Fabrizio Mejía Madrid
“Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder Judicial en
este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente
con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con ligereza
‘autoritarismo'”.
Empezaré por el desplegado de Enrique Krauze y Aguilar Camín en el
que apoyan a Xóchitl Gálvez. El manifiesto urgente que llama
“integrantes de la comunidad cultural” lo mismo a ex funcionarios
del gobierno de Fox y de Calderón que a los fabricantes de mentiras
desde la Operación Berlín, y hasta a quien fundó una editorial de
poesía con el dinero que le pagó Raúl Salinas de Gortari por
publicarlo, Mendiola. No dejo de lado al vocero del propio Carlos
Salinas cuando fue presidente, Carreño, o a la neutral académica que
elaboró las preguntas sesgadas del INE en el primer debate
presidencial, Reguillo. En muchos casos, estos serían parte de una
“comunidad cultural”, sólo si pensamos que la corrupción es cultura.
Al manifiesto le veo, al menos, tres contradicciones: una es que
llaman a votar por el PRI y el PAN para que no haya una “regresión
autoritaria”. Pues, ¿qué no es el PRIAN el régimen del
autoritarismo, el Partido Único, los fraudes electorales, el saqueo
descarado? Los historiadores nos llaman a votar por Alito Moreno y
Manlio Fabio Beltrones, porque no vaya a ser la de malas que
regresemos a los tiempos del PRI. La siguiente es que se quejan de
la polarización pero ellos mismos promueven. Dicen los firmantes del
manifiesto a favor del PRIAN: “Las elecciones de junio serán una
confrontación entre autoritarismo y democracia. La opción
democrática está representada por Xóchitl Gálvez”. ¿Así o más
polarizados los historiadores? Imagínense si esto fuera cierto: más
de 30 millones de votantes de Claudia Sheinbaum estaríamos votando
por el autoritarismo. Y los electores de Máynez estarían flotando en
el aire de la deriva del alma. Sólo los 10 o 12 millones de votantes
de Xóchitl serían auténticos demócratas. ¿Cuál es el rasero? Pues
que están de acuerdo con Krauze y Camín. La democracia soy yo. No
hay más ruta que la nuestra. Y la tercera contradicción de su
manifiesto es que hablan de polarización y fueron ellos mismos, los
intelectuales de Nexos, Letras Libres y la élite de la UNAM, los que
llamaron a eliminar la pluralidad y concentrar todo en la alianza
PRI-PAN-PRD. Si eso no es eliminar la pluralidad, no sé qué es. Pero
ellos mismos lo advierten y, entonces, le dan una barnizada al hecho
de que votar por Xóchitl es votar por el PRI, Ricardo Anaya, Lilly
Téllez, y Jesús Zambrano. Dicen con un alto nivel poético: “Apoyamos
la pluralidad multicolor de la oposición”. Pero se equivocan, otra
vez. No es un asunto de cuantos colores tienen los partidos, sino de
qué se trata de su única y solitaria opción electoral, donde no hay
ni siquiera un proyecto sobre el que se hayan puesto de acuerdo
entre tantos multicolores. Para que haya pluralidad no es necesario
que tengan muchos logotipos —la pluralidad no es diseño gráfico—
sino que se expliciten los principios, programas de cada uno. En el
caso del PRIAN esto no existió y en lo único que pudieron ponerse de
acuerdo fue en que ellos representaban la democracia y, por
consiguiente, 8 de cada 10 mexicanos que apoyamos al Presidente
López Obrador, somos “autoritarios”. Ahora representan, también, el
colorido, la paleta, los tintes, las tonalidades, la vistosidad de
su candidata que, hace muchos meses, se declaró daltónica.
Pero hasta aquí con el célebre manifiesto de su “comunidad
cultural”. Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder
Judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar
masivamente con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con
ligereza “autoritarismo”. Lo que ha sucedido es que la Suprema Corte
ha cambiado en los hechos el régimen político del país al usurpar
las facultades del poder legislativo. Esos ministros a los que nadie
vota, suplantaron al Congreso de la Unión en estos seis años de
obradorismo. Lo ha dicho Lenia Batres, la ministra de la Suprema
Corte: esta instancia ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso
de la Unión. Para dimensionar esto, hay que recordar que en el
sexenio de Zedillo, que jubiló de un plumazo a toda la Suprema Corte
el primero de enero de 1995, nunca le anularon una sola ley; en el
de Fox, 3; con Calderón, 7; y con Peña, 16. La Corte desaprobó esa
cifra de 74 leyes votadas por mayoría en las Cámaras de diputados y
senadores, con un argumento tramposo, inconstitucional: que no se
debate lo suficiente. Inventaron para ello que los jueces deberían
proteger algo llamado “democracia deliberativa”, que no existe en
nuestra Constitución y menos en la realidad, si recordamos que la
propia opisición del McPRIAN se negó a siquiera leer las iniciativas
que mandaba el Presidente López Obrador en su “moratoria
legislativa” que —por cierto— apoyaron los abajofirmantes de la
“comunidad cultural”. Entonces, si la oposición se negó a debatir y
la mayoría electa democráticamente votó las 74 leyes, ¿por qué usa
la Corte aquello de que no se discutió suficiente? El invento es
notable porque sirvió para anular las decisiones del Congreso
electo. Lo que hizo la Suprema Corte fue tomar un artícul, el 26
constitucional, que tiene que ver con la planeación del estado y los
programas nacionales de desarrollo, y decir que eso se refiere a las
cámaras de diputados y senadores. Y no, se refiere a la economía, a
la planeación en la que deben participar los afectados en las
comunidades, por ejemplo, donde se planean minas de cielo abierto o
desviación de ríos, es decir, está hecha para proteger a las
minorías sociales, no al PRIAN. De hecho, el término fue inventado
por el filósofo alemán Jürgen Habermas para contrarrestar las
decisiones que se dicen “puramente técnicas” de la élite experta.
Habermas se refería a la “democracia deliberativa” en la sociedad
alemana e instaba a los medios de comunicación a dar información
suficiente para formar una opinión pública racionalista, donde no
intervengan las emociones. Es por eso, por ahistórica, que la
“democracia deliberativa” de Habermas cayó hace décadas en desuso
porque, como podemos atestiguar todos los días, la política no
separa razón y emoción, sino que potencia ambas. La idea de Habermas
es un modelo racional en un mundo en el que no existen conflictos ni
deseos, ni articulaciones colectivas de cómo uno quiere que sea su
país, sino unos solitarios ciudadanos que usan la información para
tomar decisiones muy racionales. Según el filósofo alemán la
democracia deliberativa llegaría a una “suave coacción” del mejor
argumento. Pero esa idea está desconectada de la práctica y de la
historia. Es un modelo. Pero, aún si la Constitución tuviera ese
modelo, el artículo usado por la Corte no se refiere a las sesiones
de las cámaras, ni al tiempo que le dedicaron a discutir las leyes,
sino a otra cosa completamente distinta: la economía, la planeación
de industrias que debe tomar en cuenta a las comunidades que afecta
y que éstas puedan tener una voz en esas discusiones. Es decir, se
refiere a algo que la Suprema Corte desdeña, junto con el resto del
bloque opositor: las consultas populares. “La justicia no se
consulta”, sentenció el magistrado de las empresas eléctricas
extranjeras, Laynez Potisek.
En realidad, más allá de la usurpación de funciones que hizo la
Corte del Congreso legislador, hay otra suplantación de las minorías
reales, las sociales, sustituyéndolas por las minorías millonarias,
como Iberdrola, las mineras canadienses, Bonafont, Coca Cola, y
Bimbo. Esto lo hemos visto cada vez que la Suprema Corte anula una
ley del Congreso: considera minoría a la élite económica
trasnacional. Esta suplantación si arde porque la “democracia
deliberativa” estaba concebida en Alemania para proteger a los
obreros y los campesinos, no a los corporativos globales. Estaba
pensada contra la decisiones técnicas de los expertos que afectaron
la vida de millones, a favor de una argumentación que, según
Habermas, podía arrojar resultados racionales. No eran para el
PRIAN.
Sujetar al escrutinio judicial los actos políticos de los
parlamentarios los condujo a anular 74 leyes en este sexenio para
proteger a una minoría que no es social sino electoral y
parlamentaria. Así, la Suprema Corte se convirtió en el último
recurso de los que no quisieron leer las iniciativas presidenciales.
Por ejemplo, en junio de 2023, cuando el Plan B de la ley electoral
para desaparecer plurinominales, bajar el presupuesto a los
partidos, y terminar con los gastos excesivos de las burocracias del
partidismo, el ministro Laynez Potisek argumentó que los diputados
opositores no “habían sabido cuál iniciativa se estaba votando”,
cuando el que la puso a votación fue su líder, Santiago Creel. Es
decir, la Suprema Corte acabó anulando la ley electoral, el Plan B,
por la distracción de los dipuatdos opositores. Así, en vez de
decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes impugnadas por
el McPRIAN, el magistrado supremo decidió sobre una circunstancia de
despiste, de descuido de la oposición. Imagínense esa “democracia
deliberativa” donde Habermas dijera: “no a ver, se anula esta ley,
estábamos muy distraídos cuando la votamos”. Así se lo dijo la
oficina jurídica de la Presidencia: “El ministro instructor refiere
en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de
las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión
que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una
apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la
constitucionalidad de las normas impugnadas”.
Otro ejemplo, cuando desecharon la ley eléctrica, Aguilar Morales y
Pérez Dayán protegieron un derecho humano que no existe: la libre
competencia. Es como si las empresas eléctricas españolas fueran
individuos o comunidades indígenas y no mega consorcios
multinacionales. Su sentencia dice, entre otras joyas: “el mecanismo
que decide cuáles centrales generadoras de electricidad inyectan
primero su energía a la red nacional transgrede los principios de
competencia y libre concurrencia”. Imagínense lo que tienen en la
cabeza algunos magistrados: todo mundo se conecta a la red de la CFE
y sube sin pleaneación su energía porque la “libre comptencia” es
más importante que sobrecargar la red y que explote. Total. Siempre
va a ser culpa de quien tiene los cables de transmisión que es la
CFE.
De 2019 a 2023, la Suprema Corte emitió 425 sentencias de acciones
de inconstitucionalidad, en 102 de ellas se analizó el tema de
violaciones al proceso legislativo, en 74 sentencias se decretó la
invalidez de leyes, 38 de manera total y 36 de forma parcial, es
decir, que la Suprema Corte actuó como vigilante, no de la
Constittución, sino del procedimiento que impide, en cualquier
democracia, que una minoría suplante a la mayoría electa por el voto
popular.
Pero hay algo más grave que la anulación del poder legislativo por
parte de los jueces. Y es que el 24 de noviembre del año pasado, la
mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión
preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación
fiscal y las compañías fantasmas. El proyecto fue elaborado por el
ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos
individuales y presunción de inocencia. En este caso, de la
inocencia de las factireras y del crimen organizado.
El 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la
Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con
el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de
última hora retiró.
Pero así, también, le dieron el golpe mortal a la investigación de
los desaparecidos de Ayotzinapa. El 14 de septiembre de 2022, Samuel
Ventura Ramos, Juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos
Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia
absolutoria por el delito de secuestro a José Luis Abarca,
expresidente municipal de Iguala y presunto autor intelectual del
ataque a los estudiantes normalistas de la Normal Rural de
Ayotzinapa. El 21 de septiembre dé 2022, este mismo juez liberó a 24
policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido
procesados por haber participado en el intento de homicidio contra
el estudiante normalista Aldo Gutiérrez, quien permanece en estado
vegetativo al haber recibido un tiro en la cabeza la noche del 26 de
septiembre de 2014. El 30 de agosto de 2019, este mismo juez Ventura
Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López
Astudillo, presunto líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y
enlace del exalcalde José Luis Abarca, anteriormente procesado por
el delito de secuestro en contra de los normalistas. En total, la
Secretaría de Gobernación señala que el juez Samuel Ventura Ramos ha
dictado 120 sentencias absolutorias de liberación a favor de
presuntos implicados en el Caso Ayotzinapa. De acuerdo con
información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la
mayoría de las sentencias absolutorias dictadas por el juez Samuel
Ventura Ramos desestimaron de las pruebas argumentando —una vez más—
procedimientos. En este caso, el juez estimó que los torturados para
justificar la “Verdad Histórica”, eran inocentes y no, como dice la
ley, que toda declaración obtenida bajo tortura obliga a reponer el
procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados,
manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la
materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la
responsabilidad y castigo a los torturadores. El juez eliminó todo y
los dejó en libertad. Tampoco acusó a los torturadores, es decir,
Murillo Karam y Tomás Zerón. Tampoco obedeció la Ley General de
Víctimas que obliga a las autoridades a tratar preferentemente el
derecho de las víctimas, no el de los criminales. Puede decirse que
ese juez de Matamoros, tamaulipas, reventó por sí mismo la
investigación de Ayotzinapa, con lo cual facilitó que se acusara a
la Fiscalía, a la Secretaría de Gobernación y al propio Presidente,
de no querer resolver el caso y hasta de proteger al ejército. Quien
no tome en cuenta la decisión de Ventura Ramos en esto, es un
malintencionado o muy inocente.
Llegamos así al verdadero carácter de este régimen secuestrado por
el poder judicial. El autoritarismo que señalan los de la “comunidad
cultural” viene del Poder Judicial. Ese es el que no ha dado cuentas
a nadie cuando suplantó al poder legislativo y hasta a la Fiscalía
General de la República, en el caso Ayotzinapa. Eso es lo que hay
que cambiar. No que haya muchísimos colores en los partidos, sino lo
de fondo, el derecho a la justicia de los millones que saldremos
este 2 de junio a votar por el Plan C.
