho período no adquirió la forma de dictadura militar, en cambio sí asumió todas las fases de un estado de excepción: supresión de libertades individuales, represión selectiva, detención, desaparición y tortura; asesoría, entrenamiento e intervención disfrazada de las FF.AA. del imperialismo gringo; aniquilamiento físico de agrupamientos rebeldes y organizaciones de clase. Incluso se llegó a instrumentar acciones de baja intensidad (aldea arrasada, instrumentada en Viet Nam) que consistió en hostigar a la población civil considerada “base social de apoyo” de las fuerzas subversivas. En el estado de Guerrero familias y comunidades enteras de la zona de Atoyac de Álvarez fueron literalmente borradas del mapa.

La violación de los preceptos más elementales de la ideología burguesa tenía que hacerse en nombre de esa ideología. Se suprimieron las garantías y los derechos ciudadanos bajo el pretexto de defender a esas garantías y a esos derechos. Se instaura un régimen de terror institucionalizado por “el bien de la paz social”.

Decenas de jóvenes, quienes vieron cerrados todos los espacios legales para su participación social, fueron detenidos, torturados y aún desaparecidos por el único delito de repartir propaganda en alguna zona fabril, hacer una pinta o realizar un mitin relámpago. El estado mexicano instrumentó entonces una estrategia de contrainsurgencia contando para ello con la complacencia y complicidad del imperialismo gringo; para ello envió a oficiales a la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá para su entrenamiento, también a la academia militar de West Point e incluso contó con la asesoría y el pertrechamiento del ejército de Israel en tácticas de contrainsurgencia urbana.


A continuación enlisto los rasgos de la contrainsurgencia, recuperando el registro testimonial y de observación, así como algunas fuentes documentales:


Operación articulada con mando único, de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); así como para coordinar a las distintas instancias castrenses.


Criminalizar la pobreza, al dirigir el operativo hacia sectores depauperados.

Cerco y aniquilamiento, destinado no sólo ha golpear o propinar un susto, sino expresamente para desmantelar por completo a una organización social; al reducir, eliminar y aún encarcelar a sus dirigentes y mandos medios.

Sembrar un clima de terror y pánico entre la población; que construya un imaginario colectivo de impotencia, orfandad y vulnerabilidad absolutas. Se trata aquí de dar una lección ejemplar a la población.

La infiltración, la detención, la tortura, la confusión ideológica y la persecución indiscriminada.

La desmoralización, el amedrentamiento y la humillación, al individualizar las detenciones y los interrogatorios.

La militarización de las relaciones sociales, al acostumbrar a la población a la presencia de cuerpos policíacos y militares en las calles para resolver conflictos del orden jurídico y aún civil.

La supresión de garantías individuales y los derechos humanos, estableciendo de facto un estado de excepción, un virtual estado de sitio.

La utilización de un lenguaje característico de la doctrina de seguridad nacional: “estado de derecho”, “nadie por encima de la ley”, “actuó la fuerza pública para traer la paz”.

La conformación de grupos paramilitares, para que sean éstos quienes hagan el trabajo sucio, sin que pongan en evidencia al ejército.


El control absoluto de los medios de información, para ocultar la verdad, además de difundir la propaganda oficial.

Articulación militar extraterritorial y subordinación logística a los mandos militares del Pentágono, EE.UU.

Bendición de la alta jerarquía católica, como instrumento de consenso social.


Propaganda discursiva de la contrainsurgencia: unidad nacional, estado de derecho, orden y progreso; además de provocar el odio clasista y el fundamentalismo.

Las fuerzas militares, tanto regulares como los grupos paramilitares, se comportan como ejércitos de ocupación; quienes tomarán como botín de guerra a las mujeres, los bienes materiales y aún las vidas de seres humanos.

Virulento embate en contra de las instituciones y sus preceptos republicanos: el estado laico, la educación pública, la soberanía nacional; así como la agresión directa en contra del mundo intelectual, la producción cultural, el conocimiento científico y la generación de expresiones artísticas al margen de la industria televisiva.

Descomposición social generalizada: lumpenización, valemadrismo, desconsuelo, impotencia; desintegración familiar y comunitaria, delincuencia hiperviolenta, feroz competencia individualista.

Acompañando estos rasgos distintivos, siempre va también el ejercicio de la democracia representativa, en su actual versión neoliberal: la democracia de baja intensidad, es decir, un concepto de democracia en donde el ciudadano pasa a ser un pasivo consumidor. Salvo contadas excepciones, el estado de contrainsurgencia combina la brutal represión con medidas de legitimación social. Para ello, siempre ha contado y contará, con la complicidad mezquina de antiguos dirigentes democráticos y de izquierda, dispuestos a traicionar sus convicciones ha cambio de migajas del poder.

Sin la aprobación del Congreso, el gobierno de Fecal ya instrumenta el Cuerpo Federal de la Policía, bajo un esquema semejante al de los marshall en EE.UU., esquema diseñado con la supervisión de la Guardia Civil española, el FBI y la policía francesa. Con mando único, la nueva policía podrá realizar un gran despliegue de elementos con alta capacidad de operación y detención inmediatas; estableciéndose para ello células de inteligencia en todo el país (C4, centros de control e investigación policíaca). Para alcanzar tal propósito, ya se trabaja en la integración de una base de datos única, en un mapa georreferencial de la rebelión.

La doctrina de contrainsurgencia, a veces inventa escenarios de pánico colectivo para medir la respuesta social. Otras veces aprovecha sucesos reales intentando avanzar en su proyecto estratégico buscando: atemorizar a la población que buscaría en otras circunstancias una organización independiente propia; consolidar la presencia militar en las calles y espacios públicos; incrementar la doctrina de la "seguridad nacional"; buscar la legitimidad política que la democracia representativa ya no alcanza a otorgarle al poder político; operación articulada con mando único de los distintos niveles de gobierno; sembrar un clima de terror y pánico sociales que construya un imaginario de impotencia, orfandad y vulnerabilidad absolutas; la desmoralización y la humillación colectivas al individualizar las conductas sociales; la supresión de las garantías individuales, estableciendo de facto un estado de excepción; el control absoluto de los medios de información para que sean éstos quienes hagan el trabajo sucio de justificar políticas públicas corruptas e ineficientes; propaganda discursiva de la doctrina de contrainsurgencia: "unidad nacional", “cerremos filas” y “altura de miras”

Ayer fue Díaz Ordaz, hoy se llama Fecal; ayer fue Echeverría, hoy se llama Gómez Mont; ayer fue la brigada blanca, el BARAPEM, los halcones y la DFS, hoy es la AFI, la PFP, el CISEN y los zetas. Ayer fue el delito de disolución social, ahora es el delito de ser pobre. Ayer fue el Yunque, hoy es nuevamente el Yunque.

Otros rostros, otros nombres; un mismo discurso, un mismo propósito: el cerco y aniquilamiento de la resistencia, la insurgencia, la autodefensa y la rebelión legítimas del pueblo.

Epílogo

Sea cual fuere el desenlace del caso Fernández de Cevallos, el suceso forma parte del reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder. El grupo delincuencial que perpetró la desaparición envía un claro mensaje al resto de las fuerzas en pugna: “soy la única fuerza capaz de realizar una operativo de tal envergadura y mi capacidad para ejercer la venganza y un ajuste de cuentas interno es infinito”. Por lo demás en esta ocasión el personaje en sí mismo es el mensaje. Se seleccionó justo al más representativo personaje del neo-criollismo de la ultraderecha mexicana: altanero, prepotente, soberbio y clasista.

De paso y no como algo aleatorio, se le golpea en donde más le duele a la figura retenida: en su desmedido orgullo y en su patrimonio mal habido. Ambos rasgos los conoce a la perfección quien realizó con milimétrica planeación la oportuna operación. En sí mismos ambos logros constituyen no sólo el mensaje sino también el modus operandi.

________________________

Agradezco la valiosa colaboración de la politóloga mexicana Mariana Ramírez, sin cuya aportación el presente ensayo se hubiese privado de una mirada tan imaginativa como creativa.

16.6.10

Militares estadunidenses tienen operativos especiales sobre el terreno en México

The Narco News Bulletin
El grupo de tareas está integrado junto con tropas mexicanas, afirma operador de la CIA
Por Bill Conroy

Un grupo de tareas de operaciones especiales bajo el mando del Pentágono, se encuentra actualmente en territorio mexicano proporcionando asesoramiento y entrenamiento al Ejército Mexicano en recopilación de inteligencia, infiltración y, de ser necesario, conducir acciones directas en contra de organizaciones del narcotráfico, afirma un ex activo de la CIA con una larga historia en operaciones encubiertas.


Según el agente de la CIA, la unidad estadunidense, denominada Grupo de Tareas 7, desde principios de 2009 ha ayudado a descubrir una bodega en Ciudad Juárez llena de municiones estadunidenses, la cual estaba bajo control de traficantes de droga; también proporcionó inteligencia crítica que llevó a la redada en un taller de manufactura en Juárez donde se fabricaban uniformes militares falsos; trabajó con militares mexicanos en el descubrimiento de una fosa común cerca de Palomas, México, al sur de Columbus, Nuevo México; y, detrás de escena, colaboró con la Armada de México en la caza del importante narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva—que fue asesinado por las fuerzas especiales de la Armada de México el pasado diciembre durante una redada en un complejo habitacional de lujo en Cuernavaca, México.
“Este grupo de tareas [uno de muchos asentados en México] está fuertemente armado y está integrado con militares mexicanos,” dice William Robert “Tosh” Plumlee, un ex piloto de la CIA que voló numerosas misiones de entrega de armas a América Latina volviendo a los Estados Unidos con drogas como parte de las operaciones encubiertas Irán/Contras en la década de 1980. “Estas son operaciones en el terreno… de siete a ocho de ellos [del Grupo de Tareas 7], trabajando en calidad de civiles, lo que significa que no portan uniformes.”
Plumlee subraya que la presencia en México del grupo de tareas es anterior al gobierno de Barack Obama, pero en la actualidad permanece activo. Por obvias razones, la información de la ubicación precisa en México de la unidad no está disponible, sin embargo, Plumlee dice que en el pasado el grupo ha operado a lo largo de la frontera norte mexicana, incluyendo a Ciudad Juárez—ciudad fronteriza al sur de El Paso, Texas.
Plumlee aún tiene contactos profundos con el mundo de la inteligencia de los Estados Unidos. Sus esfuerzos anteriores por exponer la complicidad de la CIA en el tráfico de drogas están documentados en una carta enviada en 1991 al entonces senador estadunidense Gary Hart, en el testimonio que proporcionó ese mismo año al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y se detallan en una historia exclusiva proporcionada al San Diego Reader en 1990.
Además, fuentes de Narco News, incluyendo al antiguo agente encubierto de la DEA, Mike Levine, anfitrión del programa de radio de Pacifica: El show del Testigo Experto, sostiene que Plumlee es auténtico.
“Antes de invitar al aire a Tosh”, Levine le comentó previamente a Narco News, “debido a que su historia era tan increíble, lo investigué a través de agentes del gobierno, y todos ellos dijeron que era auténtico. Tengo una copia del mapa aéreo que entregó a un periódico semanal de San Diego, en donde hay anotaciones de los vuelos que hacía [transportando] con drogas, con lo que el tipo me convenció.”
Como evidencia de sus afirmaciones sobre las operaciones especiales del grupo de tareas de los Estados Unidos en México, Plumlee proporcionó a principios de abril del año pasado, información que dijo haber obtenido del mismo grupo de tareas en donde se detallaba la investigación del Ejército Mexicano de la fosa común localizada fuera de Palomas, México. Un mes más tarde, a principios de mayo de 2009, apareció por primera vez información en la prensa mexicana en donde se indicaba que una fosa común que contenía al menos siete cuerpos había sido descubierta en el mismo sitio identificado por Plumlee.
En el momento de la exhumación de la fosa común de Palomas, Narco News decidió no publicar información específica sobre el grupo de tareas de los EEUU por temor a poner vidas en peligro.
Sin embargo, desde entonces Plumlee dice que los miembros del grupo de tareas se han convencido, debido a la corrupción y filtración en el gobierno mexicano, que su presencia en México es ahora conocida por las organizaciones narcotraficantes. Además, en semanas recientes, ha habido una serie de reportajes en los principales periódicos, como el Washington Post y la revista The Nation, que indican que fuerzas especiales de los Estados Unidos están operando en numerosos países extranjeros.
De una nota aparecida el 4 de junio en The Nation:

The Nation ha conocido de fuentes bien posicionadas dentro de las operaciones especiales que de entre los países en donde trabajan fuerzas especiales de élite para el Comando de Operaciones Conjuntas Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) que han sido desplegados bajo el gobierno de Obama, se encuentran: Irán, Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Yemen, Pakistán (incluyendo Balochistán) y las Filipinas. Estos equipos han sido también desplegados en Turquía, Bélgica, Francia y España. El JSOC ha apoyado también operaciones de la DEA en Colombia y México. [El subrayado es mío.]

Debido a que las operaciones del grupo de tareas ya ha sido expuesto, al menos en la medida en que las organizaciones narcotraficantes están concientes de su presencia en México, Plumlee dice que dar a conocer en los EEUU la información sobre el Grupo de Tareas 7 puede ayudar a proteger a sus miembros, a través del conocimiento público, a pesar de la vergüenza diplomática que pudiera provocar—dado la sensibilidad del Departamento de Estado de los EEUU y el gobierno mexicano para admitir cualquier tipo de operaciones conjuntas en suelo mexicano.
En cualquier caso, el que el Departamento de Defensa esté trabajando con militares mexicanos no es un secreto de seguridad nacional muy bien guardado. Una declaración publicada por la Casa Blanca en marzo de 2009 dice lo siguiente:

El Departamento de Defensa ha estado y continúa trabajando con sus contrapartes mexicanas para aumentar el intercambio de información, interoperabilidad, y en entrenar y equpiar a las fuerzas antinarcóticos.

Además, un ex funcionario del gobierno de los EEUU que tiene experiencia en operaciones encubiertas, y que pidió no ser identificado, dijo que la presencia en México de las fuerzas de operaciones especiales “no es algo realmente nuevo en términos de cómo hemos lidiado con México en el pasado.”
“Las operaciones negras han ocurrido desde siempre”, dice el funcionario. “Los recientes reportajes en los medios [comerciales] sobre esas operaciones bajo el gobierno de Obama las hacen parecer una gran primicia, pero no es nada nuevo para aquellos que entienden como funcionan realmente las cosas.”
De hecho, los grupos de fuerzas especiales de los EEUU, incluyendo la Fuerza Delta y el cuerpo de operaciones especiales SEAL de la marina estadunidense, trabajaron con una fuerza de tareas colombiana conocida como el Bloque de Búsqueda, y también, de acuerdo con algunos reportes, ayudaron a entrenar a un escuadrón de la muerte paramilitar conocido como Los Pepes, como parte del esfuerzo por cazar y en última instancia matar al conocido narcotraficante Pablo Escobar a principios de los 90.
Plumlee dice que no tiene información o evidencia que el Grupo de Tareas 7, u otra unidad similar que afirma se encuentra en México como parte de la misión de interdicción del tráfico de drogas, esté involucrado en entrenar o asistir a unidades del Ejército Mexicano para llevar a cabo asesinatos de narcotraficantes.
Sin embargo, el ex funcionario del gobierno que habló con Narco News dijo que no sería una sopresa que “los asesinatos [de narcotraficantes de alto perfil] sea parte de la misión.”
“No sería la primera vez”, dice el funcionario.
Permanezcan en sintonía…
Traducción del inglés por Fernando León

14.6.10

La Corte, Atenco y la ley

Carlos Fazio
 
Desde mayo de 2006, 12 presos políticos vinculados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco permanecen como rehenes de los poderes ejecutivos federal y del estado de México, en virtud del uso discrecional y faccioso de la justicia contra los movimientos sociales organizados y sus demandas. Viciado de origen, el caso Atenco es emblemático porque desnuda la actitud inquisitoria y la manera en que el Estado clasista emplea a la fuerza pública y la legislación penal como herramientas de control y disuasión social. Es decir, como instrumentos, a la vez excesivos e ilegales, para la criminalización de la pobreza y la protesta social. Se trata de un abuso de poder; pero esa forma ilegítima del Estado en el uso de su potestad punitiva significa, también, una judicialización de la política.
En mayo de 2007, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, recluidos en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, fueron sentenciados a 67 años de prisión. A Del Valle, líder del FPDT, le adicionaron 45 años. Otros nueve presos que se encuentran en el penal Molino de Flores recibieron penas de 32 años. Por consigna, en virtud de una práctica sistémica generalizada, apoyada en el poder coercitivo del Estado a través de operaciones represivas desproporcionadas y la producción de un discurso maniqueo que imputa situaciones delincuenciales a los actores sociales, los jueces que intervinieron en el caso hicieron a un lado el principio de estricta legalidad, en lo que tiene que ver con la carga de prueba y la presunción de inocencia (apelando a la acostumbrada presunción de culpabilidad, ministra Olga Sánchez Cordero dixit) , y les aplicaron un tipo penal, el secuestro equiparado, verdadera aberración jurídica contraria al principio de taxatividad penal, que condiciona la imposición de una sanción penal a la existencia de una ley exactamente aplicable a la conducta de que se trate.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los 12 casos, y tiene en sus manos la oportunidad de sentar criterios para revertir la criminalización de la protesta social, sancionar la inconstitucionalidad del secuestro equiparado, reforzar los lineamientos del uso de la fuerza policial conforme a los criterios de los derechos humanos y liberar a quienes han sido injustamente privados de su libertad.
El 25 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó ante la Primera Sala de la Suprema Corte un amparo directo en favor de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, y adjuntó el memorial amicus curiae (en latín, amigos de la Corte), que permite a terceros ajenos a una controversia judicial con interés particular en la definición de un litigio, presentar documentos para ofrecer consideraciones de derecho a un tribunal del conocimiento, con objeto de contribuir a la solución de la disputa.
El documento aboga por el papel histórico de la protesta social colectiva y su contribución al fortalecimiento de la vida democrática participativa, y lo contrapone a la recurrencia del Estado de apelar al derecho penal como única respuesta frente a grupos sociales que de manera legítima presentan exigencias al poder público. Cuando la protesta es resuelta por los gobernantes desde una óptica de confrontación, implica su criminalización o judicialización, dando paso a un proceso político, mediático y jurídico, que etiquetando a los actos de protesta como delitos, busca sacar a un conflicto (o actor) social de la arena política para llevarlo al campo penal. El objetivo de los impulsores de la criminalización es poner en marcha al poder punitivo del Estado para neutralizar, disciplinar o aniquilar la protesta. Con un efecto expansivo: paralizar por miedo y terror a todos quienes encarnan la protesta social.
Dice Esteban Rodríguez que la criminalización de la protesta es una de las manifestaciones de la judicialización de la política. O sea, la transformación de los conflictos sociales en litigios judiciales. Se trata de una lectura de la realidad bajo la lupa del Código Penal, con lo que criminalizar será despolitizar y deshistorizar o sacar de contexto un conflicto social, como vía para habilitar de manera facciosa el poder punitivo del Estado, justificando dicho conflicto con la lógica de la guerra y legitimando la intervención represiva del Estado.
En el caso Atenco (y también en el de los sindicalistas del SME y los mineros de Pasta de Conchos y Cananea en la coyuntura) dicha criminalización impugna la voz y la palabra de los actores sociales para rencuadrarlos como activistas, delincuentes o enemigos internos; desestabilizadores del orden clasista instituido.
El Centro Pro reivindica el derecho a la manifestación pública, porque el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también de participación ciudadana. Lo que en un plano simbólico y por la vía de los hechos, permite posicionar a un movimiento como el FPDT en el escenario público y colocar sus demandas en la agenda política, ante la imposibilidad de hacerlo por conducto de los laberintos burocráticos del sistema y de unos medios de difusión masiva que siguen las pautas impuestas por el duopolio de la televisión y engendros como la Iniciativa México; mismos que, como ocurre con los otros colectivos mencionados, han promovido en el imaginario colectivo un signo delincuencial contra los integrantes del FPDT.
En ese contexto, el fallo que tiene ante sí la Suprema Corte no se limita a una cuestión técnica, formal. Los ministros deben evitar reducir la protesta a un asunto de presunta legalidad y, con sensibilidad, buscar empatar la verdad jurídica con la verdad histórica, rechazando el autoritarismo y el uso faccioso de la justicia, y determinando, a la vez, la inocencia de los presos políticos de Atenco.

13.6.10

Copala: gobierno mexicano oculta información a Europa

Revista CONTRALÍNEA 186
Nydia Egremy

Los activistas europeos emboscados en San Juan Copala habían propuesto a sus gobiernos y organizaciones no gubernamentales apoyar propuestas de desarrollo para los pueblos indios mexicanos sumidos en la pobreza. La solidaridad de los activistas de los derechos humanos encontró las balas de la organización paramilitar Ubisort, que mataron al finlandés Jyri Jaakkola y a la mexicana Bety Cariño. A pesar de las promesas de Felipe Calderón, hasta ahora no hay investigaciones ni detenidos
Jyri Antero Jaakkola, Meni Morne, David Casinori Portavano, Martin Santana y la alemana Lisa llegaron a México procedentes de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia. Durante meses, convivieron con mujeres y hombres de las comunidades indígenas del país y los conmocionó el grado de miseria, desnutrición y penuria en que viven. Ante esa violenta realidad, propusieron a sus gobiernos y organizaciones emprender proyectos de desarrollo que respetaran su autonomía; pero a las 14:50 horas del 27 de abril, esas aspiraciones fueron liquidadas: dos balas se alojaron en la cabeza del finlandés Jyri; la mexicana Beatriz Cariño Trujillo también fue alcanzada por los disparos de paramilitares.
Los europeos se habían sumado a la caravana internacional de paz que salió de Huajuapan de León, Oaxaca. Pretendían llegar al poblado triqui de San Juan Copala para auxiliar a los habitantes asediados por un cerco que se mantiene desde hace meses. Jyri contactó a los organizadores de la caravana para orientarlos sobre la situación de los indígenas; antes habían asistido a la presentación de un video.
Todos viajaban en la camioneta Ford Van blanca, que arriba del parabrisas ostentaba una calcomanía con la palabra “soledad”. Abajo de esa calcomanía, unos 10 centímetros hacia la izquierda, está el impacto de las balas que ultimaron a los ocupantes del asiento delantero del vehículo.
La representación diplomática de Finlandia en México fue notificada del asesinato de su compatriota a las 20:00 horas de ese martes. Fue entonces que se dispuso que Seppo Tunturi, el ministro consejero, encabezara al grupo que viajó a Oaxaca para conocer los hechos y ocuparse del retorno de Jyri a su país.
Entretanto, en la ciudad de México, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrecía “todo su apoyo” a las embajadas de los países de donde procedían los extranjeros emboscados.
Martin Santana es originario de Bélgica y conoce bien la problemática social que viven las comunidades oaxaqueñas, pues estudia temas sobre el desarrollo sustentable. David Casinori es un italiano que vino al país a redactar su tesis sobre movimientos sociales. Ambos viajaban en la camioneta que abría el paso de la caravana.
Segundos después de la agresión, Martin escapó de la balacera contra la camioneta Ford. En su huida encontró a Mónica Citlali Santiago Ortiz, integrante de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. La joven había recibido un balazo y corría en busca de ayuda. Ambos lograron abordar una ambulancia –que también había sido baleada– que los condujo a un hospital.
Mónica recuerda que, esa mañana, la finlandesa Meni Morne se sumó a la caravana: “Venía sola, no sé si conocía a Jyri, y subió con nosotros”. Meni sería la primera sobreviviente entrevistada por los corresponsales extranjeros que desde Oaxaca dieron cobertura al ataque.
Menos de 12 horas después de los acontecimientos, la mañana del 28 de abril, los italianos leían en el diario La Reppublica este titular: “México, ataque a la caravana de la paz. Cinco muertos, un italiano secuestrado”. La nota describía que, hasta entonces, el italiano David Casinori estaba desaparecido y probablemente hubiera sido raptado; agregaba que en la zona no había intervenido el Ejército.
El diario reportó que “la policía no se arriesgó a entrar” a la zona del ataque. Agregó que “las fuerzas de seguridad del estado de Oaxaca, al estar cerca, no entraron a la zona a pesar del ataque de unas 40 personas contra el convoy humanitario para acompañar a salvo al grupo en el que iba David Casinori”.
Un día después, La Reppublica dio cuenta de que Casinori estaba a salvo. Logró contactarse por teléfono con un funcionario de la embajada en México, aunque estaba bajo el efecto del impacto por la agresión que sufrió. Él, como sus otros compañeros extranjeros que vivieron la pesadilla de las balas paramilitares, vino a este país a contribuir con sus propuestas para mejorar las condiciones de vida de los indígenas mexicanos.

La promesa perdida

Jyri viajó a México para realizar labores relacionadas con la cooperación internacional, algunas, subvencionadas por el Ministerio de Exteriores de Finlandia. Colaboraba con la organización gubernamental finlandesa Uusi Tuuli (Nuevo Viento). También colaboró con la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde preparó algunos proyectos para contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas.
Pretendía promover la autosuficiencia alimentaria de los pueblos indígenas; sostenía que el empleo de técnicas de mejoramiento elevaría su producción agrícola y podrían comercializarlos mejor. Sus trabajos hacían énfasis en la preservación de la cultura y métodos de producción tradicionales.
Sus compatriotas lo recuerdan como un joven entusiasta que, en cuanto llegó a México, procuró obtener información de distintas fuentes sobre las comunidades necesitadas de este país. Antes de partir a Oaxaca, comentó que era apremiante que el gobierno de su país emprendiera ya los proyectos de ayuda bilateral y que se dirigieran hacia los pueblos indígenas.
El 11 de mayo, durante el homenaje en memoria a este joven, Ulla Vaïsto, la embajadora de Finlandia en México, recordó que él era un activista finlandés preocupado por estudiar el desarrollo sustentable, comercio justo y derechos humanos. “Este joven no pudo concluir su labor porque fue víctima de un asesinato cruel, junto a la ciudadana mexicana Beatriz Cariño. Los culpables de este acto aún están libres”. Tras esa tragedia, la embajada de Finlandia en México ha exigido que se aclare este crimen y que los culpables sean sentenciados.
Anteriormente, la representante de Finlandia había entregado, en nombre de su gobierno, una nota diplomática a la SRE. Ahí exigía el esclarecimiento de “este hecho condenable y que los culpables sean llevados ante la autoridad y castigados según la legislación mexicana”. Esa exigencia también se transmitió al gobierno de Oaxaca, donde se abrió la averiguación previa, y a la Procuraduría General de la República.
Vaïsto admitió entonces que el proceso para llevar ante la justicia a los asesinos de Jyri “no será rápido ni fácil, pero lo más importante es que se investigue a fondo, se encuentre a los culpables, éstos sean llevados al tribunal pertinente y se les castigue conforme a las leyes mexicanas”.
Hizo notar que Jyri era una persona seria, con convicciones, que quería trabajar por el bien de Oaxaca, por el desarrollo social sustentable y “por hacer una diferencia”. El homenaje concluyó con el reconocimiento a quienes sumaron sus voces para exigir el esclarecimiento de los “cobardes hechos, para que éstos no queden impunes”.
Siete días después de ese homenaje, el 18 de mayo, la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, y el presidente de México se reunieron en Madrid, España. Ambos asistían a la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea. Ahí, Felipe Calderón le manifestó su pesar por el fallecimiento de Jyri Jaakkola y le reiteró que su gobierno se comprometía a esclarecer los hechos y el castigo a los responsables.
Días después de estos hechos, el cuerpo de Jyri llegó a su patria y fue recibido por sus padres y dos diputadas del Partido Verde finlandés: Satu Hassi y Heidi Hautala. Esta última preside el grupo de derechos humanos ante el Parlamento Europeo.

Gestiones en el vacío

A las 18:36 del miércoles 29 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió su comunicado de prensa número 123. Ahí se anunciaba la creación de un “grupo de trabajo” con embajadas de la Unión Europea para “identificar y localizar a sus ciudadanos involucrados en los hechos de San Juan Copala, Oaxaca”.
Además de manifestar que el gobierno de México lamentaba “profundamente” el fallecimiento de la mexicana Beatriz Cariño y del ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, se planteó que se trataba de dar respuesta a las “inquietudes manifestadas” por diversas embajadas europeas por la participación de algunos de sus connacionales, en lo que denominó “caravana de derechos humanos”.
El comunicado anunció que participarían diferentes dependencias federales y representantes de las embajadas europeas. La invitación a “sumarse a este grupo” también se transmitió a la Unión Europea a través de la embajada de España en México, pues ese país ostenta la presidencia temporal de esa organización regional.
También citó que una “comisión plural” –de la que no informó qué representantes extranjeros la integraban– se había trasladado a Oaxaca. Daba cuenta que el 28 de abril, un día después del ataque paramilitar, el grupo sostuvo una reunión de trabajo con Evencio Martínez Ramírez, secretario general de Gobierno; Luz Candelaria Chiñas, procuradora de Justicia, y Javier Rueda Velázquez, secretario de Seguridad Pública de esa entidad.
Desde entonces, las embajadas europeas acreditadas en México, cuyos ciudadanos fueron víctimas del ataque, reciben de vez en cuando telefonemas de las autoridades mexicanas que les “informan” que persisten las investigaciones. Más de un mes después de esos hechos, ninguna persona ha sido presentada ante la justicia como resultado de la investigación que realizan el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca por el asesinato de Beatriz Cariño y de Jyri Jaakkola. Entretanto, todos los días y desde toda la Unión Europea, este caso sigue presente en la opinión pública y en los parlamentarios de aquel continente.
Jyri Jaakkola: in memoriam
Mensaje para Contralínea de Ville-Veikko Hirvelä, madre del activista finlandés asesinado por paramilitares de San Juan Copala, Oaxaca, el pasado 27 de abril.
Estudió en la universidad de la ciudad de Turku, en la costa, pero pronto se percató que esa forma de educación no era para él. Pensó que lo necesitaban más en el trabajo solidario internacional, a favor del comercio justo, la paz y la comprensión entre los pueblos; ya sentía de forma muy profunda la injusticia que permitía a unos cuantos acceder a la educación gratuita y exclusiva. Es decir, sólo la gente europea, de clase media y blanca.
Aunque era un estudiante brillante, que estudió filosofía y ciencias políticas, no se dedicó a hacer fortuna y seguir con el conformismo europeo en un mundo de miseria e injusticia. Por ello, en un acto solidario con quienes no tenían la misma oportunidad de estudiar que él, Jyri renunció a sus estudios. Entonces, comenzó su camino en la organización no lucrativa Uusi Tuuli (Viento Nuevo), donde trabajó por la justicia local, apoyó a productores locales en países desarrollados y las comunidades indígenas.
En esas actividades, Jyri viajó en el barco Estelle, haciendo campaña por el comercio justo. Fue voluntario de World Shops (locales de venta de productos por el comercio justo), y participó en el Proyecto de Bangladesh Aamutähti World Shop’s, así como en la Red Europea de Tiendas Mundiales. En ese tiempo, ya estaba comprometido en la lucha por la justicia climática y era miembro de la organización finlandesa ambiental Hyökyaalto.
Jyri fue conocido por su actitud positiva, dedicada e incansable. Se familiarizó con la vida local de los países que visitó. En Angola, auxilió a las víctimas de la guerra; en Bangladesh, asistió a las comunidades pobres, así como a los indígenas mexicanos.
El pensamiento anarquista y antiautoritario fue parte importante de la vida de Jyri y de ello discutía en sus artículos. Construyó su ideología en la vida social de cada día al participar en todas las actividades, como impulsar las comunas y los círculos de comida orgánica.
Jyri sabía que la mayor necesidad de cambio sobre la Tierra está aquí, en los países occidentales industrializados. Que nuestro consumismo y poder económico para gobernar el mundo tienen su base en los bajos precios de las materias primas y en el trabajo barato del sur; así como en la destrucción del medio ambiente. Esta sobreexplotación que evita la igualdad global, la verdadera democracia y la vida decente en los países desarrollados.
Una vez en México, Jyri quería compartir la alegría y la pena de la vida cotidiana y su lucha por los derechos humanos. Esperaba aprender algo de los movimientos mexicanos de autonomía y de las comunidades, a los que podría ayudar en Finlandia. En la primavera de 2010, realizaba actividades para Uusi Tuuli y diversas organizaciones mexicanas en Oaxaca. Sus tareas incluían apoyar el derecho a la seguridad alimentaria y mejores condiciones de vida en las comunidades autónomas indígenas.
También tomó parte en campañas sobre el cambio climático y visitó diferentes sitios en Oaxaca para conocer más los derechos de uso de la tierra entre esas comunidades.
Jyri el caminante
Tatjana Markus recuerda a su compañero:
Jyri llegó a Oaxaca con una mirada clara, corazón abierto y gran deseo de aprender, observar, compartir, disfrutar y regocijarse de las bellezas de la vida, el poder del compañerismo, la magia de la interacción. Vino a Oaxaca con dos oídos como conchas de mar, sus ojos como dos cámaras y su corazón abierto y listo para dar y recibir. Vino como un caballero andante pero sin caballo, armadura ni pretensiones. Enamorado de la vida. Vino a Oaxaca como un hombre despierto. Para él no había fronteras geográficas o culturales, ésas que la nación Estado nos impone. El sufrimiento de un hermano o hermana en cualquier parte del mundo era suyo, y el sistema del diablo era el mismo en todas partes. Las balas no tienen nacionalidad, como tampoco el amor y la camaradería.

10.6.10

Ejército sometido por el Pentágono

EE.UU,Mexico
José Francisco Gallardo Rodriguez
Durante la primera visita de Estado de Felipe Calderón a Washington, Barack Obama ofreció trabajar juntos para encarar el futuro y resolver los problemas comunes como la migración, el narcotráfico y la crisis económica. “Nos unen no las fronteras sino los lazos, permanezcamos juntos para encarar el futuro; el trabajo conjunto permitirá establecer una frontera común con migración ordenada y segura y ahondar la cooperación contra el narcotráfico que amenaza la frontera, trabajando juntos se ha forjado una nueva era de cooperación en base a los intereses mutuos, con respeto y responsabilidad recíproca. Nuestros países no son simplemente vecinos, somos amigos por elección, estamos ligados por trabajadores, turistas, docentes, estudiantes, incluso entre las fuerzas armadas que luchan contra la inseguridad”, declaró Obama. (La Jornada, 19/V/10).
Durante su visita a México en abril de 2009, Obama aludió a “los lazos que nos unen no pueden quebrantarse”, en las faldas del cerro del Chapulín, y asegundaba Calderón con establecer una nueva relación México-Estados Unidos. Pero sabrían Obama y Calderón que estaban sobre tierra donde muchos mexicanos entregaron su vida por defender la integridad del territorio nacional, y que a causa de una guerra injusta, abusiva en 1847, México perdió más de la mitad de su territorio en manos estadunidenses. ¡Yo creo que no!
Pero hasta cuándo seguirá esta farsa, reuniones van y nada pasa; y no pasa porque son mentiras las razones. Una cosa es el discurso y otra la realidad y la historia, desde la doctrina Monroe, pasando por el Tratado Guadalupe Hidalgo, hasta la Iniciativa Mérida.
A lo dicho, por si los estrategas y asesores yupis del señor de la guerra contra las drogas no lo saben. En un documento publicado por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del USARMY en junio de 2000, llamado Joint Vision 2020, deja entrever una serie de coincidencias entre sus planteamientos con la ofensiva actual desatada a escala planetaria por la Casa Blanca y el Pentágono, quienes sostienen: Los intereses globales y las responsabilidades de EUA persistirán y no hay ninguna indicación de que las amenazas hacia esos intereses o a los de nuestros aliados vayan a desaparecer. Los conceptos estratégicos de fuerza decisiva, proyección de poder, presencia de ultramar y agilidad estratégica continuarán rigiendo nuestros esfuerzos para cumplir con esas responsabilidades y enfrentar los retos del futuro.
Una preocupación recurrente en la literatura militar, es lo relacionado a las amenazas asimétricas. El potencial de tales enfoques es tal vez el peligro más serio que EUA enfrentará en el futuro inmediato. Para contrarrestar las futuras amenazas al “poder imperial”, el Pentágono se propone alcanzar “la dominación de espectro total”, que consiste en una concepción en la cual se desdibujan las fronteras entre amigos y enemigos, entre pueblos y gobiernos, entre aliados y mercenarios.
Sobre este tema Joint Vision sanciona: “Las operaciones de espectro total incluyen el mantenimiento de una postura de disuasión estratégica”, lo que significa incluir acción en el teatro de operaciones y actividades de presencia en el hemisferio. La guerra imperial del siglo XXI, en los términos que se plantea, requiere de la conducción de operaciones conjuntas. Este enfoque integrado descansa en el uso de todas las herramientas del estadista para alcanzar nuestros objetivos nacionales, unilateralmente cuando sea necesario, al tiempo que en el hacer un uso óptimo de las habilidades y los recursos provistos por las fuerzas militares multinacionales, las organizaciones regionales e internacionales”.
Joint Vision reconoce además, la importancia de la tecnología y la innovación técnica para el Ejército y sus operaciones en cualquier parte del mundo. “Si nuestras fuerzas armadas van a ser más rápidas, más letales y más precisas en el 2020 de lo que son actualmente, debemos continuar invirtiendo en y desarrollando nuevas capacidades militares. Dependiendo de la realización del potencial de la revolución de información, las capacidades de hoy en cuanto a maniobra, ataque, logística y protección se convertirán en maniobra dominante, combate de precisión, logística focalizada y protección de dimensión total”.
Así las cosas nuestros vecinos del norte, tienen una visión estratégica del futuro, saben a donde van y que quieren, en México el encadenamiento histórico de gobiernos espurios con una visión patrimonialista de la política, –como dije yupis–, nos han llevado al colapso institucional y a someter al Estado mexicano a los intereses de Washington, tal cual lo planearon desde la doctrina Monroe en 1832.
El último bastión de nacionalismo que era representado por el Ejército Mexicano, para la defensa de la soberanía nacional, a través de gobiernos entreguistas y de mandos apátridas, ya fue anexado y sometido al Pentágono. Es decir, la abdicación de la soberanía nacional vía el sometimiento de las fuerzas armadas a EUA.
Forum 200. Junio de 2010.  

4.6.10

México: Los electricistas solos, la CNTE sola, los oaxaqueños solos y López Obrador solo.

Pedro Echeverría V.

1. Quizá por hacerme ilusiones en el sentido que las luchas de los trabajadores contra la explotación y la opresión se hacen cada día más grandes y numerosas, al observar la realidad me deprimo, reniego y adopto una posición pesimista. Pienso que no tendría razón si partiera de la idea que en cinco o 10 años deberían cambiar las cosas, pero después de 50 años de estar viviendo de manera cotidiana esa realidad pienso muchas veces que en lugar de los movimientos progresivos en espiral, cada generación gira solamente en círculo que se repite. Al principio de los sesenta se registraron luchas anticolonialistas, antiimperialistas, revoluciones, guerrillas y protestas por millares; la música, el vestido, los procesos de liberación hicieron cambiar el mundo. ¿Qué pasa 50 años después? Parecería que las cosas se repiten en otro nivel, más elevado, pero en la realidad los cambios sólo fueron superficiales, para seguir todo igual.

2. Me detuve horas frente al amplio campamento electricista donde están en huelga de hambre unos 50 obreros de los 80 originales. Más de 30 han sido levantados y llevados al hospital por estar en malas condiciones de salud. Otras decenas, quizá algunos cientos, rodean en otros campamentos a sus compañeros con quienes pude hablar y preguntarles. En la “plancha” del Zócalo de la ciudad de México –de 120 por 120 metros- parece ya no caberle otro campamento porque también los profesores de la CNTE de Oaxaca, Michoacán y otros estados lo ocupan hace dos semanas. Lo condenable es que parecen “vecinos distantes” con objetivos y políticas diferentes, aunque en el discurso declaren que se apoyan. Por lo menos es lo que se vio el viernes 28 de mayo en la organización de la marcha hacia la secretaría de Gobernación: ausencia total de camaradería hasta entre los contingentes de la CNTE.

3. Al dividirse la marcha entre la sección 18, que salió del Zócalo sobre 5 de mayo (oeste), y la sección 22 que salió por Pino Suárez (sur), se observó una gran división; la primera pronto llegó a Gobernación donde fue recibida, pero la segunda –que logró,  derribar las grandes rejas militarizadas de Televisa y una entrevista televisada con la dirigencia oaxaqueña- llegó más tarde, bajo fuerte aguacero, a Gobernación. A ésta última columna se agregó un pequeño contingente de 300 electricistas. Pero además, mientras estas dos marchas se realizaban en el edificio de la Sección IX del DF la CNTE realizaba un Congreso educativo con cientos de profesores delegados de todo el país. Por falta de coordinación se celebraron eventos nacionales a medias. ¿Qué resultado se podría esperar de las “negociaciones” entre trabajadores divididos, dispersos y débiles y una secretaría de Gobernación que todo lo sabe, todo lo vigila y todo lo escucha?

4. ¿Qué resultados? Una nueva cita para que las autoridades –como lo han hecho durante 30 años- le sigan jugando el dedo en la boca de los profesores de la CNTE. ¿Y los resolutivos del “4º. Congreso de Educación Alternativa de la CNTE celebrado el viernes, sábado y domingo en salas y auditorio de la IX? Pronto saldrán publicados para archivarse –como los que salieron de los tres congresos anteriores- porque para ponerlos en práctica se requiere tener fuerza y poder con el que la CNTE no ha podido contar. ¿Qué hacían los profesores de Oaxaca mientras marchaban unos y otros ejercían como delegados en el congreso educativo? Pensando en que el lunes 31 de mayo tenían que instalarse en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para iniciar un gran plantón por regiones para concluir –en caso de no resolvérseles sus demandas- en un paro general. Pude estar presente y observar desde las seis de la mañana la ocupación.

5. Mil y una actividades políticas, sindicales, de protesta entre electricistas, profesores, campesinos, pero sin la menor coordinación entre ellas y cada una luchando por intereses particulares. Mientras tanto el gobierno profascista de Felipe Calderón –haciéndose el tonto, o mejor el inteligente- espera que pasen unos días más para que todos los electricistas en huelga de hambre pasen por el hospital y se retiren a su casita; espera que los profesores repitan –hasta cansarse- sus experiencias en manifestaciones y que los profesores oaxaqueños se desgasten en su plantón para luego desalojarlos. Ni electricistas, ni petroleros, profesores, campesinos e indígenas se apoyan, nadie apoya a nadie. Sin embargo, aunque PRI, PAN y PRD parecen pelear en la luz pública, en la oscuridad se cogen mucho cariño y, cuando es necesario, unifican sus fuerzas para condenar y reprimir a los movimientos de lucha que son realmente de izquierda.

6. Es inconcebible, increíble o lo que se quiera, pensar que las únicas fuerzas que luchan contra el gobierno y secuestran empresarios son los llamados narcotraficantes que, incluso, poseen ya un fuerte ejército llamado los zetas. Se han confrontado tanto contra el ejército, la policía, los empresarios y el gobierno que hasta parecen honestos izquierdistas. Desafortunadamente sus objetivos son otros, coinciden con los de la burguesía empresarial y gubernamental: acumulan gigantescas riquezas, obtienen mucho poder, despilfarran esos dineros en diversiones con “nenas” y someten o asesinan a quienes se les oponen. La realidad es que no me he metido a estudiar sus actuaciones y sus dinámicas; sólo se que se han infiltrado totalmente dentro de los funcionarios de gobierno, del ejército y la policía y que cientos de empresarios viven asociados con los narcotraficantes poniendo “lavanderías” de dólares y pesos.

7. ¿Qué trabajador, ciudadano, estudiante, va a apoyar un movimiento si sabe que no tiene garantías, que es muy fácil que lo “madreen”, pierda su empleo, lo encarcelen y lo asesinen por el gobierno? ¿Cuántos miles de movimientos en el país han sido desbaratados por la clase gobernante para no volverse a levantar? Ni Marcos hubiera sido silenciado, ni López Obrador hubiera sido despojado, ni la APPO estuviera destruida, ni el SME hubieran desbaratado, ni la CNTE estancada, ni el EPR estuviera reclamando desaparecidos, si hubiera honradez y modestia entre los dirigentes de movimientos; sin embargo da la impresión de que cada dirigente quiere conservar su pequeña capilla, su pequeño coto de poder, antes de ponerlo en juego frente a otros liderazgos. Cuando estudiemos y pensemos bien esa realidad que vivimos desde hace por lo menos 50 años quizá encontremos que son los dirigentes los que evitan la unidad y que las bases no han sido capaces de liberarse de sus caudillos.

3.6.10

La estrategia paramilitar en Oaxaca

¿Qué enseñanzas sacar de esta nueva infamia?
Héctor Gómora
Rebelión

Después de varios días en espera de más sucesos, es tiempo de hablar de esta nueva infamia ocurrida en suelo mexicano, para tratar de sacar el claro algún aprendizaje muy necesario.

Y se trata además de un tema muy, muy importante, porque pone de relieve la increíble situación que prevalece en este país, donde un grupo de rufianes de la peor ralea puede cometer sus fechorías en forma pública sin que NINGUNO de los poderes ejecutivos que juraron cumplir y hacer cumplir la ley haga algo al respecto. Se trata de sucesos que siempre me hacen decir: “si esto hubiera sucedido en Cuba o Venezuela, ya me imagino el escándalo”. Pero no: sucede en nuestras “democracias”, así que los medios son bastante discretos al respecto.

Me refiero a lo que está sucediendo en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la etnia triqui de Oaxaca. Esta comunidad trata de ser libre y organizarse en forma autónoma, y como resultado es objeto de un criminal hostigamiento por un grupo armado, vinculado con las fuerzas oligárquicas aliadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna el estado. Es necesario efectuar un análisis, aunque sea somero, de este asunto y cómo nos muestra algunas de las tácticas de los sistemas dictatoriales…tengan o no una fachada democrática.

Como siempre, existen un proceso y un contexto históricos.

Desde hace mucho tiempo las zonas rurales y de importante población indígena han sido sojuzgadas por el PRI, fruto de las siete décadas en las que esta burocracia política usurpó el poder en México. Los intentos de rebelión han sido siempre duramente reprimidos, como se constató en las insurrecciones de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas.

En la región triqui, concretamente, los deseos de cambio han permeado en una parte importante de la población, y cuando eso sucede el sistema de poder empieza a actuar. Como las condiciones no siempre permiten una represión directa, se recurre a estrategias alternas bien conocidas, basadas en una premisa: dividir.

Siempre existe algún porcentaje de gente corrompida, dispuesta a alquilarse hasta para las acciones más viles. Ya sea en sindicatos, grupos en huelga, movimientos diversos y comunidades, siempre se localiza y estimula a los grupos más proclives a corromperse, porque de esa forma se logran dos cosas: introducir una cuña que ayude a debilitar y fragmentar al movimiento, y apoyar a la propaganda a trabajar su tesis clásica: el movimiento está dividido, los radicales son unos cuantos y la mayoría quiere una solución pacífica y razonada. Desde luego, dicha solución “pacífica y razonada” siempre coincide con lo que plantea el gobierno; y la postura “radical”, con las demandas originales del movimiento.

Esta cuña formada con elementos corruptos tiende a funcionar así en huelgas o similares, de tipo sectorial; pero cuando se trata de movimientos regionales, la estrategia se concentra más en la represión, pero si no se dispone de pretextos claros para ejercerla a través de la violencia legal (ejército y cuerpos policiacos), se crean fuerzas especiales, oficialmente ajenas al gobierno, que se encargan del trabajo sucio. Ejemplos de esto en México son la Brigada Blanca y los Halcones, que en los setentas realizaron asesinatos y represiones, así como los grupos paramilitares, que en los últimos quince años han sido la principal estrategia del sistema de poder en este país.

Fue desde la Masacre de Acteal (1997) cuando la existencia de bandas paramilitares en Chiapas se divulgó ampliamente…en algunos pocos medios. Se supo de Paz y Justicia, grupo que realizó la matanza, junto con otros como Mira, Los Chinchulines, Máscara Roja, Los Degolladores, etc. Se ha llegado a señalar hasta diez u once grupos paramilitares operando en diferentes regiones de Chiapas. Todos ellos con la tarea de asesinar, agredir y en general atemorizar a la población.

Desde luego, el gobierno siempre ha negado su vinculación con estos grupos, pero nunca faltan investigaciones que paulatinamente arman el rompecabezas. Un capítulo relevante ocurrió el 3 de enero de 1998, cuando la revista Proceso dio a conocer un documento hasta ese momento secreto: el Plan de Campaña Chiapas 94, elaborado por el ejército, donde se dice, claramente, que el objetivo era aislar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), destruyendo sus bases de apoyo (la población civil que estaba de su lado) y que para ello se requerían fuerzas locales de autodefensa. De no existir tales fuerzas –decía el Plan-, “es necesario crearlas”. Para ello, los servicios de Inteligencia Militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos “caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones”. Hubo plena coincidencia entre estos planteamientos y las acciones de las bandas paramilitares, así como de sectores del ejército como la Fuerza de Tarea Arco Iris (1995-1998), que estaba bajo el mando del general Mario Renán Castillo (1995-1997), razón por la cual es señalado como asesino, como uno de los principales responsables logísticos de los crímenes realizados contra la población civil.

En tales acciones está la raíz de tantos desplazados, gente que tuvo que abandonar sus casas huyendo de estos asesinos (la Masacre de Acteal fue el ataque a un campamento de desplazados), provocando una crisis humanitaria que aún persiste, pues hasta la fecha muchos no han regresado porque los paramilitares siguen ahí, en total impunidad.

Además de Chiapas, la estrategia de las fuerzas locales “de autodefensa” se aplica en otras partes. Ahora está trascendiendo (de nuevo, en algunos medios) la actuación de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui, o Ubisort, grupo creado en 1994 –en plena estrategia paramilitar chiapaneca- y estrechamente ligado al PRI. Su acción mantiene bajo un régimen de ocupación al municipio autónomo de San Juan Copala. Algunas de sus acciones han sido:

1. El 28 noviembre de 2009 impidió la llegada de la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Los diarios de la capital del estado afirmaron que el municipio autónomo había llegado a su fin; y en plena concordancia, la Ubisort nombró agente municipal a Anastacio Juárez, hermano del líder, Rufino Juárez. Las autoridades municipales desmintieron reiteradamente esa versión, pero la campaña continuó.

2. El 29 noviembre dispararon contra el edificio municipal y el albergue infantil, donde un niño perdió la vida y otros tres fueron heridos.

3. Ese mismo día instaló un retén para cercar a la comunidad.

4. El 10 de diciembre de 2009 sus hombres armados desalojaron a las autoridades del municipio autónomo. El 10 de marzo mujeres y niños aprovecharon un descuido y retomaron las instalaciones.

5. Como respuesta a la retoma del municipio, la Ubisort realizó un ataque con armas de fuego contra la comunidad, hiriendo a una mujer y provocando la huida de varias familias, así como el cierre de escuelas, del centro de salud y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

6. Estableció un cerco para impedir la llegada de agua, alimentos y demás elementos de subsistencia.

“¿Y qué hacían los gobiernos estatal y federal? Simplemente, nada.

Como respuesta a esa crítica situación, organizaciones defensoras de los derechos humanos organizaron la llamada Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, que incluía observadores extranjeros. Entonces, de nuevo lo insólito que en México es cotidiano. El dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez, advirtió en conferencia de prensa y por radio que no iban a permitir llegar a la caravana, y que sus miembros se atuvieran a las consecuencias.

Si el solo anuncio indigna a quien –como dice Tomás Mojarro- no ha perdido la capacidad de asombro e indignación, ni qué hablar de que tal amenaza sea cumplida. El 27 de abril, ya cerca de su destino, la caravana fue objeto de un ataque con armas de fuego por parte de sujetos embozados vistiendo uniformes verde olivo.

Como resultado murieron dos personas: Beatriz Alberta Cariño, miembro destacado del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y el finlandés Tyri Antero Jaakkola, colaborador del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Otros fueron sojuzgados e interrogados por los agresores, que los hicieron caminar a través de la montaña. Otras personas –incluso algunas heridas- sobrevivieron huyendo a través del monte y escondiéndose más de un día, tiempo durante el cual se reportaron como desaparecidos. Entre ellos estaban la reportera Érika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la revista Contralínea, quienes cubrían el recorrido. Estaban además otros observadores extranjeros: Viris Jacola y Meni Morne, de Finlandia; David Casinori, de Italia; Martín Santana, de Bélgica. También figuraban los oaxaqueños David Venegas, David Arellano y Rubén Valencia.

Finalmente fueron sólo dos las víctimas mortales…suficiente para catalogar este hecho como una infamia que amenaza con quedar impune como tantas otras.

Luego del cobarde ataque a la caravana el 27 de abril, como cabía esperar, la Ubisort se deslindó del mismo y hasta acusó a las víctimas de preparar un autoatentado. Desde luego, considerando la magnitud que alcanzaron las cosas, semejante acusación sólo se la creerá quien sea un enemigo declarado e irreconciliable del sano ejercicio de pensar.

¿Y las fuerzas del orden? En las primeras horas la policía reportó no haber localizado aún a las personas desaparecidas…porque los paramilitares sólo le permitieron el acceso por algunas horas. Preciosa forma de solapar un poder local ilegítimo. Y más indignante aún fueron las declaraciones de Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, en el sentido de que no había condiciones favorables para intervenir. “No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos”.

Aun concediendo que se debe tratar de preservar la vida lo más posible, semejante excusa es inaceptable. Por crudo que suene, ése su trabajo y si la gente a la que se supone debe proteger está siendo asesinada, no puede hacerse a un lado tan cándidamente. Verdaderamente deleznable como pretexto, pero desde luego es parte de la maniobra: dejar que los paramilitares trabajen en paz. Así es siempre. Así se hizo en Acteal. Son de sobra conocidos los testimonios de que durante las varias horas que resonaron los disparos, los soldados de un cercano puesto del ejército no hicieron absolutamente nada.

Volviendo a Oaxaca, también el gobernador Ulises Ruiz, quien con los maestros ya cubrió la cuota de sangre que corresponde a todo gobernador priísta de Oaxaca o Guerrero, actuó dentro de lo que procede en estos casos. Calificó la agresión como un “enfrentamiento” (o sea, dos grupos que se matan entre sí) y manifestó extrañeza por la presencia de extranjeros en una zona de conflicto como ésa.

Tales palabras nos remiten a otra vertiente de la estrategia represiva, que sonó mucho cuando Zedillo expulsó a todos los observadores internacionales para evitar que constataran las atrocidades de ejército y paramilitares en Chiapas. Destacó en esto un programa de la periodista de ultraderecha “Lolita” de la Vega, que llegó en helicóptero a una zona de Chiapas y grabó imágenes de varias personas de tipo extranjero que ahí se encontraban. La falta de rigor periodístico de esta persona llegó al grado de decir en su programa: “¿serán éstos los rostros que se ocultan tras el pasamontañas?” La campaña que se desarrolló desde entonces apuntó a hacernos creer que en Chiapas había intereses extranjeros manipulando a la población…lo mismo que se dijo en 1968.

Por cierto, la revista Proceso publicó en esos días que a esta periodista se le “olvidó” decir que el lugar al cual llegó su helicóptero a hacer sus tomas era una zona donde se concentraban los periodistas de diferentes partes del mundo que cubrían el conflicto chiapaneco.

Lamentablemente mucha gente cayó en este engaño en dos sentidos: primero, que había intereses extranjeros (cuando que los únicos comprobados son los de infames trasnacionales como Repsol, Nestlé, Coca Cola, etc., etc.); y segundo, que el gobierno tenía razón al sacar a los observadores internacionales porque “los mexicanos solitos podemos resolver nuestros problemas”. Es una falsedad porque existen compromisos internacionales, firmados por México, para permitir la entrada de observadores extranjeros; y porque existe un derecho natural para denunciar a quien comete atrocidades contra seres humanos. Pero hay gente deshonesta que usa a veces una cara de la moneda u otra según le convenga. Esa postura de “cero intervención exterior, respeto total a la soberanía de los pueblos”, fue apoyada por quienes años después avalaron las campañas gubernamentales contra el gobierno de Cuba, alegando que la protección de los derechos humanos no admite fronteras.

Por ello, las declaraciones del gobernador de Oaxaca sólo desentierran esa falsedad que a través de los medios fue inoculada como verdad en la mente de muchos mexicanos.

Después del ataque del 27 de abril el terrorismo contra la población triqui no ha cesado.

El 15 de mayo hombres armados de la Ubisort retuvieron por la fuerza a seis mujeres indígenas y seis niños (dos de ellos bebés) de San Juan Copala. Las soltaron luego de 10 horas de tortura psicológica (cortar cartuchos y disparar cerca de ellos) y amenazas de muerte contra toda la comunidad.

El 20 de mayo fue asesinado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro. Él era uno de los impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala y líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización que se desprendió del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el mismo Alejandro Ramírez fue fundador. Muy probablemente es otro caso de pugnas internas generadas por el poder usando a gente corrupta para dividir a las organizaciones independientes. Al respecto, habitantes de la región identificaron a los asesinos como integrantes del MULT.

Alejandro Ramírez ya había sufrido dos atentados a principios de 2006. En el primero murió su hijo Misael Alejandro; en el segundo, el suplente de la agencia de Yosoyuxi. El 7 de julio de ese mismo año, el MULT lo acusó de violar a una niña de 14 años y el 5 de julio de 2007 se le culpó de la desaparición de dos mujeres, aunque ello jamás se comprobó.

Aproximadamente a la misma hora en que fue asesinado Alejandro Ramírez se hicieron disparos en los alrededores de San Juan Copala.

Todas estas acciones tienen un nombre: terrorismo de Estado.

Respecto al Gobierno Federal, baste decir que la primera vez que el ilegítimo que cobra como presidente de México se pronunció sobre los hechos fue el 18 de mayo…veintiún días después del ataque a la caravana. Sus declaraciones, hechas por cierto en una reunión en Madrid con la presidente de Finlandia, se limitaron en esencia a prometer castigo para los responsables y refrendar su compromiso al “esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables con estricto apego a la ley”.

En puerta está una segunda caravana civil humanitaria, llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola”. Será el próximo 8 de junio y con la misma finalidad de entregar alimentos y víveres. “Las condiciones humanitarias son extremas, por lo que la gente no aguanta más sin agua, luz ni alimentos”, declaró Jorge Albino Ortiz, integrante del MULTI.

Sin embargo, de nuevo el dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, lanzó su amenaza. Dijo en rueda de prensa que no existen “ni las más mínimas condiciones” de seguridad, y que pueden ocurrir “hechos lamentables” Agregó: “No nos hacemos responsables de lo que les pase. No hay la seguridad para que transite la gente”.

Deberíamos pensar en el hecho de que, aun suponiendo que este maleante no fuera responsable de los ataques, está declarando abiertamente que se trata de una zona sin ley, y que la pasividad de los gobiernos estatal y federal contrasta con la prontitud con la que se interesaron por “restaurar el estado de derecho” en casos como los de Atenco y los maestros de Oaxaca. Nuevamente se confirma que para el poder, estado de derecho es un concepto elástico, maleable y adaptable.

Además, en su conferencia de prensa el líder paramilitar secundó la línea de su patrón Ulises Ruiz, al referirse a los observadores internacionales como gente de “ojos azules y cabellos largos” y agregar que su presencia no a solucionará el conflicto.

Obviamente no…nadie ha dicho eso. El papel de estas personas es presenciar, documentar y divulgar lo que sucede…por ello son tan dañinos para el gobierno y sus sicarios.

Después de las amenazas de este grupo asesino podrían ocurrir nuevos sucesos lamentables el próximo 8 de junio. Habrá que estar atentos.

Es claro que, aunque pasan los años y nos dicen que México está cambiando, la realidad apunta en sentido contrario. Una comunidad como San Juan Copala trata simplemente de lograr independencia, sin plantear revolución alguna ni hablar de cambiar nuestro sistema económico, y de todos modos es objeto de represión y terrorismo por parte del sistema de poder. La razón ya la sabemos: evitar el mal ejemplo. Un sistema de poder autoritario no puede permitir que nadie se le salga del huacal, porque puede provocar un efecto desencadenante. Lo sucedido en Chiapas desde 1994 evidentemente ha dado ejemplo a otras regiones del país y, por principio elemental de conservación del poder, todo aquel que ose levantar la cabeza debe ser aplastado.

Y como siempre, los intelectuales servidores del poder han hecho su parte históricamente. Aún se recuerdan las declaraciones del escritor Carlos Fuentes, quien respecto a la masacre de Acteal acusó al gobierno de “omisión”. Suena contundente y pareciera que el señor está del lado de la justicia, pero no es así. Fuentes es uno de esos intelectuales con careta imparcial –como su tocayo Monsiváis- que sólo critican al gobierno en lugar de denunciar sus acciones. A un criminal se le denuncia, no se le critica. Además, esta crítica llevaba una trampa, porque dijo que la falla del gobierno de Zedillo había sido no actuar, cuando que sí lo había hecho: creó, entrenó y financió a los asesinos.

No es lo mismo decirle al policía que cuida el banco “lo asaltaron porque te descuidaste”, que decirle “lo asaltaron porque estabas coludido con los asesinos”. En el primer caso, el de Fuentes o Monsi, la conclusión es inofensiva: “qué gobierno más inepto”. En el segundo, el de gente como Tomás Mojarro, es la conclusión que el sistema no quiere que se sepa: “el gobierno ejerce terrorismo de Estado”.

Así funcionan estas cosas, pero que esa “rutina” no acabe por convertirse en algo que ya no nos asombre ni indigne. Hagamos lo que podamos: leyendo, divulgando, comentando, contribuyendo a la denuncia... pero ante nosotros la gente, no ante los organismos judiciales que forman parte del sistema y son garantía de impunidad para los asesinos.

En tal sentido, con todo respeto para los involucrados, que seguramente actuaron de buena fe, las cartas a diarios y demás pronunciamientos escritos de personalidades y organizaciones para “exigir” el castigo a los culpables de los crímenes del 27 de abril evidencian que no se ha entendido la realidad, que tenemos enfrente a todo un sistema de poder enemigo apoyado en la fuerza; que una exigencia sólo vale cuando tenemos un poder organizado que la respalde, que el enemigo histórico no se va a cortar las venas por las exigencias de quienes no tienen fuerza para obligarlo a nada que no quiera…y castigar a sus sicarios no está en sus planes.

Con respeto profundo, insisto, comulgo con Tomás Mojarro cuando dice que una rápida mirada a la historia muestra que “exigir” es el verbo que sintetiza la cultura amo-esclavo. ¿Exigirle al enemigo que vaya contra su naturaleza y haga justicia? ¿Acaso no se ha exigido una y otra vez castigo a asesinos, ladrones, especuladores, represores, gobernantes corruptos y varios etcéteras? ¿Y alguna vez el sistema ha hecho caso?

El poder organizado que sustente las exigencias aún tiene que construirse, y mientras hay que trabajar en la forma que podamos, pero con tenacidad y paciencia de hormigas. Vaya mientras un reconocimiento sincero para quienes se han arriesgado hasta lo último por una buena causa. Ellos dejaron de exigir porque entendieron que eso sólo se hace con un gobierno aliado, así que empezaron a trabajar. No los homenajeemos regresando a esquemas que ellos superaron.

Cada uno en lo que pueda, empecemos a trabajar donde ellos se quedaron. Falta mucho por hacer, así que dónde y cómo actuar, sobra. Es cosa de buscar, aprender y crecer…pero sobre todo, cosa de voluntad.

2.6.10

British Petroleum: negligencia criminal

Alejandro Nadal
 
El derrame de petróleo en el golfo de México pasará a la historia como uno de los peores desastres ambientales a escala mundial. Por más que la empresa British Petroleum (BP) anuncia nuevas maniobras para controlar la situación, la inyección de crudo en las aguas del Golfo seguirá hasta agosto. El petróleo llegará a costas cubanas y saldrá al Atlántico al incorporarse a la corriente del Golfo.
Se habla de un accidente en la plataforma Deepwater Horizon, pero sería más adecuado hablar de negligencia criminal. El desastre se debe a la arrogancia corporativa y la ambición de los operadores de BP. Claro, también están involucrados la empresa Transocean, dueña y operadora de la plataforma (por cuenta de BP) y Halliburton, responsable de la cimentación del pozo. ¿Qué fue lo que pasó el 20 de abril?
A las 12:35 de la madrugada los técnicos de Halliburton completan la operación de cimentación del pozo. En las horas siguientes se realizan pruebas de presión para asegurar que el pozo está bien cimentado. A las 11 horas se lleva a cabo un acalorado debate entre ejecutivos de BP y de Transocean sobre cambios en los planes relacionados con la fase siguiente en la cimentación.
Esa tarde, a las 17:05 horas se observa una pérdida de fluido en el tubo que conecta el cabezal del pozo con la plataforma. Este hecho revela que hay pérdida de presión en el cabezal que se supone debe controlar el pozo y estabilizarlo en caso de cambios repentinos en el flujo de crudo o de gas. El cabezal se supone está diseñado para cerrar el pozo en caso de una emergencia.
Entre las 17 y las 19 horas se realizan más pruebas para corroborar que la presión corresponde a las especificaciones de la cimentación. Los instrumentos indican una pérdida total de presión en la tubería de emergencia que va del pozo a la plataforma. Esta tubería sirve para cortar el flujo de crudo. En contraste, la tubería principal utilizada en la perforación acusa un aumento de presión hasta las mil 400 libras por pulgada cuadrada, lo que es señal inequívoca de un incremento extraordinario de gas natural.
A las 20 horas los técnicos de BP dan por concluidas las pruebas y comienza la operación de extracción de lodos de perforación para remplazarlos con agua de mar. Estos lodos son en realidad una combinación de barro y minerales utilizados para sellar. En tanto no se coloque el tapón de cemento para cerrar provisionalmente el pozo, la presencia de estos lodos es la única forma de restringir la expansión de gases y fluidos que están a grandes presiones en el subsuelo.
Hacia las 21 horas hay más fluidos saliendo del cabezal de los que están siendo bombeados hacia dentro y a las 21:10 la presión en la tubería principal de perforación aumenta espectacularmente. A las 21:50 surge una primera burbuja gigante de gas natural y las válvulas del cabezal son incapaces de controlarla. La primera explosión sobreviene unos segundos después. La plataforma Deepwater Horizon, titular de la marca mundial de perforación en aguas ultraprofundas, estaba condenada. A las 21:52 se da la orden de abandonarla. De sus 126 tripulantes hay 11 desaparecidos.
Hay varios problemas con el cabezal. Su diseño no siguió las especificaciones originales. Las baterías que debían hacer funcionar varios de sus aditamentos estaban defectuosas. Finalmente, uno de sus piezas medulares fue destruida semanas antes de la explosión. Es una abrazadera gigante que fue sometida a presiones superiores a las de su nivel de tolerancia. Pedazos de la abrazadera aparecieron en la cubierta de la plataforma, indicando un grave daño en el equipo. Los técnicos de BP no dieron importancia a esta señal de alarma. En adelante las lecturas de presiones en el cabezal del pozo a mil quinientos metros de profundidad serían inexactas.
La falta más grave de BP fue ordenar a los operadores de Transocean retirar los lodos pesados de perforación. Ésos son la línea clave de protección en caso de una surgiente de gas y deben ser retirados sólo después de colocarse el tapón de cemento. Pero BP estaba más interesada en acelerar el ritmo de las operaciones y decidió invertir la secuencia de operaciones.
La ley federal que limita la responsabilidad para reparación de daños de 75 millones de dólares ya no se aplica en caso de negligencia. BP va a tener dificultades en demostrar su inocencia.
El jefe de electrónica en la plataforma Deepwater Horizon, Mike Williams, hizo una declaración extraordinaria: Se nos dijo que esta era la tecnología más sofisticada y que nada de lo que ocurrió debía suceder. Es lo mismo que dijeron los ingenieros nucleares después de Isla de Tres Millas y Chernobyl. Eso dirán los técnicos de las empresas transnacionales que producen y comercializan cultivos de organismos genéticamente modificados. Les acompañará el coro de burócratas cómplices que solaparon sus actos en el campo mexicano. Pero al igual que en el Golfo de México, las cicatrices ambientales durarán generaciones.