14.3.10

Avanzan analfabetismo y rezago educativo

Revista Contralinea
14 Marzo 2010  
Avanzan analfabetismo y rezago educativo 
Paulina Monroy

 
En México, el 74 por ciento de la población económicamente activa sufre rezago educativo. En 2008, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, responsable de abatir la falta de escolarización, sólo dio atención al 5 por ciento de los adultos que no ha concluido su educación básica. La Auditoría Superior de la Federación expone que es necesario revisar los alcances de su política pública
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) atendió a 5 por ciento de los adultos en rezago educativo en 2008. El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), apunta que el Instituto cumplió parcialmente con el objetivo de promover, organizar e impartir educación básica para adultos.
La ASF sostiene que es necesario revisar los alcances de la política pública y la capacidad operativa del Instituto para ampliar su cobertura, otorgar prioridad a la alfabetización y aumentar el número de adultos que completan su educación básica.
Señala que 33 millones 429 mil 100 personas estaban en rezago educativo en 2008, casi el 44 por ciento de la población de 15 años y más, y el 74 por ciento de los 45 millones 200 mil personas que conforman la población económicamente activa. “Particularmente –expresa– resulta preocupante la existencia de 5 millones 900 mil personas analfabetas”.
Según la “Auditoría de desempeño a los servicios de educación básica para adultos”, durante 2008 el INEA incumplió tres metas vinculadas con la prestación de servicios educativos: alfabetización y conclusión de primaria y secundaria.
El órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) alfabetizó a 103 mil 500 adultos, 39 por ciento menos que el objetivo previsto. Atendió a 52 mil adultos para que concluyeran sus estudios de primaria y secundaria, por lo que quedó lejos hasta 47 por ciento de cumplir su meta en primaria, y hasta 32 por ciento en secundaria.
La ASF detectó además irregularidades en los reportes estadísticos del INEA, la orientación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, la atención a menores de edad, y la falta de supervisión en el programa de figuras solidarias.

Imparable rezago educativo

Creado en 1981, el INEA solucionaría la falta de escolarización. De esta manera, el servicio educativo se otorgó en modalidades no presenciales, en horarios abiertos y con asesores voluntarios
En 1980, de los 38 millones de personas mayores de 15 años, 25.1 millones tenían rezago educativo. Diez años después, el rezago en educación básica se elevó a 29.7 millones de personas, y para 2000, esa cifra se elevó hasta 32 millones 500 mil.
En 2008, la población en rezago educativo ascendió hasta 33 millones, es decir, el 44 por ciento de quienes tienen 15 años o más. De ese total, casi 6 millones de personas eran analfabetas; 10 millones 100 mil no habían cursado o finalizado la primaria, ni 17 millones 400 mil, la secundaria.
De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la cantidad de personas que concluyó su alfabetización con el INEA se redujo anualmente 6.1 por ciento entre 1986 y 2008. De 2003 a 2007, el Instituto alfabetizó a 633 mil 400 adultos, de los que 582 mil no continuaron sus estudios. Tan sólo 51 mil 400, el 8.1 por ciento, permanecieron en la primaria.
El eje Transformación Educativa, del Plan Nacional de Desarrollo, tiene como objetivo reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.
El Instituto estableció como misión para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 “normar, promover, organizar, proporcionar y acreditar el sistema abierto de educación básica para los jóvenes y adultos de 15 años o más que no han iniciado o no han concluido su educación básica.
Sin embargo, al revisar las evaluaciones externas practicadas al Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos del INEA, la ASF verificó que la mayoría de los indicadores mostró un retroceso en 2008 respecto de 2007. También el porcentaje de personas atendido, con respecto de su población objetivo, registró el menor valor de los últimos cinco años.
De las evaluaciones, la ASF rescata que “la reducida cobertura que realiza el programa de su población objetivo se debe a que la cantidad de personas en rezago es muy grande”.
En 2008, más de 33 millones de personas mayores de 15 años carecían de educación básica. Únicamente 1 millón 667 mil 800 adultos fueron atendidos por el INEA. La cantidad representó el 5 por ciento de la población total de 15 años y más, y el 7.6 por ciento de la meta establecida (22 millones 52 mil 300 personas). En opinión de la ASF, esa política estuvo limitada para solucionar el problema.
El Programa de Mediano Plazo 2007-2012 del INEA definió como meta para 2012 reducir 1.4 por ciento el índice de analfabetismo. Para lograr esa meta, se estimó que en 2008 se atenderían a 170 mil personas. El INEA estuvo casi 40 por ciento lejos de lograr ese objetivo: alfabetizó a 103 mil 500 adultos, 1.7 por ciento de los 5 millones 926 mil 800 analfabetas del país.
También estableció que al menos 40 por ciento de las personas alfabetizadas terminara la primaria y la secundaria. De esta manera, 65 mil adultos alfabetizados continuarían y concluirían sus estudios de primaria en 2008; no obstante, esa población sumó las 34 mil 500 personas. La meta prevista se cumplió en apenas 53.1 por ciento. Mientras, las personas que egresaron de la secundaria, gracias a los servicios del INEA, sumaron 359 mil 500 adultos, 90.1 por ciento de su meta prevista.
El órgano descentralizado de la SEP anticipó que, en 2008, 26 mil adultos alfabetizados que terminaron la primaria egresarían de secundaria. Durante ese año, la concluyeron 17 mil 500 adultos, por lo que el INEA cumplió en casi 70 por ciento su meta.
Según la ASF, el gasto del INEA por cada alumno atendido en 2008 fue de 3 mil 600 pesos, muy por debajo de los costos erogados por la SEP y el Consejo Nacional de Fomento Educativo. La primera erogó 13 mil 600 pesos por alumno en educación primaria y secundaria, mientras que el segundo, 20 mil 700 pesos.
Las entidades gastaron de 500 a 700 por ciento más que el órgano descentralizado responsable de abatir el rezago educativo en la población mayor de 15 años.
El presupuesto del INEA aumentó 4.2 por ciento anual entre 1993 y 2008. La auditoría de desempeño refiere que como proporción de gasto público en educación no mostró ninguna variación, ya que se mantuvo en 0.6 por ciento, en tanto que la población atendida ha disminuido 3.7 por ciento.
De enero a abril de 2008, el INEA operó 3 mil 283 plazas comunitarias, espacios abiertos a la comunidad para que las personas acrediten su educación básica. Debido a la insuficiencia de recursos, hacia el final de 2008 disminuyó su operación a 2 mil 910 plazas, 84.3 por ciento de la meta original.

Metas lejanas

El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 refiere que al inicio de su gestión, el Instituto centró su atención en los servicios de alfabetización. De 1982 a 1987, tuvo una participación de entre 41 a 58 por ciento en el sistema de educación; después de ese periodo, decreció del 33 al 15 por ciento. Para el nivel de primaria, su intervención disminuyó en un rango del 17 al 47 por ciento. Por el contrario, en secundaria ha aumentado de 16 en 1982 a 53 por ciento en 2008.
En promedio anual, la atención de alfabetización se redujo en 1.5 por ciento; en primaria, 2.1, y en secundaria, 5.3 por ciento. Entre 1982 y 2008, su participación en el rezago educativo disminuyó de manera constante 1 por ciento, y en total, 9.1 por ciento.
El máximo órgano de fiscalización pronostica que el INEA no logrará cumplir con su meta fijada para 2012: disminuir 6.1 por ciento el índice de rezago.
El Programa de Mediano Plazo 2007-2012 del INEA definió como meta reducir el analfabetismo 1.4 por ciento. También lograr que 3.5 millones de personas egresaran de la secundaria. Respecto de la conclusión de la primaria, no se definió ninguna meta. No obstante, entre 1986 y 2008, la participación del Instituto se ha reducido en el porcentaje de personas alfabetizadas, al pasar del 95 al 16 por ciento.
En cambio, su intervención para finalizar estudios de primaria ha crecido del 3 al 28 por ciento en 22 años. Para el caso de secundaria, el crecimiento ha sido constante, al pasar del 2 al 56 por ciento.
El reporte prevé que el Instituto no logrará cumplir con su objetivo en alfabetización. Del millón de personas que se esperan sean beneficiadas para 2012, calcula la ASF, se alfabetizará sólo a 668 mil 127 personas. En secundaria, el objetivo es que 3.5 millones de personas finalicen sus estudios. Con el análisis realizado por la ASF, se concluyó que 2 millones 403 mil 357 personas egresarán de ese nivel, casi el 69 por ciento de lo programado para 2012.

Descontrol en cifras

La Auditoría Superior de la Federación determinó que hay falta de confiabilidad en los reportes estadísticos entregados por el INEA, sobre la población por atender y la población atendida. El INEA registró la atención de 2 millones 340 mil personas; esa cantidad consideraba a 303 mil 600 personas duplicadas, 24 mil 900 niños menores de 15 años y 38 mil 600 que carecían de datos.
Al descontar las deficiencias, el órgano de fiscalización constató que el INEA realmente atendió a 1 millón 667 mil 800 personas, 18 por ciento menor a lo registrado por el Instituto.
La entidad fiscalizada reportó que en 2008 se alfabetizaron a 105 mil 921 adultos; no obstante, al verificar la base de datos, la ASF comprobó que la cantidad era 2.3 por ciento menor que lo informado por el Instituto. Asimismo, la cantidad de adultos que concluyó la secundaria fue 3.9 por ciento menor que lo reportado.
El 28 de diciembre de 2009, la ASF informó sobre las diferencias y deficiencias al Órgano Interno de Control del INEA, pues “se presume que pudieran ser constituidas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos responsables de la operación de la política pública”.

Irregularidades en educación para adultos

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos es repartido entre los 31 estados y el Distrito Federal. Las entidades están obligadas a suscribir convenios de coordinación con el Ejecutivo Federal para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros para la prestación de servicios.
De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la SEP solicitó a la SHCP la transferencia de recursos por un monto de 310 millones 228 mil 600 pesos para cinco entidades que no habían suscrito los convenios de coordinación: Baja California, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Querétaro.
Además verificó que el INEA dio servicios a población que estaba fuera de su alcance. Durante 2008, atendió a 24 mil 900 niños, entre 10 y 14 años, que no estaban fuera el sistema escolarizado y no tenían posibilidad de reincorporarse.
Prestar servicios educativos a personas que no se incluyeron en la población objetivo, apunta la Auditoría de desempeño, no corresponde con lo dispuesto por la Ley General de Educación, que precisa que la “educación para adultos está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria”.

Voluntarios menores de edad y sin nivel educativo

Las reglas de operación del INEA definen que las figuras solidarias son voluntarios que prestan servicios de educación a los adultos en rezago educativo. Uno de los requisitos es tener 15 años cumplidos; sin embargo, permiten la participación de adolescentes de 12 a 14 años en las localidades más apartadas y dispersas.
La ASF apunta que de las 41 mil 374 figuras solidarias que se incorporaron en 2008, 804 tenían entre 10 y 14 años de edad: 567, 14 años; 195, 13; 37, 12; dos, 11, y tres, 10. El INEA no acreditó que hubiesen desempeñado sus funciones en localidades apartadas y dispersas.
Además, las figuras solidarias deben tener la secundaria terminada. Frente a la falta de educadores con ese nivel, el Instituto acepta que jóvenes y adultos con primaria terminada sean voluntarios en las localidades más apartadas y dispersas.
El órgano superior de fiscalización verificó que en 2008 hubo 88 mil 921 figuras solidarias, de las que el 82.7 por ciento cumplió con el nivel académico requerido, mientras que el 8.6 por ciento presentó un nivel inferior, y de 8.7 no se especificó.
Constató que de las 7 mil 609 personas con estudios menores a secundaria, 41 se localizaron en comunidades de Chiapas, Durango, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Para los 7 mil 568 voluntarios restantes, el INEA “no acreditó que estuvieran en las localidades más apartadas”. En suma, de 15 mil 360 figuras solidarias no se acreditaron sus estudios o su ubicación en las localidades más apartadas.
Las delegaciones estatales de Veracruz, Zacatecas, Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Baja California Sur, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Tabasco y Coahuila cumplieron con la capacitación de voluntarios de un 8 a un 77 por ciento. “Lo que demuestra deficiencias en la supervisión de las metas en los ámbitos estatal y nacional”.
El 80 por ciento de las 88 mil 921 fue capacitada y el 20 por ciento no participó en actividades de formación. Aunque las reglas de operación prevén 40 horas de capacitación, los voluntarios únicamente acumularon de una a 20 horas.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó conocer la versión del INEA, a través de Wendy Briceño, subdirectora de Difusión. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Plan México 2030 / Cuarta parte

Revista Contralinea
14 Marzo 2010  
Plan México 2030: desmantelar la seguridad social 
Nancy Flores / Cuarta parte

 
Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México
El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.
De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.
Además, en caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.
A pesar de ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de oportunidades para vivir y desarrollarse.
Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.
Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.
Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.
“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.
Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.

Ataque a la educación pública

En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).
En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.
“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.
Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.
Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.
La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.

Salud, sólo para ricos

En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.
El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.
Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.
También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.
Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.
Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.
En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.
La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.

Sindicatos, golpe inminente

La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.
Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.
Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.
“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.
De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”.

“TLC artístico”

En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.
Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.
Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.
Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.
Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.
Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Los autores del plan
• Salud (muestra parcial)
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud federal
Patricia Faci, directiva de Genomma Lab
Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, IAP
Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el estado de Hidalgo
Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato
Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y exsecretario de salud federal
Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León
Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal
Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro Popular
Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal
Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
María Eugenia de León May, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa federal
Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica Mexicana
Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de la Ssa federal

• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra parcial)
Alberto Mulás, miembro de los consejos de administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa Comercial Mexicana de Pinturas, Comex
Enrique Castro Villalobos, subsecretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato
Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población
Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal
Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo
Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO
Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi
María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía
Mayra Eternod, exasesora de Aserca
Patricia Wohlers, directora general adjunta de Relaciones Internacionales del Inmujeres
Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval
Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de Relaciones Internacionales de la Sedesol
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval
Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita
Juana María Torres Cruz, política panista
Martha Laura Carranza, directora general para la Igualdad Laboral de la STPS
Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza
Susan Parker, investigadora del CIDE
Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México
Fuente: Contralínea 173, 14 de marzo de 2010

Los contratos y la entrega del petróleo y el gas

14.03.2010
Los contratos y la entrega del petróleo y el gas
Antonio Gershenson
 
Hay toda una polémica, aunque en buena medida no llega al público, sobre los contratos de Pemex, que si van a ser incentivados, que si van a repartir el territorio donde haya o pueda haber petróleo, etcétera. Lo grave es que ya se han violado las leyes, y en mayor medida la Constitución.
Que si ya hay un contrato modelo pero se mantiene en secreto. Que las grandes empresas petroleras participaron en la elaboración. Que si ya se invitó a esas trasnacionales a servirse con la cuchara grande. Parte de esto ha sido oficial.
El 6 de enero salieron en el Diario Oficial las Disposiciones Administrativas de contratación... (y siguen dos renglones para completar el título), conocido como DAC. En su artículo 78 se dice que se podrá fijar en los contratos un área de trabajo identificada en términos de superficie con referencia en sectores de un minuto de latitud por un minuto de longitud. También, que los contratos sean tales que permitan la explotación unificada de yacimientos que abarquen dos o más áreas de trabajo contiguas.
Aquí no hay duda, se frenó la controversia constitucional contra estos y otros abusos contra el país y su Constitución. En el artículo del domingo pasado, mencionábamos los ocho sectores de Chicontepec, con las partes adjudicadas sin concurso a cinco empresas privadas. Y precisamente se habla de que el llamado contrato modelo contendría, entre otras, las joyitas de los contratos de Chicontepec.
Transcribimos algunas de las condiciones fijadas en uno de estos contratos. Firmado para esa región con la Weatherford, el 25 de junio de 2008, sin esperar nuevas leyes ni reglamentos (PEP es Pemex Exploración y Producción):
Responsabilidades de Ingeniería y Operación
• Para la perforación de los pozos designados, PEP es responsable de proporcionar el diseño básico de la perforación en cuanto a profundidad y geometría del pozo.
• El Contratista es responsable de la ingeniería de operación de las actividades de perforación de pozos, así como de la instalación, desmantelamiento, transporte y programas de mantenimiento de los equipos de perforación.
• Para la etapa de perforación de los pozos designados, el Contratista es responsable de elaborar el programa de fluidos de perforación, programa y selección de barrenas, programa hidráulico y condiciones de operación, diseño de los aparejos de fondo y planeación de la perforación direccional y diseño de la cementación de las tuberías de revestimiento.
• Con base en la información básica del pozo que proporciona PEP, el Contratista proporcionará la planeación, los diseños detallados, cálculos, pruebas de laboratorio y recomendaciones de ingeniería de perforación, así mismo son funciones del Contratista coordinar, dirigir y ejecutar los trabajos de perforación, previstos en el programa de perforación de los pozos.
Aquí termina el segmento del contrato. El contratista lo hace todo, incluso lo que se consideró durante décadas que debía ser realizado por Pemex. Ya Pemex no hará planeación, programación ni otras cosas que se consideraron sus funciones. Y poco después de que la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la Cuenta Pública de 2008, mostró con cifras que era más barata la perforación realizada por Pemex que la contratada con empresas privadas.
A esto, se agregarían otros ingredientes como el partir y repartir, como pastel, las zonas petroleras. También el premiar al contratista si algo sale bien o muy bien. Y la manía de seguir derrochando el dinero donde éste casi no produce petróleo ni gas (Chicontepec) o de plano no produce, por lo menos por varios años, como en las Aguas Profundas.
Por si fuera poco, se siguen aumentando los sitios donde se inyecta nitrógeno, para luego tener que quemar más gas natural.
Debemos frenar todo esto, y para ello lo primero es estar conscientes de esto que está pasando y lo que venga.
 

13.3.10

Comparte EU a México estrategia aniterrorista para combatir el narco

Comparte EU a México estrategia aniterrorista para combatir el narco
La redacción

MÉXICO, D.F., 12 de marzo (apro).- El jefe del Comando Norte, general Victor E. Renuart, reveló hoy que expertos de su país comparten con México tácticas y estrategias utilizadas en Afganistán, para que las ponga en práctica en la guerra contra el narcotráfico.
    Durante un debate en el centro de ideas Woodrow Wilson, el jefe militar estadunidense señaló que los jefes de los cárteles "son criminales", pero "no son muy distintos a un líder de una célula terrorista, como los que nosotros, dijo, hemos perseguido en Afganistán e Irak".
    Los cárteles mexicanos, añadió, "están adaptando técnicas" usadas por grupos insurgentes y terroristas en sus actividades, de manera que para atrapar un objetivo como esos, dijo, se necesita "contar con una variedad de fuentes de inteligencia" y "actuar rápidamente".
"Si uno cree que organizaciones como los traficantes de drogas ignoran las tácticas y técnicas usadas por terroristas e insurgentes alrededor del mundo, uno sería inocente", puntualizó.
Sin embargo, el comandante a cargo de las actividades militares en América del Norte aclaró que a los narcotraficantes no se les puede considerar insurgentes, porque son simplemente criminales que persiguen "ampliar los mercados" para la distribución de las drogas.
De acuerdo con Renuart, dentro de la creciente cooperación con México para combatir a los violentos cárteles que operan en la frontera común, Estados Unidos debe prorrogar la Iniciativa Mérida de lucha contra el crimen organizado, que vence este año.
"Mérida no puede detenerse este año, necesitamos que continúe de alguna manera para que mantengamos el impulso", dijo.

12.3.10

El embajador de EU en México prepara el terreno para ampliar la Iniciativa Mérida

 La Jornada
12 de marzo de 2010
Al reunirse con senadores reitera que hasta el momento ninguno de sus agentes actúa aquí
El embajador de EU en México prepara el terreno para ampliar la Iniciativa Mérida
Víctor Ballinas y Andrea Becerril


El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, sostuvo ante los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores que es necesario ampliar la Iniciativa Mérida con la finalidad de que haya un mayor apoyo al país y aseguró que el gobierno de Barack Obama asume la responsabilidad que le corresponde en el combate al narcotráfico, con medidas para frenar el consumo en su territorio y el tráfico de armas hacia México.
En la reunión, el diplomático entregó un documento en el que informa que Obama solicitó, para 2011, 5 mil 600 millones de dólares en apoyo a los esfuerzos para reducir el consumo de drogas, y que personal de Estados Unidos, Colombia, España, Canadá y República Checa han capacitado en la Academia de la Policía Federal de San Luis Potosí a 4 mil 300 policías federales para combatir el crimen organizado.
De los fondos de la Iniciativa Mérida se han destinado 9 millones de dólares al entrenamiento de nuevos investigadores de la Policía Federal. Los cursos han sido impartidos por miembros de las policías federal, estatal y local de Estados Unidos e instructores de otros países, se reseña en el informe.
Se da cuenta también en el documento que entregó el embajador a los senadores que 243 oficiales de nivel medio, de alto potencial de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron entrenados en el tráfico de armas, inteligencia, crímenes cibernéticos, administración policiaca, asuntos forenses y tecnología.
El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, al término del encuentro entre los legisladores y el embajador, señaló que se discutieron temas de migración, cambio climático, tráfico de armas, asuntos comerciales y el trato que se da a los indocumentados en Estados Unidos, con motivo de la supresión de ciertos beneficios sociales, como el acceso a la educación y a los servicios de salud, y el conflicto con el camarón”.
Monreal resaltó que el embajador de Estados Unidos comentó que es conveniente dar un enfoque distinto a las fronteras, ya que el problema de inseguridad es un tema que preocupa a todos, y textualmente refirió que Washington “no tiene en México operativos, investigaciones ni elementos de ninguna corporación policiaca estadunidense”.
El senador del PT dijo que cuestionó al diplomático sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México, si había algún proyecto de ley para tener control o endurecer las sanciones. Me respondió que no hay en agenda algún proyecto, que hay preocupación en ambos países por mantener mayor control en el tráfico de armas porque ha sido un conflicto, y fundamentalmente sirven para abastecer a los grupos del crimen organizado.
Durante el encuentro, sostuvo Monreal, se planteó al embajador Carlos Pascual que la Iniciativa Mérida no ha resuelto como ellos creían todo, y que el esfuerzo en el tráfico de armas, el lavado de dinero y el intercambio de información ha sido insuficiente, eso quedó muy claro.
El vicecoordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles, manifestó que “hay un reconocimiento al problema que vivimos los dos países –violencia, inseguridad y narcotráfico– y que la dificultad no la tenemos en la frontera como se ha querido presentar, sino que el conflicto que va más allá: es una crisis estructural, tanto en Estados Unidos como en México”.
También informó que se están poniendo en marcha mecanismos tecnológicamente muy avanzados para identificar el tráfico de armamento, para poder conocer de dónde provienen las armas que ingresan a México pero que se producen en su país, apuntó el senador.
El senador del PRD dijo que si se avanza en ese terreno, vamos a poder tener la información precisa de dónde vienen, quién las trafica y se podrán imponer controles.
El coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, preguntó al embajador qué se está haciendo en Estados Unidos para frenar el tráfico de armas, ya que el problema mayor en México no es el narco, sino la violencia que provoca. Le señaló al diplomático que en el país circulan 15 millones de armas que no están dadas de alta.
La respuesta de Pascual fue que en Estados Unidos opera el programa E-México, a partir de una base de datos de los proveedores que venden armas en grandes cantidades. La base la han integrado a partir de la información que proporciona el país en torno a las armas decomisadas, y ellos ubican quién fue el vendedor. Les explicó que la base de datos la han formulado en inglés y castellano.

American Corporatocracy

American Corporatocracy
By Paul A. Moore

January 22, 2010 "
Information Clearing House" --Schools teach that the United States of America is a democracy. The government was established as "of, by, and for the people" and later on, a President Abraham Lincoln called the nation's people to join and die in a civil war that such a thing might never perish from the earth. Aside from the extent the lesson was ever in accord with the truth, it has today become an outright absurdity. The Supreme Court has declared once and for all that the corporations will rule. The United States of America is now better described as a corporatocracy. The government is owned and dictated to by these capitalist creations whose God is Mammon.

Corporations are, of course, different from people. They are devoid of human emotion. They are constitutionally unable to generate empathy. They feel nothing if people suffer exploitation, if people live in misery, or if people die horribly. Union Carbide was unaffected by the thousands dead and dying in Bhopal. It registered only on the balance sheet, a $470-million loss taken for the sake of future corporate viability under a new name, Dow Chemical. The corporation will not be reasoned with, pleaded with, or shamed into changing course even when life on the planet hangs in the balance. McDonald's is in the process of teaching Starbucks that even the pretense of a social conscience is a losing marketing ploy.

The corporation recognizes and reacts only to threats to its air supply-profits. So in one sense corporations do share something with human beings. They have an instinct for self-preservation and if they are deprived of a life giving element they die. While human beings must have oxygen and water, the corporation's lifeblood is those quarterly profits. The corporation must make a profit and then ever greater profits into the future. Corporate profits must grow, forever! Irrational, impossible, unsustainable but that is in the nature of the beast-much as lemmings rush to the sea.

The parameters are the same in every corner of the globalized economy. The greatest possible profit is a product of the highest possible productivity and the lowest possible wage. US corporations have moved everything that isn't nailed down to lower wage countries. Nothing is made in today's de-industrialized United States. American consumer's service calls are answered in Ireland, India, the Philippines, and the Dominican Republic. Major League baseballs are made in Haiti and the recent deadly earthquake won't change that. AirJordans come out of Nike's sweatshops in Indonesia. Microsoft conducts 85% of its research in the US so Bill Gates fights to lift H-1B visa restrictions to bring the low wage high-tech workers here from India and Taiwan. Halliburton is now headquartered in Dubai and preparing to receive its old boss, Dick Cheney, in his retirement years.

To survive under their profit imperative corporations must undertake a never ending process of consolidation. There is consolidation by horizontal integration. For instance, numerous US corporations once dotted the auto making landscape. In the recent past it was down to the Big Three. Today Chrysler is doomed, Ford is on life support, and General Motors is on its knees. In the corporate world of the near future cars will be made in Japan, or China, or India. Ultimately, the industry will settle in one corporate entity.

There is consolidation by vertical integration and its champion is Wal-Mart, the world's largest corporation. Wal-Mart has made a partner of the Chinese government. Working together, the partners have turned China into a vast subsistence-wage labor camp. China supplies Wal-Mart so it has no need of domestic vendors like the now destroyed Rubbermaid. Armed with the lowest production costs, Wal-Mart's rise up on every other street corner selling every commodity imaginable and every service the corporation can get its hooks into. Wal-Mart lays waste to local economies and then picks up the pieces to become the only butcher, baker and candlestick maker in town. The corporation recently moved to provide banking services in its stores.

The US government has been hollowed out during the rise to absolute power of the corporations. Elections have become an elaborate "reality show" that plays out on corporate television for viewers entertainment. If you watch FOX, your reality is filtered through Rupert Murdoch's Newscorp, NBC is General Electric news, CNN is Time/Warner news, ABC brings you into Disney's world, and Viacom regularly checks the iconic CBS news department to make sure Edward R. Murrow is still dead. That is when Viacom is not preparing America's youth for slavery and death through MTV and B.E.T.

The actual counting of the American people's votes is done by the corporations. Little wonder giant defense contractor United Technologies recently moved to take the job off Diebold's hands. Corporate sentinels, the lobbyists, roam the halls of government enforcing discipline among their hired hands, allowing the most servile to feed longest at the public trough. So the Congress has not passed legislation and the Supreme Court has not decided a case, in which significant wealth was involved, in favor of the people in thirty years. Each and every decision of US government now transfers wealth from the people to the corporate masters.

The corporations now have in their sights the last remaining institutional pillars of American democracy. The Business Roundtable, the Gates Foundation and the Walton Family Foundation have been working mightily to crash the public schools. Wall Street is funding the effort to gain control of the Social Security trust fund for its investment bankers. And the whole corporate gang is intent on "starving the beast" or killing state and local governments. Their success in this effort is probably best expressed in Hawaii where the number of days children spend in school has been paired from 180 to 163, and in Detroit where teachers will give $500 a pay period back to the state, and in New Orleans where there are only a handful of public schools left, and in the states from California to New York to Florida where public school budgets have been slashed to the bone.

Then finally, there is the most ominous development of all. The corporations have begun forming their own Praetorian Guard. The massacre of Iraqi civilians and the patrolling of the hurricane ravaged streets of New Orleans have made Xe, formerly Blackwater Worldwide, formerly Blackwater USA, the most famous of the rising corporate armies. Contrary to any notion of cost effectiveness, mercenaries protect US State Department personnel in Iraq instead of the regular military. It seems not to make sense, unless the corporatocracy is looking ahead to a day when they can no longer trust the US military to carry out attacks on an American people's resistance.

Paul A. Moore
Public School Teacher

8.3.10

Se desplomó en $148 mil millones el ahorro de mexicanos en enero

 La Jornada
8 de marzo de 2010
Resultado de cancelación de contratos de depósitos a plazo y caída de recursos ahorrados
Se desplomó en $148 mil millones el ahorro de mexicanos en enero
Víctor Cardoso
 
El ahorro de los mexicanos se desplomó en casi 148 mil millones de pesos durante enero pasado respecto del mes anterior, a pesar de la mayor derrama económica que se observa regularmente en el último y primer mes de cada año por el pago de aguinaldos, revela el último informe que al respecto presenta cada mes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El deterioro del ahorro se observa particularmente en la cancelación de contratos de depósitos a plazo por 75 mil 250 millones de pesos, y un descenso en los recursos de cuentas de ahorro por 72 mil 661 millones. Esto representó un retroceso de 7.75 y 5.8 por ciento, respectivamente.
La difícil situación económica del país se percibe más complicada si se observa que, con base en los reportes de la CNBV, la captación total de la banca comercial que opera en el país en enero de este año tuvo un declive de 6.3 por ciento, es decir, un retroceso de 155 mil 378 millones de pesos de lo que se registró en diciembre de 2009.
Respecto al desplome de la captación bancaria en el país, el grupo financiero Scotiabank opinó que la incertidumbre y la debilidad en la actividad económica afectan la captación de recursos por las instituciones bancarias, en especial a causa las bajas tasas de interés y la menor cantidad de recursos para ahorrar que tienen los agentes económicos.
Recordó que los depósitos de recursos en el sector bancario aceleraron su deterioro al acumular cuatro meses de disminuciones. Pasaron de una contracción real anual de 0.9 por ciento en diciembre, a 2.1 por ciento en enero.
Los analistas del grupo financiero se refirieron particularmente a que, al igual que en los últimos cuatro meses, la captación a plazo retrocedió como efecto de la crisis económica, que se expresa en menor capacidad de ahorro, y a otras alternativas de ahorro, como son las sociedades de inversión.
Menores depósitos
El último reporte de la CNBV correspondiente a enero revela que el saldo de la captación total de la banca comercial se redujo de 2 billones 468 mil 113 millones de pesos en diciembre, a 2 billones 312 mil 735 millones a enero.
Esta caída en la captación es reflejo del retroceso de 5.8 por ciento en los depósitos en cuentas de ahorro, y de 7.75 por ciento en los depósitos a plazo. Estos últimos representan 48.4 por ciento de la caída total en la captación bancaria.
Los depósitos a plazo pasaron de un saldo total de 969 mil 722 millones de pesos en diciembre, a 894 mil 472 millones de pesos en enero de este año. Los recursos depositados en cuentas de ahorro, calificados como de exigibilidad inmediata, pasaron de un billón 252 mil 717 millones de pesos, a un billón 180 mil 56 millones.
Restricción del crédito
Del mismo modo que cayó la captación, la cartera de crédito de la banca comercial que opera en México también se contrajo en mil 496 millones de pesos. El financiamiento total en el primer mes del año bajó de un billón 969 mil 248.1 millones de pesos en diciembre de 2009, a un billón 967 mil 751.9 millones en enero pasado.
Dentro de la cartera de crédito resalta el otorgado a la compra de vivienda, el cual si bien se incrementó 4 mil 540.4 millones de pesos, presentó un aumento en el índice de morosidad que se elevó en una décima de punto porcentual, al pasar de 4.58 por ciento en diciembre, a 4.59 en enero pasado.
La cartera de financiamiento a través de tarjeta de crédito también se contrajo, pues pasó de 227 mil 441.6 millones de pesos en diciembre, a 222 mil 492.2 millones en enero pasado. En este caso la morosidad mostró una ligera mejora, al pasar de 8.77 por ciento al cierre de 2009, a 8.46 por ciento durante el pasado enero.

7.3.10

Plan Mexico 2030 / Tercera parte

Revista Contralinea
7 Marzo 2010  
Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
Nancy Flores

Con su plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, Calderón cederá a corporativos mexicanos y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías y el mundo de las ideas y el acceso a la información. La concesión de las áreas estratégicas –salud, educación, telecomunicaciones, carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural– se hace de manera paulatina por medio de “asociaciones público-privadas”. A tres años de iniciado el proyecto, el gobierno federal consolida los monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el aparato punitivo contra la protesta social


Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.


El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, advierte que las asociaciones de “capital público-privado” no son más que una forma de referirse a “la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación”.

Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.

Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará  la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.

El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.

—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso, el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.

Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.

—Cómo genera el desarrollo un Estado: renovando la infraestructura, creando carreteras que comuniquen al territorio nacional; desarrollando un sistema de telecomunicaciones, de correos eficaz, una red telefónica que llegue a todos. Los teléfonos, las comunicaciones, las carreteras, la electricidad, el agua son bienes fundamentales y vitales para la vida pública, por eso lo normal es que estén en manos del Estado. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos 30 años.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica: “Quien controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas”.

Infraestructura


El doctor Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, observa que “hay un dejo de clase, un sentimiento demasiado clasista en el documento”.

Indica que el Proyecto de Gran Visión se hizo sin pensar en las tendencias que México tenía en 2006. Esa omisión, dice, incluso fue respecto de las tendencias internacionales.

En el apartado de “Infraestructura” –que consta de 130 páginas y está contenido en el segundo capítulo del Proyecto de Gran Visión–, los empresarios y representantes de trasnacionales, políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y académicos sostienen que “México, en 2030, se distingue por tener una infraestructura básica, social y productiva accesible para todos, con calidad, precios y costos competitivos; orientada al desarrollo humano y productivo de los mexicanos y a la sustentabilidad ambiental”.

El documento agrega que “esta infraestructura sitúa a México como plataforma logística para vincular los mercados internacionales y como país con vocación turística, la cual promueve un desarrollo regional equilibrado. El país se ha convertido en el líder de América Latina en inversión/presupuesto destinado a infraestructura, y es reconocido por tener un marco jurídico que estimula y hace eficiente la inversión, y por su crecimiento a partir de mecanismos de financiamiento público-privados”.

En el marco del Proyecto de Gran Visión, la Comisión Federal de Electricidad destinará 634 mil 920 millones de pesos a la “asociación público-privada”, entre 2009 y 2018. De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo estos esquemas: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).

El sector de comunicaciones y transportes también recurre ya a esos esquemas. En 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.

Al citar como fuente el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010, la reportera detalla que “cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la SCT”.

El sector salud también aplica los proyectos PPS. El doctor Aguirre Rojas señala que –en el marco de las privatizaciones– el sistema ha sido abandonado y actualmente se encuentra en crisis.


Más despojo y represión

Además de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo “las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos”, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.

Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.

En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

“Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad”.

El investigador indica que “esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco”.

Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a “robustecer el aparato punitivo”.  Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.

El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.

Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: “Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado”.

Apertura total en la energía


En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”.

En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de  las “distorsiones” del mercado.


Y aunque en ese punto los documentos de “Energía” y “Economía” señalan que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos”, las políticas concretas revelan que el gobierno federal sólo ataca los públicos.

Aguirre Rojas dice que “tratan a los monopolios públicos y privados como si fueran lo mismo, y son absolutamente diversos. Los privados tienen el objetivo fundamental de obtener ganancia, lucro, y siguen la lógica despiadada de la acumulación de capital. Mientras que los públicos deberían, aunque no siempre lo cumplen, ser de utilidad social”.

Indica que el monopolio privado le permite a la empresa fijar altas tarifas: “Ése es el caso de Telmex en México. Telmex y Telcel son el monopolio que controla el 97 por ciento del mercado telefónico y por eso tenemos las tarifas más caras del mundo. Se tendría que atacar también al duopolio de la televisión: Televisa y TV Azteca. En cambio, si los monopolios públicos cumplen una función social, no tendríamos por qué destruirlos. Si algo ha permitido que el Estado mexicano no entre en quiebra como el Estado argentino después de 2001, son los monopolios públicos, como Pemex”.

Aguirre Rojas observa que “estas propuestas son como chistes de humor negro: se dice que hay que acabar con los monopolios privados y se acaba de aceptar la fusión de Telmex con Telcel, permitiendo con eso la  constitución del cuarto operador a nivel mundial en el ámbito de las telecomunicaciones; además, se le acaba de autorizar a Televisa que compre Nextel, y con ello ofrezca el servicio de triple play”.

Al referirse a este mismo tema, Víctor H Palacio recuerda que aproximadamente el 1 por ciento de los capitales que hay en el país controla el 80 por ciento del producto interno bruto. “Cuando se hacen estos señalamientos acerca de los monopolios se está pensando en las grandes empresas monopólicas públicas, como Pemex, Luz y Fuerza del Centro (con todo el problema que tiene) y Comisión Federal de Electricidad; pero es en el sector privado donde realmente están los grandes monopolios: Telmex, las grandes compañías cementeras, acereras, químicas, farmacéuticas, automotrices. Ellas son realmente las que detentan la riqueza nacional”.

Ambos investigadores concuerdan con que el actual gobierno federal no busca acabar con los monopolios privados. Aguirre Rojas comenta: “Se declara en el papel que se quieren anular y lo que se hace es fortalecer los monopolios privados. En cambio, los que han ayudado al Estado a sobrevivir y benefician a la gente son los que se están privatizando, destruyendo. Ellos no se dan cuenta de lo peligroso de las medidas que están tomando: si Pemex llega a ser privatizado, y hacia eso estamos caminando con las políticas de Calderón, el Estado mexicano corre el riesgo de quebrar”.

Ciencia y tecnología en manos privadas


En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría “desmantelar”  los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.

Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 “México invierte el 4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público”, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.

Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán  “lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad-empresa”.

Agrega que el fundamento de este plan es el Proyecto Bolognia, en el cual se establece que toda la ciencia y la tecnología debe de recaer fundamentalmente en manos privadas. “Lo que se busca es que las universidades, sobre todo las públicas, dediquen a sus alumnos a que desarrollen habilidades, capacidades y que sepan hacer cosas. En esa medida van a ser útiles y a poder insertarse en el mercado de trabajo rápidamente. Que no se les enseñe a pensar, eso no es importante. Para pensar están los grandes centros educativos de los países centrales, altamente desarrollados, que ellos se dediquen a pensar y a desarrollar la ciencia y tecnología de punta; y nosotros seguiremos maquilando”.

Palacio observa que “si el 70 por ciento va a quedar en manos privadas, y además las instancias gubernamentales como Conacyt podrían estarles financiando recursos para que hagan investigación, lo único que se hace es desbaratar el sistema de ciencia y tecnología del país. En México se han desarrollado muchas cosas, pero con muy pocos recursos”.

Recuerda que una de las maneras para combatir al narcotráfico es a través de la educación, “pero la educación a todos sus niveles. La educación superior entra en la parte de la ciencia y del desarrollo tecnológico”.

Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.


Calderón: gobierno clientelar

En su primer apartado denominado “Economía”, el documento señala que para 2030 “México es una sociedad libre, justa y próspera, en la que se protegen eficazmente las libertades, derechos, la vida y las propiedades de sus ciudadanos. Sus instituciones políticas aseguran la gobernabilidad y son propias de una sociedad libre. En la vida cotidiana y en las relaciones sociales impera el estado de derecho. México figura entre las 20 economías más grandes y desarrolladas del mundo, y ha conseguido erradicar la pobreza extrema”.

Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, indica que “no se señala con precisión cómo se podría lograr eso, con qué mecanismos, con qué recursos. Es una serie de buenas intenciones las que están planteadas, pero nada más”.

El doctor Palacio señala que con el actual modelo neoliberal no es posible alcanzar metas como el desarrollo social y el abatimiento de la pobreza. “Al contrario, se agudizarán aún más las cosas”.

Al respecto, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas considera que es un “discurso esquizofrénico”. “Si ellos, de una manera seria, se proponen esos objetivos no queda claro cómo los conciliarán con las políticas concretas que han estado llevando en los últimos tres años; que son las mismas políticas neoliberales que se han estado practicando en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid, desde 1982”.

Otro punto sobresaliente del apartado “Economía” es la “erradicación de distorsiones”. Sobre éste, el documento apunta que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos” y “el clientelismo como método de formación de acuerdos”.

En el segundo caso, Aguirre Rojas observa: “Se dice que se quiere eliminar el carácter clientelar, pero el Estado que ha construido Calderón es verdaderamente vergonzoso: los secretarios de Estado tienen como principales meritos para ocupar los cargos en los que están ser amigos del presidente, sus familiares, sus conocidos o políticos que le fueron fieles y le ayudaron a llegar a la Presidencia”.

Ejemplifica con tres casos: el de José Ángel Córdova, secretario de Salud: “Una persona que se ha dedicado mucho más a la política, que un médico que conociera el ámbito real de la medicina, el trato con los pacientes, las enfermedades”. El del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, “que antes era director del IMSS; qué experiencia tiene en el campo de la salud o en el campo de las comunicaciones y los transportes: viene del mundo académico y que era hace muchos años de cuestiones políticas”. Y el del actual secretario de Educación, Alonso Lujambio Irazabal: “Cuándo ha trabajado en temas educativos, cuándo tuvo funciones de responsabilidad en ese ámbito, cuándo tiene un oficio creado durante décadas”. (NF)


La banalización del patrimonio

México 2030, Proyecto de Gran Visión, busca desarrollar la vocación turística del patrimonio cultural y ambiental. Para el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, además de implicar el “saqueo” del patrimonio, hay un problema implícito más grave: el proceso de banalización y degradación de los elementos de la propia identidad nacional e identidad cultural de los mexicanos.

“Las pirámides, las ruinas, no son simplemente piedras bonitas, lugares para ir y tomarse la foto, son trazos de nuestra identidad más profunda que aluden a la raíz indígena, prehispánica que forma parte de la identidad del mexicano”.

Al banalizar el patrimonio cultural, “al convertirlo en una mercancía estilo hollywoodense”, dice, lo que buscan “es hacernos perder esos trazos de nuestra identidad prehispánica, indígena y mexicana. Esto es un complemento perfecto para que aceptemos que el capital norteamericano, español, extranjero llegue e invada, que se lleve todas nuestras riquezas y que el día de mañana desmembren México y se roben parte del territorio, como ya ocurrió en 1848”.

Respecto de la vocación turística en materia ambiental, señala que se trata “del robo de los recursos naturales”. Ésa es la nueva forma en como el capital está depredando a las sociedades no sólo en México, sino en el mundo: “Bienes comunes, como el agua, ahora se vuelven bienes expropiables, mercantilizables y negocios redituables. Pero para poder robarnos el agua, los bosques, la madera, necesitan estas leyes que permitan su privatización, su saqueo, su expropiación”. (NF)
Panista impulsa marco jurídico para asociaciones público-privadas
El 7 de diciembre pasado, el senador panista Juan Bueno Torio –quien fuera uno de los autores del documento “Economía”–, propuso la creación de un marco jurídico para la “asociación de particulares con la administración pública federal.
El propósito, según dijo, “es mejorar la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura”. Además, detalló el también secretario de la Comisión de Fomento Industrial, con este marco “se buscan esquemas de financiamientos distintos a los que ahora consideran la Ley de Obras Públicas y Servicios y la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público”. (NF)
 07.03.2010
Datos de Pemex: no produce Chicontepec; el suroeste sí
Antonio Gershenson
Los datos del último trimestre de 2009 de Pemex confirman lo que hemos dicho: campos de las zonas marina suroeste y sur, que producen crudo ligero y superligero, son más productivos a pesar de la baja inversión. De Chicontepec, la producción sigue por los suelos. De Cantarell, sigue bajando. Y la nueva producción de Ku-Maloob-Zaap (KMZ), el yacimiento de crudo superpesado con el que se pretende sustituir a Cantarell, pues es menor que la de las regiones mencionadas.
De los principales pozos nuevos de crudo, los más productivos fueron Terra-1 (en el delta del Grijalva, región sur), con 7.9 mil barriles diarios, y Xux-1 (crudo ligero marino, en la región marina suroeste), con 5 mil 400. Como se trata de crudo muy ligero y con muy alto contenido de gas asociado, entre estos dos pozos el gas natural producido al día es de 47.2 millones de pies cúbicos. Es más que la producción de los cuatro pozos incluidos de gas no asociado, que, sumando Burgos y la relativamente nueva zona de Veracruz, es de 33.2 millones de pies cúbicos diarios.
Como dijimos, en esta lista de principales descubrimientos no aparece Cantarell. Y de KMZ está sólo un pozo, Chapabil-1, con una producción diaria de crudo de 2 mil 100 barriles, como una sexta parte de los dos pozos mencionados al principio. Como es crudo superpesado, sólo tiene un millón de pies cúbicos diarios, es decir, como 2 por ciento que la suma de los dos pozos del principio.
Veamos la producción trimestral global de crudo, por su peso. Del último trimestre de 2008 al mismo periodo de 2009, el crudo pesado y superpesado (básicamente Cantarell y KMZ) redujeron su producción de un millón 681 mil barriles diarios a un millón 472 mil. Bajó poco más de 12 por ciento.
El crudo ligero y superligero aumentó su producción, en el mismo periodo, de un millón 47 mil barriles diarios a un millón 111 mil. Es poco el crecimiento (6 por ciento), pero no es caída como en el otro caso. Separando el crudo superligero, el aumento fue mayor: de 210 mil barriles diarios a 280 mil, un aumento de 28 por ciento.
Se sigue notando el crecimiento de la producción de gas natural asociado a los yacimientos de crudo sobre la de gas no asociado. De 2008 a 2009, la producción de gas no asociado bajó de 2,599 a 2,550 millones de pies cúbicos diarios, una reducción de casi 2 por ciento. En cambio, la producción de gas asociado, principalmente al crudo ligero y superligero, subió de 4,320 millones a 4,480 millones de pies cúbicos diarios, un aumento de 3.7 por ciento.
En cuanto a perforaciones, sólo mencionan las tres áreas que consideran más importantes. Se terminaron cuatro pozos de desarrollo en Cantarell y tres en KMZ. Pero en Chicontepec terminaron 128 pozos, sólo para mantener, durante 2009, 29 mil 500 barriles diarios. El promedio de 2008 fue de 29 mil 200, prácticamente lo mismo, los 300 barriles diarios de diferencia representan como 0.1 por ciento de la producción nacional. Y para eso todo ese dineral.
Dado que ahora no lo publican, recordamos que mientras en la zona marítima suroeste, en los ocho años de 2001 a 2008, se terminaron 70 pozos de desarrollo, en la región norte, con Chicontepec y Burgos, fueron 3 mil 712 pozos de desarrollo, 53 veces más que en la región marítima suroeste.
Además, tenemos nuevas contradicciones. Este reporte dice que el número total de equipos de perforación subió de 143 en 2008 a 176 en 2009. Pero el informe de un año anterior decía que en 2008 había 269 equipos. ¿Por fin? ¿Qué pasó con la diferencia para el mismo año de 126 equipos? ¿Dónde quedaron? Los 176 equipos de 2009, ¿subieron o bajaron, en relación con 2008?
En este peculiar reporte de ahora, formado, como otras veces, por tres documentos, se incluye ya el primer reparto de terreno petrolero. En Chicontepec, se señala la asignación de 10 kilómetros cuadrados para cada contratista para desarrollar el área y se incluye en un mapa de ese sitio a cada empresa con el lugar asignado: Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes y Tecpetrol. A cada una las dos primeras se les habían asignado, en años anteriores, mediante concursos, más de mil perforaciones petroleras en la misma región.
Esto último muestra lo justificado que estuvo el intento, en la Cámara de Diputados sobre todo, de interponer una controversia constitucional contra el documento administrativo publicado en el Diario Oficial del 6 de enero de este año, y se demuestra la falsedad de quienes dijeron y dicen que ese documento era y es inofensivo.

4.3.10

DEA y CIA en México

DEA y CIA en México 
José Gil Olmos
MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- El gobierno de Estados Unidos cada día tiene más claro el peligro en que se ha convertido el narcotráfico en México. Quizá por ello es que a últimas fechas se le ha considerado como un riesgo a la seguridad nacional y ha crecido la presencia de la DEA y de la CIA desde la llegada del nuevo embajador Carlos Pascual, un experto en estabilización de países post-conflicto.
    Apenas ayer el subdirector para asuntos de inteligencia de la DEA, Anthony Plácido, dijo en Washington que a Estados Unidos le interesa que México sea un país “seguro y estable” y advirtió que les preocupa el riesgo a la seguridad nacional en que se han convertido las bandas del crimen organizado.
    El funcionario de la agencia de lucha contra las drogas se reunió con el subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde advirtió de los enormes riesgos que corre México por el crecimiento del poder y la impunidad de los grupos criminales.
    El dato interesante de esta reunión es que no sólo habló del apoyo financiero a México a través del Plan Mérida (310 millones de dólares para 2011), sino de la necesidad de usar planes de inteligencia y no sólo la estrategia militar en la que se ha enfrascado Felipe Calderón.
    Previsores, los norteamericanos ven que el narcotráfico en México ha trascendido hacia los linderos de la política y que incluso ha financiado algunos candidatos a presidentes municipales y se sospecha de algunos gobernadores también.
    Luego del fracaso del Plan Colombia para disminuir la producción de cocaína en ese país y de terminar con los múltiples grupos que emergieron de la caída de los grandes capos, como Pablo Escobar, para México se prevé un giro y dar apoyo no sólo para la parte militar y policiaca, sino también para las labores de inteligencia.
    La posibilidad de que surja un movimiento de insurgencia social en los próximos años y que este sea aprovechado por los poderosos grupos de narcotraficantes para desestabilizar el país, es un escenario que no descartan en Washington, y por ello han tomado previsiones y han traído más agentes de la DEA y la CIA hacia México.
    En otros momentos difíciles del país, los estadunidenses han actuado de una manera similar trayendo agentes especializados en la inteligencia política para que actúen  en caso de que se presente una situación de violencia generalizada en México y afecte su propia seguridad nacional.
    Hay registro de que, en 1968, cuando se hablaba de un supuesto intento de golpe de estado por grupos de comunistas mezclados con estudiantes, aumentaron los agentes de inteligencia norteamericana en México. Para 1994 ocurrió lo mismo tras el levantamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
    Hoy parece que se repite la estrategia por los momentos tan difíciles que atraviesa el país producto de la guerra contra el narcotráfico, en la que ha habido 17 mil 900 muertos.
    La sola posibilidad de que se produzca una inestabilidad social en víspera de las elecciones de 2012 y que esta sea impulsada y utilizada por el narcotráfico, ha provocado un cambio en la estrategia de ayuda por parte de Estados Unidos hacia México.
    Los agentes de inteligencia política y de lucha contra el crimen organizado en encubierto al parecer han aumentado desde que llegó el nuevo embajador Carlos Pascual, quien ha tenido una carrera de 23 años en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos.
    Este personaje, de acuerdo con su biografía oficial, fungió como coordinador de reconstrucción y estabilización en el Departamento de Estado, donde encabezó y organizó la planeación del gobierno estadunidense para ayudar a estabilizar y reconstruir sociedades en transición posteriormente a conflictos o disputas civiles.
    Su perfil no es, entonces, el de un diplomático de carrera que se distinga por sus tareas de enlace comercial, cultural o educativo, sino de asistencia en zonas de conflicto, como fue en Europa del Este y norte de Asia (Rusia, Ucrania y Eurasia) donde estuvo antes de llegar a México.
    La pregunta es qué información habrán de tener en Estados Unidos sobre México para tomar decisiones estratégicas como inclinar hacia labores de inteligencia y ya no tanto militares y policiales la asistencia que darán en los próximos años.
    Cualquiera que sea esta información tiene que ver con la seguridad nacional, y eso ya le da otro sentido a la lucha contra el crimen organizado en México y al apoyo del gobierno norteamericano.